Gimnasio de IANSA

En la ciudad de Los Ángeles se utilizo varios  recintos de detención, los cuales tuvieron el carácter de transitorios y de ellos se derivaron los detenidos a centros más permanentes. Estos centros incluyeron: el Gimnasio de IANSA (Industria Azucarera Nacional), el Liceo de Hombres y el Liceo Alemán de la localidad, todos a cargo del Ejercito. El Gimnasio de IANSA funcionó como centro de detención y tortura desde octubre de 1973 hasta enero de 1974.

Los presos políticos eran interrogados y sometidos a torturas, incluyendo golpes generalizados, simulacro de fusilamiento, aplicación de electricidad,  para luego trasladarlos a otros recintos en la ciudad de Los Ángeles o en Concepción. El traslado se efectuaba en muy malas condiciones, en camiones cerrados, con gran hacinamiento.

La mayoría de los detenidos eran traídos desde comisarías o retenes de la zona, o bien inmediatamente después de ser detenidos. Allí permanecían incomunicados, sin recibir alimentación. Muchos de ellos fueron trasladados posteriormente a  centros más permanentes de detención, tales como el Regimiento de Infantería de Montaña N.17 "Los Ángeles", donde los presos eran sistemáticamente torturados.

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech; Memoriaviva;

El Día del Maestro me echaron de la escuela
En la mañana de ese 11 de Septiembre de 1973 -Día del Maestro- un alumno de mi escuela rural corrió a campo traviesa porque en la radio estaban llamando a su profesor. Esa era la noticia para él, aunque la radio dijera también otras cosas: bombardeaban la Moneda, hablaba Allende, bramaba Pinochet, pero mi alumno no lo supo por correr a avisarme, ni yo lo supe porque se habían agotado las pilas de la pequeña radio Sanyo a transistores, que en ese momento era mi única comunicación con el mundo.

En la provincia de Bío Bío habría medio centenar de izquierdistas importantes: el intendente y alcalde de Los Angeles, gobernadores de Mulchén y Nacimiento, tres diputados de la Unidad Popular, dirigentes políticos y sindicales, funcionarios de INDAP y la Corporación de la Reforma Agraria, etc. ¿Debería considerar un honor que en uno de los primeros bandos del Jefe de Plaza me llamara entre 14 de ellos a entregarse a las Fuerzas Armadas, so pena de aplicárseles "la Ley de fuga?

Septiembre 12

Antes de "entregarme" paso al Correo y abro por última vez mi casilla 439: hay un sobre de carta con un pequeño libro. Don Carlos Rojas, un periodista de experiencia llegado al diario La Tribuna, donde yo mantenía por años una página literaria semanal, creyó conveniente llegar a la Prefectura con alguien -un testigo, dice- y se ofrece, más bien me impone su compañía.

Saluda amablemente, pero en la guardia está un cabo con el que en cada huelga del magisterio nos venimos topando en nuestras respectivas líneas de choque. Por todo saludo le dice: "¿Y usté qué tiene que andar con güeoneh…?" A mí no me dice nada, le basta el gesto de felicidad con que me empuja a una celda oscura y maloliente, donde toda la tarde siguen metiendo detenidos. Ya entrada la noche se abre la puerta y nos ordenan tirarnos en el pasillo: "-¡Boca abajo mierda y manos en la nuca!"

¿Un carabinero, un cabo, un sargento? muchos se pasean entre las filas y a veces sobre ellas. Un oficial avisa: -¡si alguien tiene algo que retirar desde la guardia, pase al frente! Y empiezan a salir …por una manta café, por un sombrero alón, por un poncho listado… Yo había dejado en la percha mi chaquetón de tweed nuevito, pero estaba calculando el costo de recuperar cada prenda: una bota en las costillas al pararte, un culatazo de ida y tal vez uno de vuelta, otra bota en el trasero al tenderte de nuevo. Mis huesos estimaron mucho precio, aún con el valor agregado de haberlo comprado en la Casa García para nuestro primer viaje juntos con Natacha. Lo miré de reojo y salí como avergonzado por esa deslealtad de abandonarlo. Pero él no me abandonó y hasta hoy sigue abrazando al abrigo negro de ella, en la fotografía de contratapa de Cartas de prisionero en su edición mexicana de 1984 y la de LAR de 1990, desde donde saltó a la portada en LOM desde el año 2002.

Septiembre 14

Esa noche del 12 en la Prefectura nos metieron como sardinas en una camioneta enlatada de la Fábrica de Conservas Perelló y nos vaciaron en el Gimnasio IANSA. En sus gradas dormimos, o al menos alojamos y permanecimos todo el día siguiente.

El viernes 14 temprano anunciaron que podríamos ver a sólo una persona, sólo por un par de minutos para recibir ropa personal, frazadas, algún remedios, "cosas prácticas". Por los parlantes no se nombraba al prisionero, sino al visitante: -¡Natacha Aguilera…! Apenas me ve suelta mi bolso ecuatoriano comprado en la gira de Arúspice en 1969, y corre a mis brazos.

-¡Feliz cumpleaños, amor…! le digo al abrazarnos. El carabinero que vigila los encuentros se acerca, como sospechando alguna burla, pero al verla llorando me pregunta, cauteloso: ¿Es verdad…?

Sí. Era verdad. Ese día cumplía 25 años, acontecimiento largamente esperado, para el que solo había pedido "algún regalo sorpresa" mientras imaginábamos los más variados festejos. Ahora estábamos celebrándolo bajo las gradas de una cancha de basquetbol frente a un sargento del Retén de El Álamo, el único policía con anteojos que vi en Los Ángeles. Y no sé por qué siempre he pensado que ese rasgo influyó en que nos "invitara" a permanecer unos minutos extras en su improvisada sala de guardia, entregándole mi único regalo posible, sorpresa que encontré ese sobre corriente, la última vez que abrí mi casilla de correo angelino: Poesía Joven de Chile Selección y prólogo de Jaime Quezada, Siglo XXI Editores, México 1972. Antología que perdura en una tabla de mi biblioteca y en una línea de mi poesía:

La victoria

Me pusieron contra la pared, manos arriba
Me registraron meticulosamente.

