Regimiento de Caballería Blindada No 4 «Coraceros», Viña del Mar

El antiguo Regimiento de Caballería Blindada No 4 “Coraceros”  ubicado en ese entonces en 15 Norte con Jorge Montt,  Viña del Mar y donde hoy están los cuatro
edificios del proyecto Torres de Puerto Pacífico y el cual fue trasladado a la ciudad de Osorno en 1982, jugó un papel central en el proceso de represión de la V Región y de Santiago. En los meses posteriores al golpe militar efectivos de este regimiento fueron responsables por la detención y tortura de centenares de personas en los años 1973-1974.

Testimonios de presos politicos entregados a la Comision Valech señalan que los detenidos eran llevados directamente por efectivos de este regimiento o trasladados desde otros recintos o cuarteles policiales. Fueron golpeados desde el momento del arresto y sometidos a torturas. Recibieron golpizas generalizadas y dirigidas de pies, puños y con objetos contundentes o punzantes, a la aplicación de electricidad, quemaduras con cigarrillos, colgamientos, vejámenes y formas de agresión sexual, simulacros de fusilamiento. Inmediatamente después de ingresados los presos políticos, eran hacinados en un amplio salón donde recibían diversas amenazas y golpes, permaneciendo privados de alimentos, agua, sueño y servicios higiénicos.

Otros eran separados y hacinados en un pequeño cuarto oscuro. Los interrogatorios se realizaban en camarines del regimiento donde, encapuchados o alumbrados por unos potentes focos que les impedían ver, eran interrogados, golpeados y se les aplicaba electricidad.Muchas de las victimas fueron subsecuentemente  trasladadas a Valparaíso, donde los brutales interrogatorios continuaban a bordo de las naves “Esmeralda”, “Maipo” y  “Lebu”.  Felix Francisco Figueras Ubach fue detenido el 11 de diciembre de 1975 en Valparaíso por efectivos del Regimiento Coraceros, trasladado a su cuartel donde es interrogado por militares. Posteriormente es trasladado a la Academia de Guerra Naval donde muere a consecuencia de las torturas.

Criminales y Complices:

Comandante Hernan Podesta Gomez (Comandante Regimiento "Coraceros”); Comandante Gonzalo Lizasoaín Mitrano (2º Comandante Regimiento "Coraceros")

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Diario”El País”;  Informe Valech; Coordinadora exPresos Politicos Santiago; Memoriaviva;

El 11 de septiembre de 1973 la bahía de Valparaíso amaneció asediada por la Armada de Chile. Cientos de marinos se desplegaron por las calles de la ciudad puerto en búsqueda de artículos y personas que fueran opositoras al régimen. La derecha chilena decía que iba a ocurrir una guerra civil, pero las fuerzas armadas corrían con ventaja, una ventaja muy grande, tenían las armas en su poder. La mañana se volvió oscura, en Santiago, La Moneda era bombardeada con el presidente Salvador Allende y sus colaboradores en el interior. Mientras en Valparaíso y distintas ciudades del país eran detenidos cientos de personas, algunos militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del Movimiento de Acción Popular Unitaria, en fin, todos los adherentes del presidente Allende. Así como también simples campesinos y agricultores que habían sido beneficiados con la reforma agraria y mineros que apoyaron la nacionalización del cobre. Además se apresó a personas pertenecientes a las fuerzas armadas que estaban en contra de la intervención militar.

Valparaíso, como ciudad puerto, fue sitiada por la armada. En este caso, según el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, fue nombrado al mando de la provincia el comandante Guillermo Aldoney, de la Primera Zona Naval, como Jefe de Zona en Estado de Emergencia. Utilizando como recintos de detención y tortura la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma y algunos buques, como el Maipo, el Lebu y la Esmeralda. En la región las detenciones se concentraron durante los años 1973 a 1974. Además hubo centros manejados por Investigaciones, Carabineros, el Ejército y la Fuerza Aérea. Como el cuartel de investigaciones de Viña del Mar, el regimiento «Coraceros», la base aeronaval el Belloto, además de la cárcel de Valparaíso y así, otra decena de lugares. La Academia de Guerra Naval junto con el cuartel Almirante Silva Palma, también denominado Fuerte de Bueras Bajo, fueron centros de por donde pasó la mayor cantidad de personas detenidas en la región. En estos lugares los interrogatorios junto con las torturas eran a diario y brutales. El primer centro se encontraba en el cerro Playa Ancha, mientras que el segundo estaba ubicado en el cerro Artillería. La Academia de Guerra Naval era una construcción de acero y concreto, de cuatro pisos. Ricardo Aravena recuerda el lugar y relata que «me llevaron a un tercer piso, que después supimos que era la sala de las banderas en la cual nos tenían en una pieza a treinta o cuarenta compañeros, entre hombres y mujeres, ahí nos sacaban y llevaban a interrogatorios en cualquier horario». Héctor Cataldo, ex miembro del MAPU, comenta que en la Academia de Guerra «el primer día fueron solo culatazos y ofensas, desde el segundo día fueron interrogatorios con torturas tres veces al día». El año 2017, en febrero, la Armada decidió demoler parte de la Academia, por lo que aparecieron grupos detractores de esta acción, por considerarlo como «un intento de borrar de la memoria aquel lugar donde se deliberó y se fraguó el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Mismo recinto donde a partir del golpe se asesinó y torturó a miles de porteños», según queda consignado en el DiarioUdeChile.

En estos lugares las torturas eran tanto psicológicas como físicas. Luis Cáceres relata que pasó por el Silva Palma «pero para un simulacro de fusilamiento». Los simulacros de fusilamiento eran recurrentes en los centros de detención, esto como una forma de quebrar psicológicamente a las personas. Muchos concuerdan con que el Cuartel Silva Palma era uno de los centros en donde se realizaban las torturas más brutales, llegando al punto de encontrar otros centros de detención como un paraíso, como comentó Aurelio González, ex-marino detenido: «la cárcel para nosotros fue un paraíso, después de estar en el Silva Palma, ya que ahí pasaba de todo». Luego de pasar por estos dos centros de detención muchos eran trasladados a unos lugares menos conocidos, estos eran el Buque Maipo, el Buque Lebu y la Esmeralda, la mal llamada «Dama Blanca».

