Cárcel de Bulnes

En la provincia de Ñuble, como a lo largo del país, se utilizó comisarías, retenes y cárcel como centros de detención en los días posteriores al 11 de Septiembre de 1973, incluyendo la antigua Cárcel de Bulnes (actual centro de readaptación social) y la Cárcel de San Carlos (actual centro de detención preventiva). 

Se sabe por denuncias a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que en este recinto hubieron varios detenidos a disposición de las autoridades militares.  No existen denuncias de apremios en relación con estos lugares. Muchos de los presos fueron mas tardes trasladados a centros más permanentes donde era común el uso de torturas durante los interrogatorios.

Hoy en dia este recinto es utilizado como Liceo Polivalente Adultos de Itata

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech; Memoriaviva;

El rol significativo que tuvo la región en los procesos sociopolíticos nacionales durante el transcurso de la historia chilena, ponen de manifiesto algunos aspectos fundamentales para lograr entender el apresurado actuar de las fuerzas militares la mañana del 11 de septiembre de 1973, convirtiendo a la región del Biobío, así como el Gran Concepción, y la ciudad propiamente tal, en la segunda localidad en ser intervenida, con un alto nivel de represión y violencia. De esta manera, el rápido control y habilitación de recintos de detención dieron cuenta de la planificación anticipada del golpe cívico-militar, en los cuales fueron constantes las humillaciones, vejámenes y torturas.

La mañana del 11 de septiembre

El periodista James Whelan señaló en la misma mañana del martes 11 de septiembre de 1973, el rápido control que se llevó a efecto en la ciudad de Concepción, neutralizando a los altos dirigentes de la Unidad Popular, los cordones industriales y la Universidad de Concepción, sin disparar un solo tiro. Ante esto, cabe interrogarse ¿Por qué era tan necesario para la Junta Militar este raudo y efectivo control de la ciudad? La respuesta radica en que el Gran Concepción y la Provincia de Arauco, se habían transformado durante el transcurso del siglo XX en una importante zona de orientación política de izquierda representada por obreros y estudiantes. La izquierdización se profundizó con la llegada de la Unidad Popular al gobierno, de manera que fue primordial para la dictadura socavar toda señal de levantamiento en su contra.

Aquella mañana del 11 de septiembre se comenzaron a divisar las tanquetas, patrullas militares y muchos efectivos de Carabineros. El temor se apoderó de quienes habían participado de algún modo u otro en el gobierno de Salvador Allende. Algunos testigos relatan haber visto pasar a los camiones militares con muchos civiles en dirección al Estadio Regional.

Sin embargo, tras ocurrido el golpe existió una minoría que pensó en resistir a la acción militar. Testigos indican que hubo un tiroteo en el centro de la ciudad detrás de la tienda Falabella, generándose enfrentamientos entre los pocos que quedaron de la UP y militares, contradiciendo de esta manera lo expuesto por el periodista Whelan quien, como ya habíamos mencionado, argumentaba que el control rápido de Concepción se había efectuado sin disparar un tiro. No obstante, otros testigos plantearon que todo eran rumores debido a que los medios estaban intervenidos, haciendo creer que la izquierda poseía armas para efectuar enfrentamientos y resistir a la insurrección militar.

A continuación, la Universidad de Concepción, pasada las 8 de la mañana fue rodeada por efectivos del Ejército, quienes automáticamente instalaron ametralladoras en algunos de los cerros aledaños. Se ocuparon las escuelas de Periodismo, Sociología, los hogares universitarios y Radio Universidad de Concepción, posteriormente utilizada como radio de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 1974. Por otra parte, no se encontraron armas. Tampoco hubo resistencia armada de parte de estudiantes y funcionarios. Las delaciones fueron recurrentes. En el recinto universitario, personal de la institución participó en la construcción y confección de las listas de empleados que debían ser arrestados. Existieron denuncias de funcionarios en contra de otros. Todo académico y funcionario que tuvo militancia en la Unidad Popular o en el MIR fue separado/desvinculado de la institución.

Control represivo

En consecuencia, con el objetivo de eliminar toda expresión marxista y sus diversas manifestaciones y expresiones, cientos de detenidos de la ciudad y alrededores, fueron trasladados a distintos centros de detención. Algunos de estos lugares y cifras de detenidos fueron anunciados por la cruz roja, quienes indicaron que en: El Estadio Regional, en el mes de octubre de 1973 poseía una cantidad de 589 detenidos; isla Quiriquina, en la misma fecha reunía a 552 personas entre las cuales se cuentan mujeres y extranjeros; Cárcel Publica de Concepción, con 73 detenidos, divididos en 43 a disposición del Ejercito, 17 de la Armada y 13 condenados por Consejos de Guerra; y Base Naval de Talcahuano en noviembre del mismo año, mantenía recluido a 158 detenidos. Otros recintos fueron: Cárcel de Bulnes; Cárcel de Chillán; Comisaría de Carabineros de Arauco; Liceo Alemán del Verbo Divino, de Los Ángeles; Liceo de Hombres de Los Ángeles; entre otros.

