Comisaría de Carabineros, Coyhaique

La Comisaría de Carabineros, Coyhaique fue utilizada principalmente en el mes de septiembre del año 1973, y en los años siguientes las detenciones fueron aisladas. En el año 1973 esta comisaría fue el primer punto de detención en la ciudad de Coyhaique. Desde aquí llevaban a los prisioneros al Regimiento y desde allí a la Cárcel de Coyhaique o al Campo Las Bandurrias. Los encerraban en calabozos, incomunicados; algunos denunciaron que fueron rapados con tijeras para caballos.Los presos politicos denunciaron que fueron amenazados, sufrieron golpes, fueron obligados a desnudarse para luego mojarlos y quedar expuestos a las bajas temperaturas.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech;

Coyhaique-. En el contexto de las actividades para recordar y pedir verdad y justicia para las víctimas de la represión de la Dictadura Militar, distintas agrupaciones de Derechos Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, y organizaciones sociales, desarrollaron una actividad para visibilizar la práctica de apremios ilegítimos, tortura, asesinatos y desaparición de personas en Aysén.

Siluetas de Detenidos Desaparecidos y Victimas recorrieron el centro de Coyhaique, para culminar con la instalación de un cartel con la leyenda “Cuartel de Policía de Investigaciones, Lugar de Detención y Tortura”, fue instalado en el inmueble de la PDI donde operaron organismo de represión durante los años 1973 y 1990.

El Cuartel de Investigaciones de Coyhaique, ubicado en Baquedano con Condell, es consignado por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura como uno de los doce recintos respecto de los cuales se recibió un número significativo de testimonios de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura en la Región de Aysén.

Este recinto funcionó, a partir de 1973 y hasta la década de los ochenta, como Centro de detención por el que pasaron numerosas personas de la región para ser interrogadas y/o en tránsito hacia otros lugares de detención como la Cárcel de Coyhaique, Regimiento N°14 Aysén y Campo de Prisioneros Políticos de las Bandurrias.

Si bien en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de la Comisión Valech, en su recopilación se identificaron 22 recintos de detención en Aysén, son 12 los recintos respecto de los cuales se recibió un número significativo de testimonios: Campamento de Prisioneros de Las Bandurrias, Cárcel de Aysén y de Coyhaique, casa habitación de la CNI en Obispo Michelato con Carrera, Comisarías de Carabineros de Chile Chico, Coyhaique, Puerto Aguirre y Puerto Aysén, Cuartel de Investigaciones de Coyhaique, Regimiento Reforzado N° 14, Aysén, Retén de Carabineros Raúl Marín Balmaceda, y Retén de Carabineros de Puerto Cisnes.

Durante los días posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la región de Aysén se convirtió en un foco de violencia. Como en todo el país, muchas familias fueron víctimas de atropellos a sus derechos humanos. El retorno de la democracia permitió buscar los canales para hacer justicia a estas víctimas. Pero no siempre ha sido así. Tres muertes ocurridas en la comisaría de Puerto Aysén lo demuestran. Se trata de los casos del exregidor Erwin Altamirano, asesinado el 12 de octubre de 1973; y el carpintero Julio Antonio Cárcamo y el obrero y boxeador Sergio Alvarado, fallecidos el 2 de octubre del mismo año.

Una investigación periodística de esos hechos permite ahora conocer algunos detalles inéditos que hablan, incluso, de una primigenia célula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), conformada por militares y un coronel de Carabineros de la zona, la cual estuvo al mando de las ejecuciones y crímenes cometidos ahí. Sin embargo, la investigación judicial dice lo contrario y culpa a Aquiles Vergara, padre de la conductora de televisión Ivette Vergara -y miembro del Ejército en la zona-, de todos los crímenes cometidos.

El magistrado a cargo de estos juicios, Luis Sepúlveda Coronado, reconoce las limitaciones de la investigación judicial y plantea que “muchas veces cometemos errores”. Pero agrega que esta investigación “ya está hecha”.

