Cuartel de Investigaciones, Cauquenes

Según los testimonios recogidos en la ciudad de Cauquenes, el ex-Cuartel de Investigaciones de Cauquenes y la Cárcel Publica de Cauquenes fueron los principales centros de detención de esa ciudad.  Al igual que en otras ciudades, la Cárcel Publica era utilizada como centro de reclusión, mientras que el Cuartel de Investigaciones servia como lugar de interrogatorio y tortura.

 La mayoría de los detenidos fueron hombres, pero también hubo algunos casos de mujeres. Los testimonios coinciden en señalar que inmediatamente después de haber ingresado al recinto los detenidos eran golpeados. Después eran fichados e introducidos en los calabozos, donde permanecían, hombres y mujeres, incomunicados, hacinados y sin condiciones higiénicas. Los calabozos eran mojados de manera constante.

Según los antecedentes, algunos prisioneros fueron aislados en piezas pequeñas y oscuras, en donde sólo era posible permanecer de pie. Luego de un tiempo, fueron trasladados a la Cárcel de Cauquenes.

En los años 1973 y 1974, a algunos detenidos los traían desde la Cárcel de Cauquenes para someterlos a interrogatorios y torturas. Los testimonios dicen que los detenidos sufrieron golpes, amenazas, privación de sueño, aplicación de electricidad, el submarino en aguas con excrementos humanos, simulacros de fusilamiento y perforaciones de las uñas de los pies y de las manos con agujas.

Testigos señalan tambien que en este recinto estuvieron Pablo Renán Vera Torres, Claudio Manuel Lavin Loyola, Miguel Enrique Muñoz Flores y Manuel Benito Plaza Arellano, cuatro jóvenes de la localidad que fueron asesinados, el 4 de Octubre de 1973, por la comitiva de la Caravana de la Muerte. Un testigo que vio a estos jóvenes en el Cuartel de Investigaciones de Cauquenes señala que ellos estaban en malas condiciones físicas y que mostraban claras huellas de maltratos y torturas.

La ciudad de Cauquenes estaba en ese entonces bajo el mando militar del teniente coronel Rubén Castillo Whyte, quien, en un mando oficial, atribuyó estas muertes a una supuesta “fuga” por parte de los cuatro jóvenes. Esta declaración cubría al General Arellano Stark y su comitiva al reproducir una clara tergiversación de los hechos. Los cuatro jóvenes habían sido simplemente sacados del Cuartel de Investigaciones de Cauquenes por miembros de la comitiva de Arellano Stark y asesinados horas mas tarde en el fundo “El Oriente”.

Culpables y Cómplices:

Militares: General Sergio Arellano Stark; el Coronel Sergio Arredondo Gonzáles; el Mayor Marcelo Moren Brito, el Mayor Pedro Espinoza, teniente coronel Rubén Castillo Whyte, el capitán Antonio Palomo Contreras, el teniente Armando Fernández Larios, el teniente Jorge Acuna Hahn, el teniente Enrique Rebolledo,

Detectives: Clodomiro Garrido, uno de apellido Jaras,

Civiles: Francisco Arellano, Marcial Salazar Hormazabal

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech; CODEPU:  “La orden era matar”, “Labradores de la esperanza”; Memoriaviva;

Cauquenes comprende el tramo que va desde el no Longaví por el norte, hasta la cuenca de los ríos Nuble e Itata por el sur. Aquí, la Cordillera de la Costa prácticamente no existe, transformándose en cerros bajos cubiertos de pinos y valles de rulo.

Según los testimonios recogidos en esta ciudad, al día siguiente del Golpe Militar, el Intendente y Comandante del Regimiento 'Andalien' Rubén Castillo White, hizo reunir a los trabajadores del Banco del Estado y se dirigió a ellos. Un testigo relató: "estaba bebido, allí dijo que se iban a extirpar ciertas cosas, que ahora mandaban los militares." (Revista Análisis 141).

Tiempo después, el día 4 de octubre, arribó al Regimiento de Cauquenes, el General Arellano Stark y su comitiva en un helicóptero Puma. Antes de mediodía se vio entrar al Mayor Marcelo Moren Brito al Banco del Estado de Cauquenes. Al General Arellano Stark, acompañado por Castillo White, almorzando en el Club Social de la ciudad.

En aquella fecha, se encontraban detenidos en el Cuartel de Investigaciones de Cauquenes:

Pablo Vera Torres de 22 años, soltero. Había sido detenido el 19 de septiembre, en su casa, después de un allanamiento, junto con su padre. Don Guillermo Vera, quien estuvo preso hasta diciembre de 1976, cuando se le conmutó su pena de prisión por extrañamiento a la República Democrática Alemana, en donde murió posteriormente.

Claudio Lavín Loyola de 29 años. Era casado, con dos hijos. Era técnico agrícola y trabajaba en el Banco del Estado. Fue detenido el 2 de octubre por detectives, cuando se presentó a Investigaciones a cumplir con su firma diaria, trámite que le había ordenado el Jefe de Zona en Estado de Sitio, Rubén Castillo White.

Miguel Muñoz Flores de 21 años, soltero, empleado de la CORA, quien fue detenido en su casa por miembros de Investigaciones el día 11 de septiembre de 1973.

Manuel Plaza Arellano de 25 años, era técnico agrícola. Fue detenido el 20 de septiembre en su casa, por una patrulla militar y enviado luego al Cuartel de Investigaciones.

Los cuatro eran militantes socialistas.

El día 4 de octubre fueron sometidos a un "Consejo de Guerra" en el mismo Cuartel de Investigaciones. A las 5 de la tarde fueron sacados del calabozo y trasladados al fundo "El Oriente" en donde, según la prensa de la época, intentaron fugarse y se les aplicó la "Ley de Fuga", debido a lo cual resultaron muertos.

Sin embargo, la versión entregada por testigos es diferente.

"En el Cuartel de Investigaciones se sentía una gran tensión, a las cuatro de la tarde es llevado a declarar Claudio Lavín. Un testigo, Juan León, que estaba preso con él y que posteriormente fue trasladado a la Cárcel de Cauquenes se encontró con Ricardo Ugarte, quien también había sido procesado por ese "Consejo de Guerra". Ricardo Ugarte, hijo de un Coronel en retiro de Carabineros y sobrino de la madre de Augusto Pinochet, le relató que "a los cinco los llevaron a una sala donde había un civil que daba órdenes, rodeado de militares de boina, con corvos y granadas en el uniforme, también con fustas. Había asimismo un militar de alto rango". Ricardo vio esto cuando iba entrando a la sala. Recuerda que: 'los militares gritaban e insultaban a los jóvenes, y que en un momento dado. Pablo Vera les gritó: ¡ ¡ pero si no nos creen nada!!.'

"Juan León relató que Ricardo en algún momento fue careado con Muñoz Flores, el que no podía caminar por sí solo. Perdió la noción del tiempo y no recuerda cuando terminó el interrogatorio, luego fue sacado de ese cuarto y llevado nuevamente a la sala donde estaban los otros cuatro detenidos, pero rápidamente y por orden de un militar se le llevó por personal de Investigaciones, dentro del mismo Cuartel, a un baño pequeño donde se le dejó esposado. Perdió el conocimiento, siendo despertado por un detective, el que lo condujo a la sala de guardia, pudiendo percatarse que ya no habían militares y que era de noche. Encontrándose en ese lugar, entraron dos funcionarios de investigaciones, entre los cuales recuerda a uno de apellido Castillo, que venían desde la calle y se veían muy conmocionados. Después de hablar unos minutos entre ellos, lo llevaron nuevamente al baño donde permaneció aproximadamente una hora más. Después lo retornaron a la Cárcel, en el trayecto uno de los detectives le dijo 'da gradas a Dios'." (Revista Análisis Nº 141).

Posteriormente, Ricardo Ligarte reconoció a Arellano Stark, como uno de los presentes en la Sala del "Consejo de Guerra".

La viuda de Claudio Lavín relató los hechos inmediatamente posteriores a este Consejo de Guerra. El 4 de octubre llevaba la vianda de la tarde a su esposo preso, pero el Cuartel estaba cerrado y un guardia le dijo que no se podía entrar porque había militares dentro, pero que esperara "porque a lo mejor se van luego." A las 17:00 hrs. aproximadamente salió un jeep:

"…allí iba Claudio y otros detenidos. A él lo reconocí porque iba con una chomba roja que le había tejido. Nos vio pasar a mí y a su hermana Lily. Iba en el último asiento y me hizo un gesto como diciendo 'no sé que pasa'. Luego salieron el jeep de Castillo White, una micro cerrada y un camión de un conocido agricultor de la zona. Chito Francisco Arellano. Un rato después volvió el camión y el jeep de Castillo, los que pasaron por Investigaciones. El camión fue el que, al parecer, llevó los cadáveres a la Morgue del Hospital, donde les hicieron la autopsia."

Todos los Certificados de Defunción son iguales: "hora de ejecución, 17:30 hrs. y causa de muerte: herida de bala en el cráneo."

En la mañana del 5 de octubre, en la Plaza de Armas, mediante altavoces conectadas a la radio local, se transmitió el Bando que indicaba que se había fusilado a Lavín, Muñoz, Vera y Plaza "por agredir a personal militar e intentar fugarse mientras eran trasladados."

El Director Subrogante del Hospital de la ciudad era, en ese entonces, el médico legista titular, Dr. Mario Muñoz Ángulo, quien tiempo después relató:

"Ese día 4 de octubre llegó un funcionario del Ejército al Hospital, ordenando que se retirara todo el personal desde la puerta de entrada hasta la morgue del recinto. No dio explicaciones. Luego bajaron cuatro cadáveres tendidos sobre sacos y los arrastraron por el pasillo. A su paso dejaron un reguero de sangre, fue algo que me impresionó mucho porque yo conocía a dos de los muchachos, a Pablo y a Claudio. Era amigo y colega del padre de éste último y a su hijo lo conocía de niño. Todos tenían heridas de bala en la cabeza, en algunas con estallido de cráneo. Entregué el protocolo de autopsia al Comandante y luego un camión del Ejército retiró los cuerpos."

Aquella misma noche, los cuatro prisioneros fueron enterrados en una fosa común. En el entierro sólo participó un civil, el panteonero del Cementerio de Cauquenes, Alamiro Fuentes, el mismo que, un mes después ayudó al traslado del joven Lavín a un nicho particular. Allí también participó el médico que practicó las autopsias. La viuda de Lavín declaró al respecto:

"La exhumación se hizo a las 3 de la mañana y asistieron, por la familia, el Coronel Carlos Alberto Lemus (cuñado de Claudio Lavín), los militares que habían sido los fusileros y el médico legista. Yo le pedí a Carlos Alberto que me trajera la medalla y la cruz que Claudio llevaba al cuello. Cuando volvió venía muy quebrado. Le pregunté cuántas heridas tenía Claudio. Me respondió que 3 ó 4 disparos en la cara. Yo siempre supe que las balas de fusil o metralleta hacen un forado por el lugar de salida. Carlos Alberto me señaló que los cráneos estaban destrozados y que todas las balas habían entrado de frente, por la cara. O sea. el Bando en que comunicaron lo de la Ley de Fuga era una burda mentira"

El 30 de abril de 1986, las familias de los cuatro ejecutados interpusieron una Querella criminal por homicidio calificado, con dos agravantes: Premeditación y Alevosía. Esta querella identificó a cuatro miembros de la comitiva militar del General Sergio Arellano Stark: el Coronel Sergio Arredondo González, el Mayor Marcelo Moren Brito, el Capitán Antonio Palomo Contreras y el Teniente Armando Fernández Larios.