El Buque Maipo era un barco de propiedad de la Compañía Sudamericana de Vapores, el que fue puesto a disposición de la Armada por el mismo dueño, Ricardo Claro, el mismo día 11 de septiembre. Este barco estuvo atracado en el molo de abrigo hasta el 15 de septiembre, día en que zarpó en dirección al campamento de concentración de Pisagua. Héctor Cataldo, detenido que estuvo en el Maipo y el Lebu recuerda que eran embarcaciones gemelas, ambos tenían las mismas características, como las tres bodegas usadas como lugares de detención. Ricardo Aravena recuerda que este barco «salía constantemente hacia Pisagua e iba a tirar cuerpos al mar», cosa que no está estipulada en ningún documento oficial que lo acredite, pero por deducciones que sacaban los prisioneros podían saber que muchos no llegaban a destino, el mismo Ricardo Aravena dice «salía a dejar prisioneros, en el camino siempre se perdían, se embarcaban 50 y llegaban 40».

El 15 de septiembre fue entregado a la Armada el Buque Lebu, también de propiedad de la Compañía Sudamericana de Vapores. Este barco permaneció atracado en el molo bastante tiempo, ya que no poseía la maquinaria para poder navegar.

Fue usado como centro de detención y tortura durante un año, por donde pasaron cientos de personas entre hombres y mujeres. Entre los detenidos que pasaron por el Lebu algunos eran menores de edad, como es el caso de Marco Contardo, quien con 15 años de edad fue llevado a la Academia de Guerra Naval y posteriormente al Lebu. Ricardo Aravena, detenido con 17 años, también fue llevado a este buque y recuerda que «estuve detenido como 18 días o un mes, este se encontraba en el molo de abrigo a un lado de La Esmeralda».

Quienes pasaron por este centro de detención flotante recuerdan que la estadía era difícil «el piso era de fierro, nos hacían dormir en una colchoneta «payasa» que son los forros de los colchones, pero rellenos con paja y nos pasaban una frazada, las necesidades las hacíamos en un tambor de 200 litros cortado por la mitad» recuerda Ricardo Aravena.

Otro de los centros de detención que funcionaron en el mar fue el Buque Escuela Esmeralda. De este lugar se tiene poca información, pero existe un emblemático detenido que por las constantes torturas fue a dar al Hospital Naval, donde falleció. El detenido era el sacerdote Miguel Woodward, militante del MAPU, que fue apresado el 16 de septiembre de 1973 en el cerro Placeres, como queda consignado en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, estuvo detenido en la Universidad Técnica Federico Santa María , en el Buque Lebu y en la Esmeralda.

Ricardo Aravena recuerda que en La Esmeralda se encontraban la mayoría de las mujeres detenidas. Al ser preguntado si en el Lebu habían mujeres, responde que «las mujeres estaban en camarotes, pero la gran mayoría estaba en la Esmeralda», en este lugar las mujeres sufrían las torturas físicas y psicológicas, junto con vejaciones sexuales.

La tortura sistemática

Las torturas que sufrieron los presos políticos aún dejan secuelas en ellos, como cuenta Ricardo Tobar, marino constitucionalista detenido el 16 de septiembre de 1973 por ir en contra del golpe militar. Ricardo cuenta que «la primera tortura fue cuando llegaron a buscarnos en Quintero a mí y dos compañeros más. Nos sacaron de la casa y lo primero que escuchamos fue que mataron al perro, le dieron un balazo. Nos sacaron al patio y nos pararon en la muralla, a mi compañero Nelson lo apuñalaron con un yatagán, en ese momento el bebé más chico se puso el oficial al mando del pelotón dice que le manden un culatazo a la guagua, en eso yo me tiro sobre el niño para salvarlo. Ahí me cortó la mano con el yatagán, le iba a pegar con la culata y dio vuelta la wea, ahí me cortó. Aún tengo el dedo sensible». Cuenta también que «me hicieron el teléfono, me dieron culatazos y golpes; además me hicieron un falso fusilamiento, ahí fue donde conocí el miedo». El teléfono consistía en golpear fuertemente los oídos de los detenidos para generar sangramiento y desestabilizarlos.

También usaban como tortura la electricidad. Para Ricardo Aravena la corriente fue algo muy doloroso «aplicaban corriente en las manos, los testículos, en los pies, cosa que recorriera todo el cuerpo». En cambio Héctor Cataldo cuenta que «me empezaron a colocar corriente, eso para mí fue un alivio porque desde cabrito me gustaba reparar aparatos eléctrico y yo probaba la corriente con la mano, tenía mucha resistencia. Una de las cosas para evitar los golpes era hablar, pero como yo no iba a hablar prefería la corriente así que gritaba como condenado para que se ensañaran y pensaran que me dolía», todo esto porque dentro de las torturas que le realizaron en los interrogatorios, le golpeaban el estómago y para enderezarlo le daban latigazos en la espalda, dice también que ya no podía más «en un momento pensé en tirarme de la ventana si me iban a buscar nuevamente para interrogarme».

La revista Apsi fue uno de los medios de comunicación que estuvo en contra de la dictadura. En la edición del 7 al 20 de febrero de 1984 evidenció que se realizaban torturas en los centros de detención. Las declaraciones de los entrevistados constatan que se aplicaba corriente en las zonas sensibles del cuerpo, se realizaban colgamientos durante tiempos prolongados, además de torturas psicológicas como mantener en silencio a los detenidos para que perdieran el sentido del tiempo, mantenerlos despiertos durante días y mantenerlo solos con los ojos vendados.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ratificó e incluyó nuevos método, como son las humillaciones, en donde hacían ingerir desechos orgánicos, besar las botas de un agente militar o policial y arrastrarse por el suelo. Además, se realizaban juegos en donde la vida del detenido corría riesgo como es la ruleta rusa.

