Estadio Español, Osorno

El Estadio Español (Osorno) fue utilizado como centro de prisioneros a cargo del Ejército y la mayoría de detenidos corresponden al año 1973.

Era un local techado con una cancha de básquetbol y graderías para tres mil personas. Los detenidos fueron instalados en la cancha, mientras las graderías estaban ocupadas por militares, cuyas armas apuntaban hacia los prisioneros. No tenían ninguna privacidad para lavarse y hacer sus necesidades básicas. La alimentación era restringida: tenían un horario determinado para recibir comida de sus familiares y solo tres minutos para acudir a recibirlos a la puerta. También denunciaron haber sufrido incomunicación, simulacros de fusilamiento y aplicación de electricidad

Los presos politicos debían correr a recibir su comida, bajo la amenaza de que de no alcanzar, no recibirían nada. Los presos que venían de fuera de Osorno no recibían comida ni vestimentas ni frazadas. A este recinto llegaban detenidos procedentes de comisarías, retenes y cuarteles de Investigaciones de la provincia. Su arribo era casi siempre en muy malas condiciones físicas, a consecuencia de las torturas que sufrieran en esos lugares. Debían dormir en el piso del gimnasio.

Desde el estadio se les trasladaba con frecuencia, sin aviso y durante la noche, a la Fiscalía Militar, ubicada en  Hospital base de Osorno o al Cuartel de Investigaciones, para someterlos a interrogatorios y torturas.

Los ex prisioneros políticos dieron cuenta de haber vivido bajo constante amenaza y humillación psicológica en este lugar. También denunciaron haber sufrido incomunicación, simulacros de fusilamiento y aplicación de electricidad. Sin embargo, establecieron que los más intensos y frecuentes tormentos los sufrieron en los recintos a los que fueron llevados para los interrogatorios.

Criminales y Cómplices:

Oficial del SIM de apellido Rosas (Ejército).

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech; CODEPU; Memoriaviva; 

A partir del golpe militar de septiembre de 1973, en la Décima Región las Fuerzas Armadas asumen el control de la zona e inician una violenta represión contra los dirigentes políticos, autoridades y dirigentes sociales partidarios del gobierno de la Unidad Popular; asimismo, son ocupados e interrumpidas las actividades de los centros vitales de la región. 

En las principales ciudades de la zona -Valdivia, Osorno y Puerto Montt, en ese tiempo capitales de las respectivas provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue- se instalan centros de interrogatorio y detención entre los cuales destacan el Centro de Instrucción Militar de Cañal Bajo (Osorno), controlado por el Servicio de Inteligencia Militar del Ejército (SIM), y el Estadio Español de la misma ciudad, donde llegan a haber cerca de mil detenidos. Como Jefe de Zona en Estado de Sitio en Valdivia fue designado el general de Ejército, Héctor Bravo Muñoz; en Llanquihue y Chiloé se nombró al coronel de Aviación, Sergio Leigh Guzmán, y en Osorno al teniente coronel de Ejército, Lizardo Abarca Maggi. Otros recintos de detención e interrogatorios utilizados en esta región fueron: En Valdivia la cárcel de Isla Teja (donde a fines de septiembre de 1973 habían 396 personas detenidas y procesadas por Ley de Seguridad del Estado) y la Fiscalía Militar; en Osorno el Regimiento Arauco y la 3a. Comisaría de Carabineros ubicada en Rahue Bajo, además de los ya nombrados, y en Puerto Montt el Regimiento Sangra. 

Los detenidos eran conducidos, en primer lugar, a centros de interrogatorio en los cuales la gran mayoría eran torturados, luego eran llevados a recintos de detención como la cárcel de Isla Teja, o habilitados para ello, como el Estadio Español de Osorno, en donde permanecían por largo tiempo a la espera de ser procesados o puestos en libertad. En esta zona Carabineros tiene una participación destacada en las actividades de represión, junto a efectivos del Ejército y a civiles que, en muchos casos, pertenecían o eran proclives a Patria y Libertad. 

Muchos de los afectados fueron citados por medio de bandos a presentarse ante las nuevas autoridades; algunos se presentaron voluntariamente y otros fueron arrestados en sus domicilios o en la vía pública, por carabineros que se movilizaban en vehículos particulares o públicos (SAG, CORA), pero no de la propia institución. En los casos de desaparecidos las detenciones fueron negadas sistemáticamente, a pesar de existir testigos o los propios familiares haber presenciado los hechos; a los familiares de personas ejecutadas se les dijo que los afectados habían sido "dejados en libertad". Además de la tortura a que eran sometidos, las detenciones se caracterizaban por una rígida incomunicación del afectado; a los familiares se les decía: "Deben estar tranquilos, pues el detenido no está muerto…". Luego, mientras esperaban sus procesos, debían soportar nuevas incomunicaciones, simulacros sorpresivos, castigos, nuevos interrogatorios, etc. 

Uno de los centros de interrogatorio y ocultamiento de detenidos en donde se practicaron todo tipo de apremios ilegítimos fue el de Cañal Bajo, recinto de instrucción del Ejército ubicado aproximadamente a siete kilómetros de Osorno, en la ruta internacional de Puyehue, desde donde hay que desviarse un kilómetro hacia el Oeste.

Entró en funcionamiento con el mismo golpe, pero su mayor actividad se inició en abril de 1974. Era un lugar de tránsito en que los detenidos permanecían entre una semana y un mes, mientras eran interrogados. Habitualmente permanecían en el alrededor de cuarenta personas, en su mayoría hombres, ubicados en pequeñas celdas de 2 x 1 metro y vigilados permanentemente. Los detenidos tenían todo el tiempo la vista vendada y debían solicitar permiso al guardia para hacer sus necesidades, éste -a su vez- pedía instrucciones a un superior, quien decidía y demoraba en algunas ocasiones hasta dos horas en conceder el permiso. Los detenidos debían hacer sus necesidades siempre en presencia de un guardia, que los acompañaba al baño. Recibían comida similar a la de los conscriptos, pero no se les proporcionaba abrigo y aún cuando esta zona es muy helada, debían pasar las noches con la ropa que llevaban al momento de su arresto. A este lugar llegaban personas detenidas por militares de civil, la mayoría de los cuales aparecía como estudiantes de la sede de la Universidad de Chile en Osorno y se movilizaban en automóviles marca Fiat, citronetas y otros vehículos particulares. En este campo habían pabellones destinados a los interrogatorios y otros en los cuales permanecían los detenidos, pudiendo escucharse desde estos últimos los gritos y gemidos de los interrogados. Las mujeres sufrían diversos tipos de ultrajes sexuales y, al igual que el resto de los detenidos, no tenían atención médica. Los enfermos eran llevados al Hospital de Osorno e internados en una sección especial.

Existen testimonios de la coordinación entre el centro de Cañal Bajo y la DINA, puesto que en muchas oportunidades los detenidos eran trasladados directamente desde Cañal Bajo a Villa Grimaldi, centro de detención y tortura de la DINA en Santiago. 

En los Consejos de Guerra efectuados en la zona fueron condenadas a muerte varias personas, sin que se les permitiera ejercer su derecho a defensa. Este fue el caso del dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), José Gregorio Liendo Vera, 28 años de edad a la fecha de su muerte y más conocido como "comandante Pepe", quien fue fusilado en Valdivia, el 4 de octubre de 1973, acusado de dirigir un grupo guerrillero en la zona de Neltume y del Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli. Dos días después, en la misma ciudad, fueron fusiladas once personas más, todos dirigentes del MIR y de organizaciones campesinas. No se existencia de las armas que -supuestamente los guerrilleros habrían tenido, incluso, el retén de carabineros de Neltume que fue atacado el 12 de septiembre de 1973, no pudo ser tomado por falta de armamento. Prensa de la época señala que "ninguno de los fusilados era elemento aprovechable, ya que todos padecían de violentismo extremo" (La Defensa, 6 de octubre de 1973). En 1981, entre el 13 y el 21 de septiembre la prensa informó de la muerte de siete presuntos guerrilleros en Neltume, los que habrían perecido en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad y militares; varios de los afectados eran retornados ilegales que habían sido condenados a penas de presidio en Consejos de Guerra y, posteriormente, se les conmutó la pena por la del exilio. 

El comunicado de prensa entregado por DINACOS en esa oportunidad señala que "en el mes de julio del presente año, se dio a conocer a la ciudadanía el descubrimiento por parte de fuerzas de seguridad, de un campamento de adiestramiento de terroristas, ubicado en el interior de la localidad de Neltume, al este de Valdivia". Se agrega que este hallazgo "permitió desbaratar un vasto plan destinado a conformar una organización subversiva especialmente adiestrada con técnicas y recursos proporcionados por la órbita soviética…". Posteriormente, a mediados de octubre y fines de noviembre de 1981, se tuvo conocimiento de que otras dos personas habían muerto en presuntos enfrentamientos en esta zona, el primero con carabineros y el 

segundo con fuerzas de seguridad. 

La situación en las universidades de esta zona (en Valdivia la U. Austral y la UTE, en Osorno la sede regional de la U. de Chile) también fue drástica en 1973. La intervención militar produjo gran cantidad de expulsiones y otras sanciones. En la U. Austral hubo 180 estudiantes expulsados, 320 suspendidos y 90 académicos exonerados; en la U. de Chile sede Osorno se expulsó a 2.100 alumnos y se exoneró a 80 profesores; en la UTE de Valdivia 65 estudiantes fueron expulsados y 45 académicos exonerados. 

No puede dejar de mencionarse la situación de Blanca Ester Valderas Garrido, alcaldesa y regidora de la localidad de Entre Lagos durante el gobierno de la Unidad Popular, quien fue fusilada junto a su esposo el 17 de septiembre de 1973 por funcionarios de Carabineros, sobre el puente colgante del Río Pilmaiquén (Osorno). La mujer salvó sin lesiones al caer al río, pero los otros cuatro fusilados -entre ellos su esposo- murieron. Todos eran militantes del Partido Socialista. La mujer debió permanecer varios años oculta y en 1979 entabló una querella criminal ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, el que designó a un Ministro en Visita para la investigación de estos hechos, determinándose la participación en ellos de cuatro carabineros de la Tenencia de Entre Lagos. El caso fue remitido a la justicia militar. 

Finalmente, en esta zona se registran a lo menos- 25 casos de detenidos desaparecidos, 14 de los cuales corresponden a casos producidos en Valdivia. El número de ejecutados políticos llega a 77 y, al igual que en la situación anterior, la mayoría de ellos se produjeron en Valdivia (34), siguiéndole Puerto Montt (17), Osorno (14) y Neltume (10). 

Por otra parte, con el inicio de las protestas sociales en mayo de 1983, fueron relegados a la Décima Región una gran cantidad de personas, especialmente a Chiloé. Al menos en 27 localidades de esta zona hubo gente relegada, destacando como lugares utilizados para relegación Quemchi, Dalcahue, Achao, Capitán Pastene, Quellón, Chaitén, Putú, Lonco, Máfil, Melinka, Lago Ranco, Panguipulli, Curaco de Vélez, Corral, Puqueldón, Maullín, etc. 

Presos Políticos en la Decima Región 

En la región hay 22 prisioneros políticos, 14 de ellos se encuentran cumpliendo condena en diferentes cárceles de la zona; Jorge Barriga Uribe condenado a 19 años de presidio por infracción a la Ley de Control de Armas (L.C.A.); Osvaldo Alarcón Barrientos condenado a 16 años de presidio por infracción L.C.A.; César Uribe Andrade condenado a 16 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Hermenegildo Gallardo Cordero a 12 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Israel Aillapán Quijón a 10 años de presidio y un día por infracción a la L.C.A:; Rodolfo Fernández Ojeda a 10 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Gabriel Manque Carvajal a 5 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Luis Mardones Erices a 5 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Juan Omar Vega Santana a 5 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Abel Anastasio Castro Silva a 5 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Arturo Eduardo Jerez Jaramillo a 4 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Amilcar Jofré León a 4 años de presidio por infracción a la L.C.A.; Sergio Pérez Iribarra a 4 años de presidio por infracción a la L.C.A., y Juan Valdebenito Arcos a 3 años y 1 día de presidio por infracción a la Ley Antiterrorista. 

Otras ocho personas se encuentran en prisión preventiva en procesos por infracción a la Ley de Control de Armas. La distribución por cárceles es la siguiente: Cárcel de Osorno, 6; Cárcel de Valdivia, 10; Cárcel de la Unión, 1; Cárcel de Puerto Montt, 3; Cárcel de Castro, 1, y Cárcel de Coihaique, 1. 

Algunos Casos de Personas Ejecutadas o Asesinadas  en la Decima Region 

AGUILAR CUBILLOS JORGE RICARDO: El afectado, jefe de área de CORA en Puerto Octay fue muerto por efectivos de Carabineros, quienes señalaron que el 5 de octubre de 1973 llevó a cabo una acción terrorista contra el retén de Bahía Mansa. En la misma oportunidad fue asesinado el joven Edgardo Cárdenas Gómez. 

ARGEL MARILICAN JOSE RENE ARISMENDI PEREZ ADOLFO OMAR CARCAMO NAVARRO DAGOBERTO SEGUNDO MANSILLA CAÑOCAR CARLOS MELIPILLAN AROS JORGE LLANCUMAN MALDONADO JOSE ARMANDO Estas seis personas fueron muertas por efectivos de Carabineros el 18 de octubre de 1973 en el camino al balneario de Pelluco. La intendencia informó que los afectados fueron ejecutados por infringir el toque de queda y tratar de agredir y amenazar una patrulla de Carabineros. 

ARISMENDI MEDINA OSCAR AVENDAÑO BORQUEZ FRANCISCO DEL CARMEN BARRIA BARRIA JOSE ANTONIO CARCAMO GARAY JOSE MARIO TORRES VELASQUEZ MARIO CESAR FELMER KLENNER JOSE LUIS Estas seis personas fueron ejecutadas en la madrugada del 19 de octubre de 1973 en Puerto Montt tras sentencias dictadas por tribunales militares en tiempo de guerra por los delitos de traición al formar equipos paramilitares en tiempo de guerra. Por tres de los ejecutados se interpuso una querella criminal en la cual se indica que fueron detenidos el 19 de septiembre de 1973 luego que unos 200 efectivos militares y civiles allanaran el Fundo El Toro, ubicado a unos 13 kilómetros de la localidad de Fresia. En el allanamiento no se encontró material de guerra u otros armamentos similares. Los detenidos fueron conducidos al regimiento Sangra de Puerto Montt donde fueron sometidos a intensas y brutales torturas. Al abogado que asumió su defensa no se le permitió entrevistarse con sus defendidos. 

BUSTAMANTE LLANCAMIL MARIA ESTER Fue muerta por efectivos de Carabineros el 6 de octubre de 1973 en Bahía Mansa -Osorno-. Su cadáver fue entregado el 9 de ese mismo mes. 

BAHAMONDES ROGER PEDRO ANTONIO MALDONADO ULLOA HECTOR HUGO MAÑAO AMPUERO JOSE HERNAN SOTO MUÑOZ JOSE SANTIAGO Estas cuatro personas fueron muertas por efectivos militares el 19 de enero de 1974. El 1° de febrero se publicó en la prensa local un comunicado de la Jefatura de Estado de Emergencia de Llanquihue en que se informa que los afectados eran trasladados en horas de la madrugada -no se dice adonde- cuando uno de ellos le arrebató el fusil a un integrante de la patrulla militar, momento que habrían aprovechado los otros detenidos para avalanzarse en contra de los miembros de la patrulla quienes repelieron la acción resultando los cuatro prisioneros muertos. El comunicado no indica el lugar donde ocurrieron los hechos. 

MANCILLA DELGADO JUAN El afectado fue detenido el 3 de octubre de 1973 junto a otras dos personas, todos militantes socialistas, por carabineros del retén Pilmaiquén donde fueron llevados. Del recinto policial fueron sacados en horas de la mañana con rumbo desconocido y posteriormente su cuerpo fue encontrado en el río Pilmaiquén. 

IGOR SPORMANN GUSTAVO BERNARDO El afectado, militante comunista, fue detenido en su domicilio de Osorno el 19 de septiembre de 1973 por el capitán Adrián Fernández y lo trasladaron a la 3a Comisaría, desde donde su hermano Juan -también detenido- fue dejado en libertad. Desde esa fecha el afectado se encuentra desaparecido. 

ESPINOZA VILLALOBOS LUIS UBERLINDO El afectado, diputado socialista, se encontraba cumpliendo condena en cárcel al momento del golpe militar -por desacato a la jueza de Puerto Varas- y desde allí se trasladó al Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt donde permaneció incomunicado. En la madrugada del 2 de octubre, según la versión oficial, fue trasladado a Valdivia y en el trayecto el vehículo en que viajaba habría sido asaltado por desconocidos resultando muerto el afectado. 

OLIVA ESPINOZA ABRAHAM El afectado fue muerto el 2 de noviembre de 1973 al aplicársele la "ley de fuga" cuando era trasladado por la ruta 5 de Puerto Montt desde el presidio de esa ciudad, donde permaneció 28 días detenido. El era militante socialista y dirigente del asentamiento "El Pavilo" hoy fundo San Ramón. 

PAILLACHEO CATALAN TEOBALDO El afectado fue detenido el 3 de octubre de 1973 en el asentamiento Chiscaihue por efectivos de Carabineros de Pilmaiquén. El 9 de octubre fue asesinado en el puente del Río Pilmaiquén. 

RUNDA AVELINO El afectado fue asesinado el 14 de diciembre de 1975 luego que Carabineros rodeara su domicilio ubicado en la zona de Quilacahuin resultando con herida de proyectil en el estómago motivo por el cual falleció ese mismo día. Carabineros informó que en su domicilio se desarrollaba una reunión clandestina y que el afectado había huido a pesar de haber sido herido. El afectado fue candidato a regidor por el PC. 

SANTANA ALARCON RAUL El afectado se entregó voluntariamente el 17 de septiembre de 1973 ante el teniente de Carabineros Adrián Fernández de la Tercera Comisaría de Rahue al tomar conocimiento que un bando militar ordenaba su aprehensión. Días después de detención fue asesinado en el río Pilmaiquén junto a otros dos detenidos; su cuerpo 

fue reconocido en el río señalado por familiares de otra persona asesinada en ese lugar (familia Cárdenas Villegas). 

SPORMAN SANTIBAÑEZ EDUARDO Fue detenido por Carabineros el 4 de agosto de 1974 en su domicilio ubicado en la zona de Quilacahuín siendo ahorcado ese mismo día. En la prensa y radio local se le sindicó como extremista. 

Personas Desaparecidas de la X Region 

AGUILAR DUHAU SANTIAGO DOMINGO; gobernador de la Unión hasta 1973, militante del Partido Comunista Fue detenido el 17 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros pertenecientes a la 3a Comisaría de Osorno, ubicada en Rahue Bajo, en donde permaneció hasta el día 19 del mismo mes, fecha en que fue trasladado a la Cárcel de Valdivia. De este último lugar fue sacado el 6 de octubre de ese año, siendo ésta la última noticia que se ha tenido de su persona, por parte de su familia, compuesta por su cónyuge y tres hijos. 

AVILA LARA CESAR OSVALDO; profesor, casado (4 hijos) Fue detenido el 27 de septiembre de 1973 a la salida de la Penitenciaría de Osorno cuando visitaba a su cónyuge, doña Irma Ponce Silva, quien se hallaba detenida por orden la Fiscalía Militar de esa ciudad. Fue trasladado a la comisaría de Rahue donde se perdió todo rastro acerca de su persona. Su cónyuge debió abandonar el país luego que recuperara su libertad. 

DEL RIO VIDAL ELIAS Detenido por Carabineros de Osorno el 19 de septiembre de 1973 y desde entonces se encuentra desaparecido. No se tiene mayor información. 

GONZALEZ ANGULO ENRIQUE Fue detenido el 2 de octubre de 1973 por Carabineros en el Salto de Pilmaiquén y desde entonces se encuentra desaparecido. No se tiene mayor información. 

GARCIA OVANDO BENANCIO BERNABE 

Fue detenido en la feria libre de Rahue Bajo el 8 de octubre de 1973 por dos carabineros, uno de nombre Eliseo Aguilar. Fue trasladado a la 3a Comisaría y desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

HUENTEQUEO ALMONACID REYNALDO SEGUNDO; 31 años, casado 5 hijos, militante comunista Fue detenido el 6 de octubre de 1973 en la Colonia Martilhue por Carabineros del retén de Carimallín. Fue trasladado a la Comisaría de Río Bueno, desde donde fue sacado junto a otros cinco detenidos y trasladado al antiguo puente colgante que cruza el Río Pilmaiquén en el camino entre San Pablo y Río Bueno. Allí los mataron a todos, salvo a Reynaldo Segundo, quien saltó al agua instantes antes que las balas lo alcanzaran, le dispararon al agua, y resultó herido por cuatro balas en su pierna izquierda. Posteriormente se refugió en casa de un matrimonio amigo, desde donde fue nuevamente detenido por Carabineros y desde entonces se encuentra desaparecido. 

Entre las personas asesinadas en el puente colgante se encuentran FRANCISCO HERMINIO MARTÍNEZ NOCHES, de 23 años y ERNESTO MARTÍNEZ PARRA. El 21 de enero de 1974 agentes del Servicio de Inteligencia Militar en Osorno sustrajeron una carta en que se cuentan los hechos al pastor Savelaire, quien, cuatro días más tarde fue expulsado de la provincia. 

NUÑEZ ROSAS MARTIN Fue detenido por Carabineros de Entre Lagos y hasta la fecha se encuentra desaparecido. No se tiene mayor información. 

PETERS CASAS GUILLERMO ERNESTO Fue detenido el 18 de septiembre de 1973 por Carabineros en el fundo "El Cobre" de Chahuilco y desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

SALGADO SALGADO RENE NOLBERTO Fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por carabineros de Osorno y desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

VALDERAS MANCILLA FLAVIO HERIBERTO Fue detenido el 16 de septiembre de 1973 por Carabineros de Entre Lagos y desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

VALDERAS ANGULO JESUS ARTURO; militante comunista Se presentó voluntariamente el 16 de septiembre a Carabineros de Entre Lagos y hasta la fecha se encuentra desaparecido. 

PACHECO EDUARDO PACHECO ALFREDO MANSILLA JUAN 

Trabajaban juntos en Martilhue, fueron detenidos por Carabineros del retén del Salto Pilmaiquén. Hay testigos de que fueron sacados del retén como a las tres de la madrugada del día 4 de octubre, desde ese momento desaparecen. 

CARDENAS VILLEGAS MARCELINO Domiciliado en el fundo Pilmaiquén cerca del Salto Pilmaiquén al oeste de Entre Lagos. Salió en libertad de la Fiscalía Militar de Valdivia el 28 de diciembre de 1973. Dos días después, el 30, Carabineros del retén del Salto Pilmaiquén, disparando al aire, entraron a su domicilio y mataron a sangre fría a una señora de nombre Carmen quien estaba de visita (tenía 7 hijos). Al afectado lo llevaron amarrado, bajando por la población Endesa. Detrás del cerco de la casa de máquinas de ENDESA el afectado fue muerto a tiros. Su cuerpo al parecer fue lanzado al río Pilmaiquén. Su familia fue autorizada para hacer un rastreo en el río para encontrar su cuerpo sin resultados positivos. Sin embargo en el rastreo vieron numerosos cadáveres, entre ellos el cuerpo de Raúl Santana, y el de Gustavo Bernardo Igor Spormann. 

SANDOVAL VASQUEZ MARIO Detenido en Río Negro el 17 de septiembre de 1973 por Carabineros, fue llevado a Osorno donde estuvo preso en el Estadio Español hasta el 3 de octubre, fecha es que fue sacado del lugar con dos frazadas, y desde esa fecha se encuentra desaparecido. Su detención fue publicada en la prensa local. 

BARRIA BASSAY GUIDO RICARDO BARRIA BASSAY HECTOR ALEJANDRO Los dos hermanos, militantes socialistas, fueron detenidos el 16 de octubre de 1973 por Carabineros de Río Negro en un aserradero en Río Blanco. Fueron trasladados a Riachuelo y posteriormente trasladados a Valdivia. La Fiscalía Militar de la ciudad confirmó la detención, y que se les abrió proceso (rol 1666-73 y 1668-73). Posteriormente fueron trasladados al regimiento "Arauco" de Osorno. Pero allí, la fiscalía de ejército y de Carabineros sostienen que los afectados están "prófugos". 

NEICUL PAICIL JOSE LIGORIO Fue detenido el 16 de septiembre de 1973 en El Encanto por Carabineros de Entre Lagos, Pajaritos y Osorno, que se movilizaban en un jeep del retén de Pajaritos y un furgón verde en el cual fue introducido en presencia de unos 20 testigos. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

ZAPATA AGUILA CARLOS Detenido el 17 de septiembre de 1973 en el fundo de Ricardo Ellwanger del sector Fhifca, por Carabineros de San Pablo que se movilizaban en la ambulancia de dicha localidad. Al día siguiente fue trasladado a Osorno desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

HUENUMAN HUENUMAN RICARDO; regidor socialista HUICHACAN SERGIO FIERRO INOSTROZA JOEL El 17 de septiembre fue detenida la alcaldesa de Entre Lagos, doña Blanca Ester Valderas Garrido, junto a su cónyuge Joel Fierro Inostroza. El arresto lo practicaron 

efectivos de Carabineros en su domicilio de Entre Lagos. Luego del arresto fueron subidos a un vehículo en donde se encontraban en calidad de detenidos el regidor socialista, Ricardo Huenumán, Sergio Huichacán y un joven de apellido Núñez; todos del partido socialista. Fueron conducidos al retén de la ciudad desde donde fueron sacados en horas de la madrugada del día siguiente y subidos a un vehículo custodiado por efectivos que cubrían sus rostros con máscaras de Barnabás y cascos negros. A los hombres les amarraron las manos a la espalda. Todos fueron conducidos hasta el puente colgante del río Pilmaiquén donde fueron obligados a permanecer arrodillados y detrás de cada uno de ellos se puso un enmascarado con metralleta. La alcaldesa fue lanzada al río mientras le disparaban, pero pudo salvar con vida. De los otros detenidos se presume que resultaron muertos y sus cuerpos lanzados al río. 

Las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura militar comenzaron el martes un peregrinaje por diversos recintos de la ciudad de Osorno que fueron utilizados como centros de tortura, actividad que se extenderá hasta este miércoles, donde se sumarán más puntos en los cuales hubo represión.

En este contexto, la actividad partió en las afueras del actual Hospital Base de Osorno, lugar utilizado como centro de tortura, donde se realizó un diálogo entre aquellos que allí fueron detenidos, según explicó Rodolfo Balboltín, ex prisionero político y parte de la organización de la actividad.

Posterior a ello se trasladaron hasta las afueras del cuartel de la Policía de Investigaciones de Osorno, donde una vez concretado el Golpe Militar se instaló la Fiscalía Militar y se practicaron detenciones y torturas.

El recorrido continúo en el recinto que en 1973 ocupaba la fábrica Felco, en calle Mackenna que habría sido entregado por sus dueños para ser centro de detención. Posterior a ello se trasladaron hasta el Estadio Español, lugar facilitado por la Colonia Española con el mismo fin que el resto de lugares mencionados, según detalló Balboltín.

El programa de visitas a centros de detención y tortura concluirá este miércoles, primero con una reunión en la Plazuela Yungay, a las 17.30 horas, desde donde se trasladarán hasta el monumento a los detenidos desaparecidos ubicado junto a la estación de Ferrocarriles de Osorno.

La última parte de tal programa de actividades contempla la visita a las dependencias de la Subcomisaría de Rahue, el lugar que según Balboltín fue el mayor centro de detención y tortura de la ciudad.

Respecto a las solicitudes de perdón por los actos u omisiones realizadas por representantes del mundo político en Dictadura, Balboltín enfatizó en que jamás habrá, menos olvido.

En Osorno, son más de 30 las personas desaparecidas durante el régimen militar, de las cuales destaca el caso de los hermanos Leveque, vistos por última vez en la Tercera Comisaría de Rahue.

Se suele decir que política y deporte no es una buena mezcla y que lo ideal es evitarlo. Sin embargo, a lo largo de la historia, innumerables ejemplos demuestran que, guste o no, ambas historias de han entrelazado.

En nuestro país puede llevarse al plano dirigencial, donde reconocidos personajes políticos han incursionado en el mundo deportivo, o cómo algunos otrora emblemas del deporte nacional se han adentrado a las arenas de la política.

Sin embargo, desde el 11 de septiembre de 1973, hubo una forma en que estuvieron ligados que no es necesariamente la mejor para reconocer.

Luego que ese martes el golpe de estado de las fuerzas militares del país quebrara el gobierno democrático del Presidente Salvador Allende Gossens, distintos recintos deportivos se convirtieron en centros de detención, donde de paso, se llevaron a cabo actos de tortura y violación de los derechos humanos de miles chilenos.

Para un amante y simpatizante del deporte, el estadio o gimnasio de su equipo favorito, de la disciplina que sea, es un lugar ‘sagrado’ donde se disfruta (o pasan rabias) junto a los colores de los cuales es hincha.

Sin embargo, no solo el Estadio Nacional, reducto reconocido nacional e internacionalmente por su utilización en dictadura, fue ocupado como centro de detención para dichos fines. A continuación repasamos los coliseos que por un periodo de tiempo cambiaron los vítores y gritos de fanáticos, por otros de dolor y sufrimiento.

Estadio Nacional de Santiago.-

A partir de 12 y 13 de septiembre se transformó en el centro de detención más grande del país. A cargo del Ejército de Chile, por sus camarines y gradas pasaron miles de detenidos por ser contrarios al golpe militar.

De acuerdo a cifras de la Cruz Roja se llegó a tener a cerca de 7 mil personas en el recinto de Ñuñoa, de los cuales, 300 fueron extranjeros.

Estadio Chile (Hoy Víctor Jara)

Recinto cerrado utilizado para la detención de personas por las fuerzas militares. En sus dependencias fue torturado y posteriormente acribillado el cantautor chileno Víctor Jara, quien posteriormente fue encontrado con 44 impactos de bala en su cuerpo

Otro recinto deportivo utilizado en la región Metropolitana para detener a personas fue el estadio Maestranza San Eugenio, utilizado en 1984.

Estadio Playa Ancha (Hoy Elías Figueroa)

Fue uno de los más de 100 centros de detención que se utilizaron en la región de Valparaíso. La cancha donde hace de local Santiago Wanderers estuvo a cargo de la Armada y funcionó hasta noviembre de 1973.

De acuerdo al relato de detenidos, los prisioneros estuvieron en camarines y en la misma cancha del estadio.

Estadio Regional de Concepción (Hoy Ester Roa Rebolledo)

Centro de detención de la capital de la región del Bío Bío. Por siete de los camarines con los que cuenta el recinto pasaron centenas de prisioneros.

De acuerdo a cifras de la Cruz Roja, en octubre de 1973, en el principal reducto penquista habían 589 detenidos, de las cuales 44 correspondían a mujeres.

Cabe señalar que a la cancha ubicada en la avenida Collao en Concepción, se sumaron otros dos recintos deportivos en la región del Bío Bío. El estadio regional de Coronel y el estadio El Morro de Talcahuano, de acuerdo a los registros de MemoriaViva.

Estadio Fiscal de Punta Arenas

Luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, en todo el país se comenzó una persecución a los opositores del régimen militar y Punta Arenas no fue la excepción.

En la capital de la región de Magallanes, el estadio Fiscal estuvo a cargo de la Fuerza Aérea de Chile. De acuerdo a cifras y registro. En diciembre de 1973 un total de 38 personas estaban detenidas en el lugar, donde además de vejaciones, tuvieron que trabajar en la construcción del mismo recinto.

El estadio fue utilizado como centro de detención hasta 1974.

Antofagasta, Talca y Osorno.

A los anteriores, se deben sumar los recintos techados del Estadio Español de Osorno, que cuenta con una cancha de básquetbol, y el cual estuvo a cargo del Ejército.

Además, en el norte del país se ocupó para los mismo fines el Gimnasio Sokol de Antofagasta y el Cendyr de Talca.

Walkiria fue detenida pocos días después del Golpe de Estado en el regimiento Maipo en Valparaíso. Tras varios días de interrogatorios, fue trasladada junto a otras 16 mujeres al centro de torturas de Villa Grimaldi, en Santiago. El trayecto entre un infierno y otro no lo hizo en camiones del Ejército. La Walki -como la […]

Walkiria fue detenida pocos días después del Golpe de Estado en el regimiento Maipo en Valparaíso. Tras varios días de interrogatorios, fue trasladada junto a otras 16 mujeres al centro de torturas de Villa Grimaldi, en Santiago. El trayecto entre un infierno y otro no lo hizo en camiones del Ejército. La Walki -como la llaman sus amigas- recuerda que ese viaje, que pudo ser el último de su vida, lo realizó a bordo de un camión cerrado que pertenecía a la Pesquera Arauco.

Según ella y otros ex presos consultados por The Clinic, esta empresa de la V Región puso disposición de los militares todos sus vehículos, los que sirvieron tanto para el traslado de prisioneros como del personal de la Armada. Pesquera Arauco no es el único caso de una compañía privada que prestó una infraestructura que terminó siendo usada para torturar y asesinar chilenos. Por el contrario, en los diferentes proceso por las violaciones a los derechos humanos emergen reiteradamente empresas grandes y pequeñas que colaboran libremente con material e información: un aporte que tuvo un rol determinante en la extensión del horror.

Entre estas empresas destaca la Sudamericana de Vapores. Desde el mismo 11 de septiembre la compañía puso a disposición de la Armada dos de sus barcos.

Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus pasajeros perdieron la vida. El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

María Eliana Comene fue una de ellas. Cuenta que entre el 19 y el 20 de septiembre la sacaron de el Buque Escuela «Esmeralda» y la trasladaron al barco de la Sudamericana.

«Recuerdo que el muelle estaba lleno, pero lleno de gente. Las personas estaban botadas como bultos en el suelo. En el Lebu, a los hombres los metieron en la bodega y a las mujeres nos llevaron a unos camarotes. Éramos tantas que para dormir teníamos que sentarnos con las rodillas tomadas. Nos podíamos bañar con agua helada, pero antes de las seis de la mañana, porque después se cortaba el agua.»

Muchas de las personas que pasaron por el Lebu aún se encuentran desaparecidas. Los que sobrevivieron, no pueden olvidar las interminables torturas que sufrieron en el barco facilitado por la naviera.

Algunas instituciones educacionales privadas, también colaboraron con la violación de los derechos humanos. Es el caso de la Universidad Federico Santa María, cuyas instalaciones fueron usadas para interrogar y detener a personas que venían, fundamentalmente del barrio Los Placeres, de Valparaíso. La universidad también desalojó a los alumnos del internado, para que durmiera allí la guardia militar. Muchos detenidos fueron trasladados desde ahí a la academia Guerra Naval, donde se realizaba el interrogatorio duro y por donde pasaron cerca de mil 500 personas.

En provincia, empresas medianas y pequeñas ofrecieron una colaboración entusiasta. En Osorno, la Fabrica Elaboradora de Cecinas, FELCO, facilitó sus bodegas, para la detención de presos políticos. Allí estuvo detenido Hernán, quien prefiere reservar su apellido, pues aún le pesan los años de dictadura. Recuerda que llegó encapuchado a un lugar que no conocía: un galpón metálico de 10 por 10 metros. Pero varios de los 150 detenidos identificaron rápidamente el sitio y se lo comunicaron al resto: estaban en las bodegas de FELCO. En el lugar sólo había un baño y las condiciones de hacinamiento eran terribles. Tras un par de días Hernán fue trasladado al Estadio Español de la ciudad, otro recinto facilitado por privados.

El abogado de derechos humanos Hiram Villagra afirma que la represión militar dependió en gran medida de la responsabilidad de civiles, pues «sin la complicidad de ellos la dictadura no hubiese tenido ni la crueldad, ni la intensidad y mucho menos la duración que tuvo». Agrega que «muchos privados terminaron prestando sus servicios a la dictadura y aplaudiendo el golpe, sabiendo que el final era una represión».

Una de las muestras más feroces de los servicios voluntarios se encuentra en Paine, donde 70 campesinos de la zona fueron ejecutados en las semanas siguientes al Golpe de Estado. Durante años, las organizaciones de derechos humanos acusaron a varios pequeños empresarios agrícolas de haber facilitado vehículos y de haber participado directamente en las muertes. A comienzos de marzo, la jueza María Estela Elgarrista les dio la razón y procesó a un carabinero y dos civiles por el delito de secuestro y homicidio calificado. Los civiles, Claudio Oregón Tudela, Juan Balcázar Soto, son pequeños empresarios de la zona.

Las listas

Un porcentaje considerable de ex presos políticos y desaparecidos fue detenido en su mismos lugares de trabajo. Esto ocurrió porque otro gran servicio prestado por las empresas a la naciente dictadura, fue la elaboración de listas negras, que a la larga terminaron siendo para muchos, listas de la muerte.

Juan Báez trabajaba en la empresa Portuaria de Valparaíso como pañolero y fue detenido el 30 de septiembre por una patrulla naval al presentarse a sus labores. Varios operarios de la empresa corrieron la misma suerte y hoy Báez está convencido de que la lista fue elaborada dentro de la compañía.

Algo similar a lo ocurrido en la ENAMI, donde 276 de sus trabajadores fueron anotados como «traidores» o «personas peligrosas para las faenas de la empresa». Gran parte de ellos fue ejecutado. Lo mismo ocurrió en la Industria Textil Viña y la Unión Lechera de Aconcagua.

Muchos trabajadores detenidos a raíz de estas listas negras ni siquiera tenía preferencias políticas claras y fueron expuestos a la violencia por venganzas personales. A raíz de las torturas muchos quedaron con secuelas que les impidieron volver a trabajar, afectando radicalmente la calidad de vida de sus familias. Juan Báez, por ejemplo, quedó con severos problemas en la columna y una ceguera parcial tras pasar 17 días infernales en un centro de detención de Papudo. Hasta la actualidad, no puede realizar ningún tipo de actividad física pesada, como la que realizaba cuando era empleado de la Portuaria de Valparaíso.

Con todo, a Báez no le fue tan mal como a un grupo de trabajadores de la empresa Elecmetal, propiedad de Ricardo Claro. Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció como sus dos hermanos y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de carabineros. No se les volvió a ver con vida.

«Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias,» relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado.

El abogado Juan Agustín Figueroa, que formaba parte del directorio de la compañía cuando ocurrieron los asesinatos, desmiente las declaraciones de Fernández.

«Nadie se le pasó por la mente que los detenidos iban a parar a una patrulla militar y que iban a aparecer baleados,» dice el penalista. Pese a ello, Fernández sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. «El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en qué condiciones estaban matando a los trabajadores», reclama.

Certificados

La Universidad Católica de Valparaíso no escapó a esta ola de soplonaje. Tras el golpe, la UCV quedó en manos de un marino quien contó con mucha colaboración voluntaria y espontánea de profesores y alumnos para elaborar listas de alumnos indeseables. Cuando se reanudaron las clases, los alumnos debieron presentarse en un galpón de la escuela de Ingeniería donde les informaban si estaban «sin problemas», «condicional» o «expulsados». Estos últimos recibieron un certificado en el que se los acusaba de «ser un peligro para la actividad académica de la universidad, por su condición de extremista violentista». Ese fue el caso de Enrique Núñez, quien por entonces estudiaba agronomía. No solo fue expulsado sino borrado de los registros de la universidad.

Peor suerte corrieron al menos tres estudiantes de la UCV incluidos en esa fatídica lista. María Isabel Gutiérrez y Alfredo García fueron llevados al regimiento Maipo dónde se les perdió el rastro; en tanto, Silvio Pardo, estudiante de derecho, desapareció en el cuartel Silva Palma.

Núñez cree que la UCV está en deuda con esas personas y que una forma de reparar su colaboracionismo «sería que la universidad, en un gesto digno, les diera un titulo póstumo a todos los que fueron víctimas de la represión. Eso no les cuesta un peso. Pero falta la voluntad política para enfrentar las culpas propias».

Modelo Sudafricano

El apoyo de empresas privadas a los gobiernos basados en la represión y tortura no es un tema sólo de Chile. En Sudáfrica, durante el Apartheid, hubo muchas empresas alentaron los abusos a los derechos humanos y mantuvieron negocios con un Estado que pese a la condena internacional propiciaba asesinatos, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y tratamiento inhumano a miles de personas. A diferencia de nuestro país, las víctimas del Apartheid organizados a través de la Comisión de Verdad y Reconciliación y el movimiento Khulumani, pusieron dos demanda en contra de casi 30 empresas que contribuyeron con el gobierno del Apartheid. Las demandas se presentaron en EE.UU. en 2002 a nombre de las víctimas del Apartheid y exigían tanto compensaciones individuales como contribuciones más generales para el desarrollo social. Algunas de las empresas demandadas son: Citigroup, Exxon Movil, Caltex Petroleum, Ford, General Motors e IBM, Fluor Corporatión, Commerz Bank y Credit Suisse, entre otras.