Tenencia de Carabineros, Laja

Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas fueron detenidas en San Rosendo y Laja. Seis fueron aprehendidas en la primera localidad, pero todos llegaron a la Tenencia de Laja, ubicada en Calle Balmaceda Nº 541, donde estuvieron hasta el 17 de Septiembre de 1973. A partir del 18, su rastro desapareció.

De acuerdo a los funcionarios de este recinto, los prisioneros fueron transferidos al Regimiento de Los Ángeles, lo cual fue rotundamente negado por los militares. Solo años mas tardes sus cuerpos serian encontrados en una fosa clandestina del Cementerio local de Yumbel, donde estaban los restos de 18 de las 19 personas. El otro cuerpo fue encontrado en el fundo “San Juan” donde habían sido enterrados originalmente. Las victimas eran:  Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Luis Antonio Acuña Concha, Mario Jara Jara, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Mufloz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Alfonso Macaya Barrales, Wilson Muñoz Rodríguez, Fernando Grandón Galvez, Jorge Lamana Abarzúa, Rubén Campos López.

El 24 de julio de 1979, ante el Juzgado del Crimen de Laja, los familiares de las victimas presentaron una querella criminal en contra de: Alberto Fernández Mitchel, (teniente de carabineros de Laja a la fecha de comisión del delito), Evaristo Garcés, Pedro Rodríguez Ceballos (sargento de carabineros), Juan Muñoz (cabo de carabineros) y los funcionarios, Carlos Fritz, Leoncio Olivares, Gercio Saavedra, Luis León, Mario Cerda, Juan Oviedo, Pedro Parra Utreras, José San Martín y otros de apellido Otárola, González y Montoya, (todos con domicilio legal en la Tenencia de Laja en ese entonces) y el civil Israel Ormeño Stuardo, como autores y cómplices de los delitos de secuestro y homicidio calificado”. En 1981 el Tercer Juzgado Militar de Concepción sobreseyó la causa en contra de todos los funcionarios de carabineros y civiles que participaron en estos crímenes.

Según los testimonios entregados a la Comision Valech, la casi totalidad de detenidos se registró en 1973. En los años siguientes se observaron casos aislados. Se trata de un lugar utilizado como recinto de tránsito de prisioneros políticos, hombres y mujeres, la mayoría de los cuales fueron conducidos posteriormente a la ciudad de Los Ángeles. Allí había distintos centros de detención habilitados, desde el momento del golpe de Estado. En su mayoría los testimonios de los ex presos dicen haber sido conducidos al Regimiento, al Liceo de Hombres o al Gimnasio IANSA (Industria Azucarera Nacional). Los presos políticos fueron sometidos a golpes, aplicación de electricidad, encapuchamiento, amenazas, colgamientos, el submarino, posiciones forzadas y vejaciones.

 

Criminales y Cómplices:

Carlos Ferrera  (Superintendente  de la Papelera de Laja); teniente Alberto Fernández Mitchel (Jefe Tenencia Laja); Lisandro Martínez García (Carabineros); Florencio Olivares Dades (Carabineros); Suboficial Pedro Rodríguez Ceballos (Carabineros); Evaristo Garcés Rubilar, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Renike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúl (de San Rosendo ) y el civil Israel Ormeño.

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Libros: “No hay dolor inútil”; CODEPU; Informe Valech; Memoriaviva;

Florinda Riquelme Concha, relató el caso de su hermano, Federico Riquelme Concha, 3 8 años, casado, dirigente sindical, obrero de la Papelera Laja: “El día 13 de septiembre de 1973, en el momento en que mi hermano salía de su trabajo, en la Papelera Laja, fue detenido por una patrulla de Carabineros, al mando, del sargento Pedro Rodríguez. Durante la tarde, mi cuñada Selva Valdebenito fue a avisamos de la detención de mi hermano y que se encontraba en la Tenencia de Laja, donde fue visitado por ella durante los días 14, 15 y 16 de septiembre. El día 16, el sargento Pedro Rodríguez le entregó algunas pertenencias de mi hermano porque sería trasladado al Regimiento de Los Angeles. El día 17, al ser visitado por ella, se le informó que mi hermano había sido llevado al Regimiento de Los Angeles ese día. Desde ese momento acompañé a mi cuñada a los distintos lugares donde había campos de concentración para presos políticos, sin obtener ninguna información de su paradero”.

María Zorrilla Rubio, vivió algo similar con su hermano Jorge Zorrilla Rubio, 25 años, soltero, estudiante, que residía en Argentina: “El día 15 de septiembre de 1973, mi hermano se presentó alrededor de las 15 horas a la Comisaría de Carabineros de San Rosendo, al saber que momentos antes personal de ese cuartel se presente en mi domicilio y luego de rodear la casa y allanar su dormitorio se habían retirado. Mi hermano había regresado de Argentina hacía un mes y tenía planeado volver nuevamente a radicarse por mayor tiempo. Al presentarse voluntariamente quedó detenido ese mismo día y junto a otras personas de San Rosendo fue trasladado a la Subcomisaría de Laja. Allí fue visitado por la señora Rosa de Acuña, quien también tenía detenido a su esposo. Con ella le envié ropa y alimentos. El día 18 de septiembre en la mañana ya no estaba en Laja y se informó por el personal de guardia que todos habían sido llevados en la noche al Regimiento Los Angeles. Desde ese día, mi hermano se encuentra desaparecido”.

     José Eleazar Becerra Avello, relató la historia de su hermano, Manuel Becerra Avello, 18 años, estudiante de la Escuela Industrial de Curacautín, domiciliado en Laja: “Mi hermano había viajado desde Curacautín a Laja por razones de tipo familiar y se aprontaba a regresar a esa ciudad en el tren valdiviano que pasa por Laja a las 18 horas. El día 13 de septiembre de 1973, fuimos a dejarlo mi madre, una prima, mi abuelita y yo. Al momento en que mi hermano se aprestaba a abordar el tren, fue detenido por Carabineros de la Subcomisaría de Laja. Eran cinco, iban de uniforme y estaban al mando del sargento Rodríguez. Lo subieron al jeep y lo condujeron a la Subcomisaría. Informado mi padre de esta situación concurrió hasta el lugar de su trabajo, las oficinas de Transportes Cóndor y expuso su situación al jefe, Jaime Stocker. Este concurrió a carabineros pero allí le informaron que no podían ponerlo en libertad porque ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. En vista de esta situación, desde el día 14 en la tarde y durante los días 15, 16 y 17 concurrimos a dejarle alimentación y ropa de abrigo. El día 17 en la tarde nos devolvieron las frazadas, un chaquetón grueso, su documentación y un cinturón sin damos explicación alguna. El día 18 en la mañana cuando se le llevó el desayuno, no estaba en el cuartel, ni él ni el resto de los detenidos”.

Rosa Silva Sanhueza, dio cuenta de lo ocurrido con su marido, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, 28 años, obrero de la Papelera, domiciliado en Laja: “El 13 de septiembre de 1973 fue detenido mi cónyuge en los momentos en que salía del lugar de su trabajo, con un contratista llamado Jorge Pineda. La detención la efectuó Carabineros de la Subcomisaría de Laja quienes se movilizaban en un jeep del Ejército. Entre los aprehensores estaba el sargento Pedro Rodríguez. Esta detención fue presenciada por muchas personas, todos trabajadores de la Papelera que a las 16 horas abandonaban su trabajo. Mi marido era del Partido Socialista y tenía el cargo de director de un sindicato. Desde el 14 de septiembre y hasta el 17 en la tarde lo vi detenido porque concurrí a dejarle comida. Estaban también detenido Juan Villarroel y Luis Ulloa a quienes conocía por ser compañeros de trabajo de mi esposo. Me contó que lo habían interrogado y estaba muy nervioso y preocupado. Me manifestó que nada sabía de la suerte que correrían. La última vez que lo vi fue el 17 de, septiembre de 1973 cerca de las cinco de la tarde. Le llevé onces y ropa. El día, a las 8 horas le llevé el desayuno. Un carabinero de guardia me dijo que los habían llevado a Los Angeles, al Regimiento”.

María Inés Herrera Zapata, no tuvo distinta suerte con su marido, Fernando Grandón Galvez, 34 años, obrero de la Papelera Laja, domiciliado en la localidad de Millantú: “El día 14 de septiembre me trasladé a Laja para visitar a mi marido, donde él permanecía durante la semana por ser su lugar de trabajo. En ese momento me informaron que se encontraba en el recinto de la Papelera ejerciendo sus labores. Llegué hasta la puerta donde había gendarmes registrando a todas las personal, por lo que me decidí a esperar la salida del turno de las 16 horas. Mientras lo hacía, salieron tres jeeps conducidos por carabineros con algunas personas en su interior. Al no encontrar a mi esposo, le consulté a otras personas, uno de ellos me informó que había sido detenido por el sargento Pedro Rodríguez. Me dirigí a la Tenencia de Laja para consultar y entregarle ropa y alimentos, en un primer momento me negaron su detención, por lo que insistí aduciendo haberlo visto, por lo que de inmediato lo hicieron salir a la sala de espera. Estuve con él cinco minutos y me dijo que lo habían detenido por ser comunista. Al día siguiente fui de nuevo autorizada para entrevistarme con él y se me informó que permanecería detenido diez días al cabo de los cuales sería puesto en libertad. Así transcurrieron los tres días en que pude verlo. El día 17 fui a verlo de nuevo a las 13 horas y se me informó que ya no estaba en la Tenencia y que durante la madrugada había sido trasladado a Los Angeles. Fui hasta allá pero no obtuve ninguna información”.

Clara Rebolledo Pinto, cuñada de Rubén Campos López, 39 años, profesor primario, regidor de la Municipalidad de Laja por el Partido Socialista, dio cuenta de la situación que lo afectó: “El día 16 de septiembre alrededor de las 16 horas visitaba a mi hermana, Ana y a mi cuñado Rubén, quien se encontraba bastante nervioso y preocupado. A esa hora se presentó el sargento de carabineros, Pedro Rodríguez Ceballos, de uniforme y sin armas, se hacia acompañar de otros carabineros pero no ingresaron a la casa. Rodríguez pidió amablemente hablar con Rubén Campos, llegando hasta el dormitorio, donde le informó que por nuevas órdenes llegadas desde Los Angeles debía presentarse a la Tenencia de Laja. Como mi cuñado demorara en arreglarse y pasara al baño, el sargento Rodríguez se sentó en la cama y conversó amablemente con los que allí nos encontrábamos. Cerca de media hora después se retiró con Rubén. Al día siguiente, mi hermana llegó muy temprano a avisarme que Rubén no estaba en la Tenencia y que había sido enviado a Los Angeles junio a los demás de Laja”.

Flor María Hernández Villablanca, declaró acerca de la situación de su cónyuge Juan Villarroel Espinosa, 33 años, obrero de la Papelera, dirigente sindical, domiciliado en Laja: “Fue detenido el 14 de septiembre de 1973 en el mismo lugar de su trabajo por una patrulla de carabineros que se movilizaba en un jeep de la Papelera. La esposa de don Heraldo Muñoz, también detenido en esa época, me informó que al ir a ver a su marido se había percatado que el mío también estaba detenido. Junté algunas ropas y algo de comer y fui hasta la Subcomisaría. Nada me recibieron pues me indicaron que era hora de toque de queda. Sentí temor de ir nuevamente porque esa vez me habían amenazado con detenerme así que no regresé hasta el 18 de septiembre cuando le llevé el desayuno. No encontré a nadie. La señora de Muñoz me dijo que no estaban allí, que el carabinero de guardia le había informado que los habían llevado a Los Angeles”.

Ruth del Carmen Medina Neira, pasó por algo similar con su marido Luis Araneda Reyes, 43 años, maquinista de ferrocarriles, domiciliado en San Rosendo: “El 15 de septiembre de 1973, como a las ?15:30 horas, fue detenido en la puerta de nuestra casa, por personal de Carabineros de Laja acompañado por el cabo Castillo, de dotación de San Rosendo y al mando del teniente Fernández Mitchel, de Laja. Lo llevaron a la Tenencia de San Rosendo y luego a Laja junto a otros cinco detenidos más entre los que figuraban Juan Acuña y Dagoberto Garfias. El día 17 fui personalmente a dejarle almuerzo a Laja acompañada de mi cuñado y de mi hijo mayor. Ahí conversamos con él un rato y nos comunicó que en la tarde serían llevados a Los Angeles. Se encontraba muy agitado, era enfermo del corazón y la noche anterior lo habían tenido que sacar al patio a tomar aire tres veces. En esa oportunidad había unos treinta detenidos más, la mayoría gente conocida de Laja. El día 18 cuando concurrí a verlo, me informaron que se los habían llevado a Los Angeles y desde entonces no he tenido noticias de él”

Rosa Edith Barriga Pérez, esposa de Juan Acuña Concha, 33 años, maquinista de la Empresa de Ferrocarriles, domiciliado en San Rosendo, relató: “Mi marido fue detenido el 15 de septiembre de 1973, por una patrulla de Carabineros de Laja, al mando del teniente Fernández Mitchel y el sargento Pedro Rodríguez. Golpearon la puerta y salí a abrir, uno de ellos me preguntó si allí vivía Juan Acuña y al dar una respuesta afirmativa, uno me empujó cayendo sentada en un sillón. Cinco de ellos ingresaron a la casa, los otros permanecieron afuera custodiando a Dagoberto Garfias. Mi marido terminaba de vestirse, bajó y los enfrentó. Como los niños lloraban, le dijeron que sólo lo necesitaban para unas declaraciones y que regresaría de inmediato. A continuación se lo llevaron. Esto ocurrió alrededor de las cinco de la tarde. Lo llevaron a la comisaría de San Rosendo y luego a la de Laja. Al día siguiente, viendo que no regresaba, fui a las 7 de la mañana a dejarle desayuno. Me acompañó mi suegro y mi cuñada. Al entregarle el desayuno pude conversar con él. Me dijo que en la comisaría de San Rosendo los habían castigado a todos, a él le enterraron un abrelatas en las caderas y en los muslos. Se encontraba muy nervioso y demostraba mucho temor. También estaban Jorge Zorrilla y Luis Araneda. Personalmente le di desayuno y comida a Zorrilla en varias oportunidades cuando su familia se retrasaba. La última vez que vi a mi cónyuge fue el 17 de septiembre, alrededor dé las seis 4 la tarde. El 18 en la mañana fui con el desayuno. Cruzando el puente me encontré con Manuel Vega, quien regresaba de Laja y me manifestó que ya no estaban, en la Comisaría. Sin embargo, igual fui y en efecto no había nadie. El sargento Rodríguez me informó que ya no estaban pues los habían llevado en la madrugada a Los Angeles”    

    Berta Elena Contreras Silva, madre de Oscar Sanhueza Contreras, 23 años, soltero, profesor básico, domiciliado en San Rosendo, contó sobre su detención: “Fue detenido en su casa, el 15 de septiembre de 1973, por carabineros de Laja comandados por el teniente Alfredo Fernández Mitchel y el sargento Pedro Rodríguez,. Fue llevado a la Comisaría de Laja junto a Mario Jara, Juan Acuña, Luis Araneda, Dagoberto Garfias y Jorge Zorrilla. Durante los días 15 y 16 de septiembre lo visité en la Subcomisaría de Laja y se me permitió llevarle alimentos y ropa. El día 17 fui como de costumbre a dejarle desayuno alrededor de las 8 y me encontré que todas las dependencias de la Subcomisaría estaban desocupadas. Un carabinero de guardia me informó  que los habían llevado a la ciudad de Los Angeles, más precisamente al Regimiento”

Carmen Ulloa Sandoval, vivió la detención de su padre, Luis Ulloa Valenzuela, 51 años, obrero, domiciliado en Laja: “ Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 por carabineros de la de Laja. Personalmente fui a dejarle ropa alrededor de las 16 horas, me permitieron pasar y ayudarle a cambiarse. Pude comprobar que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Fui a verlo hasta el 17 y siempre se me permitió verlo y conversar con él. El día 18 concurrí a entregarle unas empanadas que le había encargado, pero no lo encontré. Me informaron que a la una de la madrugada, en una micro, habían sido llevados al Regimiento de Los Angeles”

Rosa Soto relató el caso de su marido, Jack Gutiérrez Rodríguez, 45 años, obrero contratista de la Papelera, domiciliado en Laja: “Cuando salía de su turno en la Papelera, a las 16 horas del 13 de septiembre de 1973, fue detenido. La detención  afectó también a Heraldo Muñoz, y fue hecha por carabineros de la Subcomisaría de Laja al mando del sargento Rodríguez. Avisada por un vecino, me presenté a la unidad y el sargento Rodríguez me confirmó la detención. Más tarde le fui a dejar ropa y comida, cosa que hice durante los días 14, 15, 16 y 17. El 18 fui temprano a dejarle desayuno y me encontré con que el personal de guardia lavaba el piso, paredes y el furgón. No había ningún detenido. Un carabinero me dijo que en la madrugada se habían llevado a todos los detenidos a Los Angeles.

Zoila Jara Lizama, madre de Mario Jara Jara, 21 años, estudiante, domiciliado en San Rosendo, declaró sobre el caso de su hijo: “Carabineros de la Subcomisaría de San Rosendo lo detuvo el día 15 de septiembre de 1973 en mi casa. Iban armados con metralletas y se introdujeron hasta la cocina de nuestra casa. Luego fue entregado a una patrulla perteneciente a Laja, que comandaba el teniente Alberto Fernández Mitchel junto al sargento Pedro Rodríguez y llevado a Laja junto a otros cinco detenidos. Don Manuel Vega lo visitaba y le llevaba alimentos y ropa. Yo no pude hacerlo personalmente pues me encontraba gravemente enferma. El último día que lo vimos allí fue el 17 de septiembre cuando le llevamos once. El 18 de septiembre le envié temprano una comida especial por la fecha que se celebraba, pero cuando Manuel Vega cruzaba el puente desde San Rosendo a Laja, se encontró con un grupo de señoras que regresaban de Laja llorando y le dijeron que ya no estaban en la Subcomisaría, pues los habían llevado a Los Angeles”.

María Eugenia Zúñiga Oñate, esposa de Dagoberto Garfias Gatica, 23 años, obrero electricista de la Papelera, domiciliado en San Rosendo, relató la detención de su marido: “Fue detenido alrededor de las 16 horas, del 15 de septiembre de 1973, en el lugar donde vivíamos. Mi esposo había bajado al primer piso al baño y como demorara yo bajé y me contaron que carabineros que se había hecho presente en busca de Mario Chávez, lo detuvo. Informada de la detención me trasladé al retén de San Rosendo para inquirir detalles, pero como a una cuadra había carabineros con metralleta que impedían el paso por lo que me devolví. Como al día siguiente supe que lo habían trasladado a Laja, fui a dejarle ropa y comida. Pude conversar con él y lo estuve visitando hasta el 17 en la tarde, que fue la última vez que lo vi. Le pregunté por qué estaba detenido y me dijo que no sabía, que ni siquiera le habían preguntado el nombre ni lo habían interrogado como a los demás. El 18 en la mañana fui nuevamente a dejarle desayuno, pero me informaron que había sido trasladado con otro grupo al Regimiento de Los Angeles. Fui hasta allá, pero no pude ubicarlo”.

Wilma Macaya Barrales, presenció la detención de su hermano Alfonso Macaya Barrales, 32 años, casado, comerciante, domiciliado en Laja: “A mi hermano lo detuvieron el 15 de septiembre de 1973, con anterioridad, o sea el 13, él mismo se había ido a entregar a carabineros, entonces lo fueron a dejar a la casa de su suegro. Posteriormente, el 15 lo fueron a detener a la casa. Cuando fui a verlo a la Comisaría encontré que allí había otros detenidos. El día 17 fue el último día que lo vi, pues lo sacaron al patio a tomar once y estuvimos juntos muchos familiares con ellos. El 18 en la mañana, se nos avisó que habían sido llevados a Los Angeles, fui allá pero en el Regimiento se nos dijo que jamás habían sido recibidos allí”.

