Aguilar Barrientos Antonio

Lo más probable es que haya sido una coincidencia, pero más parecía una burla. El mismo día en que Pinochet llegaba a las asoleadas playas de Iquique para capear los fríos del invierno, más rechoncho y sonrosado que nunca, diez militares de alta graduación y otros tres uniformados engrosaban la lista de procesados por delitos criminales cometidos bajo su mandato.

Pinochet viajó en un avión del ejército con un séquito integrado por su mujer, un médico personal y una escolta militar de quince personas -gastos que pagamos todos los chilenos-.

Mientras el ex dictador, declarado “persona non grata” por los estudiantes y la Coordinadora “Fuera Pinochet”, disfruta de su departamento en un exclusivo condominio iquiqueño y sale a pasear en un Mercedes Benz blindado que el ejército pone a su disposición, sus cercanos colaboradores desfilan desde los tribunales a recintos… militares, donde comienzan a cumplir prisión preventiva por sus crímenes de hace treinta años.
Si bien todo es relativo en este país donde oposición y Concertación compiten por encontrar la mejor “solución” al “problema de los derechos humanos”, los últimos fallos judiciales dan un respiro a familiares de detenidos desaparecidos que llevan décadas clamando justicia.

El 9 y el 10 de junio, el juez especial Alejandro Solís procesó a trece personas en dos casos diferentes. En uno se trata de la ex plana mayor de la Dina: una vez más Manuel Contreras, seguido por el ex brigadier Miguel Krasnoff, el coronel Marcelo Moren Brito, el suboficial Basclay Zapata y el torturador Osvaldo Romo. Los cinco están enjuiciados por el desaparecimiento de Fernando Silva Camus, decorador de 60 años detenido por agentes de la Dina el 27 de noviembre de 1974, un día después de la detención de su hijo Claudio Silva Peralta, militante del MIR, de 23 años. Ambos fueron conducidos al centro de torturas Villa Grimaldi, donde se les vio por última vez. Sus nombres aparecieron en 1975 en la lista de 119 personas publicada por la Dina como supuestos fallecidos en Argentina. 
El testimonio de la ex presa política Sonia Bascuñán es muy claro: “El 28 ó 29 de noviembre fui trasladada de Villa Grimaldi. Se me colocó en la parte trasera de una camioneta, junto con María Antonieta Castro y varios hombres. Al final, más cerca de la salida, venía el papá del ‘Condoro’ (apodo de Claudio Silva). Uno de los agentes que nos conducía dijo que había que parar en el camino, ‘para botar al viejo’. Efectivamente, la camioneta se detuvo en el camino e hicieron bajar a una sola persona, a quien no alcancé a distinguir. Los demás detenidos llegamos a otro lugar que, después supe, era el Campamento Cuatro Alamos. Allí me di cuenta que el detenido de edad no había llegado con el resto”.

PROCESADOS DE LINARES

El mismo juez Alejandro Solís procesó el 10 de junio al ex vicecomandante en jefe del ejército, Jorge Zincke Quiroz, a los generales Carlos Morales y Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, y a los coroneles Félix Cabezas y Juan Morales. La nómina se completa con Claudio Lecaros, Antonio Aguilar Barrientos y Héctor Torres Guajardo. Se les acusa de participar como autores del secuestro y desaparición de seis presos en Linares y de otros tres en Constitución, entre septiembre de 1973 y octubre de 1974. A ese delito se agregan los cargos de exhumación ilegal, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. 

Todos los procesados cumplían funciones en la Escuela de Artillería de Linares, donde, según versiones de testigos, se le perdió el rastro a decenas de presos políticos. Entre ellos, Rubén Bravo, agricultor de 55 años, socialista; Waldo Villalobos Moraga, de 48 años, sin militancia política; y los militantes del MIR María Isabel Beltrán Sánchez, estudiante de 21 años; Alejandro Mella Flores, estudiante de 19 años; Anselmo Cancino Aravena, obrero agrícola de 25 años, y Hernán Contreras Cabrera, de 21 años, funcionario de la CORA. El Codepu interpuso el 27 de diciembre de 2001 una querella, que investiga el juez Solís, por estas seis personas.
Durante el proceso, un ex conscripto atestiguó que en la Escuela de Artillería se habrían sepultado alrededor de 80 presos políticos. Por esa razón, el 16 de abril de este año el ministro en visita dirigió una inspección en el campo de tiro en busca de restos. Las excavaciones no dieron resultado, aunque se encontraron muestras de que el terreno había sido removido.

Este caso tuvo repercusiones inesperadas para el director general de Investigaciones, Nelson Mery. Al día siguiente de conocerse los procesamientos, el presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de Linares, Teobaldo Peña, aseguró que el jefe de la policía civil está involucrado en la desaparición de personas en esa ciudad, donde se habría desempeñado desde el 11 de septiembre de 1973 hasta febrero o marzo de 1974. Según Peña, Nelson Mery formó parte de los grupos encargados de detener y torturar personas. La misma denuncia fue formulada el 16 de abril pasado por Viviana Díaz, secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 
El coronel Juan Hernán Morales Salgado, cuando era capitán a cargo de la gobernación de Constitución después del golpe militar, es el principal procesado por la detención y desaparecimiento de Arturo Enrique Riveros Blanco, militante de la Izquierda Cristiana y gobernador de Constitución; de Jorge Yáñez Olave, periodista de 28 años, y de Jaime Bernardo Torres Salazar, obrero de 21. Los dos últimos eran miembros del comité regional del MIR.
Morales Salgado hizo carrera dentro de la institución castrense. Fue jefe del equipo de seguridad de Manuel Contreras, cuando era director de la Dina, y está involucrado en el asesinato del ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert. Uno de los exhortos enviados por la jueza argentina María Servini de Cubría, lo tuvo por destinatario. Son parte de los “méritos” que le permitieron retirarse del ejército con el grado de coronel.

MORALES Y LOS CORVOS

“Según los datos que hemos podido recoger, Juan Morales (ex coronel actualmente procesado) participó directamente en la muerte de mi marido”, dice Juana María Soto, esposa de Jorge Bernabé Yáñez Olave e integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares. Paso a paso, ha ido reconstituyendo una historia que a pesar de los años transcurridos aún la estremece.

