Aguilera Díaz José Luis

Vistos: En esta causa Rol Nº 378-84 del Segundo Juzgado Militar de Santiago, se ha investigado la posible comisión del delito de violencias innecesarias con resultado de muerte, previsto y sancionado en el artículo 330 N1 del Código de Justicia Militar, en contra de Percy Max Arana Saldaña, y del delito de violencias innecesarias con resultado de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 330 N2 del Código de Justicia Militar, en contra de Marco Antonio Punaro Lillo, y la participación que en dichos ilícitos habría correspondido a Alberto Medina Cárdenas, Julio Urzúa Espinoza, Carlos Garrido Aldunate, José Aguilera Díaz y Patricio Zamora Rodríguez, todos ya individualizados en autos.

Por sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil, escrita a fojas 1207 y siguientes del expediente se condenó a Garrido Aldunate, Aguilera Díaz y Zamora Rodríguez a sufrir cada uno la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa, en su calidad de autores del delito de violencias innecesarias causando la muerte de Arana Saldaña, absolviendo en cambio de ese cargo a los procesados Medina Cárdenas y Urzúa Espinoza;

A Aguilera Díaz se lo condenó a sufrir también la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, en su calidad de autor del delito de violencias innecesarias causando lesiones graves a Punaro Lillo.

Además, se condenó a Carlos Garrido y a José Aguilera a la pena accesoria militar de destitución. 

Por seis votos a cero, incluyendo el del auditor general del Ejército, general Juan Romero, la Sala Penal de la Corte Suprema dictó un fallo que dio un vuelco al caso del crimen del cantante peruano Percy Arana, reponiendo las condenas de cinco años de presidio en contra de tres oficiales de Carabineros, presumiblemente hoy en retiro.

Por seis votos a cero, incluyendo el del auditor general del Ejército, general Juan Romero, la Sala Penal de la Corte Suprema dictó un fallo que dio un vuelco al caso del crimen del cantante peruano Percy Arana, reponiendo las condenas de cinco años de presidio en contra de tres oficiales de Carabineros, presumiblemente hoy en retiro.

El artista peruano fue baleado y rematado en el suelo a golpes por los policías, el 31 de marzo de 1984, en la Avenida Matta, en Santiago.

Con fecha 17 de julio de 2001, la Corte Marcial revocó las sentencias a los entonces oficiales activos José Luis Aguilera Díaz, Patricio Zamora Rodríguez y Carlos Garrido Aldunate, quienes fueron condenados por el juez militar de primera instancia. Con esa fecha la Corte Marcial mantuvo de todas formas otra condena de tres años de presidio en contra de Aguilera, por el delito de violencia innecesaria que causaron lesiones graves al civil Marco Antonio Punaro Lillo, hermano de un oficial de Carabineros.

El fallo unánime favorable lo obtuvo de la Sala Penal el abogado del Fasic Nelson Caucoto, querellante por la familia de Percy Arana y por el lesionado Punaro Lillo, al que debió amputársele un pie por una herida a bala.

Los hechos acontecidos en la fecha indicada en Avenida Matta se produjeron luego de que Carabineros dio una falsa alarma de ataque a recintos policiales, comenzando un operativo de gran magnitud. Según se estableció en la investigación, Carabineros disparó gran cantidad de proyectiles en forma desmedida, por lo que el auto de Arana chocó. Este se bajó y levantó las manos echando a correr asustado, cuando recibió un balazo por la espalda. Luego, descubriendo los oficiales que era peruano, uno de ellos lo acusó de ser “terrorista de Sendero Luminoso”, lo que desató una masacre a golpes en el suelo contra Arana.

En el mismo desmedido operativo, Punaro Lillo fue herido a bala.

El mayor de carabineros en retiro José Luis Aguilera Díaz, actual jefe de seguridad de las empresas Rabié, aparece como uno de los ejes de la investigación que pretende esclarecer las fallas y ocultamientos de Carabineros en el caso.

