Ahumada Valderrama Rafael Francisco

Entre los buscados se encuentra el general (r) Javier Palacios, general (r) Luis Ramírez Pineda y Rafael Ahumada Valderrama por el desaparecimiento en el Palacio de la Moneda del doctor Jorge Klein.

Por el secuestro de Etienne Pesle en Temuco se ordenó el arresto de Emilio Sandoval Poo y Andrés Pacheco Cárdenas comandante del Campamento Maqueu en Temuco.

Por el desaparecimiento de Alfonso Chanfreau se dictó el arresto de Gerardo Godoy García perteneciente a Carabineros; Baslay Zapata; Miguel Krasnoff M; Marcelo Moren B.; Pedro Espinoza; Manuel Contreras y de Paul Schaefer ex jefe de Colonia Dignidad.

Por el secuestro y desaparecimiento de Jean Claudet Fernández se dictó orden de arresto contra Manuel Contreras, Enrique Arancibia Clavel, los generales (r) Rául Iturriaga N. y José Zara H.

Anteriormente había dictado orden de detención contra Augusto Pinochet, Herman Brady y Osvaldo Romo.

Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo.

Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer.

Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo.

Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Schafer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”.

Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil.

Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina.

Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez”   -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga

Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”.

El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert.

Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.

Según informaron fuentes policiales galas, la diligencia es la primera de este tipo sobre el gobierno de Pinochet y se celebrará del 19 al 23 de mayo próximo.

PARÍS.- El juicio a 17 ex colaboradores de Augusto Pinochet, incluidos el antiguo jefe de la policía secreta de la junta y el fundador de la Colonia Dignidad, por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura militar chilena (1973-90) tendrá lugar el próximo mayo en el Tribunal de lo Criminal de París.

El juicio, el primero de este tipo sobre el gobierno de Pinochet, se celebrará del 19 al 23 de mayo próximo, informaron hoy a EEF fuentes judiciales.

Los acusados, que previsiblemente serán juzgados en rebeldía, son todos chilenos, salvo un argentino, y casi todos militares, y están imputados por arresto y secuestro arbitrarios acompañados de torturas o actos de barbarie, o por complicidad en estos delitos.

El agravante de torturas o actos de barbarie conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Además de ser el “juicio póstumo de Augusto Pinochet” será también "el único del conjunto del sistema de represión puesto en marcha por la dictadura chilena", afirmaron hoy los cuatro abogados de las familias de los franceses desaparecidos en un comunicado.

Indicaron que junto a las familias "se felicitan vivamente" de que "después de 10 años de instrucción” se abra en la citada fecha el juicio a “los miembros de la junta militar chilena".

Las audiencias permitirán que se escuche a “varios testigos históricos", señalaron los letrados Sophie Thonon, Claude Katz, William Bourdon y Benjamin Sarfati, sin dar más precisiones.

El anuncio de la vista se produce casi un año después de que la juez instructora del sumario, Sophie Clément, ordenara que los acusados fueran juzgados por el Tribunal especial de lo Criminal.

Este juicio concierne a los responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) u otros cuerpos que secundaron a Pinochet en su “labor de eliminación de la oposición", indicaba entonces la magistrada.

Clément no había hecho caso de la petición de la Fiscalía de sobreseer la causa contra varios de los 19 imputados iniciales, incluido el fundador de la Colonia Dignidad, Paul Schaefer.

Augusto Pinochet y el general Javier Palacios Ruhman, que figuraban entre los 19 procesados contra los que la justicia francesa emitió órdenes internacionales de arresto en 2001 y 2005, fueron retirados del procedimiento, ya que murieron en 2006.

Palacio Ruhman había dirigido el asalto al Palacio de la Moneda en el golpe de estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende.

Los protagonistas

Entre los que serán juzgados se encuentra, además, de Schaefer, el ex jefe de la policía secreta de Pinochet, Manuel Contreras.