Ella y el hijo de ambos, Cristián -entonces de 6 años- vieron por última vez a Jorge pocos días antes del “11”. “Se notaba preocupado, porque se veía venir lo peor”, recuerda Juana. Debido a su trabajo político, él se había ido a vivir a Constitución, donde compartía una pieza de pensión con Jaime Torres.

Ambos participaron el día del golpe militar en una marcha de protesta de los trabajadores de Celulosa Arauco junto con el gobernador Arturo Riveros Blanco. Al día siguiente, la ciudad fue copada por militares de la Escuela de Artillería de Linares, al mando del capitán Juan Hernán Morales Salgado, quien asumió como gobernador y jefe de plaza. Entre sus hombres de confianza estaban el teniente Leonardo Marchant Rocha, y los subtenientes Marcelo Salas Coccolo y Alejandro Herrera López, quienes no figuran como inculpados en el proceso. 

El 14 de septiembre detuvieron a Arturo Riveros y a los dirigentes sindicales José y Jorge Saavedra. Dos días después, Jorge Yáñez y Jaime Torres fueron reconocidos en un camino rural, cuando se dirigían a Chanco, y también fueron apresados. Los llevaron al cuartel de Investigaciones de Cauquenes, pero el 17 los reclamó el nuevo gobernador de Constitución y envió una patrulla a buscarlos. Hay testigos que los vieron ingresar a la Gobernación ensangrentados. Otros compartieron con ellos la tortura y el horror. Gustavo Salazar, técnico dental y militante socialista, fue careado con Jorge el 14 ó 15 de septiembre. Lo sostenían dos uniformados porque no se podía el cuerpo, tenía la cara hinchada y deformada por los golpes, casi no podía hablar. Fue el último en verlo con vida.

En su búsqueda, Juana y el padre de Jorge, José Yáñez -ex carabinero ya fallecido-, llegaron hasta la casa del entonces capitán Juan Morales el 21 de septiembre. “Le rogué por mi hijo que nos dijera dónde estaba Jorge -recuerda ella-. Me contestó muy suelto de cuerpo que no me preocupara, porque lo había dejado en libertad el día 19 y que seguramente yo iba a ser la primera en verlo. Como él también tenía un hijo pequeño, le pedí que me jurara por su hijo que me estaba diciendo la verdad. Y lo hizo”.

Otro detenido declaró que quien dirigía los interrogatorios era el capitán Morales y que lo escuchó comentar con detectives que José y Jorge Saavedra y Jorge Yáñez estaban muertos. A fines de septiembre, el mismo Morales Salgado reconoció en una recepción social haber ordenado la ejecución de cinco personas, cuyos cuerpos “quedaron tirados en un sector de la playa llamado Potrerillos”. Mencionó a Jorge Yáñez, Jaime Torres y Arturo Riveros.
En el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde Jorge y Jaime figuran como detenidos desaparecidos, se inculpa al coronel Juan Hernán Morales Salgado (en esa época en servicio activo), a integrantes de la sección “N”, promoción 1973, de la Escuela de Artillería de Linares y a personal no identificado de la Comisaría de Carabineros de Constitución.

En agosto de 1974 se inició la causa rol 40150 “por presunta desgracia” en el Juzgado de Letras de Linares. El juez cerró el sumario y sobreseyó el proceso “por no encontrarse acreditado el delito”. La Corte de Apelaciones de Talca ordenó reabrirlo. Nuevo cierre y sobreseimiento temporal determinado por el juez. Y esta vez fue aprobado por la Corte.

En 1995, Juana Soto presentó una querella criminal por los delitos de detención ilegal, secuestro, tortura y violación de los derechos humanos. Y en diciembre de 2001 suscribió otra querella, esta vez contra Pinochet. Según los antecedentes que ella y los abogados han recopilado, “a los cinco los mataron de la peor manera, usaron corvos y les abrieron la guatita… Después, hay dos versiones: una, que metieron los cuerpos en un hoyo y les prendieron fuego. Y la otra… que los tiraron al mar”

"Episodio Linares"

El 16 de abril el ministro Alejandro Solís concurrió a las excavaciones en el Polígono de Tiro General Bari en Linares, donde habrían enterrado a personas que figuran como detenidos desaparecidos, de acuerdo a la información que habría recibido un chileno residente en Alemania que tiene a su hijo y su padre desaparecidos.

Las excavaciones se realizaron con especialistas para ver en el terreno si había sido removida la zona. También, concurrieron peritos del Servicio Médico Legal y del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones.

Luego de ocho horas de excavaciones el ministro dio por terminada la diligencia y no reanudará la búsqueda de restos. En la ocasión la secretaria general de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, responsabilizó al Director de Investigaciones, Nelson Mery, de haber participado en las detenciones de varias personas que se encuentran desaparecidas, entre ellas María Isabel Beltrán Sánchez.

En Santiago Nelson Mery desestimó las versiones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señalando que ha declarado en reiteradas ocasiones sobre este hecho a los medios de comunicación y que si el ministro Solís lo citaba a declarar iría todas las veces que fuera necesario. La oficina de comunicaciones de la Policía de Investigaciones rechazó la acusación de Viviana Díaz contra Mery, porque esa acusación se indagó en su momento y no se encontró fundamentos.

El 6 de junio el ministro Solís sometió a proceso a siete funcionarios en retiro del Ejército y un funcionario de Investigaciones por las desapariciones de 8 personas en la Escuela de Artillería de Linares entre septiembre de 1973 y febrero de 1974. Los procesados son:

El general ® de Ejército Humberto Lautaro Julio Reyes, como autor del secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez.

El general ® Jorge Ernesto Zinke Quiroz, como autor del delito de secuestro calificado de José Gabriel Campos Morales y Alejandro Róbinson Mella Flores

El mayor general ® del Ejército Carlos Edmundo Morales Retamal, como autor del delito de secuestro calificado de Héctor Hernán Contreras Cabrera

El coronel ® de Ejército Félix Renato Cabezas Salazar, como autor de los secuestros calificados de José Gabriel Campos Morales, Anselmo Antonio Cancino Aravena y Alejandro Róbinson Mella Flores.