Lentamente comienzan a aparecer pistas en torno a la red que protege a poderosos como Claudio Spiniak. También surgen los primeros nombres: uno de ellos es el mayor de carabineros en retiro José Luis Aguilera Díaz, cuyos contactos estrechos con el detenido más famoso del país han generado las sospechas de la investigación que lleva a cabo la fiscalía militar, donde ya ha sido citado a declarar.

Pero no se trata sólo de especulaciones. Luis Hermosilla, el abogado que defiende a Claudio Spiniak, confirmó a LND (ver entrevista) que fue Aguilera quien hizo la famosa llamada telefónica que abortó el allanamiento que el 4 de febrero de 2002 iban a practicar dos carabineros al domicilio de su cliente.

También lo reafirman las declaraciones de Humberto Contreras Anguita, ex gerente contralor de la empresa de distribución Rabié, para la cual Aguilera trabaja como jefe de seguridad formalmente desde 1998, pero “a la negra” desde mucho antes… incluso cuando era oficial activo de la policía uniformada.

La semana pasada Aguilera fue condenado a cinco años de prisión como autor de homicidio del cantante peruano Percy Arana -hecho ocurrido en marzo de 1984- quien tras ser brutalmente golpeado, fue rematado de un balazo. Es también el mismo oficial que sólo estuvo tres semanas a cargo de la investigación del caso Matute porque fue removido por su vínculo con violaciones a los derechos humanos.

“El mayor no alcanzó a estar un día cesante después que lo echaron de Carabineros. Personalmente lo contraté”, recuerda Contreras.

El vínculo, eso sí, vendría desde mucho antes, porque Aguilera tenía “algunos vehículos” trabajando para Rabié en Santiago, “como pago de ciertos servicios”, según asegura Contreras.

PAKO´S SIN LÍMITE

El 8 de marzo de 1995, es decir tres años antes de abandonar la institución policial, Aguilera creó junto a tres socios minoritarios la Sociedad Comercial y de Transportes Pako´s Limitada, con un capital de 18,5 millones de pesos. “Partió con una sola camioneta… ahora tiene como siete”, dice Contreras quien recuerda que, cuando Aguilera todavía era uniformado, su nombre bastaba para “sacarse” cualquier infracción del tránsito.

“Si a un ejecutivo de Rabié le cursaban un parte, bastaba telefonearle para que todo quedara arreglado”, dice. Incluso agrega que en más de un accidente “se apersonaba por instrucciones nuestras y lograba que los carabineros cambiaran el informe de los hechos”.

Según el ex contralor de Rabié, el poder de Aguilera al interior de la institución policial se debe “a su pasado como CNI” y a la

estrecha relación que mantiene con sus pares que han ascendido a comandante o coronel. “Habla directamente con los prefectos de cualquier parte del país”, asegura.

La Distribuidora Rabié forma parte del Holding RABIE S.A. -una firma fundada en Chillán en 1902 y que celebró a lo grande hace un año su centenario de vida- y abastece a unos 40 mil comerciantes detallistas a lo largo de todo el país a través de una flota de más de 300 camiones. La empresa factura anualmente cerca de 200 millones de dólares y es propietaria del Mall El Roble en Chillán.

A fines de la década de los 80, cuando Claudio Spiniak trabajaba en Frigosam, la empresa familiar que comercializaba el Te Club, estableció una estrecha amistad con los hermanos Jorge y Esteban Rabié Uauy, a través de las relaciones comerciales con la empresa Rabié.

Pero la relación no solo era comercial. También se hacían favores. Según reveló la semana pasada el semanario Siete+7, una de las armas que se le incautó a Spiniak en el allanamiento realizado a su domicilio en diciembre de 2002 fue adquirida a través de la intermediación de Jorge Rabié. Debido a que Spiniak no tenía domicilio fijo en Chillán, entregó la dirección de Rabié cuando realizó los trámites de inscripción del arma.

Aguilera -según Contreras, quien era su jefe directo- no sólo se convirtió en el encargado de seguridad de la empresa. También creó “una oficina de inteligencia interna” destinada a abortar la creación de sindicatos o cualquier manifestación de descontento de los trabajadores.

