Casa de Administración del Fundo «Chihuio»

En los días posteriores al golpe de estado, la casa de administración del fundo “Chihuio” (Valdivia), de propiedad de Américo González, se convirtió, para 18 campesinos de la localidad, en un centro de exterminio. Ubicado en la precordillera, a casi 300 Km. de Valdivia, el fundo “Chihuio” sirvió como centro de detención y tortura para las fuerzas represivas de la región. Campesinos de Futrono, Llifen, Curriño, Arquilhue y Chabranco fueron llevados desde sus hogares o lugares de trabajo hasta esta localidad, después de ser detenidos por soldados pertenecientes a la Cuarta División del Ejercito, al mando del General Héctor Bravo Muñoz, y apoyados por civiles de la localidad, incluyendo a Américo González. Los soldados habían llegado hasta las diferentes localidades con lista en la mano.

Según testigos, los detenidos fueron duramente golpeados durante su detención y trasladados en camiones del ejército hasta el fundo “Chihuio”, donde fueron salvajemente torturados y luego asesinados.  Se cree que todos murieron lentamente, a causa de las torturas.

Un joven de la localidad y que conocía a muchas de las victimas vio los cuerpos antes de que fueran enterrados y declaro ante el jurado que los cuerpos mostraban terribles marcas de tortura y mutilación: ..”estaba Daniel Méndez y le faltaba los dos brazos. A Rubén Vargas le habían cortado las orejas, y a Rubén Duran estaba con la mitad de su cara contada en pedazos. A Juan González con una puñalada en el pecho y un balazo atravesando sus pulmones. A Segundo Pedreros con un brazo menos, y Orlando Barriga con sus manos cortadas. Y Rosendo Rebolledo, con una pierna menos…y…..los 18 cuerpos estaban horriblemente mutilados…”.

Los 18 campesinos permanecieron desparecidos por mas de 17 años. Se sabe que sus cuerpos fueron exhumados ilegalmente en 1979 (probablemente por miembros del ejército  o la CNI), significo que en 1990, y después de un largo trabajo por parte de los grupos de derechos humanos, solo parte de sus restos fueron encontrados.

Victimas de Chihuio:
Carlos Acuna Inostroza; Orlando Barriga Soto; José Cortez Díaz; Rubén Duran Zúñiga; Luis Ferrada Sandoval; Eliécer Freire Caamaño; Narciso García Cancino; Juan González Delgado; Daniel Méndez Méndez; Fernando Mora Gutiérrez; Sebastián Mora Osses; Segundo Pedreros Ferreira; Rosendo Rebolledo Méndez; Ricardo Ruiz Rodríguez; Carlos Salinas Flores; Manuel Sepúlveda Rebolledo; Rubén Vargas Quezada; Andrés Silva Silva.

Criminales y cómplices:
Ejercito: General Héctor Bravo Muñoz (Cuarta División del Ejercito)
Civiles: Américo González.

Fuentes de Información Consultadas:  Libro: “Las Tumbas de Cristal” (1991); Memoriaviva;

Osamentas de 18 personas fueron encontradas en una fosa clandestina en el cementerio municipal de Valdivia, informaron hoy fuentes judiciales. Los restos fueron exhumados anoche por orden del juez especial Juan Guzmán Tapia, quien instruye

149 querellas contra Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 17 años de su gobierno de facto. Tras la exhumación, los restos fueron trasladados a dependencias del Servicio Médico Legal en Santiago para practicarles pruebas de ADN con el objetivo de comprobar si corresponden a un grupo de 18 trabajadores agrícolas que desapareció en la zona en octubre de 1973. Los campesinos del complejo maderero de Panguipulli fueron detenidos por efectivos militares del regimiento Cazadores de Valdivia y posteriormente fueron trasladados, junto a otro grupo de personas detenidas en los pueblos de Futrono y Llifén, hasta las termas de Chihuío.

En este lugar, de acuerdo a informaciones de los organismos de derechos humanos, fueron torturados y ejecutados para luego ser inhumados en fosas clandestinas que fueron descubiertas en 1990. El proceso por la muerte de los campesinos de Chihuío fue amnistiado por la Corte Suprema en 1995.

En memoria de las víctimas detenidas desaparecidas de 1973, de la localidad de Chihuio, comuna de Futrono, el próximo sábado 05 de abril, a las 11:30 horas, se inaugurará en el sector El Boquete — Chabranco, el Memorial que recuerda a los 18 ejecutados políticos de Chihuio, del sector cordillerano de la provincia de Valdivia.

La presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la provincia de Valdivia, Ida Sepúlveda indicó, que "con la construcción del Memorial de Chihuio pretendemos hacer una reparación simbólica y recuperar la memoria de estos 18 trabajadores que fueron brutalmente asesinados por efectivos policiales de esa época y, de alguna forma, hacer justicia por su detención y posterior desaparición, que ha significado —hasta hoy— la angustia para los familiares, quienes con perseverancia continúan solicitando que se investigue para saber qué pasó y dónde están", explicó.

Las 18 víctimas de Chihuío fueron detenidas en los alrededores de Curriñe, Chabranco y sectores aledaños y, luego, trasladados hasta una casona de las termas de Chihuio y ejecutados el 09 de octubre de 1973.

Ida Sepúlveda agregó, que el Memorial de Chihuio está edificado en un terreno de la municipalidad de Futrono y fue el trabajo de un año, mediante un convenio establecido entre el Ministerio del Interior y el alcalde de Futrono, Octavio Caseaux; financiando 1 millón 800 mil pesos el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y 1 millón de pesos la Municipalidad de Futrono, para su construcción.

Al acto asistirán, familiares de las víctimas de Chihuio y representantes de agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Valdivia y regiones.

En la masacre de trabajadores forestales y campesinos de Chihuío se encuentra  involucrado Santiago Sinclair, hombre de confianza de Pinochet, Senador designado, ex vice comandante en Jefe y miembro de la Junta Militar golpista. Como comandante del Regimiento de Caballería nº 2 "Cazadores", con asiento en Valdivia,  él es una pieza clave en el asesinato de los 17 trabajadores del Complejo Maderero Panguipulli y el sindicato "Esperanza Obrera".  

Durante el mes de octubre de 1973 una caravana de hombres y vehículos salió del  Regimiento "Cazadores" y "Maturana" hacia Futrono, continuando a la precordillera, pasando por Chabanco, Curriñe, Llifén, etc., dejando su cargamento de prisioneros  convertidos en cadáveres.  

Es de ese mismo Regimiento de donde sale otro grupo de militares para enterrar  clandestinamete los cuerpos. Un juzgado militar de Valdivia ordenó extender 1os  certificados de defunción. Quienes comparecen como testigos de estas muertes, se  domicilian, irónicamente, en el mismo Regimiento "Cazadores". 

Los certificados contienen la misma información:  

Fecha de Defunción 09 de octubre 1973, Hora 22.30. Lugar de Defunción: Liquiñe.  Subinscripciones: Causa no precisada.  

