Regimiento de Infantería Nº 12 “Sangra”

 Este recinto militar, hoy un centro comercial privado (desde el año 2003). funcionó como lugar de detención de presos políticos y en septiembre del año 1973 concentró la mayor cantidad de detenidos. En el Regimiento de Infantería No 12 “Sangra” permanecían con los ojos vendados, amarrados e incomunicados. Los declarantes denunciaron que fueron encerrados en condiciones de hacinamiento en calabozos, desde donde eran sacados a distintas horas, especialmente de noche, para ser sometidos a interrogatorios y torturas. Muchos de los prisioneros fueron trasladados posteriormente al Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt o a Comisarías de esta ciudad. Los ex presos políticos que estuvieron en ese lugar afirmaron haber sufrido golpes, simulacro de fusilamiento, quemaduras de cigarrillos, fueron pisoteados, sufrieron vejaciones sexuales, colgamientos, submarino en aguas con excrementos, amenazas, haber sido obligados a presenciar las torturas infligidas a otros prisioneros.

Criminales y Cómplices:

Ejercito: Rubén Rojas Román (Comandante Regimiento "Sangra"); Capitán Covarrubias (Regimiento de Infantería de Puerto Montt);

Civil: Sebastián Faúndez (Regimiento de Infantería de Puerto Montt);

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech; CODEPU; Archivo Memoriaviva;

Comisión Valech dio cuenta de 131 centros de detención, siendo uno de los más importantes en Puerto Montt, el cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile.

Irma Alvarado, presidenta de la Agrupación de Ex-presos políticos de Llanquihue. Dos mil 720 personas detenidas por razones políticas o torturadas hubo en los 131 centro de detención que funcionaron con posterioridad a 1973, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura que fue dado a conocer por el Presidente Ricardo Lagos. Sin embargo, más allá de las cifras, que ubican a la Región de Los Lagos como la cuarta a nivel nacional con más casos, totalizando el 8.19%, está el drama humano del que dio cuenta el documento, el que relata las prácticas de tortura que se realizaron en esta zona. De acuerdo al documento, entre los tormentos más generalizadas que fueron aplicadas a los prisioneros se encuentran el submarino mojado, aplicación de electricidad, ausencia de alimentación, simulacros de fusilamientos, amenazas de ser arrojados al mar y vejaciones sexuales. El informe establece la existencia de 16 centros de detención en la provincia de Llanquihue. Se trata de la Base Naval, el Aeródromo El Tepual, Base Aérea La Chamiza, cuarteles de Investigaciones de Puerto Varas y Puerto Montt, Cárcel de Chin Chín, Gobernación (Fiscalía Militar), Comisarías de Puerto Montt, Puerto Varas y Llanquihue, Retenes Angelmó, Crucero, Los Muermos, Pichi Pelluco, además de la Tenencia de Fresia y el Regimiento Sangra.

CENTROS De acuerdo a la investigación, el Regimiento "Sangra", en esa época ubicado en calle Ejército concentró la mayor cantidad de detenidos en 1973. En este lugar, los prisioneros permanecieron "con los ojos vendados, amarrados e incomunicados". Los declarantes aseguran que fueron hacinados en calabozos, desde donde eran sacados a distintas horas, para ser sometidos a interrogatorios y torturas. Los ex presos afirman haber recibido golpes, sufrir simulacros de fusilamientos, quemaduras de cigarrillos, vejaciones sexuales, colgamientos y el "submarino" mojado.

La actual Segunda Comisaría de Puerto Montt, de acuerdo a los denunciantes, habría sido utilizada para realizar interrogatorios por personal de la Central Nacional de Informaciones, durante la década de los ochenta. Además se usó como centro de detención de tránsito.

Algunos detenidos en Chaitén denunciaron haber sido trasladados hasta Chiloé en aviones, con la amenaza de ser arrojados al vacío. Algunas de las torturas más violentas, de acuerdos a los ex-presos, fueron practicadas en la Tenencia de Fresia. Según los testimonios, allí recibieron golpes, simulacros de fusilamiento y extracción de uñas. Sin embargo, la mayor cantidad de detenidos fue conducida al cuartel de la Policía de Investigaciones en Puerto Montt. Los testimonios recogidos de las personas que estuvieron allí dan cuenta de la aplicación de torturas en una celda conocida como "Patilla" o "Lora". "Las víctimas relatan haber sufrido golpes, atadas de manos y pies y colgados por varias horas, amenazas, simulacros de fusilamientos, obligadas a escuchar interrogatorios a otros detenidos, mojadas con agua lanzada a presión con mangueras, sufrieron aplicación de electricidad y el teléfono", señala el informe.

«Me tomaron detenido en la Cordillera y me llevaron el helicóptero al Regimiento Sangra de Puerto Montt» (Hombre Sobreviviente).

«Estuve poco tiempo, era un lugar de paso. Cuando llegabas te saludaban sacándote la mugre. Un día yo estaba en la enfermería, tipo medio día del 17 de septiembre y vi una chica, una mujer joven que la llevaban unos milicos muy mal, golpeada, inconsciente, no sé si viva o muerta» (Hombre sobreviviente).

«Fui trasladado al Regimiento Sangra como un lugar de transición, en donde fui retenido junto a otros compañeros, sólo de paso, donde nos acostaron a todos en el suelo y los militares caminaban y saltaban sobre nuestros cuerpos» (Hombre sobreviviente)

Ministro Álvaro Mesa señala que los tres eran miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de Puerto Montt, y les atribuye responsabilidad en los ilícitos perpetrados en 1973.

El ministro en visita extraordinaria en causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, dictó acusación en contra de tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos perpetrados en la capital regional en 1973.

En la resolución, el ministro en visita atribuye responsabilidad, como autores de los delitos, al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien a la época de los hechos estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 "Sangra" de la ciudad de Puerto Montt; al oficial de Carabineros en retiro Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, y al detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones.

Además, se indica que “entre las numerosas personas que sufrieron detención y aplicación de tormentos, durante el curso de la investigación se logró individualizar a 19 víctimas, entre otros muchos otros hombres y mujeres de diversas condiciones sociales y niveles educacionales”.

En el documento también se consigna que durante la etapa de investigación de la causa, el ministro Mesa Latorre estableció una serie de hechos.

Entre éstos, que “luego de consumado por las Fuerzas Armadas el derrocamiento del Gobierno, la Junta de Gobierno extrapoló desde la estructura interna de aquellas, la instauración de los ‘Comandos de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior' (CAJSI), los que fueron emplazados en ciudades capitales de provincia y que estaban conformados por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden instaladas en la zona, los que fueron liderados por el oficial más antiguo de ellas, siendo esa persona la autoridad máxima que ocupaba el cargo de Jefe de Zona en Estado de Sitio”. 

Asimismo, se señala que inmediatamente después de asumir las Fuerzas Armadas el control de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, la máxima autoridad militar correspondió al general de la Fuerza Aérea Sergio Hiram Rodolfo Leigh Guzmán (fallecido), quien expidió el bando N° 3, el fecha 11 de septiembre de 1973, en el cual “invitó” a diversas personas a presentarse en el Regimiento Sangra, advirtiendo que “de lo contrario se procederá en su contra”.

En la acusación el ministro Mesa recalca que “esto no fue sino el inicio de una actividad represiva, emprendida en contra de quienes en las provincias mencionadas desempeñaron cargos administrativos durante el gobierno depuesto, y en contra de quienes formaban o se sospechaba que habían formado parte de agrupaciones políticas afines a aquél o sustentaban ideas similares”.

También se añade que muchos de los informes de las víctimas mencionadas “han sido reforzados por los peritajes evacuados por el Servicio Médico Legal, conforme al Protocolo de Estambul".

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Leopoldo Vera Muñoz, sometió a proceso a ex oficiales del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos perpetrados en contra de 19 víctimas en el cuartel de la PDI que, en 1973, se ubicaba en la calle Serena Nº 60, de la ciudad.