La ‘metodología’ de trabajo del ex oficial de carabineros sería sufrida por el propio Contreras a partir del 2002, cuando cuatro de sus colaboradores más cercanos -gerentes y subgerentes- fueron sometidos a severos interrogatorios, encabezados por el propio Aguilera. Tras sufrir interrogatorios con luces incandescentes, amenazas y presiones, fueron obligados a testimoniar en contra del ex gerente contralor en la disputa judicial que se desató entre este y la empresa.

FRAUDE AL FISCO

Tras la muerte de Jorge Rabié Davani, el patriarca del clan, ocurrida en 1999, la relación de Contreras Anguita con los herederos de Rabié comenzó a deteriorarse, debido a que estos “liberados de la presión del padre que no les permitía tener bienes, vehículos o tarjetas, cambiaron la forma de hacer las cosas”, dice Contreras.

Molesto por esta actitud, el entonces gerente contralor -con amplios poderes y un cuantioso sueldo- decidió retirarse de la empresa y solicitó una indemnización de mil millones de pesos.

La importante cifra que solicitó se debe a que él estima ser el principal responsable de la solvencia de la empresa ya que ideó un sofisticado sistema a través del cual se cometieron reiterados ilícitos.

Según Contreras relató a la revista El Periodista, estos consistían en “retiro -durante 20 años- de millonarias sumas de dinero por parte de los socios sin declararlas, confección de datos fraudulentos, evasión de impuestos e imposiciones en las liquidaciones de remuneraciones de los vendedores y sistemas tramposos en los pagos de horas extras de los trabajadores”.

Enterado por un cercano de que, para justificar el dinero faltante, los Rabié preparaban una querella en su contra por el delito de robo reiterado desde 1996, Contreras presentó el 18 de marzo del 2002 una denuncia contra Rabié ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por fraude al Fisco. Además concurrió donde el senador Nelson Ávila para “destapar la olla” públicamente y señaló que los retiros indebidos alcanzaban los 60 mil millones de pesos y la evasión podría alcanzar los 15 mil millones de pesos, “el fraude al fisco más importante después de Lozapenco” afirmó el senador.

Por esa razón Ávila habría incluido a José Luis Aguilera y a los hermanos Rabié entre “los nombres y apellidos” que estarían interesados en “enlodarlo” y que el jueves pasado entregó al juez Daniel Calvo. Consultado por LND sobre esta situación, en su particular estilo, Ávila se limitó a señalar: “su olfato no le ha fallado”.

La querella judicial por robo de mil millones de pesos que los Rabié presentaron en abril del 2002 contra el ex contralor, fue rechazada por el juez de primera instancia y luego -en diciembre pasado- por la Corte de Apelaciones de Chillán por cuatro votos a cero.

Asimismo, el SII cursó 58 liquidaciones por diferentes irregularidades, de las cuales 10 de ellas constituirían delito tributario. Sin embargo, las querellas criminales aún no han sido presentadas. Fuentes cercanas al caso señalan que esto se debe a que la defensa de Rabié ha dilatado la causa presentando diversos recursos de protección en contra el SII en la Corte de Apelaciones de Concepción.

En tanto, los cuatro colaboradores cercanos de Contreras dejaron constancia ante el notario Luis Eduardo Alvarez Díaz de que habían sido presionados para testimoniar en contra del ex gerente contralor.

Dos de ellos, incluso presentaron querellas criminales en contra de Rabié por amenazas y presión indebida.

Sobre la relación de Spiniak con los Rabié, Contreras señala que “llegaba en su propio avión y se paseaba como ‘Pedro por su casa’ saludando a todo el mundo y se iban frecuentemente de paseos para pescar y cazar”. En algunas de estas salidas también habría participado el diputado Eugenio Tuma (PPD), quien mantuvo relaciones comerciales y amistosas con los Rabié y Spiniak. A este último lo visitó en la cárcel cuando estuvo detenido la primera vez.