Completan la lista Rafael Ahumada Valderrama, Enrique Arrancibia Clavel, Herman Brady Roche, Pedro Espinoza Bravo, Gerardo Godoy García y Raúl Iturriaga Neumann.

Se agregan a la lista Miguel Krasnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, Andrés Rigoberto Pacheco Cardenas, Luis Joachim Ramirez Pineda, Osvaldo Enrique Romo Mena, Emilio Sandoval Poo, Humberto Zapata Reyes, José Zara Holger, y el argentino José Osvaldo Riveiro.

Dos de ellos, Pachecho Cardenas y Romo Mena, han muerto desde que la juez instructora ordenó el juicio, y su fallecimiento será "constatado” al abrirse la vista, dijeron a Efe las fuentes.

Los cuatro franceses desaparecidos son Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández. Los tres primeros fueron detenidos por agentes de la DINA entre 1973 y 1975, y el último lo fue durante un viaje a Argentina, a petición también de la DINA.

La investigación judicial de estas desapariciones fue abierta en Francia en 1998, tras las denuncias cursadas por sus familiares.Aunque Pinochet ha sido retirado del procedimiento, debido a su muerte, está mencionado en el voluminoso documento, de casi 200 páginas, elaborado por Clément y que sitúa en su contexto la causa.

El día viernes 17 de diciembre de 2010, a las 17 horas de Francia, 13 horas de Chile, el presidente de la corte penal de Paris dio a conocer a un histórico fallo en relación a la desaparición forzada de cuatro ciudadanos franco chilenos: Georges Klein, Etienne Pesle, Alfonso Chanfeau y Jean-Yves Claudet, detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Juan Manuel Contreras Sepulveda y Pedro Espinoza Bravo fueron condenados a la pena máxima de cadena perpetua; Hernán Julio Brady Roche, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Kraznoff Martchenko a 30 años de prisión; Gerardo Ernesto Godoy García, Basclay Humberto Zapata Reyes, Enrique Lautaro Arranciaba Clavel, Raúl Iturriaga Neumann, Luis Joaquim Ramírez Pineda, José Osvaldo Riveiro a 25 años de prisión; Rafael Francisco Ahumada Valderama a 20 años de prisión; y
Emilio Sandoval Poo a 15 años de prisión.

«Ellos han sido condenados por arresto, secuestro y detención ilegal, conductas agravadas por tortura, reflejando así los graves crímenes cometidos durante los 17 años de la dictadura en contra miles de chilenos, sus familia y toda la sociedad», declaró Viviana Uribe, presidenta de CODEPU.

Ninguno de los responsables citados se hizo presente en el juicio, a pesar que fueron convocados por los tribunales franceses y, también, se negaron a ser representados.

Entre el 8 y el 17 de diciembre de 2010 los familiares de las cuatro víctimas fueron acompañados por testigos, expertos y personalidades del mundo de los derechos humanos que viajaron desde Chile y otros países. El gran publico que asistió al juicio siguió muy atentamente los debates de los ocho días de este juicio histórico.

Por la primera vez en la historia de Chile, la justicia de otro país ha llegado a señalar y castigar las conductas cometidas por estos victimarios.

«Esperamos que esta decisión lleve a la justicia chilena actuar con rapidez, transparencia y total independencia en relación con las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura», dijo Claude Katz, abogado de la FIDH y de la LDH.

Más de 200 personas participaron con ardor y emoción a la celebración de esta victoria judicial.