Chanco: Los Dos Ejecutados

58 kms. al sur de Constitución se encuentra Chanco, un pequeño pueblo de casas coloniales, emplazado sobre un antiguo asentamiento de indios pescadores.

Los días 25 de octubre y 21 de noviembre, fueron ejecutados dos hombres.

Urberlindo del Rosario Aguilera Pereira, tenía 26 años y era dirigente campesino. El murió en el curso de uno de los numerosos operativos que tanto militares como carabineros practicaron en los campos y fundos de esta región. A uno de ellos, el fundo "Pahuir, ubicado a 16 kms. al norte de Chanco, llegó un vehículo conducido por el gendarme José Santibáñez Labraña.

En relación a Uberlindo, la Comisión de Verdad y Reconciliación informó lo siguiente:

''El día señalado, mientras se encontraba trabajando, se realizó un operativo de carabineros de la zona, quienes movilizándose en un jeep se presentaron en el fundo "Pahuil", obligando a los campesinos a tirarse al suelo mediante ráfagas de metralleta."

"Uberlindo bajó de un caballo con sus manos en alto, se tiró al suelo, para momentos después ponerse de pie con las manos alzadas. Un carabinero le disparó de frente, recibiendo el impacto en el pecho. En ese mismo instante muere. Estos hechos fueron presenciados por numerosos campesinos y efectivos policiales, que fueron testigos de lo sucedido."

"La viuda fue citada a declarar a la Comisaría de Chanco, donde el mismo carabinero que momentos antes había causado la muerte de su cónyuge, le dijo que disponía de cuatro horas para proceder al entierro. Este se llevó a cabo en el Cementerio local. El cuerpo sin vida de la víctima es trasladado en un camión de Vialidad, conducido por carabineros."

El día 21 de noviembre, fue muerto Juan Antonio Villaseñor Jara, de 37 años. El era buzo submarino y militante del Partido Demócrata Cristiano.

Había tenido un incidente con militares en la mañana de ese día. Horas después, una patrulla de militares, los mismos del incidente, divisaron el automóvil de Juan Villaseñor y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones hasta herirlo de muerte. Una investigación judicial posterior estableció que los militares lo habían estado buscando desde horas antes: que Juan Antonio no se encontraba en estado de ebriedad; y uno de los militares admitió haber reconocido el automóvil de la víctima antes de producirse el baleo.

Esta investigación contrastó visiblemente con la versión oficial entregada por carabineros al Juez de Chanco, cuando éste solicitó su versión.

Según el Parte Nº 27 de la Segunda Comisaría de Carabineros, Juan Villaseñor conducía su automóvil sin luces, en horas de toque de queda y en estado de ebriedad. En esas circunstancias se habría encontrado con una patrulla militar, desobedeciendo las órdenes de detenerse y lanzando su vehículo contra los militares, quienes dispararon al aire, impactándolo en la cabeza, lo que le causó la muerte.

Constitución

Antecedentes

Fue fundada entre el mar y la cordillera de la costa, a orillas del río Maule en 1794. Don Ambrosio O'Higgins le dio su primer nombre: Nueva de Bilbao.

Por esa época su río era navegable hasta Talca, lo que hizo de esta ciudad el principal puerto fluvial de embarque de la producción triguera de esta región.

Con el tiempo, por sus antecedentes y paisajes, se fue configurando como uno de los principales balnearios de comienzos de siglo. La idea de convertir su Bahía en Puerto de Mar, en la época del gobierno del General Ibáñez, fue su primer proyecto fracasado. El mar se retiró y el río ayudó a que su bahía se transformara en un gran embancamiento de arena. En este lugar, en la década del 60, se instaló la planta de Celulosa '"CELCO", muriendo progresivamente Constitución como balneario.

A comienzos de 1970, su población era de alrededor de 15 mil habitantes. La industria de la madera, las dos plantas de elaboración de ella. Ce Ico y Copihue, así como la progresiva industria pesquera, hizo que desde esa época su población aumentara considerablemente. Campesinos migraron hacia Constitución para buscar trabajo en esa ciudad.

Precisamente por esta situación social y laboral, a partir de 1971 se comenzó a gestar una creciente actividad política por parte de los partidos de izquierda: Socialista, Izquierda Cristiana y, especialmente, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Ante la carencia de viviendas, el MIR ideó y llevó a cabo, junto a numerosos trabajadores sin casa, la toma de terrenos para construir una población. Estatué instalada en un pequeño cerro frente al mar.

Los partidos de izquierda, pocos meses antes del Golpe de Estado, iniciaron un movimiento de presión ante las autoridades nacionales y se manifestaban en las calles exigiendo la renuncia de la Gobernadora demócratacristiana, lo que se logró finalmente en mayo de 1973. Fue reemplazada por Arturo Riveros Blanco, un joven militante de la Izquierda Cristiana.

Golpe de Estado

Lucía Valenzuela lo describió así:

"En la primeras horas del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, Arturo Riveros -en su condición de máxima autoridad local- se dirigió por radio a la población y más tarde se instaló en las oficinas de Celco, donde se realizó una asamblea con la presencia de dirigentes locales de los partidos de izquierda. Después de algunos discursos, se realizó una marcha hacia la Gobernación, encabezada por el propio Riveros portando una bandera chilena. El edificio de la Gobernación se encontraba con efectivos de carabineros al mando de su máxima autoridad. Mayor Abdón García, con quien sostuvieron una reunión a puertas cerradas Riveros y el dirigente del MIR, Jorge Yáñez. Luego hubo otra entre los dirigentes políticos y finalmente hablaron a los manifestantes, retirándose todos a sus casas. Esa noche, alrededor de las 23 horas, las dependencias de la Gobernación fueron ocupadas por efectivos militares de la Escuela de Artillería llegados desde Linares, al mando del Capitán Juan Morales Salgado. En este mismo edificio estaba ubicada la residencia del Gobernador, donde habitaba Arturo Riveros y su familia, único lugar en que no se instalaron los uniformados, no obstante esa misma noche el Capitán Morales anunció que asumía como tal."

"También formaban parte de este grupo el Teniente Leonardo Marchant Rocha y los Subtenientes Mauricio Salas Coccolo y Alejandro Herrera López. El Capitán Morales asumió como Gobernador de Constitución y se instalaron en estas dependencias y en Investigaciones, cuyos efectivos fueron enviados -todos ellos- a la ciudad de Talca."

"A primera hora del día siguiente, Riveros se dirigió a la Celco, donde participó en una reunión con dirigentes sindicales. Antes de que ésta terminara, los militares rodearon la industria y comenzaron a detener a la mayoría de los sindicalistas y trabajadores, todos los cuales eran individualizados por un escribiente de carabineros que los acompañaba. En estas circunstancias fue detenido Riveros y trasladado, junto al resto, en un microbús de locomoción colectiva a la Comisaría de Carabineros, ubicada junto a la Gobernación."

Según varios testigos, la represión en Constitución comenzó el día 12 de septiembre. Femando Garrido Jaque (1), un obrero que para ese entonces trabajaba en la planta de Celulosa Celco, nos dijo que:

"Carabineros y militares iniciaron en la ciudad y en los caminos rurales cercanos, rondas de vigilancia y de detención de aquellos que buscaban o . creían sospechosos. Varios civiles acompañaban los operativos."

"El director del Hospital de Constitución, doctor Gustavo Rayo fue detenido por militares ese mismo día, junto al Dr. Nelson Luna Vera y otros funcionarios."

"Esa noche, los militares entraron a Celco, para desalojarla. Desde las casas se sentía el tiroteo, no sabíamos lo que pasaba. La planta quedó parada por más de una semana."

Otro testigo aseguró que:

"En verdad, luego del Golpe Militar, la represión en esta ciudad se centró fundamentalmente contra los obreros de la Celulosa Celco y Copihue y contra los numerosos campesinos que habían llegado de diferentes localidades a trabajar en la industria de la madera."

Hernán Peña Jeldrez, Capitán de Puerto de Constitución hasta 1970, quien además estuvo detenido en la propia Gobernación en los días posteriores al Golpe, nos contó la detención de dos de sus cuatro hijos: Hernán y León:

''Ellos fueron horriblemente torturados en la Cárcel Pública de Constitución. Recuerdo también el nombre de otras personas que sufrieron tratos inhumanos: Denis Henríquez. profesor de Filosofía; Boris Arellano, locutor de la radio local; César Orellana, algunos médicos y tantos otros…"

Varios ex-prisioneros relataron que en la Cárcel de Constitución había más de 60 personas presas en los días que siguieron al Golpe.

"Estaban hacinados porque era una Cárcel pequeñita, para más o menos 20 reclusos. Todos ellos fueron flagelados. Los médicos estaban en una ce Ida aparte, junto a Osvaldo Zamorano, los hermanos Vásquez y otros que no recuerdo. En otra celda tenían a seis incomunicados, entre ellos yo", señaló Femando Garrido.

"A los médicos, tal vez, no los torturaban tanto, pero todos los días los sacaban encadenados a hacer tareas de jardinería, incluso en el propio Hospital, donde ellos antes habían sido jefes. Todos podían verlos ahí barriendo, cortando el pasto, totalmente humillados", recuerdan varios habitantes de Constitución.

La gente de derecha "que acá fue muy prepotente durante el gobierno de la Unidad Popular, inmediatamente después del Golpe se transformó en colaboradora e informante de Morales Salgado", recordaron especialmente a uno de apellido Bemal y también a Nibaldo Garrido.

Según nos relató el Encargado de la Comisión de Derechos Humanos de Constitución.

"… en esta ciudad hubo ejecuciones de obreros y campesinos dentro de la misma planta de Celco, en un lugar cercano a la desembocadura del río, en el cerro Mutrún y en el sector Las Cañas, camino a Cauquenes."

A pesar de que varios testigos hablan de un número mayor de personas detenidas desaparecidas o ejecutadas, y a pesar de que hace más de un año se descubrió una fosa con más de ocho osamentas humanas en el Cerro Mutrún y otras dos en el Cementerio de esta dudad, las Agrupaciones, nosotros y la Comisión de Verdad y Reconciliación, registramos hasta el momento sólo cuatro personas, que describiremos a continuación.

Los cuatro detenidos desaparecidos: Sus detenciones, sus vidas

Cuatro hombres desaparecieron en Constitución entre el 11 y 16 de septiembre de 1973. El menor tenía 21 años y el mayor 37. Dos eran militantes del MIR, uno de la Izquierda Cristiana y otro, que no tenía militancia, era dirigente sindical de la Empresa Celco.

Arturo Enrique Riveros Blanco

Tenía 22 años, era casado y con 1 hijo. Dibujante técnico de la empresa Celco, fue Gobernador Subrogante de la ciudad de Constitución, desde mayo a septiembre de 1973. Era militante de la Izquierda Cristiana.

