Cárcel de Puerto Montt / Cárcel de Chin Chin

En la Cárcel de Puerto Montt/Cárcel de Chin Chin hubo detenidos políticos entre septiembre de 1973 y fines de 1989, La mayor concentración de prisioneros políticos se registró entre los años 1973 y 1975.

En 1973, los presos politicos eran trasladados a este lugar desde comisarías y retenes de la provincia y también desde el Cuartel de Investigaciones de Puerto Montt. Según los testimonios, los prisioneros políticos ingresaron en muy malas condiciones físicas debido a las torturas sufridas previamente. En el recinto fueron sometidos a prolongados períodos de incomunicación.

A fines de los años 70 y durante la década de 1980, los presos políticos denuncian, que los llevaban previamente a recintos secretos en los que fueron interrogados y torturados.

En noviembre de 1973 la Cruz Roja Internacional (CRI) consignó que a los presos políticos varones se les alojaba en un edificio de cuatro pisos, al lado de la administración. En tanto las mujeres eran alojadas en un pabellón de madera, al lado del edificio central. Sólo dos tercios de los detenidos contaban con camarote, el resto debía dormir en el suelo. Había doce celdas de incomunicación, totalmente desnudas, sin ventanas. A las mujeres presas políticas las mezclaban con las detenidas por delitos comunes.

Varios testigos de los años 1973 y 1974 denunciaron haber sido sacados de sus celdas durante la noche, en horas de la madrugada, sin previo aviso, y haber sido obligados a permanecer durante horas a la intemperie. En ocasiones eran golpeados.

En reiteradas ocasiones numerosos prisioneros eran llevados desde la Cárcel de Puerto Montt al Cuartel de Investigaciones o a la Fiscalía Militar ubicada en el mismo edificio de la gobernación e intendencia para ser sometidos a interrogatorios y tortura.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Cruz Roja Internacional; CODEPU; Informe Valech; Archivo Memoriaviva;

«Un día me llevaron a unos calabozos de castigo, donde no había ventanilla, lleno de fecas y orina. Estuve más de un mes en ese calabozo y casi muero enferma, quedé muy delgada. Un día entró un gendarme a mi calabozo, me dio una patiadura en todo el cuerpo y ahí no supe mas, quedé como un trapo mientras me decía «esta es la puta que nos quería matar». (Testimonio Mujer Sobreviviente).

«Llegar a Chin Chin era como un alivio, si llegabas a ese lugar, te habías salvado de la muerte. Ahí al menos había un pasillo para caminar, donde al cabo del tiempo teníamos nuestras reuniones de partido «. (Hombre Sobreviviente. Testimonio Recurrente).

«Algunos gendarmes eran portadores de información entre la familia y nosotros, incluso con organizaciones y partidos políticos» (Hombre Sobreviviente).

«Estuve tres años incomunicado, borraron tres años de mi memoria» (Hombre Sobreviviente).

….Días antes del Golpe militar, en mi calidad de dirigente de las JJCC, viajé a Quellón. Héctor conocía de mi viaje y accedió a acompañarme a la localidad de Yaldad, distante unos 8 kilómetros de Quellón. El retén de carabineros estaba en la salida sur de la ciudad, al pasar fuimos conminados a detenernos. Comandaba el operativo el entonces teniente y jefe de retén. Fuimos revisados y allanado el vehículo de INDAP que Héctor conducía. Se nos exigió la documentación personal y del vehículo y en medio de amenazas pudimos continuar hacia nuestro destino.  El teniente tuvo expresiones como éstas: "van los conchadesumadre a organizar guerrillas a Yaldad, a levantar a los indios", "a ti (por Héctor) te tengo en la mira comunista culiao". Me mira fijamente y amenaza: "no es primera vez que te veo por éstos lados…espero que sea la última".

Seguimos el viaje en silencio, mordiendo la rabia y la impotencia, regresamos a eso de las 4 de la tarde para hacer coincidir el bus de retorno que debía abordar de vuelta a Castro. En la entrada del pueblo de nuevo el teniente, fuertemente armado y con un tres o cuatro carabineros, procedió a llevar  a cabo la misma comedia de terror y todas las amenazas fueron ésta vez mas fuertes y más violentas.