Como sea, los miembros de la DINA que comenzaron a trabajar conjuntamente en la zona habrían sido el coronel de Ejército, Humberto Gordon, quien en esos años estaba al mando de Aysén; el capitán de Ejército, Joaquín Molina, recordado en el lugar como “capitán veneno” y responsable de la comisaría y cárcel de Aysén y luego del regimiento Las Bandurrias; y el prefecto de Carabineros de Aysén, de apellido Ducasseuax.

¿Quién mató al exregidor Altamirano?

Erwin Altamirano Monje fue regidor de la zona de Puerto Cisnes y Puyuhuapi hasta el 11 de septiembre de 1973. Socialista de militancia, Altamirano fue detenido junto con diez personas de La Junta y Puerto Cisnes y trasladado hasta la comisaría de Puerto Aysén, donde permaneció detenido hasta el día de su muerte, el 12 de octubre de 1973.

El parte oficial señala que Altamirano estaba siendo trasladado al regimiento de Las Bandurrias en Coyhaique cuando solicitó detener la comitiva para ir al baño, intentando posteriormente escapar, razón por la cual se le aplicó Ley de Fuga y fue acribillado por una patrulla dirigida por el mayor de Carabineros, Sergio Ríos Letelier.

Sin embargo, el relato que ha sido recreado en las voces de sus protagonistas y familiares da cuenta de otra historia. Uno de ellos es el de Froilán Granadino, obrero militante del Partido Comunista (PC) y que fue detenido en Puerto Cisnes junto a Altamirano.
“Nos llevaron en barcaza hasta Puerto Chacabuco para luego enviarnos por tierra hasta Aysén. Cuando la barcaza llegó hasta el puerto nos esperaba una patrulla policial con algunos milicos”, rememora Granadino. “Ahí nos pusieron en filita y pasaba el teniente Rojas preguntando el nombre de cada uno. Yo lo conocí al tiro porque estuvo muchos años asignado a Puerto Cisnes y ahí nos conocíamos todos. Cuando llegó hasta Erwin, le pegó una patada que lo tiró al suelo y le dijo: ‘de esta no te salvas. De aquí no sales vivo’”.

La hermana del regidor, María Altamirano, recuerda algo similar respecto al teniente Rojas.

“A mi hermano lo mataron los pacos”, dice María. “Eso lo sé muy bien porque me lo dijeron varios detenidos. Además, era lógico creerlo porque siendo el presidente de la junta de vecinos denunció los abusos, malas prácticas e incluso los robos que cometían algunos pacos. Especialmente uno de apellido Rojas, quien luego fue transferido de Puerto Cisnes producto de la queja de mi hermano. Cuando Erwin fue detenido me enteré que Rojas estaba en Aysén, en la comisaría. Ahí supimos que se la cobraría”.

La denuncia a la que se refiere María Altamirano incluía algunos robos de especies de contrabando que llegaban a Puyuhuapi y que la patrulla comandada por el teniente de Carabineros, Miguel Ángel Rojas, se encargaba de fiscalizar permitiendo que prosiguiera su marcha sólo después de dejar una importante cantidad de especies en manos de los policías.

Juvenal Nieto, esposo de María, recuerda que cuando su cuñado estaba detenido en Puerto Cisnes la guardia de la tenencia recibió una llamada por radio. “Yo venía a preguntar por él y le llevaba algo de comida y frazadas cuando me dejaron en la guardia esperando y sonó la radio. Era Rojas, lo supe cuando lo saludó el carabinero de la guardia. Rojas preguntó por el ‘pez gordo’ y les dijo que lo cuidaran bien”, cuenta Juvenal.

