Álvarez Sgolia Arturo Ramsés

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.

Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas.

Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra.

De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales.

A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983.

Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.

Según el ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el ex dictador debe "dar un paso de honestidad, de honor militar".

El mayor en retiro del Ejército Carlos Herrera Jiménez, condenado a cadena perpetua en el caso Tucapel Jiménez, pidió que Augusto Pinochet, "enfermo, sano o preso", admita sus errores en materia de derechos humanos por su "honor de soldado".

Herrera Jiménez hizo estas declaraciones a Televisión Nacional la noche del jueves, con motivo de haber comenzado a cumplir la cadena perpetua que se impuso como autor material del asesinato del dirigente sindical y del carpintero Juan Alegría.

A su juicio, el "mea culpa" del ex dictador chileno (1973-1990), sobreseído en varias causas sobre violaciones a los derechos humanos porque según la Corte Suprema padece una "demencia vascular irreversible", sería el primer paso para una reconciliación nacional.

"El que era comandante en jefe del Ejército en ese momento, el general Augusto Pinochet, enfermo o no enfermo, sano o no sano, preso o no preso, como soldado debió dar un paso de honestidad, de honor militar", dijo el mayor en retiro.

Carlos Herrera Jiménez, que fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), tiene cáncer y confesó ante la justicia su autoría en los crímenes por los que fue condenado a prisión perpetua, la que empezó a cumplir desde la noche del 31 de marzo en

el penal especial de Punta Peuco, a 30 kilómetros al norte de Santiago.

"Para que se nos reconozcan los aciertos que tuvo el gobierno militar, también desde luego debemos hacernos cargo de los errores de unos y otros", subrayó el ex agente.

Herrera Jiménez también reiteró su arrepentimiento por su participación en los crímenes y repitió que obedeció las órdenes de sus superiores que le convencieron de que estaba eliminando enemigos de la patria.

Durante el proceso, el ex agente acusó en varias oportunidades a los mandos del Ejército de la época y a la Dirección de Inteligencia (DINE) de haber abandonado a los subalternos en estos procesos.

Tucapel Jiménez fue secuestrado y asesinado en febrero de 1982, cuando trabajaba para reorganizar el movimiento sindical chileno y particular la resistencia civil contra la dictadura.

Herrera Jiménez también fue condenado por el homicidio, el 12 de septiembre de 1983, del carpintero Juan Alegría Mundaca, a quien agentes de la CNI y de la DINE mataron para tratar de encubrir el asesinato del líder sindical.

El carpintero fue encontrado muerto en su casa con sus muñecas seccionadas y a su lado una carta en la que el hombre explicaba que se suicidaba a causa de los remordimientos que sentía por haber matado al sindicalista. El montaje quedó al descubierto caside inmediato.

Por estos crímenes, además de Herrera Jiménez, fueron condenados a ocho años de prisión el ex jefe de la DINE Arturo Alvarez Sgolia y otros cuatro militares. 

El ministro en visita Mario Carroza condenó al ex director de Inteligencia del Ejército, Rámses Arturo Álvarez Sgolia y seis ex oficiales más por sus responsabilidades en el secuestro permanente de un opositor político cuando estaba al mando de la zona de emergencia de Atacama en 1975.

El juez Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975 en la ciudad de Copiapó.
El magistrado determinó que el general ® Ramsés Arturo Álvarez Sgolia cumpla 10 años y un día de presidio, sin beneficios, por ser la máxima autoridad militar en la época de los hechos y el comandante Jefe de la Zona en Estado de Emergencia e Intendente de Atacama..

En tanto, los ex oficiales Patricio Román Herrera, Pedro Vivian Guaita, Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández y Erasmo Vega Sobarzo se les condena a 6 años de presidio, también sin beneficios.

A los ex sub-oficiales Juan Valderrama Molina, Cristóbal Marihual Suazo, Sergio Sánchez Parra y Adolfo Lapostol Sprovera fueron absueltos por su falta de participación en este crimen.

En el aspecto civil se determinó acoger la demanda presentada en contra del Fisco de Chile por sesenta millones de pesos, donde se ordenar el pago de $ 40.000.000 a Nicza Baéz Mondaca, cónyuge de la víctima y $ 20.000.000 a Venancio Lazo Rojas, hermano de detenido desaparecido.

Alonso Lazo Rojas era estudiante universitario, militante del MIR, y fue detenido el 14 de noviembre de 1975, junto a su esposa Nicza Estrella Báez Mondaca, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en el domicilio ubicado en la calle Juan Martínez N°321 de Copiapó.

El matrimonio arrendaba una pieza en la calle Chañarcillo 171, lugar que fue allanado, en la madrugada, por 9 civiles quienes dijeron andar buscando a una tal "Rosario".

Después de irse de la casa de Zulema Tham, el afectado y su esposa solicitaron alojamiento donde Carolina Quezada Nievas, en la calle Juan Martínez N°321, de Copiapó, quien los aceptó.

Cuando el matrimonio llevaba allí dos días, el 14 de noviembre de 1975, llegaron 6 civiles portando tarjetas plastificadas del "Servicio de Inteligencia Militar", quienes los condujeron hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 "Copiapó", cuyo comandante era el entonces teniente coronel Álvarez Sgolia.

El alto oficial, el 21 de noviembre de 1975 le aseguró al hermano de Alvaro Lazo a través de una carta que “el 18 de noviembre de 1975, mientras se encontraba detenido en el predio militar y a Álvaro se le daba su alimentación agredió a un centinela dándose a la fuga”.

El fallo lo absuelve de su responsabilidad por el secuestro de Alonso Lazo Rojas, militante del MIR, en noviembre de 1975.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó al general (r) Ramsés Álvarez Sgolia, por su responsabilidad en calidad de autor del secuestro calificado del militante del MIR Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir de noviembre de 1975.

La decisión del tribunal considero los resultados emitidos por el Servicio Médico Legal. Exámenes psiquiátricos que indican que el condenado presenta un “deterioro cognitivo de moderado a severo por cuadro demencial mixto de origen vascular” por lo que sería incapaz de rehabilitarse e incapaz de determinar que conductas de su pasado fueron lícitas o ilícitas.

Álvarez Sgolia cumplió una condena a 8 años de presidio, como uno de los autores intelectuales del asesinato del líder sindical y ex presidente de la Anef Tucapel Jiménez, ocurrido el 25 de febrero de 1982.

A partir de este nuevo fallo que lo “exime de responsabilidad penal a quien por causa independiente de su voluntad se halla privado totalmente de razón”, el recién declarado “demente” no tendrá que volver a la cárcel.