El coronel ® de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, como autor de los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar y Jorge Bernabé Yánez.

El oficial ® de Ejército Claudio Abdón Lecaros Carrasco, como autor de los secuestros de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Róbinson Mella Flores

El suboficial ® de Ejército Antonio Aguilar Barrientos, como autor de secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena y Alejandro Róbinson Mella Flores.

El funcionario de Investigaciones Héctor Armando Torres Guajardo, como autor del delito de secuestro calificados de Anselmo Antonio Cancino Aravena y Alejandro Róbinson Mella Flores

El 11 de junio el presidente de la Agrupación de ex presos políticos de Linares, Teobaldo Peña, afirmó que Mery está involucrado en la desaparición de personas detenidas después del 11 de septiembre de 1973. Desde Alemania, Sergio Rojas afirmó que Mery era encargado de trasladar a los lugares de tortura los presos de la Escuela de Artillería de Linares, y que a él le había tocado vivirlo personalmente.

El pasado tres de junio, ante el juez Alejandro Solís, el director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery Figueroa, prestó testimonio en la causa por la detención y desaparición de la joven, María Isabel Beltrán. En cinco fojas, el jefe de la policía civil relata parte de su paso por la Escuela de Artillería de Linares y reconoce haber participado en la detención de otra mujer, Patricia Contreras, pero dice que no tuvo nada que ver en la captura de Beltrán. Sindica como responsable al general (R) Humberto Julio. En la misma causa, interrogada en septiembre de 2002, Contreras dice que fue aprehendida con su amiga, en Santiago, el 18 de diciembre de 1973 y trasladada hasta la ciudad de la S éptima R egión. También otros ex presos políticos, detenidos en 1973, atestiguaron contra Mery y dijeron que había presenciado las torturas a las que fueron sometidos.

Belarmino Antonio Sepúlveda Bueno fue detenido el 22 de octubre de 1973 por una contingente de Carabineros, llevado a la Escuela de Artillería de Linares y torturado dentro de ese recinto militar.

Igual suerte, según él, corrieron varios otros detenidos y responsabiliza, por esos hechos, al actual director de Investigaciones, Nelson Mery Figueroa.

Dice que el jefe de la policía civil no torturaba personalmente pero que presenciaba los interrogatorios en los que era golpeado y sometido a sesiones de corriente.

"El tenía un cronograma del MIR y quería que yo le dijera cuál era mi ubicación dentro del mismo, aunque yo no era mirista. Me decía que si no hablaba sería castigado", recordó hace unos días a El Periodista. Y agregó: "no había detenido que no fuera interrogado por Mery".

Su testimonio quedó reflejado a fojas 358 de la causa iniciada bajo el Nº 5073 en el 2º Juzgado del Crimen de Linares.

LA CAUSA

Hace un mes el magistrado Alejandro Solís, el primero en dictar una sentencia que no consideró la amnistía de 1978, resolvió procesar en la causa en la que declaró Belarmino Sepúlveda a los generales (r) Jorge Zincke, ex vicecomandante en Jefe del ejército; Carlos Morales, ex director de la Escuela de Artillería de Linares, y Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores; y a los coroneles (r) Félix Cabezas y Juan Morales. A ellos se sumaron: Claudio Lecaros Carrasco, comandante del Grupo de Artillería y oficial de inteligencia militar, el suboficial mayor (R) Antonio Aguilar Barrientos y el oficial de la policía civil (R) Héctor Torres Guajardo.

¿La razón?: el desaparecimiento de seis personas: Rubén Bravo, agricultor de 55 años, socialista; Waldo Villalobos Moraga, de 48 años, sin militancia política; y los miristas María Isabel Beltrán Sánchez, estudiante de 21 años; Alejandro Mella Flores, estudiante de 19 años; Anselmo Cancino Aravena, obrero agrícola de 25 años, y Hernán Contreras Cabrera, 21 años, funcionario de la CORA.

En la causa, de 14 tomos y miles de fojas, sin embargo, había una novedad. Muchos sobrevivientes recordaban como enlace entre Investigaciones y el regimiento de Linares, último lugar donde se vio con vida a las personas desaparecidas, a un joven detective, a la sazón de 31 años de edad: Nelson Mery Figueroa.

Por ello, ocho días antes de dictar el procesamiento, el juez Solís se constituyó en las dependencias de la Dirección de la Policía de Investigaciones, General Mackenna 1314, para preguntarle al director de esa institución por su vinculación con los hechos acaecidos hace 30 años.

En su declaración judicial, ordenada por la Corte Suprema ante el eventual cierre de sumario, Nelson Mery relata que "el 12 de septiembre de 1973 fui designado como oficial de enlace en la Escuela de Artillería de Linares, orden que me impartió el comisario don Ricardo Hernández".

De inmediato, Solís le consultó quién estaba al mando de dicha unidad a los que el jefe de la policía civil respondió: "el director era el coronel Gabriel del Río, como subdirector se desempeñaba el teniente coronel Félix Cabezas Salazar, también estaban los mayores Sergio Pérez Hormazabal, Jorge Zincke Quiroz y Juan Saldía, el capitán Humberto Julio, que era ayudante del coronel del Río, este último también era el jefe de la plaza".

En la resolución de Solís, sin embargo, ni el coronel del Río, quien estaba a cargo del regimiento, ni el fiscal Carlos Romero, en la época capitán de Ejército, fueron procesados. Sí los que venían después, incluso el ayudante de comandante, el entonces capitán Julio.

Mery, en su declaración, contó que a los pocos días se hizo cargo del Servicio de Inteligencia de Linares el capitán Claudio Lecaros y que, en una oportunidad, fue llamado a su oficina donde le preguntó -el oficial Aguilar- si conocía a Patricia Contreras Farías. Y Mery declaró: "yo la ubicaba porque era amigo de Elena Contreras, su hermana, incluso me correspondió estar en algunas fiestas. Me extrañó la pregunta, pero decidí decir la verdad y contesté que si la conocía. Me ordenaron que concurriera a Santiago porque ella estaría involucrada en el ocultamiento de armas en Panimávida". Si bien en su declaración de junio dice, "me imagino" que la orden la dio Lecaros, porque a él se la trasmitió Aguilar, un mes después, al diario La Segunda, el director de la policía civil aseguró que Lecaros fue el que le dio la orden.