En estos recintos mencionados eran constantes las humillaciones y vejámenes hacia los detenidos. Muchos de los cuales fueron obligados a ingerir desechos orgánicos -excrementos, orina y vómitos, de humanos o animales-, además de líquidos pestilentes; a arrastrarse por el suelo en medio de burlas y golpes; obligados a entonar himnos o consignas políticas en medio de burlas; a correr con la vista vendada en rutas con obstáculos, tropezando y cayendo al suelo; entre otras cosas.

Un detenido en Estadio Regional dio cuentas de la violencia ejercida. Les tapaban la vista, golpeaban con manos y pies, a él lo sentaron en una silla como de circo con los ojos vendados, para posteriormente quitarle el objeto de un puntapié dejándolo caer, le pedían que se volviese a sentar, pero con la vista vendada no lograba encontrar la silla, por tal motivo era golpeado. Manifiesta que prácticamente habían jugado un partido con él en el suelo. En Quiriquina el trato fue similar, los detenidos tuvieron que construir el Fuerte Rondizzoni, utilizado como centro de detención. Los reclusos al momento de llegar no tenían donde dormir, por lo que tuvieron que hacerlo en el suelo y amontonados. Después de dos semanas recibieron una colchoneta. Después de un mes les pasaron un poco de tapas. Los interrogatorios efectuados en el Fuerte Borgoño ubicado en Talcahuano, se llevaban a efecto con mecanismos de tortura. En este último punto, se puede dar cuenta de algunos mecanismos como: El Submarino en agua y excremento; La Campana, donde un tarro cubre la cabeza del detenido, el que luego es golpeado produciendo un intenso ruido; colgarlos desnudo desde un árbol con las manos amarradas durante varias horas, mientras se les golpeaba con una varilla; aplicación de corriente; abusos sexuales a mujeres; entre otras.

Los organismos encargados de efectuar las detenciones y posterior traslado fueron: la Coordinadora de Inteligencia Regional (CIRE), el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Servicio de Inteligencia de Concepción (SIRE) aludido como el principal organismo de represión, Carabineros, Policía de Investigaciones, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente la Central Nacional de Inteligencia (CNI) que mantuvo cuarteles donde torturó y flageló a muchas personas, uno de ellos fue el Cuartel Bahamondes, también conocido como el cuarto de la música o el cuarto de la risa, ubicado en Pedro de Valdivia N° 710 camino a Chiguayante.

Algunos casos de la región

El día 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Lota se habían acelerado una serie de investigaciones que estaban basadas en antecedentes que tenía alusión a la existencia de cuadros de entrenamiento en fábrica de explosivos, efectuados con el fin de ejecutar el denominado "Plan Zeta". A través de estas investigaciones las autoridades de la época anunciaban que habían dado con el paradero de algunos cajones de madera que contenían gran cantidad de granadas, todas ellas retiradas del patio de la Municipalidad de Lota donde habrían sido enterradas. Así, y mediante un consejo de guerra, fueron asesinados la mañana del 22 de octubre de 1973 en la autopista que une Concepción con Talcahuano, el Alcalde de Lota, Danilo González (39 años); el Gerente General de ENACAR, Isidoro Carrillo (46 años); el Presidente del Sindicato celulosa de Concepción, Bernabé Cabrera (39 años); y el dirigente gremial del Magisterio, Vladimir Araneda (33 años), todos militantes del Partido Comunista. Exhumadas las tumbas 17 años después del fusilamiento, sus familiares dieron con sus cuerpos y pudieron sepultarlos dignamente.

Por otra parte, el mismo mes de septiembre de 1973 ocurrió un hecho similar en las localidades de Laja y San Rosendo. Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas habían sido detenidas por personal de carabineros de dichos lugares y trasladadas a la Tenencia de Laja donde estuvieron retenidos hasta el día 17. A partir del día 18 sus rastros habían desaparecido. La gran mayoría era obrero de la papelera, otros comerciantes, estudiantes, profesores, militantes socialistas, entre otros.

A mediados de 1977, la asistente social Nelly Henríquez y la abogada Martita Worner iniciaron una investigación debido a que algunos testimonios indicaban que esas personas habían sido ejecutadas. Con el avanzar de la investigación se hacía más evidente que los detenidos habían sido ejecutados y hechos enterrar clandestinamente en algún lugar cercano a la ciudad de Laja. Las voces de muchas personas indicaban que las sepulturas clandestinas estaban en el cementerio de Yumbel. Efectivamente era cierto, y los cuerpos fueron exhumados en octubre de 1979, seis años después de sus detenciones y asesinatos.

Por último, relato brevemente el Caso Quebrada Honda, donde 4 personas tras ocurrido el golpe cívico-militar decidieron refugiarse en los cerros de Tomé. No teniendo con que sobrevivir deciden bajar a la casa de uno de ellos, siendo detenidos por la policía. En la Comisaría de Tomé fueron torturados, quedando uno de ellos gravemente herido y falleciendo días después. A los tres restantes se les acusó de delitos de porte de armas de fuego en tiempos de guerra, porte y ocultamiento de explosivos, y concentración para milicias paramilitares. Se les condenó a más de 20 años de cárcel, teniendo que cumplirlas en la ciudad de Tomé. No obstante, el 9 de octubre fueron retirados por oficiales y entregados moribundos al alcaide, este último se negó a recibirlos por el estado en el cual se encontraban. El oficial ordenó llevarlos hacia Talcahuano, pero en el camino fueron asesinados en Quebrada Honda. La versión de la Armada indicaba que habían sido emboscados y que los presos habían aprovechado para intentar escapar lo que obligó a tener que dispararles y asesinarlos. Años más tarde, la comisión Rettig concluyó que esta declaración no podía ser posible.

Consideraciones finales

De esta manera, una de las principales marcas de la dictadura chilena fue el empleo constante y sistemático de la violencia. Ya desde el mismo martes 11 de septiembre de 1973, las medidas de fuerzas se hicieron sentir en todo el país. Desde el ataque al palacio de la Moneda, las persecuciones, detenciones, asesinatos, allanamientos, exilios y relegaciones. El intento de eliminar todo rastro marxista y opositor, persiguió con sigilo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, al Partido Comunista y al Partido Socialista. Se habilitaron recintos para tales objetivos. En ese contexto, varios fueron los dispositivos institucionales de represión y violencia que se hicieron presentes.

Sr Patricio Aylwin A, Presidente de la República de Chile, Santiago.

Respetado Señor Presidente:

Me dirijo a Usted, por mi situación actual de ser incapaz de realizar un trabajo rentable, debido a mi situación de reclusión política.

Con fecha 17 de agosto '92, me he dirigido a la Gobernación de Chillán, en busca de ayuda, donde me han pedido hacerlo en forma escrita, a lo que ellos me han dicho no poseer recursos, pero sí estudiar el caso, y mandarlo a Santiago.

Yo soy Eduardo Valenzuela Ferrada, nacido el 12 de octubre I 34, Carné Nº 3.695.519-8, Chileno, Casado con Teresa Contreras C, con Domicilio en Chillancito Quillón. 8º Region.

Señor Presidente, hasta ahora la a­yuda es solamente para los detenidos políticos desaparecidos, muertos, degollados. Pero que es de nosotros, que solo nos faltó nos desaparecieran y que hoy no servirnos para nada, hemos sido marginados por 17 años, durante el Gobierno Militar Chileno.

Paso a contarle mi caso vivido, yo era presidente de un Acentarniento, de mi sector.

Fui detenido el 19 septiembre '73, por fuerzas militares, fui recluido en la Cárcel de Bulnes, donde fui duramente golpeado, maneatado y sumergido en agua, etc , pasando por todas las obligaciones, a. que debíamos ser sometidos los reos como yo.

Después, fui trasladado a la Cárcel de Chillán, donde fui juzgado en la fiscalía militar, condenado a 5 años y 1 día, que debí cumplir en la Cárcel de Bulnes.

Hoy estoy dañado psicológicamente, por lo que, no puedo laborar con responsabilidad.

Por lo que, solicito a su excelencia, del Gobierno Democrático actual, pueda atender mi caso y situación.

Ruego a Usted ayudarme, hoy sufre mi familia y yo las consecuencias de este problema, por lo que, le pido la posibilidad de ser jubilado anticipadamente, pues soy afiliado del S.Seguro  Social, por 20, veinte años más o menos.

Por lo que también, adjunto copia del ultimo certificado médico.

Le escribo, con muchas esperanzas, esperar su. respuesta, pues confío en su buena voluntad.

Saluda Muy Atte.

Eduardo Valenzuela F (Afectado)

Teresa Contreras c.

 Chillancito, Agosto '92