Muchos de los torturadores más brutales fueron entrenados en la Escuela de las Américas, ubicada en Centroamérica. En este lugar se hacían cursos para aprender a torturar y a reprimir. Entre los enviados se encontraba Álvaro Corbalán, quien está condenado por decena de causas.

La luz entre tanta oscuridad

Entre todos los interrogatorios y torturas los detenidos buscaban formas de distraerse y tratar de dejar de lado, por un momento, todo el sufrimiento que los habían hecho pasar los llamados garantes de la seguridad nacional. Ricardo Tobar recuerda «los que teníamos mayores estudios nos poníamos a hacer clases a los demás, a veces jugábamos fútbol o nos poníamos a arreglar la cárcel porque estaba todo malo y sucio». Aurelio González también recuerda que la cárcel estaba en malas condiciones «la Cruz Roja Internacional nos regaló pintura y pintamos toda la cárcel».

Ricardo Aravena también recuerda los momentos de distracción que podían tener a pesar de no poseer mucho tiempo «nos dábamos ánimo entre nosotros, en un momento hicimos un show. Unos compañeros contaban chistes, otros cantaban; no podíamos hacer nada más porque teníamos muy restringido el tiempo». En todos los centros de detención a lo largo del país los presos intentaban hacer cosas para distraerse. En el libro «Tejas Verdes: Diario de un campo de concentración en Chile», de Hernán Valdés, se cuenta que los presos juntaban cualquier cosa para entretenerse en algo, aunque fuera algo inservible.

Para muchos lo único importante era salir vivos de todo ese calvario. Ricardo Aravena recuerda «quería sobrevivir, yo tenía 17 años. Había que tratar de llevar lo más placentero el encierro y las torturas, dentro de lo que se podía, porque o sino uno se volvía loco». También reflexiona que su detención y las constantes torturas «me cambiaron todo el panorama, los sueños y aspiraciones que tenía uno a los 17 años».

Durante las torturas los detenidos buscaban formas para que el dolor no fuera tan fuerte y trataban de pensar en otras cosas. «Yo pensaba en no hablar ni caerme, esas cosas marcan psicológicamente. Uno se vuelve inestable, si hay algún problema me retraigo» cuenta Héctor Cataldo. Ricardo Tobar también recuerda que intentaba resistir de alguna manera los golpes y torturas «lo que me ayudó a sentir menos dolores fue que en la escuela nos enseñaban judo. Ahí el profesor nos enseñó el por qué gritan tanto, que es para mitigar el dolor»

La vida después de la dictadura

Pasaron los años, la dictadura cayó o pacto su salida, Pinochet murió impune y con honores, por parte del ejército, se realizó su funeral. Muchos de los detenidos y torturados, además de los familiares de desaparecidos, aún siguen sufriendo las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que llevarán en su espalda por el resto de su vida. La sociedad chilena o el Estado de Chile están en deuda con todas estas personas, pero para algunos un simple bono es un pago por todo el sufrimiento que les fue causado.

Las pensiones por ser exonerado y preso político son incompatibles entre ellas, personas que tienen las dos condiciones deben elegir entre una u otra. «El estado neoliberal pero de la Concertación, decidieron que esas dos pensiones no son compatibles» comenta Héctor Cataldo. En algún momento a algunos ex-presos políticos les ofrecieron un bono de tres millones. Ricardo Tobar critica esta acción «me torturaron, me echaron de la pega, estuve vagando 15 años para encontrar un trabajo y nos quieren dar un bono de tres millones; eso fue una burla». El Estado se debe hacer cargo y reparar de alguna forma el sufrimiento, quizás es muy difícil remediar el daño, pero algo se debe hacer. También es necesario que la justicia haga su trabajo y se condenen a cientos de torturadores y asesinos que transitan libremente por la calle como si nada hubieran hecho.

Los ex presos políticos le perdieron el temor a la muerte. Héctor Cataldo relata que «yo sé que estoy viviendo gratis así que no le tengo miedo a la muerte». Ricardo Aravena también comenta que «no le tengo miedo a la muerte, ya tengo 62 años. La espero tranquilo, me regalaron varios años más de vida» Luego de haber sido privados de libertad durante meses e incluso años y de haber sido torturados, muchos valoran la libertad que se tiene hoy. Héctor Cataldo alude a este término diciendo que «lo que valoro es la característica de la naturaleza humana de decidir qué hacer o no hacer». Ricardo Aravena también se refiere a esto y comenta «estando detenido uno veía la muralla y pensaba que pasándola estaríamos libres, pero no se podía. Hay que cuidar la libertad. Lo que más aprecio hoy es la libertad, de todo tipo».

Es necesario como sociedad chilena y como humanos cuidar la libertad que se ha ido ganando con los años. No podemos ceder a las nuevas oleadas ultraderechistas que se van dando en el mundo y que buscan quitar algunos derechos básicos que tenemos. Para eso hay que ir aprendiendo de los errores e ir recordando los sucesos que se han dado, como la dictadura chilena. Para eso era y es necesario recuperar las memorias de diferentes actores sociales que sufrieron el calvario de haber sido detenidos y torturados por personas que debieran cuidar de la ciudadanía, pero que volcaron sus armas para asesinar despiadadamente a sus connacionales.

También es necesario que se deje de enaltecer a asesinos y violadores de derechos humanos. Es incomprensible que hasta el día de hoy se tenga una estatua y se venere a un golpista, como es José Toribio Merino. En el Museo Naval aún se conserva una imagen, lugar hasta donde llegan, cada mes, decenas de personas a protestar en contra de la permanencia de la figura de Merino.

Los crímenes cometidos por los militares chilenos durante el régimen pinochetista ya empezaron a ser castigados: algunos miembros del Ejército, Aviación y Carabineros han sido juzgados y condenados. No así los de la Armada, quienes tuvieron importante participación en el golpe de Estado contra Salvador Allende y en la represión que siguió. El mes pasado, el edificio de la Academia de Guerra Naval –centro de detención y tortura de la dictadura– fue derruido. Víctimas que sobrevivieron a la llamada “Colina del Terror” asumen que con esa demolición la Marina pretende borrar sus huellas criminales. 

