Aguilera Sandoval Moises

En el penal de Punta Peuco falleció este sábado el capitán en retiro de Carabineros, Marcelo Castro Mendoza, quien se encontraba cumpliendo condena por secuestros calificado perpetrados durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. 

Castro -que hace unos años se cambió el nombre de "Lautaro" a "Marcelo"- fue condenado en 2010 a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como autor de los secuestros calificados de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, en septiembre de 1973, en la localidad de Lonquén, comuna de Isla de Maipo.

De acuerdo a la publicación de La Tercera, la defensa del ex uniformado confirmó que se encontraba ciego, con diabetes severa, estaba sometido a diálisis y ya había sufrido una caída al interior de la prisión.

De hecho, y por razones humanitarias, se había solicitado el indulto de la Presidenta Michelle Bachelet en diciembre de 2016, el que le fue negado en marzo de este año, señala el rotativo.

El criminal recluso debía cumplir condena hasta el 3 de julio del año 2020.                                                                                                       

El desquiciado jefe de la Tenencia de Isla de Maipo

El 7 de octubre de 1973 por carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo a cargo del criminal Capitán Lautaro Eugenio Castro Mendoza, procedieron a la detención, tortura y posterior asesinato de 15 personas de la comunidad rural de Isla de Maipo.
Este crimen, que conmovió a la comunidad chilena e internacional tomo relevancia en noviembre de 1978, cuando los cadáveres de las 15 personas fueron encontrados escondidos en una mina de cal abandonada en la localidad de Lonquen.

El crimen fue el primero de los asesinatos que conoció la prensa nacional e internacional. Incluso en la ubicación de los cuerpos de los campesinos participaron periodistas, personalidades de la Iglesia católica del cardenal Silva y abogados de los derechos humanos.

Incluso en este crimen fueron diezmadas familias enteras: Los Maureira fueron sacados de madrugada por estos criminales y el padre y sus cuatro hijos asesinados. Al igual que los Hernández y los Astudillo. Ninguno de los campesinos pertenecían a partidos políticos. Sólo habían recibido tierras por parte de la Reforma Agraria iniciada por el ex presidente Frei Montalva y contaban con alegría ese logro.

Varios civiles ("soplones" en la jerga popular) de la zona apoyaron la detención de los quince campesinos. En el lugar, a 35 minutos de Santiago, existe un monolito que recuerda a esos campesinos indefensos asesinados por desquiciados que encabezaba "el ancianito" fallecido Lautaro Castro

El caso ha sido conocido como “los hornos de Lonquen”.

Las victimas de este alevoso crimen son: Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro.

Los carabineros que golpearon y luego asesinaron a estas personas son: Capitán Lautaro Eugenio Castro Mendoza, y a los carabineros, Juan José Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Enrique Muñoz Rencoret, Jacinto R. Torres González, Eugenio David Coliqueo Fuentealba, José Luis Belmar Sepúlveda, Justo Ignacio Romo Peralta, Héctor Vargas y Pablo Llancupín.

Con anterioridad, el 14 de Septiembre 1973 carabineros de la misma Tenencia detuvo, torturó y fusiló a dos personas del área.
Las dos victimas, Guillermo Bustamante y Juan de Dios Salinas fueron ejecutadas el 14 de Septiembre 1973 en el Puente Naltagua, lugar donde se les disparó a estos campesinos y luego fueron lanzados a las caudalosas aguas del río Maipo.

Los carabineros criminales que ejecutaron a estas dos personas son: Sargento Emeterio Bravo Moraga, Cabo 1ro Moisés Aguilera Sandoval y los carabineros Eugenio David Coliqueo Fuentealba y Justo Ignacio Romo Peralta.

Muertos a golpes

Se creía que los primeros detenidos desaparecidos encontrados habían sido acribillados a balazos por carabineros de la tenencia Isla de Maipo, antes de ser lanzados a los hornos de Lonquén. Pero expertos internacionales confirmaron a los familiares que la causa de muerte –según las huellas de los restos de los 15 campesinos– se debió a lesiones traumáticas contundentes.