Los trabajadores asesinados eran: Luis Ferrada Sandoval (42), Eliecer Freire  Caamaño (20), Narciso García Cancino (31), Daniel Méndez Méndez (42), Juan  González Delgado (31), Carlos Acuña Inostroza (46), José Barriga Soto (32), José  Cortés Díaz (35), Neftalí Durán Zúñiga (22), Ricardo Ruíz Rodríguez (24), Carlos  Salinas Flores(21), Manuel Sepúlveda Rebolledo (28), Rubén Vargas Quezada (56),  Rosendo Rebolledo Méndez (40), Pedro Pedreros Ferreira (48), Sebastián Mora (47), Fernando Mora Gutiérrez (17). Según relató el abogado de la Vicaría de la  Solidaridad, Mario González: "en el viaje de la caravana se produce la detención del  joven Fernando Mora Gutiérrez, el que al ayudar a sacar los camiones militares del  barro, logra darse cuenta que su padre va entre los prisioneros. Solicita que le  digan 'qué va a ocurrir con él, a dónde lo llevan'. Le contestan: 'si quieres ir con tu  padre, sube al camión'. Y pasa a ser un prisionero más".  

El convoy de asesinos salió desde los Regimientos "Cazadores" y "Maturana", que  estaban al mando del comandante Santiago Sinclair, quien asegura hasta hoy 'no  haberse enterado de nada'. Lo componían al menos 90 hombres entre tropa y  oficiales, y 7 vehículos, a cargo de el comandante de escuadrón Luis Osorio, y los  oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodríguez Olivares y Luis Rodríguez  Rogorrichi. El oficial de la unidad especial era el teniente Galileo Labbé.  

Carabineros del retén Llifén habían ejercido una represión brutal en la zona de  Curriñe, Arquilme y Chabranco, tomando detenidos y torturándolos. La caravana  militar recorrió toda la zona hasta llegar a la precordillera. Se instalaron en los  retenes, hicieron formarse a los hombres en varios poblados, leyeron nóminas con  sus nombres y procedieron a las detenciones de algunos. Con los militares  participaba Américo González Torres, uno de los dueños del Fundo Chihuío, que  asesoró las detenciones.  

En las localidades pidieron elementos como alambre, yuntas de bueyes para desatascar los vehículos, etc. En la administración del Complejo Forestal en  Curriñe fueron torturados algunos detenidos. Una patrulla militar subió al  aserradero de Folilco para detener a los trabajadores. El convoy continuó a  Chabranco lugar de las últimas detenciones. La caravana de asesinos y sus  prisioneros, siguió a Chihuío, en la casa patronal del fundo fueron ejecutados.  

Según el Informe Rettig, "al día siguiente de las ejecuciones, un testigo reconoció a  varias de las víctimas, y pudo percibir que la mayoría de los cuerpos tenían cortes  en las manos, en los dedos, en el estómago e incluso algunos se encontraban  degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar huellas de impactos  de bala en sus restos. Los cadaveres permanecieron en el lugar de la ejecución  durante varios días, aproximadamente 15 cubiertos tan sólo con algunas ramas y  troncos".  

Aquí no hubo ni siquiera un Consejo de Guerra para justificar sus crímenes. Posteriormente, a fines del 78 o principios del 79, civiles llegaron hasta los Baños  (termas) de Chihuío, y le pidieron al dueño que les 'indicara el lugar en dónde  habían sido enterrados los cuerpos'.  

Excavaron durante la noche, y trasladaron los restos a un lugar hasta la fecha  desconocido.  

Sus cuerpos fueron hechos desaparecer.  

por Arnaldo Pérez Guerra  

Artículo publicado por Sebastián Gallardo revela pormenores de la operación que terminó con la vida de 17 campesinos y trabajadores forestales de la zona cordillerana de Futrono

La mañana del viernes 26 de mayo, fueron entregados los restos de dos de los 17 campesinos y trabajadores forestales que fueron asesinados brutalmente en la denominada Masacre de Chihuio, perpetrada en octubre del año 1973 por una patrulla militar que salió desde los regimientos Maturana y Cazadores de Valdivia, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte.

Se trata de los restos de Rubén Vargas Quezada -de 56 años al momento de su asesinato- y Fernando Mora Gutiérrez, que era un menor de edad de sólo 17 años al momento de ser detenido y ejecutado junto a su padre, a sólo metros del actual centro turístico Termas de Chihuío.

Fue el ministro en visita en causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, quien entregó los restos óseos de estas dos personas, que pudieron ser rescatados tras las extensas diligencias de investigación y que fueron identificados en un trabajo conjunto entre el Servicio Médico Legal y entidades internacionales. A ellos, se suman cuatro urnas simbólicas correspondientes a José Orlando Barriga Soto, Ricardo Segundo Ruíz Rodríguez, José Rosamel Cortéz Díaz y Sebastián Mora Osses, los que ya habían sido identificados en años anteriores por medio de otras muestras que se analizaron en Bosnia y cuyas evidencias fueron consumidas en el proceso de reidentificación.

El ministro Mesa, además informó a los familiares respecto de las diligencias que se han realizado para rectificar la causa y lugar de muerte de los detenidos desaparecidos de este caso, “se ha avanzado en este tema. Ahora en los certificados de defunción figura el lugar correcto de fallecimiento de sus familiares que es Baños de Chihuio y estamos en una segunda etapa que consiste en colocar la causa de la muerte, que será como señala la sentencia, que fue una: Ejecución por Acción Militar”.

Irma Vargas Cifuentes, hija del detenido desaparecido Rubén Vargas Quezada señaló a este medio: “cuando yo supe que lo habían identificado, sentí mucha paz; pero al estar presente uno se llena de tristeza y de dolor porque recuerda todo lo que ha pasado. Llevábamos 44 años esperando saber el paradero de mi padre y por fin lo vinimos a saber; lo identificaron con una muestra muy pequeña, pero me consuelo que voy a tener a mi padre en el cementerio”.

Los Hechos

El 07 de octubre de 1973, una caravana militar salió de los regimientos Maturana y Cazadores de Valdivia -dirigido en ese entonces por el comandante Santiago Sinclair- con destino a Futrono.

Según describe el Centro de Estudios Miguel Enríquez, “Carabineros de Llifén habrían ejercido una represión brutal en la zona de Curriñe, Arquilhue y Chabranco, tomando detenidos y torturándolos. La caravana militar recorrió toda la zona hasta llegar a la precordillera. Se instalaron en los retenes, hicieron formarse a los hombres en varios poblados, leyeron nóminas con sus nombres y procedieron a las detenciones de algunos”.

Mientras los militares reunían elementos como alambres y yuntas de bueyes para desatascar los vehículos, en el Complejo Maderero Curriñe se aplicaban torturas a los detenidos. “En las localidades de Chabranco, Curriñe, Llifén y Futrono los militares detuvieron desde sus domicilios o lugares de trabajo, o recibieron de manos de Carabineros a los campesinos (…) la noche del mismo 9 de octubre de 1973 se les condujo a un fundo de propiedad de un civil en el sector cordillerano denominado Baños de Chihuio. En una hora no precisada, los prisioneros fueron sacados de la casa patronal de ese fundo y llevados a las inmediaciones a una distancia aproximada de 500 metros, lugar en el cual se les ejecutó” (Museo de la Memoria).