En la resolución (causa rol 10.872), el ministro Vera Muñoz sometió a proceso a Eugenio Covarrubias Valenzuela, Carlos Tapia Galleguillos y Roberto Díaz Moya, quienes desempeñaron funciones de inteligencia al interior de Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, unidad que comenzó a operar a partir del 11 de septiembre de 1973 en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró acreditar los siguientes hechos:

«Que, como consecuencia de las circunstancias anteriormente señaladas, integrantes de las Fuerzas Armadas -en algunos casos con orden emanada de la Fiscalía Militar en tiempo de guerra y en otros sin orden alguna-, detuvieron a cientos de personas que en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre del 73 fueron trasladadas a dependencias del Regimiento Sangra, pero después, a medida que las detenciones aumentaron, fueron ingresadas directamente a los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, en cuyas dependencias ubicadas en un piso superior eran sometidas a interrogatorios por personal subalterno -suboficiales- bajo el mando y dirección de oficiales superiores, transformándose de este modo ese cuartel en lugar de detención e interrogatorios bajo torturas de diversa índole, asistidos logísticamente por los oficiales que despeñaban funciones de inteligencia al interior del CAJSI, entre otros, el capitán de Ejército, Eugenio Covarrubias Valenzuela, el teniente de Carabineros Carlos Tapia Galleguillos y el Inspector de la Policía de Investigaciones, Roberto Díaz;

Que, entre las numerosas personas que sufrieron detención y aplicación de tormentos, durante el curso de esta investigación se ha logrado individualizar a: Conrado Ulloa Uribe, Jaime Luis Benítez Sepúlveda; José Alfredo Argel Marilicán; Jaime Nolberto Vera Vera; Edi Rodrigues Ribeiro (sic); Jorge Segundo Ovando Agüero; Ramón Alberto Zambrano Toledo; José Teodomiro Vargas Niello; Luis Alberto Silva Hernández; Luis Humberto Villegas Alvarado; Luis Alberto Guerrero Uribe; Marcia Noelia Oyarzo Groff; Juan Guillermo Leonhardt Catalán; Paulo Hernán Anderson Muñoz; Mario Enrique Contreras Vega; César Vladimir Leiva Garrido; Jaime Alfonso Moraga Zamorano; Marco Antonio Romero Arias, Saúl Sergio Espinoza Villalobos, entre muchos otros, hombres y mujeres, de diversas condiciones sociales y niveles educacionales».

A partir del golpe militar de septiembre de 1973, en la Décima Región las Fuerzas Armadas asumen el control de la zona e inician una violenta represión contra los dirigentes políticos, autoridades y dirigentes sociales partidarios del gobierno de la Unidad Popular; asimismo, son ocupados e interrumpidas las actividades de los centros vitales de la región. 

En las principales ciudades de la zona -Valdivia, Osorno y Puerto Montt, en ese tiempo capitales de las respectivas provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue- se instalan centros de interrogatorio y detención entre los cuales destacan el Centro de Instrucción Militar de Cañal Bajo (Osorno), controlado por el Servicio de Inteligencia Militar del Ejército (SIM), y el Estadio Español de la misma ciudad, donde llegan a haber cerca de mil detenidos. Como Jefe de Zona en Estado de Sitio en Valdivia fue designado el general de Ejército, Héctor Bravo Muñoz; en Llanquihue y Chiloé se nombró al coronel de Aviación, Sergio Leigh Guzmán, y en Osorno al teniente coronel de Ejército, Lizardo Abarca Maggi. Otros recintos de detención e interrogatorios utilizados en esta región fueron: En Valdivia la cárcel de Isla Teja (donde a fines de septiembre de 1973 habían 396 personas detenidas y procesadas por Ley de Seguridad del Estado) y la Fiscalía Militar; en Osorno el Regimiento Arauco y la 3a. Comisaría de Carabineros ubicada en Rahue Bajo, además de los ya nombrados, y en Puerto Montt el Regimiento Sangra. 

Los detenidos eran conducidos, en primer lugar, a centros de interrogatorio en los cuales la gran mayoría eran torturados, luego eran llevados a recintos de detención como la cárcel de Isla Teja, o habilitados para ello, como el Estadio Español de Osorno, en donde permanecían por largo tiempo a la espera de ser procesados o puestos en libertad. En esta zona Carabineros tiene una participación destacada en las actividades de represión, junto a efectivos del Ejército y a civiles que, en muchos casos, pertenecían o eran proclives a Patria y Libertad. 

Muchos de los afectados fueron citados por medio de bandos a presentarse ante las nuevas autoridades; algunos se presentaron voluntariamente y otros fueron arrestados en sus domicilios o en la vía pública, por carabineros que se movilizaban en vehículos particulares o públicos (SAG, CORA), pero no de la propia institución. En los casos de desaparecidos las detenciones fueron negadas sistemáticamente, a pesar de existir testigos o los propios familiares haber presenciado los hechos; a los familiares de personas ejecutadas se les dijo que los afectados habían sido "dejados en libertad". Además de la tortura a que eran sometidos, las detenciones se caracterizaban por una rígida incomunicación del afectado; a los familiares se les decía: "Deben estar tranquilos, pues el detenido no está muerto…". Luego, mientras esperaban sus procesos, debían soportar nuevas incomunicaciones, simulacros sorpresivos, castigos, nuevos interrogatorios, etc. 

Uno de los centros de interrogatorio y ocultamiento de detenidos en donde se practicaron todo tipo de apremios ilegítimos fue el de Cañal Bajo, recinto de instrucción del Ejército ubicado aproximadamente a siete kilómetros de Osorno, en la ruta internacional de Puyehue, desde donde hay que desviarse un kilómetro hacia el Oeste.

Entró en funcionamiento con el mismo golpe, pero su mayor actividad se inició en abril de 1974. Era un lugar de tránsito en que los detenidos permanecían entre una semana y un mes, mientras eran interrogados. Habitualmente permanecían en el alrededor de cuarenta personas, en su mayoría hombres, ubicados en pequeñas celdas de 2 x 1 metro y vigilados permanentemente. Los detenidos tenían todo el tiempo la vista vendada y debían solicitar permiso al guardia para hacer sus necesidades, éste -a su vez- pedía instrucciones a un superior, quien decidía y demoraba en algunas ocasiones hasta dos horas en conceder el permiso. Los detenidos debían hacer sus necesidades siempre en presencia de un guardia, que los acompañaba al baño. Recibían comida similar a la de los conscriptos, pero no se les proporcionaba abrigo y aún cuando esta zona es muy helada, debían pasar las noches con la ropa que llevaban al momento de su arresto. A este lugar llegaban personas detenidas por militares de civil, la mayoría de los cuales aparecía como estudiantes de la sede de la Universidad de Chile en Osorno y se movilizaban en automóviles marca Fiat, citronetas y otros vehículos particulares. En este campo habían pabellones destinados a los interrogatorios y otros en los cuales permanecían los detenidos, pudiendo escucharse desde estos últimos los gritos y gemidos de los interrogados. Las mujeres sufrían diversos tipos de ultrajes sexuales y, al igual que el resto de los detenidos, no tenían atención médica. Los enfermos eran llevados al Hospital de Osorno e internados en una sección especial.

Existen testimonios de la coordinación entre el centro de Cañal Bajo y la DINA, puesto que en muchas oportunidades los detenidos eran trasladados directamente desde Cañal Bajo a Villa Grimaldi, centro de detención y tortura de la DINA en Santiago. 

En los Consejos de Guerra efectuados en la zona fueron condenadas a muerte varias personas, sin que se les permitiera ejercer su derecho a defensa. Este fue el caso del dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), José Gregorio Liendo Vera, 28 años de edad a la fecha de su muerte y más conocido como "comandante Pepe", quien fue fusilado en Valdivia, el 4 de octubre de 1973, acusado de dirigir un grupo guerrillero en la zona de Neltume y del Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli. Dos días después, en la misma ciudad, fueron fusiladas once personas más, todos dirigentes del MIR y de organizaciones campesinas. No se existencia de las armas que -supuestamente los guerrilleros habrían tenido, incluso, el retén de carabineros de Neltume que fue atacado el 12 de septiembre de 1973, no pudo ser tomado por falta de armamento. Prensa de la época señala que "ninguno de los fusilados era elemento aprovechable, ya que todos padecían de violentismo extremo" (La Defensa, 6 de octubre de 1973). En 1981, entre el 13 y el 21 de septiembre la prensa informó de la muerte de siete presuntos guerrilleros en Neltume, los que habrían perecido en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad y militares; varios de los afectados eran retornados ilegales que habían sido condenados a penas de presidio en Consejos de Guerra y, posteriormente, se les conmutó la pena por la del exilio. 