Mery, quien en los párrafos siguientes de su declaración judicial, sostiene que viajó a Santiago a cumplir la orden en un jeep militar a cargo del entonces capitán Julio, sólo reconoce que detuvo a la hermana de su amiga y que la trasladó hasta la Escuela Militar. Y agrega: "ahí la perdí de vista durante toda la noche. Al día siguiente y de regreso a Linares, iba yo en el jeep, el vehículo se detuvo y un camión que venía detrás, momento en que yo estaba preocupado de que sucedía con Patricia Contreras, además encontré a María Isabel Beltrán, esta última fue detenida por efectivos militares y ello debe haber ocurrido después que detuvimos a Patricia y habiendo ya bajado la escalera del edificio, por esto atribuyo que se me inculpe también de la detención de María Isabel Beltrán, pero eso no es efectivo".

Sin embargo, tanto en el informe Rettig como en la declaración de Patricia Contreras, que consta en fojas 2 mil 359 y siguientes de la misma causa, se asegura que ambas mujeres fueron detenidas en forma simultánea. "Mientras permanecía de visita en casa de María Isabel, unos cuatro o cinco días, el 18 de diciembre de 1973, en horas de la noche, mientras regía el toque de queda, soy detenida junto a María Isabel Beltrán por una patrulla militar y de agentes de seguridad vestidos de civil. De los funcionarios que participaron en nuestra detención, que yo conocía con anterioridad, recuerdo al sargento Aguilar, a otro militar de nombre Humberto Julio, a los detectives Neves, Mery, Torres, Volta", testimonió Patricia Cristina Contreras Farías, ante dos detectives de la Policía de Investigaciones, en su domicilio francés, donde vive desde hace años. Según su relato, al concluir el registro de la casa, las llevaron a sus vehículos "obligándonos a subir a un jeep militar. El vehículo era conducido por un conductor, acompañado por uno de los detectives, no recuerdo si Mery o Torres". Contreras, en su declaración, sostiene que al día siguiente fue trasladada a Linares con su amiga en un jeep militar y no en un camión como aseguró Mery.

Belarmino Sepúlveda y otro testigo dicen que en la detención de María Isabel Beltrán participó Norma Montecinos Parra, actualmente radicada en Suecia, quien fue llevada hasta Santiago desde Linares, donde había sido detenida, para que dijera el lugar exacto donde estaban Contreras y Beltrán. Los presos recuerdan que esta última desapareció alrededor del 25 de febrero del 74.¿Cómo lo saben? Le mandaron, hasta ese día, cigarros a través de los guardias.

Otro que dispara contra el director de la Policía de Investigaciones es el entonces capitán, ahora general ®, Humberto Julio, el que fue procesado en la causa apenas con la mención que Mery hace de su participación en los hechos.

Julio, quien dice que Mery es el "principal implicado" y que solicitó al juez que lo careara con el policía, relató al diario La Segunda que "no he tenido oportunidad de decirle al juez, porque no me ha interrogado al respecto, es que lo que nosotros pusimos a disposición de Mery, por instrucción del Comando de Institutos Militares, fue una patrulla para que colaborara con lo que hacían Mery y compañía". Ante la pregunta de la periodista Lilian Olivares, si participó en la detención, el uniformado en retiro, quien pasó 9 días recluido y goza actualmente de libertad bajo fianza, asegura que "no, porque el operativo era de ellos". Y añadió: "si a alguien le dan una misión de venir de Linares a detener una persona y él dice que no sabe cómo llega con dos, a mí no me cierra el cuadro. Le suben a la fuerza a alguien más&".

María Isabel Beltrán, quien se encontraba embarazada en los momentos en que fue detenida, dio a luz en cautiverio y su hija fue entregada, sin el conocimiento de sus abuelos, a una familia de clase media simpatizante del régimen militar. Su caso, novelado, dio origen al libro "Difícil Envoltorio" de la escritora Mónica Echeverría.

El parte oficial, según consigna el informe Rettig, decía que Beltrán fue trasladada del regimiento para atenderse de un aborto espontáneo y que nunca regresó al cuartel de Linares.

Con fecha 19 de junio de 1974 el coronel Carlos Morales Retamal, Intendente y Jefe de Plaza de la Provincia de Linares, le escribió a la madre de María Isabel y le informó que su hija, a quien ella había visto con vida en el interior del regimiento hasta enero de 1974, había sido puesta en libertad ese mes "para que se sometiera a tratamiento médico especializado, con la promesa de presentarse a la Comandancia de Guarnición en Linares una vez dada de alta, promesa que hasta la fecha no cumplió".

El ministro del Interior, el 30 de mayo de ese mismo año, informó a la Corte de Apelaciones que "…Maria Isabel Beltrán Sánchez no se encontraba detenida por orden de alguna autoridad administrativa y que este Ministerio ignora su actual paradero…". Desde entonces está desaparecida.

Según Mery, la última vez que la vio con vida, fue cuando en la Escuela se recibió al coronel Carlos Morales Retamal, en febrero del año 1974, época en que el ayudante del regimiento era el teniente Iturriaga y el capitán Julio se encontraba en la capital en un curso de información para ingresar posteriormente a la Academia de Guerra de Santiago.

El propio director de Investigaciones, según su declaración judicial, dejó "la calidad de agregado en el Ejército" el 28 de diciembre de 1973, aunque admite que en enero o febrero del año siguiente fue llamado para que le tomara una nueva declaración a Patricia Contreras porque la anterior había desaparecido.

En la oportunidad, según Mery, se impuso de que la detenida había "sido torturada por Lecaros, Aguilar, Torres y Volta". También pudo percatarse, de acuerdo a lo que recuerda de esos años, que se estaba investigando "una posible infiltración de parte de algún militar, carabinero o detective ayudando a los partidos de Izquierda" y aprovecha de contar que la detenida Patricia Contreras, cuando fue ingresada a la cárcel tras su encuentro, le dijo a sus compañeras que le había tocado la suerte de que Mery la interrogara porque la había ayudado `harto'".