En absoluto secreto, entre el 8 y el 10 de febrero pasados, la Armada chilena demolió el edificio en el cual hasta 2012 funcionó la Academia de Guerra Naval en esta ciudad. Se trata del lugar desde el cual el almirante José Toribio Merino orquestó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973; luego de eso, el inmueble fue convertido en centro de comando de las tareas represivas de la dictadura y en uno de los principales recintos de prisión y tortura en la región de Valparaíso. La destrucción de la antigua Academia de Guerra Naval ocurre en momentos en los que el ministro en Visita Extraordinaria para Causas de Derechos Humanos, de Valparaíso, Jaime Arancibia, avanza en sus investigaciones, pues ya pudo identificar al equipo que en la Armada comandó y ejecutó las principales acciones represivas. Esto ha causado preocupación en la Armada, que ha logrado mantener casi totalmente impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-1990). En esto difiere de lo sucedido con criminales del Ejército, la Aviación y Carabineros de Chile, muchos de los cuales han sido procesados y condenados a partir de que estas causas se activaron, tras la detención de Augusto Pinochet, en Londres, el 10 de octubre de 1998. 

“Palacio de la Risa” 

La Academia de Guerra Naval era una construcción de acero y concreto, de cuatro pisos, ubicada en un promontorio en el Cerro Playa Ancha, de Valparaíso. Luego del derrocamiento del presidente Salvador Allende y la imposición de la Junta Militar, este edificio –donde normalmente se formaba a los oficiales navales– pasó a ser conocido popularmente como el “Palacio de la Risa”, irónica alusión a los angustiantes alaridos de dolor que día y noche surgían de ahí, producto de las torturas a centenares de detenidos. La Academia de Guerra Naval –que en 2012 se trasladó a la vecina ciudad de Viña del Mar– se emplazaba en lo que las organizaciones de derechos humanos de Valparaíso han denominado la “Colina del Terror”, puesto que allí también está el cuartel Silva Palma, guarnición que tras el golpe sirvió como centro masivo de detención. “Creo que al echar abajo la Academia de Guerra pretenden borrar la memoria de lo que ahí sucedió, pero claramente el pueblo mantiene su imaginario y, dentro de eso, la tarea es poder reconstruir los hechos. “Lo primero que hizo la Armada fue asesinar y torturar masivamente al pueblo chileno.” Es lo que señala en entrevista Eduardo Cabrera, Neco, exprisionero político y presidente de Cine Forum, y quien se ha convertido, quizás, en el más tenaz perseguidor de criminales de la Armada. Cine Forum –que organiza desde hace una década festivales de cine de derechos humanos y de pueblos indígenas– y la Agrupación de Marinos Antigolpistas denunciaron públicamente (mediante comunicado del 18 de febrero pasado) la demolición silenciosa e inconsulta de ese centro de tortura y muerte. “Vemos con estupor en este hecho el intento de borrar de la memoria aquel lugar donde se deliberó y fraguó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”, manifestaron.­ Además expresaron en su declaración la voluntad de perseverar en el esfuerzo por que el cuartel Silva Palma pronto sea declarado Sitio de Memoria Histórica por el Consejo de Monumentos Nacionales, y por lograr que toda la Colina del Terror sea declarada Zona de Conservación Histórica. Formalmente solicitaron esto el 20 de julio de 2016, y entregaron el expediente del caso este miércoles 8. Su carpeta fue foliada con el número 1557. Neco, quien al momento del golpe era presidente del Centro de Alumnos de Filosofía del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, expresa que “el alto mando de la Armada cree que botando edificios y quemando archivos se acaba su problema… pero hoy somos muchos los que estamos preocupados del tema de la memoria”. Temerosos de que la demolición de la Academia de Guerra Naval, además de afectar la memoria histórica y el patrimonio, pudiera incidir negativamente en las numerosas causas por crímenes de lesa humanidad, Cabrera y otros expresos políticos y militantes de organizaciones de derechos humanos se reunieron con el ministro Arancibia, a quien le plantearon su inquietud. Éste les expresó que “de ninguna manera” la citada demolición afectaría los procesos, puesto que él ya había hecho una inspección de la Academia de Guerra, y había hecho registros de los lugares que, según diversos testimonios, habrían sido utilizados para las detenciones y torturas. Ante los cuestionamientos por la demolición, la Armada justificó su proceder mediante una declaración el 21 de febrero. Indicó que el edificio demolido había quedado “con daños estructurales” tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Por lo mismo, y tras una serie de trámites administrativos, técnicos y legales –que no se especificaron–, habían establecido la necesidad de su destrucción, por considerarlo un peligro para la seguridad. Ni la municipalidad de Valparaíso ni el Ministerio de Vivienda han respondido si sus organismos técnicos autorizaron la demolición, que necesariamente debió ser aprobada por ellos para cumplir con el ordenamiento jurídico relacionado con inmuebles ubicados en zonas de conservación histórica. Crudos testimonios El 14 de octubre de 2015 Arancibia inició proceso a 12 oficiales y suboficiales en retiro de la Armada por los delitos de tortura, secuestro calificado y asociación ilícita, cometidos contra Eduardo Cabrera. Esta causa tiene el mérito de ser uno de los primeros autos de procesamiento por delito de tortura que alcanza a altos oficiales de dicha institución. Este tipo de crímenes fue ignorado por la justicia hasta hace unos cinco años, cuando se comenzaron a investigar con seriedad. En aquel dictamen se establece que el 6 de abril de 1974, “aproximadamente a las 03:00 horas de la madrugada, Eduardo Cabrera Vásquez fue detenido en su domicilio particular por un contingente de efectivos de la Armada de Chile, sin existir motivo alguno para ello”. Se añade: “Fue esposado y conducido en una camioneta hasta el Cuartel Silva Palma de la Armada en Valparaíso, lugar donde fue sometido a maltrato físico y psicológico, y fue obligado a permanecer por más de cinco horas de pie en un patio ubicado al interior del cuartel, siempre encapuchado. Cuando fue interrogado recibió descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, genitales, boca, orejas y extremidades, ello por medio de un objeto que se conocía con el nombre de Magneto”. Cabrera señala en la entrevista que entre 5 mil y 10 mil personas pasaron por la Colina del Terror y otras dependencias utilizadas por la Armada como parte de las tareas represivas. Dice que en los centros de estudios los rectores elaboraban listas con los estudiantes de izquierda, las cuales eran facilitadas a la Armada. “Estos estudiantes tuvieron que ir a firmar al cuartel Silva Palma, estar un par de días ahí, encapuchados, interrogados y fotografiados… y ahí se definía si los mantenían detenidos o si eran liberados”. En entrevista con Proceso, Arancibia ratificó la veracidad de estos dichos. “Había listas de estudiantes que fueron interrogados en el cuartel Silva Palma. En algunos casos se llegó a los golpes, en otros no, la verdad es que hubo de todo, por eso es que hay que distinguir caso por caso”, expresa el magistrado. La misma suerte corrieron miles trabajadores y dirigentes sindicales. “En el fondo, es el pueblo porteño –de Valparaíso– el que en su conjunto fue castigado por comprometerse en un proceso que afectó profundamente los intereses de la oligarquía”, señala Neco y asegura que la situación en el Silva Palma “era de una adversidad increíble: te enfrentabas a lo que ellos querían hacer contigo. Debías cooperar, entregar los elementos que ellos querían para su investigación, y si ellos no obtenían eso, significaba soportar los golpes, electricidad, siempre desnudo, en los genitales, en las orejas, en la lengua…”. Este exprisionero, reconocido por sus pares por no haber realizado delaciones, recuerda que los equipos que aplicaban torturas estaban compuestos por entre seis y ocho personas: “Había mujeres… a mí me puso electricidad en los genitales una mujer que ahora está procesada: Gilda Ulloa, se llama”. 