El comunicado de prensa entregado por DINACOS en esa oportunidad señala que "en el mes de julio del presente año, se dio a conocer a la ciudadanía el descubrimiento por parte de fuerzas de seguridad, de un campamento de adiestramiento de terroristas, ubicado en el interior de la localidad de Neltume, al este de Valdivia". Se agrega que este hallazgo "permitió desbaratar un vasto plan destinado a conformar una organización subversiva especialmente adiestrada con técnicas y recursos proporcionados por la órbita soviética…". Posteriormente, a mediados de octubre y fines de noviembre de 1981, se tuvo conocimiento de que otras dos personas habían muerto en presuntos enfrentamientos en esta zona, el primero con carabineros y el 

segundo con fuerzas de seguridad. 

La situación en las universidades de esta zona (en Valdivia la U. Austral y la UTE, en Osorno la sede regional de la U. de Chile) también fue drástica en 1973. La intervención militar produjo gran cantidad de expulsiones y otras sanciones. En la U. Austral hubo 180 estudiantes expulsados, 320 suspendidos y 90 académicos exonerados; en la U. de Chile sede Osorno se expulsó a 2.100 alumnos y se exoneró a 80 profesores; en la UTE de Valdivia 65 estudiantes fueron expulsados y 45 académicos exonerados. 

No puede dejar de mencionarse la situación de Blanca Ester Valderas Garrido, alcaldesa y regidora de la localidad de Entre Lagos durante el gobierno de la Unidad Popular, quien fue fusilada junto a su esposo el 17 de septiembre de 1973 por funcionarios de Carabineros, sobre el puente colgante del Río Pilmaiquén (Osorno). La mujer salvó sin lesiones al caer al río, pero los otros cuatro fusilados -entre ellos su esposo- murieron. Todos eran militantes del Partido Socialista. La mujer debió permanecer varios años oculta y en 1979 entabló una querella criminal ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, el que designó a un Ministro en Visita para la investigación de estos hechos, determinándose la participación en ellos de cuatro carabineros de la Tenencia de Entre Lagos. El caso fue remitido a la justicia militar. 

Finalmente, en esta zona se registran a lo menos- 25 casos de detenidos desaparecidos, 14 de los cuales corresponden a casos producidos en Valdivia. El número de ejecutados políticos llega a 77 y, al igual que en la situación anterior, la mayoría de ellos se produjeron en Valdivia (34), siguiéndole Puerto Montt (17), Osorno (14) y Neltume (10). 

Por otra parte, con el inicio de las protestas sociales en mayo de 1983, fueron relegados a la Décima Región una gran cantidad de personas, especialmente a Chiloé. Al menos en 27 localidades de esta zona hubo gente relegada, destacando como lugares utilizados para relegación Quemchi, Dalcahue, Achao, Capitán Pastene, Quellón, Chaitén, Putú, Lonco, Máfil, Melinka, Lago Ranco, Panguipulli, Curaco de Vélez, Corral, Puqueldón, Maullín, etc. 

Presos Políticos en la Decima Región 

En la región hay 22 prisioneros políticos, 14 de ellos se encuentran cumpliendo condena en diferentes cárceles de la zona; Jorge Barriga Uribe condenado a 19 años de presidio por infracción a la Ley de Control de Armas (L.C.A.); Osvaldo Alarcón Barrientos condenado a 16 años de presidio por infracción L.C.A.; César Uribe Andrade condenado a 16 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Hermenegildo Gallardo Cordero a 12 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Israel Aillapán Quijón a 10 años de presidio y un día por infracción a la L.C.A:; Rodolfo Fernández Ojeda a 10 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Gabriel Manque Carvajal a 5 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Luis Mardones Erices a 5 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Juan Omar Vega Santana a 5 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Abel Anastasio Castro Silva a 5 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Arturo Eduardo Jerez Jaramillo a 4 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Amilcar Jofré León a 4 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Sergio Pérez Iribarra a 4 años de presidio por infracción a la L.C.A., y Juan Valdebenito Arcos a 3 años y 1 día de presidio por infracción a la Ley Antiterrorista. 

Otras ocho personas se encuentran en prisión preventiva en procesos por infracción a la Ley de Control de Armas. La distribución por cárceles es la siguiente: Cárcel de Osorno, 6; Cárcel de Valdivia, 10; Cárcel de la Unión, 1; Cárcel de Puerto Montt, 3; Cárcel de Castro, 1, y Cárcel de Coihaique, 1. 

Algunos Casos de Personas Ejecutadas o Asesinadas  en la Decima Region 

AGUILAR CUBILLOS JORGE RICARDO: El afectado, jefe de área de CORA en Puerto Octay fue muerto por efectivos de Carabineros, quienes señalaron que el 5 de octubre de 1973 llevó a cabo una acción terrorista contra el retén de Bahía Mansa. En la misma oportunidad fue asesinado el joven Edgardo Cárdenas Gómez. 

ARGEL MARILICAN JOSE RENE ARISMENDI PEREZ ADOLFO OMAR CARCAMO NAVARRO DAGOBERTO SEGUNDO MANSILLA CAÑOCAR CARLOS MELIPILLAN AROS JORGE LLANCUMAN MALDONADO JOSE ARMANDO Estas seis personas fueron muertas por efectivos de Carabineros el 18 de octubre de 1973 en el camino al balneario de Pelluco. La intendencia informó que los afectados fueron ejecutados por infringir el toque de queda y tratar de agredir y amenazar una patrulla de Carabineros. 

ARISMENDI MEDINA OSCAR AVENDAÑO BORQUEZ FRANCISCO DEL CARMEN BARRIA BARRIA JOSE ANTONIO CARCAMO GARAY JOSE MARIO TORRES VELASQUEZ MARIO CESAR FELMER KLENNER JOSE LUIS Estas seis personas fueron ejecutadas en la madrugada del 19 de octubre de 1973 en Puerto Montt tras sentencias dictadas por tribunales militares en tiempo de guerra por los delitos de traición al formar equipos paramilitares en tiempo de guerra. Por tres de los ejecutados se interpuso una querella criminal en la cual se indica que fueron detenidos el 19 de septiembre de 1973 luego que unos 200 efectivos militares y civiles allanaran el Fundo El Toro, ubicado a unos 13 kilómetros de la localidad de Fresia. En el allanamiento no se encontró material de guerra u otros armamentos similares. Los detenidos fueron conducidos al regimiento Sangra de Puerto Montt donde fueron sometidos a intensas y brutales torturas. Al abogado que asumió su defensa no se le permitió entrevistarse con sus defendidos. 

BUSTAMANTE LLANCAMIL MARIA ESTER Fue muerta por efectivos de Carabineros el 6 de octubre de 1973 en Bahía Mansa -Osorno-. Su cadáver fue entregado el 9 de ese mismo mes. 

BAHAMONDES ROGER PEDRO ANTONIO MALDONADO ULLOA HECTOR HUGO MAÑAO AMPUERO JOSE HERNAN SOTO MUÑOZ JOSE SANTIAGO Estas cuatro personas fueron muertas por efectivos militares el 19 de enero de 1974. El 1° de febrero se publicó en la prensa local un comunicado de la Jefatura de Estado de Emergencia de Llanquihue en que se informa que los afectados eran trasladados en horas de la madrugada -no se dice adonde- cuando uno de ellos le arrebató el fusil a un integrante de la patrulla militar, momento que habrían aprovechado los otros detenidos para avalanzarse en contra de los miembros de la patrulla quienes repelieron la acción resultando los cuatro prisioneros muertos. El comunicado no indica el lugar donde ocurrieron los hechos. 