Preocupado y molesto regresé a Castro, por esos días el fantasma del golpe fascista, se hacia presente.

Casi le rogué a mi compañero y amigo entrañable que evitara todo contacto con éstos facciosos y me comprometí a informar a las autoridades de ésta acción amenazadora y prepotente. Pero ya todo era urgente. Casi no había tiempo para nada y el día 11 de septiembre todo me volvió a la memoria.

En el local del Partido encuentro en medio de toda la agitación, a mi compañero. Esta vez le pido que no viaje a Quellón y el se limita a responder: "debo ir dónde el compañero Presidente ha ordenado; mi puesto de trabajo". En esta sureña localidad de nuestra Isla Grande más se recuerda a un  comnpañero  de apellido Avendaño, fusilado en Pto Montt en los días en que yo estaba preso en la Cárcel de ChinChin (04/10/1973 – 17/04/1975 libertad condicional hasta 1978 )

Los saludo y espero seguir en contacto.

Atte. C. M. P.

9) Benjamín Villablanca Romero, en declaración de fojas 402 a fojas 409, quien anexó que cumplía funciones en la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, a cargo del Mayor Caupolicán Arcos Albarracín, correspondiéndole formar parte de los servicios ordinarios hasta días después del pronunciamiento militar, cuando es designado para integrar la dotación del recientemente creado servicio de inteligencia de carabineros SICAR, cuyo jefe era el suboficial mayor Juan Saldivia Maldonado, dependiendo de la Prefectura de Llanquihue, y tenía como misión investigar los diversos hechos políticos de esa época, logrando descubrir la organización de las Juventudes Comunistas de la región y sus integrantes;

Luego de seis meses es trasladado al Servicio de Inteligencia Regional (SIRE), unidad conformada por alrededor de 13 funcionarios, entre personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones, al mando estaba el Capitán Eugenio Covarrubias y de subjefe el Teniente Lautaro Contreras, y como miembros a las personas de apellido Kappes y Yáñez (Ejercito), Sargento Segundo León y Lagos (FACH), y Claudio Olavarría, Veas, Obreque y Vargas (Carabineros), Díaz (Policía de Investigaciones). Como funciones del SIRE se encontraban las de continuar la investigación relativa a los comunistas, seguimiento de personas, realizando labores de interrogar y buscar detenidos en otros lugares de la región, éste servicio funcionada en el cuartel de la Policía de Investigaciones, donde tenían asignada una oficina en el primer piso, entrando a mano derecha y un calabozo en el sótano, con posterioridad se les asignó una casa de un piso de madera, de la FACH, en la población Antonio Varas, hacia el este de la Avenida Sargento Silva.

Detalla respecto a los detenidos, que en el mismo edificio de la intendencia funcionaba la Fiscalía Militar, a cargo del mayor de la jurídica de Carabineros Alberto Ebensperger Aburto, quien era la persona encargada de decidir el destino de los detenidos o si eran dejados en libertad o trasladados a la cárcel de Chin Chin. Indicó que los detenidos que permanecían para ser trasladados a esta cárcel eran interrogados por los funcionarios aprehensores, utilizando como el método más común amarrarlos e introducir agua por su nariz, a fin de que entregaran información, función para la que no existía ningún funcionario designado sino que la realizaba quien estuviera desocupado, generalmente conocían los hechos en los cuales los detenidos políticos estaban involucrados y sobre eso se les preguntaba, cuando faltaba algo por esclarecer.

Se les interrogaba con las manos atadas y se les tapaba la boca y echaba agua por la nariz con cualquier cosa como un jarro, no se les aplicaba electricidad con magnetos. Continuó señalando que el SIRE intervino la compañía de teléfonos, desconociendo de quien emanó la orden, pero que el General Leigh tenía conocimiento de esto.