Marta Elena Herrera Rojas, madre de Juan Jara Herrera, 16 años, soltero, estudiante, domiciliado en Laja, relató su caso: “Mi hijo fue detenido el 16 de septiembre de 1973, a las 16 horas por carabineros de Laja. Fue llevado a la Subcomisaría y cuando quise dejarle alimentos y café no se me dejó. Ni siquiera pude verlo, por lo que recurrí a la telegrafista del correo que era la única persona que podía entrar. El 16 en la tarde ella lo vio entre los detenidos. El 18 fui muy temprano a ver a mi hijo para llevarle desayuno. Fui una de las primeras en llegar y me encontré que estaban baldeando el cuartel. El sargento Rodríguez me comunicó que todos los detenidos habían sido llevados a Los Angeles, sin darme otra explicación”.

Gloria Urra Parada, recordaba la detención de su hermano Raúl Urra Parada, 23 años, casado, obrero de la Papelera, domiciliado en Laja: "Mi hermano fue detenido el 13 de septiembre de 1973, en la Papelera. Fue llevado a la Subcomisaría. Estuvo allí hasta el 17, durante ese tiempo pudimos llevarle comida y ropa. Con eso tuvimos un poco de tranquilidad, aunque mi mamá igual lloraba. El día 18 cuando fuimos a verlo otra vez nos dijeron que no estaba, que lo habían llevado a Los Angeles. Recorrimos muchos lugares buscándolo pero no pudimos encontrarlo”.

Elsa Mundaca Beltrán, relató el caso de su esposo Wilson Muñoz Rodríguez, 26 años, obrero de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, domiciliado en Laja: “Fue detenido el 13 de septiembre de 1973 , en horas de la tarde, cuando salía de su trabajo junto a Heraldo Muñoz y Fernando Grandón, también detenidos en la oportunidad. La detención la efectuó personal de Carabineros de la Tenencia de Laja quienes se movilizaban en un jeep del Ejército yendo fuertemente armados. Todos obedecían órdenes del sargento Pedro Rodríguez. Lo visité hasta el 17 en horas de la tarde. Cuando volví al día siguiente me dijeron que ya no estaba, que se los habían llevado a Los Angeles”.

Ximena Lamana Abarzúa, habló de la detención de su hermano Jorge Lamana Abarzúa, 27 años, soltero, obrero de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, domiciliado en Laja: “El día 15 de septiembre de 1973, al atardecer Jorge se entregó voluntariamente en la Tenencia de Laja acompañado por el párroco del pueblo, sacerdote Felix Eicher, pues sabía que era buscado por el sargento Pedro Rodríguez. El día 16 lo visité en la Tenencia y pedí autorización al teniente Alberto Fernández para conversar con él lo cual me fue autorizado. Al otro día volví a verlo y le dejé alimentos y ropa. Pero el 18 cuando regresé para entregarle desayuno, pude comprobar que ni Jorge ni el resto de los detenidos estaban en la unidad. Allí se me informó que habían sido trasladados al Regimiento de los Los Angeles, lo que nunca aconteció”.

Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973, 19 personas fueron detenidas en las localidades de Laja y San Rosendo. Seis años después, sus cuerpos aparecieron en una fosa clandestina del cementerio de Yumbel. Fue uno de los casos impactantes de violación a los derechos humanos ocurrido en la región del Bío Bío y que aún está en el recuerdo.

Quiero ver a mi papá, Jack Gutiérrez -demandó Mirta al sargento Pedro Rodríguez en la Tenencia de Laja, aquel 13 de septiembre de 1973. – Aquí no hay ningún Gutiérrez detenido -le replicó el funcionario. – Yo sé que está aquí y quiero verlo -porfió ella. – Sí, está aquí -reconoció por fin Rodríguez- pero ése vivo de aquí no va a salir. – ¿Por qué lo detuvo? ¿Está acusado de matar a alguien o algo así? – Son cosas mías. Yo sé lo que tengo que hacer con todos estos que tengo aquí -le contestó con prepotencia el sargento-. No te aseguro que éste va a salir vivo de aquí- remachó. Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, 45 años, había sido detenido el 13 de septiembre de 1973, cuando salía de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja, después de cumplir su jornada laboral. El hecho ocurrió a las 16:30 horas. Gutiérrez junto a Heraldo Muñoz Muñoz caminaban rumbo a sus hogares, cuando fueron interceptados por una patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez, que en un jeep del Ejército se los llevó a la Tenencia local. Un vecino alertó a Rosa Soto, cónyuge de Jack Gutiérrez, la que de inmediato se dirigió a la unidad policial, donde el propio sargento Rodríguez le confirmó la detención. Pudo entregarle ropa que llevaba y en la noche regresó con comida. Así lo hizo todos los días hasta el 18. Ese día, la señora Rosa llegó temprano a dejarle el desayuno a su esposo, pero pronto se dio cuenta que las dependencias de la Tenencia estaban desocupadas y que un funcionario de apellido Montoya estaba lavando paredes y pisos. “Me pareció que el agua que salía de adentro tenía sangre, porque estaba medio colorosa, así como cuando se lava un ladrillo. Me vino como un hielo por todo el cuerpo”. – Mi marido ¿dónde está? -le preguntó al carabinero que no le daba la cara. – Los llevaron pa’ Los Ángeles -le respondió siempre dándole la espalda. – ¿Y en qué parte de Los Angeles los van a dejar? – En el Regimiento -fue lo único que le dijo. A la salida, Rosa Soto se encontró con otra señora que le confirmó que adentro no había nadie y que, según carabineros, todos los detenidos habían sido llevados a Los Ángeles. Abordó el bus de las 13 horas y en el Regimiento vio la lista de las personas que habían recibido, pero no figuraba ninguno de los detenidos de Laja. – Los habrán llevado pa’ la cárcel -le dijeron. Pero tampoco estaban allá. – Deben estar en el estadio y si están los va a ver de lejos porque es chico -le aseguraron. Antes de que su bus partiera, la señora Rosa fue al estadio. No vio a su marido ni tampoco a alguno de los conocidos que había visto en la Tenencia de Laja. Varios días regresó a Los Angeles, sin lograr nada. Incluso envió ropa para su marido a la Isla Quiriquina, pero ocho días después se la enviaron de vuelta. “ Anduvimos p’al sur, en Chillán, en Santiago, fuimos a preguntar a muchas partes, pero no, no estaban…Por esos días, aquí ya se corrían rumores de que los habían muerto…” En San Rosendo, localidad vecina, separada por un puente ferroviario, se vivía algo similar. Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas fueron detenidas en San Rosendo y Laja, Seis fueron aprehendidas en la primera localidad, pero todos llegaron a la Tenencia de Laja donde estuvieron hasta el 17. A partir del 18, su rastro desapareció. Las historias se sucedían con escalofriante similitud: Florinda Riquelme Concha, relató el caso de su hermano , Federico Riquelme Concha, 38 años, casado, dirigente sindical, obrero de la Papelera Laja: “El día 13 de septiembre de 1973, en el momento en que mi hermano salía de su trabajo, en la Papelera Laja, fue detenido por una patrulla de Carabineros, al mando del sargento Pedro Rodríguez. Durante la tarde, mi cuñada Selva Valdebenito fue a avisarnos de la detención de mi hermano y que se encontraba en la Tenencia de Laja, donde fue visitado por ella durante los días 14, 15 y 16 de septiembre. El día 16, el sargento Pedro Rodríguez le entregó algunas pertenencias de mi hermano porque sería trasladado al Regimiento de Los Angeles. El día 17, al ser visitado nuevamente por ella, se le informó que mi hermano había sido llevado al Regimiento de Los Angeles ese día. Desde ese momento acompañé a mi cuñada a los distintos lugares donde había campos de concentración para presos políticos, sin obtener ninguna información de su paradero”. Ruth del Carmen Medina Neira, pasó por algo similar con su marido Luis Araneda Reyes, 43 años, maquinista de Ferrocarriles, domiciliado en San Rosendo: “El 15 de septiembre de 1973, como a las 15:30 horas, fue detenido en la puerta de nuestra casa, por personal de Carabineros de Laja acompañado por el cabo Castillo, de dotación de San Rosendo y al mando del teniente Fernández Mitchel, de Laja. Lo llevaron a la Tenencia de San Rosendo y luego a Laja junto a otros cinco detenidos más entre los que figuraban Juan Acuña y Dagoberto Garfias. El día 17 fui personalmente a dejarle almuerzo a Laja acompañada de mi cuñado y de mi hijo mayor. Ahí conversamos con él bastante rato y nos comunicó que en la tarde serían llevados a Los Angeles. Se encontraba muy agitado, era enfermo del corazón y la noche anterior lo habían tenido que sacar al patio a tomar aire tres veces. En esa oportunidad había unos treinta detenidos más, la mayoría gente conocida de Laja. El día 18 cuando concurrí a verlo, me informaron que se los habían llevado a Los Angeles y desde entonces no he tenido noticias de él”.

INVESTIGACIÓN SECRETA

A mediados de 1977, la asistente social Nelly Henríquez le contó a la abogada Martita Wörner (ambas trabajaban en el departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción) que tenía antecedentes suficientes para afirmar que al menos veinte personas que habían sido detenidas en las localidades de Laja y San Rosendo a mediados de septiembre del ‘73, estaban inubicables. Le dijo que había algunos testimonios que indicaban que esas personas habían sido ejecutadas. Fue así como ambas profesionales decidieron investigar el tema y durante varias semanas, los días domingo, viajaron a la zona a tomar contacto con los familiares. Lo hicieron sin avisarle a nadie. El asunto no dejaba de ser riesgoso. Algunas veces viajaban con un colega que las llevaba en su citroneta. Pero en otras ocasiones, las más numerosas, lo hacían en tren. Entonces, se bajaban en San Rosendo y cruzaban el puente ferroviario a Laja. Muchas veces lo hicieron con un fuerte temporal de viento y lluvia. Fue una labor de gran sigilo y que requirió mucha paciencia. Hablaron con el párroco de Laja, Félix Eicher y consiguieron que les prestara un lugar en la parroquia para reunirse con los familiares, principalmente mujeres. Lo hacían con el pretexto de conversar sobre algunos temas y así pudieron, lentamente, ganarse la confianza que necesitaban para avanzar en la investigación. Pero como se trataba de un pueblo chico, no tardó mucho en saberse que estas dos mujeres que llegaban de Concepción andaban en algo. Carabineros pronto se dio cuenta que algo pasaba cuando los familiares de los detenidos empezaron a concurrir regularmente a la parroquia, todos los fines de semana. La vigilancia a que estuvieron sometidas no las amedrentó. Después de más de ocho meses de viajes secretos y cuando ya habían contactado a 19 familiares cuyos antecedentes obraban en su poder, decidieron hablar con Jorge Barudi, a la sazón director del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción. – Cuando se lo contamos -rememoraba Martita Wörner- primero hizo un tremendo berrinche porque había sido una cuestión demasiado osada e intrépida. Pero él estaba tanto o más interesado que nosotras en el tema y rápidamente del berrinche pasó a la acción y nos preparamos para la querella que había que presentar ante los tribunales. Así, el 24 de julio de 1979, ante el Juzgado del Crimen de Laja, María Inés Herrera Zapata, Ximena Lamana Abarzúa, Ana Luisa Rebolledo Pino, Marta Parada Véjar, Marta Elena Herrera Rojas, Graciela Sandoval Esparza, Berta Elena Contreras Silva, Alma Celeste Garfias Gatica, Ruth Medina Villagra, Rosa Edith Barriga Pérez, Zoila Jara Lizama, Flor María Hernández Villablanca, Rosa Silva Sanhueza, Selva Valdebenito Bris, Laura Zorrilla Rubio y María Avello Espinoza, presentaron una querella criminal en contra de Alberto Fernández Mitchel, teniente de carabineros de Laja a la fecha de comisión del delito, Evaristo Garcés, Pedro Rodríguez Ceballos, sargento de carabineros, Juan Muñoz, cabo de carabineros y los funcionarios, Carlos Fritz, Leoncio Olivares, Gercio Saavedra, Luis León, Mario Cerda, Juan Oviedo, Pedro Parra Utreras, José San Martín y otros de apellido Otárola, González y Montoya, “todos con domicilio legal en la Tenencia de Laja en ese entonces, y de aquellos otros que aparezcan responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de secuestro y homicidio calificado “ de Fernando Grandón Galvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Luis Antonio Acuña Concha, Mario Jara Jara, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio y Manuel Becerra Avello. A ellos se sumaron Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Alfonso Macaya Barrales y Wilson Muñoz Rodríguez.

SE INICIA LA INVESTIGACIÓN

Caratulado bajo el rol 2.770 “Delito de secuestro de Fernando Grandón y otros”, el juez de Laja, Lupercio Fuentes ofició a diversas instituciones civiles y armadas para aclarar los hechos. Con fecha 8 de agosto de 1979, remitió a la Prefectura de Investigaciones de Los Angeles, una orden para investigar lo ocurrido. Las primeras indagaciones no fueron fáciles. Nadie parecía conocer a las víctimas y los organismos consultados –Carabineros, Ejército- negaban haber emitido órdenes de detención en su contra. Incluso el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández fue consultado: “La consulta de ese tribunal incidiría en la presunta detención de los nombrados, por efectivos de Carabineros de Laja, entre los días 11 y 17 de septiembre de 1973…Sobre el particular, cúmpleme expresar a US. que, revisadas las nóminas de personas detenidas conforme a la facultad del Estado de Sitio, vigente en aquel entonces, no figuran los ciudadanos señalados, ni hay constancia de haberse dictado orden o resolución alguna en su contra”. MINISTRO EN VISITA En vista que la investigación avanzaba con lentitud y que se tenían antecedentes que revelarían con claridad dónde habrían sido enterrados los restos de las 19 personas que hasta entonces aparecían como desaparecidas, el Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción, decidió una nueva acción. Apoyándose en un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema, del 21 de marzo de 1979, que ordenaba designar Ministros en Visita Extraordinaria en cinco departamento del país, mencionando específicamente a la Corte de Apelaciones de Concepción, es que el 7 de agosto de ese año se solicitó que un ministro de rango especial investigara la situación de los detenidos y desaparecidos de Laja y San Rosendo. Quince días después, el tribunal de alzada penquista reunido extraordinariamente, presidido por el ministro Víctor Hernández Rioseco y con las asistencia de Carlos Cerda Medina, Enrique Tapia Witing, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, Luis Rodríguez Salvo y Ana Espinosa Daroch, “tomó conocimiento de la petición de designación de un Ministro en Visita hecha por don Jorge Barudi Videla, secretario ejecutivo del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción y acordó designar al Ministro José Martínez Gaensly para que se avoque al conocimiento y fallo del proceso rol Nº 2.770 del Juzgado de Letras de Laja por secuestro y homicidio de Fernando Grandón Galvez y otros”. Con los antecedentes que ya se habían acumulado en el proceso, el Ministro Martínez Gaensly se constituyó en el Juzgado de Letras de Laja para cumplir su cometido. Había que ratificar las declaraciones juradas y citar a declarar a muchas personas, entre familiares, testigos y funcionarios de carabineros mencionados en las querellas. Uno de los aspectos que quiso precisar el ministro, fue dónde estaban los carabineros aludidos en la querella. Para ello solicitó la información que le fue entregada Por el Prefecto de BíoBío, teniente coronel, Osvaldo Leyton Grob.

LA FOSA CLANDESTINA

A esas alturas ya empezaba a hacerse más evidente que los detenidos habían sido ejecutados y que sus cuerpos habían sido enterrados clandestinamente en algún lugar cercano a Laja, de donde fueron exhumados para luego ser trasladados, también en forma ilegal al Cementerio de Yumbel. Voces anónimas empezaron a aportar datos que se fueron sumando al proceso: se hablaba que en la zona cercana al fundo El Dorado, una noche se escuchó ruido de balas. Que en ese mismo lugar, se hallaron restos de vestimenta y calzado industrial. De muchas personas se había escuchado hablar de la sepultura clandestina en el cementerio de Yumbel. Con más precisión, un vecino relató que pudo comprobar en la puerta del camposanto yumbelino huellas de un camión que habría bordeado sus muros por el lado sur, donde no había cerco, para ubicarse en la pared oriente. En ese lugar, los rastros se hicieron más notorios, incluso había trozos de cables de arrastre y un zapato industrial. Hacia fines de septiembre, el Ministro en Visita escuchó las declaraciones de algunos de los carabineros que aparecían como autores de las detenciones en Laja y San Rosendo. Florencio Osvaldo Olivares Dade, cabo segundo, 31 años, que prestaba servicios en la Tenencia de Laja desde 1971, declaró el 26 de septiembre de 1979: “ En la mayoría de las ocasiones me correspondió intervenir en las patrullas de detención de activistas políticos con motivo del pronunciamiento militar, de tal manera que no recuerdo el nombre de aquellas personas que eran detenidas, solamente conocía al alcalde, José Arcadio Fica, al profesor Rubén Campos y a Oscar Sanhueza Contreras, con quien fui compañero de curso e incluso su mamá me preguntó por él y no le pude dar respuesta porque no lo vi en el cuartel. De las detenciones que se hacían se trataba de mantenerlos el mínimo en la unidad dado el poco espacio con que contábamos y por eso eran remitidos rápidamente a Los Angeles, ya sea por intermedio de las patrullas volantes que venían de allí, del Ejército y por intermedio del microbús que la Papelera había puesto a nuestra disposición… De los detenidos que dicen que fueron ajusticiados en el trayecto a Los Angeles, solamente me he impuesto por los comentarios de diarios y personas, pero ignoro también si fueron transportados por militares o carabineros”.

LA EXHUMACIÓN

No fue necesario excavar mucho. A poco más de un metro de profundidad, empezaron a aparecer las osamentas: huesos y calaveras, además de restos de ropa, zapatos, cinturones e incluso una cédula de identidad. Era la mañana del martes 2 de octubre de 1979. A las 11 horas había llegado hasta el Cementerio Viejo de Yumbel, el ministro en visita José Martínez Gaensly. Pocas personas lo acompañaban. La diligencia que iba a practicar era de tal importancia, que mientras menos se divulgara mayor garantía podría haber de lograr un buen resultado. Por eso, sólo fueron avisados el médico legista, César Reyes, el sacerdote Pedro Campos, el comisario de Investigaciones de Los Angeles, Homero Urzúa y el secretario titular del Juzgado de Letras de Yumbel, Jorge Urrutia. También concurrió personal asesor y del cementerio. Por el pasillo central del cementerio, el grupo llegó al fondo de éste, hasta el muro que lo separa del exterior. Adosada a esa pared, al lado derecho y a cinco metros del fin del camino, se sitúa la tumba de la familia Patrito-Ghiotti. Entre ésta y el camino se inició la excavación de una fosa de dos metros de ancho por tres de largo y un metro de profundidad. – Realmente transpiramos harto. Fueron casi tres horas que estuvimos excavando el pozo -relató José Ricardo Morales, 52 años, sepulturero del cementerio quien junto a otros dos obreros cedidos por la Parroquia, participaron en esa labor. A medida que avanzaba la excavación, fueron apareciendo osamentas humanas correspondientes a 18 personas. Se encontraron también 17 calaveras completas, algunas incluso con pelo en la cabeza, según consta en el acta levantada en la ocasión. “Seguidamente se procedió por el doctor Reyes a clasificar los huesos largos del cuerpo humano, especialmente los fémures, lográndose encontrar los pares pertenecientes a 18 personas. Luego de la clasificación anterior se procedió a guardar todos los restos allí encontrados, embalándolos en bolsas plásticas y de cartón, siendo remitidos al Instituto Médico Legal de Concepción, para su examen de rigor”. A las 13:15 horas, la diligencia había terminado.