Contreras señaló que personalmente le entregó dinero a Tuma, motivo por el cual el diputado presentó una demanda por injurias en su contra, “pero no han llegado a nada porque tengo grabaciones donde él (Tuma) reconoce haber recibido plata y dice que todos los políticos de Chile reciben plata de Rabié”.

El diputado Tuma afirmó a LND tener un lazo de parentesco con los Rabié y admitió haber recibido dinero de ellos. “Son muchos los familiares que me han ayudado económicamente en las campañas y ellos no son una excepción”. Negó, sin embargo, saber si han apoyado a otros políticos. Sobre la demanda contra el ex gerente contralor, el diputado dice que “sigue en curso y no ha avanzado porque los reporteros de la revista El Periodista no se han presentado a declarar”.

Agrega que en el proceso que los Rabié siguen en contra de Contreras, éste “está con arraigo y con embargo de sus bienes”, pero no sabe si es efectivo que “la Corte de Apelaciones de Chillán lo haya favorecido”.

Tuma reconoce haber tenido amistad en los años 80 con Spiniak, “pero eso no me hace participe de los hechos conocidos 20 años después”. Además, asegura no conocer al mayor (r) José Luis Aguilera.

Contreras afirma que había sido citado a declarar por el juez Daniel Calvo antes de que este fuera removido y que ahora espera entregarle al ministro Sergio Muñoz todos los antecedentes que posee sobre la relación que existiría entre Spiniak, Aguilera y los Rabié.

Pero la participación del ex mayor Aguilera no es la única situación que pone en entredicho la actuación de carabineros en el caso Spiniak.

MADRIGAL Y PALMA

El sol golpea fuerte los rostros de los ex cabos de carabineros Mauricio Madrigal y Claudio Palma. Ambos sudan copiosamente pero permanecen estoicos, sentados en el único sillón de la sede del Partido Liberal.

La secretaria general de la colectividad, la abogada Hilda Cerda, los conoció a través del Plan Cuadrante y decidió asumir la defensa de ambos por sólo 800 mil pesos recolectados en “una vaca familiar”. Ella los convenció que hablaran con la prensa y que contaran su verdad, que explicaran por qué fueron separados de la institución y, prácticamente “degradados en la plaza pública”.

Y ahí están. Visten en forma modesta y en sus muñecas lucen con decoroso orgullo el reloj de oro que el director general de Carabineros, Alberto Cienfuegos, les regaló en diciembre pasado por la exitosa captura de Claudio Spiniak.

Ahí están dispuestos a contar una vez más su historia, pensando que quizás de tanto repetirla puedan entender que ocurrió. Porque por más que le dan vueltas no comprenden como en pocos meses se convirtieron de héroes en villanos.

Esta es la historia de Madrigal y Palma, dos chilenos modestos que vistieron el uniforme policial y que desafiaron -sin saberlo- a una red que protege a los poderosos y cuyos tentáculos parecen expandirse a terrenos insondables.

DROGA Y DINERO

Fue en mayo del 2002 cuando ambos policías, encargados de la seguridad del cuadrante de Santa María de Manquehue, llegaron hasta la residencia de Spiniak ubicada en La Cumbre 1175 porque a un guardia de seguridad le pareció extraño que un taxi permaneciera tanto rato detenido en el frontis de la vivienda. El dueño de casa salió a pie pelado – pesar del frío- a decirles que no había ningún problema. Madrigal intuyó que algo andaba mal, “pero no informé porque debemos dejar constancia sólo de los delitos”.

Cinco meses después, en octubre de ese año, un joven les contó que en ese domicilio se hacían fiestas gay y corría harta droga. “Entonces comenzamos a ponerle atención a Spiniak y su domicilio”, señala Palma. El 17 de diciembre, “estábamos en el tercer turno y nos encontramos con un vehículo mal estacionado. Al acercarnos nos dimos cuenta de quien era y lo fiscalizamos encontrando droga y dinero”. Spiniak fue detenido.