MANCILLA DELGADO JUAN El afectado fue detenido el 3 de octubre de 1973 junto a otras dos personas, todos militantes socialistas, por carabineros del retén Pilmaiquén donde fueron llevados. Del recinto policial fueron sacados en horas de la mañana con rumbo desconocido y posteriormente su cuerpo fue encontrado en el río Pilmaiquén. 

IGOR SPORMANN GUSTAVO BERNARDO El afectado, militante comunista, fue detenido en su domicilio de Osorno el 19 de septiembre de 1973 por el capitán Adrián Fernández y lo trasladaron a la 3a Comisaría, desde donde su hermano Juan -también detenido- fue dejado en libertad. Desde esa fecha el afectado se encuentra desaparecido. 

ESPINOZA VILLALOBOS LUIS UBERLINDO El afectado, diputado socialista, se encontraba cumpliendo condena en cárcel al momento del golpe militar -por desacato a la jueza de Puerto Varas- y desde allí se trasladó al Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt donde permaneció incomunicado. En la madrugada del 2 de octubre, según la versión oficial, fue trasladado a Valdivia y en el trayecto el vehículo en que viajaba habría sido asaltado por desconocidos resultando muerto el afectado. 

OLIVA ESPINOZA ABRAHAM El afectado fue muerto el 2 de noviembre de 1973 al aplicársele la "ley de fuga" cuando era trasladado por la ruta 5 de Puerto Montt desde el presidio de esa ciudad, donde permaneció 28 días detenido. El era militante socialista y dirigente del asentamiento "El Pavilo" hoy fundo San Ramón. 

PAILLACHEO CATALAN TEOBALDO El afectado fue detenido el 3 de octubre de 1973 en el asentamiento Chiscaihue por efectivos de Carabineros de Pilmaiquén. El 9 de octubre fue asesinado en el puente del Río Pilmaiquén. 

RUNDA AVELINO El afectado fue asesinado el 14 de diciembre de 1975 luego que Carabineros rodeara su domicilio ubicado en la zona de Quilacahuin resultando con herida de proyectil en el estómago motivo por el cual falleció ese mismo día. Carabineros informó que en su domicilio se desarrollaba una reunión clandestina y que el afectado había huido a pesar de haber sido herido. El afectado fue candidato a regidor por el PC. 

SANTANA ALARCON RAUL El afectado se entregó voluntariamente el 17 de septiembre de 1973 ante el teniente de Carabineros Adrián Fernández de la Tercera Comisaría de Rahue al tomar conocimiento que un bando militar ordenaba su aprehensión. Días después de detención fue asesinado en el río Pilmaiquén junto a otros dos detenidos; su cuerpo 

fue reconocido en el río señalado por familiares de otra persona asesinada en ese lugar (familia Cárdenas Villegas). 

SPORMAN SANTIBAÑEZ EDUARDO Fue detenido por Carabineros el 4 de agosto de 1974 en su domicilio ubicado en la zona de Quilacahuín siendo ahorcado ese mismo día. En la prensa y radio local se le sindicó como extremista. 

Personas Desaparecidas de la X Region 

AGUILAR DUHAU SANTIAGO DOMINGO; gobernador de la Unión hasta 1973, militante del Partido Comunista Fue detenido el 17 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros pertenecientes a la 3a Comisaría de Osorno, ubicada en Rahue Bajo, en donde permaneció hasta el día 19 del mismo mes, fecha en que fue trasladado a la Cárcel de Valdivia. De este último lugar fue sacado el 6 de octubre de ese año, siendo ésta la última noticia que se ha tenido de su persona, por parte de su familia, compuesta por su cónyuge y tres hijos. 

AVILA LARA CESAR OSVALDO; profesor, casado (4 hijos) Fue detenido el 27 de septiembre de 1973 a la salida de la Penitenciaría de Osorno cuando visitaba a su cónyuge, doña Irma Ponce Silva, quien se hallaba detenida por orden la Fiscalía Militar de esa ciudad. Fue trasladado a la comisaría de Rahue donde se perdió todo rastro acerca de su persona. Su cónyuge debió abandonar el país luego que recuperara su libertad. 

DEL RIO VIDAL ELIAS Detenido por Carabineros de Osorno el 19 de septiembre de 1973 y desde entonces se encuentra desaparecido. No se tiene mayor información. 

GONZALEZ ANGULO ENRIQUE Fue detenido el 2 de octubre de 1973 por Carabineros en el Salto de Pilmaiquén y desde entonces se encuentra desaparecido. No se tiene mayor información. 

GARCIA OVANDO BENANCIO BERNABE 

Fue detenido en la feria libre de Rahue Bajo el 8 de octubre de 1973 por dos carabineros, uno de nombre Eliseo Aguilar. Fue trasladado a la 3a Comisaría y desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

HUENTEQUEO ALMONACID REYNALDO SEGUNDO; 31 años, casado 5 hijos, militante comunista Fue detenido el 6 de octubre de 1973 en la Colonia Martilhue por Carabineros del retén de Carimallín. Fue trasladado a la Comisaría de Río Bueno, desde donde fue sacado junto a otros cinco detenidos y trasladado al antiguo puente colgante que cruza el Río Pilmaiquén en el camino entre San Pablo y Río Bueno. Allí los mataron a todos, salvo a Reynaldo Segundo, quien saltó al agua instantes antes que las balas lo alcanzaran, le dispararon al agua, y resultó herido por cuatro balas en su pierna izquierda. Posteriormente se refugió en casa de un matrimonio amigo, desde donde fue nuevamente detenido por Carabineros y desde entonces se encuentra desaparecido. 

Entre las personas asesinadas en el puente colgante se encuentran FRANCISCO HERMINIO MARTÍNEZ NOCHES, de 23 años y ERNESTO MARTÍNEZ PARRA. El 21 de enero de 1974 agentes del Servicio de Inteligencia Militar en Osorno sustrajeron una carta en que se cuentan los hechos al pastor Savelaire, quien, cuatro días más tarde fue expulsado de la provincia. 

NUÑEZ ROSAS MARTIN Fue detenido por Carabineros de Entre Lagos y hasta la fecha se encuentra desaparecido. No se tiene mayor información. 

PETERS CASAS GUILLERMO ERNESTO Fue detenido el 18 de septiembre de 1973 por Carabineros en el fundo "El Cobre" de Chahuilco y desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

SALGADO SALGADO RENE NOLBERTO Fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por carabineros de Osorno y desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

VALDERAS MANCILLA FLAVIO HERIBERTO Fue detenido el 16 de septiembre de 1973 por Carabineros de Entre Lagos y desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

VALDERAS ANGULO JESUS ARTURO; militante comunista Se presentó voluntariamente el 16 de septiembre a Carabineros de Entre Lagos y hasta la fecha se encuentra desaparecido. 

PACHECO EDUARDO PACHECO ALFREDO MANSILLA JUAN 

Trabajaban juntos en Martilhue, fueron detenidos por Carabineros del retén del Salto Pilmaiquén. Hay testigos de que fueron sacados del retén como a las tres de la madrugada del día 4 de octubre, desde ese momento desaparecen. 

CARDENAS VILLEGAS MARCELINO Domiciliado en el fundo Pilmaiquén cerca del Salto Pilmaiquén al oeste de Entre Lagos. Salió en libertad de la Fiscalía Militar de Valdivia el 28 de diciembre de 1973. Dos días después, el 30, Carabineros del retén del Salto Pilmaiquén, disparando al aire, entraron a su domicilio y mataron a sangre fría a una señora de nombre Carmen quien estaba de visita (tenía 7 hijos). Al afectado lo llevaron amarrado, bajando por la población Endesa. Detrás del cerco de la casa de máquinas de ENDESA el afectado fue muerto a tiros. Su cuerpo al parecer fue lanzado al río Pilmaiquén. Su familia fue autorizada para hacer un rastreo en el río para encontrar su cuerpo sin resultados positivos. Sin embargo en el rastreo vieron numerosos cadáveres, entre ellos el cuerpo de Raúl Santana, y el de Gustavo Bernardo Igor Spormann. 