Sobre las torturas, sin embargo, Patricia Contreras dice en su declaración de 2002 que fueron realizadas por "Torres, Neves, Aguilar y el capitán Lecaros". No menciona a Volta.

De acuerdo a Proyecto Internacional de DDHH en la Escuela de Artillería funcionaba el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) que estaba a cargo del capitán Claudio Lecaros Carrasco y lo formaban los tenientes Luis Arce Bulo y Raúl Díaz Jara, el sargento 1° Antonio Aguilar Barrientos, el capitán de Carabineros Sergio Gallardo López y los funcionarios de Investigaciones Héctor Torres Guajardo, Nelson Mery Figueroa, Carlos Neves Acosta -quien era de la dotación de San Javier-, el subcomisario Luis Espinoza Weber y los detectives Juan Manuel Véjar Varas y otro de apellido Olivares.

En el recinto militar, de acuerdo a la versión de los que allí padecieron torturas, "los detenidos eran instalados básicamente en dos sectores: uno era una sala de clases conocida como `sala del televisor', porque había un aparato de TV. En esta sala se encontraban unos 30 prisioneros que permanecían en bancas, sin vendas ni amarras, pero sin poder hablar entre ellos, desde donde eran sacados a interrogatorios y torturas. Otra sección la componían celdas aisladas y tapiadas, ubicadas en otro sector de la Escuela, donde se mantenía a los incomunicados".

OTROS CASOS CONTRA MERY

El día que el juez Solís procesó a los cinco uniformados, curiosamente, desde Linares surgió una reacción contraria al mismo porque, según muchos de los querellantes, éste debía haber considerado a Nelson Mery entre los inculpados. En la causa son 42 las personas que iniciaron acciones legales contra el actual director de la policía civil.

Mientras el presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de esa ciudad, Teobaldo Peña, dijo que varios de los encausados eran jefes directos de Mery en la Escuela de Artillería. Sergio Rojas, hermano e hijo de desaparecidos, torturado en el interior del recinto militar, declaró desde su residencia en Alemania que "Mery fue el intelectual, él fue quien movilizó a todas las personas al interior de la Escuela y el que repartió para un destino y otro". Sobre el mismo tema, Viviana Díaz, secretaria de la agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos sostuvo que "Junto con las agrupaciones de Linares y Parral hicimos esa denuncia, donde el director de Investigaciones habría sido partícipe de la detención de personas que hoy están desaparecidas".

Respecto a otras declaraciones que lo vinculaban con atropellos a los DDHH en la propia causa que sustancia Solís, como la de Silvia Sepúlveda -conviviente de Anselmo Cancino- quien aseguró que Alejandro Mella le dijo que Mery lo había torturado, el director de Investigaciones declaró el tres de junio que "eso es imposible" y, si bien reconoció que conocía a Mella, dijo que "en el año 76 yo hablé con gente del MIR, quien de parte de la madre de Mella querían obtener antecedentes sobre la detención del joven, ocasión en que les señalé que a él no lo detuve ni tampoco lo interrogué, sino que lo hizo el grupo de Neves, Volta y Torres".

Según Mery, los detenidos de esos años no ven lo que él era, un detective sin mucha autoridad, sino que lo relacionan con su cargo actual. "Yo no dirigía la información, sólo me correspondía tomarla ya fuera a máquina o a mano, luego la entregaba a Inteligencia quienes la procesaban. Puedo decir que se me atribuye un rol que nunca tuve en esa época y por lo demás nunca en mi actividad profesional he torturado a persona alguna".

Antes de 2000, cuando un grupo de personas torturadas presentó una querella por los sucesos de Linares, se mencionó que la misma incluiría al director de la policía civil e, incluso, la revista Qué Pasa sostuvo que a última hora, especulando razones políticas preelectorales, el abogado que representaba a los querellantes decidió retirar el nombre de Mery.

Sergio Monsalvez, militante PS, dijo que ello no era efectivo sino que se hizo por "orden procesal", para evitar que el director de la policía civil se contraquerellara contra la ex presa política de iniciales A.O que, de acuerdo a lo que había trascendido, acusaba a Mery Figueroa de "vejaciones sexuales".

La memoria de un detective

"Respecto de los nombres que se me indican como víctimas de la Escuela de Artillería puedo decir lo siguiente:

Anselmo Cancino Aravena: lo conocía de antes, pero yo no supe que hubiese estado como detenido en la Escuela de Artillería. Yo nunca lo vi en esa unidad militar.

José Gabriel Campos Morales: me acuerdo de ese caso, era un dirigente campesino apodado "el Chupalla Campos", no sé las circunstancias de su detención, pero sí que estuvo en la Escuela de Artillería. Me recuerdo que un familiar de éste se acercó a mí para saber si José Campos estaba detenido en la Escuela. De este modo me enteré que este dirigente campesino fue trasladado a esa unidad por el capitán Hernán Morales, quien era gobernador de Constitución, por comentarios en la Escuela me enteré que eso se hizo de noche.

Héctor Contreras Cabrera: recuerdo que estuvo detenido en la Escuela de Artillería de Linares, donde nunca lo vi, pero lo supe por Héctor Torres Guajardo, me indicó que estaba detenido en una garita ubicada frente al casino de suboficiales. Era conocido por el apodo de "el Picho".

Arturo Riveros Blanco: no me acuerdo de ese caso, no tengo información alguna.

José Alfonso Saavedra Betancourt: otro caso de Constitución, no lo conozco.

Jaime Torres Salazar y Jorge Yánez Olave: fueron detenidos en Cauquenes, enviándose un radiograma a Linares, eso lo recuerdo bien, en la comunicación se solicitaban antecedentes políticos de estas personas. Además, el padre de este último me contó que su hijo había sido llevado finalmente a Constitución".

2. Auto de Procesamientos

1.- Carlos Edmundo Morales Retamal, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de Héctor Contreras Cabrera.

2.- Juan Hernán Morales Salgado, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en las personas de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar y Jorge Bernabé Yánez Olave.

3.- Félix Renato Cabezas Salazar, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en las personas de Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales y Alejandro Robinson Mella Flores.