Cecilia Altamirano, otra de las hermanas de Erwin, agrega que ellos siempre supieron que su hermano falleció en la comisaría, pues fue un doctor de apellido Zenteno, jefe en el Hospital de Aysén, quien le hizo la autopsia. Según Cecilia, él les contó que pudo ver a su hermano en la comisaría de Aysén ya fallecido y luego le dijo lo que realmente había sucedido. “Mi hermano murió producto de las torturas, botado en el calabozo”, dice Cecilia.

Luis Adasme, otro de los detenidos de Puerto Cisnes, recuerda que cuando llegó a la comisaría el teniente Rojas se portó bien con él, pues lo reconoció. “Pero con Altamirano y otros dos, Alvarado y Cárcamo, no. Los maltrataba mucho”, señala Adasme.
El magistrado Luis Sepúlveda Coronado ha planteado en su investigación que Aquiles Vergara dio la orden de traslado y fusilamiento por Ley de Fuga de Altamirano. Pero testigos y familiares del exregidor rebaten aquello y señalan que no fue trasladado vivo, que ya estaba muerto.

De hecho, Vergara había pedido la baja meses antes al propio Gordon, quien amenazó con someterlo a un consejo de guerra por incumplimiento de deberes al solicitar dejar la guardia para ir en atención de su mujer, quien se encontraba enferma. Debido a lo anterior, su superior, el comandante Gastón Frez, lo asignó en labores de vigilancia en la comisaría de Aysén para salvarlo de esa situación, tal como consta en el expediente del caso donde además se señala que había sido forzado a seguir en la institución, razón por la cual no se encontraba en condiciones de ejercer una jefatura de confianza.

Luis Adasme, el único de los detenidos de Puerto Cisnes cercano al teniente Rojas, y el único que reconoce directamente a Vergara, confiesa que él supo que “estaba ese señor Vergara, porque me dijo Miguel Ángel (Rojas) que él estaba a cargo en Coyhaique y que estaba pidiendo que me llevaran para allá, pero que él (Rojas) me estaba defendiendo para no llevarme”.

Granadino, el obrero del PC que fue detenido junto a Altamirano, asegura que los que “mataron a Erwin fueron el teniente Rojas y otros pacos. Él estaba a la cabeza en esos días y tenía 15 milicos rasos. Pero él daba las órdenes. No había ningún milico dando órdenes. El que mandaba era un juez de guerra, un coronel de nombre Ducasseaux. Porque según ellos, estaban en guerra”.

Otra testigo de esos hechos, Yolanda Silva, entrega más detalles: “En esa época yo trabajaba recibiendo unos carabineros en mi casa, como pensión. Y además le lavaba la ropa a varios de ellos. Por eso pude saber qué pasaba con Erwin, porque era mi amigo igual que toda su familia. Ellos me contaron que lo habían matado, fue un paco de apellido Retamal. Incluso, una vez le mostré al carabinero a María Altamirano, porque nos lo cruzamos en la calle con él y le dije, ´ahí va el asesino de tu hermano´”.

En su declaración jurada, el comandante Sergio Ríos Letelier, actualmente fallecido, dijo que cuando le fue comunicada la detención de Altamirano, “ordené su traslado a la segunda comisaría de Puerto Aysén en calidad de prisionero, dando cuenta de inmediato a mi superior jerárquico -Ducasseaux- quien ordenó que se constituyera una corte marcial para juzgarlo”.

Lo anterior se repite en el testimonio de Granadino: “Cuando nos detuvieron nos hicieron pasar por una corte marcial que estaba a cargo de este Ducasseaux y él decidía quién se quedaba y quién se iba libre o pasaba al patio de los callados. Yo pasé por ahí y estaban Rojas, Ríos y Ducasseaux. Dejaron libres a algunos detenidos, pero a mí me mantuvieron en la comisaría”.

Cabe destacar que en las declaraciones que el Mayor Ríos realizó para la investigación de este caso, también señaló que además de obedecer órdenes de Ducasseaux, en los días posteriores al golpe lo hizo también del coronel de Ejército, Humberto Gordon.