La droga no era mucha, pero con los antecedentes anteriores “presumimos que había más droga en los domicilios y pedimos a la magistrada del 33 Juzgado (Eleonora Domínguez) autorización para allanar”. En el operativo, apoyados por el cabo José Monteville, encontraron más de medio kilo de cocaína, 80 videos pornográficos, elementos sadomasoquistas, dos armas y un silenciador.

Un día después de la detención, el actuario del 33 Juzgado Cristián Arias recibió la visita de un oficial de Carabineros -que no se identificó- consultando los motivos del arresto. Hasta ahora, nadie ha intentado averiguar quien era el oficial.

Desde esa fecha hasta mediados de mayo del 2003, Madrigal y Palma siguieron con sus patrullajes sin saber qué ocurría con Spiniak, quien había sido procesado por infracción a Ley de Armas y de Drogas. Su defensor, Luis Hermosilla, intentó varias veces pedir la libertad bajo fianza, pero la ministra se la negó porque en los careos con Patricio Egaña -el otro detenido en diciembre- no lograron ponerse de acuerdo sobre la propiedad de una de las armas.

Para probar que Spiniak era un hombre enfermo, su defensa presentó el testimonio de su nana Mónica Fariña, quien habló de las fiestas y mencionó la presencia de jóvenes en ellas. El 9 de mayo, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones se fijó en esa declaración y le ordenó a la jueza investigar posible corrupción de menores.

La magistrada mandó a llamar a Madrigal y Palma para comunicarles que decidió emitir una orden simple de investigar destinada a la Comisión Civil de la 48 comisaría Asuntos de la Familia y también a ellos dos -a pesar de que no poseen ningún curso en materia investigativa- para que indagaran. Las razones que esgrimió la jueza para incluir sus nombres fueron la necesidad de mantener la reserva absoluta de las diligencias y la labor realizada en la captura de Spiniak.

Madrigal y Palma solicitaron los permisos respectivos a su mando y se presentaron a la 48ª Comisaría para coordinar el trabajo con la comisión civil e intercambiar antecedentes. “Les entregamos nuestros teléfonos para que nos llamaran, pero hasta el día de hoy no suenan”, dice Palma.

El 15 de mayo del 2003, ambos cabos, comenzaron a reunir los primeros datos del caso que más tarde estremecería al país. La primera pista que encontraron es una nota periodística que encontraron navegando por Internet sobre la detención de Claudio Spiniak, donde en dos escuetas líneas un guardia de seguridad relataba que en febrero del 2002 un menor huyó de la casa del empresario. “Ese fue para nosotros el eslabón perdido”, asegura Madrigal. Ahora se sabe que el hombre que llamó para abortar el operativo fue el mayor en retiro Aguilera.

Tras 15 días de pacientes esfuerzos lograron dar con el paradero de C.B. quien les relató lo sucedido. A ello sumaron el testimonio de los guardias y el informe escrito en el libro de novedades y se dieron cuenta del abortado allanamiento que iban a practicar dos carabineros y un subteniente el 4 de febrero. De esa situación no queda ningún antecedente escrito en Carabineros. “Le dimos cuenta al comisario, mayor Tapia, y nos declaramos incompetente porque no podíamos investigar a un superior, pero él nos dijo que teníamos un mandato judicial y que siguiéramos no más”, cuenta Madrigal.

El 12 de junio entregaron el primer informe a la magistrada donde a partir de lo visto en los videos y del testimonio de los niños abusados constataron la comisión del delito de corrupción de menores. Sin embargo, dos días después, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones le otorgó la libertad a Claudio Spiniak bajo una fianza de 10 millones de pesos. “No sé que pasó”, dice Madrigal levantado los hombros con resignación al recordar aquel momento.

No es fácil conversar con ellos. Sus respuestas son escuetas y hay que sacárselas con tirabuzón. Ante diversas consultas solo contestan “no debo hablar de lo que está en el informe” o “eso es secreto del sumario”, conservando una férrea lealtad con la institución que por ahora les ha dado vuelta la espalda, pero a la que confían serán reintegrados.