4.- Jorge Ernesto Mario Zincke Quiroz, en su calidad de autor de los delitos de secuestros calificados de José Gabriel Campos Morales y Alejandro Robinson Mella Flores.

5.- Claudio Abdón Lecaros Carrasco, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en las personas da María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Robinsón Mella Flores.

6.- Antonio Aguilar Barrientos, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en las personas de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena y Alejandro Robinsón Mella Flores.

7.- Héctor Armando Torres Guajardo, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en 1as personas de Anselmo Antonio Cancino Aravena y Alejandro Robinsón Mella Flores, y

8.- Humberto Lautaro Julio Reyes, en calidad de autor del delito en la persona de María Isabel Beltrán, ilícitos cuyos principios de ejecución acaecieron entre septiembre 1973 y febrero de 1974, prolongándose hasta la fecha.

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a cinco miembros en retiro del Ejército y dos ex detectives como autores de secuestro calificado de tres militantes del MIR y un dirigente sindical, quienes fueron vistos con vida por última vez en la Escuela de Artillería de Linares entre el 12 de septiembre de

1973 y el 2 de enero de 1974.

El dictamen se convierte en una ampliación de la resolución que dictó el 6 de julio de 2003, ocasión en que encausó a seis ex uniformados por otros casos de detenidos desaparecidos contenidos en el mismo episodio.

El magistrado decidió encausar al coronel (r) Gabriel del Río Espinoza, quien era el comandante del mencionado recinto y -a la vez- intendente regional en la época, al coronel (r), Claudio Abdón Lecaros Carrasco, al ex comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo, al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y al comisario (r) de Investigaciones Nelson Volta Rosas, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Guillermo del Canto Ramírez, dirigente del MIR.

Según la investigación sustanciada por Solís, siendo las 00:30 horas del 2 de enero de 1974, Del Canto fue detenido mientras se encontraba junto a su cónyuge Marianela Méndez Soto en el domicilio de su primo Félix Ignacio Valenzuela Ferrer, ubicado en calle Santa Clara Nº 560 de la comuna de La Cisterna.

En efecto, ingresaron al lugar varios funcionarios que dijeron pertenecer al Regimiento de la ciudad de Linares, los que detuvieron a del Canto Ramírez y a su primo, por tratarse de un ”encubridor” –según manifestaron los aprehensores- .

Ambos detenidos fueron llevados en un camión hasta la Escuela Militar de Santiago, lugar en que fueron interrogados. A la mañana siguiente, Valenzuela Ferrer fue dejado en libertad en tanto que Guillermo del Canto fue trasladado hasta el Regimiento de Artillería de Linares, donde permaneció detenido algunos días, siendo interrogado y torturado para, posteriormente, en una fecha no determinada, ser conducido al campo de prisioneros de Tejas Verdes de San Antonio, donde se perdió su rastro hasta hoy.

Otras tres víctimas

Por otra parte, el ministro Solís procesó al general (r) Carlos Edmundo Morales Retamal, a la sazón director de la Escuela de Artillería de Linares, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en contra de la estudiante universitaria y ex militante del MIR María Isabel Beltrán Sánchez, cometido a contar del 18 de septiembre de 1973.

Al ex comisario de Investigaciones Héctor Armando Torres Guajardo y al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos, como autores del delito de secuestro calificado en contra del ex militante del MIR Héctor Hernán Contreras Cabrera, cometido a contar del 8 de diciembre de 1973.

Por último, el juez encausó al coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de José Alfonso Saavedra Betancourt, ex dirigente sindical de la empresa Celco, perpetrado desde el 12 de septiembre de 1973.

El magistrado otorgó la libertad provisional a todos los procesados y sólo en el caso de Morales Salgado, quien por primera vez es imputado en esta causa, el beneficio fue entregado con consulta a la Corte de Apelaciones.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó este martes la excarcelación del ex militar, con los votos favorables de los ministros Juan Cristóbal Mera y Amanda Valdovinos, además del abogado integrante Benito Mauriz.

Compañeros de Mery

En el procesamiento, que consta de más de 60 páginas, el ministro Solís dejó estampadas las varias alusiones que existen en estos casos por la participación del ex director de Investigaciones en la detención de estos opositores al régimen militar.

De hecho, varios testigos lo sindican como parte del grupo de agentes que detuvo a María Isabel Beltrán. Asimismo, uno de los detectives que prestó servicios en la Escuela de Artillería, Armando Torres Guajardo, sostuvo que en esa unidad "había un Departamento de Seguridad, a cargo del capitán Lecaros y contaba con otros funcionarios, como Nelson Mery, al mando de Jorge Zincke.

Participaba en los interrogatorios y respecto de María Isabel Beltrán, militante del MIR, arrestada en Santiago, presenció unos 3 interrogatorios a cargo del capitán Lecaros, el cual, para amedrentarla, la golpeaba, en la espalda, con un “churro” de goma".

En tanto, uno de los sobrevivientes de la Escuela de Artillería de Linares, Osvaldo Efraín Salazar Saavedra, quien fue detenido el 19 de diciembre de 1973 por un pelotón de militares y detectives que lo llevaron a la Escuela Militar y luego fue trasladado a la Escuela de Artillería de Linares, afirma que en ese grupo participó Nelson Mery.

Por su parte, el ex director de la policía civil, quien abandonó su cargo por su supuesta vinculación a violaciones a los derechos humanos, declaró en el procesó que "el 12 de septiembre de 1973, siendo detective, fue designado como Oficial de enlace en la Escuela de Artillería de Linares y en una ocasión lo llamaron de la “Oficina de Inteligencia” y Aguilar le preguntó si conocía a Patricia Contreras, a quien ubicaba por ser amigo de su hermana, Elena".

"Contestó que sí y le ordenaron ir a Santiago porque aquella estaría involucrada en un ocultamiento de armas en Panimávida. Llegaron a una casa en calle Cienfuegos, en un jeep militar, a cargo del capitán Humberto Julio, iban además el sargento Aguilar y el detective Volta; la detuvieron y la llevaron a la Escuela Militar; al día siguiente, yendo de regreso, bajó del jeep y miró en el camión en que iba aquella y se encontró, además, con María Isabel Beltrán, quien fue detenida por los efectivos militares", añadió.