Solo hallaron retratos con tus ojo
s una antología con mis versos.

Noches sobre la piedra.
Días tras la alambrada.

No saben -nos decían- qué les espera.
Pero yo lo sabía:

tras días piedra meses muro
tú me esperabas a la puerta del cuartel
y esa fue mi victoria.

Del Liceo de Los Ángeles a un regimiento de los demonios

Pasadas las Fiestas Patrias y al filo de la medianoche, tal como nos habían traído, los militares nos sacaron del Liceo. El tronar de las botas fue suficiente alerta para que al llegar la orden estuviéramos listos para descender las altísimas escalas del internado, en las cuales los soldados se habían dispuesto estratégicamente para tenernos siempre al alcance de sus botas o la culata del fusil. Ya en la salida, apostados entre la puerta y la vereda como cargadores de sandías, iban arrumando prisioneros en los camiones que habían suspendido su huelga gremial para abastecer los campos de prisioneros:

-"¡Al piso, mierda! ¡Tenderse! ¡Obedece, maricón!" Era la primera orden y la peor opción, porque los diestros culatazos de los conscriptos trepados a las altas barandas desalentaban la idea de guarecerse apegándose a ellas y correr hacia adelante. Sin embargo, fue mi elección; de un brinco estuve arriba y repté hasta una esquina de la carrocería: -¡más agachado, más-!" como en gimnasia recreativa mis pequeños simulaban huir del Lobo Feroz. Así crucé la ciudad, oyendo los ahogados lamentos de quienes respiraban penosamente bajo un montón de cuerpos.

Cuando por fin llegué al Regimiento -pobre puercoespín sin caparazón ni espinas ovillado en un rincón- vi a muchos hombres tratando de pararse, tambaleantes y desorientados, mientras otros eran levantados y reanimados por sus vecinos. Recuerdo que al bajar vi a tres o cuatro todavía tendidos, pero cuántos fueron o qué fue de ellos es algo que se discutió por años.

Sólo puedo dar fe de uno que, llevado en vilo por dos hombres, parecía caminar, pero al soltarlo en la celda se desplomó como un muñeco de trapo. Tras largos y vanos intentos por reanimarlo, alguien grito, o más bien gimió:

-"¡Aquí hay un compañero muerto, mi Mayor…!"

-¡Un conche'su madre muerto habrá, puh güeón! vociferó el aludido, en cuyo pecho terciaba la metralleta con la misma naturalidad con que antes del 11 lucía el estetoscopio. A una orden suya, un soldado tomó el cuerpo por los hombros y otro por los pies.

-Tírenlo ahí -fue lo último que oí- junto con el estruendo de la puerta metálica de la celda Na 3, que me tocó. Como proveníamos de diversos lugares, nadie lo identificó en ese momento. Sólo mucho después, cuando se publicaron los documentos de la Comisión Rettig, confirmé que era un campesino de Mulchén, quien tras ser denunciado y llamado a entregarse cumplió con presentarse en la comisaría más cercana. Tenía mi mismo apellido, las mismas iniciales y un nombre parecido y tan pasado de moda como el mío: se llamaba Felicindo Pérez, por casualidad el mismo nombre al que por años el Servicio de Impuestos Internos se le ocurrió extenderme el cheque de mi devolución por boletas. Siento que todo eso me autoriza a considerarlo casi un amigo postumo, pero con afecto vivo.

In memoriam
. . . . . . . . . . . . . . . . A un campesino de Mulchén

Todavía me pregunto por qué tú
-por qué tú y no yo-
por qué tú que alzabas gordos sacos
y cargabas camiones
eras fuerte, degollabas carneros
¿por qué no te aguantaste ese viaje
en un camión cargados como sacos
y te tiraron muerto junto a mí
con tu pocho de pobre,
como un carnero blanco degollado
-por qué tú, por la cresta, y no yo­
que ni me puedo el Diccionario
de la Real Academia en una mano?

De un Regimiento Andino a una Escuela de grumetes

Entre las tres y cuatro de la mañana el camión remolachero asignado había completado su carga de prisioneros sentados en el piso, amarrados de dos en dos con alambre por las muñecas y aún quedaban otros en tierra. Los oficiales se rascaban la cabeza, pero el chofer les dio la solución.

-¡Esto se arregla muy fácil!- retrocedió unos diez metros, aceleró a fondo y frenó en seco: los ubicados en la última fila machucaron la cabina con sus cráneos, pero los oficiales celebraron la maniobra que despejó espacio para una hilera más de apretujados prisioneros. Siempre me sentiré culpable por no recordar el nombre, oficio ni procedencia de ese compañero con quién, en tales condiciones, recorrimos los más de cien kilómetros que separan el regimiento de Los Ángeles del Estadio Regional de Concepción.
Allí nos vaciaron de madrugada, con la eterna consigna:

-¡Tenderse, mierda…! ¡Manos a la nuca…!

Y en esa posición debimos permanecer hasta que a las cuatro de la tarde nos condujeron a los camarines para los consabidos interrogatorios y el milésimo registro de nuestras escasas pertenencias. Anocheciendo nos subieron a un bus del ejército; en algún punto del camino a Talcahuano nos hicieron bajar y -tras una aparatosa sonajera de fusiles que supuestamente pasaban bala- nos despidieron con una entusiasta pateadura tras la cual, con la satisfacción del deber cumplido, nos entregaron a la guardia del Apostadero Naval. Otra noche en las gradas de una cancha de basquetbol y al amanecer navegábamos rumbo a la isla Quinquina.

La Escuela de Grumetes fue, fundamentalmente, campo para los prisioneros de la Armada, que pertenecieron a ella y fueron "capturados" por ella, y a esos consagraban principalmente su labor: tiempo de "interrogatorios" y lugares de reclusión, como el llamado "Rondizoni", vieja cárcel del siglo XIX "remodelada" con aporte de "Trabajo voluntario de los prisioneros del 73". Pero a ellos se agregaron muchos otros presos de los pacos de Yungay, de los milicos de Los Ángeles, etc. una especie de "allegados", que por la rivalidad entre los uniformados nos hacían -afortunadamente- "poco caso". Así se explica que dispusieran algún dormitorio de alumnos para las mujeres y a los hombres nos entregaron el Gimnasio en dos semanas. Pero al menos no era cemento bruto como las pesebreras del regimiento angelino, aquí nos pasaron una de esas colchonetas de lona que usan los gimnasios.