Narración anónima 

El libro Estos mataron a Allende (1974), del periodista chileno Robinson Rojas, incluye el testimonio anónimo de un universitario que pasó por las mazmorras de la Armada, que entrega notables antecedentes sobre las torturas masivas perpetradas en la Colina del Terror y no ha sido integrado hasta ahora al expediente de la causa. El testimonio fue publicado originalmente en el diario colombiano El Tiempo el 26 y el 27 de mayo de 1974, recogido por el columnista Daniel Samper Pizano, quien permanece activo en el periodismo. “Fui detenido a mediados de octubre en el mismo recinto universitario donde estudiaba, donde asistía normalmente a clases. El rector designado por los militares permitía que los esbirros del Servicio de Inteligencia Naval se introdujeran en la universidad, y tengo la impresión de que el propio rector delataba a los estudiantes de izquierda. Con los demás detenidos nos llevaron a la Academia de Guerra Naval (…) Llegando se nos vendó los ojos y se nos hizo subir hasta el cuarto piso por las escaleras de hierro.” Continuó el testigo: “Al subir escuchábamos gritos desgarradores; creímos que eran grabaciones para amedrentarnos, pero luego nos dimos cuenta de que eran gemidos auténticos de los torturados. Nos metieron en una pieza y nos obligaron a permanecer de pie, con las manos en la nuca, sin hablar. El que se movía o hablaba era lanzado al suelo, donde le daban culatazos y lo pateaban. Allí permanecimos toda una tarde, en espera de que nos llamaran para interrogarnos. Nos sorprendieron hablando y nos castigaron brutalmente, pero así pude saber que en esa sala ya había personal de la Aduana que estaba siendo torturado. “El primer día sacaron a mucha gente que había llegado antes: los de la Aduana, el profesor de literatura y el cura católico. No volvieron más. Después sorprendí a un guardia que comentaba con otro: ‘El cura se les fue cortado, lo van a hacer aparecer como suicidio’.” Cabe señalar que, tal como se ha podido acreditar en la investigación judicial del caso Woodward que ahora lleva el ministro Arancibia, el sacerdote chileno-británico Miguel Woodward murió a consecuencia de las torturas perpetradas en la Academia de Guerra y en el buque-escuela Esmeralda, aplicadas tras ser secuestrado de su domicilio en Valparaíso la noche del 16 de septiembre de 1973. Como la Academia de Guerra, desde el 11 de septiembre de 1973 el Esmeralda se convirtió en un centro de detención y tortura. Esta situación, denunciada en aquel tiempo por familiares y víctimas, fue ratificada a lo largo de los setenta en diversos informes de la Organización de Estados Americanos, del Senado de Estados Unidos y de Amnistía Internacional. Continúa el relato publicado en El Tiempo: “Al segundo día fui interrogado: permanecí torturado durante más de tres horas. Me desnudaron y me golpearon con manos y pies por todo el cuerpo. Parece que los interrogadores eran muchos. Luego me aplicaron corriente en los testículos (…) Durante todo el interrogatorio me tuvieron con los ojos vendados y las manos esposadas. Con las contracciones musculares por la electricidad, las esposas se cerraban cada vez más y me rompí las muñecas hasta el hueso. A estas alturas del interrogatorio ya no sentía dolor. Solamente me daba cuenta de que me estaban quemando con electricidad. “Al término del interrogatorio, que perseguía saber si había armas en la Universidad, me llevaron a otra sala donde me sacaron la venda para que pudiera caminar; pero me caía al suelo y me hicieron arrastrarme hacia otra sala, donde yacían los torturados. Había allí un profesor universitario que conocía de vista, que estaba con todo un lado del cuerpo negro de los hematomas y le habían perforado el tímpano, por lo que el dolor le hacía aullar; los restantes estaban todos tanto o más golpeados que yo. Muchos tenían las costillas rotas y no podían siquiera respirar. Ninguno podía caminar; tenían fracturas en los huesos de las piernas, por golpes y por las contracciones musculares producidas por la corriente. “Había muchas mujeres tan golpeadas como nosotros. A las mujeres las habían violado en forma bestial; estaban desgarradas internamente y sangraban con profusión. Una se quejaba continuamente; le habían introducido un objeto cortante en la vagina y parece que le había traspasado el peritoneo. Entre los que estaban, algunos dijeron haber reconocido a los interrogadores: ‘Eran infantes de marina de los que han sido preparados en las bases norteamericanas en Panamá’.” 