Manifiesta que en el mes de octubre de 1973, mientras trabajaba en el SICAR, escuchó comentarios del Cabo de Carabineros ISIDORO AZOCAR, quien relataba haber participado como conductor del furgón en el que trasladaron a un grupo de jóvenes, los que fueron detenidos por Carabineros de la segunda comisaría de Puerto Montt y trasladados en este carro policial en horas de la noche hasta pasado el sector de ferrocarriles, camino a Pelluco, donde al parecer les habrían dado muerte, agrega que también se comentó que otros funcionarios involucrados eran Juan Desiderio Soto, apodado el “Soto Perra” actualmente fallecido.

Afirma recordar a un joven de apellido Mansilla, quien era boxeador y conocido en la región. Desconoce si esta patrulla estaba al mando de un oficial pero apunta que generalmente era un suboficial de carabineros quien estaba a cargo. Imagina que lo que sucedió con estos jóvenes fue por orden de los oficiales de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, específicamente por el Teniente Navarro ya que era precipitado y solía no medir las consecuencias de su actuar, por lo que se le conocía como “el loco Navarro”. Finaliza relatando otros episodios sucedidos en la zona de Puerto Montt.

En declaración de fojas 411 a fojas 411 vuelta, ratificó su declaración anterior y reitera que no tuvo participación en el episodio ocurrido camino a Pelluco, que tuvo por resultado la muerte de varios jóvenes.

Reiteró que en Octubre de 1973 se encontraba trabajando en el SICAR donde escuchó comentarios del cabo de carabineros Isidoro Azócar en el sentido de que él habría participado como conductor del furgón en que se habrían trasladado a un grupo de jóvenes que habían sido detenidos por Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Montt y trasladados en ese carro policial durante la noche hasta pasado el sector de la estación de ferrocarriles camino a Pelluco, donde al parecer les habrían dado muerte, comentándose también que otro funcionario involucrado era Juan Soto, apodado “El Soto perra” actualmente fallecido.

Repite que lo sucedido con estos jóvenes debió ser por orden de los oficiales dependientes de la segunda comisaría de carabineros de Puerto Montt, principalmente por el Teniente Navarro.

En la conmemoración del Día del Patrimonio y en su primer día de actividades, más de 200 puertomontinos visitaron la antigua ex cárcel de Chin Chin, cuya construcción data de  1968, explicó Alex Meeder, Seremi de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Moreno, Seremi de Bienes Nacionales, destacó la gran concurrencia de público que optó por esta ruta patrimonial que forma parte de la cultura de la ciudad y que aún se mantiene en la conciencia colectiva de los habitantes.

Durante este domingo se mantendrá la frecuencia de los recorridos en tres horarios de 11, 12 y 13 horas.

Se constituyó en la Base Naval de Puerto Montt para realizar una inspección al gimnasio del recinto militar, en el contexto indagatorias que sustancia por aplicación de tormentos que se habrían perpetrado en 1975.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, se constituyó en la Base Naval de Puerto Montt para realizar una inspección al gimnasio del recinto militar, en el marco indagatorias que sustancia por aplicación de tormentos que se habrían perpetrado en 1975.

"Hemos hecho inspección personal a la Base Naval, por el relato de los denunciantes que habrían pasado por el lugar", explicó el ministro en visita, con relación a las víctimas Eladio Lespai Santos, Sebastián Rodrigo Pietro Henríquez Díaz, Manuel Orlando Villegas Guerrero, Raúl Agustín Hidalgo Miranda y Julio Edgardo Ignacio Díaz Cárdenas, quienes fueron detenidas en 1975, y cuyos procesos (causas roles 10.935, 10.937, 10.939 y 10.941) se encuentran en etapa de sumario.

El ministro Mesa, además, se constituyó en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para tomar declaraciones a testigos en causas diversas. "En estos dos días que he estado en esta jurisdicción, hemos desarrollado principalmente interrogaciones a testigos. En general, aquí en la jurisdicción de Puerto Montt la mayor cantidad de denuncias son por apremios ilegítimos. Así que en diferentes causas sobre apremios ilegítimos hemos recabado antecedentes de testigos, personas que estuvieron en la época. También en otras causas se han recabado declaraciones. Eso ha sido la labor principal", agregó.