“¡GRACIAS MI DIOS!”

Berta Elena Contreras, 54 años, aguardaba con relativa calma en una pequeña oficina del Juzgado de Laja, la llegada del Ministro en Visita. Había otras mujeres en el lugar. Eran las 11 de la mañana del miércoles 3 de octubre. Algunos periodistas ya rondaban por el recinto. Con voz quebrada por la emoción, la señora Berta habló: “Cuando supe que habían sido encontrados los cadáveres sentí no sé qué. Tal vez por el hecho de que yo estoy muy ligada a la iglesia y voy siempre, sólo pude decir con emoción: ¡Gracias mi Dios! ¡Gloria a Dios por haber permitido que apareciera mi hijo!…” El recuerdo de lo ocurrido en Lonquén, rondaba fuerte entre los familiares de Laja y San Rosendo.. En noviembre de 1978 un informante anónimo había denunciado a la Iglesia Católica la existencia de un entierro clandestino en unos hornos, en la localidad de Lonquén, a unos 14 kilómetros de Talagante, en la provincia de Santiago. Verificada la denuncia, el 1º de diciembre se hizo la presentación ante la Corte Suprema que instruyó a la Corte de Apelaciones para que nombrara un Ministro en Visita. La designación recayó en el magistrado Adolfo Bañados. Los restos fueron exhumados y en febrero de 1979, parientes de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo iniciaron el reconocimiento . Se determinó que los cadáveres pertenecían a 15 personas que habían sido detenidas por carabineros de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973. Sin embargo, la tragedia se prolongó hasta el final. Mientras los familiares esperaban las urnas para una misa en la Iglesia Recoleta Franciscana de Santiago, el fiscal militar Gonzalo Salazar había dado la orden para que los restos fueran enterrados en una fosa común del Cementerio de Isla de Maipo. En Laja y San Rosendo, nadie quería que ocurriera lo mismo. Por eso, apenas supieron de la exhumación de 18 cadáveres en el Cementerio de Yumbel, los familiares empezaron a llegar al Juzgado de Laja para que el Ministro en Visita les entregara la versión oficial.

“¡LO RECONOCI!”

 A las 11:15 horas del viernes 5 de octubre, numerosos familiares aguardaban en el Instituto Médico Legal de Concepción el momento en que entrarían a reconocer los restos exhumados de Yumbel. Hubo dolor, llanto, histeria, emoción… – ¡Lo reconocí! ¡Ahí está mi Choti! le toqué su cabecita. El tenía todos los dientes de oro. ¡Por Dios, señor, por qué será esta injusticia tan grande!? Quiero que me lo entreguen… tienen que entregármelo -lloraba desconsolada Rosa Barriga, esposa de Juan Acuña Concha, maquinista de Ferrocarriles, en San Rosendo. – Al tiro encontré su pantalón verde rayado y un pedazo de su chaquetón de castilla. Tienen que entregarme sus huesos, no pueden quedarse con ellos. Que castiguen a los culpables -decía entre sollozos Graciela Sandoval, quien sostenida por otras personas, aseguraba haber reconocido a su esposo Luis Armando Ulloa. Por su dentadura con dos chispas de oro y parte de su pantalón, Flor María Hernández logró identificar a su marido, Juan Villarroel. Marta Herrera encontró el crucifijo de plata de su hijo, Juan Carlos Herrera. Mientras proseguían las gestiones para identificar completamente los restos de los 18 cadáveres exhumados, el ministro Martínez avanzaba con la investigación. Había que seguir investigando. Faltaba por encontrar el cuerpo de uno de los detenidos desaparecidos denunciados en la querella. En ese afán, el ministro Martínez siguió tomando declaraciones a testigos y a personas que pudieran aportar algún antecedente que ayudara al proceso. Ya se habían iniciado los careos, y en forma paralela el Ministro Martínez realizaba una inspección ocular al fundo “San Juan”. A las 14:30 horas se trasladaba al lugar en compañía de la secretaria subrogante, los abogados Martita Wörner y Fernando Saldaña, además del médico legista César Reyes y el cura párroco de Laja, Félix Eicher, y algunos voluntarios de la iglesia premunidos de herramientas de trabajo. El objetivo era hacer un rastreo y excavaciones. “ Al extraer cierta cantidad de arena apareció un zapato de hombre, por lo que en ese lugar se prosiguió la excavación. A medida que se profundizaba, fueron apareciendo tres zapatos de diferentes tipos, desarmados y un bototo color café con un calcetín de nylon rojo. Una bolsa de fibra blanca que sirve para transportar soda o cal, se apreció a poco más de medio metro de profundidad una capa de cal, luego una botella de pisco vacía en buen estado y otra quebrada. Esta fosa se extendió en unos tres metros de largo más o menos, como tipo trinchera”. La diligencia continuó en otro sector del predio. Tras levantar unas ramas de una antigua explotación de pino, se removió la tierra apareciendo a pocos centímetros trozos de género azul que podrían corresponder a una camisa. También se encontró una peineta de bolsillo, botones posiblemente de un chaquetón, una billetera de plástico sin documentos. “Al seguir cavando, se tropezó con un zapato tipo bototo de seguridad con un calcetín largo de color amarillo. Al examinarlo, el médico apreció que contenía huesos en su interior. Con extremo cuidado, se procedió a agrandar la fosa y apareció el cadáver de una persona. Se ordenó la exhumación y una vez en la superficie, el médico procedió a examinar los restos que correspondían al sexo masculino , de más o menos 30 años, con la dentadura completa y en buen estado. Antes de sacar el cadáver se comprobó que éste estaba amarrado en los pies con un alambre y otro lo tenía a la altura de las rodillas, además se encontraba boca abajo…” A diez metros del camino semi borrado del predio, y siguiendo la dirección de las dos fosas anteriores, se removió un montículo sobre el cual se apreciaba gran cantidad de granos de cal. A poca profundidad apareció un hueso humano, al parecer correspondiente a un antebrazo. También se hallaron botones, una peineta de bolsillo, cuatro pares de zapatos y un par de lentes ópticos con marco café. Se dio la orden de llevar las osamentas y especies encontradas al Instituto Médico Legal de Santiago y poco después de las seis y media de la tarde se dio por concluida la diligencia. El hallazgo rápidamente fue conocido por la prensa, que al día siguiente dio cuenta profusamente del hecho: “En Laja apareció cadáver 19 amarrado con alambres”, titulaba La Tercera del 19 de octubre.

MULTITUDINARIO FUNERAL

Entre el 13 y el 19 de noviembre, el médico legista César Reyes remitió los informes de autopsia de los 19 cuerpos encontrados, con la identificación positiva de la totalidad. Los cráneos de cinco de ellos, y que correspondían a Oscar Sanhueza, Juan Acuña, Luis Ulloa, Wilson Muñoz y Heraldo Muñoz, presentaban orificios de proyectil. Otros nueve presentaban algún tipo de fractura y correspondían a Jorge Lamana, Federico Riquelme, Manuel Becerra, Mario Jara, Fernando Grandón, Rubén Campos, Alfonso Macaya, Juan Jara y Raúl Urra. Los restantes cinco cadáveres no presentaban alteraciones traumática y correspondían a Dagoberto Garfias, Juan Villarroel, Luis Araneda, Jorge Zorrilla y Jack Gutiérrez. Culminada la etapa de reconocimiento, a fines de noviembre el Ministro Martínez ordenó la entrega de los cuerpos a los familiares. El funeral quedó fijado para el martes 27 de noviembre, después de una misa que a las 10 de la mañana se oficiaría en la Parroquia San José, en Concepción. Pero el temor de que los restos no fueran entregados o se hicieran intentos por hacerlos desaparecer era fuerte. En la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos la inquietud hizo que sus integrantes estuvieran dispuestas a formar una guardia permanente en las puertas de la morgue, hasta que las osamentas fueran entregadas. No fue necesario, recordaría Ester Araneda casi veinte años después. “El doctor César Reyes y también el Ministro Martínez nos garantizaron que no habría problemas y así fue”. “Hemos llegado hoy a esta casa de oración para orar con esperanza junto a ustedes, madres, esposas, hijos, familiares de estos seres tan queridos a quienes hoy tenemos -por lo menos- el consuelo de dar cristiana sepultura y ante quienes podremos depositar la ofrenda de una sencilla flor, expresión de nuestro amor y de nuestro dolor… Hemos llegado a pedir que toda la angustia y el sufrimiento de estos seis largos y dolorosos años, no sea estéril…” Ante un templo repleto, las palabras del Obispo Auxiliar, Monseñor Alejandro Goic, resonaron fuertes y emocionadas. A las 10 de la mañana, las 19 urnas habían salido del Instituto Médico Legal y en una caravana de más de quince cuadras fueron llevadas hasta la Iglesia San José para la liturgia de despedida, antes de su entierro final en el Cementerio de Laja. El trayecto fue lento. Acompañado de gritos, de silencio, de mucho dolor. En la parroquia, veinticinco sacerdotes aguardaban. Poco después de las 11 se inició la misa. Había mucha emoción en el recinto que se hizo estrecho para recibir a quienes quisieron acompañar en el dolor a los familiares de los ejecutados de Laja y San Rosendo. Al término de la misa, hubo aplausos y se entonó la Canción Nacional. El cortejo inició entonces su largo viaje a Laja. Allí, a las 16:45, el párroco Félix Eicher ofició la última misa. Terminada la misa, en Laja, el cortejo con cinco carrozas, y centenares de personas, se dirigió al Cementerio. La tarde caía y el calor declinaba. Ya eran cerca de las 20 horas. En su tránsito al camposanto, la columna se detuvo frente a la Subcomisaría de Carabineros. No hubo incidentes. Sólo una joven se encaminó a la unidad policial y gritó “¡ asesinos !”. Las urnas fueron sepultadas en una gran tumba, sobre la que se colocó una cruz de tres metros de altura, con la palabra Paz en lo alto y una inscripción donde se lee un verso de Pablo Neruda: “Aunque los pasos toquen/ mil años este sitio/ no borrarán la sangre/ de los que aquí cayeron/ y no se extinguirá la hora / en que caisteis/ aunque miles de voces/ crucen este silencio…”

INCOMPETENCIA Y SOBRESEIMIENTO

Y lo que tanto se había comentado y, de alguna manera también temido, se produjo el 18 de marzo cuando el ministro José Martínez Gaensly se declaró incompetente para seguir conociendo la causa rol 2.770, porque de los informes y declaraciones acumulados durante el proceso pudo concluir que en los hechos denunciados en las querellas “les ha cabido a los funcionarios de carabineros de la Tenencia de Laja , ex teniente Alberto Fernández Mitchel, Evaristo Garcés Rubilar, Pedro Rodríguez Ceballos, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Renike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, Lisandro Martínez García, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Florencio Olivares Dade, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúl (de San Rosendo ) y el civil Israel Ormeño, y que se desempeñaban en dicha unidad policial en el mes de septiembre de 1973, una participación inmediata y directa...” por lo cual y según lo dispuesto en el artículo 1º de Código de Justicia Militar, “me declaro incompetente para seguir conociendo este proceso debiendo, en consecuencia, remitírsele a la 1a Fiscalía Militar de Los Angeles por corresponderle su conocimiento”. Por ser agraviante a los derechos de la parte que representaba, la abogada Martita Wörner apeló a la resolución del Ministro Martínez, el 24 de marzo. Cuatro días más tarde, el tribunal militar aceptó la competencia declinada y dispuso que la investigación prosiguiera reponiéndose la causa a estado de sumario. Para esos efectos, nombró como fiscal ad-hoc al coronel (J) de Carabineros Gustavo Villagrán y como secretario al mayor (J) de Ejército, Alejandro Abuter Campos, asignándosele a la causa el rol Nº 323-80. Poco demoró el Tercer Juzgado Militar de Concepción en decretar el sobreseimiento de la causa. Lo hizo con fecha 9 de junio de 1980, tras conocer y aprobar el dictamen 16-80 del 20 de mayo, emitido por el fiscal ad hoc. Tras reconocer que las 19 personas mencionadas en la querella fueron detenidas en los días posteriores al golpe militar y que tras permanecer en la Tenencia de Laja, sus cuerpos fueron sepultados en el fundo “San Juan” y aunque no pudo determinarse la causa precisa de sus muertes, “ellas habrían sido producto de actos de terceros, con lo cual se tipificaría la figura delictiva de homicidio”, lo cierto es que según el tribunal militar “en el proceso no existen indicios legales suficientes que permitan individualizar a los posibles autores, cómplices o encubridores de las referidas muertes”. Consecuente con lo anterior -prosigue el dictamen- “los funcionarios policiales de la Tenencia de Laja, el de la Tenencia de San Rosendo y el civil Israel Ormeño Stuardo, no fueron encargados reos o sometidos a proceso en calidad de autores, cómplices o encubridores por los hechos investigados”. Por ello e invocando la ley de Amnistía establecida en el decreto ley Nº 2.191 de 1978, el Juzgado Militar sobreseyó total y definitivamente a los trece funcionarios y a un civil “por haberse extinguido sus eventuales responsabilidades penales en los hechos investigados al favorecerles la amnistía…” Algo más tramitadora fue la respuesta del ministro Martínez a la apelación presentada por la parte querellante respecto de su declaración de incompetencia. Recién el 4 de agosto resolvió la solicitud, indicando que “no es de aquellas que causan gravamen irreparable y grave y, teniendo además presente el estado de la causa y lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, no ha lugar a conceder el recurso de apelación… Devuélvanse los antecedentes a la Justicia Militar”. Finalmente y pese a la apelación presentada por la parte querellante, el 3 de diciembre de 1981, la Corte Marcial confirmó la resolución del Tercer Juzgado Militar de Concepción, sobreseyendo definitivamente la causa.

Extractado del libro “No hay dolor inútil”

Una investigación judicial ha permitido establecer que una empresa forestal chilena facilitó y proporcionó medios para que 14 de sus trabajadores, Además de otras cinco personas, fueran asesinados por carabineros en el sur del país días después del golpe militar de 1973 en el sur del país.

Santiago de Chile, 15 ene.- Una investigación judicial ha permitido establecer que una empresa forestal chilena facilitó y proporcionó medios para que 14 de sus trabajadores, Además de otras cinco personas, fueran asesinados por carabineros en el sur del país días después del golpe militar de 1973 en el sur del país.

El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper Chile) ha dado a conocer hoy detalles del caso, conocido como "los 19 fusilados de Laja", por el que un juez ha procesado el año pasado a 14 carabineros que supuestamente participaron en la matanza.

Catorce de las víctimas eran trabajadores de la planta Laja de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CPMC), detenidos tras el golpe militar liderado por Augusto Pinochet en las localidades de Laja y San Rosendo, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

La firma es controlada por el grupo Matte y tiene además presencia en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú y México, y durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) sufrió varios intentos de expropiación de sus fábricas.

Entre sus filiales cuenta con Mininco, dueña de una finca que ha sido damnificada hace varios días por un incendio presuntamente provocado, que causó la muerte de siete trabajadores, en la región de La Araucanía.

En declaraciones a radio Bío Bío, Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), condenó hoy que aún haya encubrimientos de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura.

En tanto, los abogados de Derechos Humanos Héctor Salazar y Roberto Celedón recordaron en la misma radio que se trata de crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir ni ser amnistiados.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 1973, cuando carabineros de Laja ejecutaron por la espalda a 19 personas detenidas y torturadas en los días previos, incluidos 14 trabajadores de la Papelera, dos profesores y tres estudiantes.

Al mando de los carabineros se encontraba el teniente Alberto Fernández Michell, cuyos hombres condujeron a los detenidos hasta un bosque, donde los fusilaron y sepultaron sus cadáveres en una zanja cavada por ellos mismos.

En agosto de 2011, el juez especial Carlos Aldana ordenó la detención de 14 de los presuntos autores (otros tres habían fallecido) y por primera vez obtuvo detalles de las ejecuciones.

Entre ellos, que dos ejecutivos de la CMPC, Carlos Ferrer y Humberto Garrido, prepararon una "lista negra" con los nombres de trabajadores que consideraban "activistas", entregándola a las autoridades para su detención.

La empresa también proporcionó a la policía autobuses para trasladar a los detenidos y, en las horas previas a la matanza, abundante licor.

"Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron y nos ordenaron beber pisco en abundancia. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros", declaró en el juicio el excabo Samuel Vidal Riquelme.

"Después el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos. Les amarramos las manos a la espalda con cáñamo y alambre, los subimos al bus de la CMPC", dice el testimonio.

"Yo tuve que custodiar el interior del bus (…). Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona", prosiguió.

Wilkens, único civil presente en la matanza, fue asesinado en 1985, junto a su mayordomo, por un joven de 19 años que se introdujo en su casa, en una aparente venganza por la matanza.

El joven sepultó ambos cadáveres muy cerca de donde habían sido enterrados los fusilados 12 años antes.

Actualmente todos los procesados están en libertad provisional tras pagar fianzas de entre 100 mil y los 300 mil pesos (200 y 600 dólares).

Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.

Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque «militaba con los miristas». Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.

Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.

Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.

A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA

Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:

1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.

2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.

3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 el el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.

6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.

7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.

8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.

9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.

10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.

11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.

13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.

14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.

15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.

16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.

LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20

La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37 años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Además de empleado en la CMPC, Sáez era dirigente sindical y militante del MAPU. Por eso, apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez se llevaron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.

El 14 de septiembre, el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y por tercera vez, no lo encontró. Ese fue el día en que le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.

Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que sólo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue testigo.

Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.

Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, pero nada. Nunca más se supo de Luis.

La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.

En los documentos a los que tuvo acceso CIPER, aparece mencionado el Informe Policial Nº 988 del 15 de marzo de 2011. Según ese documento, se le preguntó a sus familiares directos, pero ellos dijeron que nunca les entregaron sus restos, por lo que aún Luis Sáez Espinoza es un detenido desaparecido.

En el marco de la investigación que lleva adelante el magistrado Carlos Aldana, es que en los próximos días se citará a declarar a Roberto Izquierdo Menéndez. El empresario, que entonces tenía un importante cargo dentro de la CMPC en la zona –según han dicho algunos testigos en la investigación–, le habría dicho a un trabajador que conoció del hallazgo de los cuerpos “que se quedara tranquilo y callado”.

En septiembre de 1973, 19 trabajadores de La Papelera y ferrocarriles de Laja, habitantes de ese pueblo y de San Rosendo, fueron detenidos y llevados a la Tenencia de Laja.

Como pasó con cientos de chilenos, su rastro se perdió y sus familiares no supieron hasta seis años después dónde estaban: enterrados en el cementerio de Yumbel. El hallazgo abrió una investigación que llevó al ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, a establecer que habían sido carabineros de la zona quienes los asesinaron. Sin embargo, el juez Martínez no llegó hasta el final: por tratarse de uniformados, en marzo de 1980 se declaró incompetente y le pasó la investigación a la justicia militar, que sobreseyó la causa tres meses después.

Transcurrieron 27 años antes de que un magistrado volviera a ver la causa. El año 2010, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del Interior, pidieron la reapertura de la causa a la Corte de Apelaciones de Concepción. Esta vez fue el ministro Carlos Aldana quien tomó la información en sus manos y dejó sin efecto el sobreseimiento.

Desde el año 2011 que el juez no solo ha tomado declaraciones a los principales involucrados, sino a la red –que incluye a los trabajadores de la CMPC– que permitió que estos crímenes quedaran impunes durante tantos años. De hecho, antes de ser encontrados en el cementerio de Yumbel, se estableció que las 19 personas fueron ejecutadas y enterradas en el Fundo San Juan, de propiedad de la Forestal Mininco, de la  Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) que ahora es dueña del terreno. 