SANDOVAL VASQUEZ MARIO Detenido en Río Negro el 17 de septiembre de 1973 por Carabineros, fue llevado a Osorno donde estuvo preso en el Estadio Español hasta el 3 de octubre, fecha es que fue sacado del lugar con dos frazadas, y desde esa fecha se encuentra desaparecido. Su detención fue publicada en la prensa local. 

BARRIA BASSAY GUIDO RICARDO BARRIA BASSAY HECTOR ALEJANDRO Los dos hermanos, militantes socialistas, fueron detenidos el 16 de octubre de 1973 por Carabineros de Río Negro en un aserradero en Río Blanco. Fueron trasladados a Riachuelo y posteriormente trasladados a Valdivia. La Fiscalía Militar de la ciudad confirmó la detención, y que se les abrió proceso (rol 1666-73 y 1668-73). Posteriormente fueron trasladados al regimiento "Arauco" de Osorno. Pero allí, la fiscalía de ejército y de Carabineros sostienen que los afectados están "prófugos". 

NEICUL PAICIL JOSE LIGORIO Fue detenido el 16 de septiembre de 1973 en El Encanto por Carabineros de Entre Lagos, Pajaritos y Osorno, que se movilizaban en un jeep del retén de Pajaritos y un furgón verde en el cual fue introducido en presencia de unos 20 testigos. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

ZAPATA AGUILA CARLOS Detenido el 17 de septiembre de 1973 en el fundo de Ricardo Ellwanger del sector Fhifca, por Carabineros de San Pablo que se movilizaban en la ambulancia de dicha localidad. Al día siguiente fue trasladado a Osorno desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

HUENUMAN HUENUMAN RICARDO; regidor socialista HUICHACAN SERGIO FIERRO INOSTROZA JOEL El 17 de septiembre fue detenida la alcaldesa de Entre Lagos, doña Blanca Ester Valderas Garrido, junto a su cónyuge Joel Fierro Inostroza. El arresto lo practicaron 

efectivos de Carabineros en su domicilio de Entre Lagos. Luego del arresto fueron subidos a un vehículo en donde se encontraban en calidad de detenidos el regidor socialista, Ricardo Huenumán, Sergio Huichacán y un joven de apellido Núñez; todos del partido socialista. Fueron conducidos al retén de la ciudad desde donde fueron sacados en horas de la madrugada del día siguiente y subidos a un vehículo custodiado por efectivos que cubrían sus rostros con máscaras de Barnabás y cascos negros. A los hombres les amarraron las manos a la espalda. Todos fueron conducidos hasta el puente colgante del río Pilmaiquén donde fueron obligados a permanecer arrodillados y detrás de cada uno de ellos se puso un enmascarado con metralleta. La alcaldesa fue lanzada al río mientras le disparaban, pero pudo salvar con vida. De los otros detenidos se presume que resultaron muertos y sus cuerpos lanzados al río. 

Más de 19 personas fueron víctimas de los delitos, los cuales “han sido reforzados por los peritajes evacuados por el Servicio Médico Legal conforme al Protocolo de Estambul”, dice parte de la resolución presentada por el magistrado.

El ministro en visita extraordinaria en causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, dictó una acusación en contra de tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos contra más de 19 personas.

Los hechos habrían ocurrido en Puerto Montt, región de Los Lagos, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1973.

Al respecto, en la resolución, el ministro en visita Mesa atribuye responsabilidad, como autores de los delitos, al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias, quien a la época de los hechos estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería número 12 “Sangra” de la ciudad; al oficial de Carabineros en retiro Carlos Tapia, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, y al exdetective Roberto Díaz, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones (PDI).

El documento presentado por el magistrado sostiene que “muchos de los atestados de las víctimas han sido reforzados por los peritajes evacuados por el Servicio Médico Legal conforme al Protocolo de Estambul“.

Cronología 11 de septiembre de 1973 en Puerto Montt

12 de la noche. Se retira el personal de carabineros que resguardan la entrada de la intendencia de la Provincia de Llanquihue ( actual edificio de la gobernación), al frente de la plaza de armas de Puerto Montt.

1:00 de la madrugada. Se informa vía telefónica a Juan Fernando Arias Espinoza, que era el hombre de la Unidad Popular a cargo del cuidado de las dependencias de la Intendencia de la Provincia de Llanquihue esa noche, que se ha detectado una conversación de un miembro de las fuerzas armadas que llama a su familia a Puerto Montt, pidiéndoles que no salgan a la calle ya que en la mañana se haría el golpe de estado.

1:30 de la mañana. El partido comunista local entra a la clandestinidad después de una reunión en el sector de Pichi Pelluco.

2:00 de la mañana. Juan Fernando Arias pide a la gente que estaba en la intendencia que saquen todas las incipientes barricadas hechas en la puerta de entrada a ese edificio y procedan abrir las puertas ya que no existe ninguna capacidad real para hacer resistencia a las fuerzas militares.

3:00 de la mañana. Los miembros de la fuerza aérea en Puerto Montt son notificados de la orden de acuartelamiento en la base aérea El Tepual.

4:00. Las siete personas que se encuentran en la intendencia esperan en la incertidumbre lo que pueda pasar.

5:30. Aviones Hawker Hunter sobrevuelan Puerto Montt. Estos cuatro aviones del grupo 9 de la FACH actuaban en calidad de refuerzo de los aparatos que actuarían en Santiago en las operaciones militares sobre el Palacio de la Moneda. La razón de esta decisión de la comandancia de la fuerza aérea que adhería al golpe de estado era no dejar en manos de una unidad acciones de tan relevancia como la que se estaba haciendo desde esas horas.

6:45. Una tanqueta y tres jeep salen del regimiento sangra (ubicado en aquellos días en calle ejercito) en dirección a la intendencia. Los comandantes en jefes de las fuerzas armadas y carabineros con sede en Puerto Montt hacen efectivo su apoyo a los jefes máximos de estas instituciones en orden a pedir la renuncia al presidente Salvador Allende de su cargo.

7:30. Después de ocupar la Intendencia de la Provincia de Llanquihue las fuerzas militares se llevan a los primeros presos políticos de la ciudad al regimiento Sangra.

8:00. La ciudadanía puertomontina se informa del movimiento militar por las radios de Santiago.

8:17. Se difunde el primer bando de las fuerzas militares locales implicadas en el golpe de estado que dice «Con esta fecha y a esta hora, este jefe de plaza asume el comando total de las provincias de Llanquihue y Chiloé. A partir de este momento y hasta segunda orden, se dispone el toque de queda para todos los habitantes». El bando era firmado por Sergio Leigh Guzmán, coronel de Aviación, jefe de Zona en Estado de Emergencia Llanquihue y Chiloé.

9:00. Las fuerzas armadas y carabineros se despliegan por todas la ciudad. Efectivos militares vistiendo uniforme de combate, con el rostro pintado de negro y utilizando como armamento los fusiles SIG y MAUSER rodean los edificios públicos y poblaciones. En la entrada del hospital en calle Seminario, como en los alrededores del Regimiento Sangra se instalan barreras. No se presenta ninguna clase de resistencia en la ciudad.

10:00. El acto por el día del maestro se suspende en la casa de Arte Diego Rivera. El alcalde Raul Brahm Yuraszeck y regidores acuden a la municipalidad para comentar lo que sucede en la ciudad, faltando solo los representantes de izquierda en esta institución.

11:00 . Se suspenden las clases y toda actividad académica.

12:00. Los trabajadores comienzan a volver a su casa.

13:00.. A esta hora de la tarde queda claro el triunfo del movimiento golpista en la ciudad y en el país.

14:00. Se silencia la radio Vicente Pérez Rosales.

15:00. Se suspende el servicio de buses y ferrocarriles del estado. Lo único llamativo es la llegada de la motonave Navarino, autorizándose a los pasajeros a desembarcar.

16:00. Se produce allanamientos en toda la ciudad.

17:00. Aunque el día había comenzado como un día primaveral, ya a esta hora el cielo se ve con nubosidad.

18:00. Se hace efectivo el toque de queda a esta hora hasta las 7 de la mañana del otro día.

19:00. Al comenzar el toque de queda las calles de la ciudad quedan desiertas y circulan pocos vehículos.