Durante su estadía, el ministro Álvaro Mesa tomó declaración por inhumación ilegal y/o hallazgo de osamentas en el sector de Chamiza, comuna de Puerto Montt (causa rol 10.949). Proceso en el cual un testigo asegura que, en septiembre de 1973, presenció el entierro ilegal de varios cuerpos que realizaba en el sector de Chamiza, personal de las Fuerzas Armadas.

En tanto, respecto a la causa rol 10.903, el ministro Mesa encabezó diligencias en la indagatoria por la aplicación de tormentos a María Luisa Fernández Alderete, quien detenida en febrero de 1975 y conducida hasta el cuartel de la PDI de Puerto Montt, lugar donde recibió golpes de puño y pies. Luego fue llevada a la Base Aérea y, finalmente, ingresada a la cárcel de Chin Chin por tres meses.

También el ministro en visita tomo declaraciones a un testigo en la causa rol 10.9247, que indaga la aplicación de tormentos de que fue víctima René Dropelmann Añazco. Según los antecedentes recopilados, el dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitario Obrero Campesino (Mapu-OC) se entregó en septiembre de 1973 voluntariamente a la DINA, temiendo su detención. Fue llevado hasta el cuartel de PDI en Puerto Montt, donde fue interrogado y torturado. Posteriormente, pasó a cumplir condena en la cárcel de Chin Chin.

Asimismo, tomó declaración a un testigo (causa rol 10.947) de la aplicación de tormentos a Alberto Aliro Cárdenas Vera, en 1979. La víctima habría sido detenida por tres sujetos de civil en la comuna de Palena, a quienes identifica como carabineros de la Prefectura de Ancud. Fue conducida a la Comisaría de Palena, donde permaneció detenida 22 días y sometida a torturas. Posteriormente, abandono el país por temor.

El ministro Álvaro Mesa, además, realizó diligencias en la investigación (causa rol 10.819) por los homicidios de José Antonio Barría Barría, José Mario Cárcamo Garay, Mario César Torres Velásquez, Óscar Arismendi Medina, Francisco del Carmen Avendaño Bórquez y José Luis Felmer Klenner (causa rol 10.819), quienes fueron detenidos el 19 de septiembre de 1973, en un allanamiento realizado al Fundo El Toro. Un mes después, fueron ejecutados por sentencia dictada por Consejo de Guerra del Juzgado de la Aviación (rol 11/73) de la Fiscalía Militar en Tiempos de Guerra.

Por último, el ministro en visita tomó declaración a testigo del delito de apremios ilegítimos a Rosa Alba Ascencio Toledo (causa rol 10.930), quien habría sido detenida por militares que la llevaron al regimiento y, en la guardia del recinto castrense, fue agredida con golpes de puño en el estómago. El 11 de diciembre de 1973, fue llevada a la cárcel Chin Chin, donde fue torturada mediante la aplicación de electricidad y amenazas de violación.

El ex carabinero Luis Vargas había asumido este mes en la región de Los Lagos, en medio de una fuerte oposición de organizaciones culturales locales. Aunque reconoció haber participado en labores de orden y seguridad en los años 80 en Chiloé, negó estar involucrado en violaciones a los derechos humanos. Un testimonio brindado ante la Comisión Valech en 2010 lo sitúa en un recinto donde se torturó a un ex militante del PS.

La seremi de Cultura de la Región de Los Lagos, Amanda Milosevich, anunció este viernes que el cuestionado consejero de Cultura Luis Vargas presentará su renuncia la próxima semana.

"Esta semana surgieron nuevos antecedentes respecto de Luis Vargas y su participación en hechos vinculados a violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a un testimonio consignado en la Comisión Valech", expresó Milosevich. "Cabe mencionar que la elección del señor Vargas, como integrante del consejo regional de las Culturas, surgió de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ancud".