Sin embargo, las declaraciones de testigos e involucrados en la masacre de Laja dan pistas que escalan en el nivel de responsabilidad que tuvo la CMPC –de propiedad del grupo Matte– en el encubrimiento de las muertes.

 “… Uno o dos días después del interrogatorio, Reyes contó esta situación a la gerencia general de Mininco: ‘Me comuniqué telefónicamente con mi jefe, de nombre Roberto Izquierdo, dándole a conocer que había sido trasladado a Carabineros, por cuanto yo sabía del hallazgo de unos cuerpos en uno de los campos que controlaba’. En su declaración, Reyes dijo no recordar bien qué le dijo a Roberto Izquierdo. De lo que estaba seguro era ‘que este me dijo que me quedara tranquilo y callado’”.

En ese contexto es que en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Aldana, será citado a declarar  Roberto Izquierdo Menéndez, uno de los empresarios más importantes del sector forestal, miembro del directorio de Yadrán S.A., director de Almendral S.A. (Controladores de Entel) –donde los Matte tienen 32,07%–. Presidió la Sociedad Nacional de Pesca A.G. Es director de Alimentos Marinos S.A, Petroquim S.A, Forestal y Papelera Concepción y vicepresidente de Diario Financiero. Entre otros cargos, se desempeña como Consejero de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Corporación de la Madera.

En los años en que ocurrieron los hechos, Izquierdo tenía un cargo gerencial en la Forestal Mininco, de los Matte. Es una hebra que lleva directamente a la CPMC, ya que su nombre ha sido mencionado en testimonios recientes que intentan develar la masacre de Laja.

A la sombra de los cuervos

El periodista Javier Rebolledo investigó durante varios meses la responsabilidad que le cabría a la CMPC en los crímenes de la Octava Región. En el libro A la sombra de los cuervos –que se presenta este sábado– recoge las últimas declaraciones que intentan explicar las responsabilidades en la masacre. “¿Quién elaboró en la Papelera la lista exacta para determinar a quién detener?”, se pregunta Rebolledo en el libro (Ceibo Ediciones) y continúa: “… Previo al golpe, un patrulla militar comandada por un oficial de inteligencia del Regimiento de Los Ángeles alojó por cerca de un mes en terrenos de la Papelera. El 11 de septiembre, la patrulla partió de vuelta donde sus jefes. Acto seguido, el comandante del regimiento viajó a Laja para ordenarles a los carabineros que detuvieran a ciertos dirigentes ‘conflictivos’ de la CMPC. Los carabineros ‘obedecieron’”.*

Este también recoge las últimas declaraciones ante el juez Aldana, donde se menciona a Izquierdo Menéndez, quien –según información confirmada por El Mostrador– sería citado a declarar la próxima semana:

“A fines de 2014, con la reapertura de la causa, la Policía de Investigaciones siguió la hebra a un antecedente que el camionero Cifuentes (José Sebastián Cifuentes, uno de los primeros en encontrar los restos), le había proporcionado al ministro Martínez Gaensly en 1979. Según él, antes de dar con las fosas y antes también de que sus compañeros le indicaran dónde se ubicaban, su jefe de labores, ‘el señor Reyes’, le señaló que cuando llegara al fundo con sus compañeros para recoger la madera y cargarla en los camiones, ‘nos encontraríamos con una sorpresa’. Cifuentes no recordaba su nombre, solo que era el encargado de aprobar la cantidad de madera cargada antes de partir a dejarla a la Papelera en Laja. La sorpresa, entendió el ministro Carlos Aldana, eran los cuerpos. Por ende, ‘el señor Reyes’, una autoridad de la compañía, tenía que necesariamente conocer el hecho criminal. El 21 de noviembre de 2014 ubicó al ‘señor Reyes’, Guillermo Florencio Reyes Contreras, que declaró ante el prefecto Sergio Claramunt, jefe de la Brigada de Homicidios. Hoy es dueño del aserradero Poco a Poco, ubicado a doce kilómetros de Los Ángeles, uno de los más grandes de la región, y, además, es vicepresidente del Departamento de Aserraderos y Remanufacturas de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) de Bío Bío. Para octubre de 1973, recién iniciada su carrera, Reyes era empleado de la Forestal Mininco. Su función, según declara, ‘era controlar las faenas y que las maderas obtenidas se despacharan en forma correcta y sin demora. En otras palabras, yo controlaba la salida de madera desde los fundos Los Perales, San Vicente, San Ignacio, San Juan, entre otros’. Según Reyes, ese mes, mientras aprobaba las cargas de camiones que partirían a la planta celulosa Laja, habló con el supervisor de la empresa contratista, encargado de manejar el fundo San Juan, Pedro Toledo, y otro empleado. Ambos le dijeron que habían dado con ‘un par de fosas con cadáveres que estaban a la vista por efecto de la lluvia’ y porque los perros habían escarbado en el lugar. Reyes lo puso en duda, así que partió a cerciorarse. Se encontró con ‘cuerpos enterrados, ya que vi parte del abdomen de un cuerpo, con grasa y vísceras; también reconocí un chaquetón de Castilla, que comúnmente era utilizado por el personal de la fábrica, además de unos zapatos’. Posterior a este hallazgo siguió trabajando. Reyes identificó el lugar como el fundo San Ignacio, separado solo por un camino cortafuegos del vecino San Juan.

“Quince días después, Reyes volvió al fundo con un grupo de camioneros y trabajadores para cargar madera hacia la celulosa de Laja, entre los que se encontraba Cifuentes, el hombre que lo identificó, advirtiéndole en esa ocasión que cuando se internara a buscar la madera para llevar a Laja, ‘se encontraría con una sorpresa’. Muchos funcionarios de La Papelera se habrían enterado de lo recién ocurrido. Interrogado en 2014 por segunda vez, el camionero Cifuentes declaró que ‘se supo al interior de la Papelera por comentarios. Al saberse, llegó gente de la Papelera y particulares del pueblo a ver la situación’. En 2015 amplió su declaración al recordar cómo el hecho se conoció al interior de la empresa. Dijo que, luego de encontrar los cuerpos, impactado, partió de vuelta a la planta de celulosa en su camión: ‘Al llegar a este lugar, tanto yo como los cargadores comenzamos a comentar esta situación a los demás trabajadores y así sucesivamente se fue corriendo la voz, por lo que la misma gente de esta comuna, así como trabajadores de la CMPC, concurrieron al lugar para verificar que lo que estábamos contando era cierto’. Cifuentes agregó que él mismo le comentó del hallazgo al encargado de contabilizar los kilos de madera llegados a la empresa: ‘De igual forma, tienen que haberlo hecho los cargadores y otros choferes que trabajaban en el mismo fundo’”.

El texto de Rebolledo da más detalles: “Según Guillermo Reyes, el aviso que le dio a los camioneros respecto de las fosas con cadáveres –entre ellos a Cifuentes– tuvo un costo para él. Ese mismo día volvió a la planta de celulosa y fue hasta el casino de la población, ubicado dentro del complejo de la empresa. Eran poblaciones destinadas a alojar a los trabajadores e instalaciones para su esparcimiento. Reyes pernoctaba ahí cuando trabajaba en los bosques aledaños, aunque su jefatura estaba en Concepción, donde se ubicaban las oficinas de la Forestal Mininco. Dos carabineros vestidos de civil, a quienes identificó como los funcionarios de la tenencia de Laja Gerson Nilo Saavedra y el suboficial Pedro Rodríguez Ceballos, lo tomaron detenido y lo llevaron al cuartel para interrogarlo. Ahí habría sido amenazado con ser trasladado a la isla Quiriquina, centro de detención para presos políticos instalado por la naciente dictadura. Uno o dos días después del interrogatorio, Reyes contó esta situación a la gerencia general de Mininco: ‘Me comuniqué telefónicamente con mi jefe, de nombre Roberto Izquierdo, dándole a conocer que había sido trasladado a Carabineros, por cuanto yo sabía del hallazgo de unos cuerpos en uno de los campos que controlaba’. En su declaración, Reyes dijo no recordar bien qué le dijo a Roberto Izquierdo. De lo que estaba seguro era ‘que este me dijo que me quedara tranquilo y callado’”.

Pese a que en ese momento Reyes no dio más datos respecto a quién sería Roberto Izquierdo, hace pocas semanas la investigación determinó que a quien se refería era a Roberto Izquierdo Menéndez, parte del clan familiar también conocido como Grupo Izquierdo Menéndez, compuesto fundamentalmente por él y sus diez hermanos. Uno de ellos es Diego Izquierdo Menéndez, uno de los autores del crimen del general René Schneider, quien no estuvo jamás en la cárcel por este hecho y fue favorecido por la Ley de Amnistía a fines de los 70.

Tal como destaca el nuevo libro de Rebolledo, Roberto Izquierdo Menéndez es también controlador de Alimentos Marinos S.A. (Alimar), matriz de sus inversiones pesqueras y una de las empresas importantes dentro del rubro.  Es por esto que ha figurado recientemente por su participación en la polémica Ley de Pesca, aprobada en diciembre de 2012. “Izquierdo Menéndez pertenece a uno de los clanes familiares empresariales beneficiados por el cuerpo legal que les otorgó entre el 85 y el 100% de las cuotas de la gran industria y el goce monopólico de la renta pesquera, estimada en 740 millones de dólares anuales. La denominada Ley Longueira de privatización pesquera ha sido calificada como la mayor expropiación de bienes nacionales y recursos naturales”, recordó Rebolledo.

Los lazos entre Carabineros y La Papelera

La relación entre la CMPC y los carabineros de la zona ha quedado suficientemente documentada en el proceso investigativo. Tanto, que testimonios indican que para el traslado de los rehenes se utilizaron automóviles de la empresa y que el principal responsable de los crímenes, quien comandaba la patrulla y responsable de trasladar a los rehenes y ejecutarlos –el teniente (r) Alberto Juan Fernández Michell– incluso vivió en una de las casas del predio de la CMPC.

El periodista Javier Rebolledo también destaca que, previo al Golpe, La Papelera tuvo dentro de sus instalaciones a una patrulla militar de inteligencia perteneciente al Regimiento de Los Ángeles y que ellos –probablemente– “ayudaron a hacer las listas de detenidos”. El mismo martes del golpe, esta patrulla volvió a Los Ángeles y, acto seguido, el comandante del regimiento e intendente, Alfredo Rehren Pulido, viajó a Laja donde le dijo a Carabineros que detuvieran a personas. Dentro de estas, están los 19 detenidos de Laja y San Rosendo, y también otras que fueron torturadas.

Años después, Rehren Pulido, el jefe del regimiento e intendente zonal, y hombre que elaboró las listas, pasó a trabajar como empleado de la Papelera en Puente Alto. “Ese fue su premio”, señala Rebolledo.

El periodista también relata que este mismo regimiento y Rehren Pulido están involucrados en las matanzas de toda la zona, pues desde el Regimiento de Los Ángeles se digitó la masacre que cayó sobre el sector.

Son todos estos detalles los que llevan a pistas que involucran a los asesinos con los encubrimientos de la CMPC.

Pese a los llamados de El Mostrador a Alimentos Marinos (Alimar), donde se encuentra la oficina de Izquierdo, este no respondió.

El miércoles, ante las cámaras del programa 'En La Mira' de Chilevisión, el magistrado Aldana señaló, sin embargo, que las pesquisas llevaban a caminar por buena ruta: “Todos son antecedentes que, unidos a otros, pueden tener fuerza para muchas cosas que se puedan adoptar en el proceso”.

La Papelera entregó una "lista negra" a carabinerospor 

En una entrevista al programa 'En la Mira' de CHV, Samuel Vidal, ex uniformado mencionado en el proceso, rompió el pacto de silencio, confirmando una verdad que se sabía desde entonces: la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.

Se conoce como "Masacre de Laja". Ocurrió a una semana del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Entonces un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve personas pertenecientes a las localidades de Laja y San Rosendo.

El hecho, que se mantuvo bajo un manto de silencio por más de cuatro décadas, actualmente tiene a más de 10 procesados y revela la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.

Anoche, en el programa 'En la Mira' de Chilevisión, Samuel Vidal, ex Carabinero mencionado en el proceso, rompió el pacto de silencio.

"Yo, por primera vez voy a dar una entrevista, voy a contar mi verdad. Para el año 1973, yo prestaba servicio para la Tenencia Laja, tenía como 22 años (…). A veces hacíamos guardia o salíamos de acompañante de un superior. Para el golpe de Estado me fueron a buscar a mi domicilio", señaló el ex uniformado.

"Nos hicieron hacer un juramento de que no podíamos decirle a nadie esto. Había dos civiles y éramos 13 Carabineros. Nos dijeron que el que rompía el pacto de silencio iba a tener problemas la familia o uno", agregó.

"Sentí pena, amargura y pensé por qué yo estaba metido en esto. Yo entré por vocación a Carabineros y no para ser asesino. A los familiares les pido perdón. Acataré lo que la justicia diga", dijo Vidal.

Además el reportaje contó con el testimonio de Sebastián Cifuentes, un ex camionero, que en esos días buscaba leña en un bosque cercano al lugar donde fueron asesinados los trabajadores.

"De hecho, uno al ver lo que había afuera, uno sospechaba de que ahí mataron gente, pero lo que ocurrió al día siguiente fue peor, ya que se llenó de funcionarios de la empresa", acotó Cifuentes.

Cronología

El teniente Alberto Fernández Michell ordenó el 11 de septiembre de 1973 el acuartelamiento de los 16 carabineros de la Tenencia de Laja.

Los dos suboficiales a su cargo eran el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos.

Ese mismo día recibió órdenes de sus superiores en Los Ángeles de detener a todas las autoridades del gobierno derrocado, sus subdelegados y al alcalde de la ciudad de Laja.

Por tal motivo, una patrulla de Carabineros procedió a detener a un grupo de trabajadores de la planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), controlada por la familia Matte.

A la salida de la jornada, les ordenaron formarse en fila y se efectuaron las detenciones a partir de una lista negra confeccionada por el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido.

Los detenidos fueron llevados al Regimiento de Los Ángeles.

Posteriormente, fue detenido Manuel Becerra en la estación de ferrocarriles de Laja, donde se despedía de su madre para volver a Curacautín donde asistía a la escuela industrial. Su culpa fue "ser del MIR".

Más tarde fue detenido en la Barraca Burgos el obrero comunista Luis Armando Ulloa de 41 años, casado y con cinco hijos.

En la tarde del 13 de septiembre a la salida de CMPC fueron detenidos por Carabineros Juan de Dios Villarroel (34 años y cuatro hijos); Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, militante del Partido Socialista de Chile (PS); y Federico Riquelme. Fueron llevados detenidos a la tenencia, a donde llegó también Alfonso Macaya, regidor de la comuna, quien se presentó voluntariamente al informarse por radio que se le buscaba.

El 14 de septiembre fueron detenidos a la salida de la CMPC Wilson Muñoz y Fernando Grandón, (34 años, ocho hijos).

El 15 de septiembre fueron detenidas en San Rosendo siete personas.

Posteriormente, fue detenido Luis Alberto Araneda, 43 años, maquinista, dirigente del sindicato Federación Santiago Watt de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, militante del PS y presidente de la Junta de Abastecimientos y Precios.

El mismo piquete llegó hasta la casa de Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles donde el piquete de carabineros lo arrestó.

Luego fueron detenidos también el empleado de la CMPC Dagoberto Garfias (23 años), Mario Jara (21 años), Raúl Urra (23 años) y el director de la Escuela 45 de San Rosendo Óscar Sanhueza (23 años). Los detenidos fueron llevados primero a la plaza de San Rosendo, donde fue detenido Jorge Zorrilla, un obrero de 25 años que se presentó voluntariamente.

El grupo cruzó a pie el puente peatonal del Río Laja y en un microbús puesto a disposición por la CMPC los detenidos fueron llevados a la Tenencia de Laja.

En la noche del 15 de septiembre se presentó voluntariamente en la Tenencia de Laja el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, donde quedó detenido.

El 16 de septiembre llegaron detenidos a la tenencia Juan Carlos Jara, de 17 años, por una riña callejera, y Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja.

En la madrugada del 18 de septiembre un microbús con los 19 detenidos, más otros vehículos con todos los policías de la tenencia a excepción de tres que se quedaron haciendo la guardia, tomaron el camino a Los Ángeles por la ribera sur del Río Laja, cruzaron el Puente Perales y, guiados por el agricultor Peter Wilkens, llegaron a un claro del bosque de pinos a unos 300 metros del camino, dentro del Fundo San Juan, donde con las palas cavaron una fosa de un metro y medio de profundidad. En ese lugar hicieron descender a los detenidos y los llevaron hasta el borde de la fosa. Alterados y tras discusiones se dio la orden de disparar sobre los indefensos. Todos los uniformados dispararon.

Los cuerpos de las víctimas que no cayeron a la fosa fueron arrastrados y todos cubiertos con arena. Colocaron unas ramas sobre la tierra removida y volvieron a Laja en silencio y siguieron bebiendo y juraron una vez más no decir palabra sobre lo sucedido, so pena de compartir la suerte de los detenidos.

El 20 de septiembre se presentó voluntariamente a Carabineros de la ciudad de Los Ángeles el obrero de la CMPC Luis Sáez, dirigente sindical y militante del MAPU, quien habría sido buscado por la autoridad. Fue detenido y su cuerpo apareció seis años después cerca del lugar donde fueron fusilados los diecinueve detenidos.

En octubre de 1973 un agricultor de la zona avisó a Carabineros de Yumbel, una ciudad a 20 kilómetros al norte de Laja, que sus perros habían encontrado restos humanos. El parte oficial del hecho fue enviado al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel, pero la jueza Corina Mera ordenó esconderlo y nunca se investigó. El teniente Fernández exhumó secretamente los cadáveres y ordenó enterrarlos en el cementerio parroquial de Yumbel.

En 2010 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa.

El ministro Carlos Aldana revisó los antecedentes, dejo sin efecto el sobreseimiento y reabrió la causa. De los 17 carabineros de la tenencia, tres murieron, otros tres fueron sobreseídos porque estuvieron de guardia en la tenencia y los otros once están siendo procesados por el delito, entre ellos el oficial que es acusado como autor del homicidio. Todos los procesados están en libertad condicional mientras dura el proceso.

Silencio judicial

Familiares de ejecutados políticos de la región del Bío Bío demandan la renuncia de la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem, por su supuesta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.

El entonces comisario de Yumbel, Héctor Rivera, entregó la información de los crímenes a la magistrada Corina Mera, quien derivó el caso a su secretaria, la abogada Rosa Egnem, ya que comenzó a hacer uso de una licencia médica.

Egnem –como jueza subrogante– guardó el parte por inhumación ilegal en la caja fuerte del juzgado e incluso alteró registros judiciales.

Cuarenta años después, con la causa a cargo del ministro especial por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, y con 10 carabineros procesados por los homicidios, resurge el cuestionamiento al rol de la jueza Egnem, hoy ministra de la Corte Suprema.

Por la omisión que impidió conocer antes la verdad sobre esos crímenes, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Laja-San Rosendo demandó la renuncia de Egnem. Así lo expresó su vicepresidenta, Fresia Ponce, sobrina de una las víctimas, Alfonso Macaya.

“Se supone que ella no tiene por qué estar en ese cargo cuando ella no hizo nada de todo lo que estaba pasando y vio los hechos, que era en ese momento cuando encontraron los cuerpos en Yumbel. Queremos que esa gente dé la cara y diga la verdad y diga realmente qué pasó, por qué no siguieron con todo el proceso”, dijo.

En estos primeros meses de 2015, en Chile, se espera con ansiedad el acto de coraje de un magistrado.