Según lo señalado en el informe Rettig, “al día siguiente de las ejecuciones, un testigo reconoció a varias de las víctimas, y pudo percibir que la mayoría de los cuerpos tenían cortes en las manos, en los dedos, en el estómago e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar huellas de impactos de bala en sus restos”.

Los cadáveres de los trabajadores permanecieron en el lugar de su ejecución durante varios días, cubiertos tan sólo con algunas ramas y troncos. Aproximadamente unos quince días después de la ejecución, fueron enterrados por los efectivos militares en fosas de diferentes dimensiones.

En una fecha que no es posible precisar, pero que podría corresponder a fines del año 1978 o principios de 1979, en horas de la noche, personas de civil llegaron hasta la casa patronal del Fundo Chihuio y exigieron al dueño que les indicara el lugar en que se encontraban las fosas. Estos civiles, asociados de otros que les acompañaban, excavaron durante toda la noche en el lugar de las fosas, trasladando los restos a un lugar que hasta la fecha ha sido imposible de determinar, esto en el marco de la operación denominada Retiro de Televisores. Los escasos vestigios hallados en esas fosas, son los que han permitido identificar a 12 de los campesinos y trabajadores forestales ejecutados en este sector de la región de Los Ríos (Museo de la Memoria).

Luego de años en busca de la verdad, este domingo 28 de mayo los restos del joven Fernando Mora y de Rubén Vargas, fueron sepultados en Valdivia.

Un Menor de Edad

Uno de los datos más impresionantes de esta matanza de trabajadores es el fallecimiento de un menor de edad de 17 años, identificado como Fernando Mora Gutiérrez, quien fue asesinado junto a su padre y cuyos restos justamente fueron entregados a sus familiares la jornada del viernes.

En entrevista con Noticias Los Ríos, Sonia Mora Gutiérrez, relató las circunstancias en que su padre y su hermano pierden la vida de manera tan trágica; “en esos años la mayoría de edad era a los 21. Mi hermano no era un político, yo creo que ni tenía nociones de eso. Mi hermano ayudó a sacar unos camiones militares que quedaron atascados en el barro y se dio cuenta que llevaban a mi papá y él decide acompañarlo (…) esto fue por el amor que él tuvo hacia el padre y lo siguió”, relata.

En antecedentes recopilados por la Justicia se menciona este caso: “al ayudar a sacar los camiones militares del barro, logra darse cuenta que su papá va entre los prisioneros. Solicita que le digan qué va a ocurrir con él, a dónde lo llevan. Le contestan: si quieres ir con tu padre, sube al camión. Y pasa a ser un prisionero más” (Archivo Chile).

Fue así como Sonia -en ese entonces de 10 años de edad- perdió a su padre y a su hermano en esta matanza. Su padre, fue identificado hace poco más de dos años y su hermano recién este 2017.

Diminutos restos de Rubén Vargas Quezada y de Fernando Adriàn Mora Gutierrez descansan en la Casa de la Memoria hasta el domingo en que llegarán al Memorial del Cementerio Municipal de Valdivia. Tan larga espera, tanta resignación de familias campesinas para recibir algo de sus seres amados. La matanza de Chihuío debe avergonzar a la humanidad.

El ministro en visita en causas de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, entregó los restos óseos a los familiares de dos víctimas del denominado caso Chihuio, que fueron identificadas recientemente por el Servicio Médico Legal.

Durante la ceremonia, el ministro Mesa señaló “lo que se hizo hoy en el Servicio Médico Legal, fue la entrega de restos óseos de víctimas del caso Chihuio a sus familiares. Junto con la entrega de los restos óseos, se hizo entrega de los resultados de laboratorio, donde se identificó a su familiar que fue víctima de este suceso”.

“Se hizo además, una entrega simbólica a las familias de personas que ya habían sido identificadas anteriormente, es decir, sin la entrega de restos óseos, dado que las muestras de sus familiares fueron consumidas en el proceso de reidentificación. En este caso están José Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Sebastián Mora Oses y Ricardo Segundo Ruiz Rodriguez” agregó el magistrado.

El ministro Mesa, además informó a los familiares respecto de las diligencias que se han realizado para rectificar la causa y lugar de muerte de los detenidos desaparecidos de este caso “se ha avanzado en este tema. Ahora en los certificados de defunción figura el lugar correcto de fallecimiento de sus familiares que es Baños de Chihuio y estamos en una segunda etapa que consiste en colocar la causa de la muerte, que será como señala la sentencia, que fue una: Ejecución por Acción Militar”.

Hasta el momento se han logrado identificar 12 de las 17 personas ejecutadas en esta causa, frente  lo cual el ministro señaló “respecto de las cinco personas que faltan por identificar, hemos hablado con el Servicio Médico Legal y los peritos, que puede existir la posibilidad -dado que la tecnología avanza año a año- que hacia futuro se envíen nuevas muestras y puedan ser identificadas”.

En esa misma línea, el Seremi de Justicia y DD.HH. Alejandro Reyes manifestó que “con esta acción realizada se busca esclarecer la verdad después de más de 40 años no tan solo para los familiares sino también como país y sociedad, para que nunca mas vuelva a ocurrir situaciones de esta dimensión que causaron tanto dolor”.

Los hechos

La investigación por el denominado  Caso Chihuió  se refieren al operativo militar de personal de los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia quienes salieron el 7 de octubre de 1973 para realizar un recorrido por los lagos Futrono, Maihue y Ranco, pasando por las localidades de Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío.

Durante el trayecto, los militares detuvieron a 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al sindicato campesino “La esperanza del obrero” del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, a partir de una lista confeccionada por Américo González Torres, uno de los dueños del fundo Chihuio.

El recorrido culmina la noche del 9 de octubre, en la casa patronal de Américo González Torres, oportunidad en que los 17 trabajadores son trasladados al sector de Baños de Chihuío, momento en que fueron ejecutados.

Días después de la ejecución, los restos de los trabajadores fueron sepultados ilegalmente en el mismo sitio en dos fosas distintas.

Posteriormente, en 1978 y en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”, se realizaron exhumaciones clandestinas con el objetivo de hacer desaparecer las evidencias del caso. En este contexto y de acuerdo a la investigación desarrollada por la justicia, militares de civil exhumaron los restos de los trabajadores, con la ayuda Américo González Torres, haciendo desaparecer sus cuerpos lanzándolos al mar.

La ministra en visita del caso Chihuio, Emma Díaz y el director nacional del Servicio Médico Legal, doctor Patricio Bustos, informaron de cuatro nuevas identificaciones a familiares del denominado Caso Chihuio, operativo militar que terminó con la vida de 17 trabajadores agrícolas en 1973.

Durante la reunión, la ministra Díaz, reiteró su compromiso con realizar los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos investigados “en materia de Derechos Humanos, el Poder Judicial tiene como norte la transparencia y un fuerte compromiso con la verdad, por lo que seguiremos trabajando en ésta línea”.