Los testimonios recopilados hablan de la muerte de Altamirano en manos de carabineros, a través de una corte marcial dirigida también por un carabinero, al cual se le ha sindicado como miembro de la DINA. ¿Por qué, entonces, el magistrado Sepúlveda Coronado no investigó estos hechos y culpó a un capitán de Ejército degradado que nadie sitúa en el lugar, salvo algunos policías y militares procesados y condenados?

Consultado respecto de esta investigación, el juez Luis Sepúlveda Coronado señala que al no estar a disposición suya toda la evidencia ni testimonios, muchas veces “los magistrados buscan culpables y no aciertan en sus investigaciones por falta de elementos”. Sin embargo, reconoce que lo motiva un deseo de justicia y verdad: “Qué más quisiera yo que todo estuviera esclarecido. Pero no se puede. He hecho hasta lo imposible por buscar la verdad”.

Sobre el teniente Rojas, acusado por testigos de ser el autor material e intelectual de la muerte del regidor Altamirano, el magistrado señala que quiso “incluirlo en la nómina de culpables, pero la Corte de Apelaciones de Coyhaique decidió sacarlo del caso por falta de pruebas”.

El boxeador Alvarado y el carpintero Cárcamo

La causa por la muerte de Sergio Alvarado y Julio Cárcamo indica que ambos trabajadores se encontraban en evidente estado de ebriedad en un local de Puerto Aysén, cuando se toparon con un carabinero que le debía dinero a Cárcamo por un trabajo que éste hizo y no se le canceló. Entonces, lo increparon, lo trataron de ladrón y lo amenazaron.

El carabinero llegó a relatar los hechos a la comisaría señalando que lo habían amenazado de muerte, razón por la cual se les ordenó a los militares de la comisaría detener a Alvarado y Cárcamo en sus casas. Horas después la patrulla volvió con los detenidos. Fueron torturados, golpeados y posteriormente asesinados en dependencias de la comisaría.

Froilan Granadino estuvo detenido en un calabozo junto a la guardia de la comisaría y señala que Alvarado no murió baleado como se dice. “Cachorro Alvarado murió a golpes en la guardia, yo lo sé porque estaba en el calabozo de al lado y se escuchaba todo”, dice Granadino. “Le pegaron mucho rato. Cuando lo mataron a patadas y golpes, Rojas le dijo a los pacos que fueran a buscar la carretilla y el plástico para envolverlo. Así, de esa forma”.

También recuerda que escuchó de “Rojas decir que formaran el pelotón y un rato después le escuché decir ‘apunten bien’. A Cárcamo lo balearon en el patio ratito después. Se escucharon muchas ráfagas de armas y horas después supimos que era Cárcamo”.

Dicha información no fue considerada por el juez Sepúlveda Coronado al momento de dictar sentencia por ambas causas. El relato además es coincidente con la declaración del suboficial Mayor de Carabineros, José González Mejías, procesado y condenado por la muerte de Julio Cárcamo. Su testimonio fue sacado del expediente del caso de Alvarado, a pesar que ambos asesinatos ocurrieron en la misma noche y en el mismo lugar.

La suma de testimonios y relatos de los hechos dan cuenta que la comisaría de Puerto Aysén no estaba al mando de un capitán de Ejército. Es más, el comandante de Carabineros, Alberto Pradel Arce, tercero al mando en Puerto Aysén en los meses del golpe de Estado, señaló en su declaración que “la subrogación de Ríos, cuando estaba en servicio fuera de la comisaría, no pudo haberla tenido un capitán de Ejército, existiendo oficiales de Carabineros”.

Además, existe un documento de la Dirección General de Carabineros que da cuenta que la comisaria estaba con dotación completa en la fecha de las muertes y que el comisario subrogante era el capitán Fuentes Llagostera y el comisario accidental era el teniente Miguel Ángel Rojas.