20:00. Las fuerzas militares, por los medios de comunicación, llaman a presentarse al regimiento Sangra a distintos personeros locales de la Unidad Popular, entre ellos al diputado socialista Luis Espinoza Villalobos.

21:30. El comando multigremial de la Provincia de Llanquihue opositor a la Unidad Popular emite un comunicado adhiriendo al golpe de estado por radio Cooperativa.

22:00. Se emite una serie de bandos invitando a izar el emblema patrio, prohibiendo las manifestaciones públicas entre otras medidas. En total serán cuatro bandos los que se difundirán ese día en Puerto Montt.

23:00. Comienza a operar los distintos centros de detención de prisioneros políticos y donde también se practicaría la tortura sistemática atestiguada por el “Informe de la comisión Nacional sobre prisión política y tortura” en lugares tales como la cárcel de Chin Chin, comisaría N. 2 Guillermo Gallardo, regimiento de infantería n.12 Sangra entre otros.

12 de la noche. Reina una tensa calma en Puerto Montt, vehículos militares recorren el centro manteniendo el orden.

Documento histórico golpe de estado en Puerto Montt 

Este documento histórico es el primer comunicado que lanzan las fuerzas golpistas al gobierno de la Unidad Popular en la ciudad de Puerto Montt. Es firmado por Sergio Leigh Guzman coronel de Aviación jefe zona en estado de emergencia Llanquihue y Chiloé a las 8: 15 horas de la mañana del día 11 de septiembre de 1973.

Especial histórico con documentos elaborados y aportados por el Antropólogo y Magister en Ciencias Sociales Wladimir Soto Cárcamo

En la mañana del 20 de septiembre de 1973, un numeroso contingente militar integrado por efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y civiles armados allanó el asentamiento El Toro, ubicado a 13 kilómetros de la localidad de Fresia, Región de Los Lagos. Un grupo de los asentados, entre ellos cinco miristas y un socialista, fueron detenidos, torturados y “juzgados” por un Consejo de Guerra que, desde el momento de sus detenciones, ya contaban con el veredicto de la pena capital.

Eran las 7 a.m. del 19 de octubre de 1973 cuando la muerte invadió las dependencias de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en Chamiza, Puerto Montt. A esa hora fueron ejecutados, por orden del Consejo de Guerra de la Fiscalía Militar en tiempos de guerra, los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) José Cárcamo Garay (26), técnico agrícola; José Luis Felmer Klenner (20), estudiante de Agronomía; Mario Torres Velásquez (32), linotipista; Francisco Avendaño Bórquez (20), profesor normalista; y José Barría Barría (23), obrero agrícola; y el militante del Partido Socialista Óscar Arismendi Medina (46).

Un Consejo express que se desarrolló el 17 de octubre de ese año sentenció a los detenidos en tiempo record por “traición a la patria”, acusados de “formar una escuela de guerrilla en el asentamiento El Toro”, predio ubicado a 13 kilómetros de la localidad de Fresia. Ocho días antes de las ejecuciones, los inculpados ya contaban con la sentencia del fiscal militar Eduardo Bravo Elgueta.

Todo comenzó en 1971. En pleno gobierno de la Unidad Popular (UP), y ante la profundización de la Reforma Agraria, los militantes del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) se tomaron el fundo El Toro ante la negativa del dueño de la propiedad, el agricultor Evaldo Rebhein Neumann, de ceder el uso de un camino de libre tránsito que pasaba por este predio. Pero no fue hasta 1972 que la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) inició el proceso de expropiación de la zona con el fin de incentivar la producción agrícola y la educación popular dirigida, particularmente, a los asentados que no habían terminado su educación básica.

Tras el golpe de Estado de 1973, Rebhein junto a su esposa María Carrillo fueron los civiles que influyeron en la detención de los seis ejecutados.

Luego de la instalación de la Junta Militar al mando del país, se creó el Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) que tenía como fin administrar y velar por la seguridad interior de las regiones del país. El CAJSI Puerto Montt, que funcionaba en las oficinas de la Intendencia provincial, contaba con su propio centro o servicio de Inteligencia Regional (CIRE O SIRE), siendo esta unidad su órgano operativo.

Integrado por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden, este organismo estuvo dirigido por el jefe de zona en Estado de Sitio de Llanquihue y Chiloé, general de Brigada Sergio Leigh Guzmán, quien además era hermano del Comandante en Jefe de la FACH e integrante de la Junta Militar de Gobierno, Gustavo Leigh Guzmán.

Para cumplir con las instrucciones del jefe de zona en Estado de Sitio y Comandante del CAJSI Puerto Montt, se designaron “oficiales de enlace”. Ellos fueron el capitán de Ejército Eugenio Covarrubias Valenzuela, involucrado en el allanamiento de El Toro; el comandante de Grupo de la Fuerza Armada Mario Jahn Barrera, el teniente de Carabineros Carlos Tapia Galleguillos, y el detective de la Policía de Investigaciones Roberto Díaz Moya. Todos se involucraron en atropellos a los derechos humanos cometidos en la región.

Día del allanamiento

Luego del derrocamiento de la UP, los representantes zonales de Puerto Montt del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y de los partidos Socialista, Comunista y Radical se reunieron para analizar la magnitud del golpe.

En la ocasión concluyeron que no había capacidad de respuesta ante el poder de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y se proponen, como tarea principal, velar por la sobrevivencia de los militantes y de sus partidos. “Por esta razón, una parte de los militantes del MIR se refugian en el campo como zona de seguridad y repliegue”, afirmó el ex secretario regional del MIR de Puerto Montt y hermano de uno de los fusilados, Víctor Cárcamo Garay.

Con una extensión de 186 hectáreas, el asentamiento El Toro se consolidaba como un centro de la Reforma Agraria. Cada integrante cumplía un rol social, educativo y político que fue clave para su organización. Arismendi Medina, único militante del Partido Socialista de los seis ajusticiados, fue su presidente. El resto, integrantes del MIR, se encargaban de fomentar la educación popular, y de asesorar a los campesinos en la producción agrícola y ganadera a baja escala.

Apenas comenzaba el jueves 20 de septiembre de 1973 cuando, pasadas las 6 a.m., un numeroso contingente militar integrado por más de 200 efectivos del Regimiento de Infantería n°12 Sangra del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y civiles armados allanaron el predio.

La operación tomó por sorpresa a los ocupantes. El helicóptero H-54 que sobrevolaba la zona, los camiones militares y el violento ingreso del personal de las fuerzas armadas y de orden no dieron tiempo de alerta ni de escape.

Aprehendidos violentamente, los integrantes del asentamiento fueron llevados a un galpón que se ubicaba al sur del sitio. Allí fueron torturados e interrogados. La idea del capitán Eugenio Covarrubias Valenzuela, que estaba al mando de la operación, era encontrar armas y saber en qué lugar del monte, ubicado al norte de El Toro, estaba oculta una supuesta caja con dinamita.

En el informe del 22 de septiembre de 1973 entregado por Covarrubias Valenzuela al jefe de la zona en Estado de Sitio Sergio Leigh Guzmán, se indica que tras capturar a los “guerrilleros”, chequear las casas y los montes colindantes del asentamiento, se incautaron armas y explosivos. El fin de los detenidos, según señala el capitán de Ejército, era “preparar un asalto a la Tenencia de Fresia para aniquilar al personal, apoderarse del armamento, y asesinar al teniente de Carabineros René Villarroel Sobarzo”, apodado “Juan Metralla”.

Consultado por el diario El Llanquihue en septiembre de este año del por qué de su sobrenombre, el hoy oficial (r) de Carabineros de 66 años Villarroel Sobarzo señaló que se debe a “una ranchera [de la banda Los Broncos de Reynosa] que habla de Juan Metralla, un vaquero que le gustaba usar sombrero y que es descrito como un caballero. Además en Fresia hacía todos mis patrullajes a caballo. No era un apodo de connotación negativa”. Lo cierto es que el apodo se debe a que “El Metralla” gustaba de disparar para amedrentar a la población.