"Hemos sido informados que en el transcurso de la próxima semana, el señor Vargas presentará su dimisión, decisión que esta seremi apoya profundamente, pues considera que el señor Vargas debía dejar el cargo para entregar tranquilidad a la comunidad artístico cultural de la región y cumplir así con uno de los principios que guían a nuestra institución, que es el respeto a la memoria histórica y los derechos humanos", indicó.

Vargas, por su parte, confirmó a este medio que hará efectiva su renuncia el martes.

"Todo tiene un límite y ya la cosa va por otro lado distinta a lo que corresponde a la realidad y a la verdad. Yo como soy muy católico, creo en la verdad y en Cristo", dijo, además de criticar lo que llamó "ataques gratuitos".

Segundo caso

Milosevich se encontraba nuevamente en el ojo del huracán. Si en septiembre de 2018 debió exigir la salida de su jefa de Gabinete, Isidora Hiriart, sobrina nieta de Augusto Pinochet, por exaltar la figura del ex dictador, esta vez debió lidiar con un ex policía que asumió en medio de la oposición de varias agrupaciones culturales de la zona.

El ex cabo Luis Vargas Cárdenas señala ser cantante. Si bien admitió a El Mostrador haber cumplido funciones de orden y seguridad durante los años 80 en Chiloé, niega haber sido de la DINA o la CNI, o estar involucrado en violaciones de derechos humanos.

Anteriormente, Milosevich había respaldado su nombramiento, bajo el argumento de que se habían cumplido todos los pasos legales.

"Es importante recalcar que en la conformación del consejo siempre se actuó ajustados a la ley y de buena fe. El proceso es completamente válido y hasta ahora nadie ha entregado antecedentes formales que den cuenta de alguna vulneración a los derechos humanos por parte del consejero Vargas", había señala un comunicado público previo de la seremi.

Sin embargo, este viernes dijo que "es muy importante para mí aclarar que yo confío en la comunidad artística, pero espero que comprendan que como autoridad debo tener antecedentes concretos para actuar".

Una fuente, que pidió no ser identificada, agrega que la autoridad le indicó que no tenía facultades para anular el nombramiento.

Esta semana salió a la luz un testimonio de 2010, brindado ante de la Comisión Valech, que vinculaba a Vargas con la detención de una persona que señala haber sido torturada en una comisaría donde cumplía funciones.

"Malestar generalizado"

El escritor Renato Cárdenas había calificado a Vargas como un “conocido represor a defensores de los derechos humanos". La asociación Anfucultura, SidarteE, la Agrupación de Artistas Plásticos, el Colectivo Cultural por Ancud, entre otras, habían pedido aclarar la situación, al igual que el diputado Alejandro Bernales. Asimismo, una campaña en Internet ya había reunido 500 firmas para su destitución.

Bernales, miembro de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, había señalado que "nos preocupa bastante esta situación", al tiempo que había apelado a la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, para que se pronunciara.

"Hay un malestar generalizado en la provincia de Chiloé respecto a la designación de este consejero", señaló a este medio.

"Falsedades"

En una entrevista realizada con este medio a principios de abril, Vargas dijo que fue carabinero desde 1976 a 1987. Se retiró con el grado de cabo segundo el año de la visita del papa Juan Pablo II, según confirmó su institución a este medio. Él afirma que lo hizo porque quería iniciar un negocio, incompatible con su función policial. Trabajó como policía en Chiloé y Valdivia.

"Se han dicho falsedades contra mi persona, desde el mundo político, más que nada", señaló a El Mostrador el 3 de abril, respecto de las acusaciones, al tiempo que señalaba su calidad de cantor. "Soy cantautor, compongo canciones folclóricas con ritmo de vals chilote y algunas cuequitas chilotas".

"He cantado desde los 13 años, en el Seminario Conciliar de Ancud y el Coro Polifónico, donde estuve más de treinta años. Soy tenor, he sido solista y en canto grupal. He cantado en muchas obras en países amigos. Toda la gente me conoce aquí", afirma.

"Pueden decir lo que quieran, hay democracia", agregó anteriormente sobre los cuestionamientos. "Esto se va a caer por su propio peso", había dicho.