En agosto fueron de nuevo a la 48º Comisaría para intercambiar datos con la comisión civil y se dieron cuenta que no tenían ningún antecedente. “No sé si hicieron alguna gestión paralela, pero tengo la impresión que no”, afirman.

Finalmente, el 15 de agosto, con toda la información reunida, le comunicaron a la magistrada que estaban en condiciones de detener a Claudio Spiniak, pero Eleonora Domínguez les dijo que primero debían detener a los proxenetas. Capturaron a varios de ellos, no recuerdan con exactitud cuántos, porque algunos fueron dejados casi de inmediato en libertad y debieron recapturarlos.

El 13 de septiembre, la jueza Domínguez le ordenó verbalmente a Madrigal que tomaran declaraciones a Spiniak. La diligencia la realizó el lunes 15 de septiembre Madrigal. Tres horas después, Palma llegó al domicilio de Spiniak, cuando este ya terminaba su testimonio.

El empresario pidió que le dejaran una copia y ellos llamaron al actuario para pedir autorización. Cristián Arias le informó que no, que debían traer todo y entregárselo a la 48º Comisaría.

“No sabemos qué pasó”, recuerdan ambos ex policías con cara de incredulidad. Niegan las tres versiones periodísticas que han circulado justificando que la magistrada tomara esa decisión. “No confraternizamos, no almorzamos, no tomamos una coca-cola y tampoco nos quedamos con ningún videos”, aseguran.

Otra versión señala que la jueza se molestó con Madrigal y Palma porque nunca le entregaron a la 48ª comisaría la orden de investigar y por ello el personal de esa comisaría no lo estaba haciendo.

Madrigal afirma que la jueza les dijo que había informado verbalmente a la 48ª la misión de investigar. La defensa de los cabos afirma que es obligación de la magistrada y no de sus defendidos impartir las órdenes indagatorias.

Como prueba que no cometieron ningún delito señalan que desde el 15 de septiembre hasta el primero de octubre volvieron a vestir el uniforme y a patrullar las calles. “Si hicimos algo mal debieron arrestarnos al tiro y no 15 días después”, afirman. El 30 de septiembre contemplaron por las noticias el mediático arresto de Spiniak, basado principalmente en las pruebas que ellos habían reunido. Dos días después los arrestaron y los dieron de baja acusándolos de incumplimiento de deberes militares. El dos de octubre Madrigal ascendía -como alcanzó a quedar registrado en documentos oficiales- a Sargento 1º.

La abogada Cerda reclama que aún no tiene conocimiento del sumario y no sabe con exactitud de qué se les acusa.

Su abogado apeló ante la Corte Marcial y pedirá hoy que se someta a su cliente y a los otros involucrados a un detector de mentiras.

La Primera Fiscalía Militar de Santiago procesó al mayor (r) de Carabineros José Luis Aguilera, al tener presunciones fundadas de que abortó un procedimiento policial relacionado con abusos a menores en la casa de Claudio Spiniak.

Los cargos contra Aguilera son por: usurpación de identidad y de funciones y como autor de inducción al delito de incumplimiento de deberes militares de quienes participaban en la acción.

El fiscal Luis Araya notificó ayer a su abogado, Héctor Salazar.

El oficial está detenido en el anexo cárcel Pedro Montt desde el miércoles pasado, cuando fue careado con Spiniak.

Aguilera está inculpado de haber llamado por teléfono, el 4 de febrero de 2002, para detener la labor de la policía en el domicilio de Spiniak, ubicado en Santa María de Manquehue.

Esto, luego de que personal de vigilancia privada encontró al menor C.B., quien aseguró que había escapado de una fiesta en la casa del procesado empresario y que habrían intentado violarlo.

Tras esta denuncia llegaron hasta la residencia el cabo primero Luis Henríquez y los carabineros Juan Carlos Soto y Hernán Romero. Posteriormente, lo hizo Subiabre, quien estaba a cargo del operativo.

La investigación reveló que al enterarse de la presencia policial en el lugar, Spiniak llamó a Chillán al empresario de la VIII Región Jorge Rabié, su amigo personal.