SICAJSI 

A partir del 11 de septiembre de 1973 la Armada creó el Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), formado por funcionarios de la Armada, de Carabineros (policía uniformada) y de la Policía de Investigaciones. Dependía directamente de la Primera Zona Naval, con sede en Valparaíso.­ El jefe de SICAJSI fue el capitán de navío Sergio Barra von Kretschmann, secundado por Héctor Trobok, coronel de Carabineros. Ellos reportaban al jefe de Estado Mayor de la Armada, Guillermo Aldoney. En auto de procesamiento del 8 de mayo de 2015, mediante el cual Arancibia sometió a proceso a 18 exoficiales y suboficiales de la Marina y Carabineros por su responsabilidad en la muerte de Woodward, se fija el papel de la Academia de Guerra en las tareas represivas cumplidas por la Armada en los albores de la dictadura. “Luego del 11 de septiembre de 1973, la Armada de Chile puso en marcha, con ciertas modificaciones, un Plan Antidisturbios, también denominado ‘Plan Cochayuyo’, ideado aproximadamente a comienzos de 1973 y que tenía, entre otros objetivos, detener la acción insurgente a sus designios, mantener el orden público y obtener el control absoluto de la población, especialmente de la Quinta Región (de Valparaíso).” Allí se añade que “por orden de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval se instaló físicamente en la Academia de Guerra Naval, ubicada en Valparaíso, el denominado SICAJSI”, razón por la cual la citada academia suspendió en aquel tiempo “las labores de educación que le eran propias, para albergar al organismo antes referido”. “La función principal era la de desbaratar los grupos contrarios al régimen militar instaurado en el país, procediendo para ello a ordenar la captura de personas militantes o afines a algún partido político o movimiento de centro, izquierda o revolucionario, y su posterior traslado a unidades controladas por la Armada o pertenecientes a ésta, habilitados como Centros de Detención e Interrogatorio.” En entrevista con Proceso, Arancibia ratifica que ya está comprobado que el SICAJSI operó en la Academia de Guerra

Por qué el Congreso cerró el negocio inmobiliario de las Fuerzas Armadas 

El más reciente dolor de cabeza del ministro José Goñi estalló por sorpresa. Ahora que el Parlamento decidió quitarle el tratamiento especial a la venta de terrenos de las Fuerzas Armadas, y de paso les restó una importante fuente de financiamiento, tanto las distintas ramas como el Gobierno buscan desesperadamente una solución que no deje heridos en el camino. Sepa cómo los militares se convirtieron en los más experimentados corredores de propiedades.  

Las vacaciones no fueron totalmente relajadas ni para el ministerio ni para las ramas de la Defensa Nacional. Sin contar la turbulencia por la renuncia del general Gonzalo Santelices, equipos de ambos lados tuvieron que suspender el descanso para trabajar de cabeza en una fórmula que permita cerrar un conflicto que nadie tenía en carpeta y que fue abierto por el Parlamento después de discutir el presupuesto para este año. Por culpa de una modificación del artículo 14, aprobada por unanimidad en el Congreso, al menos durante 2008 las Fuerzas Armadas no podrán disponer libremente de los millones de pesos que hasta ahora les dejaban las ventas de cualquiera de las 4.165 propiedades que poseen a lo largo de todo el país. Se acabó el régimen excepcional (ver recuadro) y ahora, como en cualquier otro terreno fiscal que se vende, la plata quedará para el fisco, el cual la distribuirá entre el respectivo gobierno regional y el Ministerio de Bienes Nacionales.  

Siete años empujando 
La modificación, en pocas palabras, cerró una "caja chica" que las Fuerzas Armadas ocuparon durante más de 30 años. Los dividendos se usaron, la mayoría de las veces, para implementar mejoras en la infraestructura militar y construir nuevos recintos. Precisamente, este punto es el que complica al Ministerio de Defensa: de dónde sacar el dinero para los proyectos que cada rama tenía contemplado financiar con la venta de diversas propiedades, recursos con los que, por lo menos este año, no podrán contar. En el ministerio reconocen que "ésta no es una indicación que el Gobierno haya promovido, porque nos obligará a buscar nuevos recursos dentro del presupuesto para llevar adelante los planes que tenía cada institución", explica una fuente. Por eso, cada repartición castrense está elaborando detallados informes sobre los proyectos paralizados o que simplemente no podrán concretarse en el estado actual de las cosas. Si la norma continúa tal cual la dejó el Parlamento, de ahora en adelante las Fuerzas Armadas estarán obligadas a defender estos proyectos que antes financiaban con la "caja chica" ante la Dirección de Presupuesto, tal como lo hace cualquiera de los otros organismos del Estado.  

El "culpable" de tanto trabajo extra es el diputado PS Carlos Montes, autor de la indicación que modificó la ley. Antes de que alguien lo identifique como el enemigo público número uno del mundo militar, el parlamentario sostiene: "La indicación está hecha pensando en las regiones. Éste no es un problema de Gobierno con las Fuerzas Armadas. No es una agresión a ellas. En la dictadura ellos acumularon muchos bienes, en el norte particularmente, y no había ningún motivo para que esto fuera tratado de una manera excepcional. Se trata de que tengan un tratamiento como todo el sector público, sometido a normas generales". 

Montes asegura que hace siete años estaba tratando de cambiar este régimen, junto al diputado Jorge Burgos, ex subsecretario de Guerra en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle. "Y esta vez encontramos la manera de hacerlo, por la redacción del artículo, que nos facilitó las cosas", dice.  