Los restos óseos identificados pertenecen a Rosendo Rebolledo Méndez, José Orlando Barriga Soto, Sebastián Mora Osses y Narciso Segundo García Cancinos, los que lograron ser identificados luego que las muestras fueran analizadas por la Unidad Especial de Identificación Forense del SML y el Instituto de Investigación Médica de Innsbruck, en Austria.

Estas identificaciones se suman a las de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Rosamel Cortés Díaz, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Daniel Méndez Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, sumando en total diez identificaciones positivas de las victimas de Chihuio.

Respecto de la certeza de los análisis, el doctor Patricio Bustos, director nacional del Servicio Médico Legal señaló que “la ministra nos y ha pedido realizar los esfuerzos para identificar a diecisiete víctimas de secuestro en octubre de 1973. Nosotros tomamos muestras óseas de las víctimas y gracias a la generosidad de las familias -que donaron muestras sanguíneas- nosotros podemos realizar un procedimiento genético que nos da la certeza absoluta y da la tranquilidad a los ministros de la causas de derechos humanos y también a sus familias”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia, Ida Sepúlveda, valoró los resultados periciales entregados hoy “yo agradezco a la justicia, en todo lo que se ha ido haciendo, agradezco a los profesionales, agradezco a los jueces, agradezco a los abogados que han hecho su parte. No todo es perfecto, pero nosotros como dirigentes sabemos lo que nos ha costado llegar a este lugar y eso es lo que agradezco yo en la vida”.

Durante el 2015, nuevas muestras del caso Chihuío serán enviadas al laboratorio GMI, en Austria, con el objetivo de intentar identificar restos óseos de las siete víctimas que aún no han logrado ser identificadas.

LOS HECHOS

La investigación por el denominado Caso Chihuió se refieren al operativo militar de personal de los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia quienes salieron el 7 de octubre de 1973 para realizar un recorrido por los lagos Futrono, Maihue y Ranco, pasando por las localidades de Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío.

Durante el trayecto, los militares detuvieron a 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al sindicato campesino “La esperanza del obrero” del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, a partir de una lista confeccionada por Américo González Torres, uno de los dueños del fundo Chihuio.

El recorrido culmina la noche del 9 de octubre, en la casa patronal de Américo González Torres, oportunidad en que los 17 trabajadores son trasladados al sector de Baños de Chihuío, momento en que fueron ejecutados.

Días después de la ejecución, los restos de los trabajadores fueron sepultados ilegalmente en el mismo sitio en dos fosas distintas.

Posteriormente, en 1978 y en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”, se realizaron exhumaciones clandestinas con el objetivo de hacer desaparecer las evidencias del caso.

En este contexto y de acuerdo a la investigación desarrollada por la justicia, militares de civil exhumaron los restos de los trabajadores, con la ayuda Américo González Torres, haciendo desaparecer sus cuerpos lanzándolos al mar.

Se trata de las ejecuciones ilegales en contra de trabajadores forestales y campesinos que fueron detenidos en octubre de 1973, en Futrono, región de los Ríos. Las sumas a pagar por parte del Estado de Chile van desde los cuarenta y hasta los cien millones de pesos en favor de hermanos, hijos, viudas y madres de los asesinados.

“El contexto en que los hechos fueron verificados -con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales- trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada de ellos, como reiteradamente lo ha sostenido este tribunal, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito“.

De esta forma, el fallo dictado por la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia  que había sido recurrida por el Consejo de Defensa alegando que los familiares de José Orlando Barriga Soto, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez  ya habían recibido reparación a través de la ley 19.123 que establece pensiones en favor de los familiares de “las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política”, según señala el artículo 18 del mencionado cuerpo normativo.

Daniel Méndez, obrero maderero, dirigente campesino. Asesinado por agentes del Estado el 9 de octubre de 1973.

El CDE también solicitó que se declarara la prescripción de la acción indemnizatoria, sin embargo los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado integrante Antonio Barra, consideraron que dado que los hechos se trataban de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles “no resulta coherente entender que la correlativa acción indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna”.

Los ministros, finalmente, señalaron en el fallo que consideran que la prescripción alegada por el CDE como forma de dar certeza jurídica a las causas judiciales, “en un test de proporcionalidad, y
dada la naturaleza oprobiosa de los hechos que causan los daños y su víctima, que es la humanidad entera, siempre cederá ante el valor justicia“.

Las indemnizaciones a pagar por el Fisco van desde los cuarenta millones de pesos en favor de los hermanos de las víctimas ejecutadas en el Fundo Chihuío, de la comuna de Futrono. Asimismo, los hijos deben recibir un monto de sesenta millones de pesos, las viudas ochenta millones y las madres deben ser reparadas económicamente con cien millones de pesos.

El  “caso Chihuío”  se refiere al operativo militar realizado por personal militar de los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia el 7 de octubre de 1973 y que consistió en un recorrido por los lagos Futrono, Maihue y Ranco para detener a 17 trabajadores agrícolas pertenecientes al sindicato campesino “La esperanza del obrero” del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, a partir de una lista confeccionada por un civil.

El 9 de octubre los hombres fueron ejecutados en el sector Baños de Chihuío. Días después de la ejecución, los restos de los trabajadores fueron sepultados ilegalmente en el mismo lugar o en dos fosas distintas.

En 1978 y en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”, los cuerpos fueron exhumados clandestinamente y lanzados al mar.

Después de 42 años,  el llanto volvió a  desbordar la mirada de los familiares de las víctimas de Chihuio. La historia que provoca el llanto es lúgubre y horrorosa. Se trató de un  operativo militar donde participaron  los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia, que el 7 de octubre de 1973, salieron a realizar un recorrido por los lagos;  Futrono, Maihue y Ranco, pasando por las localidades de Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar finalmente a  Chihuío.

Los militares a su paso, detuvieron a 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al Sindicato Campesino “La Esperanza del Obrero”,  Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, basados en una lista que les entregó  Américo González Torres, uno de los dueños del fundo Chihuío.

La caravana pone fin a su recorrido de terror,  la noche del 9 de octubre en la casa patronal de Américo González Torres,  los 17 trabajadores, fueron  llevados  al sector de Baños de Chihuío, donde fueron ejecutados, no sin antes haber recibido diversas y escabrosas torturas, según relatos de testigos que encontraron las evidencias en los cuerpos encontrados en el lugar de la ejecución. Los restos de los trabajadores fueron sepultados ilegalmente,  después de unos días, en el mismo sitio, en dos fosas distintas.

En  1978 y en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”, se realizaron exhumaciones clandestinas con el objetivo de hacer desaparecer las evidencias del caso. Militares de civil exhumaron los restos de los trabajadores, con la ayuda Américo González Torres, haciendo desaparecer sus cuerpos lanzándolos al mar, según consta tras la investigación judicial.

Hoy Valdivia, fue testigo de otro funeral, Sebastián Mora Osses, Rosendo Rebolledo Méndez , José Orlando Barriga Soto y Narciso Segundo García Cancino, sumando así a diez  víctimas de Chihuio, que son encaminados hacia el memorial del cementerio general,  luego de que las muestras fueran analizadas, e identificadas  por la Unidad Especial de Identificación Forense del Servicio Médico Legal y el Instituto de Investigación Médica de Innsbruck, en Austria.

