Casa del Deportista, Punta Arenas

El antguo edifcio de la Casa del Deportista fue utilizado como centro de detencion y tortura. Este lugar estaba ubicado en calle O’Higgins Nº 1026 (actualmente la numeración corresponde a Calle O’Higgins N°1235) en los terrenos inmediatos al Gimnasio Cubierto de Punta Arenas, junto al mar.

Este era un edificio de un piso construido durante en el gobierno de la Unidad Popular en 1972 para incentivar las actividades deportivas en la zona. Era un edificio amplio de un piso que contaba con salas de reuniones, dormitorios, cocina y comedor. Por su ubicación junto al mar y la cercanía a las instalaciones de la Armada, alejado de sectores residenciales, se uso continuamente como centro de interrogación y torturas. En este centro sufrieron las interrogaciones centenares de detenidos.

La mayoría de los casos se registraron en 1973.  Luego del 11 de septiembre se usó como centro de interrogatorios y torturas para prisioneros, hombres y mujeres, que eran traídos desde otros centros de detención en la región, tales como los regimientos y la cárcel. 

Los presos politicos eran sometidos a golpizas, aplicación de electricidad, posiciones forzadas, el teléfono, inyecciones de pentotal; fueron obligados a permanecer desnudos, además de recibir amenazas y presión psicológica constante.

Fuentes de Información Consultadas: www.dawson2000.com; Informe Valech; Memoriaviva;

Académicos pertenecientes a las Cátedras de Derechos Humanos y Amanda Labarca, ambas dependientes de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, realizaron una serie de talleres, charlas, conversatorios y recorridos por sitios de memoria que los conectaron con la realidad local y tendieron lazos para un trabajo conjunto de largo plazo con las organizaciones magallánicas.

En Magallanes, presente y pasado se unen alrededor de una problemática que pese a los esfuerzos institucionales y ciudadanos, aún no logra ser solucionada. A una memoria histórica a la que le pesa el exterminio casi absoluto de los Kawésqar, el pueblo indígena característico de la Patagonia Occidental, se suman pasajes tan oscuros como la detención, en diversos puntos de la región, de más de dos mil personas durante la dictadura y la actual violencia hacia las mujeres que cada cierto tiempo copa los titulares de la prensa.

Precisamente pensando en estas violaciones históricas y actuales a los derechos humanos fue que la Universidad de Chile, en alianza con el Consejo Regional de la Cultura de Magallanes y la Universidad de Magallanes, planificó la Escuela de Temporada 2016 “Diálogos entre territorios, ciudadanía y derechos humanos”, que busca ser un aporte a la reflexión sobre el impacto que estos temas tienen sobre la vida de las personas en la región.

Si bien la Escuela abarca temas tan diversos como la biomedicina, las matemáticas y la gestión cultural, destacó el nutrido calendario de actividades relacionadas con el respeto a la dignidad de las personas, que estuvo a cargo de las Cátedras de Derechos Humanos y Amanda Labarca, que ejercen funciones desde 2015 y que dependen de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. A este programa también contribuyó el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Director del Departamento de Estudios Pedagógicos, Ernesto Águila, quien dictó el taller “Ética y pedagogía de la memoria” y el diálogo “En busca de la política: conceptos y estrategias para una formación en ciudadanía en la escuela”.

Según Manuel Guerrero, miembro de la Cátedra de Derechos Humanos que estuvo a cargo del encuentro “Derechos humanos, bioética y construcción de ciudadanía: de Dawson a Pisagua”, realizar este tipo de actividades es una responsabilidad para la Universidad de Chile. “Al asumir una identidad de universidad pública, estatal, nos hacemos parte del compromiso de reparación y memoria y de no repetición de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la no repetición así como fomentar la memoria sobre los hechos ocurridos para generar una cultura de paz, de convivencia democrática real sobre fundamentos sólidos, que implica que tenemos consensos básicos respecto a los derechos humanos en nuestra sociedad”, señaló el académico de la Facultad de Medicina.

Respecto a la concepción amplia de derechos humanos que se trabajó, que busca discutir el tema más allá de los límites temporales de la dictadura, el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, quien dictó junto a la directora del Departamento de Posgrado y Postítulo de la Universidad de Chile, Alicia Salomone, el taller “Derechos Humanos de sur a norte, una huella del pasado, presente y futuro”, explicó que "estos temas de memoria y derechos humanos merecen una mirada compleja, una mirada de distintos elementos, y por lo tanto es importante que distintos actores aporten en este debate, es decir, se informen de cuáles son las discusiones que hoy día se están planteando en estos temas y puedan ir generando diálogos más informados en estas materias".

La misma impresión comparte la directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, de la que depende la Cátedra Amanda Labarca, Carmen Andrade, quien enfatizó que la violencia hacia las mujeres es un problema de derechos humanos que debe ser trabajado por toda la sociedad. “Sobre todo, lo que se hace en este taller es generar conciencia de que este es un problema en el que todos tenemos que intervenir, que aquí tienen un rol las policías, el Ministerio Público, los jueces, en fin, pero que también nosotros como sociedad podemos detectar, denunciar, prevenir. Hay muchas cosas que están en manos de la sociedad civil y que si actuamos en conjunto podemos al menos disminuir los tremendos índices de violencia”, señaló Andrade sobre el alcance de su taller “Violencia de género y derechos humanos”.

Y esa mirada de futuro debe asegurarse. Así lo cree el académico Ernesto Águila, “profundamente magallánico”, según su propia definición, quien cree que el debate sobre el valor de los derechos humanos debe estar presente en la futura Constitución. “Efectivamente se debe construir el tema constitucional sobre la base de nuestra propia experiencia, nuestra memoria. Sobre todo en derechos humanos, que es un aspecto muy importante que debe quedar plasmado en distintos espacios de la Constitución y también dentro de los fines de la educación chilena; la educación en ciudadanía y derechos humanos”, explicó.

Todas estas iniciativas fueron muy bien recibidas por la comunidad magallánica, como lo demuestran las palabras de Claudia Eterovic, académica de la UMAG, hija de ex preso político y miembro de la agrupación Hij@s y niet@s por la Memoria. "Para nosotros es importante resaltar que en esta Escuela de Temporada se hayan considerado en su título y en sus temáticas los derechos humanos. Pasa que también desde la Universidad de Chile vienen a presentarnos su mirada más académica del tema y nos van a nutrir y oxigenar de la temática, porque también estar lejos del centro de mayor desarrollo en el tema no nos permite esta oxigenación".

Visionados y recorridos de memoria

Dos actividades del programa de derechos humanos que fueron particularmente bien acogidas por los asistentes fueron la proyección en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales de la película “El Botón de Nácar” de Patricio Guzmán, a la que en cada caso siguió un foro de conversación guiado por el académico Manuel Guerrero, y un recorrido por los centros de memoria de Punta Arenas planificado por la agrupación Hij@s y niet@s por la Memoria.

Sobre la exitosa exhibición del documental de Guzmán, el académico Manuel Guerrero destacó que ella logra actualizar la temática de los derechos humanos, ya que “nos permite abordar la historia reciente de Chile, pero relacionada con otras aniquilaciones masivas de personas, como fue el exterminio de las comunidades indígenas como los Kawesqar”.

En tanto, el recorrido realizado por centros de detención y tortura como el Estadio Fiscal de Punta Arenas, el embarcadero de pontones de Asmar, el antiguo Hospital Naval “Palacio de las sonrisas”, la cárcel de Punta Arenas, la Casa del Deportista y un inmueble ubicado en la calle 21 de mayo 1443, permitió una conversación profunda entre los académicos y los representantes de distintas agrupaciones de derechos humanos que de tránsito en cada uno de los lugares para recoger el testimonio de las personas que estuvieron detenidas en ellos.

El médico cardiólogo Guillermo Araneda Vidal fue sometido a proceso ayer, en el marco de la querella que investiga la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto.

La acción, que busca responsabilidades penales, fue presentada el 21 de diciembre de 2015 por 16 mujeres, todas ex presas políticas.

Una de estas víctimas es Rosa María Lizama Barrientos, y su denuncia es la que llevó a la ministra Pinto a dictar el auto procesamiento del doctor Araneda como encubridor de los delitos de “detención ilegal, secuestro calificado y abusos deshonestos”. Y también fue procesado como cómplice del delito de “aplicación de tormentos”.

El abogado defensor del procesado, Guillermo Ibacache Carrasco, concurrió ayer en la tarde, pasadas las 18,30 horas, hasta el Palacio de la Corte de Apelaciones, en calle José Nogueira, a notificarse del auto de procesamiento de su representado, donde fue recibido por el secretario Mauricio Recabarren Fernández.

Junto con ser encausado judicialmente, sobre la marcha la ministra sumariante le concedió a Araneda la excarcelación, previo pago de una fianza de 500 mil pesos.

La figura del “auto procesamiento” viene del sistema judicial antiguo. Esto significa que existe un delito y que el juez tiene presunciones fundadas para estimar que la persona sometida a proceso tuvo participación en lo que se le imputa. Puede ser como autor, cómplice o encubridor.

Ahora viene la etapa en que Guillermo Araneda, que pasó de inculpado a procesado, podrá defenderse durante la tramitación de la causa. Incluso puede hacer uso del derecho de apelación del encausamiento ante Corte de Punta Arenas. Y es lo más seguro que lo haga su abogado dentro del plazo legal.

Dentro de la presunción de inocencia que le asiste a toda persona, Araneda tiene ahora todo el derecho a defenderse.

El nombre del médico ha sido mencionado en publicaciones de organismos ligados a la defensa de los Derechos Humanos, donde lo sindican como médico que asistía los procesos de tortura de los presos políticos en Punta Arenas.

Querella

La querella criminal, que busca responsabilidades penales, la presentaron 16 mujeres, todas ex presas políticas, el 21 de diciembre de 2015, por los delitos de “secuestro, sustracción de menores, abusos deshonestos en concurso ideal con el crimen de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; privación ilegítima de libertad y asociación ilícita”. Una de las tantas personas mencionadas en la presentación legal es el médico cardiólogo.

Víctima Rosa Lizama

Una de las víctimas es la profesora Rosa María Lizama Barrientos, que sufrió detención ilegal o secuestro, asociación ilícita, privación ilegítima de libertad y aplicación de tormentos.

Es su denuncia la que llevó a la ministra Pinto a procesar al doctor Araneda. Por lo mismo no se descartan otros procesamientos en los próximos días, dada la cantidad de mujeres querellantes.

Rosa Lizama fue detenida en 1973 por agentes del Estado en el liceo donde estudiaba. Los soldados ingresaron premunidos de metralletas provocando intimidación con su actuar. Ella tenía 16 años de edad y cursaba tercero medio. Era dirigente estudiantil y militante del Partido Socialista.

El 26 de octubre de 1973 dos hombres de la Fuerza Aérea la sacaron del liceo y la subieron a una camioneta. Fue interrogada, sufrió golpes, perdió la conciencia y despertó desnuda.

Fue llevada al Regimiento de Ojo Bueno, recinto del que la sacaban algunas noches para llevarla al edificio de Avenida Colón, donde la torturaban e interrogaban. Producto de esto sufrió taquicardia y perdió el conocimiento.

Estuvo varias noches en el estadio Fiscal; en el Regimiento Pudeto; en Río los Ciervos; y en la Casa del Deportista, todos lugares donde fue interrogada.

Posteriormente fue sometida al Consejo de Guerra, lo cual describe como “su juicio”, siendo condenada a 4 años de presidio, incomunicada hasta el mes de enero de 1974, oportunidad en donde producto de una explosión fue trasladada a la cárcel de mujeres, aceptando más tarde una pena conmutada por extrañamiento, en octubre de 1974, regresando a su casa con arresto domiciliario.

Finalmente le acogieron un indulto, debiendo firmar en el patronato de reos durante 4 años.

Producto de los sufrimientos y torturas ha padecido dolores físicos por 27 años, pesadillas, depresión y problemas para dormir.