Fue detenido en la mañana del 12 de septiembre. A las tres de la tarde de ese mismo día fue dejado en libertad, pero bajo arresto domiciliario. El día 14 de septiembre, a las 19 horas fue nuevamente trasladado a la Cárcel local. Allí se encontró con numerosas personas que ya estaban detenidas, entre ellas José Alfonso Saavedra Betancourt, de 37 años, obrero enfierrador y dirigente sindical de la empresa Celco.

Según consta en el Libro de Novedades de la Cárcel de Constitución, ambos detenidos fueron trasladados por el Capitán Morales Salgado, a las diez de la noche del día 14, a la Escuela de Artillería de Linares. Ante consultas posteriores hechas al Capitán Morales por los familiares de los detenidos, éste les manifiesto que el día 15 de septiembre habían sido trasladados al mencionado recinto de Linares.

El día 22 de septiembre, Catherine Delgado, esposa de Arturo Riveros se presentó a la Cárcel de Constitución, donde le entregaron los efectos personales de su marido. Luego, se dirigió a Linares. En la Escuela de Artillería fue atendida por un Mayor de Ejército de apellido Pérez, quién le informó que su esposo había sido dejado en libertad después de tomarle una declaración por escrito el mismo día 15 de septiembre, bajo la condición de que debía presentarse a firmar periódicamente.

Posteriormente, este mismo militar cambió su declaración, informando que Riveros Blanco había sido puesto en libertad por error y que estaba siendo solicitado por medio de Bandos Militares para que se presentara en la Escuela de Artillería de Linares.

Desde ese momento se desconocen nuevos antecedentes acerca del paradero y situación de Arturo Riveros y José Saavedra.

En marzo de 1991, el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación desmintió lo aseverado por el Capitán Morales Salgado acerca del traslado de los detenidos a Linares, informando que:

" 1.- La Gobernación militar pidió un vehículo para trasladarlos, que nunca se utilizó para tal propósito, porque regresó a Constitución una hora después de su salida, tiempo que no permite en ningún caso ir y volver hasta Linares. Los detenidos nunca fueron llevados a Linares."

"2.- El testimonio de una persona que encontrándose detenida en Constitución, fue conducida al sector denominado 'La Poza' en el cerro Mutrún, donde fue sometido a un simulacro de fusilamiento. Esto ocurrió la misma noche que Riveros y Saavedra fueron sacados de la Cárcel. Uno de los conscriptos que participó en este simulacro, le indicó al testigo que obedeciera las órdenes de la patrulla porque ya llevaban dos muertos."

A pesar del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en Declaración Jurada, Anselmo de la Cruz Contreras Jaque, obrero, asegura que:

"A fines de septiembre, encontrándome preso en el Cuartel de Investigaciones de Cauquenes, vial Gobernador Riveros Blanco en los pasillos… no sé si entraba o salía, fue en un cambio de calabozo que tuve, lo vi de cerca, ambos íbamos cuidados."

Igual sucede con la Declaración Jurada de Esteban Hurtado Pereira, quien había sido Intendente de la Provincia de Maule durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende. El relata:

"A fines del mes de septiembre de 1973 y principios de octubre, en uno de mis traslados desde mi casa a la Gobernación a interrogatorio, vi frente al edificio de la Gobernación a pocos metros del kiosco de diarios, a dos personas que estaban agachadas y amarradas en la parte posterior de la camioneta de la Gobernación de Chanco, una Intemational, año 1966, de dos colores azul, manejada por don José Santibáñez. Una de estas personas era el ex Gobernador de Constitución Arturo Riveros Blanco, con otra persona que no ubico. Era aproximadamente el mediodía, fue un hecho público en Cauquenes, todos en la ciudad lo supieron. Mi interrogatorio ese día en la Gobernación duró dos horas, salí por otra puerta, por lo que no me consta cuánto tiempo estuvieron allí."

Los otros dos detenidos y desaparecidos, al igual que los anteriores, tienen en común: su detención, prisión y desaparecimiento el día 16 de septiembre de 1973. Ambos pertenecían al MIR.

Jorge Bernabé Yáñez Olave, 29 años, casado, 1 hijo, periodista y
Jaime Bernardo Torres Salazar, 21 años, soltero, 1 hijo, obrero.

Según Lucía Valenzuela:

"Jorge Yáñez y Jaime Torres decidieron salir de Constitución, pues los militares habían detenido a varios dirigentes sindicales y al ex Gobernador Riveros. se dirigieron en una camioneta hacia Cauquenes, donde fueron reconocidos por carabineros y detenidos el 16 de septiembre. Entre los aprehensores se menciona a un carabinero de Constitución, de apellido Jaque. Ambos fueron conducidos al Cuartel de Investigaciones de Cauquenes, quedando a disposición del Jefe de Zona en Estado de Sitio, Coronel de Ejército Rubén Castillo White. Ese mismo día, el Gobernador militar de Constitución, Capitán Juan Morales, solicitó la remisión de los detenidos a esa localidad, por existir cargos en su contra, lo que le fue otorgado. Jorge Yáñez y Jaime Torres fueron trasladados a esa localidad por una patrulla militar enviada especialmente. Todos estos antecedentes constan en el Parte Nº 10 de Investigaciones de Cauquenes, de fecha 16 de septiembre de 1973."

En el proceso por Presunta Desgracia – Rol 40150, en el ler Juzgado de Linares, se señala que en relación a la detención de Jorge Yáñez, consta el Parte Nº 10 del 16 de septiembre de 1973, que señala que la Comisaría de Investigaciones de Cauquenes puso a disposición del señor Jefe de Zona en Estado de Sitio de la provincia de Maule, Teniente Coronel de Ejército don Rubén Castillo White, al detenido Jorge Yáñez Olave por ser Jefe del MIR en Constitución, por portar arma y por ocultamiento de armas (Je fuego. La policía de investigaciones, junto con dar cuenta de este parte, hace presente que en esa misma fecha el Gobernador Militar de Constitución solicitó al Jefe de Zona en Estado de Sitio, la remisión a Constitución del detenido, por existir otros cargos en su contra en esa ciudad, a lo cual el Jefe de Zona accedió. Por esta razón una patrulla militar de Constitución se trasladó hasta Cauquenes procediendo al traslado del detenido.

La señora Elsa Letelier, empleada de la pensión donde alojaba Jorge Yáñez, vio llegar a ambos detenidos provenientes de Cauquenes en una camioneta roja, con personal del ejército. Ella mencionó posteriormente, que Jorge Yáñez estaba en muy mal estado físico y que tenía la cara ensangrentada.

Otro testigo, que conocía tanto a Jaime Torres como a Jorge Yáñez, vio como ingresaban fuertemente custodiados, al edificio de la Gobernación del puerto maulino. Esta fue la última vez que alguien los vio.

Gustavo Salazar, técnico dental y ex candidato a regidor por el Partido Socialista en Constitución, fue detenido el 14 ó 15 de septiembre de ese año y llevado a la Comisaría (te Carabineros, ubicada junto a la Gobernación. Permaneció dos días en prisión siendo sometido a torturas e interrogatorios. En una de estas sesiones, llevaron a otro detenido que no podía mantenerse en pie y era sostenido por dos uniformados, tenía la cabeza rapada y la cara hinchada, deformada por los golpes. Cuando este detenido habló -lo que hizo con mucha dificultad- reconoció que se trataba de Jorge Yáñez, a quien conocía como "Nico" y al que había atendido profesionalmente en abril de ese año. No volvió a verlo.

Por otra parte, el padre de Jorge, don José Yáñez pidió que se le entregara una constancia oficial de la detención de su hijo por parte del responsable de él. Capitán Morales Salgado. Esta solicitud fue respondida por el Intendente de Linares, con fecha 14 de noviembre de 1973:

"Efectivamente, su hijo Jorge Yáñez Olave fue pedido a ese Departamento (refiriéndose a Constitución), pero en esa fecha Investigaciones no se encontraba cumpliendo sus funciones, por haber sido trasladados en su totalidad a Talca. Fue dejado en libertad el día 19 de septiembre de 1973. Posteriormente, a la llegada de Investigaciones y a raíz de declaraciones de otros presos políticos, se pidió su recaptura a lo largo del país, encontrándose en la actualidad fugado."

Sin embargo. Jorge Yáñez fue careado el día 19 de septiembre con otro detenido, Gustavo Salazar, en el edificio de la Gobernación de Constitución, quien lo vio pelado, hinchado, morado, casi sin conocimiento. Al hablar lo reconoció.

Cuando conversamos con la esposa de Jorge Yáñez, doña Juanita Soto Lastra, nos relató:

"Inmediatamente después del Golpe de Estado, no supe nada de él, hasta el 17 de septiembre, cuando en el cumpleaños de nuestro hijo Cristian me avisaron de que estaba preso en Cauquenes."

"Fuimos con mi suegro y allí nos dijeron que lo habían trasladado a Constitución, junto con otro detenido (Jaime Torres Salazar). De Cauquenes fuimos a Constitución, era el día 20 ó 21 de septiembre, llegamos a la Gobernación y allí un militar revisó unas listas de detenidos, nos dijo que no figuraban en ninguna de ellas, pero nos dijo que habían otros cinco detenidos y que no podía decir los nombres."

"La última vez que viajamos con mi suegro, que es carabinero retirado, éste habló con un sargento, en ese momento llegó Morales Salgado quien nos dijo que podía damos información sobre Jorge, pero que volviéramos a las 15:00 hrs. a la Gobernación. Cuando llegamos no apareció, lo esperé hasta las 18:00 hrs aproximadamente, me devolví a Cauquenes para hablar con un carabinero conocido, que me había dicho que iba a tratar de conseguir más información. Yo fui a su casa, allí le dije de qué partido político era Jorge y su nombre político, ya que hasta ese momento yo había negado conocer las actividades políticas de Jorge. Me dijo que haría lo posible por damos más datos pero que quería que fuera mi suegro a hablar con él."

"Al otro día fue mi suegro a Cauquenes a buscar la información, cuando volvió venía muy mal. El carabinero le había dicho que, efectivamente. Jorge estaba en el listado de los desaparecidos y eso significaba que estaba muerto. porque el Capitán Juan Morales Salgado, estaba loco."

Durante el curso de la investigación, hemos podido entrevistar solamente a la esposa y al hijo de Jorge Yáñez, y a la familia de Jaime Torres, quienes nos contaron sus vidas.

Jorge Yáñez era el menor de cinco hermanos. Había nacido en Yerbas Buenas, comuna de la provincia de Linares. La enseñanza básica la realizó en su ciudad natal y luego se fue a estudiar al Liceo de Hombres de Linares. En el año 1963, fue elegido Presidente de la Federación de Estudiantes de Linares. Desde esa época escribía poemas, ganó concursos literarios y desarrolló "una increíble generosidad y sensibilidad hacia los que no tenían nada.

Su familia logró que Jorge continuara sus últimos años de enseñanza secundaria en Santiago, y que ingresara a estudiar Teatro en la Escuela de la Universidad de Chile. Es precisamente a mediados de la década del 60, en tiempos de movilizaciones y reformas estudiantiles, que Jorge ingresó a militar al MIR.

El día 6 de marzo de 1966 se casó con Juanita Soto, al poco tiempo nació su hijo Cristian y volvieron a vivir a Linares.

Junto a otros militantes de su partido, comenzó a participar políticamente en el proceso de Reforma Agraria, en los problemas obreros y poblacionales de esta región. Formó parte del Comité Regional del MIR y como tal, a su vuelta de Cuba, donde viajó en 1972, fue encargado de la zona costera de esta región.

Viajaba constantemente entre Santiago, Nuble, Concepción, Cauquenes, Constitución y Linares. Además, en el año 1972, durante la inundación, ayudó a organizar la toma del Campamento Luciano Cruz. Se dedicó por entero a su trabajo político, con la idea de que podrían cambiar la situación de explotación y marginación en que vivía gran parte de la población de esta región. Pero no fue así."

A pesar de la diferencia de edad que había entre Jorge Yáñez y Jaime Torres, éste último siempre estuvo con él, trabajó con él y con él también desapareció."

Jaime Torres era de Linares y allí vivió toda su vida. Fue criado por una tía, ya que su madre quedó con una hemiplejía cuando él nació y su padre murió poco tiempo después. Una prima. Angélica Veloso, es quien nos habló sobre él:

A la edad de 7 años lo matricularon en el Colegio de los Padres Salesianos.

Era muy desordenado, pero los curitas lo soportaban por su inteligencia, su rapidez y su alegría de niño. Inventaba juegos y él mismo dirigía a sus compañeros, quienes le decían 'el loquillo' No era cariñoso ni regalón, pero sí muy respetuoso. En sexta preparatoria lo cambiaron al Liceo Politécnico de Linares, para que estudiara mecánica."

"En 1967 ingresó a militar al MIR. Desde entonces, junto a Jorge Yáñez se dedicaron a organizar el trabajo clandestino. El no tenía gran formación política, no era un teórico, pero era muy comprometido con la reivindicaciones de los campesinos y los pobladores. En 1972, fue uno de los que organizó la toma del Campamento Luciano Cruz y se fue a vivir allí con su compañera, Marcela Méndez."

"Cuando desapareció, Marcela estaba embarazada. A pesar de ello fue terriblemente torturada, obligándola a dar datos sobre Anselmo Cancino. El hijo de Jaime, a quien Marcela llamó Marcos, nació en la Cárcel."

Notas:

1. Fernando Garrido fue sometido a Consejo de Guerra junto a 20 prisioneros más, siendo sobreseído el 11 de diciembre de 1975 en la Fiscalía Militar de Cauquenes.

El 11 de septiembre de 1973 es la fecha inscrita en la historia de Chile como aquella que nos dividió y que  a pesar de haber transcurrido ya cuatro décadas, sigue causando desunión. Desde ese mismo día del Golpe Militar, muchos chilenos comenzaron a vivir las consecuencias de apoyar al Gobierno de Salvador Allende y entre ellos, cuatro cauqueninos perdieron la vida con el paso de la llamada “Caravana de la Muerte”.

Es la madrugada del 11 de septiembre de 1973, a eso de las 6:00 horas de la mañana los barcos de la Armada que habían zarpado del puerto de Valparaíso, el día anterior para participar de la operación Unitas, regresan y efectivos navales comienzan a ocupar las calles del principal puerto del país, también la Intendencia de la Quinta Región y las plantas de las compañías telefónicas. En Santiago -en tanto- el comandante en jefe de la Armada de Chile es detenido en su domicilio y un grupo de generales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden comienzan a tomar el control del país. Partía así el día en que los destinos de Chile darían un drástico y doloroso giro.

Son las 7:30 horas y el presidente Salvador Allende, ya alertado de lo que ocurría en Valparaíso llega hasta La Moneda acompañado de su guardia personal. Sin embargo, a esas alturas, el palacio de Gobierno ya estaba totalmente rodeado por las tropas rebeldes.

A las 8:00 horas Allende informa al país, a través de las estaciones radiales, sobre el levantamiento de la Armada en Valparaíso. Hasta ese entonces, el presidente socialista no sospechaba que ese era sólo el inicio de un plan bastante más acabado que terminaría por derrocar a su Gobierno. Quince minutos más tarde, las emisoras de oposición -a través de una cadena- transmiten la primera proclama militar, mientras ello ocurre las radios afines al gobierno son bajadas del aire.

Cuando el reloj marca las 9:00 de la mañana, el mandatario ya tiene claro que todas las Fuerzas Armadas están coludidas en su contra y que los mandos leales a su Gobierno fueron descabezados. A las 9:20 horas el presidente Allende habla por última vez a través de Radio Magallanes y con emotivas palabras se dirige a sus seguidores. Ésta será su última intervención pública: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”, señala.

Luego -y en uno de los más significativos extractos de su discurso de despedida- Salvador Allende manifiesta: “Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.

Ya a las 10 de la mañana, los tanques apostados frente a La Moneda comienzan a disparar, desde Palacio el Grupo de Amigos del Presidente (GAP) y efectivos de Investigaciones que deciden continuar defendiendo a Allende responden al fuego. A las 11:00 un grupo de mujeres que permanece en el edificio de Gobierno, entre ellas las hijas del mandatario, abandonan el lugar.

La jornada sigue avanzando y es al mediodía del 11 de septiembre, cuando la Fuerza Aérea de Chile (Fach) deja caer al rededor de 20 bombas explosivas -durante 15 minutos- sobre el ya dañado, pero aún estoico, Palacio Presidencial. El ala norte del edificio -frente a calle Moneda- comienza a arder profusamente, mientras que las tropas terrestres -ahora- lanzan bombas de gas lacrimógeno al interior de la estructura.

Cuando son las 13.30 horas, efectivos militares -liderados por el General Palacios- ingresan a La Moneda y una larga fila de detenidos hace abandono del lugar. En el segundo piso de la mancillada Casa de Gobierno, el presidente Salvador Allende Gossens, decide quitarse la vida con un fusil de asalto AK-47, regalado por por el líder cubano Fidel Castro, que en una placa dorada, tiene grabada la frase: “A Salvador Allende, de su compañero de armas, Fidel Castro”.

A las 4 de la tarde, es cuando Bomberos llega hasta el lugar para apagar las llamas que consumían la Casa de Gobierno, los restos del mandatario aun siguen allí. Al caer la noche y cubierto por un choapino boliviano el cuerpo del fallecido presidente es retirado por efectivos del Ejercito y trasladado hasta el Hospital Militar de Santiago. A esas alturas, la mayoría de las personas están resguardadas en sus casas bajo toque de queda, que regía desde las 18:00 horas y hasta la mañana siguiente. Otras cientos de familias afines al derrocado Gobierno, en todo el país, desconocen el paradero de algunos de los suyos.

Cauqueninos ejecutados

Ese mismo día del Golpe de Estado, la Junta Militar que se había tomado el poder comienza a realizar una serie de detenciones de hombres y mujeres adherentes al Gobierno de la Unidad Popular (UP). En Santiago el grueso de los detenidos son trasladados al Estadio Nacional, en Concepción son llevados hasta la Isla Quiriquina y en otras ciudades más pequeñas, como Cauquenes, a recintos como los de Investigaciones y el Ejército.

Ese mismo 11 de septiembre el joven cauquenino Miguel Muñoz Flores, de sólo 21 años, empleado de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y militante socialista es detenido en su domicilio por efectivos de la Policía de Investigaciones y trasladado al cuartel de la misma institución en la ciudad.

Durante el mes de septiembre el estudiante de la Universidad de Talca, trabajador y dirigente de la juventud socialista local, Pablo Vera Torres, de 22 años, corre la misma suerte de Muñoz. Es detenido, días después dejado en libertad, para luego volver a detenerlo y recluiro -también- en el cuartel de Investigaciones.

En la madrugada del 20 de septiembre, un nuevo detenido será el joven profesional, Manuel Plaza Arellano, de 25 años, técnico agrícola. Al rededor de dos semanas después -el día 2 de octubre- su colega, de 29 años, Claudio Lavín Loyola, casado, padre de dos hijos y funcionario del Banco del Estado, también es detenido por efectivos de la Policía de Investigaciones, cuando se presentaba voluntariamente a cumplir con la firma diaria que le había sido impuesta por el Jefe de Zona en Estado de Sitio, Rubén Castillo White.

Dos días después de la última de estas detenciones, los jóvenes militantes del Partido Socialista (PS) son sacados del cuartel local de la Policía de Investigaciones de Cauquenes, fuertemente custodiados por efectivos militares. La versión oficial de entonces señaló que dicho procedimiento se hizo con el propósito de hacer una reconstitución de escena en el Fundo El Oriente, en las afueras de esta ciudad. Los detenidos, según la misma versión, habrían aprovechado dichas circunstancias para atacar a uno de los centinelas, motivo por el cual se procedió a dispararles, causándoles la muerte.

Caravana de la muerte

La justificación de las autoridades de la época la basarían en el cumplimiento del “Bando 24 de la Junta Militar de Gobierno”, el que autorizaba la ejecución inmediata en el caso de aquellos que se opusieran o resistieran a las nuevas autoridades militares.

Sin embargo, horas antes de la ejecución de los cuatro jóvenes cauqueninos, un helicóptero Puma del Ejército que transportaba al General de Brigada Sergio Arellano Stark, con pasaporte de Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y de la Junta de Gobierno, y su comitiva, arribó a la ciudad y permaneció aquí hasta poco después de verificarse los fusilamientos de los jóvenes cauqueninos.

Tal actividad no era frecuente en Cauquenes y la llegada de esta comitiva militar fue vista por numerosos testigos.

La misión fue conformada después del golpe del 11 de septiembre, luego que el propio jefe de la Junta, Augusto Pinochet Ugarte, recibiera noticias del compasivo trato dado por algunos comandantes de guarniciones provinciales a los ex dirigentes de la UP, decidió -entonces- aleccionar a estos mandos denominados “blandos” enviando a un Oficial Delegado que lo representaría y actuaría en su nombre, el que aceleraría procesos y uniformaría criterios en la “administración de justicia” a los prisioneros.

La delegación liderada por el general Arellano Stark, estuvo conformada -además- por el Teniente coronel Sergio Arredondo González, quién más tarde será nombrado director de la Escuela de Infantería del Ejército; el Mayor Pedro Espinoza Bravo, oficial de Inteligencia del Ejército, tiempo después nombrado jefe de operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) e involucrado en emblemáticos casos como el asesinato de Orlando Letelier y del periodista norteamericano Charles Horman, hecho del que fue sindicado como autor; el Mayor Carlos López Tapia, segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y Cauquenes, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro disidentes al Régimen Militar. A ellos se suma el Capitán Marcelo Moren Brito, el que después llegará a convertirse en comandante del campo de torturas de Villa Grimaldi.

Otros de los integrantes de la comitiva fueron el Capitán Antonio Palomo Contreras, piloto del helicóptero en el viaje al sur; el Capitán Emilio Robert de la Mahotiere González, copiloto del helicóptero al sur y piloto en viaje al norte; el Capitán Luis Felipe Polanco, copiloto en el viaje al norte; el Teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, encargado de coordinación y logística en la misión, y el Teniente Armando Fernández Larios, quien se convertiría más tarde en un agente de la DINA, el que también se vio involucrado en el asesinato de Orlando Letelier. Otros dos miembros de esta tripulación serán dos clases de la Escuela de Infantería del Ejército.

El grupo partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, realizando un recorrido inicial que incluyó ciudades del sur de Chile como; Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. El 6 de octubre, la comitiva ya estaba de regreso en la capital, dejando a su paso un sagriento saldo de 26 personas ejecutadas.

Comunican las muertes

Fue en plena plaza de Cauquenes, a través de altoparlantes, y mediante un bando oficial, que los familiares de las víctimas se enteraron de las muertes de sus seres queridos. Los cuerpos sin vida de los cuatro jóvenes, fueron llevados al Instituto Médico Legal, donde se les practicó la autopsia de rigor, para luego ser trasladados -por efectivos militares- al cementerio de la ciudad, en donde fueron enterrados en una fosa común. Sólo el cuerpo de uno de ellos, mediante gestiones personales de la familia, logró ser exhumado y sepultado de forma particular.

Años más tarde, mediante antecedentes recogidos y analizados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en 1991, se concluye que resulta inverosímil la versión oficial en consideración de las siguientes circunstancias:

-El resultado del informe de autopsia de al menos uno de los jóvenes fusilados, afirma que se le disparó en la sien a corta distancia, pericia que desmiente la versión oficial;

-La fuerte custodia militar bajo la cual fueron sacados los detenidos, hace improbable que, estando desarmados, hubieran atacado a un centinela;

-Aún cuando lo anterior hubiese ocurrido, el personal militar que los custodiaba podría haber procedido a reducirlos y recapturarlos sin necesidad de darles muerte.

Es en vista de los antecedentes anteriores que en el llamado Informe Rettig se señalará: “La Comisión ha llegado a la convicción que estas cuatro personas fueron ejecutadas por agentes del Estado al margen de toda justificación. Son víctimas de una grave violación de su derecho a la vida y sus familias del legítimo derecho a darles sepultura”.

 

Por: Patricio Alexis Díaz E.

 

La Caravana de la Muerte es la comitiva militar que partió el 30 de septiembre de 1973, luego del Golpe de Estado,recorriendo el sur y norte de Chile en un viaje de exterminio que cobró 105 víctimas. La misión fue ordenada por Augusto Pinochet y quedo a cargo de Sergio Arellano Stark, uno de los más importantes conspiradores del Golpe de Estado. Linares 4 víctimas, Temuco 9, Valdivia 12, Cauquenes 4, Curicó 2, La Serena 15, Copiapó 16, Antofagasta 14, Calama 26 y Arica 3. Total 105 víctimas.

Caravana de la Muerte Cauquenes – 4 de octubre de 1973.

  «Sergio Arellano Stark – durante más de dos años de investigaciones – sostuvo que nunca estuvo en Cauquenes ese fatídico 4 de octubre de 1973»

 El relato de lo ocurrido en Cauquenes lo obtuvo el ministro Juan Guzmán de boca del coronel Rubén Castillo Whyte, comandante del regimiento, en enero de 1999, que a los 73 años, recordaba claramente lo ocurrido:

"El 4 de octubre de 1973, alrededor de las 11.00 horas, llegó un helicóptero militar al patio de honor del regimiento. De dicha nave descendieron el general Sergio Arellano Stark, los oficiales Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Armando Fernández Larios y otros con uniforme de combate y armamento". No, no iba Sergio Arredondo. De eso estaba seguro el comandante Castillo Whyte porque habían trabajado juntos en el Comando de Institutos Militares.

Estando ya en la oficina de la comandancia, agregó el coronel Castillo Whyte, "el general Arellano me indicó que debía revisar los procesos. Le contesté que los detenidos estaban en el Cuartel de Investigaciones y en la cárcel de Cauquenes, que las causas estaban en proceso de sumario, aún sin sentencia del consejo de guerra. Ante esto me pidió el registro de los detenidos, cuyo documento estaba en la oficina de la Intendencia, lugar al cual nos dirigimos".

Tras estudiar Arellano y sus oficiales el registro de detenidos, "el general Arellano, con un lápiz en la mano, señalizó con una marca varios nombres, tomando en consideración la columna delito que se le acusa y ordenó a Pedro Espinoza Bravo que, con Marcelo Moren Brito y Armando Fernández Larios, se dirigieran al Cuartel de Investigaciones y a la cárcel de Cauquenes a investigar e interrogar a los detenidos señalados". El comandante Castillo Whyte ordenó al teniente Jorge Acuña que los acompañara.

Como ya era la hora de almuerzo, invitó al general Arellano al Club Social de Cauquenes. Tras el almuerzo volvieron a la oficina de la Intendencia y fue entonces cuando regresó el grupo del general Arellano. "Pedro Espinoza Bravo dio cuenta al general Arellano que cuando trasladaban a los detenidos Claudio Lavín Loyola, Pablo Vera Torres, Miguel Muñoz Flores y Manuel Plaza Arellano, en el Fundo Oriente, para ser interrogados y reconstituir la escena del lugar donde organizaban guerrillas el día 11 de septiembre, dos de los detenidos procedieron a atacar a uno de los centinelas, tratando de arrebatarle las armas e hiriéndolo en un brazo. El resto de los detenidos aprovechó de huir por los potreros". En suma, el oficial Espinoza informó al general Arellano que en cumplimiento del bando N° 24 se los había detenido y fusilado en el mismo lugar de los hechos.

— ¿Qué hizo con los cuerpos? —preguntó el juez.

—Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al hospital de Cauquenes, lugar donde el doctor Mario Muñoz Ángulo practicó las autopsias. Y por orden del general Arellano, dispuse que los cuerpos fueran trasladados durante la noche desde el hospital al cementerio, misión que cumplió el teniente Jorge Acuña —contestó el comandante Castillo Whyte.

Luego, el ministro Guzmán interrogó al suboficial que fue designado por el comandante Castillo para "estar a cargo de la seguridad del general Arellano" durante su estadía en Cauquenes. El entonces sargento 2º Hugo Cárdenas Peñailillo confirmó la fecha de la masacre de Cauquenes: 4 de octubre de 1973.

Por la tarde del 4 de octubre, Lavín, Vera, Muñoz y Plaza fueron llevados al fundo El Oriente. Objetivo: matarlos. Clodomiro Garrido Vásquez, quien era detective 4º de Investigaciones, relató al juez lo sucedido: "El día en que una delegación militar retiró del recinto policial a los cuatro jóvenes cauqueninos, llegó un oficial con grado de teniente que se identificó como Fernández y que vestía ropa militar de campaña. Lo que más me impresionó de él fue el hecho de que estaba fuertemente armado, llevaba pistola, revólver, un corvo, un yatagán, entre otros. En realidad, estaba excesivamente armado. Ese mismo teniente pidió a los detenidos y se los llevó, argumentando que tenían que realizar una reconstitución de escena en el fundo El Oriente y que luego los regresarían. Mientras esperábamos su regreso, se comunicó que estos jóvenes se habían sublevado y que se les había ejecutado en el mismo lugar. La comunicación de este hecho se hizo a través de un bando militar, emitido por una radioemisora local, el mismo día de las ejecuciones".

El comisario Exequiel Jara Rodríguez, quien tenía el grado de inspector en Cauquenes, dijo al juez que "el mismo día 4 de octubre de 1973, llegó una delegación militar, alrededor de las once de la mañana, con el objeto de interrogar a Lavín, Vera, Muñoz, Plaza y a un quinto detenido, quien era sobrino del general Pinochet. Estos jóvenes estaban sindicados como activistas". Agregó que los jóvenes fueron interrogados en la oficina del jefe de la comisaría y que después los militares se fueron

Mario Baeza Ahumada, ex jefe del cuartel de Investigaciones de Cauquenes, aseguró al juez que fue el 4 de octubre cuando los cuatro jóvenes fueron sacados por personal del Ejército, el mismo día en que el general Arellano estaba en la ciudad. "Nunca supe sus nombres, además nunca los había visto en Cauquenes", dijo. Y por la tarde estaba en las oficinas de la radio local cuando el radio operador Eduardo Antúnez le avisó que "por la calle Maipú iba pasando un camión con los cadáveres de los cuatro jóvenes. Era un camión viejo de color verde".

El ministro Juan Guzmán investigó acuciosamente lo ocurrido en Cauquenes. Así, en mayo del año 1999, hizo comparecer a Marcial Salazar Hormazábal, quien fue el chofer del camión —de propiedad de Francisco Arellano—que se usó para trasladar los cuerpos. Él le contó espeluznantes detalles de lo que vio al llegar al fundo El Oriente: tuvo que prestar una olla vieja, con la que daba de comer a sus perros, para que recogieran restos de sesos de los muchachos, dispersos en el lugar al destrozarse sus cráneos. Los militares —dijo—envolvieron las cabezas y parte de los troncos con los sacos paperos que habían llevado. Entre los militares recordaba al teniente Acuña Jam y al sargento Briceño. Subieron los cuerpos al camión y "me ordenaron que los trasladara a la morgue". Él estuvo presente en las autopsias y reconoció a los muertos. "Las cabezas de los jóvenes asesinados presentaban varios impactos de bala, todos en el rostro, y toda la parte posterior de la cabeza estaba destruida, incluso faltándoles partes del cráneo". Y de la morgue siguió rumbo al cementerio, donde militares enterraron los cuerpos desnudos de los muchachos. Quedó tan choqueado —dijo el chofer Salazar—que, una vez terminada toda la macabra faena, se fue a emborrachar al casino de suboficiales en retiro de Carabineros.

 Al proceso se agregó la declaración hecha, años antes, por el médico Mario Muñoz Ángulo, director subrogante del Hospital de Cauquenes, recordando con detalle cuando —en la tarde del 4 de octubre de 1973—aparecieron los soldados, con los cuatro cadáveres en sacos "que dejaron un reguero de sangre" por el pasillo del hospital. Le dijeron que debía hacer las autopsias por orden del comandante Rubén Castillo Whyte. Las hizo, estremecido ante los cuerpos aún tibios y con las cabezas destrozadas.

Claudio Lavín Loyola, 29 años, era primo hermano de Joaquin Lavin, ex Alcalde de Santiago. Su padre era un respetado médico y regidor de la zona, quien, por su amistad con el Presidente Allende, era reconocido como el "patriarca" socialista. Por estar enfermo, el doctor Lavín no pudo acudir al llamado del comandante Castillo Whyte después del golpe militar. Fue su hijo Claudio en su lugar y cada día debió presentarse a firmar en el cuartel de Investigaciones, hasta que el 2 de octubre lo dejaron arrestado. "Me dejan detenido para tomarme declaración", explicó a su esposa. Le llevaron un saco de dormir y algo de comer. Los restos de Claudio, Pablo, Manuel y Miguel, fueron exhumados y entregados a sus familiares en octubre de 2001.

 El juez Guzmán procesó en este episodio al general (R) Sergio Arellano Stark, al coronel (R) Marcelo Moren Brito y al brigadier (R) Pedro Espinoza.

Las víctimas de Cauquenes son:

Claudio Lavín Loyola. 29 años. Casado, con dos hijos. Técnico agrícola y trabajaba en el Banco del Estado. Fue detenido el 2 de octubre por detectives, cuando se presentó a Investigaciones a cumplir con su firma diaria, trámite que le había ordenado el Jefe de Zona en Estado de Sitio, Rubén Castillo White.

 Manuel Plaza Arellano. 25 años. Técnico agrícola. Fue detenido en la madrugada del 20 de septiembre en su domicilio por una patrulla militar y enviado al Cuartel de Investigaciones de Cauquenes. 

Miguel Muñoz Flores. 21 años. Empleado de la Corporación de Reforma Agraria (CORA).  Fue detenido en su domicilio, inmediatamente después del día 11 de septiembre, por efectivos de Investigaciones y trasladado al Cuartel de esa Institución. 

Pablo Vera Torres. 22 años. Estudiante y empleado, dirigente de la Juventud Socialista de la zona, quien había sido detenido y dejado en libertad; detenido nuevamente el mismo mes, fue conducido al Cuartel de Investigaciones. 

Conozca a las víctimas e impactantes testimonios y detalles del asesinato de 40 partidarios de la Unidad Popular, en los episodios Antofagasta y Calama de la operación militar perpetrada el 18 y 19 de octubre de 1973.

Fueron 40 las personas asesinadas en Antofagasta y Calama por la tristemente conocida “Caravana de la Muerte”; grupo liderado por el general Sergio Arellano Stark y que por órdenes de la dictadura militar, asesinó a opositores durante los primeros días del régimen.

Apenas perpetrado el golpe de estado y asegurada la muerte del Presidente Salvador Allende, el dictador Augusto Pinochet designó al general Sergio Arellano Stark para realizar una siniestra misión: aleccionar a los militares de provincia sobre como debían tratar a los ex dirigentes de la Unidad Popular.

El grupo de militares partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, a bordo de un helicóptero Puma del ejército, cuyo recorrido inicial fueron ciudades del sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas muertas. El regreso de la caravana a Santiago fue el 6 de octubre.

EPISODIO ANTOFAGASTA

La comitiva asesina aterrizaba su helicóptero en el Regimiento Esmeralda de Antofagasta el 18 de octubre de 1973 provenientes desde Copiapó, donde ya habían dejado a su paso una estela de muertes de personas inocentes. Allí, fueron recibidos por General  Joaquín Lagos Osorio, jefe de la división Antofagasta del Ejército  quien, como un acto de gentileza por haber sido tantos años vecinos, le ofreció su hogar como hospedaje, a él y a su ex segundo comandante en el Regimiento “coraceros”, el coronel Sergio Arredondo.

Arellano no dijo ni mostró a su anfitrión la carta donde el propio Pinochet lo nombraba “Delegado de la Junta de Gobierno” y sólo se limitó a contarle que venía encomendado con el objetivo de “unificar criterios sobre la Administración de justicia y agilizar los juicios pendientes” y, solicitaba a Lagos reunirse con los miembros de la guarnición militar para tratar el tema de “la debida conducta en un momento tan crítico para el país.” Profundizó  en el punto relativo a la calidad del “enemigo que tenían al frente y el clima político que provocó la revolución”. Luego de ello, Lagos llevó a sus invitados Arredondo y Arellano a su domicilio a almorzar, mientras el resto de la Comisión lo hacía en el Hotel Antofagasta, no sin antes dejar expresas instrucciones de que todo estuviera dispuesto para que Arellano pudiera trabajar en su oficina de la Comandancia.

Mientras tanto, en la Intendencia, se aprestaban a recibir la inesperada visita de Pinochet, quien le avisaba que haría una escala en Antofagasta por unas horas, de su viaje a Iquique, junto a su mujer.

Así, cerca de las 18:30  ya en el hangar, Arellano y su comitiva estaban distantes del grupo de uniformados que recibía a Pinochet, lo cual causó extrañeza en algunos de los presentes.

Una vez que Pinochet  e Hiriart  pisaban suelo antofagastino, el comandante  informaba que en la ciudad la situación era de completa calma  y, luego de los saludos y vituperio de rigor, Pinochet avisaba  personalmente al teniente coronel Sergio Arredondo la buena nueva de que había decidido nombrarlo director de la Escuela de Caballería, el premio mayor para un comandante equitador.

El dictador emprende su ruta hacia Iquique. Lagos y Arellano se retiran a su residencia en el vehículo del primero y Arredondo solicita permiso para quedarse con el vehículo de Arellano. Lagos supone que Arredondo visitaría y festejaría con su familia, por lo que accede al préstamo del Automóvil.

Horas más tarde,  Arredondo se  disculpaba telefónicamente  con Lagos, por no asistir a la comida en casa de su anfitrión y Arellano se preguntaba a viva voz por el resto de la comitiva hospedad en el Hotel Antofagasta.

Esa noche el auditor militar Marcos Herrera Aracena, fue a la cárcel de Antofagasta, a las 23:30, a entregar a los prisioneros que debían morir. Horas más tarde, a las 01:30 de la mañana, los 14 prisioneros eran acribillados con ráfagas de ametralladoras.

El 19 de octubre, muy temprano por la mañana, mientras los dos comandantes se  alistaban para volver al Regimiento Esmeralda donde los esperaba el helicóptero con ruta hacia Calama, Herrera se presentaba ante ambos para “sacarle la firma” a Arellano, “por el trabajo efectuado el día anterior” explicaba el último.

Cuando el Helicóptero de la comitiva se elevó hacia el cielo con rumbo a Calama, Lagos volvía a su oficina de la Intendencia donde era recibido por un alarmado mayor Manuel Matta, encargado de Relaciones públicas, quién, con el rostro desencajado y luego de entender que Lagos no tenía conocimiento de lo sucedido en la noche anterior, comienza a relatar los hechos.

Lagos, escuchaba estupefacto y confundido a la vez, el relato de cómo se habían ocupado vehículos que estaban bajo su mando para el traslado de los presos hacia la Quebrada Way, cómo los habían asesinado, cómo habían trasladado los cuerpos hasta la morgue del Hospital Regional de Antofagasta, donde  debido al poco espacio del recinto, estaban a vista de todo el mundo. Junto con ello, comenzó a recibir llamadas de su esposa quien le pedía explicaciones de por qué fuera de su hogar habían una veintena de mujeres llorando desconsoladas por la muerte de sus esposos, hijos y hermanos.

Aún sin saber de la potestad con que Arellano estaba investido, trató de denunciarlo a Pinochet, pero éste no se encontraba ubicable en su visita entre Iquique y Arica. Entonces ordenó que el capellán hablara con las familias de las víctimas, que los médicos de la MORGUE “armaran” los cuerpos como pudieran (como si se tratasen de algo que pudieran reparar), entregarlos en urnas cerradas a sus familiares y, que se presentaran de inmediato todos los comandantes de unidades de su jurisdicción.

Las víctimas de Antofagasta no pasaron a ser detenidos-desaparecidos. Sus cuerpos fueron entregados a las familias. Esta situación de excepción se explica por la reacción del general Joaquín Lagos, quien no sabía de la especial investidura de Oficial Delegado que detentaba el general Arellano, no recibió instrucciones para  el entierro clandestino de los cadáveres y, por tanto, ordenó entregarlos a las familias. Ya sabemos que el general Lagos decidió, ese mismo 19 de octubre de 1973, renunciar al Ejército. Pero ese día seguía siendo tanto el comandante en jefe de la Primera División como el Intendente de Antofagasta y actuó como tal. Decidió, por ejemplo, que había que mentir para encubrir lo ocurrido delante de la ciudadanía. Tuvo que mentir, dijo, para conservar su “ascendiente sobre la ciudadanía”. Ordenó que se publicaran dos noticias, dando cuenta de sólo siete “ejecutados”.

En la primera, publicada por El Mercurio de Antofagasta, se informó de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz-Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, ejecuciones “ordenadas por la Junta Militar de Gobierno a fin de acelerar el proceso de depuración marxista y de centrar los esfuerzos en la recuperación nacional“. Titular de esa noticia: “Planeaban asesinatos en masa en Antofagasta”.

La segunda publicación, tres días después, también en El Mercurio de Antofagasta, se tituló “Ejecutados tres extremistas”. Y el texto daba cuenta del fusilamiento de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Guillermo Cuello “por resolución de la Honorable Junta de Gobierno”. Razón de las ejecuciones: estar “comprometidos en activismo político y conspiración terrorista”. Nada se dijo públicamente acerca de las otras siete víctimas. Veamos quiénes eran:

• Luis Eduardo Alaniz Álvarez, 23 años, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante del Partido Socialista. Se entregó voluntariamente a las autoridades militares en la ciudad de Arica al saber que era requerido por un bando militar en Antofagasta. Fue trasladado, a comienzos de octubre de 1973, a la cárcel de Antofagasta.
• Mario Arqueros Silva, 45 años, gobernador de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Arrestado en su casa cuatro días después del golpe militar. Primero estuvo en la cárcel de Tocopilla y de ahí fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato
•  Dinator Ávila Rocco, 32 años, empleado de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante del Partido Socialista. Detenido a fines de septiembre en la localidad de María Elena, trasladado luego a la comisaría de Tocopilla y luego a la cárcel de Antofagasta.
• Guillermo Cuello Álvarez, 30 años, funcionario de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, dos días después del golpe militar, en la comisaría de Antofagasta y de allí fue llevado a la cárcel. Dos prisioneros declararon ante el juez que vieron a Cuello ser bajado en andas al salir de la cárcel, ya que le habían fracturado la columna durante las torturas. El oficial que dirigió los tormentos era el mayor Patricio Ferrer (SIM).

Los certificados de defunción que se entregaron fueron iguales para los catorce asesinados: Fecha: 19 de octubre de 1973 Hora: 01.30 horas Causa de muerte: Anemia aguda, lesiones debidas a proyectil.

• Marco Felipe de la Vega Rivera, 46 años, casado, tres hijos, ingeniero, alcalde de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Detenido en su casa cuatro días después del golpe militar. Desde la cárcel de Tocopilla fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato
• Norton Flores Antivilo, 25 años, asistente social de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) en la localidad de María Elena, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa el 1º de octubre de 1973, trasladado a Tocopilla y de ahí a la cárcel de Antofagasta.
• Darío Godoy Mansilla, 18 años, estudiante de enseñanza media, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa, en Tocopilla, y luego trasladado a la cárcel de Antofagasta
• José García Berríos, 66 años, trabajador marítimo y dirigente sindical. Militante del Partido Comunista. Detenido en Tocopilla al día siguiente del golpe militar. De la comisaría de esa ciudad fue trasladado a la cárcel de Antofagasta.
• Miguel Manríquez Díaz, 24 años, casado, un hijo, profesor, empleado de la estatal empresa de cementos Inacesa, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa dos semanas después del golpe militar, llevado primero al cuartel de Investigaciones y de ahí a la cárcel de la ciudad.
• Danilo Moreno Acevedo, 28 años, chofer de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), dirigente sindical, militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, el 8 de octubre de 1973, al ser llamado por un bando militar. Estuvo una semana incomunicado en el cuartel de Investigaciones y de ahí fue llevado a la cárcel de Antofagasta.
• Washington Muñoz Donoso, 35 años, interventor estatal de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU). Detenido en su casa y recluido en la cárcel de la ciudad.
• Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, 26 años, casado, una hija, ingeniero, gerente de la estatal industria Inacesa, militante del MAPU. Se presentó voluntariamente en la Intendencia de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar, al ser requerido por bando militar. Por once días estuvo detenido en la Base Aérea de Cerro Moreno, donde fue torturado, y de ahí lo trasladaron a la cárcel de la ciudad.
• Mario Silva Iriarte, 38 años, casado, cinco hijos, abogado, gerente de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo—Norte), ex concejal de Chañaral, secretario regional del Partido Socialista. Viajó especialmente desde Santiago para presentarse ante las nuevas autoridades de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar. Su voluntaria presentación se efectuó en la Intendencia de la ciudad. Y luego, desde la Base Aérea de Cerro Moreno, fue llevado a la cárcel. Varios testimonios de ex prisioneros coinciden en señalar que, por ser muy jóvenes, buscaron su consejo. El estaba muy tranquilo, dicen, convencido de que se haría justicia y que —a lo más—serían relegados por pocos meses a un lugar alejado.
• Alexis Valenzuela Flores, 29 años, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), presidente del sindicato, dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT) de la zona, regidor de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Fue detenido una semana después del golpe militar, en su casa de Tocopilla. De la cárcel de esa ciudad fue llevado a la de Antofagasta el 15 de octubre, cuatro días antes de su asesinato. Durante toda su detención estuvo incomunicado.

En el caso de Antofagasta, el ministro Guzmán recibió el testimonio del ex prisionero Víctor Moreno Olmos, quien le contó que esa noche del 18 de octubre de 1973 fue sacado a la Sala de Guardia de la cárcel: “Vi un montón de personas paradas frente a la pared, encapuchados, amarrados con las manos atadas atrás y un gran número de  militares en traje de campaña”. Lo amarraron, lo vendaron y lo pusieron junto a los otros. Ordenaron a los presos gritar sus nombres para  chequear  con  una lista. —¡Moreno, Víctor! —dijo él cuando le indicaron con un golpe que era su turno.

En la entrega de los cadáveres, cada familia guarda un doloroso recuerdo en su memoria. La esposa de Mario Silva Iriarte, Graciela Álvarez, relató: “El general Lagos autorizó que lo enterráramos en Vallenar. El ataúd venía sellado, no pudimos ver su cuerpo. En una camioneta y un furgón, que nos prestaron en la Corfo, fuimos directamente al cementerio. No nos autorizaron a hacer un funeral ni a ponerle una lápida en su tumba. Y pensar que se entregó voluntariamente, porque él creía en el profesionalismo de los militares y jamás los imaginó capaces de masacrar“.

También en un sellado ataúd fue entregado el cuerpo del joven Eugenio Ruiz-Tagle, y su madre —Alicia Orrego—recordaba así ese día de octubre de 1973: “Sólo pude ver a mi hijo ya en el ataúd, a través del vidrio. De las torturas que sufrió en su cuerpo, no puedo dar testimonio directo. No lo vi, pero el abogado y el empleado de la funeraria lloraban al contármelo. De su cara, de su cuello, de su cabeza, sí puedo hablar. Lo tengo grabado a fuego para siempre. Le faltaba un ojo, el izquierdo. Tenía la nariz quebrada, con tajos, hinchada y separada abajo, hasta el fin de una aleta. Tenía la mandíbula inferior quebrada en varias partes. La boca era una masa tumefacta, herida, no se veían dientes. Tenía un tajo largo, ancho, no muy profundo en el cuello. La oreja derecha hinchada, partida y semi arrancada del lóbulo hacia arriba. Tenía  huellas de quemaduras o, tal vez, una bala superficial en la mejilla derecha, un surco profundo. Su frente, con pequeños tajos y moretones. Su cabeza estaba en un ángulo muy raro, creí por eso que tenía el cuello quebrado”. La familia del joven Miguel Manríquez, en cambio, pudo ver el cuerpo por  escasos segundos. Su padre estaba en una ceremonia  religiosa cuando se le acercó el capellán José Donoso y le informó que su hijo había sido fusilado. Se fue de  inmediato a la morgue  y lo vio: “Las manos estaban amarradas con alambre y en el cuello tenía un pañuelo negro. Pensé que le habían vendado los ojos”.

Y la familia del alcalde de Tocopilla, Marcos de la Vega, relató: “Nos entregaron su ropa en una bolsa plástica. Era un charco de sangre. Sólo pudimos ver su cara y una mano, en la que tenía una herida como si lo hubieran clavado. La verdad es que varios cadáveres tenían la misma marca en las manos. Era una herida profunda. Un oficial se enojó porque habíamos comprado una urna con vidrio. Quería urnas selladas completamente. No nos dejaron velarlo: de la morgue al cementerio directamente. Cuando llegamos al cementerio, estaba lleno. La gente corría de un entierro a otro. Y en Tocopilla, cuando se supo la  noticia, la gente salió a la calle llorando. Tuvieron que disparar  tiros al aire para que se entraran. Después del entierro, nuestra madre se acostó en su cama y ahí mismo murió de pena cinco meses después”. (Hermana de Marcos de la Vega, testimonio registrada en la Vicaría de la Solidaridad)

De acuerdo a la investigación, se logró determinar, que aproximadamente a las 10:00 horas del día 18 de octubre de 1973, se posó en el Regimiento de Infantería “Esmeralda”  -ubicado en A. Ejército s/n, Antofagasta- un helicóptero Puma del Ejército de Chile que transportaba una comitiva de militares procedente inicialmente de Santiago, presidida por un Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército.

EPISODIO CALAMA

 

El Episodio Calama se registró el 19 de octubre de 1973, cuando el helicóptero Puma del ejército, destinado a la Caravana de la Muerte, partió desde Antofagasta arribó hasta Calama.

Lugar donde el general de ejército Arellano Stark, llegó en calidad de oficial delegado del Comandante en Jefe de la Junta de Gobierno el Regimiento de Infantería N° 15 para “acelerar procesos judiciales”.

En esta ciudad fueron 34 las víctimas de la dictadura de Pinochet. Algunos de ellos fueron enterrados, exhumados y luego mutilados para hacerlos desaparecer.

Los restos de las personas asesinadas fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16 y medio del camino a San Pedro de Atacama.

• José Gregorio Saavedra González, 17 años, estudiante de educación media.  Dirigente estudiantil del MIR y FER.  Detenido bajo falsos cargos de terrorismo, fue torturado, mutilado y asesinado por agentes de la dictadura de Pinochet y la Caravana de la Muerte.  De su cuerpo, sólo se encontró un trozo de su mandíbula y su pie derecho en la fosa de la Quebrada del Buitre.  El resto se sus osamentas aún están desaparecidas.
• Carlos Berger Guralnik, abogado y periodista, era el encargado de prensa de Radio El Loa, en Chuquicamata.  Fue detenido por negarse al cese de transmisiones radiales durante el golpe militar.  Condenado a 60 días de reclusión, fue retirado de la cárcel de Calama junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973, y asesinado en el desierto.  Sólo se han encontrado un par de osamentas de su cuerpo.
• David Silberman Gurovich, ingeniero civil de 35 años de edad y gerente general de Cobrechuqui, fue detenido el 15 de septiembre de 1973.  Condenado a 10 años de presidio a causa de su vinculación con la Unidad Popular, hasta el día de hoy figura en los listados de detenidos desaparecidos.  Su cuerpo nunca ha sido encontrado.
• Mario Argüelles Toro contaba con 34 años de edad al momento de su detención.  Era comerciante y militaba en el Partido Socialista de Chile.  Fue torturado y mutilado antes de su muerte.  El 19 de octubre de 1973, junto a 25 presos políticos de Calama, fue asesinado por la “Caravana de la Muerte”.
• Carlos Escobedo Caris tenía 24 años al ser detenido.  Fue chofer de la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Sus familiares se enteraron de su muerte casi una semana después de ser asesinado por los militares.  El capellán de ejército Luis Jorquera les mintió, diciéndoles que le había otorgado la confesión y comunión católica antes de morir.
• Haroldo Cabrera Abarzúa, de 34 años al momento de su asesinato, era ingeniero civil. Se desempeñaba como subgerente de la Compañía de Cobre
  Chuquicamata. Fue torturado y luego fusilado,el 19 de octubre de 1973, junto a 25 compañeros detenidos en la cárcel de Calama. Fue enterrado en la Quebrada del Buitre y su identificación se logró gracias a un dedo encontrado a flor de tierra.
• Luis Bush Morales, ingeniero agrónomo de 29 años de edad.  Fue detenido el 4 de octubre de 1973 y fusilado al día siguiente por orden del coronel de ejército Eugenio Rivera.  Si bien su cuerpo fue recuperado en 1985, las pericias realizadas confirmaron que no murió fusilado sino por las torturas a las que fue sometido.
• Jorge Yueng Rojas, obrero de la fábrica de explosivos Dupont de Calama, contaba con 37 años al momento de su asesinato.  Fue retirado de la cárcel de Calama el 19 de octubre de 1973 y ejecutado junto a otros 25 presos políticos.
• Jerónimo Carpanchay Choque, obrero de la empresa Dupont de Calama y destacado atleta, tenía 28 años al morir.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973.  Torturado en recintos de la misma empresa donde trabajaba, fue ejecutado el 19 de octubre junto a otros 25 compañeros de prisión.
• Roberto Rojas Alcayaga, de 36 años de edad, era obrero en la fábrica de explosivos Dupont.  Fue incomunicado en la comisaría de Calama y luego trasladado a la cárcel como prisionero político.  El 19 de octubre de 1973, fue asesinado por la “Caravana de la Muerte” y su cuerpo hecho desaparecer en el desierto.
• Bernardino Cayo Cayo pertenecía a la empresa Dupont en Calama y formaba parte de su Consejo de Administración.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973.  Su familia fue informada que había sido trasladado a Antofagasta.  Sin embargo, agentes de la “Caravana de la Muerte” lo fusilaron.
• Luis Contreras León, dirigente de la Unión Socialista Popular, fue detenido el 22 de octubre de 1973.  El ejército siempre negó su paradero hasta que en diciembre de 1990, su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pique minero, completamente desnudo y con evidentes muestras de tortura.  Hasta esa fecha, engrosaba las listas de detenidos desaparecidos en Chile.
• Alejandro Rodríguez Rodríguez, de 47 años de edad, era trabajador de la Compañía de Cobre Chuquicamata y Regidor por Calama. También fue Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. El día 11 de septiembre de 1973, cumplia las funciones de Alcalde de Calama. Fue retirado de la cárcel por la
  “Caravana de la Muerte” y asesinado el 19 de octubre.
• Carlos Piñero Lucero, de 29 años de edad al momento de su muerte, era chofer de David Silberman (gerente general de la Cia. de cobre Chuquicamata, actualmente desaparecido).  Fue detenido el 17 de octubre de 1973 y asesinado junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 del mismo mes.
• Luis Gahona Ochoa, de 28 años de edad, era obrero de la fábrica Dupont en Calama.  Detenido el 12 de octubre de 1973, fue retirado de la cárcel junto a otros 25 prisioneros y asesinado en el desierto el 19 de octubre.  Su cuerpo nunca ha sido encontrado.
• Fernando Ramírez Sánchez, de 28 años, era trabajador de la Cia. Minera
  Exótica. Detenido junto a su chofer el 11 de septiembre de 1973, fue dejado en libertad previo pago de una fianza. Más tarde, fue apresado nuevamente, torturado y asesinado el 19 de octubre.
• Daniel Garrido Muñoz, ex militar, fue detenido y acusado de traición a la patria.  A los 22 años de edad, fue fusilado en el desierto, el día 19 de octubre de 1973.
• Víctor Ortega Cuevas, era obrero en la fábrica de explosivos Dupont.  De 34 años de edad, fue detenido junto a nueve de sus compañeros de trabajo el 12 de octubre de 1973.  Fue asesinado por la “Caravana de la Muerte” el 19 de octubre.
• Luis Hernández Neira, trabajador de la Compañía de Cobre Chuquicamata, fue detenido y enviado a la cárcel de Calama.  Luego, el 19 de octubre de 1973, fue llevado al desierto por la “Caravana de la Muerte” y asesinado junto a 25 de sus compañeros.
• Manuel Hidalgo Rivas, obrero de la fábrica de explosivos Dupont en Calama.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973 y asesinado el día 19 del mismo mes.  Su familia fue informada que había muerto al intentar escaparse.  Más tarde, se enteraron que en realidad lo había fusilado la “Caravana de la Muerte”.
• Luis Moreno Villarroel era chofer en la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Fue retirado de la cárcel de Calama por efectivos del ejército y fusilado en el desierto, el 19 de octubre de 1973.
• Hernán Moreno Villarroel, hermano de Luis, era secretario de la gobernación de Calama.  Fue integrante de la guardia personal del presidente Allende.  Bajo arresto domiciliario tras el golpe militar, más tarde fue encarcelado hasta que la “Caravana de la Muerte” lo asesinó en las afueras de la ciudad el 19 de octubre de 1973.
• Rolando Hoyos Salazar, mecánico de la fábrica de explosivos Dupont de Calama, tenía 38 años de edad.  Fue torturado en distintas ocasiones y, el 19 de octubre de 1973, fue asesinado por integrantes de la “Caravana de la Muerte”.  Su familia fue informada falsamente que saldría en libertad.
• René Linsambarth Rodríguez tenía 27 años al momento de su detención.  Trabajador en el pueblo de Lasana, fue detenido por sospecha sólo porque su apellido no era nativo.  Después de ser torturado en el centro de detención de Dupont, desapareció hasta que sus osamentas fueron encontradas en el sector Moctezuma, en las inmediaciones de Calama.  Hasta 1997, integraba la lista de detenidos desaparecidos.
• Domingo Mamani López era dirigente sindical y laboraba en la fábrica
  Dupont. Detenido el 30 de septiembre de 1973, fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal militar. Sin embargo, el 19 de octubre fue fusilado en las afueras de Calama. Unos molares de Domingo fueron encontrados en la fosa de la quebrada El Buitre, pero el resto de su cuerpo aún no ha sido encontrado.
• David Miranda Luna, militante y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, era subgerente de la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Se presentó a los cuarteles militares tras un llamado de un bando militar y quedó detenido en la cárcel de Calama.  Sin juicio previo, fue asesinado en el desierto junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973.
• Rosario Muñoz Castillo era trabajador de la fábrica de explosivos Dupont.  Detenido junto a nueve de sus compañeros, fue retirado de la cárcel de Calama el 19 de octubre de 1973 para ser asesinado en Topáter.  Su hijo nació 15 días después de su muerte.
• Milton Muñoz Muñoz, de 33 años de edad, era casado y tenía una hija.  Sin motivos aparentes, fue detenido y llevado a la cárcel de Calama.  Desde allí, fue retirado por personal militar y asesinado el 19 de octubre de 1973.
• Ricardo Pérez Cárdenas, de 22 años de edad, era trabajador de la Cia. Minera Exótica.  Detenido el 30 de septiembre de 1973, fue torturado alevosamente durante días hasta que, por orden del ejército, se le fusiló el 5 de octubre.  Cuando se recuperó su cuerpo, se encontraron en él 23 balas de gran calibre.  Sus restos están sepultados en el cementerio de Calama.
• Andrés Rojas Marambio se desempeñaba como chofer del hospital de
  Calama. Acusado de transporte de explosivos y terrorismo, fue detenido el 5 de octubre de 1973 y fusilado al día siguiente por órdenes del coronel Eugenio
  Rivera.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Claudio Arturo Lavín Loyola, Miguel Enrique Muñoz Flores, Manuel Benito Plaza Arellano y Pablo Renán Vera Torres. Ilícitos perpetrados el 4 de octubre de 1973, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, en su paso por la ciudad de Cauquenes.

En fallo unánime (causa rol 56-2017), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Gajardo, Alejandro Madrid y la abogada (i) Paola Herrera– confirmó la resolución impugnada, en la parte que condenó a Pedro Antonio Espinoza Bravo, en calidad de autor de los delitos, con declaración que la pena única que se impone se rebaja a 20 años y un día de presidio mayor en su grado máximo. En tanto, Jorge Godofredo Acuña Hahn deberá purgar 3 años y un día de presidio, en calidad de cómplice de los cuatro homicidios calificados.

Asimismo, el fallo revocó la sentencia de primer grado que absolvió a Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, declarando que se le condena a sufrir la pena de 10 años y un día de presidio, como coautor de los delitos de homicidio calificado de Lavín Loyola, Muñoz Flores, Plaza Arellano y Vera Torres. De igual forma, se condenó a Emilio Robert de la Mahotiere González a la pena de 5 años de presidio, como encubridor de los delitos.

Finalmente, se decretó la absolución de Enrique Anaximen Rebolledo Jara de la acusación que de oficio se formuló, en calidad de cómplice de los cuatro homicidios calificados; y se aprobaron los sobreseimientos definitivos de Rubén Castillo Whyte, por enajenación mental; y de Sergio Carlos Arredondo González, Carlos Leonardo López Tapia y Antonio Palomo Contreras, por fallecimiento.

Decisión acordada, en la parte que confirma la decisión civil, con el voto en contra del ministro Madrid, quien fue de parecer de revocar el fallo de primer grado en este aspecto, y acceder a la indemnización de perjuicios solicitadas por los demandantes.

En la etapa de investigación de la causa, a cargo de la ministra en visita extraordinaria Patricia González Quiroz, se establecieron los siguientes hechos: Que el 4 de octubre de 1973, “aterrizó en Cauquenes, en el Regimiento Andalién, un helicóptero ‘Puma’, con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y procedimientos judiciales o de revisar y acelerar procesos en curso”.

“Ese mismo día, algunos miembros de la comitiva sustrajeron sin facultades ni derecho al efecto -ya que carecían de orden o documento que lo habilitara para ello-, desde el Cuartel de Investigaciones de esa ciudad a Miguel Enrique Muñoz Flores, Manuel Benito Plaza Arellano, Pablo Renán Vera Torres y Claudio Arturo Lavín Loyola, trasladándolos hasta el predio ‘El Oriente’ de dicha localidad, donde les dieron muerte con armas de fuego”, añade.

Entre las víctimas está un familiar del exalcalde y exministro UDI Joaquín Lavín. El máximo tribunal decidió aumentar las penas de dos de los involucrados y confirmó la condena de 20 años contra el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo.

La segunda sala penal de la Corte Suprema revisa el fallo contra el exvicecomandante en jefe del ejercito Santiago Sinclair por la causa Caravana Valdivia. Javier Salvo/ Aton Chile

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia de casación y de reemplazo en el episodio Caravana de la Muerte-Cauquenes y condenó a cuatro ex agentes de la dictadura por los homicidios calificados de Miguel Enrique Muñoz Flores, Manuel Benito Plaza Arellano, Pablo Renán Vera Torres y Claudio Arturo Lavín Loyola, todos jóvenes dirigentes del Partido Socialista, los cuales fueron perpetrados en la ciudad de Cauquenes, el 4 de octubre de 1973, en el marco de la Caravana de Muerte.

Los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos, y el abogado integrante Diego Munita, confirmaron, con declaración, la sentencia definitiva de primera instancia que condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, ex brigadier del Ejército y ex miembro de la DINA, quien quedó sancionado a la pena única de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, en calidad de autor de los homicidios calificados de las cuatro víctimas.

Por otro lado, la Corte Suprema revocó la sentencia definitiva de primera instancia, en aquella parte que absolvió a Juan Viterbo Chiminelli Fullerton de los cargos formulados como autor de los delitos de homicidio calificado y, en su lugar, decidió que éste quedó condenado a sufrir una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, por su participación como coautor de los crímenes.

Del mismo modo, el Máximo Tribunal revocó la sentencia de primer grado, en aquella sección que absolvió a Emilio Robert de la Mahotiere González de los cargos formulados como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado y, en su lugar, decidió que éste quedó condenado a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, en calidad de encubridor de los 4 homicidios calificados antes referidos.

Por su parte, la Corte Suprema decidió confirmar la absolución de Enrique Anaxímen Rebolledo Jara, quien había sido acusado como cómplice de estos crímenes.

De esta manera, los magistrados rechazaron los recursos de casación interpuestos por las defensas de los victimarios; y, a la vez, acogió parcialmente las casaciones en el fondo interpuestas por las partes querellantes, presentadas en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en abril de 2020.

Para Francisco Ugás, coordinador jurídico del Estudio Caucoto Abogados y querellante en el caso, en representación de la familia de la víctima Claudio Lavín Loyola, “lo decidido por nuestro Máximo Tribunal en el presente caso debe ser destacado, primero, porque pone término a un proceso judicial que se extendió por largo tiempo, en el cual se conocieron y juzgaron hechos ocurridos hace casi cinco décadas, condenando a los perpetradores que se encuentran actualmente en vida y ordenando la reparación de los familiares afectados por estos crímenes de lesa humanidad cometidos en la persona de las víctimas”. 

Asimismo, y en segundo lugar, destaca el abogado “porque corrigió aquellos vicios jurídicos que adolecía la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y que, en el ámbito penal, habían determinado la imposición de sanciones privativas de libertad más baja contra los criminales, descartándose la aplicación de la media prescripción o prescripción gradual, inaplicable en casos de crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales en el Derecho Internacional se consagra y predica su imprescriptibilidad”.

Por otro lado precisó que la determinación “reitera una tesis jurídica, un criterio jurídico muy relevante en el ámbito civil relacionado con la reparación, toda vez que descarta la aplicación de la cosa juzgada en materia civil, cuando este instituto se aplica teniendo como base una decisión contraria al Derecho Internacional, que es aquella que rechazó en el pasado la demanda civil, en un juicio diverso, por aplicarse la prescripción extintiva de la acción civil”.

Para Ugás, “respecto de esto último, es muy importante el reconocimiento que hace la Corte Suprema, del deber que tiene el Estado de Chile de reparar íntegramente el daño causado a quienes se vieron afectados por crímenes de lesa humanidad, en el pasado reciente”.

La investigación en torno a este caso, logró establecer que:  “El día 4 de octubre de 1973, aterrizó en Cauquenes, en el Regimiento Andalién de dicha ciudad, un helicóptero Puma, con un grupo de militares, bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien era a la fecha el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales, y de revisar o acelerar los procesos en curso.

Ese mismo día, algunos de los miembros de la comitiva sustrajeron sin facultades ni derecho al efecto, desde el cuartel de Investigaciones de la ciudad, ya que carecía de orden o documento que los habilitara para ello, a Miguel Enrique Muñoz Flores, Manuel Benito Plaza Arellano, Pablo Renán Vera Torres y Claudio Arturo Lavín Loyola, a quienes trasladaron hasta el predio “El Oriente”, de dicha localidad, donde les dieron muerte con armas de fuego.”. (Sic).