La melodía de coros evangélicos, que seguramente empaparon las lagrimas en los humildes hogares de las madres, viudas, hermanas, hijas e hijos, se trasladaron a las calles de nuestra ciudad, donde nuevamente, las familias debieron caminar del brazo unas de otras, para no decaer, al igual como lo hicieron tantas veces en busca de verdad y justicia. Familiares testigos de los hechos y otros como el nieto de Sebastián Mora, que heredaron la historia, se mostraron  profundamente conmovidos, pero aún así, con grandeza y generosidad invitaron a perdonar.

El funeral no fue masivo, como podría suponerse, una clara evidencia de que nuestro Chile, no se hace cargo aún de la gran deuda social y moral que se tiene con las víctimas y sus familias. El cortejo fue observado por transeúntes, muchos de ellos/as, al leer el lienzo que encabezaba la marcha, podían suponer de que se trataba.

Fueron miles los pasos dados hoy, caminamos la mitad de Valdivia, desde la Casa de la Memoria, donde fueron velados los restos, hasta el cementerio general. Conmovedoras escenas protagonizaban las ancianas de las familias, de paso mermado por el dolor, pero incansables. La foto de José, Rosauro, Sebastián y Narciso, colgaban tanto del pecho añoso, como del de niños, quienes tendrán la misión, tal vez, algún día de recibir a las siete víctimas que faltan, si aún hay que seguir esperando años.

por Marisol Molina

La ministra en visita extraordinaria sometió a proceso al general en retiro del Ejército Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyanedel, en calidad de autor del delito homicidio calificado de 17 trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, ejecutados en octubre de 1973.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, sometió a proceso al general en retiro del Ejército Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyanedel, en calidad de autor del delito homicidio calificado de 17 trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, ejecutados en octubre de 1973.

En la resolución, la ministra Plaza González procesó al exmilitar por los homicidios de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Ruben Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

En la resolución, la ministra en visita consigna que, en esta etapa procesal, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

“En la comuna de Futrono, sector fundo Arquilhue, en los caseríos de Curriñe, funcionaba la administración y pulpería del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, poblado de Chabranco, en las inmediaciones de las termas de Chihuío, en donde en esa misma época se encontraba la sede del sindicato ‘Esperanza del Obrero’, al que pertenecían los trabajadores del Complejo Maderero.

Internándose unos 16 kilómetros hacia la cordillera se encuentre Chihuío, donde como resultado de la violencia dirigida en contra de un sector determinado de la población civil partidaria del régimen depuesto por las fuerzas militares, a contar del 13 de septiembre de 1973, de manera organizada, campesinos fueron privados de libertad por funcionarios de carabineros.

El día 7 de octubre de 1973 se llevaron a cabo nuevas privaciones de libertad en contra de la población civil de dicho sector. Asimismo el 9 del mismo mes y año, personal militar de los Regimientos Caballería N° 2 ‘Cazadores’ y ‘Maturana’ de Valdivia, salió rumbo a Futrono al mando de un oficial y secundado por otros oficiales, en una caravana compuesta por varios vehículos, entre jeeps y camiones, con una dotación aproximada de noventa personas. Dicha caravana militar se dirigió hacia el sector sur del Complejo Maderero Panguipulli, con el propósito de privar de libertad en un sector preciso y determinado a campesinos pertenecientes a la población civil (…).
Todos los detenidos del recorrido de la caravana de militares son llevados en tal calidad hasta las Termas de Chihuío, y desde ese lugar el día 9 de octubre de 1973, el personal militar, en horas de la noche, saca a los civiles de la casa patronal del Fundo Chihuío donde se les mantenía privados de libertad y los trasladan a las inmediaciones, a unos 500 metros del mencionado inmueble, lugar en que se les fusila a todos ellos, sin mediar proceso previo alguno, hechos de los que se da cuenta al Comandante del Regimiento Cazadores con guarnición en Valdivia de la época, con el grado de teniente coronel, quien en todo momento estuvo en conocimiento de la ejecución de los 17 civiles de las Termas de Chihuío, siendo el mismo quien ordenó que se sepultaran los cuerpos de los fallecidos.

Adicionalmente consta que Mario Silva Navarro recibió la orden del capitán Osorio Gardasanich para trasladarse hasta Futrono y Chihuío, indicando que dichas órdenes provenían del comandante del regimiento Cazadores, Santiago Sinclair, el que pidió cuenta al capitán Osorio de los resultados de la operación, oportunidad en la cual se le informó al mencionado comandante que los cuerpos habían quedado tirados en la pampa, lo (que) le causó molestia, disponiendo que una patrulla se dirigiera al lugar a fin de que ubicarán los cuerpos y se enterraran”.

La ministra ordenó el arresto domiciliario del procesado, atendida la emergencia sanitaria por el virus Sars-Cov2.

 Elementos comunes en matanzas de Santa Bárbara, Mulchén, Laja-San Rosendo, Lonquén y Chihuio. Sitios de Memoria.

Elementos comunes en las matanzas selectivas de campesinos en diversos lugares del país en tiempos de dictadura. Una amenaza, una advertencia que anunciaba los caminos a seguir por Pinochet, uniformados, representantes de Patria y Libertad y dueños de fábricas o latifundios se unen para eliminar sistemáticamente a cientos de obreros y campesinos en los primeros días después del Golpe de Estado Cívico-Militar.

Cronología del horror: Fusilamientos en los primeros días del golpe, septiembre y octubre de 1973.

Laja y San Rosendo.

19 personas que se presentaron a la Comisaria de Carabineros de Laja, fueron llevadas a las afueras de la ciudad y ejecutadas, enterradas clandestinamente en medio de un campo del “Fundo San Juan”; era septiembre del año 1973.  Trabajadores de La Papelera y Ferrocarriles del Estado, estudiantes y dos profesores fueron acribillados, amarrados con alambres, indefensos e inocentes, fusilados y enterrados luego de recibir instrucciones, comida y alcohol proporcionado por ejecutivos de la empresa papelera. El Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Concepción ha dictado sentencia contra 14 carabineros en retiro y tres ex funcionarios civiles de la CMPC.

Según el fallo unánime del 15 de marzo de 2018, la Corte de Apelaciones de Concepción procesó a tres jefes y un chofer de la empresa papelera perteneciente al Grupo Matte como cómplices de homicidio, la empresa delató y facilitó vehículos y choferes a cargo de un civil, el agricultor Peter Wilkens. Civiles y Carabineros unidos en un exterminio brutal.

Los ex carabineros acusados como co-autores de homicidio calificados: Alberto Juan Fernández Michell, Lisandro Alberto Martínez García, Luis Antonio León Godoy, Gerson Nilo Saavedra Reinike, Pedro del Carmen Parra Utrera, Gabriel Washington González Salazar, Samuel Francisco Vidal Riquelme, Víctor Manuel Campos Dávila, Nelson Casanova Salgado, y el oficial (R) René Urrutia, señalado como autor del delito de inhumación ilegal de las 19 personas. Civiles: Pedro Jarpa, ex jefe de seguridad de CMPC, cómplice de homicidio y Alejandro Aguilera, ex ejecutivo de la CMPC.