Función policial

Respecto a su labor en Carabineros, dijo que fue de "orden y seguridad". "Fui muy criticado por ser demasiado estricto en la parte de tránsito. Me decían 'puente cortado' y no dejaba pasar una, eso sí. Vestí el verde olivo con mucho orgullo".

También negó haber participado en la represión de grupos culturales de la zona durante la dictadura, como ACUDA.

"Lo único que recuerdo es que se hacían muchas peñas y que la controlábamos por la Ley de Alcoholes, nada más", expresó. Añadió que la vigilancia política "la veían los servicios de seguridad, no me correspondía a mí. No fui miembro de la CNI ni de la DINA, nada de eso".

Represión política

Ante la pregunta de si participó en actos de represión política, recordó que cuando había protestas, "a nosotros nos mandaban a la calle para mantener el orden público".

"Cumplíamos con el deber que la institución nos ordenaba a todos, si éramos 45 mil hombres en todo Chile. Me tocó llevar detenidos a muchos participantes en protestas, pero no era el único. Andábamos 14 ó 15 por piquete, si deteníamos era por desorden", insistió.

"He caminado libremente por las calles de mi ciudad, Ancud, desde que me retiré. Soy amigo de todas las personas", de diversos colores políticos. Concluyó que aunque militó en RN y la UDI, actualmente no era parte de ningún partido.

Apoyo de Juntas de Vecinos

Vargas asumió gracias a la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos de Ancud, que agrupa a las entidades y es liderada por Adriana Gallardo, "que ni siquiera es de mis ideas políticas, porque conoce mi trayectoria cultural".

"Me apoyaron con toda la documentación correspondiente, me patrocinaron", reveló.

Este medio intentó comunicarse con Gallardo, pero fue infructuoso. Sin embargo, una fuente de la organización indicó que "sólo entregamos documentación de acompañar a lo que este señor se postuló… pero la designación la hicieron en donde correspondía… por lo demás hemos apoyado a muchas causas naturales y jurídicas, algunas prosperan y otras no".

"En directiva comunal determinamos no dar más opiniones al respecto", concluyó la fuente.

Acusaciones

Sin embargo, un testimonio brindado en 2010 ante la Comisión Valech sitúa a Vargas en un hecho de torturas.

Un ex miembro del Partido Socialista señala que fue detenido en 1975 por el sargento Onofre Ulloa Bahamonde y el carabinero Luis Vargas, "conocido como 'El Choto'", y recluido en la Comisaría de Ancud por una semana, privado de alimentos.

"En ese tiempo fui torturado reiteradas veces por el sargento antes descrito. Con la culata de la metralleta me quebraron la base ósea del pulgar de la mano derecha, la que no fue tratada; con un tonto de goma (sic) me golpearon ambos lados del cuello; múltiples golpes de manos en los oídos, produciéndome inflamación en los tímpanos, de la cual aún tengo secuelas y otras agresiones físicas y sicológicas", declaró el afectado.

Posteriormente fue trasladado a la Cárcel de Puerto Montt. Un documento de Gendarmería acredita que estuvo detenido allí por disposición de la Fiscalía Militar, que dispuso su libertad poco después.

La Primera Comisaría de Ancud, monumento nacional desde 2015, fue centro de detención y tortura durante la dictadura, como consignan los informes Valech y Rettig. Además, este recinto estuvo, hasta 1991, a cargo del ex mayor de Carabineros Gerardo Godoy García.

Godoy García fue un ex agente de la DINA que cumplió funciones en Londres 38, José Domingo Cañas y la Venda Sexy. Fue condenado por el secuestro y desaparición del mirista Miguel Angel Sandoval, ocurrida en 1975, y fue internado en Punta Peuco.