A la entrada había un espacio reservado a cocina y comedor -unas tarimas de madera con sus correspondientes bancas- donde comíamos juntos mujeres y hombres, y los que no tenían turnos de "trabajo voluntario" podían hacer sobremesa leyendo, juegos de mesa o simplemente escuchando la radio que los infantes de marina encargados de la cocina mantenían habitualmente encendida. Muy recién llegados fue que escuché una noticia inolvidable:

Isla Quinquina, septiembre 23 / 73

Un receptor dispara a quemarropa:
"…ha muerto ISLA QUIRIQUINA Neruda…"

El locutor menciona el Poema 15
y lee el Bando 20.

El cabo de guardia busca algo bailable
Y sigue el ritmo con la metralleta.

Aquí en la isla el mar,
y cuánto mar…

Pienso pedir un minuto de silencio,
pero tardo horas y horas en sacar la voz.

El señorío de un alcalde del pueblo

No recuerdo haber averiguado allá y entonces la profesión, oficio o actividad de Danilo González; ser Alcalde de Lota me parecía título suficiente, y después evité cualquier investigación documental que pudiera alterar la imagen para mí más venerable: la de un maestro, un profesor normalista de férrea vocación, que a las seis de la mañana, mucho antes de la diana, paseaba erguido y silencioso entre las hileras de colchonetas -brillantes los zapatos bien lustrados, la corbata al centro de la chaqueta bien abotonada, peinado impecablemente- irradiando una serenidad que debía venir de muy adentro a ese rostro perfectamente afeitado.

Lo traté poquísimo, intuyendo que me costaría encontrar algo de su interés entre las mil cosas sin asunto que suelo hablar al día. Nuestra relación se dio más bien por recaderos: después de jugar una partida de ajedrez con alguien, el perdedor -en una actitud tan primitiva como habitual en este llamado juego ciencia- solía decirle:

-Sí, me ganó, pero ya va a jugar con el poeta… o con el profesor de Los Ángeles… o con el flaco aquel… ¿lo ve? Y algo parecido me decían a mí. Ninguno de los dos buscó la ocasión, pero el azar lo hizo por nosotros, un día en la piscina. ¡Qué escandalosamente turístico sonó esto! Pero en realidad me refiero a la piscina vacía que nos daban por patio de recreo. Estábamos de pie, casualmente tan cerca, que un profesor boliviano de la Universidad de Concepción puso entre ambos un tablero de Ajedrez magnético, con las piezas dispuestas. A él le tocaron las blancas y abrió el juego al estilo clásico de mi padre, lo que me produjo la sensación de estar retornando a mi infancia, es decir, a la libertad.

La partida inconclusa

Isla Quiriquina, octubre 1973.
Blancas: Danilo González, Alcalde de Lota.
Negras: Floridor Pérez, Profesor de la Escuela rural de Mortandad

1. P4R ……. P3AD
2. P4D ……. P4D
3. CD3A… . PXP
4. CXP …… A4A
5. C3C . …. A3C
6. C3A … .. C2C
7. ….

Mientras reflexionaba su séptima jugada
Un cabo gritó su nombre desde la guardia.
-¡Voy! -dijo
pasándome el pequeño ajedrez magnético.
Como no regresara en un plazo prudente
anoté, en broma: Abandona.
Sólo cuando el Diario El Sur
la semana siguiente publicó en grandes letras
la noticia de su fusilamiento
en el Estadio Regional de Concepción
comprendí toda la magnitud de su abandono.
Se había formado en las minas del carbón
pero no fue el peón oscuro que parecía
condenado a ser y habrá muerto
con señoríos de rey en su enroque.

Años después le cuento esto a un poeta.

Sólo dice:
¿y si te hubieran tocado las blancas?

Una velada de despedida

Una tarde nos avisaron que al día siguiente los angelinos navegaríamos a Talcahuano, donde nos vendrían a buscar del regimiento Andino. Sabíamos que eso no era más que salir de las llamas para caer a las brasas, pero se acercaba el fin de año con su esperanza de feliz pascua, próspero año nuevo, y siempre sería mejor estar cerca de casa. No podíamos darnos el lujo de ser pesimistas.

El hecho de partir -aunque sólo Dios supiera adonde- nos daba cierto protagonismo que, sumado a eso de "último día nadie se enoja", ayudó a permitir esa noche un acto de despedida. Las tarimas del comedor hicieron un aceptable escenario, donde el instrumento más tocado fue la emoción. Voces que no oí hablar en todo ese tiempo, ahora cantaban con afectividad maternal o viril ternura. Una guitarra subió en brazos de alguien con aire más serio que el promedio de hombre nacional en cualquier circunstancia. Miró la guitarra, la acarició y dijo que esa hora debía estar, hubiera querido estar con su hijita menor, pero ya que no podía, al menos deseaba regalarle una canción. Era un canto de tristeza contenida, hasta que al final explotó cuando, en trío perfecto, guitarra, canto y cantor gimieron el último verso: "…cumpleaños… feliz…" La voz del cantor se quebró, pero centenares de gargantas corearon: "¡…te deseamos… a ti…"

Yo llevaba marcado en mi cuaderno el poema que había elegido leer, aun temiendo que bordeara la censura, pero ya arriba de las tarimas lo cambié por mi propia ausente:

Sueño

Sueño que estoy en mi biblioteca
frente al retrato de Natacha.
Al tomarlo, la puerta se abre y despierto.

Todo es tan rápido
que no alcanzo a devolver el retrato
a su sueño, cuando ella aparece.

¡El abrazo!
El retrato cae de mis manos y despierto:
está amaneciendo en el presidio.

Soñar soñando y soñar
que en sueños se despierta
¡pura literatura, cuento viejo!

Pero ¿cuándo mierda
acabará este mal sueño
y despertaré en tus brazos!

Cuando eso ocurrió por fin, el 12 de febrero de 1974, yo que jamás tomaré una guitarra, solo oí en mi interior esta

Copla del regreso

Te miro y miro
y ya no te veré
como te vi
aquellos largos meses
en que no pude verte.

por Floridor Pérez

Por primera vez en Los Ángeles, usuarios del programa Prais recorrieron las inmediaciones de los centros de tortura utilizados durante la dictadura militar en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, entre los lugares destacó el Regimiento Reforzado Nº 17 de la comuna.

Así lo dio a conocer el presidente del centro de autoayuda para usuarios del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, Octavio Fritz, quien señaló que esta actividad tuvo por objetivo visitar los lugares donde hubo presos políticos y torturados, donde cerca de 40 personas relataron sus testimonios.

Asimismo Fritz detalló que los lugares de detención en fueron el Gimnasio de Iansa, la cárcel, el internado de mujeres Buen Pastor y el Regimiento.

Mientras, la asistente social del programa Prais del Servicio de Salud Biobío, Romanet Rivas, calificó como histórica la actividad, considerando – dijo – que es primera vez que se pudo visitar los lugares de detención y puntualizó en que fue un momento de reflexión.

Recordemos que los usuarios del programa Prais durante el mes de septiembre realizarán diferentes actividades en el marco de la conmemoración de los 41 años del 11 de septiembre de 1973 que rinde homenaje a quienes fallecieron o desaparecieron tras la dictadura militar.

El primer kilo de azúcar de producción nacional se elaboró en la fábrica angelina, la primera de su tipo que se echó a andar hace 66 años. y que hoy cierra sus puertas.

Un hito en el desarrollo industrial de Los Ángeles y de la provincia de Biobío fue la puesta en operaciones de la planta refinadora de la Industria Azucarera Nacional S.A. (Iansa).

Un 24 de abril de 1954 se inauguró oficialmente la fábrica, en una ceremonia encabezada por el Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo. Sin embargo, el mismo jefe de Estado admitió en el mismo acto que no era una obra de su gobierno sino que de sus antecesores, en este caso, los gobiernos radicales que se iniciaron con Pedro Aguirre Cerda.

Es que la historia de la instalación de la planta en Los Ángeles se produjo más de 10 años antes cuando la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, inició el proceso de industrialización del país. De ese organismo gubernamental surgieron muchas de las empresas estatales, como LAN, Endesa, Codelco, Compañía de Teléfonos, entre otras.

Ahí también surgió la idea de desarrollar cultivos de remolacha para reemplazar las importaciones de azúcar, provenientes principalmente de Cuba y Brasil.

Una misión de la Corfo viajó a Francia donde conoció las experiencias en ese país que llevaba décadas de producción con este producto. Debido a similitudes de suelo y clima, se iniciaron las primeras pruebas de campo en nuestro país.

Al cabo, hacia fines de la década del 40 se resolvió la importancia y utilidad de instalar una fábrica refinadora de azúcar en Chile. Es ahí donde cobra un rol fundamental el ingeniero agrónomo René Petersen, entonces intendente provincial, quien intercede para que esa primera planta se ubique en Los Ángeles. ¿Su argumento? Una fábrica de ese tipo iba a demandar una importante cantidad de mano de obra, tanto para la siembra y cosecha, como para su traslado y procesamiento en la planta.

Ello suponía una razón más que suficiente para

Y así sucedió. Fueron tres años de intensos trabajos para levantar la industria, incluida una variante de un canal de riego destinado solo a surtir de agua a los procesos de refinamiento del azúcar.

Ya en abril de 1954, la planta estaba produciendo el primer kilo de azúcar de confección netamente nacional que provino de los campos de la zona de Los Ángeles.

Después se levantaron las plantas de Llanquihue (1958), Linares (1959), Chillán (1967), Rapaco (La Unión, 1970) y Curicó (1974).

En el entorno de la planta en la ciudad, se desarrolló una población, se levantó una escuela, se levantó un gimnasio y un club de fútbol amateur. Sus trabajadores se organizaron en cooperativas y levantaron sus propios conjuntos de viviendas con el apoyo de la compañía.

Un capítulo oscuro de su historia fue el uso del gimnasio como centro de detención de presos políticos después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Según organizaciones de derechos humanos, varios detenidos fueron vistos por última vez en ese recinto antes de tener la condición de desaparecidos.

Sin embargo, a medida que la ciudad crecía y las villas y poblaciones se instalaban en su entorno, fueron habituales las quemas por las emanaciones de material particulado a las casas, razón por la cual en los últimos años se habían mejorar en sus procesos de calderas.

A principio de los ’80, la crisis económica nacional y la quiebra de la fábrica – privatizada en 1981 y en manos de la CRAV en ese tiempo– sumió a la zona de Los Ángeles en una severa crisis que se tradujo en el aumento de la cesantía (llegó al 25%) y el incremento de los asentamientos precarios.

La compañía fue recuperada por el Estado para volver a ser privatizada a fines de los ’80 en la modalidad de “capitalismo popular”. Sin embargo, la empresa Campos Chilenos fue el accionista de la empresa que, en 2005, pasó a ser controlada por la inglesa ED & F Man.

Aunque hubo rumores por el cierre de la fábrica en Los Angeles, finalmente se convirtieron en certeza durante la jornada de martes 29 de septiembre de 2020 cuando Iansa comunicó, formalmente, el cierre de sus operaciones en esta capital provincial, poniendo término a 66 años de historia en la zona.

En septiembre de 1973, carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores. Los llevaron al Fundo San Juan, donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco proporcionado por la Papelera. En un fallo unánime, el 15 de marzo de 2018 la Corte de Apelaciones de Concepción procesó a tres jefes y un chofer de la empresa del Grupo Matte como cómplices de los homicidios: Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera y Rodolfo Román. Todos ellos cumplieron roles clave en la masacre: dieron los nombres de los trabajadores calificados como “agitadores”, facilitaron vehículos y choferes para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens, y entregaron la cal que se usó para cubrir sus cuerpos luego de asesinados.

l 15 de marzo pasado, la impunidad que cubría hace 44 años el asesinato de Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez en la masacre de Laja, comenzó a dar sus últimos estertores. Y esta vez los inculpados no fueron militares sino civiles. Tres jefes y un chofer de la planta de la CMPC, propiedad del Grupo Matte, fueron procesados como cómplices de esos homicidios: Pedro Jarpa Forester, Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román.

La resolución unánime de la Corte de Apelaciones de Concepción describe cómo Jarpa Forester, quien en 1973 era jefe de Seguridad de la Papelera de Laja, reconoció que “reunió a un grupo de gente que aparecía en una lista proporcionada por Fernández Mitchell (Alberto, teniente de Carabineros) y procedió a llamarlos por su nombre”. Y agregó: “entre los vehículos utilizados por los carabineros estaba un Land Rover de la Papelera” y que “facilitó la detención de estos trabajadores de la misma empresa, proporcionando sus nombres, sindicándolos e identificándolos cuando ellos salían y entraban a la planta frente a Carabineros»

Sobre Carlos Ferrer Gómez y Lionel Aguilera Covarrubias, el fallo indica que “en su calidad de jefes de la Papelera CMPC, proporcionaron a Carabineros de la Tenencia Laja los nombres de los trabajadores que a su juicio eran agitadores políticos colaborando con su detención en la puerta de acceso a la Planta, facilitaron vehículos y personal de choferes para su traslado y materiales como cal para cubrir sus cuerpos una vez que fueron asesinados”. En cuanto a Rodolfo Román Román: “actuó como chofer de los vehículos utilizados en el traslado de los detenidos, especialmente un jeep Land Rover, prestando colaboración en los ilícitos descritos» 

A continuación presentamos el reportaje de CIPER que en enero de 2012 hizo pública la primera confesión en este dilatado juicio y que estableció la responsabilidad de los jefes de la planta de la Papelera en los crímenes, una verdad que los familiares de los deudos testificaron en tribunales desde el primer día pero no fueron escuchados. Fue el cabo Samuel Vidal quien entregó detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él  junto a otros policías -y con la complicidad de los civiles ya identificados- asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Se rompía así el juramento que los carabineros de Laja hicieron en noviembre de 1973: “Si alguien abre la boca, habrá que piteárselo entre los mismos compañeros”.

A 38 AÑOS DE LOS CRÍMENES LOS CARABINEROS HABLAN Y QUEDAN LIBRES

Confesiones inéditas vinculan a la CMPC con la masacre de 19 trabajadores en Laja

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.

Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque «militaba con los miristas». Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.

Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.

Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.

A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA

Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:

1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.

2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.

3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 el el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.

6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.

7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.

8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.

9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.

10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.

11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.

13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.

14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.

15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.

16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.

LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20

La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37 años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Además de empleado en la CMPC, Sáez era dirigente sindical y militante del MAPU. Por eso, apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez se llevaron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.

El 14 de septiembre, el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y por tercera vez, no lo encontró. Ese fue el día en que le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.

Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que sólo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue testigo.

Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.

Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, pero nada. Nunca más se supo de Luis.

La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.

En los documentos a los que tuvo acceso CIPER, aparece mencionado el Informe Policial Nº 988 del 15 de marzo de 2011. Según ese documento, se le preguntó a sus familiares directos, pero ellos dijeron que nunca les entregaron sus restos, por lo que aún Luis Sáez Espinoza es un detenido desaparecido.

A través del Informe Valech y del Catastro de la Represión elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales, pudimos saber cuáles fueron y dónde están o estuvieron ubicados los principales centros de detención y tortura en nuestra región. Antecedentes que son importantes de conocer para preservar nuestra memoria reciente y contribuir a un Nunca Más.

Concepción atardece lluvioso, como gran parte del año. A eso de las 8 de la tarde, el terminal de buses Collao recibe y deja escapar máquinas sin descansar, mientras algunos pasajeros corren para no quedarse con las ganas de viajar. Justo al frente, cruzando por Tegualda, yace el Estadio Regional, donde se desarrolla un partido de fútbol que produce un ensordecedor ruido de gente vitoreando por alguno de los equipos participantes.

Pocos echan la memoria atrás. Nadie deberá recordar que allí, justo en las butacas donde alientan a sus equipos, pasaron cientos de prisioneros que fueron, como en varios lugares del país, cruelmente torturados por la dictadura.

Gabriel Reyes Arriagada, ex secretario general de la Izquierda Cristiana de Concepción, fue uno de los prisioneros políticos del Estadio Regional de Concepción. Estuvo allí desde el 17 de octubre de 1973 hasta el 18 de enero de 1974, cuando junto a otro grupo de penquistas fue enviado al Campo de Concentración de Chacabuco, en el norte del país.

“Luego de ser fichado en el primer lugar de detención, con los respectivos datos de filiación personal, política u organizacional, (los detenidos) eran enviados al Estadio Regional, donde se les hacía una nueva ficha, se les asignaba una celda común, (los camarines del Estadio), se les quitaban las pertenencias que pudieran ser peligrosas como cinturones, cordones de los zapatos, corbatas y también documentos o dinero que la persona portaba al momento de ser detenida, las que eran metidas en una bolsa de nylon, a la que se le ponía su nombre, se cerraba y era devuelta cuando se producía la libertad”, cuenta Arriagada en una de sus crónicas sobre el tema.

El Estadio Regional de Concepción fue uno de los 159 centros de detención y tortura de la región del Bío Bío durante la dictadura militar y que fueron identificados gracias a los antecedentes recogidos en el Informe de la Comisión Valech. Así, hubo locales de la Policía de Investigaciones, de la Armada, del Ejército y de Carabineros. También varias cárceles sirvieron para albergar a los prisioneros políticos. A ello se suman algunos regimientos, la Isla Quiriquina, la Base Naval, el Fuerte Borgoño y el Gimnasio de Iansa, este último en Los Angeles. Pero también fueron usados con estos fines retenes de Carabineros de localidades pequeñas como Ñipas, Cobquecura, Pemuco o San Ignacio, que según consigna el Informe Valech fueron utilizados como primer lugar de detención y recinto de tránsito hacia otros.

Otro dato importante emanó del Catastro de la Represión elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales y que fue dado a conocer en el año 2007. De acuerdo a ese estudio, en la VIII región hubo 82 recintos de violaciones a los Derechos Humanos de propiedad fiscal durante la dictadura. En Valparaíso se consignan 72 y en la región Metropolitana 63.

Quizás lo que más llama la atención no son tanto los lugares físicos donde se detuvo y torturó a personas –que de alguna manera ya son bastante conocidos- sino constatar que la región del Bío Bío concentró el 15,9 % de estos centros de tortura y detención que corresponden a inmuebles de propiedad fiscal.

Los otros centros del dolor
Además del ya mencionado Estadio Regional, son varios los lugares donde se practicaron crueles torturas en nuestro sector. Sin duda el más conocido fue la Base Naval de Talcahuano, donde junto con la Armada, también actuó el Servicio de Inteligencia Regional (SIRE) de Concepción. “Durante todo el tiempo que los detenidos, hombres y mujeres, permanecieron en este lugar estaban con los ojos vendados e incomunicados. Se les mantenía en el gimnasio de la Base, en sus galerías y camarines. Algunos detenidos denunciaron que fueron encerrados en jaulas de madera de pequeñas dimensiones, en las cuales debían permanecer por varias horas. Otros testimonios mencionan un sector denominado Ancla 2, en donde los prisioneros eran interrogados. Los traslados se hacían en ocasiones al interior de camiones frigoríficos o eran conducidos desde la Base al Molo para esperar al trasbordador hacia la Isla Quiriquina”.

En la Base Naval también se habilitaron otros recintos de detención como el Fuerte Borgoño y el Cuartel Rodríguez. Precisamente el Fuerte Borgoño fue el lugar de mayor concentración de prisioneros políticos en 1973. Se usó para reclusión y torturas. Medía unos 20 metros de largo y carecía de muebles. Dentro había varias habitaciones de 2 por 2 metros y en cada una había decenas de personas. Todo bajo un ambiente muy desgarrador y lleno de sangre.

La Quiriquina también cantó la muerte
La Isla Quiriquina no se quedó atrás. Fue el mayor campamento de prisioneros de la región a cargo de la Armada. El lugar fue utilizado entre septiembre de 1973 y 1974.

Se estima que más de mil personas pasaron por este campo de concentración, entre quienes se menciona a Fernando Alvarez Castillo, intendente de Concepción, Santiago Bell, intendente de Ñuble,  Danilo González, alcalde de Lota y los dirigentes mineros, Isidoro Carrillo, Bernabé Cabrera y Wladimir Araneda. Pero principalmente estuvieron allí hombres y mujeres con ideales, dirigentes políticos, sociales y gremiales de la región y en especial de Tomé, además de jóvenes estudiantes.

Tania Castillo, es una de ellas. Tenía sólo 25 años cuando fue detenida en Tomé, según el testimonio que se recoge en el libro “Viaje a la Memoria”.  Era dueña de casa, tenía dos pequeños hijos y era una reconocida dirigente de las Juventudes Comunistas de su barrio. Antes de llegar a la Quiriquina, estuvo diez días recluida en la cárcel de Tomé y después en el gimnasio de la Base Naval en Talcahuano.

De su paso por la Isla, tiene muchos recuerdos, pero indica que la piscina fue lo que más la marcó: “en las mañanas nos hacían cantar la Canción Nacional, nos obligaban y los hacíamos con desgano, porque no nos sentíamos chilenos (…) nos daban unos plantones en la piscina, a pleno sol y con duchas heladas de agua de mar por la espalda a cualquier hora…”.

Aquello sólo refleja una cosa. Nuestra región tuvo por mucho tiempo manchadas sus paredes con la irracionalidad y la muerte, tema olvidado en el consiente colectivo.

Por dicha causa, los testimonios están lejos de acabarse. Cuando se habla de centros de torturas, es usual en los afectados recurrir a la Policía de Investigaciones. El cuartel de Investigaciones de Concepción, en calle Angol, es uno de los más citados. La mayor cantidad de registros corresponde al periodo 1973-1974, pero en la década del ’80 también hubo personas recluidas allí, principalmente provenientes de recintos de la CNI.

Los crueles recintos de la CNI
Uno de ellos era el recinto de Pedro de Valdivia 710, conocido como el cuartel Bahamondes, la Casa de la Risa o la Casa de la Música. Entre 1980 y 1984 numerosos detenidos llegaron a este lugar. Su existencia fue reconocida cuando se hizo público el Decreto Supremo Nº 594, del 14 de junio de 1984. “De acuerdo a los testimonios, al ingresar los detenidos, hombres y mujeres, debían agacharse para entrar por la puerta, eran encerrados en una pieza oscura y pequeña de 2 por 2 metros, cuyas paredes estaban forradas con un aislante. Permanentemente se escuchaba música a alto volumen. Mientras permanecían en este recinto, los prisioneros estaban con los ojos vendados, incomunicados, privados de alimento y sueño. Los testimonios de los detenidos denunciaron que sufrieron golpes, aplicación de electricidad, el teléfono, colgamientos, obligación de permanecer en posiciones forzadas, pau de arara, incomunicación prolongada y amenazas”, consigna el Informe Valech.

Hay que hacer presente que éste fue el único recinto de la CNI de la zona que pudo ser visitado por un ministro de la Corte de Apelaciones. Este inédito hecho ocurrió con motivo de la masiva detención de integrantes del MIR ocurrida en Concepción, luego de los hechos de la Vega Monumental, el 23 de agosto de 1984. Uno de los arrestados durante los operativos de la CNI, fue Ignacio Vidaurrázaga, hijo de la jueza María Yolanda Manríquez, del 11 Juzgado Civil de Santiago. Ella presentó un recurso de amparo a favor de su hijo y en una inédita decisión, la Corte de Apelaciones penquista designó a la ministra María Cristina Aqueveque para que se constituyera en el local de Pedro de Valdivia. Treinta y seis minutos permaneció la ministra en el lugar y luego se retiró sin hacer mayores comentarios pese al asedio de la prensa. Lo cierto es que gran parte de los detenidos que allí estaba fue sacado por otra puerta, así que cuando Aqueveque ingresó al recinto no encontró a los que buscaba.

Otro recinto de la CNI en la zona fue el de Playa Blanca. En 1983 concentró la mayor cantidad de detenidos. Se trataba de una construcción habilitada para interrogatorios y torturas. Allí estuvo, entre otras personas, María Candelaria Acevedo, hija de Sebastián Acevedo, inmolado el 11 de noviembre de 1983. Mientras, en O’Higgins 239, funcionó otro centro de la CNI. Se usó entre 1985 y 1987, según los datos recogidos en el informe. Fue un lugar secreto de interrogatorios y torturas.

Así, hay muchos otros lugares que quedaron fuera de este reportaje, pero que no deben quedar fuera de nuestras mentes. El pasado, sólo deja de ser pasado cuando hay justicia, y sin memoria, nos transformamos, con el pesar de quienes buscar el olvido, un país sin historia.

Hasta los retenes de Carabineros de localidades pequeñas como Ñipas, Cobquecura, Pemuco o San Ignacio fueron utilizados como recintos de detención, según consigna el informe de la Comisión Valech, en el capítulo referido a la Región BíoBío. Los testimonios recogidos durante la labor de este grupo especial, permitieron identificar 159 recintos de detención en la zona, de todo tipo. Hubo locales de Investigaciones, de la Armada, del Ejército y de Carabineros. También varias cárceles sirvieron para albergar a los prisioneros políticos. A ello se suman algunos regimientos, el Estadio Regional de Concepción, la Isla Quiriquina, la Base Naval, el Fuerte Borgoño y el Gimnasio de Iansa, este último en Los Angeles. Lo que queda bastante claro en este documento es que, en general, “los recintos rurales de Carabineros fueron utilizados como primer lugar de detención y como recinto de tránsito hacia otros centros de reclusión”. Es así como desde allí eran trasladados a comisarías ubicadas en centros urbanos. Entre ellas se menciona la 1ª Comisaría de Los Angeles y, muy especialmente, la 4ta Comisaría de Concepción, que concentró la mayor cantidad de detenidos en la región. Incluso hasta allí llegaron personas detenidas en otras partes de la región. Desde estas comisarías, los detenidos eran trasladados a otros centros de reclusión masivos como el Estadio Regional, la Isla Quiriquina y la Cárcel de Concepción. También cumplieron esa función algunos regimientos como el de Infantería Reforzada Nº 3 de Los Angeles (actual Regimiento de Infantería Nº17). Precisamente este lugar ha sido mencionado por numerosas víctimas como uno de los lugares de la región “donde se aplicaron las más brutales e intensas torturas a prisioneros”. Además, los testimonios recogidos por la Comisión permitieron establecer que entre los años 1973 y 1974, los recintos de la Policía de Investigaciones de varias ciudades fueron usados como recintos de interrogatorios y torturas. También se menciona lo ocurrido con la participación de la Central Nacional de Informaciones, CNI, que tenía algunos recintos secretos en la zona. De ellos, algunos fueron identificados como el que funcionó en el sector Pedro de Valdivia, el de Playa Blanca y el de calle O’Higgins en el centro de Concepción. Los diversos testimonios recibidos por la Comisión Valech le permitieron identificar los recintos de detención que tuvo cada institución que participó en detenciones. Así, están los centros de detención de las Fuerzas Armadas: Ejército y Armada. También los campamentos de prisioneros, los recintos de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y los de la CNI. -Recintos del Ejército: Entre ellos, uno de los más mencionados en los testimonios fue el Regimiento de Infantería de Montaña Nº9 de Chillán. Buena parte de quienes permanecieron allí denunciaron haber sido torturados. Luego de permanecer un tiempo allí, eran llevados a la cárcel local. Allí, eran conducidos a “celdas en un subterráneo donde permanecían con los ojos vendados e incomunicados. Eran torturados en el sector de la guardia Nº 2 denominado Sheraton o bien en las caballerizas. A una parte de los prisioneros se les llevó al campo de entrenamiento en el fundo Quilmo, para someterlos a nuevas torturas”. En Concepción, los testimonios consignan a los regimientos Nº 7 Chacabuco, el Guías, y al Silva Renard. -Recintos de la Armada Sin duda el centro de detención más conocido fue la Base Naval de Talcahuano, donde también actuó el Servicio de Inteligencia Regional, SIRE; de Concepción, integrado por distintas unidades de la zona de Concepción, como oficiales de la Armada y del Ejército. “Durante todo el tiempo que los detenidos, hombres y mujeres, permanecieron en este lugar estaban con los ojos vendados e incomunicados. Se les mantenía en el gimnasio de la Base, en sus galerías y camarines. Algunos detenidos denunciaron que fueron encerrados en jaulas de madera de pequeñas dimensiones, en las cuales debían permanecer por varias horas. Otros testimonios mencionan un sector denominado Ancla 2, en donde los prisioneros eran interrogados. Los traslados se hacían en ocasiones al interior de camiones frigoríficos o eran conducidos desde la Base al Molo para esperar al trasbordador hacia la Isla Quiriquina”. En este lugar actuaron en los interrogatorios personal del Servicio de Inteligencia Naval (SIN); la DINA y luego la CNI. En la Base Naval también se habilitaron otros recintos de detención como el Fuerte Borgoño y el Cuartel Rodríguez. Precisamente el Fuerte Borgoño fue el lugar de mayor concentración de prisioneros políticos en 1973. Se usó para reclusión y torturas. Medía unos 20 metros de largo y carecía de muebles. Dentro había varias habitaciones de 2 por 2 metros y en cada una había decenas de personas. “Ellas debían dormir sin abrigo sobre el piso de cemento, recibían escasa y mala comida. El tiempo de permanencia de los prisioneros variaba entre uno y diez días”. -Campamento de prisioneros El más mencionado es el recinto establecido en la Isla Quiriquina, que fue el mayor campamento de prisioneros de la región, a cargo de la Armada. El lugar fue utilizado entre septiembre de 1973 y 1974. “Los testimonios indicaron que durante los primeros meses posteriores al golpe militar los detenidos en libre plática eran mantenidos en el gimnasio y los incomunicados en unos pabellones cercanos. Los varones se alojaban en el gimnasio de la escuela, rodeado de alambres de púas y vigilado por guardias. Las mujeres fueron trasladadas a un pabellón frente al gimnasio. Las deplorables condiciones higiénicas en que se encontraban tuvieron un cambio positivo con la visita de la Cruz Roja Internacional que obligó a las autoridades del recinto a instalar servicios higiénicos de emergencia”. En el informe se agrega que los prisioneros denunciaron “malos tratos durante los traslados y en los interrogatorios que tenían lugar en la Base Naval. Los antecedentes presentados coinciden en señalar que a las mujeres prisioneras políticas se las interrogaba desnudas. Durante estos interrogatorios sufrían agresiones y abusos deshonestos. Hubo casos en que este tipo de humillaciones se cometieron en presencia de familiares”. El otro campamento de prisioneros de la zona fue el Estadio Regional penquista, a cargo del Ejército y Gendarmería. Junto con la Isla Quiriquina, fue el campo de reclusión que mayor cantidad de prisioneros concentró en la región. -Recintos de Carabineros En Concepción, uno de los lugares más mencionados fue la Cuarta Comisaría de Carabineros (actual 1ª Comisaría). En 1973 llegan numerosas personas detenidas durante operativos militares y de carabineros. Al interior de la Comisaría eran conducidos a calabozos en precarias condiciones higiénicas. Eran pequeños, húmedos, con gran hacinamiento. “Las torturas eran, en ocasiones, en el patio interior de la comisaría o en piezas habilitadas para estos efectos”. Otros recintos mencionados son: -Comisaría Nº 5 (actual 2da Comisaría) -Comisaría de Hualpencillo -Comisaría de Coronel -Policía de Investigaciones El cuartel de Investigaciones de Concepción, en calle Angol, es uno de los más citados. La mayor cantidad de registros corresponde al periodo 1973-1974, pero en la década del ’80 también hubo personas recluidas allí, principalmente provenientes de recintos de la CNI. “Los declarantes establecieron que en el período de mayor concentración de detenidos permanecieron en calabozos pequeños, hacinados, privados de alimento, agua y abrigo. Diariamente eran conducidos uno por uno a interrogatorios y torturas, en un subterráneo dentro del mismo recinto”. -Recintos carcelarios La Cárcel de Concepción, situada en Chacabuco 70, es la más mencionada como recinto de detención. Recibió presos políticos desde septiembre de 1973 hasta 1989. La mayor cantidad se registró en 1974. Era una construcción antigua, con varias alas y patios posteriores. Según las denuncias de los detenidos, en noviembre de 1973 los prisioneros del Ejército estaban alojados en el teatro de la prisión; los de la Armada en una ala distinta del edificio y los condenados por consejo de guerra junto a los reos comunes en dormitorios, donde permanecían hacinados. Otras cárceles utilizadas en la región fueron la de Chillán, Los Angeles, Yungay, Talcahuano y Tomé, entre otras. -Recintos de la CNI Aquí aparecen tres de Concepción. Uno de ellos era el recinto de la CNI en calle Pedro de Valdivia 710, conocido como el cuartel Bahamondes, la Casa de la Risa o la Casa de la Música. Entre 1980 y 1984 numerosos detenidos llegaron a este recinto. Su existencia fue reconocida cuando se hizo público el Decreto Supremo Nº 594, del 14 de junio de 1984. “De acuerdo a los testimonios, al ingresar los detenidos, hombres y mujeres, debían agacharse para entrar por la puerta, eran encerrados en una pieza oscura y pequeña de 2 por 2 metros, cuyas paredes estaban forradas con un aislante. Permanentemente se escuchaba música a alto volumen. Mientras permanecían en este recinto, los prisioneros estaban con los ojos vendados, incomunicados, privados de alimento y sueño. Los testimonios de los detenidos denunciaron que sufrieron golpes, aplicación de electricidad, el teléfono, colgamientos, obligación de permanecer en posiciones forzadas, pau de arara, incomunicación prolongada y amenazas”. Hay que hacer presente que este fue el único recinto de la CNI de la zona que pudo ser visitado por un ministro de la Corte de Apelaciones. Este inédito hecho ocurrió con motivo de la masiva detención de integrantes del MIR ocurrida en Concepción, luego de los hechos de la Vega Monumental, el 23 de agosto de 1984. Uno de los arrestados durante los operativos de la CNI, fue Ignacio Vidaurrázaga, hijo de la jueza María Yolanda Manríquez, del 11 Juzgado Civil de Santiago. Ella presentó un recurso de amparo a favor de su hijo y en una inédita decisión, la Corte de Apelaciones penquista designó a la ministra María Cristina Aqueveque para que se constituyera en el local de Pedro de Valdivia. Treinta y seis minutos permaneció la ministra en el lugar y luego se retiró sin hacer mayores comentarios pese al asedio de la prensa. Lo cierto es que gran parte de los detenidos que allí estaba fue sacado por otra puerta, así que cuando Aqueveque ingresó al recinto no encontró a los que buscaba. Sí había otros, pero ellos no estaban cubiertos por el recurso de amparo. Otro recinto de la CNI en la zona fue el de Playa Blanca. En 1983 concentró la mayor cantidad de detenidos. Se trataba de una construcción habilitada por la CNI para interrogatorios y torturas. Allí estuvo, entre otras personas, María Candelaria Acevedo, hija de Sebastián Acevedo, inmolado el 11 de noviembre de 1983. En O’Higgins 239, funcionó otro recinto de la CNI. Se usó entre 1985 y 1987, según los datos recogidos en el informe. Fue un lugar secreto de interrogatorios y torturas. “Los detenidos eran conducidos allí con los ojos vendados y ocultos dentro de vehículos de la CNI. Siempre estaban con los ojos vendados o encapuchados, esposados, privados de alimento y agua”.