Santa Bárbara.

La desaparición y posterior ejecución de 28 campesinos de las localidades de Santa Bárbara y Quilaco en la Región del Biobío, en el año 1973, sigue los mismos patrones de ejecuciones en la zona, denuncias de patrones y apoyo de Carabineros, terminan con la vida de lugareños. Los procesos llevados a cabo por la Ministra Raquel Lermanda hasta mayo de 2013, tienen sentencias de 17 ex uniformados y 11 civiles que figuran como responsables de las detenciones y desapariciones.

Entre las victimas están: José Rafael Zúñiga Aceldini, José Secundino Zúñiga Aceldini, José Gilberto Araneda, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira, José Guillermo Purrán Treca, José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solís, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella, José Mariano Godoy Acuña, Miguel Cuevas Pincheira, Juan de Dios Fuentes Lizama, Juan Francisco Fuentes Lizama, Elba Burgos Sáez, Sebastián Hernaldo Campos Díaz, Aliro Oporto Durán, Sergio D’Apollonio Petermann.

Mulchén

Desaparición de 18 campesinos de la comuna, hecho ocurrido en los primeros días de octubre de 1973, durante las acciones de represalia y castigo que llevaron a cabo los uniformados y civiles de la zona. Los asesinatos se cometieron en operaciones llevadas a cabo durante ese mes. Los campesinos fueron hechos prisioneros y ejecutados en tres lugares distintos de la zona cordillerana de Mulchén. Los fusilamientos se registraron en el fundo El Morro, ubicado a 50 kilómetros al interior de Mulchén, en el fundo El Carmen-Maitenes, ubicado a 80 kilómetros y en el fundo Pemehue, situado en la alta cordillera, a más de 100 kilómetros de la ciudad.

Los 18 campesinos asesinado fueron: los hermanos Alejandro Albornoz González (de 48 años), Alberto Albornoz González (41), Felidor Exequiel Albornoz González (33), Guillermo José Albornoz González (32), Daniel Alfonso Albornoz González (28), y un hijo de Alejandro de nombre Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20); Luis Alberto Godoy Sandoval (23); José Fernando Gutiérrez Asencio (25); Juan de Dios Laubra Brevis (26); Juan de Dios Roa Riquelme (35); los hermanos José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33), José Liborio Rubilar Gutiérrez (28), Florencio Rubilar Gutiérrez (24); Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22); Domingo Sepúlveda Castillo (29); Edmundo José Vidal Aedo (20); Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26) y José Florencio Yáñez Durán (34).

El Ministro Carlos Aldana de la Corte de Apelaciones de Concepción, ha notificado nueve ex militares procesados por delitos de homicidio y encubrimiento de 18 campesinos ejecutados en 1973. Los procesados serían Julio Reyes Garrido, José Puga Pascual, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Müller Aviles, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, JuanCares Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano.

Chihuio

El 9 de Octubre de 1973, grupos del ejército de los regimientos Cazadores y Maturana. de Valdivia, en el sector de “Baños de Chihuio”, ejecutaron a 18 campesinos en el sector sur del complejo maderero de Panguipulli. En los días posteriores al Golpe de Estado, la casa de administración del Fundo “Chihuio” (Valdivia), de propiedad de Américo González, se convirtió en un centro de exterminio. El fundo está ubicado en la pre cordillera, a casi 300 km de Valdivia.  Campesinos de Futrono,  Llifén, Curriño, Arquilhue y Chabranco fueron llevados desde sus hogares o lugares de trabajo hasta esta localidad, después de ser detenidos por soldados pertenecientes a la Cuarta División del Ejército, al mando del General Héctor Bravo Muñoz, y apoyados por civiles de la localidad. Los soldados habían llegado hasta las diferentes localidades con listas en la mano.

Los 18 campesinos permanecieron desaparecidos por más de 17 años. Se sabe que sus cuerpos fueron exhumados ilegalmente en 1979 (probablemente por miembros del ejército  o la CNI). Posteriormente, en 1990 y después de un largo trabajo por parte de los grupos de Derechos Humanos, solo parte de sus restos fueron encontrados.

Víctimas: Carlos Acuña Inostroza; Orlando Barriga Soto; José Cortez Díaz; Rubén Durán Zúñiga; Luis Ferrada Sandoval; Eliecer Freire Caamaño; Narciso García Cancino; Juan González Delgado; Daniel Méndez Méndez; Fernando Mora Gutiérrez; Sebastián Mora Osses; Segundo Pedreros Ferreira; Rosendo Rebolledo Méndez; Ricardo Ruiz Rodríguez; Carlos Salinas Flores; Manuel Sepúlveda Rebolledo; Rubén Vargas Quezada; Andrés Silva Silva.

Lonquén

Un descubrimiento estremecedor se realizaba el año 1978 en los hornos de Lonquén, los restos de 15 campesinos de la Isla de Maipo habían sido encontrados, lugareños que habían desaparecido el 7 de octubre de 1973. Es el caso de mayor impacto mediático donde la Vicaría de la Solidaridad juega un importante rol en dar a conocer el caso, bajo la dirección del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Procesos: El año 2018 la Corte Suprema dicta sentencia contra 6 carabineros por secuestro calificado y secuestro simple en el caso conocido como “Hornos de Lonquén.”

Recorrido por los memoriales

Actividad organizada por el Consejo de Usuarios Prais y Departamento de Derechos Humanos, Municipalidad de Concepción. Los memoriales de Mulchén, Santa Bárbara, Laja y San Rosendo emergen silenciosamente en medio de las ciudades para recordar y conmemorar a los Detenidos Desaparecidos en Dictadura.

por Nelson Muñoz Mera

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones de los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, sometió a proceso al ex general del Ejército Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder, en calidad de autor del delito homicidio calificado de 17 trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, ejecutados en la localidad de Chihuío el 9 de octubre de 1973 y sepultados ilegalmente para hacerles desaparecer el día 10 del mismo mes.

En la resolución (causa rol 2182-98, "Episodio Chihuío"), la ministra Plaza González procesó al ex militar por los homicidios de los trabajadores madereros Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses y su hijo de 17 años de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada.

Cabe mencionar que en agosto del 2020 el ex vice comandante en jefe del Ejército, ex jefe del estado mayor presidencial de Pinochet, ex integrante de la Junta Militar en dictadura y ex senador designado (entre 1990 y 1998), fue condenado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago a la pena de cinco años y un día de presidio por su responsabilidad en los asesinatos de otros 12 prisioneros del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli ejecutados en la ciudad de Valdivia a comienzos de octubre de 1973, como parte del paso de la llamada Caravana de la Muerte por el sur del país. Condena que el ex uniformado aún no comienza a cumplir.