Plusvalía frente al mar 
Extraoficialmente (hasta que los informes respectivos no sean entregados a Defensa por las instituciones, a partir de la próxima semana) se sabe que el Ejército iba a desprenderse de cinco terrenos en Rancagua, Quillota, Santiago Centro, San Felipe y Cauquenes. Unas 60 hectáreas detrás del Regimiento Granaderos en San Bernardo alcanzaron a "salvarse" de la modificación legal: en octubre del año pasado fueron licitadas públicamente por la constructora Besalco, que desarrolla un proyecto inmobiliario para la zona. Para la Fuerza Aérea no cambiaron mucho las cosas, ya que uno de sus negocios más ambiciosos, recuperar los terrenos de la feria El Belloto, en Quilpué, fue abortado por la ampliación por un año del comodato con la municipalidad que permite el funcionamiento de la feria. Antes de que cambiara la ley, el gobierno comunal buscaba otro terreno para permutarlo con la FACH, pero ahora, dado que gran cantidad de los fondos queda en la región "tal vez no nos convenga permutar, sino buscar una fórmula alternativa", dice el alcalde Mauricio Viñambres (PS). 

En la V Región se concentran también las maniobras inmobiliarias que la Armada deberá abortar hasta nuevo aviso. La más importante era la venta de 22 hectáreas del fundo naval Las Salinas, proceso que hasta la fecha de conocerse el cambio en la Ley de Presupuestos avanzaba a la velocidad de un fórmula uno. "Nos complica bastante. No es algo que nos venga bien y que nos guste en ningún caso. Porque teníamos un plan de desarrollo que en este caso tiene impacto no sólo en la institución, sino también en Viña del Mar, porque íbamos a ceder una franja de terreno al municipio. Pero ahora que sabemos esto estamos haciendo algunos estudios y estamos analizando el tema con el ministerio", confiesa una fuente de la Armada. Con esta venta, la institución quería implementar en Las Salinas una especie de campus la Academia Politécnica Naval y concentrar allí varias de las escuelas que tienen dispersas.  
Hasta ahora, los movimientos inmobiliarios de las Fuerzas Armadas no generaban mayores fricciones con el Gobierno, porque toda transacción estaba sujeta a la aprobación del Ministerio de Hacienda y la Contraloría. La fiscalización empezó a partir de 1998, cuando se descubrió que la Fuerza Aérea solía importar perfumes y whisky como pertrechos de guerra, es decir, libres de impuestos. 

Los blocks DE LA DISCORDIA  
Pero no siempre hubo tanta fluidez. Al principio de los gobiernos de la Concertación estas ventas no tenían ninguna fiscalización, y las instituciones tampoco estaban obligadas a dar cuenta de ellas. Especialmente en relación a los predios sujetos al Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), un resquicio a través del cual las ramas de la defensa podían traspasar bienes entregados por el fisco a sus Departamentos de Bienestar y luego deshacerse de ellos, para invertir en mejoras dentro del rubro. El decreto de 1971 que lo permitía duraba 90 días, pero resultó ser el más cómodo para articular negocios inmobiliarios y su utilización se extendió durante 27 años. Es decir, aprovecharon este mecanismo por casi 10 mil días.  
En 1995, el Ministerio de Bienes Nacionales, con Adriana Delpiano a la cabeza, se encontró con que no podía disponer de extensas áreas de terreno en Bahía Catalina, en la provincia de Magallanes, porque pertenecían al Departamento de Bienestar de la Fuerza Aérea, igual que otro paño en Mejillones, al norte de Antofagasta, que también era de la FACH y que la institución arrendaba a una empresa minera. La ministra reclamó a Contraloría, a cargo de Osvaldo Iturriaga, que se pronunció a favor de los militares invocando la vigencia del artículo de 1971. Hubo que esperar hasta 1997, cuando a la cabeza de la Contraloría quedó Arturo Aylwin. "Contratamos al estudio Barros, Court & Correa, para que hicieran un informe en derecho sobre la enajenación de bienes sujetos al PAF", cuenta Delpiano. Con este antecedente, la Contraloría declaró extinguido el mecanismo para traspasar bienes al PAF. Sin embargo, invocando resoluciones anteriores, las Fuerzas Armadas lo siguieron haciendo. Recién ahora el Ministerio de Bienes Nacionales está actualizando el catastro de propiedades enajenadas por las Fuerzas Armadas, trabajo que debieran tener listo dentro de los próximos días.  

Terrenos en engorda 
Muchos de estos negocios se concretaron entre el primer y segundo dictamen de la Contraloría. Entre ellos, el de la Villa San Luis, en Manquehue con Presidente Riesco, quizás el más espectacular de los negocios inmobiliarios del Ejército. Durante el Gobierno de la Unidad Popular, el conjunto de edificios fue entregado como solución habitacional por la Corvi (Corporación de la Vivienda). Después del golpe, los pobladores fueron desalojados y en su reemplazo llegó personal militar, ya que los terrenos tenían estatus de PAF. Pero en 1997 los blocks fueron demolidos y en el terreno "se hizo un negocio que bordeó los 200 millones de dólares", dice el diputado PPD Patricio Hales, quien en ese entonces se opuso a la demolición. El parlamentario, uno de los impulsores de la derogación de la Ley Reservada del Cobre, le quita el carácter confrontacional a la indicación que acabó con la exitosa inmobiliaria castrense. "El Estado tiene que asegurar los recursos para las Fuerzas Armadas en materia de habitación, equipos y sueldo. Pero proveerlas por otro lado, de modo de que no tengan que dedicarse al negocio inmobiliario", dice.  Con la modificación que impulsó Carlos Montes se podría poner fin a un rubro en el que los militares han demostrado especial talento, pese a no ser su "giro". Un consultor inmobiliario explica que, por ejemplo, "en Antofagasta el Ejército ha vendido terrenos donde se han levantado muchas torres, sobre todo en Angamos. Ese y mil ejemplos más grafican cómo las Fuerzas Armadas han sabido manejar este negocio de manera muy inteligente. Azarosamente, muchos de sus terrenos están hoy muy bien ubicados, y ellos han sabido mantenerlos ‘en engorda’, hasta que los precios se vuelvan más atractivos. Eso no lo puede hacer cualquier industria, pero ellos sí. Por eso, casi todos sus lotes son considerados prime o filete, como denominamos a los terrenos más atractivos. En los casos emblemáticos, los militares han hecho muy buenos negocios".  En Defensa, aseguran, tienen la "más profunda intención por derogar o cambiar" la Ley Reservada del Cobre, que este año tiene una cuenta corriente que supera los 1.300 millones de dólares (aunque las ramas no pueden disponer de ella sin el visto bueno de Hacienda). Y esperan que el debate no se contamine con esta sorpresiva indicación legal que terminó con la inmobiliaria militar. Aunque también saben que desde ahora puede venir inevitablemente el contraataque de los que no quieren soltar la gallina de los huevos de oro.  