Mi representado en forma completa y absolutamente ilegal fue detenido sin causa legal alguna, por agentes del Estado pertenecientes al Cuerpo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Valdivia el día 30 de diciembre del año 1973, fue detenido en la vía pública en la ciudad de Valdivia luego fue trasladado al Cuartel de Investigaciones de esta ciudad donde es objeto de torturas físicas por agentes del estado,

luego es trasladado hasta la ciudad de Puerto Montt, donde permanece incomunicado en el Cuartel de Investigaciones por dos meses y medio hasta el día 13 de marzo de 1974, recibiendo toda clase de torturas físicas y psicológicas que van desde golpes en diversas partes del cuerpo hasta la aplicación de descargas eléctricas, la incomunicación, simulacros de fusilamiento, en el traslado de Valdivia a Puerto Montt, privación de alimentos, agua y luz, entre otras deleznables practicas muy utilizados en casos similares al de autos y que en cuanto a nuestro representado constan en documentación que se acompaña, entre otros en la carpeta de la comisión Valech.

El día 13 de marzo de 1973 fue trasladado hasta la Cárcel publica de Puerto Montt donde permaneció privado de libertad hasta el 14 de junio de 1975.

La Corte de Apelaciones de Valdivia fijó en $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral a Patricio Renato Carrillo López, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), detenido en la vía pública el 30 de diciembre de 1973 por efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, quienes lo trasladaron al cuartel de investigaciones de Valdivia, donde fue torturado físicamente.

La Corte de Apelaciones de Valdivia fijó en $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral a Patricio Renato Carrillo López, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), detenido en la vía pública el 30 de diciembre de 1973 por efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, quienes lo trasladaron al cuartel de investigaciones de Valdivia, donde fue torturado físicamente.

Posteriormente, fue llevado a la ciudad de Puerto Montt, donde permaneció incomunicado en el Cuartel de Investigaciones por dos meses y medio, lugar donde fue torturado física y sicológicamente. Finalmente, en marzo de 1974 es trasladado hasta la cárcel pública de Puerto Montt, donde permaneció privado de libertad hasta el 14 de junio de 1975.

En fallo unánime (causa rol 1.398-2022), la segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marcia Undirraga Jensen, Luis Moisés Aedo Mora y el abogado (i) Claudio Aravena Bustos– confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Primera Juzgado Civil de Valdivia, con declaración que se aumenta el monto de la indemnización reparatoria en proporción al daño causado a Carrillo López.

“Y teniendo especialmente presente el prolongado tiempo que el actor permaneció privado de libertad, con las consecuencias de daños psicológicos permanentes, referidas por el documento suscrito por profesional de la psicología, a causa de la detención, encarcelamiento y torturas sufridas; y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 186 del Código de Procedimiento Civil y 1698 del Código Civil se CONFIRMA la sentencia apelada de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veintidós, de folio 39, con declaración que se fija el monto de indemnización por daño moral que el Fisco de Chile debe pagar a don Patricio Renato Carrillo López, en la suma de $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), sin costas del recurso”, señala el fallo

La sentencia ratificada de primera instancia establece que “Que, la prueba documental rendida, en especial, el informe practicado la psicóloga (PRAIS) Alejandra Henríquez Prieto, arriba al siguiente diagnóstico y conclusiones: ´Luego de la entrevista clínica, se pueden apreciar indicadores de daño psicológico como respuesta a la detención, encarcelamiento y torturas físicas y psicológicas sufridas, configurando una traumatizarían secuencial y extrema. Predominan las expresiones de temor, par lisis, impotencia, amenaza á y vulnerabilidad psicológica y física, lo que le habría resultado intolerable de sobrellevar si no hubiera recurrido a mecanismos de defensa ante el dolor, cur110 son la disociación, racionalización y sublimación, entre otros, permitiéndole mantener un alto grado de funcionalidad y propositividad vital. No obstante, tras jubilar, al no contar con espacios de desarrollo profesional, empiezan a reaparecer aspectos del sufrimiento que habían quedado desplazados, además de enfrentar enfermedades que lo han confrontado nuevamente con la amenaza y la pérdida´. Todo ello, como consecuencia de la detención, encarcelamiento desde el 30 de diciembre de 1973 hasta el 13 de marzo de 1974, además de las torturas físicas sufridas. Por tanto, la vivencia de sufrimiento por la privación de libertad y malos tratos es asimilable al concepto de daño moral”.