En la presente resolución respecto del episodio Chihuío, la ministra en visita consigna que, en esta etapa procesal, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

"En la comuna de Futrono, sector fundo Arquilhue, en los caseríos de Curriñe, funcionaba la administración y pulpería del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, poblado de Chabranco, en las inmediaciones de las termas de Chihuío, en donde en esa misma época se encontraba la sede del sindicato 'Esperanza del Obrero', al que pertenecían los trabajadores del Complejo Maderero.

Internándose unos 16 kilómetros hacia la cordillera se encuentre Chihuío, donde como resultado de la violencia dirigida en contra de un sector determinado de la población civil partidaria del régimen depuesto por las fuerzas militares, a contar del 13 de septiembre de 1973, de manera organizada, campesinos fueron privados de libertad por funcionarios de carabineros.

El día 7 de octubre de 1973 se llevaron a cabo nuevas privaciones de libertad en contra de la población civil de dicho sector. Asimismo el 9 del mismo mes y año, personal militar de los Regimientos Caballería N° 2 'Cazadores' y 'Maturana' de Valdivia, salió rumbo a Futrono al mando de un oficial y secundado por otros oficiales, en una caravana compuesta por varios vehículos, entre jeeps y camiones, con una dotación aproximada de noventa personas. Dicha caravana militar se dirigió hacia el sector sur del Complejo Maderero Panguipulli, con el propósito de privar de libertad en un sector preciso y determinado a campesinos pertenecientes a la población civil (…).

Todos los detenidos del recorrido de la caravana de militares son llevados en tal calidad hasta las Termas de Chihuío, y desde ese lugar el día 9 de octubre de 1973, el personal militar, en horas de la noche, saca a los civiles de la casa patronal del Fundo Chihuío donde se les mantenía privados de libertad y los trasladan a las inmediaciones, a unos 500 metros del mencionado inmueble, lugar en que se les fusila a todos ellos, sin mediar proceso previo alguno, hechos de los que se da cuenta al Comandante del Regimiento Cazadores con guarnición en Valdivia de la época, con el grado de teniente coronel, quien en todo momento estuvo en conocimiento de la ejecución de los 17 civiles de las Termas de Chihuío, siendo el mismo quien ordenó que se sepultaran los cuerpos de los fallecidos.

Adicionalmente consta que Mario Silva Navarro recibió la orden del capitán Osorio Gardasanich para trasladarse hasta Futrono y Chihuío, indicando que dichas órdenes provenían del comandante del regimiento Cazadores, Santiago Sinclair, el que pidió cuenta al capitán Osorio de los resultados de la operación, oportunidad en la cual se le informó al mencionado comandante que los cuerpos habían quedado tirados en la pampa, lo que le causó molestia, disponiendo que una patrulla se dirigiera al lugar a fin de que ubicarán los cuerpos y se enterraran".

Atendida la emergencia sanitaria en curso, la ministra ordenó el arresto domiciliario del procesado.

Este 9 de octubre se conmemoran 47 años de la ejecución política de 17 trabajadores agrícolas en Chihuío, durante la dictadura de Augusto Pinochet. De los prisioneros asesinados, 15 profesaban la religión evangélica, y testigos de lo ocurrido cuentan que cantaron alabanzas y oraron a Dios toda la noche, hasta que las balas apagaron sus voces. Desde el colectivo de Evangélicos por el Apruebo conmemoraron por primera vez esta fecha, con un significado especial por el contexto en el que nos encontramos, donde se separan de lo declarado por un personaje en la franja del Rechazo, asegurando que dentro de su comunidad están por el resguardo a los Derechos Humanos y la dignidad, y no del lado de quienes han buscado acallar la historia de la Masacre de Chihuío, y tantas otras.

Elva Ruiz siempre sospechó que su papá estaba vivo. Luego de que se lo llevaron, su mamá siguió con su vida y su padrastro se iba siempre de la casa con el miedo de que Ricardo Ruiz volviera, porque supuestamente lo tenían en una isla. Que su padrastro, una persona mayor, creyera que su papá estaba vivo, hacía que la niña mantuviera la ilusión de que algún día lo conocería.

El día que encontraron los restos de Ruiz en Chihuío, Elva tenía 14 años y cursaba primero medio. Fue durante la jornada escolar, que su profesor la apartó para contarle lo sucedido.

«Ese día a mi papá me lo mataron brutalmente. Ese día entendí que estaba muerto», cuenta la mujer a El Desconcierto, más de 30 años después. Hasta hoy, la hija de Ricardo Ruiz, una de las 18 personas que agentes del Estado chileno asesinaron en Chihuío un 9 de octubre de 1973, nunca ha ido al lugar donde encontraron el cuerpo de su padre. Dice que aún no puede.

Ruiz era uno de los dirigentes del sindicato “Esperanza Obrera”, el cual se organizaba en la zona que abarca las localidades Futrono, Llifén, Chabranco y Curriñe, entre otras. Luego del Golpe de Estado, y de acuerdo a un Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, un día de octubre un convoy militar de los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia “inició una caravana hacia el Sector Sur del Complejo Maderero Panguipulli”. El convoy estaba integrado por unos 90 hombres, entre tropa y oficiales, y siete vehículos donde los militares detuvieron y transportaron, desde sus domicilios o sus lugares de trabajo, un total de 17 trabajadores agrícolas.

Fueron golpeados hasta sangrar y en presencia de sus familias. Entre ellos, se encontraba también un menor de 17 años, Fernando Mora Gutiérrez.

Llegada la noche del 9 de octubre, la caravana se dirigió con los prisioneros a una localidad conocida como Baños de Chihuío. Sin embargo, cuando ya se acercaban a su destino, los camiones se empantanaron en el barro y tanto detenidos como militares tuvieron que salir a caminar a oscuras, dirigiéndose hacia el lugar señalado para la ejecución.

Un oficial les obligó a que cantaran. Dentro de este grupo de prisioneros, había 15 campesinos que profesaban la religión evangélica, por lo que uno comenzó a cantar una alabanza. El resto lo siguió, aún cuando algunos de ellos no eran creyentes. Testigos cuentan que clamaron a Dios y cantaron estos himnos hasta que fueron ejecutados.

“Cuando los camiones ya no pudieron seguir, nos fuimos de ahí a patita, los soldados y prisioneros. En algún momento alguien dijo: ‘¿quién de los prisioneros sabe cantar?’ (…) me acuerdo de uno que cantaba tan lindo, como Aceves Mejías. Cantaban como despidiéndose, parece que sabían que los iban a matar y había evangélicos que cantaban alabanzas”, relató un conscripto de la época que presenció este hecho, según consigna Crónica Digital.

El 10 de octubre de 1973, un testigo reconoció en ese lugar a varias de las víctimas y pudo percibir que los cuerpos tenían cortes en las extremidades, heridas cortopunzantes profundas en lugares vitales, y en algunos casos ni siquiera podía distinguirse el lugar donde impactaron las balas.

En 1978, en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”, llegaron militares de civil a exhumar los restos de los prisioneros. Los desenterraron y lanzaron los cuerpos al mar. A esas alturas, ya habían ocurrido cuatro Te Deum en la Catedral Evangélica de Estación Central, a los que concurrieron Augusto Pinochet, los miembros de la Junta Militar y otras autoridades de la dictadura.