A pesar que ha negado en innumerables ocasiones su presencia en el predio, la declaración que hizo Villarroel Sobarzo ante la Fiscalía Militar el 24 de septiembre de 1973 lo delata. En ese oficio “Juan Metralla” no solo detalla cómo él y el resto de los efectivos de las fuerzas armadas ingresaron al predio, sino que señala conocer en particular a Óscar Arismendi Medina desde antes del golpe de Estado. Al dirigente campesino lo acusa de crear publicidad en su contra, y de que este le cortara el rostro, en enero de 1973, a un suboficial de Carabineros que vivía en Fresia.

Las causas que involucran a “Juan Metralla” en violaciones a los derechos humanos en la localidad de Fresia son abultadas. En el 2014 fue condenado a cumplir la pena de 3 años y un día por la aplicación de tormentos a siete detenidos en la Tenencia de Carabineros en Fresia en septiembre de 1973. Así también, es procesado por las muertes del dirigente campesino Abraham Oliva y del ex diputado PS Luis Espinoza.

En relación a su participación en el operativo realizado en El Toro, el ex ministro Leopoldo Vera Muñoz lo sometió a proceso y a prisión preventiva en febrero de este año, junto al carabinero José Arnoldo Ule Guinea y al capitán de Ejército Eugenio Covarrubias Valenzuela, por los delitos de secuestro, detención ilegal, y aplicación de tormentos de los seis ejecutados.

Sin embargo, el 24 de agosto de 2016 Villarroel Sobrazo y Ule Guinea, a excepción de Covarrubias Valenzuela que ya cumple condena en Punta Peuco, salieron en libertad bajo fianza mientras continúa el proceso de la investigación.

Sentenciados desde el comienzo

Al cabo de diez horas desde sus capturas, Arismendi Medina, Cárcamo Garay, Felmer Klenner, Torres Velásquez, Avendaño Bórquez, Barría Barría más un grupo de El Toro fueron “trasladados, en helicóptero, al Regimiento Sangra de Puerto Montt donde los interrogaron y torturaron agentes del Servicio de Inteligencia Militar. Desde ahí son llevados al Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt donde también son interrogados y torturados. Finalmente, fueron trasladados a la Cárcel Chin Chin donde permanecieron en celdas de castigo”, detalló la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Catalina Ross Fredes.

El 11 de octubre se emitió el dictamen de la causa rol 11-73 firmado por el fiscal militar en Tiempos de Guerra Eduardo Bravo Elgueta que condenaba a la pena capital a los seis detenidos por el delito de “organizar e instruir milicias privadas y armadas con armas de fuego y explosivos” desde antes del golpe de Estado. Horas después, el jefe de zona en Estado de Sitio convocó a Consejo de Guerra a los fiscales militares ad hoc para el 17 de octubre. Ellos fueron: Coronel Rubén Rojas, comandante de Grupo Renato Valenzuela, teniente coronel Eduardo Partarrieu, capitán de Fragata Osvaldo Schwarzenberg, mayor Patricio Lira, y comandante de escuadrilla Fernando Roca.

Desde el día de la detención hasta la jornada donde se les notificó la resolución del fiscal Bravo Elgueta (12 octubre), los detenidos no tuvieron defensa legal. Recién el 13 de octubre se les asignó al abogado Hugo Ocampo Paniagua como su abogado defensor. El patrocinador de los reos, sin embargo, no tuvo la oportunidad de entrevistarse con los detenidos.

Para la abogada de los familiares de los ejecutados, Pamela Sánchez, el Consejo de Guerra fue solo administrativo, “porque antes de ser pasados por acá ya se sabía de su destino. Anteriormente a los hechos, [Sergio] Leigh dice que a estas personas había que matarlas, porque la condena ya estaba dictada. Este general Leigh fue encarado por el fiscal [Carlos Alberto] Ebensperger, porque este le dijo que faltaban pruebas y otros detalles, y Leigh le responde “salga de aquí por cobarde”. Lo reemplazó poniendo a Eduardo Bravo Elgueta”.

Un día antes de la ejecución, dos de los sentenciados recibieron visitas. Uno fue José Cárcamo Garay quien recibió a una prima que vivía en la provincia, y el otro fue Francisco Avendaño Bórquez, que fue visto por el capellán de la FACH Leonel Ibacache. Una semana después, el eclesiástico le envió una carta a la familia de Avendaño contándoles sobre la situación en la que él se encontraba y de su disposición de morir por sus ideales.

Al amanecer del 19 de octubre, los detenidos fueron ejecutados. Las víctimas, que de acuerdo al certificado de defunción de la época fallecieron por “múltiples heridas a bala toráxicas”, fueron enterradas en una fosa común del cementerio municipal de Puerto Montt.

Conseguir los restos de las víctimas también fue una odisea. Edi Rodríguez Ribeiro, esposa de Torres Velásquez que supo de la detención de su marido al mes de ser liberada por personal de Ejército en el mes de octubre de 1973, lo detalla: “La tía de Mario solicitó el cuerpo, y efectivos de las fuerzas armadas le pidieron una caja de lata. Estos se alejaron unos metros y desenterraron un cuerpo sin confirmar si era Mario, y le devolvieron el cajón sellado”.

“Legalidad” de los Consejos

No son pocos los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados que pasaron por los consejos de guerra después del derrocamiento de la Unidad Popular. En esta instancia, inapelable sus sentencias en la práctica, no había un proceso de investigación agudo y objetivo, no permitía que los inculpados dispusieran de opciones de acreditar a su favor, ni se cuestionaba las pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura. Más aún, un importante número de causas fueron aprobadas a partir de las conclusiones del fiscal militar investigador.

A pesar de las recomendaciones al Estado chileno que en 1974 realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el funcionamiento de estos tribunales, y hasta la invalidez jurídica y ética de las resoluciones de los consejos de guerra que acreditó el Informe Rettig en 1990, poco se ha avanzado en Chile para anular su “legalidad”.

En el caso de los seis ejecutados en Chamiza en 1973, el ex ministro Leopoldo Vera se inhabilitó de hacer algún tipo de pronunciamiento por los consejos de guerra ejecutados. De hecho, no hay una ley de Estado que se ajuste al derecho interno chileno con el derecho internacional en esta materia.

“Se ha avanzado, pero falta. Desde el pacto de Nuremberg Chile se ha suscrito lentamente a los derechos internacionales en materia de derechos humanos, en especial por los consejos de guerra que tras el golpe de Estado se aplicaron a personas civiles”, precisó la abogada de las familias querellantes de los seis ejecutados, Pamela Sánchez Nieto.

No obstante, y ante los últimos cuestionamientos que realizó la CIDH a Chile por el caso de Omar Humberto Maturana y otros en septiembre de 2015, en octubre de este año la Sala Penal de la Corte Suprema anuló las sentencias de los consejos de guerra de la Fuerza Aérea del 30 de junio de 1974 y el 27 de enero de 1975. En un fallo histórico se estableció que luego del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, los consejos de guerra solo aplicaron sus procedimientos coercitivos y actuaron contra la Constitución Política de 1925 que los regía.

Sobre los avances que en la actualidad discute el parlamento en cuanto a la vigente “legalidad” de los consejos de guerra, la autora de este reportaje contactó, vía electrónica y telefónica, a cada integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ninguno respondió a la solicitud de entrevista.

“Los compañeros y compañeras que estuvimos y que fuimos torturados en este edificio, en el regimiento Sangra, o en las casas clandestinas, actualmente hemos podido reunirnos. Siendo un total de aproximadamente unas 80 personas, los que desde hace 12 años estamos incluidos en una demanda en contra de quienes ejecutaron estas acciones” Alfredo Argel Marilican.

Cuando asumió el ex presidente Patricio Aylwin en el año 90, luego que un plebiscito anulara cualquier posibilidad de una continuidad de Pinochet en el poder, las ansias de justicia prevalecieron. Los acontecimientos ocurridos durante la dictadura, fueron el motor para comenzar a realizar una serie de indagaciones e investigaciones.

El objetivo era y es encontrar a los detenidos desaparecidos, y así dar alivio a las miles de familias chilenas que pedían de forma imperiosa, justicia para sus: hermanos, hijos, tíos, padres, hijas, hermanas, tías, madres.