Cuarenta años después del fusilamiento por la espalda y su entierro en una fosa común, clandestina, de 19 simpatizantes de la Unidad Popular, trabajadores, ferroviarios y estudiantes, el juez Carlos Aldana – ministro especial para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción – en una decisión inédita desde el fin de la dictadura de Pinochet, deberá inculpar a un importante grupo de civiles involucrado en la violación de derechos humanos en Chile.

La acusación alcanzará de lleno a la CMPC, uno de los mayores conglomerados de papel y celulosa de América Latina, perteneciente al grupo Matte que, el 18 de septiembre de 1973, le entregó una “lista negra” con los nombres de los fusilados a carabineros.

Tercer mayor patrimonio empresarial y familiar de Chile, estimado en 7 mil 500 millones de dólares, en 2013, el grupo Matte obtuvo la aprobación del banco estatal brasileño, BNDES (Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social) un crédito de US$ 1.200 millones –de un total de US$ 2.100 millones– para cuadruplicar, en Guaíba, la antigua fábrica Borregaard, hoy conocida como CMPC – Celulosa Riograndense.

Con la pretensión de consolidarse como uno de los más grandes proveedores mundiales de celulosa blanqueada, la inversión fue celebrada por el entonces gobernador Tarso Genro, debido a la generación de más de siete mil puestos de trabajo durante las obras de ampliación, y los 2.500 empleos directos prometidos por la unidad, que debe iniciar sus operaciones en el segundo semestre de 2015.

Es muy improbable que el gobernador petista (del Partido de los Trabajadores-PT) y la dirección del BNDES tuviesen conocimiento de la activa participación de la CMPC en el golpe de Estado que derribó al presidente Salvador Allende, ni de las graves acusaciones que la apuntan como protagonista de la “Masacre del Laja”, como el nauseabundo crimen es conocido en Chile, y que ahora desborda hacia Brasil.

“Efectivamente, yo no tenía esa información y creo que puede ser verdadera. Las grandes empresas en Brasil, Chile o Argentina estuvieron involucradas, directa o indirectamente, en los golpes militares que ocurrieron en las décadas de 1960 y 1970 en América Latina”, declaró Tarso Genro a Revista Adusp, quien también fue Ministro de Justicia en el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. “Dicen que hasta una gran empresa periodistica , aqui en Brasil [Nota: referencia al diario Folha de São Paulo], prestaba sus veículos para la Operação Bandeirantes [Nota 2: comando de la represión militar y centros de tortura em São Paulo, años 1970] . No me sorprende, también, se eso fuera verdadero, ya que fueron golpes para proteger a los intereses del capital.”

El terror en Biobío

En mis andanzas por los paisajes de Biobío, bellamente inmortalizados en los años 1840 por el pintor-viajero Mauricio Rugendas, frecuentemente tropiezo con memoriales y epitafios –como el del puente Quilaco, sobre el río Biobío, en Santa Bárbara, o el Memorial de Laja-San Rosendo– cuyas narrativas congelan el tiempo y por momentos encharcan de sangre lo pintoresco.

Una de esas narrativas es la “Masacre del Laja”, o “Caso Laja-Yumbel”, como se conoce el expediente en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Yo prefiero llamarla “Los 19 de Laja”, un título épico, puesto que se trata de 19 hombres íntegros, arrancados de sus lugares de trabajo y del seno de sus familias, golpeados y encerrados en una celda inmunda de una comisaría de carabineros del Chile profundo, desde donde desaparecieron el 18 de septiembre de 1973.

Uno de ellos fue el maquinista Luis Alberto Araneda Reyes, padre de Mauricio Araneda Medina.

Esta es su crónica.

Abogado, 52 años de edad, hace mucho que Mauricio Araneda comparte su calvario con sus hermanos Luis Emilio y Jorge Eduardo, y decenas de familias de las localidades de Laja y San Rosendo, en el Biobío, que desde hace más de 40 años exigen justicia por el brutal asesinato de sus seres queridos.

Una de las más siniestras historias de terror de la larga noche de las dictaduras latinoamericanas, “Los 19 de Laja” protagonizan el primer guión de las operaciones de exterminio de la dictadura de Pinochet –entre las cuales figuran la célebre “Caravana de la Muerte” en el desierto de Atacama, los hornos de Lonquén y el lanzamiento de prisioneros al mar y en cráteres de volcanes– cuyo modus operandi recuerda los comandos de aniquilamiento de la Wehrmacht , la Gestapo y el SD alemanes en la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuna del entonces ya poderoso sector maderero y de producción de celulosa, el 11 de septiembre de 1973 se declaró abierta la temporada de caza a los simpatizantes de la Unidad Popular en Biobío, cuando bandos civiles armados –generalmente hacendados y conspiradores del movimiento fascista “Patria y Libertad”– se unieron a carabineros y al ejército.

Método utilizado en la famosa “Masacre de Ranquil”, en el año 1934, en la cual fueron ametrallados 300 pirquineros, campesinos e indios mapuche, entre septiembre y octubre de 1973, en las comunidades rurales de Laja, Quilaco y Mulchén se repitieron los fusilamientos en masa, cuyos comanditarios y perpetradores disfrutaron de la impunidad durante 40 años y, sólo ahora, seniles o enfermos terminales, supuestamente arrepentidos, comienzan a ser condenados.

Los autos del ministro Aldana

Poseedor del número de teléfono celular de Mauricio Araneda, informado por un colega de Concepción, le llamé y acordamos nuestro primer encuentro en Santa Bárbara, un arrabal pre cordillerano levantado en 1756 como fortaleza contra los malones de los Pehuenches – que hoy no cuenta más de 14 mil almas.

De Concepción por Los Ángeles hasta la pre-cordillera, corren 160 kilómetros de caminos a través de monocultivos de eucaliptos y pinos hasta perderse de vista, salpicados aquí y allí por rarísimas manchas de bosque nativo remanente. Se estima que 45% del territorio de Biobío, con poco más de 30 mil km2, están tomados por el “desierto verde” cuya simétrica monotonía agrede los ojos.

Vistiendo impecables terno y corbata e irradiando la formalidad de los licenciados, aprendida en los bancos de la Facultad de Derecho, nadie sospecharía de la ascendencia proletaria de Araneda, cuyo padre era maquinista y líder sindical.

Confortablemente sentados en la oficina de su notaría, instalada hace apenas dos años, nuestra primera conversación es desordenada, con saltos temporales entre septiembre de 1973 y finales del 2014; yo, curioso por las circunstancias de la prisión de su padre, él, ansioso por saber de los negocios de la empresa CMPC en Brasil.

En 2011 y 2014, el abogado y sus hermanos fueron testigos y declararon en dos reconstituciones de la “Masacre del Laja”, ordenadas por el juez Carlos Aldana. “Pero, hay detallitos”, agrega Araneda, “filigranas que sólo un detective o un abogado, obsesivos, tienen la paciencia de investigar”, mostrándome una pila de carpetas en la estantería situada a sus espaldas.

La pila mide medio metro. Son fotocopias del expediente completo de la causa, abierta en 1979, luego cerrada durante la dictadura Pinochet y reabierta en 2010, gracias a la obstinación de la Asociación de Familiares de Presos Políticos Ejecutados de Laja y San Rosendo – carpetas copiosamente examinados, repletas de anotaciones y subrayados de las declaraciones de policías, familiares y testigos, a los cuales cabría aún hacerles algunas preguntas.

Por eso, después de 30 años de trámites y reveses, en sus horas libres el abogado que también oficia de notario, viaja a los afueras del Biobío con sus propias investigaciones. Su objetivo es reforzar con nuevos testimonios la acusación que el ministro Aldana prepara contra los ex directores de la “Papelera”, como se conoce en la región a la CMPC de los Matte.

Invitado por Araneda, entre fines de 2014 y principios de 2015, tuve el privilegio de participar en algunas expediciones nocturnas, la primera de ellas a Laja, delante de cuyo Memorial a los fusilados nos esperaban sus hermanos Luis Emilio y Jorge Eduardo, venidos especialmente de Concepción para entrevistar a Magallanes Acuña, un viejo socialista y ex trabajador, jubilado, de la CMPC, quién ya entrada la noche y 41 años después del golpe militar, en la sala de su casa moviliza sus recuerdos y por el túnel del tiempo nos conduce de regreso al momento de su captura: así ¡“contra la pared y las manos detrás de la cabeza!”, como le gritó el teniente de carabineros, Alberto Fernández Mitchell.

Y es que Magallanes Acuña confirma lo que varios otros sobrevivientes del terror reiteraron ante los oídos sordos de policías y jueces: que las detenciones fueron realizados dentro y no fuera de la CMPC; prueba de la flagrante complicidad de la empresa con la represión pinochetista.

Durante una de nuestras visitas a Laja, el abogado Araneda me presentó a don Eduardo Cuevas, quien fuera antiguo mecánico de mantenimiento de la CMPC y activista del MIR. Hombre destemido, Cuevas me cuenta su dilacerante bajada a los infiernos de la dictadura Pinochet.

En la segunda reconstitución de la masacre, le mostró al juez Aldana dónde y cómo fue cazado y detenido dentro de las instalaciones de la fábrica. A golpes de culata de fusil, fue conducido al Regimiento de Montaña (actualmente Regimiento de Infantería) de Los Ángeles.

Preso político durante un año, sufrió toda suerte de vejaciones – pateado, tendido en la “percha de papagayo” y sometido a aplicación de corriente eléctrica – que dejaron secuelas en su salud. Liberado en 1974, fue amenazado por la DINA con secuestro, asesinato y desaparición. Salvado por un cura belga, fue colocado en un avión con su esposa, y partió para un exilio de 35 años en Basilea, Suiza. A pesar de su salud gravemente afectada por la violencia de los torturadores, 42 años después, Cuevas no desiste de luchar para que se haga justicia.

Otro operario de la CMPC que escapó de la masacre, entrevistado por Araneda, cuenta una aventura con ribetes cinematográficos, pero de un film de terror: escondido en la fábrica, esperó la caída de la noche, se deslizó hasta la costanera del río Biobío, se agarró de un trozo de madera y nadó hasta a la orilla opuesta. De allí viajó a Talcahuano, en donde se presentó a las autoridades castrenses, que lo liberaron provisionalmente. Temente que lo volviesen a encarcelar, cruzó la cordillera y se exilió en Argentina hasta el fin de la dictadura.

En el desierto verde

De regreso del viaje en el tiempo, leí la edición nº 84 (2011) de la Revista Chilena de Historia Natural (“Patrones de distribución de los geométridos de la Región del Biobío, Chile: Una aproximación para su conservación”), y el ensayo me explica que “la región de Chile central (entre los 29° y los 40° S) ha sido catalogada como uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial, con 3429 especies vegetales y 335 especies de vertebrados (Myers et al. 2000). Sin embargo, estas son las regiones más afectadas por la intervención antrópica, así los bosques de la Cordillera de la Costa en las regiones VI, VII y VIII se encuentran prácticamente extintos y sus terrenos cubiertos por monocultivos de Pinus radiata, Eucalyptus globulus y E. Nitens (…)”.

Entre 1870 y 1900, aqui imperó la ley del talador, con el derribo en gran escala del bosque nativo, en cuyo suelo se expandieron un breve cultivo del trigo, y después del trigo, los campos de pastizales. En 1964, Francesco di Castri, naturalista italiano radicado en Chile, advertía que la erosión amenazaba la mayor parte del territorio nacional, susceptible de transformarse en un enorme desierto.

Cincuenta años después del desastre anunciado, he aquí el escenario catastrófico: en sentido norte-sur las arenas de Atacama avanzan de medio kilómetro al año, debiendo llegar a Santiago hacia el año 2040. Del Valle Central al Biobío, la desertificación antrópica alcanza dos tercios de un total de 290 municipios afectados por la erosión, de moderada a grave.

El sector forestal de cuna pinochetista

En el centro de este cataclismo, prolifera la industria de papel y celulosa, cuyas plantaciones con extensiones obscenas son designadas por agrónomos y geólogos como la causa principal de la sequedad de los suelos y de la erosión.

En 1970, el recién electo presidente Salvador Allende, en “visita de cortesía” a su adversario conservador, Jorge Alessandri, –candidato a la reelección derrotado por Allende con apenas el 1,7% de los votos, y director ejecutivo de la CMPC– le advirtió que expropiaría la “Papelera”, cuyo peso estratégico consideraba de interés nacional.

La CMPC monopolizaba el mercado del papel y era proveedora exclusiva de papel para la prensa, fabricado por su filial Inforsa, en Nacimiento, ventaja que beneficiaba principalmente a “El Mercurio” en su feroz campaña mediática contra el gobierno de Allende, financiada por la CIA (lea también: Especial: El Mercurio no banco dos réus).

La estatización no se concretizó, pero su encuadramiento hirió de muerte a la CMPC que, durante un año entero, tuvo sus oficinas investigadas por auditores del Servicio de Impuestos internos (SII), que escarbaron sus cuentas y aplicaron pesadas multas.

El 11 de septiembre de 1973, la CMPC fue salvada por la campana.

Un año más tarde, la dictadura de Pinochet impuso el Decreto-ley 701, de fomento de actividades de “reforestación”, que subsidia de 75% al 100% los costos de las plantaciones (diseminadas en 2,1 millones de hectáreas cultivadas en Chile), con mano de obra temporera y barata, manejo y administración, además de eliminar cualquier tributación.

Dos empresas, la CMPC-Mininco del grupo Matte (dueño de 1.136.574 hectáreas), y la empresa Arauco del grupo Angelini, controlan el mercado. En el 2013, el sector vendió 5 mil 700 millones de dólares (7,5% de las exportaciones chilenas) al mercado mundial de madera, papel y celulosa. Su principal problema es la falta de suelos para mantener el ritmo de su expansión, razón por la cual desean una prórroga por veinte años más del Decreto-ley 701, avanzando simultáneamente sobre tierras ajenas, como lo ilustran las 100 mil hectáreas compradas por la CMPC en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

El maquinista Araneda Reyes y la lista negra de la CMPC

Un año antes de conocer a Araneda, Juan Macaya, funcionario de la secretaría de Agricultura, me invitó a un paseo a los cerros de Yumbel, donde cría abejas en una de las pocas chacras que sobrevivieron al cerco de las “forestales”.

A medio camino, cogimos por las localidades de Laja y San Rosendo, separadas por un bellísimo puente ferroviario. Como los Araneda, Macaya fue criado en San Rosendo, villorrio al cual adhieren la herrumbre y el polvo, pero también el glamur, puesto que fue popularizado en la década de 1960 por la comedia musical “La Pérgola de las Flores” de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, cuyo personaje título, Carmela, abandona San Rosendo para ganarse la vida como florista en la lejana Santiago.

Lo que Carmela hizo a bordo de uno de los 15 trenes que partían diariamente de San Rosendo, gran nudo de comunicaciones de los otrora gloriosos Ferrocarriles del Estado, privatizados por Pinochet y luego descuartizados por los concesionarios particulares.

Amante de los ferrocarriles desde mi más tierna infancia, contemplé las ruinas de la vieja estación, bosquejando ya un guión sobre la muerte de los trenes, pero incapaz de imaginar que mi mirada nostálgica sería luego ensombrecida por una trama de terror.

Al regresar del paseo, extrañamente, el nombre Yumbel insistía en martillar mis recuerdos. Entonces caí en la cuenta: claro, era la revista “Nos”, en la que me topé por la primera vez con la historia de Araneda. Y re-hojeándola, me sentí paralisado.

En la mañana del 15 de septiembre de 1973, cuatro días después del golpe militar, el maquinista Luis Araneda Reyes, de 43 años de edad, salió de casa, caminando hasta la estación de San Rosendo. Al llegar, examinó la planilla de las escalas de servicio, pero su nombre no constaba en la lista. Se rascó la cabeza y regresó a su casa. No había remedio sino esperar un nuevo turno.

Dirigente sindical de la Federación Santiago Watts de los Ferrocarriles del Estado, Araneda Reyes era afiliado al Partido Socialista del presidente Allende. El día del golpe obedeció la orden de presentarse en la comisaría de carabineros de San Rosendo, después de ser liberado. A pesar de haber sido anunciado tantas veces, el golpe lo sorprendió. No había ningún plan de resistencia y la desesperación aconsejaba la prudencia.

Como quiera que sea, el día 15 de septiembre, a eso de las 16:00 hrs., un pelotón de 13 carabineros cercó su casa, en la Quinta Ferroviaria. Con armas apuntando a la puerta, el teniente Alberto Fernández Mitchell ordenó que Araneda Reyes saliese con las manos encima de la cabeza. El maquinista obedeció tranquilamente y recibió orden de prisión. Con las manos ya atadas en la espalda, le pidió a su esposa y a sus hijos, en llanto, que retirasen el poco dinero y el reloj que guardaba en el bolsillo de sus pantalones.

Mauricio Araneda Medina tenía 10 años cuando, niño indignado, salió caminando detrás de la patrulla que conducía a su padre a la comisaría de Laja. Dice que en su mente infantil alimentó la idea de rescatar a su padre para volver abrazado con él a su casa, en San Rosendo.

El maquinista fue el último de los 19 simpatizantes de la Unidad Popular en ser apresado aquel sábado y enjaulado en una celda inmunda de la comisaría de Laja. Pero, si en San Rosendo había una comisaría, ¿por qué Araneda Reyes fue apresado por los carabineros de Laja, del otro lado del río?

“Su nombre estaba en la lista de la CMPC”, responde, seco, Mauricio Araneda.

De la información que circuló durante 35 años en la región, insistentemente repetida por los familiares de los presos, con su primera reconstitución de la escena del crimen y el fichaje de los policías aún vivos, en agosto de 2011, el ministro Aldana obtuvo la confirmación: los nombres de “Los 19 de Laja” componían una “lista negra de activistas”, preparada y entregada a la policía por Carlos Ferrer y Humberto Garrido, respectivamente superintendente y jefe de la división de personal de la “Papelera” en Laja.

Es más: sólo la mitad de los nombres de la lista eran operarios de la empresa: la orden era perseguir a los dirigentes allendistas en los dos municipios.

La masacre

En la primera reconstitución con trazos macabros, diez carabineros involucrados confesaron que en la madrugada del día 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, los presos fueron colocados en un micro-ómnibus que debía llevarlos al cuartel de Regimiento de Montaña de Los Ángeles, seguido de jeeps llenos de policías.

Sin embargo, a la salida de Laja, la caravana se detuvo en un fundo vecino al fundo San Juan, donde fue recibida por el agricultor Peter Wilkens –de ascendencia alemana y anticomunista feroz– que sirvió de guía hasta un claro de una plantación de pinos. Allí, los presos fueron bajados del ómnibus y colocados de rodillas en el borde de una fosa de un metro y medio de profundidad.

Entre los carabineros, que habían bebido pisco, se desató una violenta discusión, que el teniente Fernández Mitchell interrumpió a los gritos con la orden de apuntar y abrir “¡fuego!”

Todos los carabineros dispararon.

Acto seguido, cubrieron con tierra los cuerpos ensangrentados y apilados, disfrazaron la fosa con palos y ramajes, regresaron a Laja y pasaron el resto de la noche bebiendo.

Los carabineros de Laja no poseían un vehículo propio, ni dinero para comprar alcohol. El aguardiente, el micro-ómnibus, su chofer y los jeeps, todo fue gentilmente ofrecido por la “Papelera” CMPC.

Cuarenta e un años después, en su segunda reconstitución del crimen, en las instalaciones de la CMPC, el ministro Aldana se convenció de que los ejecutivos de la “Papelera” alentaron y proporcionaron los medios para la realización del designio criminal de los carabineros.

“¡Aún más!”, advierte Mauricio Araneda: “Aquellos directores de la fábrica sabían el desenlace de las detenciones, entre otros, porque la matanza y el entierro de las víctimas fueron realizados en un fundo con plantaciones explotadas por la empresa”.

