Pontifica Universidad Católica de Valparaíso

 En la Quinta Región hubo una serie de otros recintos, no militares, que fueron ocupados como lugares de detención por un corto período. Así sucedió con el Club de Tenis de Llo-Lleo, el Liceo Barros Luco y el Liceo N° 2 de Niñas, ambos de Valparaíso. Igualmente fueron utilizados transitoriamente algunos recintos universitarios de la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Santa María y el local de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) con sede en Valparaíso, así como también la Estación Puerto de Trenes, los estadios de Playa Ancha-Valparaíso, el Hospital Carlos van Buren y Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA). La mayoría de estos recintos funcionaron sólo durante el mes de septiembre de 1973. Los detenidos, hombres y mujeres, permanecían horas o días y posteriormente eran trasladados a los diversos recintos militares o dejados en libertad. A éstos se agrega el Estadio de Valparaíso, que mantuvo el número más alto de prisioneros y funcionó hasta noviembre de 1973.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech; CODEPU; The Clinic; Archivo Memoriaviva;

Walkiria fue detenida pocos días después del Golpe de Estado en el regimiento Maipo en Valparaíso. Tras varios días de interrogatorios, fue trasladada junto a otras 16 mujeres al centro de torturas de Villa Grimaldi, en Santiago. El trayecto entre un infierno y otro no lo hizo en camiones del Ejército. La Walki -como la llaman sus amigas- recuerda que ese viaje, que pudo ser el último de su vida, lo realizó a bordo de un camión cerrado que pertenecía a la Pesquera Arauco.

Según ella y otros ex presos consultados por The Clinic, esta empresa de la V Región puso disposición de los militares todos sus vehículos, los que sirvieron tanto para el traslado de prisioneros como del personal de la Armada. Pesquera Arauco no es el único caso de una compañía privada que prestó una infraestructura que terminó siendo usada para torturar y asesinar chilenos. Por el contrario, en los diferentes proceso por las violaciones a los derechos humanos emergen reiteradamente empresas grandes y pequeñas que colaboran libremente con material e información: un aporte que tuvo un rol determinante en la extensión del horror.

Entre estas empresas destaca la Sudamericana de Vapores. Desde el mismo 11 de septiembre la compañía puso a disposición de la Armada dos de sus barcos.

Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus pasajeros perdieron la vida. El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

María Eliana Comene fue una de ellas. Cuenta que entre el 19 y el 20 de septiembre la sacaron de el Buque Escuela "Esmeralda" y la trasladaron al barco de la Sudamericana.

 “Recuerdo que el muelle estaba lleno, pero lleno de gente. Las personas estaban botadas como bultos en el suelo. En el Lebu, a los hombres los metieron en la bodega y a las mujeres nos llevaron a unos camarotes. Éramos tantas que para dormir teníamos que sentarnos con las rodillas tomadas. Nos podíamos bañar con agua helada, pero antes de las seis de la mañana, porque después se cortaba el agua.”

Muchas de las personas que pasaron por el Lebu aún se encuentran desaparecidas. Los que sobrevivieron, no pueden olvidar las interminables torturas que sufrieron en el barco facilitado por la naviera.

Algunas instituciones educacionales privadas, también colaboraron con la violación de los derechos humanos. Es el caso de la Universidad Federico Santa María, cuyas instalaciones fueron usadas para interrogar y detener a personas que venían, fundamentalmente del barrio Los Placeres, de Valparaíso. La universidad también desalojó a los alumnos del internado, para que durmiera allí la guardia militar. Muchos detenidos fueron trasladados desde ahí a la Academia Guerra Naval, donde se realizaba el interrogatorio duro y por donde pasaron cerca de mil 500 personas.

En provincia, empresas medianas y pequeñas ofrecieron una colaboración entusiasta. En Osorno, la Fabrica Elaboradora de Cecinas, FELCO, facilitó sus bodegas, para la detención de presos políticos. Allí estuvo detenido Hernán, quien prefiere reservar su apellido, pues aún le pesan los años de dictadura. Recuerda que llegó encapuchado a un lugar que no conocía: un galpón metálico de 10 por 10 metros. Pero varios de los 150 detenidos identificaron rápidamente el sitio y se lo comunicaron al resto: estaban en las bodegas de FELCO. En el lugar sólo había un baño y las condiciones de hacinamiento eran terribles. Tras un par de días Hernán fue trasladado al Estadio Español de la ciudad, otro recinto facilitado por privados.