Informe Rettig

Debido a esta necesidad, el 25 de abril del año 90´se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A través del Decreto Supremo n° 355, se buscó contribuir al esclarecimiento de la verdad, sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Este organismo estuvo liderado por el político Raúl Rettig, ex embajador de Allende en Brasil. Razón por la cual, tiempo después, fue conocida como Comisión e informe Rettig.

Sin embargo, al año siguiente de entregado el informe final de esta comisión, no se lograron dilucidar y enjuiciar a todos los responsables de las atrocidades cometidas durante la dictadura. Así, según Alfredo Argel, se transformó “en un lavadero de conciencia para los que esperaban un juicio”.

Las recientes tramitaciones

Estas afirmaciones se sustentan en recientes tramitaciones legales, donde en la ciudad de Puerto Montt se han realizado juicios contra los responsables de asesinatos. Como fue el caso de los deportistas del barrio Lintz, tras una discusión con agentes de la fuerza aérea.

Hace solo unas semanas, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de Puerto Montt, Álvaro Mesa Latorre, acusó a tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (Cajsi). Lo anterior, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos. Ilícitos perpetrados en 1973.

Mesa atribuye como responsables al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela. Este sujeto estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 “Sangra”. Otro de los acusados fue el oficial de Carabineros en retiro Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt. Se sumó a esta lista, el detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones.

El relato de una víctima

En este proceso investigativo, donde se señala a policías y componentes de las fuerzas armadas como autores de estas violaciones a los derechos humanos, se encuentra el testimonio de uno de los afectados por estas torturas.

Alfredo Argel Marilican, de 67 años -nacido y criado en Puerto Varas- ejercía en esa época, como auxiliar de la empresa de buses Varmontt, participando en los viajes de Puerto Montt hacia la ciudad de Osorno. Fue allí donde se transformó en dirigente sindical de trabajadores de esta empresa.

“Llegado el golpe militar me detuvieron y en algún momento me dijeron que se iban a desquitar con mi hermano mayor. Él estaba preso por otras razones. Delitos menores. El tema es que, por mi participación de estas actividades sindicales, además que otros hermanos míos también participaban de estas acciones sociales, me arrestaron”, declaró Argel

“Estuve detenido en el edificio de la ex PDI, que está ubicado en frente del mall costanera. No llegué a la cárcel, pero cuando me largaron, me dieron la libertad con la amenaza de que mi hermano que estaba detenido iba a pagar por mí”, acusó también.

Aún se reúnen esperando justicia

En general, para el ex preso político, el comentar o ahondar en detalles, es repetir algo que es conocido por todos, y que ha sido graficado en muchas oportunidades. “Los compañeros y compañeras que estuvimos y que fuimos torturados en este edificio, en el regimiento Sangra, o en las casas clandestinas, actualmente hemos podido reunirnos. Siendo un total de aproximadamente unas 80 personas, los que desde hace 12 años estamos incluidos en una demanda en contra de quienes ejecutaron estas acciones”.

Comentó que hace poquito se fueron a parar afuera de la corte de apelaciones de Puerto Montt, para presionar que se aceleren las tramitaciones que vienen hace año esperando. Argel analizó este mismo hecho, aludiendo a que se pregunta constantemente del por qué la gente no quiere hablar. Donde conoce casos que se vienen tramitando 8, 6 años -12 la suya con otros ex presos políticos- y que ya es momento que empiecen a resolverse. “Hubo comunidades, familias enteras que desaparecieron en la región de la Araucanía, acá en chamiza se perdió mucha gente, pero nadie quiere hablar”.

Rettig

Líneas arriba comentábamos acerca de la comisión investigadora que propició Aylwin, donde, y a la luz de lo que especifica Alfredo Argel, no fue concluyente. Pese a que el informe se cerró nueve meses después de iniciado, en febrero del 91´.

El informe presenta un total de 3. 920 casos de detenidos desaparecidos y torturados por causas políticas. Según Alfredo, no alcanza a ser ni la mitad de todas las personas que fueron vejadas durante la dictadura, y específicamente, posterior al golpe.

“Todos los gobiernos que han pasado -luego de Pinochet- la concertación, nueva mayoría, se hicieron los lesos. Toda la justicia en la medida de lo posible. Para mí, todos los compromisos ejercidos por Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, eran una pantalla, una gran mentira”.

“Al igual de lo que sucede con el proceso que estamos viviendo con este cambio constitucional. Donde vemos que quieren llegar a acuerdos, y continúan con las mismas trampas. Ya lo vemos como están presentándose para participar de este proceso. Entonces, tramitan y esperan los años, que la gente se olvide, se muera. En mi familia quedamos un hermano y yo, y con suerte tenemos sobrinas, nietas, y que esperamos puedan continuar con esta lucha”, criticó Alfredo.

Las razones

Acusó que, durante esos años, los medios de transporte, y también los de comunicación eran muy escasos en esta zona del país. Por lo que la información era escasa.

Comentó que la televisión recién llegó hasta fines de los años 70. Así que las posibilidades de sacar a la luz pública todos esos atentados a los derechos humanos era prácticamente imposible. Añadió que ahora es distinto, ya que existe mucha información. Algunos profesionales de las ciencias jurídicas están sacando los legajos de esos años, y están investigando dichas acusaciones.

“El informe Rettig fue realizado en este país, para hacer creer a la gente y al mundo que en Chile se hacía justicia. Abrieron procesos casi solo en Santiago – ya que Santiago es Chile- y por ende acá los procesos legales eran eternos”

Museo de la Memoria

El 2016 se firmó un convenio entre el Gobierno y agrupaciones de Derechos Humanos. El objetivo era transformar el ex edificio de la PDI en el Museo de La Memoria.

Bajo este contexto, Argel comentó que otro de los objetivos que persigue este edificio es poder dar instrucción en materias relacionadas con los derechos humanos. Sin embargo, aún no hay recursos para poder poner en ejecución este proyecto.

En conclusión, el ex detenido durante la dictadura, mantiene la esperanza de que estos crímenes puedan ser juzgados y condenados. Para que una parte de la historia de este país, pueda comenzar a sanar una herida. Lograr que la comunidad pueda entender que existen cosas que van más allá de una comprensión política. Que cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas, es un acto condenable.

Efectivos de las Fuerzas Armadas, en algunos casos con orden emanada de la Fiscalía Militar en tiempos de guerra y en otros sin orden alguna, detuvieron a cientos de personas en los días que siguieron al Golpe, siendo trasladadas al Regimiento Sangra. Pero después, a medida que las detenciones aumentaban, eran ingresadas directamente a los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, ubicado en la intersección de calle Serena y Egaña, en pleno centro de la capital regional.

En estas dependencias, los detenidos fueron sometidos a violentos interrogatorios por miembros de las fuerzas armadas, asistidos logísticamente por oficiales que desempeñaban funciones de inteligencia al interior del CAJSI, entre otros, el Capitán de Ejército, Eugenio Covarrubias Valenzuela, el teniente de Carabineros Oscar Tapia Gallegillos y el Inspector de la Policía de Investigaciones, Roberto Díaz.

Las sistemáticas agresiones y tormentos a las que fueron sometidos los hombres y mujeres que pasaron por este lugar, permiten identificar a este cuartel como uno de los miles de centros de detención política y tortura utilizados por la Dictadura de Pinochet, convirtiéndolo en el recinto más emblemático del ejercicio del Terrorismo de Estado en la Región de los Lagos. Situación que se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 y se mantuvo mientras permaneció en Puerto Montt como Jefe de Plaza el general Sergio Leigh Guzmán, comenzando a decaer al asumir su reemplazante, el general de la misma rama, Juan Soler Manfredini.

Múltiples testimonios de víctimas que pasaron por el Cuartel de la PDI, que acreditan la aplicación de maltratos de diversa índole en el recinto, han permitido que sean sometidos a proceso Eugenio Covarrubias Valenzuela; Carlos Segundo Tapia Galleguillos y Roberto Javier Díaz Moya, en calidad de autores de los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos