Regimiento de Artillería N° 2 “Maturana”

 En una área de la ciudad de Valdivia se concentraba cuatro recintos militares: el Regimiento de Caballería Blindada No 2 “Cazadores”, el antiguo Regimiento de Artillería N° 2” Maturana” (hoy la Dirección General de Fomento Equino y Remonta – Digefer), el Regimiento de Telecomunicaciones Nº 4 “Membrillar” y la Fiscalía Militar (Valdivia), los cuales jugaron un rol central en el proceso de represión en la X Región y sirvieron como centros de interrogatorio y tortura de presos políticos.

Muchos de los prisioneros, hombres y mujeres, fueron trasladados desde recintos como la cárcel o comisarías de Valdivia y otras ciudades. Varios eran traídos luego de ser detenidos durante operativos militares en zonas rurales, especialmente en la precordillera de Valdivia. Los presos llegaban en camiones, hacinados y en muy malas condiciones físicas. Por las características del lugar, es probable que los detenidos no supieran con certeza en cual de los tres regimientos se encontraban.

Se los mantuvo al interior del regimientos en el gimnasio, en galpones y en las caballerizas, incomunicados, encapuchados durante varios días, privados de alimento y agua. Hay víctimas que denunciaron haber sido rapadas al ingresar. La Fiscalía Militar de Valdivia funcionó en el Regimiento N° 2 Cazadores, por lo cual muchos prisioneros fueron llevados desde la cárcel u otros recintos por personal del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) para ser interrogados. Ex presos políticos denunciaron haber sufrido golpes, algunos con varillas de mimbre; aplicación de electricidad, simulacros de fusilamiento, el submarino en agua con inmundicias, extracción de uñas, obligación de permanecer en posiciones forzadas, colgamientos y quemaduras con cigarrillos. Luego de un tiempo eran trasladados a la Comisaría de Valdivia, a la cárcel o al recinto de reclusión ubicado en el gimnasio del Banco del Estado-Cendyr.

El 9 de octubre de 1973, un convoy militar procedente de los Regimientos “Cazadores” y “Maturana”, ambos con asiento en la ciudad de Valdivia, compuesto por varios vehículos entre jeeps y camiones y con una dotación aproximada de 90 personas, inició una caravana hacia el Sector Sur del Complejo Maderero Panguipulli. Durante el operativo por parte de la IV Division del Ejercito, también participaron miembros de la Fuerza Aerea, Bionas Verdes de la Escuela de Montaña (con asiento en Temuco), y civiles de la localidad. En las localidades de Chabranco, Curriñe, Llifén y Futrono los militares detuvieron desde sus domicilios o lugares de trabajo, o recibieron de manos de Carabineros, a 18 personas, en su mayoría miembros del Sindicato Campesino “Esperanza del Obrero”. Algunos de estos presos políticos habían sido anteriormente detenidos por Carabineros y trasladados a la Comisaria de Carabineros de Futrono. Al interior de la comisaría los presos políticos eran interrogados y torturados en el sector de las caballerizas; el resto del tiempo eran mantenidos en calabozos, hacinados y sucios, incomunicados, vendados, sin alimento, sin baño ni agua. Algunos de ellos fueron trasladados a la Escuela No 45 Maria Deo Gracia ubicada en Balmaceda 280, Futrono, donde sufrieron nuevos interrogatorios a manos de militares del Regimiento ”Cazadores”.

La noche del 9 de octubre de 1973 algunos de esto presos fueron llevado por esta caravana al fundo Chihuio de propiedad de Americo Gonzalez en el sector cordillerano denominado “Baños de Chihuío”, donde serian obligados a preparar un asado para la comitiva militar y luego fueron nuevamente brutalmente maltratados. En una hora no precisada, los presos fueron sacados de la casa patronal de ese fundo y llevados a las inmediaciones a una distancia aproximada de 500 metros, lugar en el cual se les ejecutó.  Uno de los conscriptos que estuvo presente ha declarado que: “..Marco Rodrigues (miembro del Ejercito) pidió voluntarios y 3 o 4 conscriptos se presentaron, los otros fueron sacados de los conscripto de planta…..  era tarde y tomaron a todos los detenidos, algunos estaban en muy mal estado y se los llevaron a las afueras….los amontonaron como quien apiña un ganado y los hicieron pedazos a bala…”

El 10 de octubre de 1973, un testigo reconoció en ese lugar a varias de las víctimas y pudo percibir que la mayoría los cuerpos tenían cortes en las manos, en los dedos, en el estómago e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar huellas de impactos de bala en los restos.  Los cadáveres de los ejecutados permanecieron en el lugar de su ejecución durante varios días, cubiertos tan sólo con algunas ramas y troncos.  Aproximadamente unos quince días después de la ejecución, fueron enterrados por los efectivos militares en fosas de diferentes dimensiones. 

Criminales y Cómplices:

Teniente Coronel Santiago Sinclair Oyaneda (Comandante del Regimiento “Cazadores”; actualmente Senador Designado);  General Héctor Bravo Muñoz (Comandante de la IV División del Ejercito); Teniente Coronel Jeronimo Pantoja Hernandez (Regimiento “Maturana”); General. Arturo Medina Lois (Jefe de las Fuerzas Especiales de la Region); Coronel Héctor González (Regimiento "Maturana"); Comandante Patricio Bravo Pantoja (Comandante Regimiento "Membrillar");  Pablo Alvarez Souviabre (soldado);

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; CODEPU; Documental “La Guerra Preventiva”; Diario: El Diario Austral; El Mostrador; Archivo Memoriaviva;

El pasado 09 de octubre se conmemoraron los 40 años del asesinato de 18 trabajadores campesinos en el sector de los Baños de Chihuio, un hecho que en Futrono es conocido pero del que curiosamente no se habla, al menos no abiertamente.

Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, a principios de octubre de ese año, desde Valdivia sale un operativo militar cuyo objetivo era llegar a la zona sur del denominado Complejo Forestal y Maderero Panguipulli para “detener campesinos alzados que habían apoyado el gobierno de la Unidad Popular”. Esta caravana, compuesta por varios vehículos y 90 soldados más oficiales, se dirigió desde el Regimiento Cazadores junto a miembros del Regimiento Maturana, rumbo a Futrono, a Chihuio.

Una vez en Futrono, la mañana del 09 de octubre, la caravana recogió a 6 prisioneros que estaban en manos de carabineros de Futrono y Llifén, luego continuaron con violentas detenciones en Curriñe, las que se completaron en Chabranco, totalizando 18 prisioneros asustados, humillados y golpeados, algunos de los cuales fueron sacados de sus casas, arrancados del lado de sus esposas e hijos, sin saber a donde los llevaban ni cual sería su destino, muchos de ellos formaban parte del sindicato Esperanza del Obrero.

Uno de los prisioneros de nombre Andrés Silva Silva, era originario de Nilahue, el que fue acribillado en el sector de Sichahue y su cuerpo abandonado en el camino, mas tarde algunas personas del lugar se hicieron cargo de darle sepultura en el campo.

Ya de noche la caravana arribó a Chihuio, donde los presos fueron obligados a preparar un asado para la comitiva militar para luego ser torturados. En una hora no precisada, fueron sacados del lugar, se alejaron unos cientos de metros y los acribillaron en medio de la oscuridad de la noche y la lluvia de finales de invierno.

Días después otro grupo militar se dio a la tarea de sepultar los cuerpos en el lugar, y en alguna fecha entre 1978 y 1979 los restos fueron exhumados en la operación llamada “retiro de televisores”, y desde entonces el lugar a donde los llevaron es desconocido.

Un hecho de esta magnitud debiera permanecer como un hito siempre presente en la memoria colectiva de Futrono, sin embargo la realidad es que pareciera existir un acuerdo general en cuanto a no hablar del tema, como un incómodo secreto de familia que es preferible pasar por alto con tal de evitarse un sinsabor y del que se puede hablar solo con algunos y en voz baja. Cuando un tema es tratado de esa forma en la sociedad, estamos en presencia de un tabú, es decir una cosa de la cual normalmente no se suele hablar y a como de lugar se debe tratar de ocultarlo porque se considera que puede crear problemas.

La pregunta es ¿se puede realmente tratar como un tabú a un hecho histórico tan próximo en el tiempo y que está registrado en la literatura, en videos o incluso en notas de prensa? La respuesta es no, no se puede evadir la existencia de ese hecho, pero es entonces cuando entra en escena la memoria selectiva, o sea la capacidad de recordar lo que queremos recordar mientras olvidamos otras cosas, y esto lo hacemos en forma voluntaria.

Aquí viene una segunda pregunta; ¿por qué este hecho fue transformado en tabú, al punto de querer olvidarlo en la memoria colectiva? Me atrevo a decir que en un principio fue por temor; a estas personas las mataron porque eran contrarios al nuevo orden por tanto no valía la pena referirse al tema o se podía correr la misma suerte que ellos, por eso mucha información nunca hubo, era mejor quedarse callado.

Años mas tarde con el retorno de la democracia se supo a través de la prensa y el trabajo de la justicia todo tipo de detalles acerca de este hecho, y sin embargo continuó siendo un tabú, un velado miedo continuó estando presente por varios años todavía. Recuerdo en una ocasión haber escuchado una conversación entre dos o tres personas mayores allá por el año 1999 o 2000, justo después de la detención de Pinochet en Londres, donde comentaban entre ellos con mucha seguridad (y prudencia) que todavía era posible que hubiera un nuevo golpe militar. Si a eso no se llama miedo, entonces no se de que otra forma llamarle.

Como una forma de contrarrestar la natural tendencia humana al olvido, es que se instaló en Chabranco un Memorial de los Ejecutados Políticos de Chihuio, lugar donde cada año los familiares de las víctimas se reúnen para mantener vivo el recuerdo de sus deudos y las circunstancias en las que perdieron la vida.

Chihuio es parte de nosotros, allí a 18 campesinos les arrebataron la vida, pero hoy pareciera persistir a través del tabú y la memoria selectiva la predisposición a arrebatarlos también de nuestra historia, como futronino les digo que si eso llegara a suceder sería un grave error y una irresponsabilidad pretender borrar el pasado ya sea porque molesta, o porque simplemente es mas fácil vivir sin un compromiso con la memoria. Atrevámonos a aceptar lo sucedido, a hablar abiertamente sobre ello, ya han pasado 40 años y si queremos crecer como comunidad tenemos que reconocer nuestra historia.

 Jorge Eugenio Maldonado Sepúlveda fue asesinado el 12-03-1974 a las 15:30 horas, en el Regimiento Maturana de Valdivia, por una herida de bala cráneo encéfalo facial, según consigna el Acta de Defunción respectiva.

De acuerdo con las declaraciones de familiares, el Ejército les informó que el joven se había suicidado con un arma de fuego en la cara, en el interior del Regimiento donde estaba destacado. Un testigo que en esos momentos estaba haciendo el Servicio Militar aseguró que Jorge Maldonado tenía serios problemas con el Servicio de Inteligencia Militar, por su actitud de rechazo a determinadas acciones que se les ordenaba realizar. 

No fue posible ubicar el proceso judicial respectivo ni el Protocolo de Autopsia. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, pese a no haber establecido las circunstancias precisas de su muerte, el Consejo Superior estimó que la decisión de autoeliminarse es atribuible a las condiciones de tensión en que efectivos militares de escasa experiencia cumplían funciones para las que no estaban suficientemente entrenados. Por tal razón, y atendida la época de estos sucesos, declaró a Jorge Eugenio Maldonado Sepúlveda víctima de la violencia política imperante).

Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada  en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia:  "Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me  hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y  nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo". 

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que  es mentira, que a los sobrevivientes "les pagaron para hablar contra las Fuerzas  Armadas", o por último que "se lo merecían". Pero el país ya supo la verdad y hasta  una modelo-animadora quiere "saber los nombres de los torturadores". Esa es la  idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar  50 años para ser conocida. 

Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y  Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a  través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de  comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni  familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el  ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que  llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica  certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los  antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de  la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en  los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un "punto final" para  terminar con las "mentiras" contra su institución. El otro ex almirante, Jorge  Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de "dar de baja" a La Esmeralda, "que sólo puede ser dada de baja en combate" y amenazó: "Yo no puedo 

comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé  qué lo origina". Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre  los infundios sin base contra los uniformados y el "gobierno militar", repetidos en  boca de los generales y almirantes en retiro. 

El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la  declaración oficial de su institución y agregó que: "las consecuencias hoy día las  estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura  yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra  ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura". 

Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de  Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y  aseguraron que "no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón".  Stange criticó el informe sobre tortura "porque raya en lo inconstitucional,  poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la  junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo  Valech", señaló. 

Cordero, por su parte, dijo que habría que "completar la tercera pata de la mesa,  porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se  produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las  situaciones que se produjeron con posterioridad". 

El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la  posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de  1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para  desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva  Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.

La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse  en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura  era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la  democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su  participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de  gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los  agentes lo conocían como "el car’e jote". Pronto deberá iniciar continuas visitas a  tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre  tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades  como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las  que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del  informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la  Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en  que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen  de Mayor Cuantía de Santiago. 

Exigencias desde las organizaciones 

La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia.  El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que "la principal  reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera  proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las  víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público  en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los  tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran;  que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que  sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los  responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya  matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han  sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para  reprimir a su propio pueblo". 

El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el  intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener  que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización. 

 

Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: "Así como se van abrir nuevos plazos  para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron,  planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un  plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un  nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los  testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de  personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar’". 

Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el "asombro" de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge  Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La  tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del  Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados  para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de  ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los  rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la  abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron  cometidas en contra de quienes consideraban "enemigos", "humanoides" en el decir  de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los  sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para  transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de  transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de  aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos  desaparecidos. 

DINA: La mano de Pinochet 

"Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del  Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó". 

(Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados,  pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados  por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias "Mamo" y "Mojón".  Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias "Don Rodrigo"; Raúl  Eduardo Iturriaga Neumann, alias "Don Elías" y "Luis Gutiérrez"; Miguel Krassnoff  Martchenko, alias "caballo loco"; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay  Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más. 

Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias  "coronta", "ronco" y "oso". 

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias "Víctor". Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían  servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez,  Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol.  Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.  Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias "Antolín". C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia  Exterior. 

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias "Max Lenoux". Jefe del centro  clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de "Pedro Diet Lobos" e instructor de la Escuela Nacional de  Inteligencia impartiendo los cursos de "servicio secreto y observación". Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los  90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias "teniente Pablo". Agente  Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como "los guatones". Hasta  principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y  Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia  Labrín Sazo. 

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3.  Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez,  Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo. 

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli.  Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi).  En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que  causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor  en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE. 

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias "muñeca del diablo" y "cucharita", este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue  funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa  Elena de Macul, sitio que abandonó poco después. 

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias "gato".  Emilio Iribarren Ledermann, alias "Joel". Pasó de militante del MIR a ser agente de  la DINA. 

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "Barba". Pasó de militante del MIR a ser  agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está  siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones. 

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel  General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la  DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel. 

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias "gil culiao". 

Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución. 

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias "Quico" o "Daniel Cáceres". Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al  DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de  Peñalolén.

Brigada Purén 

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I.  5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de  San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca,  donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército. 

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias "Raúl" y "Claudio".  Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San  José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de  coronel. 

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras. Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias "Don Jaime". C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de  coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105,  lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los  supermercados Lider. 

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias "teniente Manuel". C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro  Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón  Logístico de Concepción. 

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias "el troglo". Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por  múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales "Daniel Rebolledo" y con  labores operativas en el DINE. 

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias "mano negra". Instructor en  Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como  Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina  de "Servicios de Seguridad Alcázar", ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela  de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena.  Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle  Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje  profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército. 

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente  coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército.  Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras  Valdebenito. 

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa. 

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez. 

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias "Harry el sucio".  Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias "Pedro". 

Otros mandos y agentes 

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por  su participación en la financiera ilegal conocida como "La Cutufa". 

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de  Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga  los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada "Villar y Reyes" y  "Elissalde y Poblete". Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos  predios en la zona sur del país. 

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias "Luis Gutiérrez", C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo  Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se  reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores,  Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado  militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la  embajada chilena en Sudáfrica. 

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde  cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de  propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como  empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba. 

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el  jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal  Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas  de la DINA tienen extensas zonas de tierra. 

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano).  Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en  diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.  Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I.  4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA.  Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San  Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército. 

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente  Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue  uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la "Caravana de la Muerte". El año 1974 pasó a formar parte de la DINA.  Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa  minera Kvaerner-Chile, de origen holandés. 

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias  "cachete grande". Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y  torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se  encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones "Kamaron Bay", donde usa el  alias de "Ricardo Flores" en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de  Santiago. 

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de  pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se  desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas  turísticas. 

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo  Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias "cachete chico". Hasta marzo de 1991, con el  grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue  trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval,  debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La  Reina. 

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta  Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a  la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es  Gerente General de Radio Santiago. 

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel  de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al  mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de 

Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que  viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy. 

Comando Conjunto

El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que  operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la  represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del  Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe  Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes  hablan de más de 70.

El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de  Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación  importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR).  Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de  Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del  Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de  Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria  y Libertad.

Los inicios en la AGA 

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea  recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez  Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar  Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y  médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y  Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta  general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval,  Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig  Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia  permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor  principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel  Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra "Arturo Prat". Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los  asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en  pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval,  Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el  sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo  Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre). 

Los más siniestros 

Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de  Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán  de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en  1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado  como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y  Reinalda Pereira por el ministro Cerda. 

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de  Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y  muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en  las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel,  Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los  sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco. 

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la  guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita  y de la desaparición de Víctor Vega. 

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes  Morrison en el CC. Alias "Inspector Cabezas". C.I. 2.895.236-8. Procesado como  autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y  Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de  Alfonso Carreño Diaz en 1974. 

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del  Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura  "Remo Cero". Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de  Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus. 

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I.  4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del  secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega. 

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo". C.I. 5.083.760. Suboficial  (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y  desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la 

disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza  Aérea (SIFA).

Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la  Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.  Miguel Arturo Estay Reyno, alias "El Fanta". C.I. 6.446.545-7. Ex militante  comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del  Comando Conjunto. 

Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales  comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega. 

César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Como militante de  Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno  de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del  edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el  Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC,  pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última  dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de  equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin  embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.  Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex  militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego  pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su  último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.  Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de  la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea  El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a  formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de  decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ‘90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio.  Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo. 

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de  La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a  Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC. 

Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de  izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga  permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de  La Florida. 

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R)  de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue  procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y  desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es  responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José  Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre  otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al  mar de otros, frente a las costas de Quinteros.. 

Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias "Chirola". C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R)  de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la  Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a  formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el  secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció  al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ‘90.  Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.  Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y  Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda  Pereira y Víctor Vega.

Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias  "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.  Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter" (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas "La Firma". Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de  José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA. Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de "Fifo" Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex" (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del  Comando Conjunto. 

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias "Peque", "Rucio" o "Pol".  C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega. 

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de  José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y  313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y  a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de  Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen. 

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del  Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal. 

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias "Yerko". C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el  homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún  como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el  rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". C.I.  7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el  secuestro y desaparición de Víctor Vega. 

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias "Chino". C.I. 6.969.320- 2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.  Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado  del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el  asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH. 

Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH. 

Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH. 

Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH. 

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.

Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2. 

Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.

Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.

Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.

Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2. 

Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.

Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.

José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.

Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.

Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.

Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.

Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

Los médicos: 

Rompiendo el Juramento de Hipócrates

"Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento… Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con  mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro…".

Parte del Juramento Hipocrático

Darwin Arriagada. 

Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973.

Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el  plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos.  Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados.

Camilo Azar Saba.

Médico de la CNI. 

Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas  aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico  Alvarez Santibáñez. 

Guillermo Aranda. 

Médico de Punta Arenas, Cardiólogo.

Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad. 

Alejandro Babaich Schmith. 

Director Hospital "Cirujano Guzmán" de Punta Arenas. 

Asesor en torturas contra prisioneros políticos. 

Gregorio Burgos. 

Médico del Regimiento de Los Angeles.

Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido  perdiera el sentido. 

Víctor Carcuro Correa. 

Médico de la CNI. 

Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su  participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

Raúl Díaz Doll. 

Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud.  Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos.  Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios  a los médicos detenidos y torturados. 

Guido Mario Félix Díaz Paci.

Medico del Ejército y de la CNI. 

Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron  con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena.  Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el  cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. 

Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci  mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una  Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el  estado del detenido. 

Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que  había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte,  ocultando los verdaderos motivos del deceso. 

Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico.  En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a  su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del  Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer  se había dinamitado.

José María Fuentealba Suazo. 

Médico del Ejército. 

El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río  Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José  Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando  escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán  Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también  la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich  Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de  Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino.  En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis  Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros  Evaldo Reidlich Hains. 

Alejandro Jorge Forero Alvarez.

Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. 

Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de  Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina.  En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y  drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer.  Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días  ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto. 

Werner Gálvez. 

Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique.

A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico,  alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad. 

Fernando Jara de la Maza. 

Médico traumatólogo de Valdivia. 

En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de  tortura a detenidos. 

Manfred Jurgensen Caesar. 

Médico de la CNI. 

Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este  organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez. 

Luis Losada Fuenzalida. 

Médico de la CNI. 

También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que  culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. 

Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en  el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

Minoletti. Médico de Carabineros, provincia de Concepción. 

Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte  natural para encubrir los crímenes.

Vittorio Orvieto Teplizky. 

Médico del Ejército. 

Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de  Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de  Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía. 

América González Figueroa. 

Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde  falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos.  Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de  Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como "muerte súbita", el asesinato de  Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios  de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez,  que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera  secuestrado en Santiago. Otro "servicio a la patria" fue su participación en los  exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet.  En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de  Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco  después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los  cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió  una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia  José Antonio Gómez, militante radical. 

Jorge León Alessandrini. 

Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical  Tucapel Jiménez Alfaro.

Osvaldo Leyton Bahamondes.

Médico de la DINA. 

Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus "colegas" al verse involucrado públicamente en el robo  de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El  doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London. 

Bernardo Pulto. 

Medico radiólogo de Melipilla. 

Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de  tortura a prisioneros. 

Luis Hernán Santibáñez Santelices. 

Médico DINA. 

Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London  (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés. 

Hernán Horacio Taricco Lavín. 

Médico DINA. 

Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado  en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles. 

Hernán Twane.

Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran  interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida  en las inmediaciones del edificio Diego Portales.

Werner Zanghellini Martínez.

Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge  Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de  Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina  cercana perteneciente a un familiar. 

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. 

Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica  clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la  CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras.  Brigada de Salubridad de la DINA. 

Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo  Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo  Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio  Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio  Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

Sus direcciones actuales

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. 

Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.  Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. 

Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en  Avenida Recoleta 464, Santiago. 

Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia.  Teléfono 233 7524. Fax 234 1740. 

Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. 

Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco.  Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. 

Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71,  Vitacura. Teléfono 2069147.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. 

Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin  publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna. 

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. 

Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio  Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es  Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768. 

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. 

Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste,  Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450  8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura  1278, teléfonos 2433425 y 2433444. 

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista.

Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental  "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978. Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. 

Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. 

Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección  conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. 

Trabaja en el Hospital Militar de Santiago. 

Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. 

Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555.  Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K 

Guido Díaz Paci, Pediatra.

Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de  Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel  Gaete Paredes. 

Mantiene consulta particular en esta ciudad. 

Camilo Azar Saba, Traumatólogo.

Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en  Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección  conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 – 3265294 Vitorio Orvieto Tiplizki, Oftalmólogo.

Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio 1501, Cerrillos,  teléfono 6367200.

Luis Santibáñez Santelices, Broncopulmonar. 

Atiende en Integramedica Las Condes, ubicada en el mall Alto Las Condes, Av.  Kennedy 9001, tercer piso. Teléfono 6796500.

 El "escalafón femenino" de la tortura 

Junto a los torturadores consumados, entre los agentes más crueles en la sala de  torturas aparecen las mujeres que se pusieron al servicio del terror. Un número  muy importante estuvo en labores administrativas que permitieron el  funcionamiento de los aparatos represivos, pero también las hubo en funciones  operativas directas, en secuestros, torturas, ejecuciones y desaparición de prisioneros. Esta es una muestra. 

El importante caso del secuestro de Miguel Angel Sandoval se une al conocido  como "de los 119", por el número de quienes se intentó hacer aparecer como muertos en riñas internas en Argentina en la denominada "Operación Colombo".  Testigos del secuestro de Sandoval relatan haberlo visto en Villa Grimaldi hasta el  10 de febrero de 1975, día en que es sacado junto a María Isabel Joui Petersen, María Teresa Eltit Contreras, Renato Sepúlveda Guajardo, Jorge Herrera Jofré y  Claudio Silva Peralta, todos desaparecidos. 

El testimonio de María Isabel Matamala entrega otro dato: fue detenida por Osvaldo Romo y llevada a Villa Grimaldi, torturada durante 15 días por el mismo  Romo y Basclay Zapata, e interrogada por Moren, Krassnoff, Laureani, Ricardo Lawrence, Ferrer y una mujer apodada "la comandante", cuyo nombre era Rosa Humilde Ramos.

Las torturadoras de la DINA 

La sobreviviente María Salinas Farfán señala que vio a muchos detenidos que hoy  están desaparecidos y que, entre los agentes, puede reconocer a Romo, Laureani,  Krassnoff, Moren Brito, Luz Arce, Marcia Merino y Alicia Gómez (María Alicia Uribe  Gómez), "la Carola". 

 

Osvaldo Romo reconoce que entre los torturadores de Villa Grimaldi estaban César  Manríquez, Wenderot y Palmira Almuna. Basclay Zapata, alias "el Troglo", declara  que "en 1975 se casó con Teresa Osorio Navarro, también funcionaria del  organismo" y que salía junto a Luz Arce a "porotear" en un vehículo por las calles  de Santiago. Teresa Osorio dice haber "ingresado como empleada civil de la Armada  en 1974, siendo destinada a trabajar en la DINA, en el cuartel de Villa Grimaldi,  como secretaria de Krassnoff. Supo que los agentes de la DINA estaban divididos  en grupos, denominados ‘Halcón’, ‘Purén’, ‘Aguila’ y otros, llamándose ‘Caupolicán’  el conjunto de éstos. Reitera sus dichos en careo con Eugenio Fieldhouse (también  agente), insistiendo que ella no salía a detener". 

Fieldhouse, proveniente de Investigaciones, admite que entre los agentes de Villa  Grimaldi se encontraban Teresa Osorio, Rosa Humilde Ramos y Palmira Almuna.  Mientras que el sobreviviente Raúl Flores Castillo relata que fue detenido "por  sujetos armados, uno de los cuales se identificó como Osvaldo Romo, lo subieron a  un vehículo en el que había más personas, una mujer a la que le decían ‘la negra’  (Teresa Osorio) y un sujeto al que llamaban ‘el Troglo’". 

Si bien muchas de las mujeres que pertenecieron a la DINA realizaron labores  administrativas, existe un equipo que ha sido catalogado por los sobrevivientes  como "las más sádicas y crueles". Entre ellas destacó la subteniente de  Carabineros Ingrid Felicitas Olderock Oelckers, quien fuera instructora de  torturadores ya en la escuela inicial de Tejas Verdes. Como integrante de la  Brigada Purén fue adiestradora de los perros usados en las vejaciones sexuales  cometidas contra hombres y mujeres en el cuartel secreto "Venda Sexy".  También subteniente de Carabineros, Palmira Isabel Almuna Guzmán, alias "la  Pepa", fue integrante de la Brigada Purén y torturadora en José Domingo Cañas  bajo las órdenes de Ciro Torré Sáez, posteriormente trabajó bajo las órdenes de  Pedro Espinoza Bravo. Era la encargada de seleccionar e instruir a futuras agentes,  que eran infiltradas como mujeres frívolas y bonitas en diversos ámbitos de  relevancia política nacional. Pasó a la CNI y en 1985 retornó a Carabineros, desempeñándose en un centro correccional de menores en Iquique con el grado de  comandante del escalafón femenino. Fue denunciada en su casa de Luis Beltrán  1000, en Pudahuel, el 31 de mayo de 2003, luego de lo cual no se le ha vuelto a ver  por el barrio, probablemente viviría en Iquique. 

Nélida Gutiérrez Rivera fue secretaria privada y amante de Manuel Contreras.  Luego de la detención de su jefe, continuó como su secretaria a media jornada en  las oficinas que éste tenía en la calle Ricardo Lyon, el resto del tiempo lo dedicaba  a su Boutique "Mané" (Manuel y Nélida) en el caracol de Lyon y Providencia.  Si bien no se conoce con certeza el rol que cumplió Viviana Pincetti Barra, que  aparece recibiendo sueldos de la DINA y es hija de Osvaldo Pincetti Gac, alias  "charla", su padre la llevaba de "visita" a Villa Grimaldi y otros cuarteles del  organismo represivo. 

Variados testimonios hablan del terrible rol que cumplió Marcia Alejandra Evelyn  Merino Vega, alias "la flaca Alejandra", como agente tras ser militante del MIR. Por  estos días vive en una zona insular de Chile, desde la que viaja a Santiago para  prestar declaraciones en los diversos juicios contra la DINA. 

Otra mujer convertida en agente fue Luz Arce Sandoval, quien pasó de militante  del PS a la DINA. Sobrevivientes la recuerdan presente en las sesiones de tortura  en Villa Grimaldi, Londres 38 y Cuatro Alamos. Continuó su trabajo en la CNI y en  1990 se puso a disposición de los tribunales para declarar en casos de  desaparecidos. Hoy vive fuera de Chile y retorna circunstancialmente para aportar  datos en procesos judiciales. 

 María Alicia Uribe Gómez, alias "Carola", de militante del MIR pasó a ser agente  de la DINA, luego de la CNI y después de 1990 fue integrada al DINE. Junto a otras  colaboradoras efectuaban verdaderos "desfiles de moda" con la ropa de prisioneras  asesinadas en los cuarteles de la DINA. Fue vista en Villa Grimaldi, Cuatro Alamos  y José Domingo Cañas. 

Como "la comandante" era conocida Rosa Humilde Ramos Hernández, torturadora  en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi e integrante de la Agrupación Aguila de la  Brigada Caupolicán. Su recuerdo es imborrable entre los sobrevivientes por su  apariencia masculina y el sadismo que aplicaba en las torturas. Cruel es también  María Teresa Osorio, alias "Soledad" o "la negra", esposa de Basclay Zapata.  En la Brigada Purén, dedicada a la represión del PS, el PC y la DC, aparecen con  funciones la detective Ximena San Juan, Elsa del Tránsito Lagos Salazar,  Francisca del Carmen Cerda Galleguillos y Nancy Edulia Vásquez Torrejón, alias  "Pelusa". 

En la Agrupación Halcón II de la Brigada Caupolicán, grupo que participó en el  enfrentamiento con Miguel Enríquez, estaba María Gabriela Ordenes, alias  "Marisol", a quien se vio presente en sesiones de tortura. 

Agentes en funciones administrativas eran Mirtha Espinoza Caamaño, secretaria  de la DINA, que trabajó bajo el mando de Augusto Deitchler en la Subdirección de  Inteligencia Interior. María Gabriela Coll Webar, secretaria del staff del Cuartel  General. Marta Smock Teixido, secretaria del staff del Cuartel General en la  Subdirección de Inteligencia Económica. Sandra Montecinos Sepúlveda, secretaria del staff del Cuartel General. Eliana Quilodrán, alias "Ely", agente de la Dirección  de Operaciones que actuaba bajo el mando de Pedro Espinoza Bravo en la sección  de Educación e Informática. Teresa Aburto, secretaria de la Sección C-2, que  continuó trabajando en la CNI y luego en el DINE. Enriqueta Salazar Contreras,  secretaria de la Subdirección de Inteligencia Interior con labores directas con Rolf  Wenderoth y que luego sería integrada a Carabineros. Maribel Maringue Moya,  secretaria del Subdirector tras la salida de Wenderoth, y que posteriormente  continúa cumpliendo funciones en la dirección de la CNI.

También aparecen Ana María Rubio de la Cruz, alias "Carmen Gutiérrez",  Suboficial del Ejército y secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior,  implicada en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. María Eliana  Moncada Prieto, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, que luego se  integra al Departamento de Contrainteligencia. Sara Aguila Márquez, asistente  social de la Subdirección de Personal. Carmen Avila Ferrada, Secretaria de Arturo  Ureta Siré en la Subdirección de Inteligencia Exterior, posteriormente pasa a  cumplir el mismo cargo en la CNI, bajo el mando del Coronel Suau. Alejandra  Damián Serrano, que utilizaba el alias "Roxana", era secretaria de Michel Townley.  La enfermera María Eliana Bolumburú Taboada (Bolumburó según la lista de  "Elissalde y Poblete") integró la Brigada de Salubridad de la DINA, trabajando en  las clínicas clandestinas junto a varios médicos que asesoraban las torturas. El  último dato de su paradero la ubicaba trabajando en una empresa farmoquímica  de la calle Ejército y viviendo en una villa de Maipú. 

La chica del Comando Conjunto 

Parece que la única mujer del Comando Conjunto es la famosa Pochi, a quien se le  vio vestida de uniforme escolar preguntando por personas que luego serían  secuestradas. También estuvo activa en las torturas que se le infligieron a decenas  de prisioneros en los centros clandestinos de tortura conocidos como Nido 20 y  Nido 18. 

Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, fue soldado (r) de la FACH, con destinación a  la DIFA y al Comando Conjunto. Esposa del general Patricio Campos Montecinos,  Director General de Aeronáutica Civil hasta la denuncia realizada por el diario La  Nación. Procesada en dictadura por el ministro Cerda como autora de asociación  ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto,  amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Por estos días sigue siendo involucrada  en los procesos que se llevan contra el Comando Conjunto. 

 

por Julio Oliva García 

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones de los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, sometió a proceso al ex general del Ejército Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder, en calidad de autor del delito homicidio calificado de 17 trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, ejecutados en la localidad de Chihuío el 9 de octubre de 1973 y sepultados ilegalmente para hacerles desaparecer el día 10 del mismo mes.

En la resolución (causa rol 2182-98, "Episodio Chihuío"), la ministra Plaza González procesó al ex militar por los homicidios de los trabajadores madereros Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses y su hijo de 17 años de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada.

Cabe mencionar que en agosto del 2020 el ex vice comandante en jefe del Ejército, ex jefe del estado mayor presidencial de Pinochet, ex integrante de la Junta Militar en dictadura y ex senador designado (entre 1990 y 1998), fue condenado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago a la pena de cinco años y un día de presidio por su responsabilidad en los asesinatos de otros 12 prisioneros del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli ejecutados en la ciudad de Valdivia a comienzos de octubre de 1973, como parte del paso de la llamada Caravana de la Muerte por el sur del país. Condena que el ex uniformado aún no comienza a cumplir.

En la presente resolución respecto del episodio Chihuío, la ministra en visita consigna que, en esta etapa procesal, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

"En la comuna de Futrono, sector fundo Arquilhue, en los caseríos de Curriñe, funcionaba la administración y pulpería del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, poblado de Chabranco, en las inmediaciones de las termas de Chihuío, en donde en esa misma época se encontraba la sede del sindicato 'Esperanza del Obrero', al que pertenecían los trabajadores del Complejo Maderero.

Internándose unos 16 kilómetros hacia la cordillera se encuentre Chihuío, donde como resultado de la violencia dirigida en contra de un sector determinado de la población civil partidaria del régimen depuesto por las fuerzas militares, a contar del 13 de septiembre de 1973, de manera organizada, campesinos fueron privados de libertad por funcionarios de carabineros.

El día 7 de octubre de 1973 se llevaron a cabo nuevas privaciones de libertad en contra de la población civil de dicho sector. Asimismo el 9 del mismo mes y año, personal militar de los Regimientos Caballería N° 2 'Cazadores' y 'Maturana' de Valdivia, salió rumbo a Futrono al mando de un oficial y secundado por otros oficiales, en una caravana compuesta por varios vehículos, entre jeeps y camiones, con una dotación aproximada de noventa personas. Dicha caravana militar se dirigió hacia el sector sur del Complejo Maderero Panguipulli, con el propósito de privar de libertad en un sector preciso y determinado a campesinos pertenecientes a la población civil (…).

Todos los detenidos del recorrido de la caravana de militares son llevados en tal calidad hasta las Termas de Chihuío, y desde ese lugar el día 9 de octubre de 1973, el personal militar, en horas de la noche, saca a los civiles de la casa patronal del Fundo Chihuío donde se les mantenía privados de libertad y los trasladan a las inmediaciones, a unos 500 metros del mencionado inmueble, lugar en que se les fusila a todos ellos, sin mediar proceso previo alguno, hechos de los que se da cuenta al Comandante del Regimiento Cazadores con guarnición en Valdivia de la época, con el grado de teniente coronel, quien en todo momento estuvo en conocimiento de la ejecución de los 17 civiles de las Termas de Chihuío, siendo el mismo quien ordenó que se sepultaran los cuerpos de los fallecidos.

Adicionalmente consta que Mario Silva Navarro recibió la orden del capitán Osorio Gardasanich para trasladarse hasta Futrono y Chihuío, indicando que dichas órdenes provenían del comandante del regimiento Cazadores, Santiago Sinclair, el que pidió cuenta al capitán Osorio de los resultados de la operación, oportunidad en la cual se le informó al mencionado comandante que los cuerpos habían quedado tirados en la pampa, lo que le causó molestia, disponiendo que una patrulla se dirigiera al lugar a fin de que ubicarán los cuerpos y se enterraran".

Atendida la emergencia sanitaria en curso, la ministra ordenó el arresto domiciliario del procesado.