Sin embargo, la comunidad evangélica no solo callaba, sino que ovacionaba al dictador. Aplausos que ahogaron los cánticos y alabanzas de quienes murieron esa noche del 9 de octubre, procurando que esta memoria se perdiera en el olvido, como muchos otros crímenes atroces de la época.

«El miedo aún se siente»

Las 17 personas asesinadas y sus familias pertenecían al Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) fue una empresa forestal estatal que manejó bosques y aserraderos en cordillera entre 1971 y 1988. Así lo cuenta Antonia López, presidenta de la “Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono”, asociación compuesta por aproximadamente 1.300 personas que fueron expulsadas – ellas o sus familiares – de fundos en la cordillera de Futrono y Panguipulli tras el Golpe Militar.

«Nosotros queremos demandar al Estado de Chile por el desplazamiento forzado de estas personas», asegura la dirigenta. «A la gente la sacaron a través de la represión militar. Las personas que mataron en Chihuío pertenecían a nuestra comunidad. En nuestra asociación hay hijos, hermanos, papás de ellos…», explica López.

No obstante, nadie toca mucho el tema. «El miedo aún se siente en estas personas y en la zona. Aún la gente baja la cabeza con los latifundistas. Nadie reclama nada», asegura.

Hay un monolito, un lugar donde las personas que conmemoran esta fecha y a sus seres queridos se juntan todos los años, y comparten lecturas y recuerdos. Elva Ruiz asiste todos los años, pero siempre escucha, nunca habla. Dice que aún no puede.

«Ellos eran obreros, eran analfabetos, había un niño incluso de 17 años, que por ayudar lo subieron también y lo mataron», cuenta la presidenta de la corporación, agregando que solo dos o tres de las personas que mataron esa noche estaban vinculados con la política o algún partido.

«La gente aún llora por eso, porque les preguntaron el nombre de alguien, y les dijeron y se los llevaron. No han podido tener justicia. Aún muchos se sienten culpables por lo que pasó en Chiuhío, porque los apuntaron y les preguntaron y tuvieron que hablar, pero no querían entregarlos. No querían que los mataran», relata López.

Hoy, de acuerdo a lo que señala la dirigenta, se mantiene aún una especie de pacto de silencio sobre este hecho, sobre todo de parte de la comunidad evangélica. «Menos la iglesia evangélica iba a hacer algo o decir algo en esa época. Ahora se conmemora algo pero a nivel local nomás. La gran mayoría de los evangélicos no opinan acá, no hablan, se dedican solo a ‘servir a Dios’, como dicen. A una la tildan de comunista simplemente porque esta reclamando, porque estamos reclamando espacios también», acusa López.

Sin embargo, este año algo cambió.

Conmemoración de Chihuío y Plebiscito

«Como hija de Ricardo me duele mucho que pase al olvido, que no se recuerde por lo que ellos lucharon. Mi padre era dirigente del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli, y él no solamente peleaba por sus derechos, sino por los de todos los campesinos, que vivían en extrema pobreza. El soñaba con un mundo mejor», cuenta Elva Ruiz, quien este jueves fue invitada, por primera vez, a una ceremonia evangélica en honor a su papá y los demás ejecutados políticos de Chihuío.

«Anoche participé de una liturgia vía Zoom, y me sentí muy emocionada de que la iglesia evangélica hiciera una conmemoración. Porque la iglesia de Curriñe, donde nosotros nos criamos, fue absolutamente ajena al dolor de las familias. Se supone que debiera haber sido un apoyo para las viudas, haberlas acogido, pero hicieron vista gorda», acusa la mujer.

«Ayer me invitaron. Yo no profeso ninguna religión, pero me sentí honrada de participar en esta reunión. No hablé de mi papá, porque hablar de él me cuesta mucho, aún», confiesa por última vez en la entrevista.

Raúl Gómez, vocero de Apruebo Evangélico, y quien participó de este homenaje telemático, comenta a El Desconcierto la importancia de recordar este trágico episodio para su comunidad, sobre todo ad portas de un hecho histórico como el Plebiscito del 25 de octubre.

«Hoy conmemoramos una fecha que es muy triste para el pueblo evangélico, porque ha permanecido muy oculta. Pocos saben en Chile de esta historia, donde fueron asesinadas 17 personas, y 15 de ellos eran evangélicos, sin ninguna afiliación política. Pertenecían a un sindicato obrero, pero no eran dirigentes ni mucho menos», señala el representante del colectivo político religioso.

«Un hermano de la cuarta región, Claudio Quiroga, de La Serena, organizó una memoria en honor a ellos, para conmemorar la fecha, que nunca había sido conmemorada. Tomamos contacto con una de las familiares. No habló, pero sí estaba muy emocionada porque nadie se acuerda de ellos. Y ayer ocurrió algo hermoso en ese sentido», expresa.

«La misma historia cuenta que los evangélicos estuvieron del lado de la dictadura, y yo quiero derribar un poco esa caricatura. Porque tuvimos personas que lucharon por los Derechos Humanos. Somos una de las corrientes de la iglesia evangélica que sí cree en la justicia social, creemos que debemos defender a las personas, luchar por los que hoy están oprimidos. Nunca vamos a estar de lado de aquellos que violan los Derechos Humanos, de los que un día difundieron el miedo dentro de la población chilena para poder quebrar la democracia», asegura Gómez.

«También queremos bajar otra caricatura de un personaje que salió en la franja del Rechazo. El llamado hoy es a todo el pueblo evangélico a votar con libertad de conciencia. Que nadie los atemorice ni les diga cómo votar, sino que siéntanse en libertad de votar por un Chile justo y digno para todos», concluye el vocero.

Elva piensa algo parecido. «Sentía que todos los ideales, por los que mi papá luchó, habían sido en vano. Pero ver lo que pasó con el estallido social, como la gente se reveló, me hace sentir que aún hay gente con sueños como los de mi papá (…) ojalá en el Plebiscito podamos hacer un cambio. Porque esa es la idea… cambiar la maldita Constitución», expresa con ímpetu.

El ministro en visita para causas de derechos humanos para Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, Álvaro Mesa, se reunió con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Los Rios, los que mostraron su preocupación por el caso Chihuio.

El ministro de la Corte de Temuco indicó que el caso está muy avanzado, y confirmó que los familiares tienen como preocupación que las causas de muertes en los certificados de defunción sean homologados a los de la sentencia.

Por este caso, el Servicio Médico Legal ha entregado restos de víctimas por los hechos ocurridos el 10 de octubre de 1973, cuando un convoy militar de los regimientos Cazadores y Maturana, llegó hasta el fundo Chihuío en donde detuvieron, torturaron y enterraron en dos fosas comunes a 17 campesinos del sindicato Esperanza del Obrero del Complejo Agrícola y Forestal de Panguipulli.

Cinco años más tarde, en la operación denominada “Retiro de Televisores”, agentes del Estado retiraron del lugar las osamentas con el objetivo de hacerlas desaparecer en el mar y así borrar los vestigios, sin embargo, en el sector quedaron restos que fueron analizados y tras lo cual se logró identificar a las víctimas.