Sin embargo, uno de los testigos citado en los fallos de ambos asesinatos, el suboficial de Ejército, Ricardo Albarrán, señala que el capitán de Ejército, Aquiles Vergara, estaba en la guardia ese día, al igual que el prefecto Ducasseaux, y que fue Vergara quien disparó en la cabeza de Alvarado. Este testimonio fue clave para el juez Sepúlveda Coronado, pese a que Albarrán dijo que producto de una meningitis tiene problemas de memoria y que el informe del Servicio Médico Legal (SML) no establece que haya herida de proyectil en el cráneo.

Los argumentos citados para que el magistrado señalara a Vergara como el capitán asesino son los escudriñados en la declaración de Albarrán y de dos militares de apellido González, quienes habrían recibido la orden de este capitán para detener a los asesinados y a quien, posteriormente, le fueron entregados con vida en la comisaría.

Al revisar la declaración de González Mancilla aparece un dato no menor. El militar señala que estuvo “en la comisaría de Aysén junto a ocho o diez soldados que obedecíamos órdenes de un capitán, un oficial que usaba una boina negra, lentes y tenía bigotes, era de apellido Molina junto a otros militares que eran paracaidistas o comandos”.

Dicha declaración González Mancilla la volvió a reafirmar dos años después, al ser nuevamente interrogado. Pero rectificó el apellido del “capitán boina negra” por el de Vergara. Sin embargo, Vergara no era boina negra, ni usaba lentes ni tenía bigotes, según consta en las fotografías de la época. Quien sí era boina negra, tenía lentes y usaba bigotes y ha sido señalado como el que daba órdenes no sólo en la comisaría, sino también en la cárcel de Aysén, es el capitán Joaquín Molina, miembro de la DINA y muerto años después a manos de Manuel Contreras Valdebenito, el Mamo.

En su primera declaración, además, los militares de apellido González no recuerdan el nombre del capitán y sólo lo hacen en la segunda declaración luego de que el secretario de la corte les mencionó el nombre de Vergara.

Joaquín Molina, en tanto, estuvo a cargo en los primeros días después del golpe de Estado de Aysén, tanto de la comisaría como de la cárcel, cargo que le entregó su superior directo, también DINA, Humberto Gordon. En el caso de la comisaría, esta función era compartida con el prefecto Ducasseaux.

Así lo recuerdan muchos detenidos. Uno de ellos, Zenón Navarrete, cuenta: “Era un asesino despiadado, nosotros lo llamábamos el capitán veneno porque llegaba a la cárcel dando órdenes, sacaban a los detenidos que él pedía y luego ellos llegaban destrozados. Les ponía corriente, los golpeaba, maltrataba, pisaba, humillaba, amenazaba a sus familias. Los colgaba y torturaba y luego los devolvía a los calabozos y ellos contaban todo. Le tenían miedo hasta los mismos milicos. Él decidía todo”.

En los primeros días de junio de este año, Sepúlveda citó a declarar a la hermana y cuñados de Altamirano para recabar nuevos antecedentes sobre la muerte del exregidor. De acuerdo al relato de los familiares, en la cita sucedieron situaciones muy desagradables, ya que el magistrado golpeó la mesa frente a María Altamirano critícándola por no saber que su hermano estuvo unos días libres antes de ser asesinado, algo que no coincide en absoluto con los datos entregados por la policía ni por los testigos presenciales.

“El señor me quiso intimidar, pero yo no me intimido. Fue irrespetuoso y además me retaba diciendo que cómo no sé lo que le pasó a mi hermano. Me sentí como delincuente”, explica María, quien redactó con ayuda de unos amigos un escrito que será presentado en la Corte Suprema para oficializar la queja contra el juez.

La defensa del capitán Vergara comenta que en un careo entre Granadino y el teniente Rojas, el juez Sepúlveda les dijo que él conocía a Rojas y a su hermano y que eran gente decente, no asesinos.

por Laura Landaeta