No ha habido en Isla de Maipo un suceso tan horrendo como el asesinato de los 15 campesinos a manos de carabineros de la tenencia que existía en la comuna en 1973. Hoy el dolor que ha permanecido en las familias de las víctimas por  años se hace más intenso tras conocerse otro gran detalle de la historia: no fueron asesinados con disparos, sino que simplemente los mataron a golpes, para lanzarlos luego a los hornos de cal en Lonquén.

Sólo 517 restos óseos de las 15 víctimas se salvaron de desaparecer para siempre y fueron identificados tras los análisis antropológicos y odontológicos de un grupo de peritos internacionales.

Fue el perito español Francisco Echeverría quien hizo el seguimiento detallado de toda la pericia a estos restos, como parte de un programa del Ejecutivo para reparar los errores de identificación de las osamentas halladas a inicios de los años noventa en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Echeverría se reunió con los familiares de las 15 víctimas y, entre lágrimas, les contó el descubrimiento que hizo aún más dramático el episodio de Lonquén.

"Con toda seguridad puedo afirmar hoy que los restos que hemos separado y periciado corresponden al de las 15 víctimas que fueron halladas en 1978, y se estableció que la causa del fallecimiento corresponde a una muerte violenta homicida. No hay lesiones por impacto de bala, son lesiones traumáticas contundentes. La muerte fue causada por golpes".

Según el experto, el antiguo informe del Servicio Médico Legal no estableció este antecedente fundamental.

Hasta ahora los familiares estaban convencidos de que sus seres queridos, si bien habían sufrido golpizas en la tenencia de Isla de Maipo, finalmente fueron acribillados antes de ser lanzados a los hornos de cal de Lonquén.

En estos hornos de cal fueron encontrados los cuerpos de Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Óscar Hernández Flores y sus hermanos Carlo y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos, Omar y Ramón; y los jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Todos tenían entre 17 y 51 años.

El hallazgo se hizo por la confesión de un campesino a un sacerdote.

MASACRE DE LONQUÉN (7 DE OCTUBRE DE 1973) – ISLA DE MAIPO
17 MODESTOS CAMPESINOS ASESINADOS POR CARABINEROS. PRIMER HALLAZGO DE CUERPOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS EN EL PAIS.

A partir del mismo día del golpe militar que dio inicio a la dictadura terrorista de Estado en 1973, se desató sobre los trabajadores, en todo el país, una oleada de violencia, de represión y de muerte.
 

Los afectados por la reforma agraria volcaron todo su odio y resentimiento sobre los campesinos, al constatar el estado de indefensión en que éstos quedaron tras la caída del gobierno popular y constitucional del Presidente Salvador Allende. La derecha, en defensa de los intereses de los poderosos, quiso dar una lección para que nunca más los campesinos pretendieran arrebatarles “sus” tierras a los “señores” terratenientes. Las fuerzas armadas y carabineros, en vez de cumplir su función de custodios de la seguridad pública y de defensores de los intereses de la nación, se transformaron en represores criminales del pueblo y siguieron los dictámenes de una doctrina foránea destinada a salvaguardar a sangre y fuego los intereses de una potencia extranjera: la del Imperio del gran capital transnacional.

En este contexto, a sólo tres días del golpe, carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, al mando del entonces Tte. Lautaro Castro Mendoza, y acompañados por el dueño del fundo Naguayán José Mario Celsi Perrot, que actuaba como delator, el 14 de Septiembre de 1973 detuvieron a dos dirigentes sociales de esa localidad rural: Juan de Dios Salinas (29 años) y Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo (39 años). Ambos fueron salvajemente torturados en la Tenencia y ejecutados el mismo día en el puente Naltagua, siendo sus cuerpos arrojados a las aguas del río Maipo. Los ejecutores de estos asesinatos fueron el Sgto. Emeterio Bravo Moraga, el Cabo 1o Moisés Aguilera Sandoval y los carabineros Eugenio David Coliqueo Fuentealba y Justo Ignacio Romo Peralta. También tuvo comprobada participación como delator el esbirro y administrador del fundo Germán Maximiliano Genskowski.

El 7 de Octubre de 1973, Lautaro Eugenio Castro Mendoza y los carabineros Juan José Villegas Navarro, Félix Héctor Sagredo Aravena, José Belmar Sepúlveda, Jacinto Torres González, Manuel Muñoz Rencoret, Eugenio David Coliqueo Fuentealba y Justo Romo Peralta detuvieron a un grupo de 11 campesinos. Numerosos testigos presenciaron cuando se les golpeaba y subía a una camioneta blanca de propiedad del dueño del fundo Naguayán donde se encontraban las casas de las 3 familias a las que pertenecían. Se les amarró y tendió boca abajo en el piso del vehículo. Se trataba de los obreros agrícolas:

01 Sergio Adrián Maureira Lillo (46, y sus 4 hijos)
02 Sergio Miguel Maureira Muñoz (27)
03 José Manuel Maureira Muñoz (26)
04 Segundo Armando Maureira Muñoz (24)
05 Rodolfo Antonio Maureira Muñoz (22)
06 Carlos Segundo Hernández Flores (39, y sus 2 hermanos)
07 Nelson Hernández Flores (32)
08 Oscar Nibaldo Hernández Flores (30)
09 Enrique René Astudillo Alvarez (51, y sus 2 hijos)
10 Ramón Osvaldo Astudillo Rojas (27)
11 Omar Enrique Astudillo Rojas (19)

El mismo día en la plaza del pueblo fueron detenidos 4 jóvenes:

12 Miguel Angel Brant Bustamante (20)
13 Manuel Jesús Navarro Salinas (20)
14 Iván Gerardo Ordóñez Lama (17)
15 José Manuel Herrera Villegas (17)

Sus familiares los buscaron desesperadamente. Las informaciones de la dictadura señalaban engañosamente que habían sido conducidos al Estadio Nacional para ser interrogados. Esto también era afirmado por Lautaro Castro Mendoza y sus subalternos. Los 17 campesinos pasaron a formar parte de la numerosa lista de detenidos desaparecidos. Sólo 5 años después se sabría la horrenda verdad de la suerte corrida por ellos.

En 1978 un anciano que por largo tiempo buscaba información sobre un familiar detenido y del cual nada había logrado saber, se acercó a la Vicaría de la Solidaridad para declarar que había encontrado numerosas osamentas en los hornos de cal en Lonquén. Ese fue el primer paso para que el sacerdote Cristián Precht encabezara una comisión que terminó por verificar que se trataba de los 15 campesinos que habían sido detenidos por los carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, en 1973.

El Cardenal Arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez, acordó formar una Comisión para investigar la denuncia. El 30 de Noviembre de 1978 se realizó en la Vicaría de la Solidaridad una reunión en la que participaron el Obispo auxiliar Enrique Alvear, el presbítero Cristián Precht y otros miembros de la Vicaría, más tres invitados: el abogado Máximo Pacheco, Jaime Martínez, director de “Qué Pasa”, y Abraham Santibáñez, subdirector de “Hoy”. Cristián Precht y Javier Egaña, Secretario ejecutivo de la Vicaría, dieron cuenta de la información y pidieron a los tres invitados que los acompañaran a verificarla.

Los hornos eran dos viejas chimeneas de 9 metros de altura, ocupadas en su tiempo para la producción de cal, y que estaban al interior de la cooperativa agrícola “El Triunfador”, a unos 14 km de la ciudad de Talagante. Tras un ir y venir de familiares que nunca tuvieron respuesta por la suerte de sus seres queridos, la Comisión encontró en los hornos de Lonquén las primeras pruebas de este alevoso crimen.

El 01 de Diciembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, presentó ante la Corte Suprema una denuncia por el hallazgo de restos humanos al interior de dos minas de tratamiento de minerales ubicadas en los faldeos de cerros de Lonquén. Los antecedentes pasaron al Juzgado del Letras de Talagante, que mediante un sumario comprobó la existencia de restos humanos al interior de los hornos. Posteriormente el caso pasó a manos el ministro Adolfo Bañados Cuadra, quien llegó a la conclusión que los cadáveres encontrados en Lonquén pertenecían a los 15 campesinos que habían sido víctimas del crimen cometido por el grupo de carabineros de Isla de Maipo después de haber sido detenidos el 7 de Octubre de 1973, y que ninguno de los restos analizados presentaba muestras de haber recibido impactos de bala.

El descubrimiento en 1978 de los cuerpos enterrados en Lonquén fue el primer hallazgo de cuerpos de detenidos desaparecidos en el país y fortaleció la decisión de lucha por la defensa de los derechos humanos. Dejó al descubierto la política de Estado impulsada por la dictadura de ocultar los cuerpos de sus víctimas.

Pinochet y los organismos de seguridad del régimen terrorista sabían que el hallazgo de los hornos de Lonquén dejaría al descubierto la existencia de personas detenidas desaparecidas, tantas veces negada en el ámbito nacional como ante la ONU, donde su embajador Sergio Diez, en forma cínica llegó a afirmar que las personas “presuntamente” desaparecidas habían salido al extranjero por su propia voluntad.

A fin de hacer desaparecer las comprometedoras evidencias el dictador ordenó, mediante un mensaje encriptado y descifrado en cada regimiento, la llamada “Operación Retiro de Televisores”. Mediante esta clave, todas las unidades militares debían proceder a ubicar y remover las fosas clandestinas donde habían arrojado los cuerpos de cientos de personas asesinadas. Los restos, como ahora se sabe, fueron quemados o lanzados al mar. En diversos procesos quedaron registradas declaraciones de suboficiales ya retirados, que reconocen haber tenido en sus manos el criptograma enviado desde la Comandancia en Jefe del ejército ordenando reportar las fosas clandestinas para "limpiarlas". Esta operación se mantuvo vigente desde fines de 1978 hasta fines de 1986.

El 04 de Abril de 1979 el ministro en visita Adolfo Bañados Cuadra se declaró incompetente y el proceso por este caso pasó a la justicia militar. El 2 de Julio de ese año el fiscal militar Gonzalo Salazar dictó encargatoria de reo en contra del Cap. Lautaro Castro Mendoza y los carabineros involucrados, como “autores de delito de violencia innecesaria, causando la muerte" de las 15 víctimas. Sin embargo, el 16 de Agosto de 1979 se les aplicó la Ley de Amnistía, quedando libres y la causa sobreseída. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de Octubre de 1979.

El 14 de septiembre de 1979 los familiares esperaban la entrega de los cuerpos de sus deudos para velarlos y darles cristiana sepultura, pero agentes de la CNI secuestraron los cadáveres desde el SML y los arrojaron a una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo.

En 1980 un nuevo propietario, que adquirió el fundo Lonquén y partidario de la dictadura, hizo dinamitar los hornos para evitar que el lugar continuara siendo lugar de peregrinaje de parientes y amigos de los 15 campesinos asesinados.

Hasta el año 2006 el proceso por las muertes de Lonquén se mantuvo cerrado por aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, la causa por la muerte de los dos campesinos en el puente Naltahua fue reabierta.

A instancias del abogado Nelson Caucoto se obtuvo la reapertura del caso de los 15 campesinos de Lonquén, con lo que finalmente se logró revertir el sobreseimiento definitivo que pesaba sobre la causa y avanzar en la identificación cierta de los restos. Todos los carabineros que participaron de las detenciones fueron nuevamente sometidos a proceso. El entonces Mayor (r) de carabineros Lautaro Castro Mendoza se presentó a declarar, pero cuando nuevamente fue requerido para interrogarlo y dar paso a su procesamiento, desapareció sin dejar rastro.

El 28 de Junio de 2007 el prófugo Lautaro Castro Mendoza fue capturado por la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE) de la PDI, en el Cerro Las Mercedes, en Valparaíso, donde se ocultaba bajo otra identidad y apariencia física.

El 21 de Agosto de 2008 la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke, condenó a 10 años de presidio a Lautaro Castro Mendoza, como autor del secuestro y desaparición de Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, los dos dirigentes sociales de Isla de Maipo detenidos en Septiembre de 1973. La jueza no condenó a los autores materiales del doble crimen a cambio de la colaboración que prestaron en la investigación.

Tan sólo 517 restos óseos pertenecientes a los 15 campesinos asesinados pudieron ser rescatados y posibilitaron la posterior identificación de las víctimas. Las identificaciones definitivas fueron obtenidas con la ayuda de análisis antropológicos y odontológicos de un grupo de peritos internacionales y de muestras enviadas para exámenes de ADN a un laboratorio genético especializado en Texas. Estos análisis permitieron establecer que correspondían a las 15 víctimas halladas en 1978 y confirmaron que no murieron por impactos de balas sino que fueron brutalmente asesinados a golpes antes de ser lanzados a los hornos de cal. Tras la definitiva confirmación de las identidades el 26 de Marzo de 2010, los restos pudieron ser entregados a sus familiares por el Director del Servicio Médico Legal (SML).

El 28 de Marzo de 2010 fueron sepultados en solemne ceremonia en el cementerio de Isla de Maipo, en el Mausoleo que para tal efecto se había construido y que había sido inaugurado en Octubre de 2008. Allí descansan en 17 tumbas junto a los restos de los dos dirigentes sociales ultimados en el puente Naltagua.

Afortunadamente y después de 32 años, la aplicación de la Ley de Amnistía con fecha 16 de Agosto de 1979 y confirmada por la Corte Marcial el 12 de Octubre de ese año a favor del reo Lautaro Castro Mendoza y los carabineros involucrados en estos 15 asesinatos, fue reconsiderada el pasado 19 de Agosto de 2011 por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que reabrió el caso y revocó el fallo de prescripción, ordenando al ministro en visita Héctor Solís procesar a los asesinos. El 31 de Agosto fueron procesados nuevamente Lautaro Eugenio Castro Mendoza, Juan José Villegas Navarro, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Eugenio David Coliqueo Fuentealba y Justo Ignacio Romo Peralta como autores del delito de homicidio calificado de los 15 trabajadores agrícolas, lo que abre la posibilidad de aplicar finalmente la justicia a estos criminales.

Por otra parte, correspondería al gobierno central la obligación moral de hacerse cargo y tomar todas las medidas conducentes a reconstruir los hornos que fueron dinamitados, así como construir un camino para su libre y público acceso, los que deberán ser declararlos Patrimonio Nacional y monumento a la Memoria Histórica. De no hacerlo, aparecería ante la opinión pública como partícipe del encubrimiento que con esa acción se ha pretendido dar a este abominable crimen.

Como alguien lo señalara, la lucha inclaudicable de los familiares de las víctimas por el esclarecimiento de la verdad, por conseguir que se hiciera justicia y por el castigo a los responsables, sobreponiéndose a tantos obstáculos, con el apoyo desde los inicios de esta tragedia, del Comité Pro Paz, de la Vicaría de la Solidaridad, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de los abogados de Derechos Humanos, constituye un ejemplo y un legado grandioso de persistencia, de solidaridad y de valoración de la defensa de los Derechos Humanos para las nuevas generaciones.

“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza”
Salvador Allende Gossens Presidente de Chile (11. 09.1973)

Fuentes:

“Chile: La siniestra historia de Carabineros de Chile – Lonquén” – Iván Ljubetic Vargas (Historiador)
“Memoria histórica. Detenidos desaparecidos. Exhumación masiva” – Raúl Auth Caviedes
“Volver a la memoria” Capítulo II: Surcos en la memoria – Raquel Olea y Olga Grau (Compiladoras)

Nota: En la historia de nuestro país suelen darse paradojas extrañas. Entre 1978 y 1980 fue Ministro de RR EE de la dictadura Hernán Cubillos Sallato. En 1978 la dictadura se empeñaba en ocultar sus crímenes y negaba reiteradamente ante la opinión pública nacional e internacional la existencia de detenidos desaparecidos. Ese año se descubrieron los primeros cuerpos, a raíz de lo cual puso en marcha la sádicamente llamada “operación retiro de televisores”, intentando destruir toda evidencia. 37 años más tarde, para la identificación de las víctimas de ese horrendo crimen, fue necesario recurrir a avanzadas técnicas de reconocimiento por ADN sobre los escasos restos óseos que se lograron recuperar.

Trienta y tres años después de este descubrimiento y en un muy lamentable accidente aéreo perecen 21 personas. Entre éstos, el empresario Felipe Cubillos Segall, hijo de Hernán Cubillos Sallato y para el reconocimiento de sus restos también se hizo necesario recurrir a la misma técnica de identificación empleada en el caso de los malogrados cuerpos de las víctimas asesinadas en Lonquén.

Camilo Muñoz