Viernes 18 de diciembre a las 16:30

Veredicto pronunciado por el Presidente del Tribunal Hervé STEPHAN
Han sido condenados por la Corte de Audiencia de París por arresto, secuestro agravado por hechos de tortura y desaparición de ciudadanos franceses :

PRESIDIO PERPETUO :
– Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA
– Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO

30 AÑOS de PRESIDIO :
– Herman Julio BRADY ROCHE
– Miguel KRASNOFF MARCHENKO
– Luis Marcelo MOREN BRITO

25 AÑOS de PRESIDIO :
– Enrique Lautaro ARANCIBIA CLAVEL
– Gerardo Ernesto GODOY GARCIA
– Raul Eduardo ITURRIAGA NEUMANN
– Luis Joachim RAMIREZ PINEDA
– José Osvaldo RIVEIRO alias RAWSON
– Basclay Humberto ZAPATA REYES

20 AÑOS de PRESIDIO :
– Rafael Francisco AHUMADA VALDERRAMA

15 AÑOS de PRESIDIO :
– Emilio SANDOVAL POO

ABSUELTO :
– José Octavio ZARA HOLGER

Todos ellos fueron condenados en ausencia el 17 de diciembre de 2010 por el Tribunal en lo Criminal de París a penas que iban de 15 años de prisión a cadena perpetua, al igual que Enrique Arancibia Clavel y Herman Brady, que murieron después de la sentencia.

La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, rechazó dar curso a la extradición de 10 ciudadanos chilenos condenados en Francia por los homicidios de cuatro franceses, en Chile y en Argentina, a partir del 11 de septiembre de 1973.

Se trata de los oficiales retirados Luis Ramírez Pineda, Emilio Sandoval Poo, Basclay Zapata Reyes, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Gerardo Godoy García, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff Martchentko, Marcelo Moren Brito y Rafael Ahumada Valderrama. Varios de estos son los trasladados en septiembre desde el penal Cordillera a Punta Peuco.

Todos ellos fueron condenados en ausencia el 17 de diciembre de 2010 por el Tribunal en lo Criminal de París a penas que iban de 15 años de prisión a cadena perpetua, al igual que Enrique Arancibia Clavel y Herman Brady, que murieron después de la sentencia.

El grupo fue juzgado y condenado en Francia por la muerte de los franceses Georges Klein, consejero del difunto Presidente Salvador Allende, el ex sacerdote Etienne Pesle, que trabajaba en la reforma agraria y Alfonso Chanfreau, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (todos desaparecidos en Chile entre 1973 y 1975).

Además se considera el caso de Jean Yves Claude, también militante del MIR, quien desapareció en Buenos Aires, aunque en manos de agentes chilenos que son los mismos a los que se atribuye entre otros el mortal atentado en contra del general Carlos Prats, en la capital de Argentina.

Los condenados son el ex miembro de la DINA, Pedro Espinoza, el militar Daniel Aguirre Mora, el integrante de la PDI Carlos Luco Astroz y el ex intendente, ya fallecido, Hernán Ramírez Ramírez.

El Tribunal Supremo de Italia confirmó las condenas de cadenas perpetuas para 14 militares y jerarcas chilenos y uruguayos involucrados en la Operación Cóndor, específicamente acusados de la muerte de ciudadanos italianos.

Los chilenos condenados son el ex miembro de la DINA, Pedro Espinoza, el militar Daniel Aguirre Mora, el integrante de la PDI Carlos Luco Astroz y el ex intendente, ya fallecido, Hernán Ramírez Ramírez.

El Tribunal italiano revalidó así la sentencia de julio de 2019 dada por el Tribunal de Apelación de Roma, en segundo grado, contra 24 criminales de derechos humanos.

La investigación tomó más de 20 años, pues fue abierta en 1998, y tienen un alto valor ya que deben ser cumplidas en contumacia.

Respecto de esta confirmación de justicia, el abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, señaló que se está actuando en función de lo que significaron los crímenes.

“Son condenas acordes a la gravedad del delito, a la manera de operar que tuvieron los estados a través de los servicios de inteligencia y fuerzas armadas, donde hubo una comunidad para cometer delitos no solo dentro de cada uno de los territorios, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, sino que ha quedado claro que en general los servicios de inteligencia, las dictaduras operaron incluso fuera no de sus propias fronteras, fuera de las fronteras que formaron la comunidad del Cóndor. Uno de los casos es el caso Letelier o lo que ocurrió con Bernardo Leighton en Italia”.

“Lo que ha hecho la justicia Italia es reconocer la responsabilidad de los agentes en todo este entramado del mal que llevaron adelante los gobiernos y agentes”, agregó.

La decisión del Tribunal Supremo se suma a una ya conocida la semana pasada, en que se ratificó la condena del coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chauan.

“Me detengo en Rafael Ahumada Valderrama por cuanto él ha sido condenado en Chile por la desaparición forzada de 2 ciudadanos uruguayos y uno brasileño en septiembre de 1973, es decir, previo a lo que se ha denominado la Operación Cóndor al menos uno de estos agentes ya había actuado en contra de ciudadanos de otros países”, expresó sobre estas condenas el abogado Cristian Cruz.

Por otra parte, respecto de la importancia internacional que tiene este fallo y cómo debe ser simbólico en Chile, el abogado manifestó que “la óptica correcta hoy es demostrar que estos delitos son perseguibles internacionalmente, que generan un repudio internacional. Prueba de ellos es que tribunales de otros países han investigado y han resuelto respecto de hechos cometidos en Chile, o en el Cono Sur”.

“También es relevante la cuantía de las penas. Aquí en Chile no hay penas tan elevadas usualmente, no obstante ciertamente que nuestros tribunales en general sí están investigando. Creo que sí están cambiando de criterio respecto de la media prescripción, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dio su parecer , que no correspondía aplicarla”, complementó.

Por otra parte, Cruz destacó que este tipo de condenas dejan en evidencia la perseverancia que han tenido los familiares y organismos de derechos humanos en buscar justicia a pesar del tiempo y en distintos lugares.

Una delegación italiana compuesta por un abogado y representantes de las víctimas, arribó a Chile, con el fin de buscar la extradición de los exmilitares condenados por violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la Operación Cóndor, durante la dictadura de Pinochet. Dos de ellos siguen en libertad.

Este viernes arribó a Chile una delegación italiana, compuesta por un abogado y representantes de las víctimas de la Operación Cóndor, que buscan la extradición de los exmilitares chilenos condenados por violaciones a los Derechos Humanos en este caso.

Esto, luego que tras más de 20 años de investigaciones y procesos judiciales, la Corte Suprema del país europeo concluyera en el año 2021 el denominado “Proceso Cóndor”, que fue iniciado en 1998, tras la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres.

El litigio italiano por la Operación Cóndor condenó a cadena perpetua a 24 militares y represores latinoamericanos implicados, seis de ellos, de nacionalidad chilena.

Además de buscar los métodos para la extradición, la delegación italiana tomará contacto con las partes civiles y testigos del juicio que se llevó a cabo en Roma y, conocer los lugares donde ocurrieron los hechos. Junto con ello, tendrán diversos encuentros con los familiares de las víctimas, así como con testigos del juicio en Roma, y con autoridades parlamentarias y de gobierno.

Los hechos

Los militares condenados por el juicio son acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar, en los años 70, a 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece uruguayos secuestrados en Argentina.

A éstos, se agregan otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina, pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la armada uruguaya.

Los chilenos condenados, todos ellos a cadena perpetua, son Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía de Investigaciones; Carlos Luco Astroza, funcionario de la PDI (ambos en libertad actualmente); el exsuboficial Orlando Moreno Vásquez; el excoronel Rafael Ahumada Valderrama; y los exbrigadieres y miembros de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuán.

Todos fueron condenados por la desaparición, torturas y muerte de sus víctimas en el marco de la Operación Cóndor. Hasta el momento solo se ha pedido la extradición de los tres primeros, mientras que las de Ahumada, Espinoza y Vásquez se encuentran en proceso.

La delegación está compuesta por Arturo Salerni, abogado defensor de familiares de víctimas de la Operación Cóndor; Jorge Ithurburu, apoderado de varias de las partes civiles en el juicio, quién además acompañó y asistió a las familias de los desaparecidos chilenos desde sus primeras denuncias en 1999 hasta las sentencias de 2019 y 2021; y Sofía Ithurburu, oficial de medios de 24marzo.it, organización no gubernamental que durante estos años impulsó la acción y apoyó a familiares y abogados en el proceso.

Las víctimas del proceso

Juan José Montiglio Murúa: 24 años, PS, Jefe de unidad del GAP, fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe de Estado, llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13/09/1973. Permanece hasta hoy en calidad de detenido desaparecido. Por su caso se condenó al ex coronel Rafael Ahumada Valderrama, cuya extradición fue solicitada y está pendiente de resolución.

Omar Roberto Venturelli Leonelli: 31 años, ex sacerdote, militante del MIR, profesor del Departamento de Educación la Universidad Católica, Sede Temuco. Fue detenido en Temuco el 25 de septiembre de 1973 cuando se presentó voluntariamente, tras ser llamado por radio. Llevado al Regimiento Tucapel y luego a la cárcel de Temuco. La familia señaló que se les informó que el 4 de octubre habría sido dejado en libertad; desde esa fecha lo buscaron sin resultado. Por su caso fueron condenados los ex integrantes de la PDI Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza, y el ex suboficial Orlando Moreno.

Juan Bosco Maino Canales: 27 años, MAPU, estudiante. Fue detenido el 26 de mayo de 1976 junto a otros dos militantes del MAPU, el matrimonio formado por Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, en el departamento de la pareja. Todos fueron llevados a Villa Grimaldi, desde donde se les pierde el rostro. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

Jaime Patricio Donato Avendaño: 41 años, miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, fue detenido el 05/05/1976 junto a otros cuatro dirigentes del PC, en una «ratonera» montada por agentes de la DINA en el inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

Los militares enfrentan actualmente un proceso de extradición a solicitud de Italia, para cumplir en el país extranjero una condena a cadena perpetua.

La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, decretó arresto domiciliario para cuatro ex agentes de la dictadura, condenados a cadena perpetua por la justicia italiana, por el crimen de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano, en los años 70, en el marco de la Operación Cóndor. Entre ellos se encuentran cuatro víctimas chilenas.

Estos son los exagentes Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vasquez Chahuán, Rafael Ahumada Valderrama y Daniel Aguirre Mora. De los otros dos requeridos, uno está fallecido y el otro, Pedro Espinoza Bravo, se encuentra preso en Punta Peuco cumpliendo diversas condenas por otros delitos de lesa humanidad.

Los militares enfrentan actualmente un proceso de extradición a solicitud de Italia, en el que se han hecho parte representantes de las víctimas. Entre ellos, los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos actúan en representación de la hija de Juan José Montiglio Murúa, una de las cuatro víctimas italochilenas.

Montiglio tenía 24 años, era del Partido Socialista y jefe de unidad de la Guardia Personal del Presidente Allende (GAP). Fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe militar, posteriormente llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue dos días después. Hasta la fecha, permanece en calidad de detenido desaparecido.

Anteriormente los criminales se encontraban con la medida cautelar de arraigo nacional, lo cual fue modificado a petición de la representación de la República de Italia, el Programa de Derechos Humanos y de los querellantes, quienes solicitaron una cautelar de mayor intensidad, por lo cual se les otorgó el arresto domiciliario total.

Para el abogado Francisco Bustos, esta nueva medida dictada por la magistrada Vivanco es de gran importancia, ya que «encontrándonos cerca del fin de esta fase del proceso, se reconoce la necesidad de asegurar que los requeridos estén a disposición del tribunal. De igual manera, tengo confianza en que demostraremos que concurren todos los requisitos para acceder a la extradición y lograr que sean cumplidas las penas impuestas por la Corte de Roma».

Condena 20 años más tarde

Las otras víctimas italochilenas son Omar Roberto Venturelli Leonelli (31),  exsacerdote, militante del MIR, detenido el 25 de septiembre de 1973; Juan Bosco Maino Canales (27) militante del MAPU, estudiante y detenido el 26 de mayo de 1976; y Jaime Patricio Donato Avendaño (41) miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, detenido el 05 de mayo de 1976.

En 1998, a instancias de sus familiares, la justicia italiana inició la investigación en torno a este proceso y solo después de 20 años la Corte Suprema de Italia emitió el fallo que condenó a cadena perpetua a 24  genocidas latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor.

En abril del año pasado, una delegación italiana integrada por un abogado y un representante de las víctimas, visitó nuestro país para conocer detalles del proceso que se desarrolla en Chile, contribuir a que se conozca sobre este juicio histórico en nuestro país, y colaborar con la extradición de los involucrados y condenados en esta causa.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que condenó a Jorge Luis Tapia Castillo y Rafael Francisco Ahumada Valderrama a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos, tras descartar error en los hechos acreditados por el tribunal de alzada y la participación criminal de los recurrentes.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas en contra de la sentencia que condenó a dos efectivos del Ejército en retiro, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los ciudadanos uruguayos Alberto Fontela Alonso y Juan Ángel Cendán Ahumada y del ciudadano brasileño Tulio Roberto Quintiliano Cardoso. Ilícitos perpetrados a partir del 12 de septiembre de 1973, en Santiago.

En fallo unánime (causa rol 22.184-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la abogada (i) Carolina Coppo– confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a Jorge Luis Tapia Castillo y Rafael Francisco Ahumada Valderrama a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos, tras descartar error en los hechos acreditados por el tribunal de alzada y la participación criminal de los recurrentes.

“Que, los hechos reseñados precedentemente, desprendidos de las piezas procesales que en cada caso se ha indicado, son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, esto es, acreditados legalmente en los autos a través de los medios probatorios detallados en el motivo precedente. Son hechos reales y probados, ha explicado esta Corte Suprema, ‘los indicios de cualquier género, el dicho de un testigo hábil o de varios inhábiles, la opinión de un perito singular, la declaración extrajudicial y otras semejantes, siempre que ellas formen parte del mérito de autos’ (SCS, 14.12.1967, R., t. 65.Secc. 4ª, p. 71). En cuanto a que son múltiples esos hechos, tal requisito está al margen del cuestionamiento dado su pluralidad respecto los encartados Tapia Castillo y Ahumada Valderrama. De los hechos o indicios señalados, precisos y concordantes, pueden inferirse, mediante el ejercicio lógico valorativo a que es llamado el tribunal, presunciones judiciales de la participación de los encausados en los delitos legalmente establecidos”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que, estando satisfechos los requisitos de los numerales 1º y 2º del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal –únicos revisables en esta sede– cabe concluir que los sentenciadores, al establecer la participación de Jorge Luis Tapia Castillo y de Rafael Francisco Ahumada Valderrama en los hechos investigados, lo que fluye claramente del mérito de los autos, no incurrieron en el yerro atribuido por sus defensas, razón por la cual la causal en estudio será desestimada respecto de los arbitrios deducidos”.

“Además, cabe recordar que en dichos arbitrios se invocó, de manera tangencial, la norma de casación establecida en el numeral 1º, del artículo 546 de compendio adjetivo, la cual resulta incompatible con la causal analizada pues, el predicamento de ambos recursos se articula sobre la petición de una sentencia absolutoria y, la causal de casación nombrada requiere, necesariamente de una decisión condenatoria, lo que no resulta coherente en un recurso de derecho estricto”, añade.

Por tanto, se resuelve que: “se rechazan los recursos de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los sentenciados Jorge Luis Tapia Castillo y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, contra la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y que obra a fojas 4.103 y siguientes, la cual no es nula”.

Regimiento Tacna
En el fallo de primer grado, el ministro en visita Mario Carroza dio por establecidos los siguientes hechos:
“Que el día en que se inician los hechos descritos, 12 de septiembre de 1973, el Regimiento Tacna al mando del extinto coronel de Ejército Luis Joaquín Ramírez Pineda, mantenía para las actividades operativas a la Sección II de Seguridad e Inteligencia, un departamento encargado de recibir a los detenidos que provenían de otros lugares de Santiago, en este caso, la Escuela Militar, con el fin de interrogarlos e informarle a la Guarnición de Santiago, al mando del fallecido general Sergio Arellano Stark, cuáles eran sus antecedentes y el grado de peligrosidad que estos investían para el Gobierno Militar, entidad que era la que finalmente decidía el destino de los prisioneros, siendo sus designios fielmente cumplidos por la misma sección II.

Que en este contexto, es que ese día los ciudadanos extranjeros Fontela, Cendán y Quintiliano fueron detenidos y trasladados previamente como prisioneros a la Escuela Militar, recinto donde estaba instalado el Comando de Institutos Militares y la plana mayor de la llamada Agrupación Este, estos les registraron e interrogaron, y luego se decidió enviarles al Regimiento Tacna, que se había implementado en esos días para encerrar a todos los prisioneros políticos que eran detenidos, y desde el momento en que ingresan no se obtuvieron más indicios de lo que pudo haberles ocurrido en dicha unidad militar, a pesar de las intensas diligencias de búsquedas de sus familiares;
Lo ocurrido ese día 12 de septiembre.

1.- En cuanto al secuestro calificado de Alberto Fontela Alonso y Juan Ángel Cendán Almada:
Que ese día 12 de septiembre de 1973, en horas de la noche, sin orden de autoridad competente ni existir motivo fundado, un contingente militar fuertemente armado que se trasladaba en camiones del Ejército ingresan al inmueble ubicado en calle Espoz de la comuna de Vitacura, en el cual se encontraba la ciudadana chilena Anne Bicheno Armour, en ese entonces embarazada, junto a su pareja el ciudadano de nacionalidad uruguaya Alberto Fontela Alonso y un amigo, también de nacionalidad uruguaya, Juan Ángel Cendán Almada, ambos simpatizantes del movimiento Tupamaros, a quienes de inmediato se les solicita sus identificaciones y después de un registro a la vivienda, fueron detenidos y les suben al camión, luego les trasladan hasta la Escuela Militar, perímetro donde funcionaba el Comando de Instituto Militares y la agrupación formada con posterioridad al 11 de septiembre, para labores operativas; denominada ‘Agrupación Este’, en dicho sitio permanecieron privados de libertad y encerrados sin derechos, junto a otras personas que se encontraban en la misma situación. A continuación, personal de este Comando de Institutos Militares procedió a interrogarles e individualizarlos, luego ordenan que sean trasladados al Regimiento Tacna, con excepción de la prisionera Anne Bicheno que es llevada al Regimiento Blindados N° 2, donde recupera su libertad, no así los ciudadanos uruguayos Fontela y Cendán, de quienes finalmente nunca más se tuvo noticias, perdiéndose sus rastros en la unidad militar.

II.- En cuanto al secuestro calificado de Tulio Roberto Quintiliano Cardoso: 
Que en esa misma jornada del día 12 de septiembre de 1973, cerca de las 22:00 horas, es detenido el ciudadano brasileño Tulio Roberto Quintiliano Cardoso, miembro del Partido Comunista Revolucionario Brasileño, ingeniero civil y trabajador de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), junto a su cónyuge Beatriz Narcisa Verri Whitaker, cuando ambos se encontraban en su domicilio ubicado en Avenida Américo Nº 2.294, son obligados a subir a un camión militar y les llevan hasta las dependencias del Comando de Institutos Militares, que como se ha señalado se encontraba instalado en la Escuela Militar, una vez que le interrogan e individualizan, son transportados al Regimiento Tacna, pero en el camino a Beatriz Verri se le ordena bajarse del vehículo, y los agentes del Estado continúan su trayecto solo con Tulio Quintiliano, le ingresan a la unidad militar y desde ese momento no se tuvo noticias de su persona”.

En el aspecto civil, se mantiene la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $240.000.000 por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas.