Comisaría de Carabineros N° 2, Río Negro

La 2ad Comisaría de Carabineros de Río Negro esta estrechamente ligada la detención y desaparición de los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, de 19 y 27 años de edad respectivamente. Ambos fueron detenidos el 16 de octubre de 1973 alrededor de las 12 hrs. en el fundo “Los Riscos”, ubicado en el sector de Río Blanco, comuna de Río Negro, provincia de Osorno.

En la detención participaron Carabineros de Río Negro con el apoyo de civiles de la localidad, incluyendo al teniente José Hernán Godoy Barrientos, el cabo 1ro. Pedro Segundo Soto Godoy, los hermanos Raúl Estatiro y Víctor René Guzmán del Río, comerciantes de Riachuelo, quienes facilitaron su camioneta para acompañar a la patrulla de carabineros y trasladar posteriormente a los afectados al Retén de Riachuelo y luego trasladados a la Comisaría de Río Negro (2da). Hasta la fecha los hermanos Barría Bassay continúan desaparecidos.

Criminales y Cómplices:

Carabineros: Hans Eduart Schernberger (jefe regional de la  gobernación de Río Negro de esa época); teniente José Hernán Godoy Barrientos; el cabo 1ro. Pedro Segundo Soto Godoy; Roberto Teilort, Quintiliano Rogel Alvarado; José Rómulo Catalán

Civiles: los hermanos Raúl Estatiro Guzmán del Río y Víctor René Guzmán del Río.

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; CODEPU; Diarios: La Tercera; La Nacion; El Mercurio; Archivo Memoriaviva;

El ministro Juan Guzmán Tapia resolvió dejar detenido al coronel (R) Hans Eduart Schernberger Valdivia, en el marco de la investigación por la muerte de los hermanos Barría Basay, ocurrido entre 1973 y 1976 en la zona de Río Negro, Décima Región.

El magistrado tomó la decisión tras someter a un largo interrogatorio al ex uniformado, quien posteriormente fue trasladado hasta la Primera Comisaría de Viña del Mar, donde permanece incomunicado.

Según lo consigna el diario El Mercurio de Valparaíso, Hans Eduart Schernberger habría negado toda relación con el caso, asegurando que en el período en que ocurrieron lo hechos él ocupaba un cargo administrativo en la gobernación de Río Negro.
Asimismo, el coronel (r) habría señalado que sólo conoció el caso cuando la jueza del sector lo citó a declarar respecto a si tenía algún antecedentes sobre los hermanos Barría Basay.

El ministro de fuero Alejandro Solís condenas a penas que oscilan entre los diez y tres años de presidio a seis ex carabineros por su responsabilidad en los crímenes de Río Negro, caso acaecido en octubre de 1973.

La resolución establece que Hans Fchernberger, José Hernán Godoy Barrientos, Roberto Teilort, Quintiliano Rogel Alvarado y Pedro Segundo Soto Godoy deben cumplir penas de diez años, mientras que José Rómulo Catalán enfrenta una pena de tres años y un día de cárcel, ya que se consideró en este caso la atenuante de enfermedad mental.  Destaca además en la resolución los cargos contra José Hernán Godoy, pues éste es hermano del actual subdirector de Carabineros, Nelson Godoy Barrientos.
Los ex uniformados fueron acusados por el secuestro calificado de los hermanos Guido y Héctor Barría Basay, ambos militantes socialistas. El abogado querellante en la causa Hugo Gutiérrez expresó que la sentencia viene a demostrar que hubo un arresto irregular de parte de funcionarios de la policía uniformada y que incluso se llegó a la desaparición de estos hermanos.

La Fiscalía, la PDI de Osorno y el Servicio Médico Legal trabajan en conjunto para establecer si las osamentas humanas halladas en un fundo en la localidad osornina de Riachuelo, Región de Los Lagos, pertenecen a detenidos desaparecidos.

Los restos pudieron ser hallados luego que una persona le advirtiera a la familia de los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, militantes socialistas detenidos en 1973, que en el predio podrían encontrar información del paradero de sus seres queridos.

Las osamentas estaban en un predio de una empresa agrícola, y que pertenecía a una familia que es conocida entre los lugareños.

La fiscal jefe de Río Negro, Leyla Chahin, explicó que “la denuncia la hizo un familiar de uno de los hermanos Barría Bassay, sobre la base de información de terceros”. La persecutora informó que la familia tenía hace un tiempo los datos sobre la ubicación de las osamentas, pero que están a la espera de la confirmación de la identidad, trabajo a cargo del servicio médico legal. El lugar donde se encontraron los restos está bajo resguardo de carabineros del retén de Riachuelo.

El 16 de octubre de 1973, Guido Barría Bassay despareció junto a su hermano Héctor. La policía de Riachuelo los capturó en un aserradero del sur de Chile. Los buscaban desde el golpe de Estado, acusados de liderar una guerrilla de 500 hombres en la cordillera de Huellelhue. Nada de eso era verdad. Los jóvenes estaban solos y asustados. El 2007, los carabineros involucrados fueron absueltos por prescripción. Los Barría Bassay no volvieron a saber de sus familiares hasta fines de abril de 2016, cuando Ricardo Barría, hijo de Guido, siguió una pista y encontró un cráneo: 43 años de búsqueda que parecían llegar a su fin.

Ricardo Barría Ralil parecía estar cavando una tumba. Era el mediodía del sábado 29 de abril de 2016 y estaba enterrado hasta las rodillas. Clavaba la pala con apuro en la tierra blanda. El sudor le corría como cuando juega fútbol en el equipo de Riachuelo, el pueblo donde vive. En aquel lugar, a 970 kilómetros de Santiago, buscaba a su padre Guido Barría Bassay y a su tío Héctor, detenidos y desaparecidos por una patrulla policial el 16 de octubre de 1973. Su esfuerzo para mover los 93 kilos que pesa su cuerpo y un cóctel de sensaciones súbitas, le quitaban el aliento: los nervios, la adrenalina, y la ansiedad de quien ha buscado algo toda una vida y cree estar a punto de encontrarlo. Ricardo se arrodilló, puso sus manos como un harnero, y movió los sedimentos, hasta que en sus palmas quedaron algunas osamentas indescifrables de un esqueleto humano y un trozo de cráneo. Entonces besó los restos. “Son ellos, son ellos”, gritó desesperado. ***

El día en que Salvador Allende ganó la elección presidencial, Guido Barría no despegó la oreja de la radio. Fue el 4 de septiembre de 1970, cuando decenas de militantes socialistas se reunieron donde su abuelo Luis Bassay Cuevas para escuchar los resultados. Todos cargaban banderas rojas. El lugar servía también como sede del partido. La misma donde Allende había descansado una tarde en 1958, cuando el “Tren de la victoria” –un ferrocarril en el que recorrió Chile haciendo campaña de norte a sur- lo había llevado hasta allá. Todos los Bassay militaban en la izquierda. El abuelo Luis era el origen de aquella semilla. Había llegado al pueblo a comienzos de 1900, luego que lo relegaran en barco desde las pampas salitreras, acusado de agitar a los trabajadores. Se había instalado a un costado del camino que une Riachuelo con Río Negro, municipios que en conjunto sumaban menos de diez mil habitantes. Allí crió a los 7 hijos que tuvo con Juana Alvear. Elvecia fue una de ellos, quien con 14 años se emparejó con Pedro Barría, un joven obrero proveniente de una familia de derecha. Del matrimonio nacieron 8 hijos, entre ellos Guido y Héctor, a quien apodaban Tito. Para Luis, sus nietos encarnaban mejor que nadie los principios del socialismo. Guido tenía 16 años y Héctor 24, y desde pequeños militaban en la juventud del partido. Meses antes de la elección, ambos habían recorrido los fundos del pueblo junto a otros amigos, explicándoles a los campesinos el programa de Allende. Inés Barría, su hermana de 9, también estaba ese día del triunfo. Por primera vez ganaban algo que no fuera fútbol. “Después de escuchar los cómputos marchamos desde la casa de mi abuelo y la gente se unió en el camino. Todos gritábamos de felicidad. Llegamos al retén de carabineros y cantamos el himno nacional”, recuerda ella. Los alemanes no festejaron aquella noche. Habían llegado a Riachuelo a partir de 1845, luego de la promulgación de la “Ley de inmigración selectiva”, norma que facilitó la colonización del sur de Chile con más de seis mil familias provenientes de la Confederación Germánica. Luego de un siglo de asentamiento, sus descendientes administraban vastos territorios agrícolas. Se sentían amenazados por la reforma agraria que Allende había prometido reimpulsar. Durante el gobierno de la Unidad Popular, Guido abandonó el colegio. Buscó empleo en el correo, donde trasladaba la correspondencia entre Riachuelo y Río Negro. Fueron años de un intenso trabajo político. Con su hermano Héctor participaron de las tomas de terrenos y organizaron a los obreros en cooperativas agrícolas. “Se visitaba mucho a la gente en el campo. Buscábamos que los patrones no les compraran la conciencia”, recuerda Nardo Ulloa, amigo de ambos hermanos. Los Barría Bassay se convirtieron en personajes incómodos para los colonos y la policía. Les agarraron mala, en especial a Guido, quien una noche se encontró con el cabo Pedro Soto curado en el camino, y lo paseó por el pueblo arriba de una carretilla. Por aquella época, Guido se había enamorado de Sofía Ralil, una joven de 16 años, secretaria de la juventud del partido. Con ella tuvo a su primera hija en 1972, y al poco tiempo esperaban al segundo. Era una época complicada. El pueblo estaba dividido y en las calles se enfrentaban opositores y partidarios de Allende. A los Barría Bassay los acosaba constantemente la policía. A comienzos de septiembre de 1973, cuando el golpe estaba en marcha al interior de las Fuerzas Armadas, a Guido le mandaron un recado a través de un tío. Venía de parte del teniente José Godoy, el jefe del retén del pueblo: “Dígale a su sobrino que tenemos una bala reservada para él”, le habría advertido. Guido se asustó con la amenaza. Habló con su familia, con Sofía, y se fondeó. Héctor, quien dirigía el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, lo acompañó en la huida. Se internaron en la Cordillera de la Costa, una selva de tupidos bosques de alerces, canelos, mañíos, ulmos, coigües, raulíes, maitenes, radales, manzanos, ciruelos, y cerezos, y se perdieron en la espesura. A los pocos días, los militares se tomaron el poder. Todos los policías andaban tras ellos. Fue la última vez que Elvecia Bassay, su madre, los vería con vida.

 

Inés Barría Bassay recibió el llamado de Ricardo alrededor de las dos de la tarde, mientras almorzaba en Osorno. Su sobrino respiraba agitado: “encontré un cráneo”, le lanzó sin rodeos. Por primera vez, Ricardo se involucraba en una búsqueda. Hacía un mes, de la nada le había llegado una pista. Mientras manejaba el bus que une Riachuelo con Osorno, la pasajera Patricia Torres Naguián, mapuche de 47 años, se le acercó para decirle que su padre podría estar enterrado en el exfundo de Germán Pasenau Siebert, un inmigrante alemán fallecido el 2012. Patricia había llegado a esa conclusión luego de una epifanía. La historia se remontaba a 1995, cuando trabajaba como empleada doméstica en la casa patronal de Pasenau. En su primer día allá, soñó con dos jóvenes parados debajo del agua pidiéndole ayuda. Con el tiempo, la escena y los rostros se habían vuelto repetitivos e inentendibles, hasta que en marzo del año pasado, camino a tomar el bus en Río Negro, se encontró con la cara de Guido y Héctor pintadas en un mural. Eran los jóvenes de su sueño. Los hermanos Barría Bassay –creyó- debían estar enterrados en alguna parte del fundo. En 43 años, la desaparición de Guido y Héctor había acumulado una indescifrable cantidad de mentiras y pistas falsas. A Ricardo, esta vez, la historia le pareció creíble. Tiritaba frente al volante luego de escucharla. Pensó en su abuelo Pedro Barría, que se había muerto tres semanas antes, sin saber qué había pasado con sus hijos. Recordó una frase que su esposa le había dicho el día del funeral y que sonaba a vaticinio: “ahora van a tener noticias de ellos”, le habría comentado mientras regresaban del cementerio. En los días posteriores, Ricardo pidió licencia médica y conversó con algunos extrabajadores del campo. Uno le contó de la existencia de un predio al cual Pasenau les tenía prohibido entrar. Quedaba en la parte norte del fundo, colindante con el Río Blanco, cauce que Ricardo atravesó con el agua hasta la cintura, para no entrar por el camino principal. Allí fue donde cavó. Aquella tarde, Inés esperó a su sobrino en la entrada del cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno. Si Ricardo tenía razón, las osamentas que traía adentro de una bolsa Ziploc podrían ser por fin las de sus hermanos. Esa misma noche, la fiscal jefe de la comuna, Leyla Chahin, cercó el lugar de la excavación. Dos días después, toda la familia llegó al fundo. Por tercera vez presenciaban una exhumación. Encontraron restos de un adulto y un niño. Sobre la copa de unos hualles, tres pitios miraban la escena. Los pájaros, según la mitología sureña, anuncian el regreso de alguien que se ha pasado mucho tiempo afuera. Ricardo pensó en su padre. El hallazgo de las osamentas parecía un milagro.

 

Sofía Ralil subía todos los días la montaña. Dejaba a su hija pequeña al cuidado de su mamá, y caminaba una hora por el cerro con su enorme guata de embarazada y la vianda. Guido y Héctor pernoctaban entre las ramas del monte, tapados bajo una húmeda capa de helechos muertos. Sofía les llevaba el almuerzo y las noticias. Siempre malas: “El abuelo Pedro está detenido en Los Lagos y el tío Juan en Osorno”, les dijo la primera vez que los vio. Su amigo Nardo Ulloa había corrido la misma suerte. “Las preguntas siempre eran las mismas: ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están los chicos Barría?”, recuerda Ulloa que les consultaban en los interrogatorios. Los militares en la zona doblaban a la población del pueblo, pero quienes más buscaban a los Barría Bassay eran los carabineros del retén de Riachuelo. Sus mismos vecinos. Los conocían bien. Habían visto cómo ayudaban a tomarse los terrenos de los alemanes y el cabo Pedro Soto no olvidaba su humillación arriba de la carretilla. Los habitantes se dividieron entre quienes despistaban a la policía y los que facilitaban su búsqueda. En este último bando estaban algunos simpatizantes del Partido Nacional, los colonos, y un grupo de exmilitares llamado ‘Las cien Águilas’. Una tropa de veteranos que a partir del 11 de septiembre de 1973 volvieron a vestir uniforme para detener militantes de izquierda. El silencio del monte los mantenía en constante reflexión, interrumpida solo por los aviones militares. Cuando escuchaban los motores, corrían a ocultarse entre la hierba. Los días avanzaban con lentitud y tranquilidad. A veces monótonos. Amanecían de madrugada con la entrada del rocío, luego se juntaban con Sofía, y a las ocho de la tarde todo volvía a la oscuridad. Estaban desarmados y llevaban puesta la misma ropa del primer día. La policía había echado a correr un rumor. Decían que los Barría Bassay dirigían una guerrilla de 500 hombres en la Cordillera de Huellelhue, una espesa selva costera con salida al mar. Se hablaba de la presencia de cubanos y rusos. Héctor se puso nervioso cuando Sofía le contó. Guido sólo lloraba. “Éramos menores de edad. Él tenía 19 años y estaba muy apenado. Me decía que me fuera a Uruguay, pero yo no quería”, recuerda ella. Esa fue su última conversación. Sofía nunca más lo vio. Al día siguiente, cuando llegó con la comida, los hermanos habían caminado al aserradero donde trabajaba su papá, más adentro en el monte. Pedro Barría consiguió ayuda de sus colegas. Estuvieron tres semanas moviéndose al interior de un enorme fundo, mezclándose con obreros forestales, hasta que su propia familia los traicionó. A mediados de octubre, un hermano de Pedro, que simpatizaba con los nacionales, delató su ubicación. El 16 de ese mes, la patrulla encabezada por el teniente José Godoy, el capitán José Catalán, y los cabos Pedro Soto, Quintiliano Rogel, y Robert Taylorl, que se llamaba parecido al actor estadounidense, llegaron al aserradero. El mayor Hans Schemberger, comisario y gobernador de la provincia, había ordenado la detención. Se movilizaban a bordo de la camioneta de Raúl Guzmán del Río, un agricultor que había facilitado su vehículo para trasladarlos hasta allá. Todos portaban fusiles. ***

Ricardo Barría posaba para una fotografía. Estaba sentado en el sofá de su casa y sostenía una pancarta con una imagen de su padre tomada en abril de 1973, cinco meses antes de su desaparición. Ampliado a todo lo largo y ancho, aparecía Guido equipado de futbolista, durante un partido del Atlético Riachuelo, club fundado en su casa en 1963. Medía 1.62 metros, pesaba 65 kilos, tenía el pelo castaño, y la cara angulosa. Se veía borroso, como suelen salir las fotocopias de las fotocopias. Sobre él, una pregunta: “¿Dónde están?”. La noticia del hallazgo del cráneo fue lo más importante que ocurrió en el pueblo durante esa semana. La foto salió en la portada del diario local: “Sólo quiero hallar los restos de mi padre para sepultarlo y tener donde depositarle flores en su memoria”, dijo Ricardo en esa entrevista. Hasta ese momento, había establecido una extraña relación con una cruz de tres metros de alto, ubicada en un cerro a la salida del pueblo. Subía casi todos los meses a hablarle como si fuera Guido. A veces llevaba su guitarra y cantaba. Había depositado su fe en aquellos maderos, pero ahora las osamentas ocupaban su cabeza. Si los peritajes de Carbono 14 confirmaban que la data de los restos correspondía al período, el primer paso antes de la identificación, tal vez nunca más iría hasta allá. Durante la espera, algunos extrabajadores del fundo se acercaron para entregarle más información. “Sigan por ahí, les va a ir bien”, le dijo uno. Riachuelo comenzaba a recuperar la memoria. Hasta entonces, los viejos del pueblo, contemporáneos a la Unidad Popular y la dictadura, habían mostrado poca empatía para recordarlos. No ocurría lo mismo con algunos jóvenes. En marzo de 2015, un grupo de escolares de Río Negro, integrantes del Colectivo Brotes, los dibujaron en una garita de bus. La pintura era la misma que Patricia Torres había visto antes de contarle el sueño a Ricardo: Guido vestía una camiseta de fútbol y Héctor un sobretodo café. “Hermanos Barría Bassay asesinados en dictadura”, decía la lectura. Aquella tarde en que pintaban, la policía llegó a encararlos: “¿Por qué quieren remover el pasado?”, preguntaron los carabineros con indignación. Para la celebración del Día de la Madre de ese año, Ricardo les pidió hacer un mural en Riachuelo. Dibujaron una loica, un árbol, sus rostros, una casa, una cárcel y escribieron un verso de Pablo Neruda: “Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron”. Ricardo repartió llaveros a todos quienes pasaron delante de la imagen. Fue el primer homenaje de Riachuelo a los desaparecidos. Su historia de persecución política no estaba relatada ni siquiera en el único libro escrito sobre el pueblo. Herta Vásquez, la autora, cree que “hay cosas sobre las que no se puede hablar”. Tampoco incluyó allí el saqueo de los españoles a los mapuches en el 1600, ni el brutal trato de los colonos alemanes a sus obreros durante el siglo 19. Tal como solía hacer con todo lo malo, Riachuelo había olvidado a los Barría Bassay. El hallazgo del cráneo los trajo de vuelta.

 

Guido Barría estaba semidesnudo en la tierra. Tenía las manos atadas con alambre, mientras el cabo Pedro Soto le pegaba con la culata de su fusil y lo garabateaba: “comunista de mierda”, le gritaba. Pedro Barría miraba la escena sentado arriba de un tractor, impotente. Iba con su hijo cuando los detuvieron a balazos. El teniente Godoy observaba la paliza. “Este es el famoso Guido”, le dijo Soto a su jefe, quien mientras se acercaba pare verle la cara, mató de un tiro a un perro que intentó morderlo. A los pocos minutos, otros policías trajeron a Héctor. También lo desnudaron. Varios trabajadores vieron los golpes, luego como los subieron al pick-up de la camioneta de Raúl Guzmán y desaparecieron. El operativo duró menos de una hora. Elvecia se enteró de la detención esa misma tarde. Una vecina que vivía frente al retén le avisó apenas los vio descender del vehículo: “Iban amarrados, desnudos y machucados”, le dijo. La madre corrió hasta la oficina de la policía, pero un carabinero la paró en la entrada. Era Raúl Pailalef, su vecino, que le apuntó con su carabina al pecho y después disparó al suelo: “Váyase señora, ellos no están acá”, le mintió. Durante aquella semana de octubre, Elvecia recorrió todos los centros de detención desde Valdivia al sur. Le dijeron que estaban en la cárcel pública de Osorno, pero no habían pasado por allí. Los gendarmes le explicaron que en el IV Juzgado Militar existía una causa pendiente por porte ilegal de armas. Como no se habían presentado estaban declarados en rebeldía. Ninguna de las dos cosas era cierta. Esa fue la primera denegación de justicia. La búsqueda movilizó a toda la familia. Hacían turnos para salir a los fundos, se repartían los cerros, y peinaron las riberas de los ríos del pueblo. En uno de ellos encontraron un cadáver flotando, pero no correspondía. Los cuerpos atravesaban los cauces y llegaban a la playa sin ser reclamados. “Tuvimos que dejarlo en la corriente, por miedo”, agrega Inés, de 12 años en ese tiempo. Los Barría Bassay comenzaron a impacientarse. La persecución en su contra parecía una venganza. Para fines de diciembre de 1973, la familia tenía dos parientes detenidos y dos desaparecidos. El nacimiento de Ricardo trajo algo de consuelo. Al hijo póstumo de Guido, lo bautizaron con el segundo nombre de su padre, y lo inscribieron como el retoño de Elvecia y Pedro. Sofía Ralil lo dejó al cuidado de sus abuelos cuando tenía un año. Pasaría mucho tiempo antes de saber la verdad. “Ella dijo que Guido no iba a aparecer y me pidió que rehiciera mi vida”, explica Sofía. Al año siguiente, la búsqueda se volvió esporádica. Las pistas fueron cada vez menos creíbles. En enero de 1978, una de ellas llegó por debajo de la puerta: “Estamos vivos. Tito tiene visita, yo no”, decía un papel escrito a mano supuestamente por Guido. El anónimo trajo esperanza. La familia volvió a recorrer las cárceles, pero no estaban en ninguna parte. Así de malos. Elvecia presentó la primera querella a comienzos de 1979. Allí declararon los seis policías involucrados en la detención. Cinco de ellos dijeron no conocer a los hermanos, pero el cabo Pedro Soto confesó. Aseguró que el operativo iba al mando del teniente José Godoy: “una vez detenidos, los hermanos Barría los entregamos a una patrulla militar… me consta que fueron trasladados al Estadio Español y nada se sabe del destino de estas personas”, dijo el 23 de mayo de 1979. Un año después, en un careo con Godoy, no ratificó aquella versión: “creo que en ese rato tuve un mal momento y seguramente confundí los hechos”, se excusó.

Luego de algunos meses, la investigación quedó a cargo del IV Juzgado Militar. Allá pasaron por alto la contradicción. La desaparición fue calificada como una presunta desgracia. El 18 de marzo de 1981, el fiscal militar Roberto Follert cerró la causa sin culpables. Argumentó que los antecedentes para procesar a los policías eran insuficientes. Si los hubiera, agregó, “la Ley de Amnistía considera a los victimarios como inimputables”. Era la segunda vez que se les negaba la justicia. Elvecia le contó toda la verdad a Ricardo luego de la derrota: le dijo que era su abuela y que su padre había desaparecido en la dictadura. Fue como si naciera de nuevo. En los años siguientes se dedicó a reconstruir la historia de Guido, a llenar los silencios con anécdotas y recuerdos. Soñaba con encontrarlo. “Lloré mucho. No quería aceptarlo. Mi único deseo era que regresara con vida”, recuerda hoy. ***

Hay un punto de inflexión en la búsqueda de Guido y Héctor. En febrero de 1991, cuando fue publicado el Informe Rettig, un compilado de todos los casos de detenidos desaparecidos de la dictadura, la familia confirmó sus sospechas: ambos habían fallecido después de su captura. El documento no lo decía explícitamente, pero detallaba el momento de la detención y la desaparición. “Es convicción de la Comisión que la desaparición de los hermanos Barría es de responsabilidad de agentes del Estado que incurrieron en violación a los derechos humanos”, decía el informe. Elvecia por primera vez se acercaba a la verdad. “Después de eso comenzamos a buscarlos como si estuvieran muertos, pensando sólo en encontrar osamentas”, explica Ricardo. Durante los 90 no hubo restos. Tampoco justicia. Con Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998, las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos avanzaron con lentitud. La situación cambió ese mismo año, cuando al juez Juan Guzmán le asignaron investigar una decena de querellas en su contra. Todas enmarcadas en el caso “Caravana de la Muerte”, el origen del “secuestro permanente”, una figura penal que burló la Ley de Amnistía. Sin cuerpos, asumía Guzmán, era imposible prescribir las causas, porque el delito se seguía cometiendo. Al año siguiente, Inés Barría tomó la representación de la familia. Se querelló por segunda vez, pero en los planes del juez no estaban sus hermanos. Ella comenzó a telefonearlo todos los días con nuevas pistas, hasta que el asunto se volvió importante. Una llamó su atención. A fines de 1973, un testigo vio a una persona inhumar unos cuerpos en el cementerio indígena de La Capilla, en Río Negro. La tumba estaba señalizada con una cruz de madera sin nombre. El 3 de enero de 2001, Guzmán ordenó la exhumación. Fue la primera vez que la familia vio un cráneo. Ricardo tenía 27 años. Los peritos removieron la fosa y de entre la tierra aparecieron tres cuerpos. Ninguno correspondía. Fue otro duro golpe para la búsqueda. La causa no tuvo movimientos hasta enero del año siguiente, cuando el juez solicitó una nueva exhumación en el mismo cementerio, pero tampoco encontraron nada. Entonces, decidió partir de cero, y ordenó que los policías volvieran a declarar. Al frente de la investigación quedó Sandro Gaete, detective que había resuelto varios casos de violaciones a los derechos humanos. Citó a los carabineros al cuartel de la PDI en Osorno, pero sólo llegaron cuatro de los seis involucrados. Todos habían jubilado como suboficiales. Pedro Soto fue el primero en hablar. Tal vez para aliviar su conciencia. En aquella época, ya era pastor de una iglesia evangélica: “sí, yo participé en las detenciones”, dijo el 17 de abril de 2002, apenas se sentó frente al detective. Soto, que en 1979 había dicho lo mismo y luego se había arrepentido, se había demorado casi 30 años en contar la verdad. De haber mantenido su versión en aquel momento, su testimonio bien podría haber cambiado el rumbo de la búsqueda. En todas las declaraciones anteriores un abogado de la Prefectura de Osorno lo había obligado a mentir. Por primera vez entregaba un relato cronológico de la captura. Después del aserradero –confesó- los llevaron al retén de Riachuelo, y luego a la comisaría de Río Negro, donde los interrogaron. Soto no recordó si existió tortura, pero sí lo hizo Luis Oyarzún, sargento segundo que conocía a los hermanos: “Guido me dijo que lo habían golpeado muy duramente, yo le aconsejé que dijera toda la verdad respecto de lo que le preguntaran, ante lo cual este me dijo que ya había contado todo lo que sabía”, le relató Oyarzún al detective. En el interrogatorio Guido habría dicho que las armas estaban ocultas en la Cordillera de Huellelhue. Al día siguiente, prepararon una excursión a cargo del mayor Hans Schemberger, comisario y gobernador de la provincia. Iban seis carabineros. Salieron de madrugada en dos vehículos y luego siguieron la ruta a caballo. Guido caminaba con las manos amarradas con alambre, a un costado de las bestias. Dieron vueltas por varias horas entre la selva, sin encontrar nada, hasta que Schemberger perdió el control. El joven les había mentido sólo para detener la paliza. Camino al cuartel, se desvió de la ruta hasta quedar frente al Río Negro. Allí, “el cabo primero Robert Taylorl dio un paso adelante, ofreciéndose como voluntario para darle muerte”, dijo Pedro Soto en su declaración.

 

Robert Taylorl lleva puesta una cotona azul marino, unos lentes ópticos, y una huincha de medir en la mano. Se sienta frente al mesón de su florería, ubicada en la parte delantera de su casa. El lugar parece abandonado: las ventanas fueron clausuradas con cartón y la vegetación alrededor cubrió gran parte de las paredes y el tejado. La propiedad ha sufrido la furia de sus coterráneos: “me han rayado las paredes con consignas alusivas al caso, me han mandado a pegar, me han tratado de matar”, enumera. Taylorl tiene 77 años. Ha perdido el vigor y el carácter duro de su juventud. El expolicía se quedó a vivir en Río Negro luego de renunciar a la institución. No habla de la desaparición de los hermanos Barría Bassay: “la verdad está en el expediente”, dice cortante. En aquellas páginas está su declaración. El 18 de abril de 2002 le contó su versión a Sandro Gaete. “Nos dirigimos hasta el fundo La Campana. En ese lugar nos internamos por un camino particular y cuando llegamos a la ribera del Río Negro, el mayor ordenó detener la marcha, y bajar al detenido del vehículo”. Guido quedó parado frente a un pequeño barranco. Estaba amarrado de pies y manos, y tenía los ojos vendados. Fue entonces que Schemberger lo sentenció: “¿Quién de ustedes quiere matarlo?”, preguntó. Taylorl dio un paso al frente y lo empujó al agua. La corriente del río, aumentada por los deshielos de la primavera, lo engulló a los pocos segundos. “Guido gritaba cuando el caudal se lo llevaba”, agregó. Sobre Héctor no sabía nada. El juez sometió a proceso a todos los involucrados por el delito de secuestro calificado, y a Raúl Guzmán, el civil que facilitó la camioneta para trasladarlos, por su complicidad. En mayo de 2003, todos quedaron detenidos. Schemberger y José Godoy, que años más tarde ascendería a general, se culpaban mutuamente. “El 16 de octubre de 1973, al mando directo del capitán Hans Schemberger Valdivia, concurren aproximadamente 20 carabineros, incluido el infrascrito, para detener policialmente a los hermanos Barría”, le escribió Godoy al juez cuando llevaba 41 días detenido. Un par de semanas después de aquella carta, los policías salieron en libertad bajo fianza. El dinero no evitó que el 3 de mayo de 2004, todos fueran condenados a diez años de cárcel. Raúl Guzmán, que había sido defendido por su hijo, actual jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago, fue el único que zafó. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia, pero la Suprema, en un hecho inédito, los absolvió. El 27 de diciembre de 2007, tres de los cinco jueces votaron a favor de la prescripción de la causa. Fue la tercera vez que los magistrados beneficiaban a los asesinos. Elvecia Bassay, la madre de los hermanos, había muerto un año antes. “Se fue con la sensación de que la justicia estaba cerca, pero no”, explica su hija Inés. Robert Taylorl recuerda ese período como una época difícil: “No fue tan fácil la cosa. Estuve firmando todos los jueves, como dos años. Ni derecho a voto tenía”, explica. Culpa a sus jefes por la desaparición de Guido. “Mi conciencia no está tan afectada. Usted sabe que uno cumple órdenes de superiores. Si no la cumplía capaz que lo mataran a uno mismo”, se excusa. En los últimos meses ha seguido los detalles del hallazgo de Ricardo Barría, con quien muchas veces se ha cruzado en el bus. Cuando va a hacer trámites a Osorno, ninguno de los dos se mira. Está seguro que aunque remuevan toda la tierra del exfundo de los Pasenau, no encontrarán nada. “Ellos no solamente han buscado ahí, en los cementerios indígenas también han sacado osamentas, y eso es profanar tumbas. Yo lo que declaré lo hice ante un tribunal competente y es la verdad”. Los Barría Bassay no creen en su versión. ***

Ricardo Barría convocó a toda su familia para la entrega de los peritajes del cráneo. Nuevamente los reunía la posibilidad de encontrar a Guido y Héctor. Una rutina repetida varias veces en 43 años de búsqueda, pero no menos solemne. Se juntaron en la mañana en un café de Río Negro. Luego caminaron a la Fiscalía, donde Leyla Chahin, la investigadora del caso, les leyó las conclusiones. Las fechas tenían un margen de error de 30 años: “es posible asociar una data de 120 años antes del presente para el individuo número 1 y de 170 para el número 2. De esta manera, el individuo número 1 se encontraba vivo en algún período entre los años 1800 y 1860 D.C., mientras el 2 lo estaba entre 1750 y 1810”. Un silencio incómodo acompañó la lectura. Ricardo se tomó las conclusiones con desazón. El estudio era inapelable. El Servicio Médico Legal (SML) había enviado dos restos de osamentas al laboratorio Beta Analytic, de Miami. Después de una prueba de Carbono 14, los peritos habían descartado que fuera su padre. Aunque le habían advertido de las bajas probabilidades, Ricardo igual se había ilusionado. Aquellos huesos, causantes de tanta felicidad en él, correspondían a muertos de otra guerra. Un adulto y un niño fallecidos presumiblemente por una epidemia, enmarcados “en una temporalidad de connotación histórica”, sin ninguna relevancia jurídica actual. Humanos que vivieron entre fines de la Independencia y el período republicano liberal. Una mala noticia que los expertos del SML se han acostumbrado a entregar. Las osamentas que encontró Ricardo están guardadas en cajas de cartón. Se mantienen en una enorme sala con estanterías “Full Space” repletas de huesos. Comparte espacio con más de 800 contenedores, cada uno llamado técnicamente como “protocolo”. Cientos de restos humanos aguardando una identidad. Marisol Intriago, jefa de la Unidad de Identificación del SML, lleva más de diez años estudiando huesos de desaparecidos. En las últimas dos décadas, el equipo que lidera ha identificado a 290 víctimas, de un universo de 1.465. Entre ellos, los muertos del Patio 29 del Cementerio General de Santiago, los del caso Caravana de la Muerte, y los 22 campesinos asesinados en Paine, cuyos restos aparecieron el 2007 en una fosa ubicada camino a Rapel, en la VI Región. La última exhumación que arrojó buenas noticias. Desde hace una década, ninguna de las aproximadamente 20 búsquedas anuales que realizan ha permitido encontrar más cuerpos. “Es muy frustrante que los resultados sean negativos”, se lamenta Marisol. Hasta ahora, el proceso sólo ha servido para echar abajo líneas investigativas. “Aunque para la familia lo sea, el éxito no necesariamente es el hallazgo. Excluir los lugares donde hay sospechas sirve para descartar un territorio”, explica ella. La discusión sobre quién busca a los desaparecidos de la dictadura es un tema pendiente. No depende del SML, ni de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Sólo los jueces pueden solicitar pericias y exhumaciones. Recién ahora esto se ha vuelto una preocupación ejecutiva. La creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que comenzó a funcionar en febrero pasado, tiene un mandato para implementar un programa nacional de búsqueda. La iniciativa llega 43 años después de la desaparición de las primeras víctimas. En la mayoría de los casos, han sido los mismos familiares quienes han comandado verdaderas expediciones por la Cordillera de Los Andes, la Costa y el Desierto de Atacama, como ocurrió con los asesinados de Calama, cuyas osamentas fueron halladas en 1995, tras un largo barrido por el desierto. Ricardo mira esos casos con admiración. La única forma de mantenerse conectado con Guido –cree- es a través de la búsqueda. Sigue convencido que su padre está en ese fundo. Se lo dijo a la fiscal después de la lectura del documento, cuando ella le advirtió que controlara sus impulsos y no siguiera escarbando sin una orden del tribunal. De todo el informe, la frase que más recuerda es donde el SML recomienda realizar más estudios en la zona. “Tengo la esperanza de haberme equivocado. Debí cavar al otro lado de los árboles, no al lado de acá. He seguido juntando información. Ahora me dijeron que la clave estaba en un cerezo”.

A cinco metros del cerezo, una retroexcavadora baja la pala con precisión quirúrgica. Luego, un perito del Servicio Médico Legal mide la profundidad. Otros dos observan el interior del agujero y toman notas al borde del suelo. La tierra es marrón, húmeda, y blanda. Desde el fondo sólo aparecen raíces. “Ayer hicieron dos hoyos, pero los taparon, porque no encontraron nada”, explica Ricardo, sentado sobre un piso plástico. Es la tercera jornada de exhumación. Cae una intermitente lluvia otoñal. En pocos días más se cumple un año desde que él desenterró el cráneo en el mismo fundo donde está ahora. Cuando iba entrando por primera vez por la puerta principal, fue inevitable pensar en su padre: “me empecé a acordar de cómo habíamos llegado hasta acá, del sueño que tuvo la señora Patricia Torres, cuando mi papá se le apareció para que lo ayudara”, recuerda. La orden de remover el terreno la dio el juez Álvaro Meza Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco, que ve todos los casos de derechos humanos del sur de Chile. Es la cuarta vez que pasan por un proceso similar. Alrededor hay 22 personas trabajando, entre peritos del SML, paleros encargados de hacer los agujeros, y funcionarios de la PDI que sólo caminan por el lugar.

Ricardo pidió una semana libre en su trabajo para ayudar. A metros de donde escarban los peritos, montó un toldo, una mesa, y un fogón en el que calienta la comida. Su tía Inés, que nunca ha dejado de buscar a sus hermanos, también está allí. Los almuerzos sirven para comentar los avances y darse ánimo. Durante las tardes toman café y comen dulces. Aunque hasta ahora han encontrado cuatro cuerpos, ninguno de ellos corresponde a simple vista a la época de la dictadura. Lo mismo ocurrirá con los otros 11 cadáveres que con los días irán apareciendo.

Luego de una semana de búsqueda, los peritos dan con un número total: 15 fallecidos, todos con las mismas características de aquel primer cráneo que halló Ricardo. Hay niños, adultos y mujeres. De ellos, sólo tres muestras se enviaron a Santiago para estudiar su datación. Aunque hay pocas esperanzas, los peritajes servirán para confirmar o descartar si los muertos son víctimas de una epidemia ocurrida en el 1800. “Para qué vamos a mentir, me había hecho un poco de esperanzas, pero menos que la primera vez.

Llegó tanta gente que pensé que esta vez sí los íbamos a encontrar, pero no”, se lamenta Barría. Ricardo rescata el vínculo que formó con los funcionarios. El día en que terminó la exhumación, el equipo de forenses quiso retribuirle a la familia su preocupación con un asado de cordero. Allí sellaron también un compromiso con el caso. En dos semanas volverán a remover el terreno que les faltó. Ricardo quiere que una médium los acompañe para ese momento.

No ha perdido la fe: “sigo creyendo que están en el fundo, ahora estoy más seguro que nunca. Sólo falta el lugar exacto”. La búsqueda continúa. 

*Crónica realizada para el taller de escritura del programa 5 Sentidos, de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.

A partir de la nómina de los oficiales de Carabineros pensionados entre 2005 y mayo de 2017, entregada por Dipreca, CIPER investigó y cruzó datos. Hubo sorpresas. $432 millones anuales se destinan al pago de pensiones para 15 de los formalizados por el mega fraude en esa institución. Otros miles de millones se quedan en las manos de ex altos oficiales que reciben doble jubilación o pensiones de invalidez que nadie puede cuestionar. También aparecen oficiales condenados por juicios de derechos humanos. Un trozo suculento de la torta de $586 mil millones anuales se lo llevan 93 generales.

Durante 2016, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) desembolsó $586 mil millones para el pago de pensiones de sus funcionarios en retiro –civiles y uniformados–, monto que incluye también a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. La cifra es idéntica a la destinada en 2016 por el gobierno para financiar la gratuidad en la educación superior.

CIPER pidió a Dipreca, vía Ley de Transparencia, la nómina de pensionados, uniformados y civiles, del escalafón de oficiales de Carabineros que pasaron a retiro entre 2005 y mayo de 2017. La lista incluye a 1.383 ex oficiales, con una pensión mensual que promedia los $2,3 millones. En la nómina de civiles aparecen 1.056 ex funcionarios que se jubilaron entre 1951 y 2017, con pensiones que promedian un millón de pesos. Los montos contrastan con la jubilación promedio por vejez que entrega el sistema de AFP y que apenas bordea los $198 mil pesos, según cifras de la Superintendencia de Pensiones a junio de este año (el cálculo integra a pensionados con distintos años de cotización).

En las nóminas analizadas por CIPER, figuran 15 de los 74 carabineros formalizados en el mega fraude que se destapó en marzo pasado al interior de la institución, los que cobran pensiones de hasta $4,7 millones. Son $432 millones los que Dipreca destina al año a pagar las jubilaciones de esta quincena de ex oficiales involucrados en el desfalco, cuyo monto se estima hasta el momento en $25.700 millones.

En la misma nómina figura además casi una decena de ex oficiales con pensiones de hasta $3,2 millones involucrados en procesos por violaciones de derechos humanos.

No es lo único que resalta de los datos oficiales entregados por Dipreca y que CIPER cruzó y analizó. Se detectaron además a 22 ex oficiales de Carabineros recibiendo doble pensión. Como la lista de pensionados parte en 2005, entre ellos figuran al menos dos ex directores generales de la institución –Eduardo Gordon y Alberto Cienfuegos–, nueve generales y diez coroneles.

Otros tres ex generales directores –Rodolfo Stange, Fernando Cordero y Manuel Ugarte– presentaron un recurso de ilegalidad que está en curso en la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se haga público el monto de sus pensiones.

Entre los altos oficiales beneficiados con una doble pensión está el ex general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, quien recibe la pensión más alta que entrega Dipreca (y también Capredena, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas): $6.976.552 mensuales. El abogado Verdugo percibe además una segunda pensión de $938 mil (como ex funcionario “civil”), lo que lo deja con una jubilación de casi $8 millones mensuales.

Ismael Verdugo, quien se sometió a un trasplante de corazón, se retiró de Carabineros a fines de 2012 con invalidez de segunda clase, causal que se aplica a miembros de las FF.AA. y de Orden que por accidentes o enfermedades queden imposibilitados de continuar en el servicio y en inferioridad fisiológica para desempeñarse en ocupaciones privadas. Esto les permite aumentar en un 20% su pensión sobre la última remuneración percibida en actividad.

El privilegio del que gozan quienes se acogen a la invalidez de segunda clase, la misma norma lo contrapesa con la imposibilidad de que el funcionario pueda ser contratado posteriormente en reparticiones del Ejército, la Armada, la Fach, Carabineros, la PDI y Gendarmería.

Pero la normativa no siempre se cumple. CIPER detectó casos de oficiales de carabineros que, habiéndose retirado bajo esa causal, fueron recontratados o perciben ingresos de esas instituciones.

La invalidez de segunda clase es uno de los puntos ciegos de la normativa. En conversación con CIPER, el diputado Leonardo Soto (PS), quien presidió la comisión de la Cámara que investigó irregularidades en las pensiones de Capredena y Dipreca, confirmó que los dictámenes médicos que avalan esas inhabilidades no pueden ser fiscalizados ni por Dipreca ni por la Contraloría:

-Cada institución tiene su propia comisión de sanidad que dictamina una invalidez. No existe posibilidad de conocer el detalle de los fundamentos médicos que justifiquen ese dictamen. La Contraloría, por ejemplo, solo recibe un documento que dice que la persona califica para la invalidez.

De la lista de 2.439 oficiales pensionados de Carabineros, 131 han pasado a retiro aduciendo invalidez de segunda clase. El pago de jubilaciones para ese grupo representa para Dipreca una carga de $2.776 millones anuales.

En 2016 Dipreca destinó en total $586 mil millones para el pago de pensiones de casi 260 mil beneficiarios de Carabineros, Investigaciones (PDI) y Gendarmería. En ese reparto, Carabineros se lleva por lejos la tajada más grande: $418 mil millones para financiar las jubilaciones de más de 185 mil beneficiarios de esa institución.

De acuerdo a datos de Dipreca, el 95% del monto que utiliza la entidad para el pago de pensiones proviene del erario público. Solo el 5% restante lo aportan los cotizantes. Lo mismo ocurre con los fondos que administra Capredena. Son dineros de todos los chilenos los que financian un sistema que privilegia a unos pocos y que contrasta con el sistema de capitalización individual que rige para gran parte de la población.

LAS PENSIONES DEL “PACOGATE”

A casi cinco meses de la revelación del mega fraude que desangró las arcas de Carabineros, la investigación de la Fiscalía ya suma 74 formalizados. Hasta el momento, el monto del robo supera los $25.700 millones. CIPER detectó que 15 de los formalizados por participar en esta asociación criminal reciben pensiones pagadas por Dipreca. Un total de $432 millones anuales se destinan a pagar jubilaciones para ex oficiales acusados de haber integrado la red del desfalco.

La más alta de estas pensiones la recibe el coronel Carlos Cárcamo Bravo ($4,7 millones mensuales), quien jubiló por invalidez de segunda clase. La Fiscalía acusó a Cárcamo de haber jugado un rol estelar en el mega fraude: fue jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Jefatura Zona Metropolitana, desde donde se habrían malversado a lo menos $972,7 millones.

El coronel Cárcamo fue jefe de gabinete de quien fuera  director de Finanzas de la institución, el general Iván Whipple. Y cuando esa dirección fue asumida por el general Flavio Echeverría, ahora preso por el desfalco, Cárcamo tomó la jefatura del Departamento III Tesorería y Remuneraciones. Según expuso la Fiscalía en su formalización, el coronel recibió pagos de Carabineros, hasta ahora injustificados, por $53,3 millones.

Otro de los oficiales imputados por el desfalco es el coronel Arnoldo Rivero Gerves, quien percibe una jubilación de $2,8 millones y ha sido mencionado como uno de los principales gestores del fraude. Fue Flavio Echeverría, el único general preso por el desfalco, quien declaró que había sido reclutado por Rivero para integrarse a la red criminal.

La Fiscalía acusa al coronel Rivero de haber recibido pagos injustificados por al menos $169 millones, girados desde cuentas institucionales; además de $900 millones en efectivo provenientes de personas que facilitaron sus cuentas bancarias para que les depositaran fondos sustraídos a Carabineros.

También jugaron un rol clave en la asociación ilícita los oficiales Robinson Carvajal Leiva (quien cobra una pensión de $2 millones) y Nelson Valenzuela Aravena, con una jubilación de $1,4 millón.  Al comandante Carvajal la Fiscalía le imputa haber operado como reclutador de las personas que recibieron en sus cuentas corrientes los fondos sustraídos. Además, en su propia cuenta se detectaron depósitos por $199 millones pagados como sobresueldo.

Al mayor Nelson Valenzuela, quien se fue a retiro en  2011, la Fiscalía lo acusa de haber coordinado la distribución del dinero entre los confabulados y de haber invertido sus ganancias ilícitas en negocios con el comandante Héctor Nail, también formalizado. El Ministerio Público ha calculado que recibió más de $121 millones de origen ilícito.

También figura entre los pensionados del mega fraude el comandante Ramiro Martínez Chiang (quien cobra $2 millones mensuales). La Fiscalía lo acusa de haber recibido al menos $612,4 millones como exceso de sueldo, dinero que era repartido entre los miembros de la asociación criminal. Martínez Chiang pasó a retiro en 2012, después de intervenir en millonarias compras con sobreprecio en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). La investigación de la Fiscalía aún está en curso.

Además de Carmona, Rivero, Carvajal, Valenzuela y Martínez, la nómina de los 15 pensionados del desfalco se completa con los coroneles Fernando Pérez Barría (pensión de $2,7 millones), Francisco Reyes Momberg ($2,8 millones), Arturo Rojas Henríquez ($2,8 millones), Horacio San Martín Villegas ($2,8 millones) y Patricio Bianchi Silva ($2,8 millones); los comandantes Patricio Morales Díaz ($1,7 millón), Claudio Venegas Godoy ($2 millones) y Juan Moraga Gallegos ($2,4 millones); y los mayores Fernando Bustos Ríos ($1,3 millón) y David Vega Carmona ($1,1 millón).

EL PRIVILEGIO DE LA “DOBLE PENSIÓN”

Más de una veintena de ex oficiales de Carabineros figura pasando a retiro dos veces y en años distintos. La mayoría de ellos también formaba parte de la planta de profesores de esa institución. Hasta 2006 la normativa obligaba al personal que hacía clases en las escuelas de Carabineros a recibir por una vía separada esta última remuneración, también  imponible en Dipreca. Fue así como pudieron pensionarse como oficiales y profesores, recibiendo de manera paralela dos jubilaciones.

Son 22 ex carabineros cuyos ingresos le significan a Dipreca un gasto anual de más de $1.047 millones. La jubilación promedio que recibe este privilegiado grupo de pensionados roza los $4 millones.

En la nómina de oficiales de Carabineros pensionados figuran dos ex directores de la institución: los generales Alberto Cienfuegos y Eduardo Gordon. Cienfuegos, quien fue director entre 2001 y 2005, recibe un total de $4,3 millones ($3,5 millones y $784 mil); mientras que Gordon, quien estuvo al mando entre 2008 y 2011, percibe un monto casi idéntico ($3,6 millones y $706 mil). Debido al recurso judicial presentado por los ex directores en retiro Stange, Cordero y Ugarte, para impedir que se hagan públicos los montos de sus jubilaciones, no se sabe si ellos también obtuvieron la doble pensión.

El ex general de Carabineros, Héctor Jara, quien se retiró con una pensión de $3,2 millones percibe además una jubilación por su labor docente de $1,6 millón. Entre los jubilados con doble pensión aparece también el ex jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general René Moya Venegas, quien pasó a retiro en noviembre de 2004. Su jubilación asciende actualmente a casi $4,8 millones.

Entre los coroneles en retiro con doble jubilación destacan Luis Alberto Thibaut ($4,3 millones y $ 282 mil);  Héctor Fuentealba ($2,9 millones y $ 931 mil); Sergio Gajardo ($2,8 millones y $969 mil);  Arturo Bernal ($3,7 millones y $1 millón) y Bárbara Valladares ($2,5 millones y $733 mil).

Mención aparte merece el general en retiro Gonzalo Arias González, protagonista de al menos dos fallos por secuestro, desapariciones y homicidios ocurridos en Temuco en los primeros días después del Golpe de Estado. En ambos fallos la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó las condenas a ocho años. Arias González recibe desde 2005 una doble pensión por  un total de $ 3,7 millones ($ 3,4 millones y $ 348 mil).

INVALIDEZ BAJO SOSPECHA

En las nóminas revisadas por CIPER con casi 2.500 oficiales de Carabineros pensionados, figuran 131 acogidos a retiro con causal de inhabilidad de segunda clase. El pago de las jubilaciones de este grupo le significa a Dipreca un gasto anual de más de $2.776 millones. Sus pensiones promedio bordean el $1,8 millón. La cifra contrasta con las jubilaciones percibidas por quienes se pensionan por invalidez -total o parcial- en el sistema de capitalización individual de las AFP. Cifras de la Superintendencia de Pensiones indican que, a junio de 2017, las jubilaciones por invalidez total o parcial promedian los $210 mil.

Siete médicos con causal de retiro de invalidez de segunda clase aparecen en la nómina entregada por Dipreca. Algunos activos y con consultas en distintas regiones del país. El cirujano y mayor (r) Enrique Sudy Márquez, pasó a retiro en 2004 con causal de invalidez de segunda clase. En 2008 su pensión era de $2,9 millones y hoy, tras algunos reajustes, asciende a $3,6 millones mensuales.

La indagación de CIPER encontró al doctor Sudy ejerciendo en el Hospital Regional de Coihaique (la normativa no se lo impide por ser un hospital público). En efecto, la Contraloría dictaminó en noviembre de 2010 que la condición de invalidez de segunda clase solo es incompatible con el desempeño posterior en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, subsecretarías de Defensa y el Estado Mayor Conjunto.

Lo extraño emergió cuando CIPER contactó al doctor Sudy para preguntarle sobre su trabajo en el Hospital de Coihaique, posterior a su retiro. Enrique Sudy respondió que nunca había trabajado allí. Pero un informe de la Contraloría señala lo contrario. Entre 2010 y 2011 el doctor Sudy realizó 25 intervenciones en pabellones de ese  hospital.

Y lo que el organismo contralor impugnó fue que Sudy, en calidad de funcionario de ese hospital, al momento de realizar esas intervenciones no contara con contrato, ni con convenio actualizado para atención de pacientes privados (ver informe de Contraloría).

Entre enero y diciembre de 2010 el doctor Sudy figura también en una nómina de remuneraciones a honorarios del Comando de Salud del Ejército, con una remuneración mensual de $1.135.326 (ver aquí). En 2011 aparece en otra nómina de honorarios, esta vez del Instituto Geográfico Militar, con una remuneración mensual de $1.582.653 (ver aquí).Ese mismo año, Sudy figura en una nueva planilla de contrataciones a honorarios del Centro Clínico Militar Coihaique del Ejército, con una remuneración mensual de poco más de $2 millones. Su nombre se repite en la nómina de remuneraciones de esa misma unidad de salud del Ejército hasta diciembre de 2016, con honorarios por $1,1 millón (ver aquí).

CIPER le preguntó al doctor sobre sus remuneraciones en el Centro Clínico Militar de Coihaique: “No trabajo en el hospital del Ejército. Yo atiendo pacientes del Ejército y les doy la boleta a ellos cuando los puedo ver en mi consulta privada”, señaló. Insistió en que no había ninguna irregularidad para el ejercicio de su profesión: “No estoy contratado en ese lugar. La gente que está con invalidez segunda, para que tú sepas, no puede ser contratada por el mismo empleador que le dio de baja. Por eso, yo no trabajo con el servicio público”.

Consultado sobre el origen de la inhabilidad de segunda clase que lo afecta, Sudy no quiso especificarla, limitándose a señalar: “es absolutamente legítima”.

“MEGA PENSIÓN”

El general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, pasó a retiro en diciembre de 2012. El abogado se jubiló con una invalidez de segunda clase y actualmente recibe casi $7 millones ($6.976.552) mensuales. Como ex profesor de la Escuela de Carabineros percibe además una segunda pensión de $938 mil. Verdugo fue también integrante de la Corte Marcial donde fue autor de polémicos votos en 2009.

Tras su salida de la institución, Verdugo se enroló en el estudio jurídico Hinzpeter y Compañía, en el que estuvo hasta hace un par de semanas, además de ejercer como profesor de Derecho Civil en tres universidades.

CIPER conversó por teléfono con el general (r) Ismael Verdugo quien señaló que su invalidez se debió a un trasplante de corazón al que se sometió poco antes de pasar a retiro en 2012.

-La invalidez de segunda clase de acuerdo a la definición legal, lo deja a usted en inferioridad fisiológica para desempeñarse, por lo tanto, a mi la norma no me prohíbe ejercer como abogado. Efectivamente yo trabajo como puedo, pero no soy un abogado de ejercicio masivo. Usted comprenderá que no por el hecho de haber jubilado por esa causal me tengo que quedar encerrado en mi casa. También hago clases. Claro que se trata de un par de ramos. Tengo una experiencia bastante larga y la trato de transmitir a mis estudiantes -señaló.

HISTORIAL EN DERECHOS HUMANOS

En la nómina de oficiales que reciben pensión desde 2005, figuran al menos nueve ex funcionarios involucrados en investigaciones por violaciones de derechos humanos. Uno de ellos es el general Iván Andrusco Aspe, quien cobra una pensión de $3,2 millones.

Andrusco fue citado a declarar en la investigación del Caso Degollados (1985). Aunque no se comprobó su intervención directa en los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, la justicia constató que en las mismas fechas en que se produjo el triple homicidio, el entonces teniente de Inteligencia integró la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo que ejecutó la operación que culminó con los tres profesionales degollados.

En 1998, Andrusco era jefe operativo de la Sección de Investigación Policiales (SIP) cuando cuatro funcionarios bajo su mando fueron acusados de haber causado la muerte por torturas al taxista Raúl Palma Salgado. En 2004, Andrusco fue ascendido a general y designado jefe de la Zona Policial del Bío Bío. En marzo de 2010, tras su retiro, fue nombrado director de Gendarmería por el recién asumido presidente Sebastián Piñera. Apenas 18 días después renunció argumentando que había recibido “presiones” y “amenazas de muerte” por su pasado en la Dicomcar.

El coronel Pedro Caballero Castillo percibe una pensión de $2,7 millones. En 1985 integró la Dicomcar, organismo que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, calificó en su fallo como “asociación ilícita terrorista”. Caballero participó en el allanamiento a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), que formó parte de la operación que terminó con el triple asesinato del Caso Degollados.

Sergio Saravia Henríquez también era parte de la Dicomcar. En 1985 era teniente y fue el conductor del vehículo en el que fueron trasladados cuatro profesores que habían sido secuestrados desde la Agech. Fue condenado a dos penas de 41 días de prisión como cómplice de esos secuestros. En 2002 se denunció que seguía activo como subprefecto del área oriente de Santiago a pesar de la sentencia, por lo que se vio obligado a dejar las filas. Saravia Henríquez se retiró como teniente coronel y tiene una pensión de $2,4 millones.

Los oficiales Pedro Ramírez Gálvez y Carlos Riederer Saldías formaban parte de la dotación del helicóptero policial que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración, cuando desde ese establecimiento fueron secuestrados dos de las víctimas del Caso Degollados: Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Ramírez y Riederer se retiraron como coroneles y ambos reciben una pensión de $2,8 millones.

En la medianoche del 30 de junio de 1986, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) ingresó al domicilio del folclorista Benedicto “Piojo” Salinas y dio muerte a tiros a la esposa, cuñada y un hijo del artista: Margarita Martín Martínez, María Paz Martín Martínez e Isidoro Salinas Martín. El coronel Sergio Gajardo Giadach, quien ahora cobra una pensión de $2,7 millones, entonces era teniente e integraba la patrulla que irrumpió en la casa del folclorista.

En octubre de 1973, los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay fueron secuestrados por una patrulla de Carabineros en la comuna de Río Negro, Región de Los Lagos. Ambos figuran en la nómina de detenidos desaparecidos. En el grupo policial estaba el entonces teniente José Hernán Godoy Barrientos. En 2003 el ministro Alejandro Solís lo sometió a proceso junto a otros cinco carabineros.

Godoy Barrientos alcanzó el grado de general y recibe una pensión de $3,3 millones. Se retiró en 2000, cuando ejercía como jefe de Zona precisamente en la región donde se produjo el secuestro de los hermanos Barría Bassay. En 2005 la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó a 10 años y un día, pero dos años después la Corte Suprema lo dejo libre por prescripción del delito. Fue el último caso en que se aplicó la prescripción en un juicio por violaciones de derechos humanos.

El peruano Percy Arana tenía 22 años y era cantante. En la madrugada del 31 de marzo de 1984 murió a tiros y golpes a manos de una patrulla policial que lo confundió con un militante subversivo. El mayor Alberto Medina Cárdenas fue procesado por la muerte del joven artista. Fue absuelto del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte por el Segundo Juzgado Militar de Santiago. Medina Cárdenas terminó su carrera como coronel y cobra una pensión de $2,7 millones.

El teniente Leandro Plaza Perellano prestaba servicio en la 13ª Comisaría de La Granja y el 11 de septiembre de 1983 lideraba la patrulla que dio muerte a Cristián Garrido Queulo (22 años), en la Población San Gregorio. En 2007 la Corte Suprema ratificó su condena a cinco años de presidio remitido. Plaza Perellano dejó el servicio como capitán y solo cuatro meses después de la condena que lo obligó a abandonar las filas comenzó a recibir su pensión, la que hoy alcanza a  $1,9 millón mensual.

LAS PENSIONES DEL ALTO MANDO

En la nómina de oficiales pensionados que Dipreca hizo llegar a CIPER, figuran 93 generales que han jubilado desde 2005 en adelante. $317 millones mensuales se pagan en pensiones a este grupo, lo que significa un desembolso anual superior a $3.800 millones.

La pensión más alta es la que recibe el ya mencionado ex auditor Ismael Verdugo Bravo ($6,9 millones mensuales). Le siguen dos ex generales con montos por sobre los $4 millones: Luis Ortiz Pietrantoni (ex director de Planificación y Desarrollo, $4,2 millones) y Jorge Cornejo Sangueza (ex jefe del Servicio de Sanidad, $4 millones).

En el rango de $3,5 millones a $4 millones, se ubican siete oficiales, incluyendo tres ex generales directores: Gustavo González Jure ($3,7 millones), Eduardo Gordon Valcarcel (3,6 millones) y Alberto Cienfuegos Becerra ($3,5 millones).

El grueso de los generales (81) cobra pensiones que van entre $3 millones a $3,5 millones. Y en la nómina solo figura un oficial que cobra menos de $3 millones: Miguel Puentes Lacamara (ex director de Sanidad, $2,7 millones).

Entre los generales pensionados hay varios que si bien no se vieron enfrentados a procesos sancionatorios, si estuvieron involucrados en episodios irregulares antes de pasar a retiro. Uno de ellos es el ex general director Eduardo Gordon, quien dejó las filas en 2011 después de que CIPER reveló que a su hijo le cambiaron un parte para protegerlo tras protagonizar un accidente de tránsito (vea ese reportaje). El propio Gordon responsabilizó por el cambio del parte al entonces general Aquiles Blu Rodríguez, quien a fines de ese mismo año también abandonó el servicio activo y ahora cobra una pensión de $3,5 millones. En 2009 Blu firmó un contrato para proveer equipos biométricos con la empresa italiana Elsag Datamat, representada por los hijos del ex general director Fernando Cordero Rusque (vea reportaje de CIPER «Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros«).

A fines de 2012 pasó a retiro el general Gerardo González Theodor, después de una serie de reportajes de CIPER sobre irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Esa unidad estaba bajo el mando de González Theodor, quien entonces ejercía como director de Planificación y Desarrollo. En esa condición cerró acuerdos de palabra con Mellafe y Salas para equipar la nueva Central de Comunicaciones de Carabineros y supervisó telefónicamente los contratos que el TIC cerró con un empresario muy cercano a él: Héctor Alegría Melo, quien había sido acusado de giro doloso y tenía un largo historial de causas judiciales (vea los reportajes de CIPER “Carabineros: compras con sobreprecio golpean al general director” y “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”).

Con posterioridad a su retiro, González Theodor ha trabajado en emprendimientos de Alegría Melo. El general González dejó el servicio con un desahucio de $82 millones y cobra una pensión de $3,5 millones mensuales.

En el periodo en que se produjeron las compras irregulares en el TIC, estuvieron al mando de la Dirección de Logística el ya mencionado general Aquiles Blu y, posteriormente, el general Eduardo Muñoz Poblete. Este último se retiró a fines de 2011, cuando la Contraloría le había abierto un juicio de cuentas por una rebaja de $3 millones en una multa a un proveedor y por la compra de 60 LCD, avaluados en $51 millones, para el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, pero que nunca fueron utilizados.

Poco antes de dejar el servicio, Muñoz Poblete firmó una compra que implicó un desembolso de US$3,5 millones: 29 carros blindados que presentaban fallas de seguridad. Los documentos que acreditaron la recepción conforme de los vehículos, a pesar de que existía un informe que alertaba sobre las fallas, fueron firmados por los generales Carlos Carrasco Hellwig y Jorge Rojas Langer.

Actualmente, los generales Muñoz Poblete, Carrasco Hellwig y Rojas Langer, cobran pensiones  de $3,5 millones mensuales.