Este último se contactó telefónicamente con Aguilera, jefe de seguridad de Rabié, para que intercediera a favor del dueño del gimnasio Go Fitness. Rabié confesó a través de un exhorto que lo hizo porque le dijeron que se trataba de una denuncia "de ruidos molestos".

Las nuevas diligencias
El abogado de Aguilera señaló que apeló ayer al procesamiento ante la Corte Marcial.

El profesional solicitará hoy, formalmente, al fiscal Araya nuevas diligencias. Una de ellas es que se someta a un detector de mentiras a Spiniak, Subiabre, a su defendido y al ex coronel Claudio Jayo, a quien se acusó, en un comienzo, ser de ser el autor del llamado.

Pidió que se realizara una pericia técnica de reconocimiento de voz al teniente Subiabre y a su cliente. Allegados a la causa dijeron que el fiscal autorizará estas diligencias.

El abogado de Marcos Subiabre, Luis Sepúlveda, insistió en que su defendido es inocente y que él habló ese día con el coronel (r) Jayo y no con Aguilera.

La defensa del teniente solicitó la libertad bajo fianza, la que fue concedida el sábado por la fiscalía, previa consulta con la Corte Marcial.

Los abogados de Aguilera y de Subiabre solicitaron a la Corte Marcial que resuelva con carácter de urgencia. Ésta sólo sesiona los martes, miércoles y jueves. Ese día, a más tardar, se aclararía su situación.

REMOCIÓN
CAUSA: El mayor (r) Aguilera fue removido en 2000 por la muerte, en 1984, del músico peruano Percy Arana, baleado en avenida Matta durante el toque de queda.

El prometedor futuro del artista nacional fue abruptamente cortado por el régimen de uno de gobiernos más duros de esta parte del mundo en el siglo XX.

Por lo general, una dictadura representa una etapa oscura y dura para el país que la sufre. De esa situación en el Perú sabemos mucho, ya que, en buena parte del siglo XX, nuestro país ha sido víctima de varios ‘mesías’ que prometieron mejorar las cosas para el pueblo, resultando todo lo contrario.

Pero otros países de esta parte del mundo también la sufrieron. Y aunque sus víctimas fueron su propio pueblo, hubo un caso en el que un peruano también murió dentro de una dictadura que no era la suya.

Se trata del cantante Percy Arana, que fue víctima de la insania militar que invadió a Chile entre 1973 y 1990, durante el cruento régimen de Augusto Pinochet. Y esta es la historia de cómo se apagaron la vida y los sueños de nuestro compatriota.

Talento juvenil

Percy Arana, promesa musical peruana, encontró un fin trágico a manos de la policía chilena en un malentendido fatal. (Captura de YouTube: DavidPozo2)

Nacido en el distrito limeño de Lince el 3 de junio de 1961, Percy Arana Saldaña demostró su talento para la música desde muy chico. Ya los 15 años tenía en su haber la grabación de su primer disco y poco después representaba al país en el destacado Festival de la Canción de la OTI, un evento que resonaba con la relevancia del Festival de Eurovisión en Europa.

Al llegar 1984, el talento peruano había emprendido una gira internacional que lo llevó a Chile. Hasta el vecino país llegó acompañado de su padre, una figura que lo respaldaba en su creciente carrera artística. La trayectoria del joven cantante había atraído la atención internacional, llevándolo a tierras chilenas con la esperanza de expandir aún más su influencia musical.

Noche fatal

Así llegó la fatídica madrugada del 31 de marzo de 1984, después de cumplir con un compromiso artístico, Arana transitaba por la Avenida Matta en Santiago. La tranquilidad de esa noche se desvaneció repentinamente cuando, sin aviso previo, unos carabineros (policía local) abrieron fuego hacia el vehículo que transportaba al cantante. El caos se desató cuando el conductor perdió el control, estrellándose contra un árbol.

Desorientado y con los brazos en alto, Percy Arana salió del automóvil, intentando alejarse del escenario caótico. Sin embargo, la tragedia alcanzó su punto culminante cuando los policías, confundiéndolo erróneamente con un extremista, dispararon sin piedad, impactándolo por la espalda.

Percy Arana, talento emergente de Perú, perdió la vida en un contexto de represión y violencia bajo el régimen de Pinochet (Captura de YouTube:Patercito)

La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su Informe Rettig, documentó que la muerte de Percy Arana Saldaña fue resultado de un uso excesivo de la fuerza, con impactos de bala y golpes propinados por agentes del Estado.

De manera impactante, Arana se convirtió en el único ciudadano peruano que figuró en dicho informe, dejando una marca indeleble en la historia de las relaciones entre Perú y Chile.

Crimen con castigo

Tras la salida del poder de Augusto Pinochet en 1990, tres carabineros fueron condenados por el asesinato de Percy Arana. El mayor retirado José Aguilera Díaz y los capitanes en retiro Carlos Garrido Aldunate y Patricio Zamora Rodríguez encontraron su destino en el penal especial de Punta Peuco, cumpliendo penas por un crimen que marcó la transición hacia un nuevo capítulo en la historia chilena.

Y luego de varios años, en el 2007, la justicia chilena emitió un fallo sin precedentes en su país, ordenando al Estado indemnizar a los familiares de Percy Arana con una suma de 100 millones de pesos chilenos, equivalente a unos US$192,000 dólares. El dictamen, emitido por el juez Juan Polanco, reconoció la responsabilidad del Ejecutivo en la reparación moral para Fabio Arana, el padre del fallecido cantante.

Tras conocerse la noticia, el abogado de la familia, Nelson Caucoto, expresó su satisfacción ante la decisión del tribunal, calificándola como “una estupenda noticia”. Este fallo resonó como un acto de justicia tardío pero significativo.

La historia de Percy Arana, marcada por la tragedia y la lucha por la verdad, continúa siendo un testimonio conmovedor de las complejidades que pueden surgir en las relaciones internacionales y los esfuerzos por alcanzar la justicia, incluso mucho después de que los ecos de un evento trágico se hayan desvanecido en el tiempo.

¿Qué pasó en la dictadura chilena?

La dictadura chilena, que se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, se originó con el golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet. Este evento marcó el fin del gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende.

La situación política y social en Chile estaba marcada por tensiones económicas y polarización ideológica, lo que llevó al golpe y al establecimiento de un régimen autoritario. La dictadura de Pinochet se caracterizó por una represión política brutal.

Se llevaron a cabo arrestos y detenciones masivas de opositores políticos, sindicalistas y personas consideradas disidentes. Muchos fueron sometidos a torturas y ejecuciones extrajudiciales. Además, se implementó la censura en los medios de comunicación y se disolvieron partidos políticos.

En el ámbito económico, Pinochet adoptó políticas neoliberales, impulsando una serie de reformas que buscaban liberalizar la economía. Se privatizaron empresas estatales, se redujo la intervención del Estado en la economía y se implementaron medidas de apertura comercial. Aunque estas políticas generaron crecimiento económico, también aumentaron la desigualdad y tuvieron un impacto negativo en sectores vulnerables de la sociedad.

La dictadura chilena de Pinochet no discriminó en su violencia; Percy Arana, un joven cantante peruano, fue prueba de ello. (RR.EE. de Chile)

La violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura chilena fue condenada a nivel internacional, y se llevaron a cabo investigaciones y juicios posteriores para responsabilizar a aquellos involucrados en abusos. La Comisión Valech, establecida en 2003, documentó y reconoció a las víctimas de tortura y detención política.

El retorno a la democracia en Chile se materializó con las elecciones presidenciales de 1989, que llevaron al poder a Patricio Aylwin. El 11 de marzo de 1990, Aylwin asumió la presidencia, marcando el fin oficial de la dictadura.

El proceso de transición a la democracia implicó la redacción de una nueva Constitución y el establecimiento de medidas para garantizar la reconciliación nacional. Aunque Chile experimentó un retorno a la democracia, las cicatrices de la dictadura aún perduran en la memoria colectiva del país.