El abogado de derechos humanos Hiram Villagra afirma que la represión militar dependió en gran medida de la responsabilidad de civiles, pues "sin la complicidad de ellos la dictadura no hubiese tenido ni la crueldad, ni la intensidad y mucho menos la duración que tuvo". Agrega que "muchos privados terminaron prestando sus servicios a la dictadura y aplaudiendo el golpe, sabiendo que el final era una represión".

Una de las muestras más feroces de los servicios voluntarios se encuentra en Paine, donde 70 campesinos de la zona fueron ejecutados en las semanas siguientes al Golpe de Estado. Durante años, las organizaciones de derechos humanos acusaron a varios pequeños empresarios agrícolas de haber facilitado vehículos y de haber participado directamente en las muertes. A comienzos de marzo, la jueza María Estela Elgarrista les dio la razón y procesó a un carabinero y dos civiles por el delito de secuestro y homicidio calificado. Los civiles, Claudio Oregón Tudela, Juan Balcázar Soto, son pequeños empresarios de la zona.

Las listas

Un porcentaje considerable de ex presos políticos y desaparecidos fue detenido en su mismos lugares de trabajo. Esto ocurrió porque otro gran servicio prestado por las empresas a la naciente dictadura, fue la elaboración de listas negras, que a la larga terminaron siendo para muchos, listas de la muerte.

Juan Báez trabajaba en la empresa Portuaria de Valparaíso como pañolero y fue detenido el 30 de septiembre por una patrulla naval al presentarse a sus labores. Varios operarios de la empresa corrieron la misma suerte y hoy Báez está convencido de que la lista fue elaborada dentro de la compañía.

Algo similar a lo ocurrido en la ENAMI, donde 276 de sus trabajadores fueron anotados como "traidores" o "personas peligrosas para las faenas de la empresa". Gran parte de ellos fue ejecutado. Lo mismo ocurrió en la Industria Textil Viña y la Unión Lechera de Aconcagua.

Muchos trabajadores detenidos a raíz de estas listas negras ni siquiera tenía preferencias políticas claras y fueron expuestos a la violencia por venganzas personales. A raíz de las torturas muchos quedaron con secuelas que les impidieron volver a trabajar, afectando radicalmente la calidad de vida de sus familias. Juan Báez, por ejemplo, quedó con severos problemas en la columna y una ceguera parcial tras pasar 17 días infernales en un centro de detención de Papudo. Hasta la actualidad, no puede realizar ningún tipo de actividad física pesada, como la que realizaba cuando era empleado de la Portuaria de Valparaíso.

Con todo, a Báez no le fue tan mal como a un grupo de trabajadores de la empresa Elecmetal, propiedad de Ricardo Claro. Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció como sus dos hermanos y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de carabineros. No se les volvió a ver con vida.

 “Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias,” relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado.

El abogado Juan Agustín Figueroa, que formaba parte del directorio de la compañía cuando ocurrieron los asesinatos, desmiente las declaraciones de Fernández.

 “Nadie se le pasó por la mente que los detenidos iban a parar a una patrulla militar y que iban a aparecer baleados,” dice el penalista. Pese a ello, Fernández sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. "El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en qué condiciones estaban matando a los trabajadores", reclama.

Certificados

La Universidad Católica de Valparaíso no escapó a esta ola de soplonaje. Tras el golpe, la UCV quedó en manos de un marino quien contó con mucha colaboración voluntaria y espontánea de profesores y alumnos para elaborar listas de alumnos indeseables. Cuando se reanudaron las clases, los alumnos debieron presentarse en un galpón de la escuela de Ingeniería donde les informaban si estaban "sin problemas", "condicional" o "expulsados". Estos últimos recibieron un certificado en el que se los acusaba de "ser un peligro para la actividad académica de la universidad, por su condición de extremista violentista". Ese fue el caso de Enrique Núñez, quien por entonces estudiaba agronomía. No solo fue expulsado sino borrado de los registros de la universidad.

Peor suerte corrieron al menos tres estudiantes de la UCV incluidos en esa fatídica lista. María Isabel Gutiérrez y Alfredo García fueron llevados al Regimiento Maipo dónde se les perdió el rastro; en tanto, Silvio Pardo, estudiante de derecho, desapareció en el Cuartel Silva Palma.

Núñez cree que la UCV está en deuda con esas personas y que una forma de reparar su colaboracionismo "sería que la universidad, en un gesto digno, les diera un titulo póstumo a todos los que fueron víctimas de la represión. Eso no les cuesta un peso. Pero falta la voluntad política para enfrentar las culpas propias".

Este pequeño memorial se ubica en el hall de acceso de la Casa Central y lleva el nombre de los estudiantes Luis Muñoz, Jaime Aldoney, María Teresa Eltit, María Isabel Gutiérrez, Alfredo García, Silvio Pardo y Enrique Olmedo, además del sacerdote Miguel Woodward, quien era profesor en el Centro de Estudios y Capacitación Laboral de la Universidad.

En el hall de acceso de la Casa Central de la PUCV se realizó la ceremonia de inauguración de una placa de mármol que recuerda a un grupo de siete estudiantes y un profesor de la Católica de Valparaíso que fueron detenidos, torturados, muertos y desaparecidos por parte de la dictadura militar entre los años 1973 y 1977.

La instalación de este pequeño memorial a las víctimas de violación de los DD.HH. en Chile fue posible gracias a la gestión de la Rectoría de la PUCV y el Colectivo de Ex Estudiantes UCV “Recuperando la Memoria”, el que es liderado por la exalumna Eliana Vidal, quien fue presa política e integró la Federación de Estudiantes de nuestra Universidad en 1967.

La placa de mármol recuerda a los alumnos Luis Muñoz Rodríguez, Jaime Aldoney Vargas, María Teresa Eltit, María Isabel Gutiérrez Martínez, Alfredo García Vega, Silvio Pardo Rojas y Enrique López Olmedo. También rememora al ex sacerdote y profesor del Centro de Estudios y Capacitación Laboral de la Universidad, Miguel Woodward Iribarry.

La ceremonia fue encabezada por el Pro Gran Canciller de la PUCV y Administrador Apostólico de Valparaíso, Monseñor Pedro Ossandón, quien bendijo la placa y destacó la labor de quienes murieron luchando por sus ideales.  

“La resurrección de Cristo, nos recuerda que es posible vencer la soberbia, la prepotencia, la violencia, la muerte y la desesperanza. La resurrección también nos recuerda que es posible -gracias a todas las agrupaciones de DD.HH. y a las comunidades que han guardado la memoria de tantas personas- la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación, el perdón y la paz”, indicó.       

Entre los asistentes a la ceremonia, estuvo el vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados, Joel Saavedra; la directora general de Vinculación con el Medio, Karina Toledo; el presidente del Capítulo Académico, Pedro Santander; el jefe de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Martínez, la presidenta de la Federación de Estudiantes PUCV, Séfora Pinto, entre otras autoridades, académicos, funcionarios, exalumnos y estudiantes.

RECTOR: “HOY DEJAMOS TESTIMONIO PARA LAS FUTURAS GENERACIONES”

Al respecto, el rector Claudio Elórtegui señaló que desde esta semana se pueden leer los nombres de los miembros de la comunidad universitaria a quienes les fueron conculcados sus derechos fundamentales. “Este solemne acto para la memoria se une en nuestra Casa de Estudios a una lista larga de actos de reparación que la Universidad ha ido realizando a través del tiempo desde el retorno a la democracia en nuestro país, los que se inician en la Rectoría del profesor Bernardo Donoso cuando el Consejo Superior constituyó la comisión de exonerados políticos, a través de la cual se hicieron una serie de acciones de reparación del daño cometido a distintos trabajadores de la Universidad. Luego con el rector Alfonso Muga se descubrió la placa cuyo texto se conserva”, precisó.

Posteriormente, el rector planteó que “para que nunca más vuelvan a ocurrir crímenes y violaciones a los DD.HH. en nuestro país, hoy dejamos testimonio para las futuras generaciones de quienes fueron asesinados por pensar distinto. Junto con ello, anteriormente en nuestra Rectoría, presentamos al Consejo Superior una iniciativa para otorgar títulos y grados en forma simbólica y póstuma a estudiantes que no pudieron terminar sus carreras porque fueron víctimas de la violencia política en ese periodo. Esta propuesta de la Rectoría fue aprobada de manera unánime por el Consejo Superior y se encuentra en aplicación”, advirtió.  

En representación del Colectivo de Ex Estudiantes UCV “Recuperando la Memoria”, Eliana Vidal, recordó que esta iniciativa nació hace dos años cuando en la Universidad se conmemoraron los 50 años de la Reforma Universitaria y mandaron una carta al rector para instalar una placa con los nombres de los alumnos y el profesor que fueron detenidos, torturados y desaparecidos.

“Es importante que la gente joven que hoy día estudia en la PUCV conozca la historia de esta Casa de Estudios y que es parte de la historia del país. Es un momento muy especial, pues recuperamos esa memoria que estaba olvidada y que simboliza un acto de reparación (…) Nuestros compañeros hoy homenajeados tenían un sueño común: que esa realidad que vivíamos se podía cambiar. Sin embargo, algunos comenzaron a ser detenidos el mismo 11 de septiembre. En un momento, pareció que todo se derrumbaba, pero otros continuaron la lucha en las condiciones más adversas, contra la dictadura cívico-militar. Ellos llevaban algo hermoso de esta Universidad, pero hoy no están acá. Pensamos que era justo que volvieran a esta casa y que sirvan de ejemplo a la juventud que pasa por estas aulas”, concluyó.

La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y DD.HH organizaron una protesta en el Muelle Prat de Valparaíso ante el zarpe de La Esmeralda, la cual iniciaba su crucero número 60, y que además, en dictadura fue utilizada como centro de detención y tortura.

A las 10:30 horas del día domingo 31 de Mayo, la Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos, Derechos Humanos y amigos del cura obrero Miguel Woodward, convocaron a una protesta en el Muelle Prat de Valparaíso. Este mismo día, el buque escuela Esmeralda inició su crucero número 60, donde se aprovechó esta instancia para manifestar y recordar que en ese lugar se torturó y se mató.

Fueron alrededor de 30 personas quienes llegaron a la manifestación, con carteles con consignas de denuncia a la Armada, contra la impunidad, por la verdad y la justicia. Entre gritos unísonos, se denunciaba a La Esmeralda como centro de tortura, se denunciaba a quienes fueron los torturadores y responsables de las muertes y desapariciones, se denunció a los impunes, a los pocos que cumplen cárcel, pero con privilegios.

Además, se exigía la eliminación de la estatua del ex comandante de la Armada José Toribio Merino, ubicada en el museo Naval de Playa Ancha, además de la eliminación de la piocha “Misión Cumplida” en recuerdo del golpe de Estado de 1973.

Los torturadores y violadores de DD.HH

El General Nicanor Díaz; el comandante Pedro Quintero, el capitán de Navío Franklin González (Marina); el capitán de Navío Raúl López Silva (Armada), José Yáñez Riveros (capitán fragata), Marcos Silva Bravo (capitán fragata), José García Reyes (suboficial), son algunos de los tantos nombres de los cómplices, torturadores y violadores de los derechos humanos y responsables de las ejecuciones y desapariciones.

Javier Rodríguez, amigo de Miguel Woodward comenta: “Hemos pedido justicia, La Esmeralda fue un centro de tortura, la Armada ha sido cobarde y por eso estamos acá. Cada vez que llega o zarpa realizamos una funa. La Armada ha demostrado ser indolente, no ha pedido perdón. Que no se olviden lo que pasó, queremos que nunca más en Chile suceda lo que pasó en dictadura. No se ha hecho justicia verdadera, estamos exigiendo justicia por Miguel y por todos los demás desaparecidos”.

Ni Blanca, ni pura, fue centro de tortura.

En Valparaíso, durante la dictadura, la armada utilizó buques como centro de tortura y detención: Buque “Lebu”, “Maipo” y “La Esmeralda”, entre otros tantos. Alrededor de 112 personas pasaron por este lugar, la gran parte fueron torturados, ejecutados y desaparecidos. Entre estas 112 personas que pasaron por La Esmeralda, estaba el cura obrero Miguel Woodward, quien fue detenido en su casa ubicada en Cerro Placeres, fue torturado en la Universidad Técnica Federico Santa María, trasladado a la Academia de Guerra Naval y posteriormente, trasladado a La Esmeralda, donde fue ejecutado y enterrado en una fosa común.

La Universidad Técnica Federico Santa María fue otro de los tantos centros de tortura, donde pasaron más de cien prisioneros. Tanto las aulas y el patio se utilizaron para estos fines de parte de la armada hasta octubre de 1973. Para el mismo fin se utilizó la Universidad Católica de Valparaíso, donde además, se elaboraron listas de estudiantes “indeseados”, quienes fueron expulsados y borrados de los historiales de la Universidad, y otros fueron directamente denunciados, perdiéndose el rastro tiempo después.

Por la memoria, verdad y justicia

Alrededor de 1168 centros de tortura funcionaron durante la dictadura militar, en donde se registran alrededor de 40.018 personas que fueron detenidas -según informe Valech-, 2279 fueron ejecutadas -según el informe Rettig- y alrededor de 1197 fueron desaparecidos. Hoy, los familiares de quienes fueron presos, torturados, ejecutados y/o desaparecidos, continúan luchando contra la impunidad que gozan una gran cantidad de militares, carabineros, funcionarios del régimen militar y ex funcionarios de la DINA, CNI y la Policía de Investigaciones. Esta lucha se ha replicado en las generaciones posteriores a la dictadura como la juventud. Hoy, además se exige justicia por los asesinados en democracia, como Alex Lemún, Claudia López, José Huenante, Manuel Gutiérrez entre otros.