"Siempre estimó que María Isabel Beltrán era un objetivo de inteligencia militar como lo dijo por escrito el coronel Morales Retamal, quien señala que aquella pertenecía a una célula mirista, mantenía actividades extremistas en Parral y en la infiltración de personas en las Fuerzas Armadas, principal cargo por el cual fue detenida", aseguró Mery al tribunal.

Dictamen del magistrado por secuestro de Guillermo del Canto afectó a dos oficiales y un sargento del Ejército, todos retirados, además de un ex comisario de Investigaciones.

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz dictó su 15ª condena por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar desde que heredó parte de las causas que investigó el ex ministro de Juan Guzmán Tapia en contra de Augusto Pinochet.

Solís condenó al general (R) Gabriel del Río, al capitán (R) Claudio Lecaros Carrasco y al ex sargento Antonio Aguilar Barrientos, todos del Ejército, y al otrora comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo a 10 años y un día de presidio por el secuestro del militante del MIR Guillermo del Canto Ramírez, ocurrido en enero de 1974. En calidad de cómplice fue sentenciado a cinco años y un día de cárcel al ex detective Nelson Volta Rozas.

En mayo de 2006, el ministro en visita Víctor Montiglio Rezzio había favorecido al general (R) Del Río con la aplicación del decreto ley de Amnistía de 1978 por los crímenes de la denominada Caravana de la Muerte en la ciudad de San Javier, Región del Maule, por lo que ésta es la primera sentencia que afecta al militar que fue intendente en los primeros días del régimen.

En tanto, el resto de los condenados ya enfrentan sentecias a presidio remitido por las torturas que se desarrollaron al interior de la Escuela de Artillería de Linares entre 1973 y 1974, en causa que investigó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca Víctor Stenger Larenas.

Guillermo del Canto Ramírez tenía 30 años al momento de su detención y era secretario regional del MIR de Linares-Maule, por lo tanto integrante del Comité Central del partido de izquierda. Desde noviembre de 1973, era intensamente buscado por integrantes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la zona donde además era funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA).

Pese a la intensa búsqueda en la Región del Maule, Del Canto Ramírez había logrado salir hacia Santiago para refugiarse en la casa de unos primos ubicada en calle Santa Clara 560, La Cisterna, donde fue capturado en la madrugada del 2 de enero de 1974.

Los efectivos militares irrumpieron en la vivienda y se llevaron a Del Canto Ramírez y su esposa, Marianela Méndez Soto, para trasladarlo a la Escuela Militar y la Escuela de Artillería de Linares, desde donde se perdió el paradero del técnico agrícola.

El ministro Alejandro Solís es el juez que más condenas ha dictado en casos de violaciones a los derechos humanos desde que el 14 de octubre de 2002 la Corte Suprema decidiera dividir las más de 200 querellas que tramitó ex juez Juan Guzmán Tapia.

En aquella ocasión, se nombraron además de Solís a los ministros Jorge Zepeda Arancibia y Daniel Calvo Flores, quien luego fue reemplazado por Joaquín Billard Acuña, mientras que Guzmán se quedó sólo con los procesos denominados Caravana de la Muerte, Operación Colombo, Operación Cóndor I y II y Calle Conferencia, los que tramitó hasta su jubilación en marzo de 2005 sin dictar condenas.

La Corte Suprema absolvió a un militar retirado y permitió a otros 5 cumplir condena en libertad vigilada. 

La Corte Suprema absolvió a un militar retirado y permitió a otros 5 cumplir, en libertad vigilada, penas de entre 3 y 5 años de prisión como autores de la desaparición de 9 opositores durante la dictadura militar, informaron este jueves fuentes judiciales. 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos calificó el dictamen como una "aberración" y no descartan acudir a tribunales internacionales.

 27 años tenía Jorge Bernabé Yañez Olave ex trabajador de Celco en Constitución en 1973 cuando desapareció y su señora Juana María Soto, que aún vive en Linares, nunca más supo de él.

En aquel momento llevaban 6 años de matrimonio y un pequeño hijo. Ella asegura que hizo lo posible por conocer su paredero, y hoy recibe con tristreza el dictamen de la Corte Suprema que permitió que 5 militares involucrados en violación a los derechos humanos cumplan en libertad sus penas.

Una visión que es respaldada por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien no dudó en calificar el fallo como aberrante.

Entre los involucrados se encuentran el general en retiro Gabriel del Río Espinoza, el ex coronel Claudio Lecaros Carrasco, el general en retiro Juan Morales Salgado, el coronel en retiro Félix Cabezas Salazar, el suboficial en retiro Antonio Aguilar Barrientos y el general en retiro Humberto Julio Reyes.

Con este fallo definitivo, el alto tribunal ha dictado desde 2005 un total de 100 sentencias condenatorias y otras 12 absolutorias en casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet.

En este caso, la Corte Suprema rebajó las penas decretadas por el juez Alejandro Solís en una sentencia de 2008, en las que fijó 15 años y un día de prisión para cinco de los imputados, y 10 años y un día de prisión para el sexto ex militar encausado.

Juan Pablo Manss, abogado del suboficial en retiro Antonio Aguilar Barrientos, quien fue condenado a 5 años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada, valoró el dictamen.

Las víctimas del llamado proceso "Linares", al momento de su detención, tenían entre 19 y 26 años, vivían en las comunas de Linares y Constitución, y eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

Los dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, no descartaron recurrir al tribunal Internacional de dicha instancia, con el objetivo de denunciar el dictamen definitivo de la Corte Suprema por la desaparición de militantes y simpatizantes de izquierda durante el gobierno de Augusto Pinochet.
La vocera de dicha entidad, Juana Soto, indicó que “estamos muy decepcionados al conocer la resolución de la justicia y si bien destacamos el acucioso trabajo del ministro Solís, quien creemos que llegó al fondo de la investigación, no pensamos lo mismo de los jueces”.

Soto criticó duramente la posición del gobierno del Presidente Piñera, en el sentido de que “estamos en un gobierno de derecha y por lo mismo qué más podríamos esperar de un tema tan delicado como el de lo Derechos Humanos; por otro lado, hoy en día, si bien el Poder Judicial es independiente del Gobierno, con pitutos muchas veces se consiguen cosas, incluso hasta la impunidad”.