En octubre de 1973, los perros de un peón de un fundo vecino, que pasaba por el claro, hicieron un sorprendente hallazgo. Ahuyentándoles de lo que mordisqueaban, constató, horrorizado, que se trataba de un brazo que salía fuera de una fosa improvisada. No lo pensó dos veces y previno a la policía de Yumbel.

En la madrugada de ese día, los carabineros asesinos trasladaron los cadáveres en descomposición de los masacrados a una fosa clandestina del cementerio de Yumbel, donde sólo fueron descubiertos en el año 1979.

Así quedaba aclarado el desaparecimiento de los 19 de Laja, que nunca llegaron al Regimiento de de Los Ángeles, y que sólo entonces fueron identificados y sepultados por sus familiares.

Y entonces me cayó la teja una segunda vez: era el recuerdo del cementerio de Yumbel.

Enero de 2015

Mauricio Araneda regresa abatido de una inesperada entrevista con un antiguo peón del fundo San Juan, que decidió hablar por primera vez después de 41 años de terror y silencio: “Me dijo que, días después de la masacre, encontró palos y varas ensangrentadas, desparramados en los boscajes.”

Eso quería decir que, a pesar de haber sido ametrallados por la espalda, no todos los 19 de Laja estaban muertos. Heridos de bala, fue necesario apalearlos hasta la muerte.

Por breves momentos nuestros ojos se cruzan, pero Araneda desvía su mirada. Por primera vez en, en meses, percibo una señal en sus parpados, como un anuncio de lágrimas, rápidamente reprimidas.

En una entrevista al programa ‘En la Mira’ de CHV, Samuel Vidal, ex uniformado mencionado en el proceso, rompió el pacto de silencio y confirmó lo que era un secreto a voces: la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de los delitos de lesa humanidad en dictadura; en este caso, la colaboración de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, de la familia Matte, que hasta la fecha había capeado las acusaciones bajo un manto de denso silencio, en la denominada «masacre de Laja», en que fueron ejecutados 19 campesinos, trabajadores y dirigentes sindicales, simpatizantes de, o pertenecientes a, partidos de la Unidad Popular.

Se conoce como «Masacre de Laja». Ocurrió a una semana del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Entonces un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve personas pertenecientes a las localidades de Laja y San Rosendo.

El hecho que se mantuvo bajo un manto de silencio por más de cuatro décadas actualmente tiene a más de 10 procesados y revela la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.

Anoche, en el programa ‘En la Mira’ de Chilevisión, Samuel Vidal, ex Carabinero mencionado en el proceso, rompió el pacto de silencio.

«Yo, por primera vez voy a dar una entrevista, voy a contar mi verdad. Para el año 1973, yo prestaba servicio para la Tenencia Laja, tenía como 22 años (…) A veces hacíamos guardia o salíamos de acompañante de un superior. Para el golpe de Estado me fueron a buscar a mi domicilio», señaló el ex uniformado.

«Nos hicieron hacer un juramento de que no podíamos decirle a nadie esto. Habían dos civiles y éramos 13 Carabineros. Nos dijeron que el que rompía el pacto de silencio iba a tener problemas la familia o uno», agregó.

«Sentí pena, amargura y pensé por qué yo estaba metido en esto. Yo entré por vocación a Carabineros y no para ser asesino. A los familiares les pido perdón. Acataré lo que la justicia diga», dijo Vidal.

Además el reportaje contó con el testimonio de Sebastián Cifuentes, un ex camionero, que en esos días buscaba leña en un bosque cercano al lugar donde fueron asesinados los trabajadores.

«De hecho, uno al ver lo que había afuera, uno sospechaba de que ahí mataron gente, pero lo que ocurrió al día siguiente fue peor, ya que se llenó de funcionarios de la empresa», acotó Cifuentes.

Cronología

El teniente Alberto Fernández Michell ordenó el 11 de septiembre de 1973 el acuartelamiento de los 16 carabineros de la tenencia de Laja.

Los dos suboficiales a su cargo eran el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos.

Ese mismo día recibió ordenes de sus superiores en Los Ángeles de detener a todas las autoridades del gobierno derrocado, sus subdelegados y al alcalde de la ciudad de Laja.

Por tal motivo, una patrulla de Carabineros procedió a detener a un grupo de trabajadores de la planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), controlado por la familia Matte.

A la salida de la jornada, les ordenaron formarse en fila y se detuvo a partir de una lista negra confeccionada por el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido.

Los detenidos fueron llevados al Regimiento de Los Ángeles.

Posteriormente, fue detenido Manuel Becerra en la estación de ferrocarriles de Laja, donde se despedía de su madre para volver a Curacautín donde asistía a la escuela industrial. Su culpa fue «ser del MIR».

Más tarde fue detenido en la Barraca Burgos el obrero comunista Luis Armando Ulloa de 41 años, casado y con cinco hijos.

En la tarde del 13 de septiembre a la salida de CMPC fueron detenidos por carabineros Juan de Dios Villarroel (34 años y cuatro hijos), Jack Gutiérrez, militante del MAPU, Heraldo Muñoz, militante del Partido Socialista de Chile (PS) y Federico Riquelme. Fueron llevados detenidos a la tenencia, adonde llegó también Alfonso Macaya, regidor de la comuna, quien se presentó voluntariamente al informarse por radio que se le buscaba.

El 14 de septiembre fueron detenidos a la salida de la CMPC Wilson Muñoz y Fernando Grandón, (34 años, ocho hijos).

El 15 de septiembre fueron detenidas en San Rosendo siete personas.

Posteriormente, fue detenido Luis Alberto Araneda, 43 años, maquinista, dirigente del sindicato Federación Santiago Watt de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, militante del PS y presidente de la Junta de Abastecimientos y Precios.

El mismo piquete llegó hasta la casa de Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles donde el piquete de carabineros lo arrestó.

Luego fueron detenidos también el empleado de la CMPC Dagoberto Garfias (23 años), Mario Jara (21 años), Raúl Urra (23 años) y el director de la Escuela 45 de San Rosendo Óscar Sanhueza de 23 años. Los detenidos fueron llevados primero a la plaza de San Rosendo, donde fue detenido Jorge Zorrilla, un obrero de 25 años que se presentó voluntariamente.

El grupo cruzó a pie el puente peatonal del Río Laja y en un microbús puesto a disposición por la CMPC los detenidos fueron llevados a la tenencia de La Laja.

En la noche del 15 de septiembre se presentó voluntariamente en la tenencia de La Laja el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, donde quedó detenido.

El 16 de septiembre llegaron detenidos a la tenencia Juan Carlos Jara, de 17 años, por una riña callejera, y Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja.

En la madrugada del 18 de septiembre un microbús con los 19 detenidos más otros vehículos con todos los policías de la tenencia a excepción de tres que se quedaron haciendo la guardia, tomaron el camino a Los Ángeles por la ribera sur del Río Laja, cruzaron el Puente Perales y, guiados por el agricultor Peter Wilkens, llegaron a un claro del bosque de pinos a unos 300 metros del camino, dentro del Fundo San Juan, donde con las palas cavaron una fosa de un metro y medio de profundidad.

En ese lugar hicieron descender a los detenidos y los llevaron hasta el borde de la fosa. Alterados y tras discusiones se dio la orden de disparar sobre los indefensos. Todos los uniformados dispararon.

Los cuerpos de las víctimas que no cayeron a la fosa fueron arrastrados y todos cubiertos con arena. Colocaron unas ramas sobre la tierra removida y volvieron a Laja en silencio y siguieron bebiendo y juraron una vez más no decir palabra sobre lo sucedido so pena de compartir la suerte de los detenidos.

El 20 de septiembre se presentó voluntariamente a carabineros de la ciudad de Los Ángeles el obrero de la CMPC Luis Sáez, dirigente sindical y militante del MAPU, quien habría sido buscado por la autoridad. Fue detenido y su cuerpo apareció seis años después cerca del lugar donde fueron fusilados los diecinueve detenidos.

En octubre de 1973 un agricultor de la zona avisó a carabineros de Yumbel, una ciudad a 20 kilómetros al norte de Laja, que sus perros habían encontrado restos humanos. El parte oficial del hecho fue enviado al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel, pero la jueza Corina Mera ordenó esconderlo y nunca se investigó. El teniente Fernández exhumó secretamente los cadáveres y ordenó enterrarlos en el cementerio parroquial de Yumbel.

En 2010 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa.

El ministro Carlos Aldana revisó los antecedentes, dejo sin efecto el sobreseimiento y reabrió la causa. De los 17 carabineros de la tenencia, tres murieron, otros tres fueron sobreseídos porque estuvieron de guardia en la tenencia y los otros once están siendo procesados por el delito, entre ellos el oficial que es acusado como autor del homicidio. Todos los procesados están en libertad condicional mientras dura el proceso.

Silencio judicial

Familiares de ejecutados políticos de la región del Bío Bío demandan la renuncia de la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem, por su supuesta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.

El entonces comisario de Yumbel, Héctor Rivera entregó la información de los crímenes a la magistrada Corina Mera, quien derivó el caso a su secretaria, la abogada Rosa Egnem, ya que comenzó a hacer uso de una licencia médica.

Egnem -como jueza subrogante- guardó el parte por inhumación ilegal- en la caja fuerte del juzgado e incluso alteró registros judiciales.

Cuarenta años después, con la causa a cargo del ministro especial por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, y con 10 carabineros procesados por los homicidios resurge el cuestionamiento al rol de la jueza Egnem, hoy ministra de la Corte Suprema.

Por la omisión que impidió conocer antes la verdad sobre esos crímenes, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Laja-San Rosendo demandó la renuncia de Egnem. Así lo expresó su vicepresidenta, Fresia Ponce, sobrina de una las víctimas, Alfonso Macaya.

“Se supone que ella no tiene por qué estar en ese cargo cuando ella no hizo nada de todo lo que estaba pasando y vio los hechos que era en ese momento cuando encontraron los cuerpos en Yumbel. Queremos que esa gente dé la cara y diga la verdad y diga realmente qué pasó, por qué no siguieron con todo el proceso”, dijo.

Muertes e inhumación de cadáveres ocurrieron en predio de la Papelera, buque insignia del Grupo Matte

En el marco de la investigación que lleva adelante el magistrado Carlos Aldana, es que en los próximos días se citará a declarar a Roberto Izquierdo Menéndez. El empresario, que entonces tenía un importante cargo dentro de la CMPC en la zona –según han dicho algunos testigos en la investigación–, le habría dicho a un trabajador que conoció del hallazgo de los cuerpos “que se quedara tranquilo y callado”.

En septiembre de 1973, 19 trabajadores de La Papelera y ferrocarriles de Laja, habitantes de ese pueblo y de San Rosendo, fueron detenidos y llevados a la Tenencia de Laja.

Como pasó con cientos de chilenos, su rastro se perdió y sus familiares no supieron hasta seis años después dónde estaban: enterrados en el cementerio de Yumbel. El hallazgo abrió una investigación que llevó al ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, a establecer que habían sido carabineros de la zona quienes los asesinaron. Sin embargo, el juez Martínez no llegó hasta el final: por tratarse de uniformados, en marzo de 1980 se declaró incompetente y le pasó la investigación a la justicia militar, que sobreseyó la causa tres meses después.

Transcurrieron 27 años antes de que un magistrado volviera a ver la causa. El año 2010, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del Interior, pidieron la reapertura de la causa a la Corte de Apelaciones de Concepción. Esta vez fue el ministro Carlos Aldana quien tomó la información en sus manos y dejó sin efecto el sobreseimiento.

Desde el año 2011 que el juez no solo ha tomado declaraciones a los principales involucrados, sino a la red –que incluye a los trabajadores de la CMPC– que permitió que estos crímenes quedaran impunes durante tantos años. De hecho, antes de ser encontrados en el cementerio de Yumbel, se estableció que las 19 personas fueron ejecutadas y enterradas en el Fundo San Juan, de propiedad de la Forestal Mininco, de la  Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) que ahora es dueña del terreno. 

Sin embargo, las declaraciones de testigos e involucrados en la masacre de Laja dan pistas que escalan en el nivel de responsabilidad que tuvo la CMPC –de propiedad del grupo Matte– en el encubrimiento de las muertes.

 “… Uno o dos días después del interrogatorio, Reyes contó esta situación a la gerencia general de Mininco: ‘Me comuniqué telefónicamente con mi jefe, de nombre Roberto Izquierdo, dándole a conocer que había sido trasladado a Carabineros, por cuanto yo sabía del hallazgo de unos cuerpos en uno de los campos que controlaba’. En su declaración, Reyes dijo no recordar bien qué le dijo a Roberto Izquierdo. De lo que estaba seguro era ‘que este me dijo que me quedara tranquilo y callado’”.

En ese contexto es que en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Aldana, será citado a declarar  Roberto Izquierdo Menéndez, uno de los empresarios más importantes del sector forestal, miembro del directorio de Yadrán S.A., director de Almendral S.A. (Controladores de Entel) –donde los Matte tienen 32,07%–. Presidió la Sociedad Nacional de Pesca A.G. Es director de Alimentos Marinos S.A, Petroquim S.A, Forestal y Papelera Concepción y vicepresidente de Diario Financiero. Entre otros cargos, se desempeña como Consejero de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Corporación de la Madera.

En los años en que ocurrieron los hechos, Izquierdo tenía un cargo gerencial en la Forestal Mininco, de los Matte. Es una hebra que lleva directamente a la CPMC, ya que su nombre ha sido mencionado en testimonios recientes que intentan develar la masacre de Laja.

A la sombra de los cuervos

El periodista Javier Rebolledo investigó durante varios meses la responsabilidad que le cabría a la CMPC en los crímenes de la Octava Región. En el libro A la sombra de los cuervos –que se presenta este sábado– recoge las últimas declaraciones que intentan explicar las responsabilidades en la masacre. “¿Quién elaboró en la Papelera la lista exacta para determinar a quién detener?”, se pregunta Rebolledo en el libro (Ceibo Ediciones) y continúa: “… Previo al golpe, un patrulla militar comandada por un oficial de inteligencia del Regimiento de Los Ángeles alojó por cerca de un mes en terrenos de la Papelera. El 11 de septiembre, la patrulla partió de vuelta donde sus jefes. Acto seguido, el comandante del regimiento viajó a Laja para ordenarles a los carabineros que detuvieran a ciertos dirigentes ‘conflictivos’ de la CMPC. Los carabineros ‘obedecieron’”.*

Este también recoge las últimas declaraciones ante el juez Aldana, donde se menciona a Izquierdo Menéndez, quien –según información confirmada por El Mostrador– sería citado a declarar la próxima semana:

“A fines de 2014, con la reapertura de la causa, la Policía de Investigaciones siguió la hebra a un antecedente que el camionero Cifuentes (José Sebastián Cifuentes, uno de los primeros en encontrar los restos), le había proporcionado al ministro Martínez Gaensly en 1979. Según él, antes de dar con las fosas y antes también de que sus compañeros le indicaran dónde se ubicaban, su jefe de labores, ‘el señor Reyes’, le señaló que cuando llegara al fundo con sus compañeros para recoger la madera y cargarla en los camiones, ‘nos encontraríamos con una sorpresa’. Cifuentes no recordaba su nombre, solo que era el encargado de aprobar la cantidad de madera cargada antes de partir a dejarla a la Papelera en Laja. La sorpresa, entendió el ministro Carlos Aldana, eran los cuerpos. Por ende, ‘el señor Reyes’, una autoridad de la compañía, tenía que necesariamente conocer el hecho criminal. El 21 de noviembre de 2014 ubicó al ‘señor Reyes’, Guillermo Florencio Reyes Contreras, que declaró ante el prefecto Sergio Claramunt, jefe de la Brigada de Homicidios. Hoy es dueño del aserradero Poco a Poco, ubicado a doce kilómetros de Los Ángeles, uno de los más grandes de la región, y, además, es vicepresidente del Departamento de Aserraderos y Remanufacturas de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) de Bío Bío. Para octubre de 1973, recién iniciada su carrera, Reyes era empleado de la Forestal Mininco. Su función, según declara, ‘era controlar las faenas y que las maderas obtenidas se despacharan en forma correcta y sin demora. En otras palabras, yo controlaba la salida de madera desde los fundos Los Perales, San Vicente, San Ignacio, San Juan, entre otros’. Según Reyes, ese mes, mientras aprobaba las cargas de camiones que partirían a la planta celulosa Laja, habló con el supervisor de la empresa contratista, encargado de manejar el fundo San Juan, Pedro Toledo, y otro empleado. Ambos le dijeron que habían dado con ‘un par de fosas con cadáveres que estaban a la vista por efecto de la lluvia’ y porque los perros habían escarbado en el lugar. Reyes lo puso en duda, así que partió a cerciorarse. Se encontró con ‘cuerpos enterrados, ya que vi parte del abdomen de un cuerpo, con grasa y vísceras; también reconocí un chaquetón de Castilla, que comúnmente era utilizado por el personal de la fábrica, además de unos zapatos’. Posterior a este hallazgo siguió trabajando. Reyes identificó el lugar como el fundo San Ignacio, separado solo por un camino cortafuegos del vecino San Juan.

“Quince días después, Reyes volvió al fundo con un grupo de camioneros y trabajadores para cargar madera hacia la celulosa de Laja, entre los que se encontraba Cifuentes, el hombre que lo identificó, advirtiéndole en esa ocasión que cuando se internara a buscar la madera para llevar a Laja, ‘se encontraría con una sorpresa’. Muchos funcionarios de La Papelera se habrían enterado de lo recién ocurrido. Interrogado en 2014 por segunda vez, el camionero Cifuentes declaró que ‘se supo al interior de la Papelera por comentarios. Al saberse, llegó gente de la Papelera y particulares del pueblo a ver la situación’. En 2015 amplió su declaración al recordar cómo el hecho se conoció al interior de la empresa. Dijo que, luego de encontrar los cuerpos, impactado, partió de vuelta a la planta de celulosa en su camión: ‘Al llegar a este lugar, tanto yo como los cargadores comenzamos a comentar esta situación a los demás trabajadores y así sucesivamente se fue corriendo la voz, por lo que la misma gente de esta comuna, así como trabajadores de la CMPC, concurrieron al lugar para verificar que lo que estábamos contando era cierto’. Cifuentes agregó que él mismo le comentó del hallazgo al encargado de contabilizar los kilos de madera llegados a la empresa: ‘De igual forma, tienen que haberlo hecho los cargadores y otros choferes que trabajaban en el mismo fundo’”.

El texto de Rebolledo da más detalles: “Según Guillermo Reyes, el aviso que le dio a los camioneros respecto de las fosas con cadáveres –entre ellos a Cifuentes– tuvo un costo para él. Ese mismo día volvió a la planta de celulosa y fue hasta el casino de la población, ubicado dentro del complejo de la empresa. Eran poblaciones destinadas a alojar a los trabajadores e instalaciones para su esparcimiento. Reyes pernoctaba ahí cuando trabajaba en los bosques aledaños, aunque su jefatura estaba en Concepción, donde se ubicaban las oficinas de la Forestal Mininco. Dos carabineros vestidos de civil, a quienes identificó como los funcionarios de la tenencia de Laja Gerson Nilo Saavedra y el suboficial Pedro Rodríguez Ceballos, lo tomaron detenido y lo llevaron al cuartel para interrogarlo. Ahí habría sido amenazado con ser trasladado a la isla Quiriquina, centro de detención para presos políticos instalado por la naciente dictadura. Uno o dos días después del interrogatorio, Reyes contó esta situación a la gerencia general de Mininco: ‘Me comuniqué telefónicamente con mi jefe, de nombre Roberto Izquierdo, dándole a conocer que había sido trasladado a Carabineros, por cuanto yo sabía del hallazgo de unos cuerpos en uno de los campos que controlaba’. En su declaración, Reyes dijo no recordar bien qué le dijo a Roberto Izquierdo. De lo que estaba seguro era ‘que este me dijo que me quedara tranquilo y callado’”.

Pese a que en ese momento Reyes no dio más datos respecto a quién sería Roberto Izquierdo, hace pocas semanas la investigación determinó que a quien se refería era a Roberto Izquierdo Menéndez, parte del clan familiar también conocido como Grupo Izquierdo Menéndez, compuesto fundamentalmente por él y sus diez hermanos. Uno de ellos es Diego Izquierdo Menéndez, uno de los autores del crimen del general René Schneider, quien no estuvo jamás en la cárcel por este hecho y fue favorecido por la Ley de Amnistía a fines de los 70.

Tal como destaca el nuevo libro de Rebolledo, Roberto Izquierdo Menéndez es también controlador de Alimentos Marinos S.A. (Alimar), matriz de sus inversiones pesqueras y una de las empresas importantes dentro del rubro.  Es por esto que ha figurado recientemente por su participación en la polémica Ley de Pesca, aprobada en diciembre de 2012. “Izquierdo Menéndez pertenece a uno de los clanes familiares empresariales beneficiados por el cuerpo legal que les otorgó entre el 85 y el 100% de las cuotas de la gran industria y el goce monopólico de la renta pesquera, estimada en 740 millones de dólares anuales. La denominada Ley Longueira de privatización pesquera ha sido calificada como la mayor expropiación de bienes nacionales y recursos naturales”, recordó Rebolledo.

Los lazos entre Carabineros y La Papelera

La relación entre la CMPC y los carabineros de la zona ha quedado suficientemente documentada en el proceso investigativo. Tanto, que testimonios indican que para el traslado de los rehenes se utilizaron automóviles de la empresa y que el principal responsable de los crímenes, quien comandaba la patrulla y responsable de trasladar a los rehenes y ejecutarlos –el teniente (r) Alberto Juan Fernández Michell– incluso vivió en una de las casas del predio de la CMPC.

El periodista Javier Rebolledo también destaca que, previo al Golpe, La Papelera tuvo dentro de sus instalaciones a una patrulla militar de inteligencia perteneciente al Regimiento de Los Ángeles y que ellos –probablemente– “ayudaron a hacer las listas de detenidos”. El mismo martes del golpe, esta patrulla volvió a Los Ángeles y, acto seguido, el comandante del regimiento e intendente, Alfredo Rehren Pulido, viajó a Laja donde le dijo a Carabineros que detuvieran a personas. Dentro de estas, están los 19 detenidos de Laja y San Rosendo, y también otras que fueron torturadas.

Años después, Rehren Pulido, el jefe del regimiento e intendente zonal, y hombre que elaboró las listas, pasó a trabajar como empleado de la Papelera en Puente Alto. “Ese fue su premio”, señala Rebolledo.

El periodista también relata que este mismo regimiento y Rehren Pulido están involucrados en las matanzas de toda la zona, pues desde el Regimiento de Los Ángeles se digitó la masacre que cayó sobre el sector.

Son todos estos detalles los que llevan a pistas que involucran a los asesinos con los encubrimientos de la CMPC.

Pese a los llamados de El Mostrador a Alimentos Marinos (Alimar), donde se encuentra la oficina de Izquierdo, este no respondió.

El miércoles, ante las cámaras del programa 'En La Mira' de Chilevisión, el magistrado Aldana señaló, sin embargo, que las pesquisas llevaban a caminar por buena ruta: “Todos son antecedentes que, unidos a otros, pueden tener fuerza para muchas cosas que se puedan adoptar en el proceso”.

En septiembre de 1973, carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores. Los llevaron al Fundo San Juan, donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco proporcionado por la Papelera. En un fallo unánime, el 15 de marzo de 2018 la Corte de Apelaciones de Concepción procesó a tres jefes y un chofer de la empresa del Grupo Matte como cómplices de los homicidios: Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera y Rodolfo Román. Todos ellos cumplieron roles clave en la masacre: dieron los nombres de los trabajadores calificados como “agitadores”, facilitaron vehículos y choferes para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens, y entregaron la cal que se usó para cubrir sus cuerpos luego de asesinados.

El 15 de marzo pasado, la impunidad que cubría hace 44 años el asesinato de Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez en la masacre de Laja, comenzó a dar sus últimos estertores. Y esta vez los inculpados no fueron militares sino civiles. Tres jefes y un chofer de la planta de la CMPC, propiedad del Grupo Matte, fueron procesados como cómplices de esos homicidios: Pedro Jarpa Forester, Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román.

La resolución unánime de la Corte de Apelaciones de Concepción describe cómo Jarpa Forester, quien en 1973 era jefe de Seguridad de la Papelera de Laja, reconoció que “reunió a un grupo de gente que aparecía en una lista proporcionada por Fernández Mitchell (Alberto, teniente de Carabineros) y procedió a llamarlos por su nombre”. Y agregó: “entre los vehículos utilizados por los carabineros estaba un Land Rover de la Papelera” y que “facilitó la detención de estos trabajadores de la misma empresa, proporcionando sus nombres, sindicándolos e identificándolos cuando ellos salían y entraban a la planta frente a Carabineros»

Sobre Carlos Ferrer Gómez y Lionel Aguilera Covarrubias, el fallo indica que “en su calidad de jefes de la Papelera CMPC, proporcionaron a Carabineros de la Tenencia Laja los nombres de los trabajadores que a su juicio eran agitadores políticos colaborando con su detención en la puerta de acceso a la Planta, facilitaron vehículos y personal de choferes para su traslado y materiales como cal para cubrir sus cuerpos una vez que fueron asesinados”. En cuanto a Rodolfo Román Román: “actuó como chofer de los vehículos utilizados en el traslado de los detenidos, especialmente un jeep Land Rover, prestando colaboración en los ilícitos descritos» 

A continuación presentamos el reportaje de CIPER que en enero de 2012 hizo pública la primera confesión en este dilatado juicio y que estableció la responsabilidad de los jefes de la planta de la Papelera en los crímenes, una verdad que los familiares de los deudos testificaron en tribunales desde el primer día pero no fueron escuchados. Fue el cabo Samuel Vidal quien entregó detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él  junto a otros policías -y con la complicidad de los civiles ya identificados- asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Se rompía así el juramento que los carabineros de Laja hicieron en noviembre de 1973: “Si alguien abre la boca, habrá que piteárselo entre los mismos compañeros”.

A 38 AÑOS DE LOS CRÍMENES LOS CARABINEROS HABLAN Y QUEDAN LIBRES

Confesiones inéditas vinculan a la CMPC con la masacre de 19 trabajadores en Laja

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.

Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque «militaba con los miristas». Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.

Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.

Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.

A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA

Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:

1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.

2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.

3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 el el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.

6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.

7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.

8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.

9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.

10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.

11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.

13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.

14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.

15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.

16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.

LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20

La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37 años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Además de empleado en la CMPC, Sáez era dirigente sindical y militante del MAPU. Por eso, apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez se llevaron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.

El 14 de septiembre, el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y por tercera vez, no lo encontró. Ese fue el día en que le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.

Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que sólo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue testigo.

Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.

Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, pero nada. Nunca más se supo de Luis.

La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.

En los documentos a los que tuvo acceso CIPER, aparece mencionado el Informe Policial Nº 988 del 15 de marzo de 2011. Según ese documento, se le preguntó a sus familiares directos, pero ellos dijeron que nunca les entregaron sus restos, por lo que aún Luis Sáez Espinoza es un detenido desaparecido.

El día viernes 13 de agosto, la Corte de Apelaciones de Concepción emitió un fallo de alta connotación pública por tratarse del establecimiento de condenas a sujetos considerados autores y cómplices de la llamada Matanza de Laja-San Rosendo, en la que fueron asesinados 19 trabajadores detenidos días después del golpe de Estado de 1973. Algunas de las resoluciones más relevantes fueron la condena para Pedro Jarpa Forester, exempleado de la papelera CMPC, como cómplice de los delitos de homicidio calificado, además de un aumento de penas para carabineros como autores materiales de los asesinatos.

La condena para estos tres carabineros ( José Jacinto Otárola Sanhueza, Mario Sebastián Montoya Burgos y Manuel Enrique Cerda Robledo) fue de cadena perpetua, al igual que el teniente Alberto Juan Fernández Michel, quien habría estado a cargo de esta matanza. Sin embargo, el día sábado fue publicada una segunda versión del fallo que se diferencia de la primera en que se estableció una pena de quince años y un día de reclusión para los tres efectivos policiales. De este modo, el fallo sigue conteniendo resoluciones más cercanas a la búsqueda de justicia por parte de familiares de las víctimas.

En la etapa de investigación de la causa se establecieron los siguientes hechos:

"A.- Que entre los días 13 y 17 de septiembre de 1973, fecha en que el país se encontraba en estado de sitio, en las comunas de Laja y San Rosendo, fueron detenidas -por personal de la Tenencia de Carabineros de Laja-, sin orden judicial ni administrativa competente y trasladados hasta la referida Unidad Policial ubicada en calle Las Viñas N° 104 de la misma ciudad, las siguientes personas: Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, "scar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales. Se precisa, que las víctimas Grandón, Gutiérrez, Muñoz, Urra, Riquelme, Villarroel y Muñoz Rodríguez, trabajadores de CMPC, fueron detenidos por Carabineros, entre los días 13 y 14 de septiembre de 1973, en la puerta de acceso-salida de su lugar de trabajo, Planta Papelera CMPC Laja, lugar en que un sujeto (Jarpa Foerster) mantenía una lista con cada uno de los nombres, sindicando a Carabineros quién era cada uno de ellos, facilitando con ello su identificación y detención. Que en las mismas fechas y hasta el 17 de septiembre de 1973, las otras personas antes indicadas fueron detenidas y trasladadas en vehículos de la papelera CMPC, los cuales habrían sido facilitados por jefes de dicha empresa para el traslado de los detenidos y conducido por un empleado de CMPC hacia la Tenencia de Laja.

B.- Las referidas personas fueron ingresados en los calabozos de la señalada unidad policial, permaneciendo en ellos hasta la noche del 17 de septiembre de 1973, oportunidad en la que fueron sacados por el personal uniformado y subidos a vehículos que pertenecerían a la Papelera CMPC, para ser, supuestamente, trasladados hasta el Regimiento de la ciudad de Los Ángeles; sin embargo y mientras iban transitando por la Ruta Q-90, a la altura del Puente Perales, la comitiva ingresó por un camino lateral unos 500 metros en dirección al sur, internándose en el denominado fundo San Juan, de la comuna de Yumbel, donde el personal de Carabineros de la Tenencia de Laja, quienes iban armados de fusiles y carabinas, los hicieron descender de los vehículos, obligándolos a colocarse en el suelo, tendidos uno al lado del otro, boca abajo y amarrados de manos, procediendo los funcionarios policiales a ubicarse detrás de ellos, momento en que el oficial a cargo se colocó a un costado y premunido de su revólver, dio la orden de dispararles, la cual fue cumplida por los carabineros presentes, posicionados en la línea de disparar, impactando con las balas los cuerpos de los detenidos, produciéndole lesiones que le causaron la muerte. Acto seguido, los mismos funcionarios policiales, utilizando palas que llevaban al efecto, cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos, los que cubrieron con una capa de tierra. Finalizado este operativo, retornaron a la Tenencia de Laja, guardando silencio respecto de lo ocurrido. Días después, funcionarios de Carabineros volvieron al sector para tapar los cuerpos con cal, de aquella que se utilizaba en la CMPC, la cual habría sido proporcionada por funcionarios de la misma empresa.

C.- Que aproximadamente un mes después de ocurridos estos hechos, a finales de octubre de 1973, perros del sector encontraron restos humanos, hecho del cual se percató una persona que transitaba por ese lugar, dando cuenta a Carabineros de Yumbel. Ante esta denuncia, el comisario del referido cuartel, mayor Héctor Orlando Rivera Rojas, ordenó al entonces Oficial de "rdenes, teniente René Luis Alberto Urrutia Elgueta, que se constituyera en el lugar y verificando la efectividad de la denuncia, comunicándole el hallazgo al comisario, quien ordenó confeccionar el parte correspondiente por la Tenencia de Carabineros de Salto del Laja y remitirlo al Juzgado de Letras de Yumbel, hasta donde lo llevó personalmente, acompañado del médico jefe del Hospital de Yumbel, quien manifestó a la entonces Juez de Letras de esa localidad Corina Mera la imposibilidad de recibir los cuerpos en el referido recinto por motivos de salubridad, accediendo ésta que fueran trasladados directamente al cementerio parroquial para su sepultación en una fosa común, lo que cumplió el referido Oficial de "rdenes utilizando un coloso tirado por un tractor, en horas de la noche, en horario que regía el toque de queda.

D.- Que este procedimiento se hizo sin practicar a los cadáveres encontrados la autopsia de rigor, e inhumados sin obtener la correspondiente autorización sanitaria, como tampoco la competente orden judicial".

Respecto a la participación de Pedro Jarpa Forester, exempleado de CMPC, el fallo de la Corte de Apelaciones estableció:

"Que los antecedentes reunidos en el proceso permiten adquirir convicción en orden a que Jarpa Forester participó, en calidad de cómplice, en los homicidios de Fernando Grandón Galvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez, por cuanto desde su cargo de Jefe de Seguridad de la Papelera, facilitó la detención de estos trabajadores de la misma empresa, proporcionando sus nombres, sindicándolos e identificándolos cuando ellos salían de la planta frente a Carabineros…."

Al cierre de esta nota la Corte de Apelaciones de Concepción no ha emitido alguna comunicación explicatoria del reemplazo de la primera versión del fallo suprimida por la que actualmente está a disposición del público.

El Tribunal de alzada revocó parcialmente la resolución impugnada, dictada por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes.

La Corte de Concepción acogió los recursos de apelación presentado por los querellantes en contra de resolución que condenó a nueve carabineros en retiro y un civil, por su responsabilidad el delito de homicidio calificado de 19 trabajadores forestales y campesinos. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en el marco del caso denominado “Laja-San Rosendo”.

En la resolución, el tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a Alberto Juan Fernández Michell a la pena de presidio perpetuo, en calidad de autor de los homicidios calificados de Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales.

En el caso de José Jacinto Otárola Sanhueza, Mario Sebastián Montoya Burgos y Manuel Enrique Cerda Robledo, la Corte de Concepción consideró que en los hechos les cupo participación en calidad de autores en los 19 homicidios, y no como encubridores, por lo que les aumentó las penas de 5 años de presidio a 15 años y un día de reclusión.

Asimismo, ratificó las condenas dictadas en contra de Gerson Nilo Saavedra Reinike, Pedro del Carmen Parra Utreras, Víctor Manuel Campos Dávila y Nelson Casanova Salgado, aumentando de 5 años y un día a 15 años y un día de reclusión, como autores de los 19 homicidios calificados.

En tanto, en el caso de Anselmo del Carmen San Martín Navarrete, la corte penquista fijó en 5 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, la pena que deberá cumplir en calidad de encubridor de los delitos.

Con relación al funcionario de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja Pedro Luis Jarpa Foerster, la Tercera Sala revocó la sentencia que lo absolvió de responsabilidad, condenándolo, en cambio, a la pena 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice en los delitos de homicidio calificado de las víctimas: Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez.

Finalmente, la Corte de Concepción confirmó la absolución de Alejandro Lionel Aguilera Covarrubias, por no acreditarse que les cupo responsabilidad en los hechos, en calidad de cómplice; y confirmó la absolución del exfuncionario policial René Luis Alberto Urrutia Elgueta, por no acreditarse su participación en el delito de inhumación ilegal, cometido a finales de octubre de 1973, en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel.

Los hechos

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carlos Aldana logró establecer los siguientes hechos:

A.- Que entre los días 13 y 17 de septiembre de 1973, fecha en que el país se encontraba en estado de sitio, en las comunas de Laja y San Rosendo, fueron detenidas –por personal de la Tenencia de Carabineros de Laja–, sin orden judicial ni administrativa competente y trasladados hasta la referida Unidad Policial ubicada en calle Las Viñas N° 104 de la misma ciudad, las siguientes personas: Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales. Se precisa, que las víctimas Grandón, Gutiérrez, Muñoz, Urra, Riquelme, Villarroel y Muñoz Rodríguez, trabajadores de CMPC, fueron detenidos por Carabineros, entre los días 13 y 14 de septiembre de 1973, en la puerta de acceso-salida de su lugar de trabajo, Planta Papelera CMPC Laja, lugar en que un sujeto (Jarpa Foerster) mantenía una lista con cada uno de los nombres, sindicando a Carabineros quién era cada uno de ellos, facilitando con ello su identificación y detención. Que en las mismas fechas y hasta el 17 de septiembre de 1973, las otras personas antes indicadas fueron detenidas y trasladadas en vehículos de la papelera CMPC, los cuales habrían sido facilitados por jefes de dicha empresa para el traslado de los detenidos y conducido por un empleado de CMPC hacia la Tenencia de Laja.

B.- Las referidas personas fueron ingresados en los calabozos de la señalada unidad policial, permaneciendo en ellos hasta la noche del 17 de septiembre de 1973, oportunidad en la que fueron sacados por el personal uniformado y subidos a vehículos que pertenecerían a la Papelera CMPC, para ser, supuestamente, trasladados hasta el Regimiento de la ciudad de Los Ángeles; sin embargo y mientras iban transitando por la Ruta Q-90, a la altura del Puente Perales, la comitiva ingresó por un camino lateral unos 500 metros en dirección al sur, internándose en el denominado fundo San Juan, de la comuna de Yumbel, donde el personal de Carabineros de la Tenencia de Laja, quienes iban armados de fusiles y carabinas, los hicieron descender de los vehículos, obligándolos a colocarse en el suelo, tendidos uno al lado del otro, boca abajo y amarrados de manos, procediendo los funcionarios policiales a ubicarse detrás de ellos, momento en que el oficial a cargo se colocó a un costado y premunido de su revólver, dio la orden de dispararles, la cual fue cumplida por los carabineros presentes, posicionados en la línea de disparar, impactando con las balas los cuerpos de los detenidos, produciéndole lesiones que le causaron la muerte. Acto seguido, los mismos funcionarios policiales, utilizando palas que llevaban al efecto, cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos, los que cubrieron con una capa de tierra. Finalizado este operativo, retornaron a la Tenencia de Laja, guardando silencio respecto de lo ocurrido. Días después, funcionarios de Carabineros volvieron al sector para tapar los cuerpos con cal, de aquella que se utilizaba en la CMPC, la cual habría sido proporcionada por funcionarios de la misma empresa.

C.- Que aproximadamente un mes después de ocurridos estos hechos, a finales de octubre de 1973, perros del sector encontraron restos humanos, hecho del cual se percató una persona que transitaba por ese lugar, dando cuenta a Carabineros de Yumbel. Ante esta denuncia, el comisario del referido cuartel, mayor Héctor Orlando Rivera Rojas, ordenó al entonces Oficial de Órdenes, teniente René Luis Alberto Urrutia Elgueta, que se constituyera en el lugar y verificando la efectividad de la denuncia, comunicándole el hallazgo al comisario, quien ordenó confeccionar el parte correspondiente por la Tenencia de Carabineros de Salto del Laja y remitirlo al Juzgado de Letras de Yumbel, hasta donde lo llevó personalmente, acompañado del médico jefe del Hospital de Yumbel, quien manifestó a la entonces Juez de Letras de esa localidad Corina Mera la imposibilidad de recibir los cuerpos en el referido recinto por motivos de salubridad, accediendo ésta que fueran trasladados directamente al cementerio parroquial para su sepultación en una fosa común, lo que cumplió el referido Oficial de Órdenes utilizando un coloso tirado por un tractor, en horas de la noche, en horario que regía el toque de queda.

D.- Que este procedimiento se hizo sin practicar a los cadáveres encontrados la autopsia de rigor, e inhumados sin obtener la correspondiente autorización sanitaria, como tampoco la competente orden judicial.

En el aspecto civil, la Corte incrementó la indemnización otorgada por el ministro Aldana Fuentes a familiares de las víctimas, condenando al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $5.440.000.000 (cinco mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos).

Resolución acordada con el voto en contra de la ministra Bluck Bahamondes, en los siguientes aspectos:

1.-En cuanto a la absolución del acusado Pedro Jarpa Foerster, la disidente es de opinión de confirmar la decisión de primera instancia estimando que si bien está acreditado que facilitó la identificación de los siete trabajadores que fueron detenidos a la salida de la Planta de la CMPC, no existen antecedentes suficientes como para estimar que dicho acusado se haya podido representar que los funcionarios de Carabineros los iban a matar. En este punto, la disidente tiene especialmente presente que las detenciones se verificaron el día 11 de septiembre de 1973, apenas perpetrado el golpe de Estado, cuando aún no se tenía noticia de muertes o desapariciones, de manera que Jarpa Foerster seguramente se pudo representar y aceptó que los trabajadores detenidos a cuya identificación cooperó, podían ser golpeados o mantenidos privados de libertad por su supuesta ideología política, pero no tenía cómo anticipar la comisión de los homicidios y mucho menos tuvo control alguna sobre la alevosía ni premeditación con que éstos se cometieron.

2.-En cuanto a la decisión de primer grado de condenar a Anselmo San Martín como encubridor de 19 delitos de homicidio calificado, la disidente estuvo por revocar el fallo en examen y en su lugar absolverlo de los cargos que le fueron formulados, teniendo para ello presente que el sentenciador de primer grado tiene por acreditada la participación soslayando las contradicciones que existen a este respecto entre los diversos elementos de cargo. En efecto, Vidal Riquelme mantuvo durante la investigación diversas versiones, señalando que no recuerda que San Martín haya ido en la comitiva (fojas 1693); que cavó la fosa (fojas 1561) que no lo vio en el Fundo San Juan (fojas 1700). Parra Urra declaró que no sabe si San Martín estaba cubriendo el cuartel (fojas 1699) y a fojas 3125 señala que sí participó en las ejecuciones; León Godoy señala a fojas 1691 que no recuerda si San Martín se quedó en la tenencia y a fojas 1697 vta, señala que sí lo hizo; Fernández Michell afirma a fojas 1695 vta, que sí se quedó en la tenencia; Saavedra sostiene a fojas 1698 que no recuerda haberlo visto en el Fundo; Parra Utreras indica a fojas 1699 que no vio a San Martín en el operativo; en similar sentido declara Campos Dávila a fojas 1700 vta.

Que para la disidente estas contradicciones impiden formarse convicción de que el acusado San Martín haya participado en la comitiva que trasladó a los detenidos hasta el fundo San Juan y obligan a dictar sentencia absolutoria.

Este reportaje fue escrito en septiembre del 2011, por lo que algunos de los hechos relatados pudieron haber cambiado.

Treinta y ocho años después, el ministro Carlos Aldana logra rearmar el puzzle que derivó en la ejecución de 19 trabajadores de Laja y San Rosendo. Dos hijos, niños en 1973, revelan su dolor más íntimo por el episodio que los dejó huérfanos, y Martita Wörner, abogada de causas de derechos humanos del Arzobispado de Concepción, cuenta por qué venció “a la soberbia del poder” y rehusó ser la primera presidenta de la Cámara de Diputados.

Diez años tenía Mauricio Araneda Medina cuando salió persiguiendo a la patrulla que se llevaba a su padre a la subcomisaría de Laja. En su fantasía de niño creyó poder rescatarlo y volver con él al hogar, en San Rosendo, el pueblo que popularizó La Carmela y que en 1973 todavía era el ombligo de Ferrocarriles del Estado, donde a lo menos quince trenes diarios, con miles de almas en viaje, “combinaban” sus destinos al sur o al norte del país en febril actividad.

De una de esas locomotoras a vapor -que llenaban su panza con carbón de Lotaera maquinista Luis Araneda Reyes. Tenía 48 años, era dirigente, socialista y el último de los 19 detenidos desaparecidos de Laja-Yumbel en ser apresado por el entonces teniente Alberto Fernández Mitchel y sus 13 carabineros. Se lo llevaron desde la puerta de su casa después de alcanzar a despedirse de su mujer y de sus cuatro hijos. Uno de ellos, el hoy abogado Araneda Medina, acusa: “De la Papelera-Laja salió la lista…”.

 

El profesional hace referencia así a los civiles, identificados pero intocados hasta ahora por el ministro para causas de Derechos Humanos, Carlos Aldana Fuentes, quien el 18 de agosto de 2011, en histórica reconstitución de la matanza de Laja-San Rosendo, en el fundo San Juan de Laja, lograra la confesión de 10 excarabineros y de cómo mataron a estos obreros y ferroviarios al borde de una zanja de 60 centímetros de profundidad. De los cuatro inculpados restantes, tres están fallecidos- Pedro Rodríguez Ceballos, Evaristo Garcés y Sergio Castillo-y un cuarto carabinero no compareció a la diligencia judicial por hallarse enfermo.

“Los inculpados están confesos de la participación que tuvieron en este lugar y la han recreado de manera tal que concuerda con lo que han dicho anteriormente en declaraciones que le prestaron a este ministro, pero que en averiguaciones hechas por el ministro Martínez habían ocultado”, dijo el ministro Carlos Aldana al concluir la diligencia.

Un juez y dos ministros en visita -Carlos Aldana y José Martínez Gaensly -se han ocupado en 38 años de este caso de lesa humanidad, el segundo en importancia por el número de víctimas después de Lonquén. Luego se conocería lo de Mulchén y otros más. “Hace poco, visité al ministro Aldana y le agradecí en nombre de los que investigamos estos hechos, su decisión de descubrir la verdad”, dijo desde Ancud la abogada Martita Wörner Tapia, quien iniciara, en 1977, desde el Departamento de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, las primeras indagaciones “para armar el puzzle”, y en el que pusieron todo su empeño curas como el de Laja, Félix Eicher, y los médicos legistas César Reyes, Juan Zuchel y María Antonieta Henríquez, entre tantos otros profesionales.

De los 10 carabineros hoy procesados por homicidio calificado, sólo uno de ellos, el exteniente Fernández sigue detenido en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz. En Iquique lo halló el largo brazo de la ley. Antes de abordar la patrulla de la PDI que recorrió 2.289 kilómetros para que compareciera ante el juez, Fernández se despidió de su mujer y de su hijo enfermo. Les prometió volver. La misma promesa que 38 años atrás hiciera el maquinista Luis Araneda a su familia. Nunca regresó.

Pero no sólo directivos de la CMPC-Laja deberían comparecer ante el ministro Aldana según los requerimientos que preparan familiares de estas víctimas; también magistrados, como la exjueza de Yumbel, Corina Mena, y la exsecretaria de ese mismo tribunal y hoy ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem Saldías, quien, en octubre de 1973, recibió un parte de Carabineros que daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres que fueron encontrados en el fundo San Juan tapados con cal y trasladados a una fosa común del Cementerio de Yumbel. Como jueza subrogante y con seis meses de experiencia en el tribunal, no investigó y en una caja de fondos guardó el papel por orden de la titular.

“En ese momento yo encontraba que lo que hacía y que agradara a la señorita Corina estaba bien hecho, porque ella sabía y tenía más experiencia”, declaró Rosa Egnem en 1978 ante el ministro José Martínez Gaensly, según consigna en “No hay dolor inútil” la periodista María Eliana Vega. El libro publica casos de Derechos Humanos en la Región del Bíobío entre 1973 y 1991 y que defendió la Iglesia de Concepción, en particular los obispos Manuel Sánchez, Alejandro Goic y José Manuel Santos.

“Muchas víctimas fueron asesinadas la madrugada del 18 de septiembre del ‘73 a las 5.10 A.M en el fundo San Juan y, tres meses después, exhumados y llevados al cementerio de Yumbel por policías de ahí mismo. Ella era magistrado y se mantuvo en silencio; actuó igual que aquella jueza que le dio la orden de omitir. Desde luego la ministra Rosa Egnem no tiene responsabilidad en los hechos directos, pero esto denota el estándar ético que uno tiene que pedir a quienes administran justicia, sobre todo desde el máximo tribunal del país”, precisa el abogado Araneda.

Constituido en visita extraordinaria en el tribunal de Laja para el proceso investigativo Rol N° 2.770, el ministro Martínez Gaensly logró establecer en 1978 la ubicación de la fosa común en el cementerio de Yumbel con 18 cuerpos, y en el fundo San Juan –lugar de la primera inhumación de las víctimas- el cuerpo número 19 faltante. Todos fueron entregados a sus familiares cinco años después de permanecer en condición de detenidos desaparecidos. El 18 de marzo de 1980 y como había personal uniformado comprometido, el ministro Martínez se declaró incompetente y la causa pasó a la justicia militar, que la sobreseyó y aplicó la Ley de Amnistía. Era el 3 de diciembre de 1981.

Por un “choco” de diente

Diez años tenía el abogado Araneda la última vez que vio a su padre el 15 de septiembre de 1973 de camino a la subcomisaría de Laja; catorce años Gloria Urra Parada cuando llegaba a la misma unidad policial a dejarle comida a Raúl, el mayor de sus ocho hermanos. Trabajaba en la Papelera-Laja y sin ser militante, simpatizaba con el gobierno y con el “compañero” Salvador Allende. Tenía 23 años, fue apresado a la salida de la Papelera y “mi madre no tenía corazón para verlo ahí, en un calabozo”. Gloria la suplía: le llevaba desayuno, almuerzo y once, como tantas otras mujeres con sus hijos en brazos hicieron también con sus familiares en un ir y venir a diario.

“MUCHAS VÍCTIMAS FUERON ASESINADAS LA MADRUGADA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL ‘73 A LAS 5.10 AM EN EL FUNDO SAN JUAN Y TRES MESES DESPUÉS, EXHUMADOS Y LLEVADOS AL CEMENTERIO DE YUMBEL POR POLICÍAS DE AHÍ MISMO. ELLA ERA MAGISTRADO Y SE MANTUVO EN SILENCIO; ACTUÓ IGUAL QUE AQUELLA JUEZA QUE LE DIO LA ORDEN DE OMITIR. DESDE LUEGO LA MINISTRA ROSA EGNEM NO TIENE RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS DIRECTOS, PERO ESTO DENOTA EL ESTÁNDAR ÉTICO QUE UNO TIENE QUE PEDIR A QUIENES ADMINISTRAN JUSTICIA, SOBRE TODO DESDE EL MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS”, PRECISA EL ABOGADO ARANEDA.”

Más grande ya, en el pequeñísimo Juzgado de Laja y mientras los intervinientes aguardaban su turno para declarar ante el ministro José Martínez, Gloria Urra viviría en carne propia las pullas de los uniformados y sería partícipe de las reacciones de los familiares de los detenidos desaparecidos inquiriendo por su paradero: llantos, gritos, recriminaciones, acusaciones. También la prensa recibía lo suyo: “Ustedes sólo buscan revivir odios pasados”, reclamaba a los periodistas, protegido tras sus lentes oscuros, el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, hoy fallecido.

“Nunca debió pasar lo que vivimos en las afueras del tribunal; los carabineros nos amedrentaban y se reían a carcajadas de nuestra desgracia”, evocó Gloria, quien no olvida el peregrinar de sus padres por Concepción, Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Victoria tratando de hallar en los lugares de detención de la época al hijo. Desde entonces se prometió “que lucharía en esta vida para que llegara la justicia”.

Hoy es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Laja y a sus 52 años se acuerda bien del reconocimiento de cráneos y ropas que autorizó el ministro Martínez Gaensly entre los que no halló a su hermano Raúl. “¡No está!, ¡no está…! -dije-; nos pidieron volver después y cuando lo hicimos, lo reconocimos altiro. Su cuerpo se había quedado en el fundo San Juan. Lo reconocimos por los restos de pelo negro y crespo y por un “choco” de diente café de tanto fumar cigarrillos Lucky Strike; por su pantalón de tela verde, bototos de seguridad y calcetines cafesosos. Su polerón rojo estaba lleno de orificios…”.

El día de la reconstitución de escena en el fundo San Juan, enterarse “en vivo” cómo se llenó de orificios el polerón rojo de Raúl minó la resistencia de esta mujer. “Fue terrible. El ministro pidió recrear la forma cómo se ubicaron las víctimas y los fusileros. Los detectives les pasaron a los carabineros unos palos para ver cómo habían disparado: estando en una fila y contándolos uno por medio, los separaron en tres o cuatro grupos y les dispararon a una orden del teniente Fernández… No será fácil olvidar esto, fue un dolor muy grande el que nos causaron, pero sirvió para conversarles a los jóvenes de Laja. No tenían claro lo que había pasado, porque -después de la romería- cuando nos entregaron los cuerpos para sepultarlos, nunca más se habló de esto en Laja”.

Otros datos de la investigación revelan que los fusileros bebieron para infundirse ánimo antes de ir al lugar del crimen. De allí los restos de botellas de licor en la tumba clandestina junto a la cual el ministro Aldana hizo la reconstitución de los hechos. Hoy, “uno podría decir que recién- con esta diligencia- esos carabineros se están sacudiendo de la resaca de aquella jornada, resaca que los acompañará hasta sus últimos días”, precisó Mauricio Araneda.

“Busque la cruz de madera y púas”

Desde Ancud, la abogada Martita Wörner lamenta que se haya perdido una cruz hecha con dos pedazos de madera amarrados con alambre de púas. Indicaba la sepultura ilegal y fue hecha por un obrero agrícola que, buscando animales en el fundo San Juan, de la Papelera, “encontraron dos cuerpos humanos semi enterrados y destrozados por perros”. El hombre dio cuenta en la Tenencia Salto del Laja y horas después, el comisario Héctor Rivera Rojas ordenaba el traslado de 18 cuerpos al Cementerio de Yumbel con autorización de la jueza Corina Mena y previo reporte a la Intendencia y a la Prefectura de Concepción.

El parte policial que, finalmente, quedó guardado en la caja de fondos del Juzgado de Yumbel y confeccionado por el sargento primero Martín Gastón Rivera daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres no identificados, que se encontraban enterrados “en una fosa de 60 centímetros, cubiertos con una capa de cal y tapados con tierra. Al desenterrarlos se pudo apreciar que algunos presentan heridas a bala calibre 22 milímetros, otros con el cráneo destrozado y la mayoría con las manos amarradas por la espalda. Casi todos estaban descalzos y con puros pantalones. Por la descomposición de los cuerpos y el deterioro de sus vestimentas, se presume que llevaban enterrados de 15 a 20 días”. Era el 11 de octubre de 1973 y la matanza había ocurrido el 18 de septiembre a las 5.10 AM.

Casi seis años después de ese episodio, premunidos de palas y guiándose por señas de un informante, Martita Wörner, la asistente social Nelly Henríquez, el padre Félix Eicher y el abogado Jorge Barudi encontraron la tumba ilegal.

Martita Wörner dice: “La tierra había sido removida sin mucho cuidado; encontramos una cédula de identidad, zapatos, unos lentes ópticos, restos de osamenta y en un extremo de la fosa un cuerpo completo, con sus piernas amarradas con alambre de púas. La pericia legal comprobó que no tenía huellas de impactos de balas mortales por lo que habría sido enterrado vivo. Impactados, improvisamos una especie de camilla para levantarlo completo. Recuerdo haber tomado un calcetín con todos los huesos de un pie humano. Informado el ministro Martínez, en el lugar se constituyeron peritos. Desde ese momento, hallar la fosa común en el cementerio de Yumbel fue todo uno”.

EN EL 2015, EL MINISTRO PARA CAUSAS ESPECIALES DE DERECHOS HUMANOS, CARLOS ALDANA, DECIDIÓ SUMAR A OTROS TRES EXCARABINEROS EN RETIRO A LA LISTA DE 10 PROCESADOS POR LAS EJECUCIONES DE 19 TRABAJADORES DE LA PAPELERA Y DE FERROCARRILES. SÓLO RESTA UNA DILIGENCIA -QUE DETERMINARÍA SI LOS RESTOS FUERON O NO TRASLADADOS DE FOSA ANTES DE SER LLEVADOS AL CEMENTERIO- PARA CERRAR LA ETAPA DE SUMARIO. EN SU INVESTIGACIÓN, EL JUEZ NO PUDO ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS CIVILES (ENTRE ELLOS EXTRABAJADORES DE LA PAPELERA) A QUIENES FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS IMPUTABAN PARTICIPACIÓN EN LOS CRÍMENES. “NO PUEDO DECIR QUE SON INOCENTES, PERO TAMPOCO QUE EXISTÍAN ANTECEDENTES PARA SOMETERLOS A PROCESO”, DIJO EL MINISTRO ALDANA.

Martita Wörner, exdiputada del PPD, reveló que años después declinó la presidencia de la Cámara de Diputados a favor de su colega Vicente Sota. No podía -dice- como tercera autoridad política del país cumplir el protocolo de ir a saludar al general Pinochet. Todavía era el comandante en jefe del Ejército.

Sus pares, incluso, la tildaron de “loca” por rehusar el honor de ser la primera mujer presidenta de la Cámara baja y hasta la tentaron con que podría aparecer con frecuencia en revistas de papel couché si asumía el cargo. Pero, agrega, “¿cómo darle la mano a un militar que las tenía manchadas de sangre y seguir mirando de frente a los familiares de DD.HH y a todos los que había conocido durante mi trabajo en la Vicaría? En toda mi vida he visto una mirada que trasluzca más dolor que el que siempre vi en Rosa Silva Sanhueza, cónyuge de Heraldo Muñoz Muñoz, el dirigente sindical de la Papelera detenido a los 28 años. Nunca la vi sonreír, cada vez que la contemplaba sentía que por todos sus poros emanaba un dolor intenso que un cuerpo tan frágil como el suyo difícilmente soportaba. Por eso estoy orgullosa de pasar a la historia como soldado desconocido y sin haber cedido a la soberbia del poder”.

-¿Cree usted que en estas 19 detenciones y muertes hubo participación de civiles de la Papelera-Laja? Circula una versión que junto a la entrada del fundo San Juan, en la época, se dio vuelta un camión con cal, materia que sirvió para “tapar” los cadáveres, pero que en realidad lo habría enviado uno de los jefes de la empresa, Carlos Ferrer Gómez.

“No sólo se comenta. Desde un principio en la investigación que inició el ministro Martínez quedó claro que estas detenciones fueron ilegales, injustificadas y con participación de civiles en todas las etapas. Transportistas de la Papelera trasladaron a los detenidos al bosque del fundo San Juan. Para la exhumación y entierro clandestino -hechos que ocultó la jueza Corina Mena-, se contó también con logística y colaboración de civiles. La empresa siempre supo esto porque cinco o seis de las víctimas eran obreros suyos.

Sin embargo, hay que tener presente que las detenciones fueron al azar, en cumplimiento de los bandos generales que emitió la Junta de Gobierno: detener a dirigentes sindicales de Izquierda o comprometidos con el gobierno depuesto.

En Laja eran todos amigos: a algunos los fueron a buscar a sus casas y otros se presentaron tras saberse buscados. En el trámite los acompañó el párroco Félix Eicher, quien les aseguró que nada malo les pasaría. Por eso resulta tan escalofriante cuando hoy, en el proceso que sigue el ministro Aldana, los culpables confesaran que, al pedir la orden de traslado de los detenidos desde la subcomisaría de Laja al Regimiento de Los Ángeles, desde esta unidad les dieron orden de “deshacerse de ellos porque el regimiento no tenía más capacidad”.

De nuestra biblioteca Por Sonnia Mendoza | Septiembre de 2011