Por otra parte, la hija de María Isabel Beltrán, cuyo caso es uno de los más emblemáticos en el Maule sur; Tamara Callejas, “existe un sesgo de impunidad en estas decisiones, mi esperanza sigue viva de saber qué ocurrió realmente con mi madre, pero creo que así como hay gente que estoy segura ha colaborado en estas causas que investigó el ministro Solís, no puedo descartar que hay quienes no contaron todo lo que saben”.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal determinaron absolver a Gabriel Del Río Espinoza por su falta de responsabilidad; mientras que revolvieron 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestros y se les concedió el beneficio de la libertad vigilada para Juan Hernán Morales Salgado; Claudio Abdón Lecaros Carrasco; Antonio Aguilar Barrientos; Félix Renato Cabezas Salazar; y tres años de presidio con el beneficio de la remisión condicional a Humberto Lautaro Julio Reyes.

Hay que recordar que la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Alejandro Robinson Mella Flores, María Isabel Beltrán Sánchez y Héctor Hernán Contreras Cabrera, ocurridos a partir de septiembre y diciembre de 1973, en la ciudad de Linares. 

El jurista llegó a Linares para reunirse en la Plaza de Armas (frente al Monolito de los Detenidos Desaparecidos) con familiares de la estudiante (Sandra Lastra) y el enfermero (Isolina Martínez y Waldo Alfaro Martínez, actual candidato a alcalde por Linares).

El abogado querellante Roberto Celedón reafirmó hoy en Linares que Marcia Campos Lastra y Waldo Alfaro Retamal fueron asesinados.

El jurista llegó a Linares para reunirse en la Plaza de Armas (frente al Monolito de los Detenidos Desaparecidos) con familiares de la estudiante (Sandra Lastra) y el enfermero (Isolina Martínez y Waldo Alfaro Martínez, actual candidato a alcalde por Linares).

WALDO ALFARO RETAMAL

En cuanto a la muerte de Waldo Alfaro Retamal ocurrido en julio de 1974, en plena dictadura, el abogado Roberto Celedón indicó que existe un recurso de casación en la Corte Suprema dado que ellos no están de acuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca quien confirmó sentencia condenatoria en contra del suboficial del Ejército (r), Antonio Aguilar Barrientos, por detención ilegal en la Escuela de Artillería de Linares del primer enfermero universitario del país. “Nosotros estimamos con todos los antecedentes en nuestro poder, incluyendo informes secretos que se encontraron en la ex Colonia Dignidad que a don Waldo Alfaro Retamal lo mataron. Esperamos que la Corte Suprema vea el tema y quede establecido la diferencia entre ser detenido por no aceptar trabajar en turnos nocturnos y asesinado. Hay suficiente evidencia de aquello. No hay justicia. Esta impunidad nos hace daño”, comentó.

MARCIA CAMPOS LASTRA

Sobre el caso Marcia Campos el querellante en la causa expresó que “es lo mismo. Marcia Campos no tuvo justicia. Más poder tuvo la influencia, la manipulación de quienes tenían el deber de investigar y ser imparcial que lograr justicia y verdad. A nosotros no nos cabe duda de que hubo un homicidio y encubrimiento en la muerte de Marcia Campos. Hay pruebas contundentes de eso y, sin embargo, predominó la impunidad nuevamente en un asesinato en Linares, con pruebas claras de un homicidio".

FAMILIARES
Isolina Martínez viuda de Waldo Alfaro Retamal señaló que “yo tengo muy claro cómo fueron las cosas pero necesitamos verdad. Necesitamos justicia”.

Por su parte el postulante a alcalde por Linares, Waldo Alfaro Martínez señaló que “lo que tenemos que trabajar y el compromiso que asumimos es la búsqueda de la verdad. Debemos trabajar desde la justicia, después el perdón y reconciliación. Todavía después de 50 años seguimos buscando verdad sobre qué pasó con nuestro padre. Nosotros creemos que él fue asesinado y queremos que exista justicia”.

Finalmente Sandra Lastra, tía de Marcia Campos, afirmó que “nosotros hemos dado una lucha por años (17 en concreto) buscando verdad y justicia. Lamentablemente hoy tenemos un caso sobreseído e impune. Esto no puede seguir pasando en Chile. Marcia no se suicidó a Marcia la mataron”, acotó.

Vistos: En los autos Rol N° 125421-2020 de esta Corte Suprema, el Ministro de Fuero don Hernán González García por sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte condenó a Antonio Aguilar Barrientos a la pena de 541 días de reclusión menor en su grado medio y accesorias legales como autor del delito de detención ilegal y arbitraria de Waldo César Alfaro Retamal perpetrado en julio de 1974, y al pago de las costas de la causa. La pena corporal fue remitida.

Desangrado
En primera instancia, el ministro en visita Hernán González García dio por establecidos los siguientes hechos:
“a). Waldo César Alfaro Retamal, enfermero que se desempeñaba en el Hospital Base de Linares, fue detenido en esa ciudad el 6 de julio de 1974 y trasladado desde su domicilio hasta la Escuela de Artillería de Linares. 
b). Habiendo sido dejado en libertad, fue nuevamente detenido, el 10 del mismo mes y año, siendo reingresado a ese lugar. 
c). Allí, en la Escuela de Artillería de Linares, falleció el 11 de julio de 1974, a consecuencia de una anemia aguda secundaria, herida cortante del muslo izquierdo complicado. 
d). Tales detenciones fueron motivadas por un problema que se produjo en el Hospital antes señalado, en virtud del cual se atribuía a la víctima la sustracción de material quirúrgico, medicamentos y otras especies y al hecho de haberse negado a concurrir a un turno. 
e). Las detenciones fueron ejecutadas por agentes del Estado (militares) en una época de excepción constitucional (estado de sitio/estado o tiempo de guerra interna), a instancias del director de ese establecimiento de salud, oficial de Ejército a la sazón”.

En el aspecto penal, en la causa se dictó el sobreseimiento definitivo al fallecer el único militar condenado.