Fundo naval Las Salinas 
Sobre el lote en el fundo naval Las Salinas que la Armada quiere vender, alguien comentó que se convirtió en el nuevo objeto del deseo de Viña del Mar. Quien lo dijo no exageraba. Hoy, las 56 hectáreas que están en la zona norte del fundo naval, colindantes a Jardín del Mar, son el terreno más apetecido por las inmobiliarias que quieren desarrollar proyectos top en el borde costero de la Ciudad Jardín. 

Su vista es envidiable y su ubicación estratégica, porque está a pasos de la playa y del centro de una ciudad en la que apenas existen terrenos disponibles. Antes este lugar se utilizaba como campo de ejercicio de la Infantería de Marina, pero la Armada prefirió venderlo. Mientras el municipio realiza los estudios para cambiar el uso de suelo, los marinos ya dividieron el lote en 10 paños. Su intención era iniciar la licitación este año, pero aún no deciden si paralizan el proceso a causa de la modificación en la Ley de Presupuesto. Gigantes como Besalco y Desco ya habían mostrado su interés. Cálculos del mercado dicen que el valor total de los terrenos bordearía los 200 millones de dólares, porque la seducción de ese lote es irresistible para las inmobiliarias.  

Ex Regimiento Coraceros 
Uno de los negocios inmobiliarios más redondos que gestionó el Ejército. Donde antes funcionaba el ex Regimiento Coraceros, en 15 Norte con Jorge Montt, en Viña del Mar, hoy están los cuatro edificios del proyecto Torres de Puerto Pacífico. Cuando en los noventa el Ejército anunció que enajenaría ese lote, los grandes de la industria babearon y pelearon por ese terreno, pero finalmente se lo adjudicó la Inmobiliaria Manso de Velasco, entonces filial de Endesa. En todo caso, la lucha no fue injustificada, porque el lote era uno los “filetes” que tanto busca el mercado.  

Ex Regimiento de Puente Alto 
Donde hoy se encuentra una de las sucursales del supermercado San Francisco, en Puente Alto, el Ejército tuvo por años el Regimiento de Ingenieros Nº 2. Sus instalaciones quedaron rodeadas por conjuntos habitacionales y el paño se convirtió en una ubicación perfecta para instalar un centro comercial. Fue entonces cuando la institución castrense decidió venderlo, hace ya cuatro años.  

Hospital Militar 
Otro de los “filetes” de primera categoría que están en Santiago. Se podría afirmar que la esquina en que se ubica el Hospital Militar del Ejército, en Holanda con la Avenida Providencia, es exageradamente estratégica. De ahí el enorme interés que despierta el proceso de enajenación de los 10 mil metros cuadrados donde está instalado el recinto. Hoy, el Ejército entregó en comodato por un par de años el Hospital Militar al Ministerio de Salud, pero en el intertanto realizará el proceso de apertura de las ofertas. En la institución castrense ya han dejado claro que la postura mínima que aceptarán por ese terreno será de 22 millones de dólares, y en la industria sostienen que la cifra podría multiplicarse fácilmente.  

Fuerte Papudo 
Uno más de los terrenos de la Marina que hoy están convertidos en cómodos departamentos con vista a la playa para viñamarinos y santiaguinos ABC1. En las 3,7 hectáreas que la Infantería de la Armada tenía el Fuerte Papudo, en el sector de Recreo en Viña del Mar, hoy se presentan imponentes las siete torres del exitoso proyecto inmobiliario Gran Océano.  Quien levantó ese proyecto fue el grupo Beltec, que se quedó con el atractivo paño que los marinos decidieron vender en 1993. La particularidad de este negocio está en que Beltec pertenece a dos ex miembros de la Armada, Carlos Rivas Mora y Santiago Lorca González. Ambos fueron ingenieros navales y llegaron a ocupar el cargo de capitán de navío. Curiosamente, dos años antes ambos se habían quedado también con el gigantesco paño enajenado por la Armada donde estaba ubicada la Base Aeronaval de El Belloto, donde hoy se levantan dos hipermercados e infinidad de conjuntos residenciales. Según informa la página de la constructora, ése fue su primer gran negocio.  

Ex Regimiento Haras Nacional 
En la comuna de San Bernardo, el Ejército tiene el Regimiento de Caballería Blindada Granaderos. A un costado estaba el denominado Haras Nacional, terreno que ya fue vendido y que se convirtió en el último de los grandes negocios inmobiliarios del Ejército, antes de que se realizara el cambio legal que los tiene con el ceño fruncido. 
Recién en octubre pasado terminó el proceso de licitación de estas 60 hectáreas y quien se quedó con el paño fue la constructora Besalco, que peleó el terreno con otras tres compañías. Su idea es construir casas en la antigua dependencia militar. Según un especialista en proyectos urbanos, esa  ubicación es “tremendamente atractiva para un gran proyecto residencial. En algún momento se pensó utilizarlo para levantar un centro comercial, pero hasta ahora no hay tanta densidad que justifique un proyecto de esas características”. 

Villa San Luis 
Uno de los negocios inmobiliarios más millonarios y espectaculares que hizo el Ejército. Se trata del fundo San Luis, un terreno de 153 hectáreas ubicado estratégicamente en pleno Las Condes, entre Avenida Kennedy y Américo Vespucio. Fue el Presidente Salvador Allende quien decidió construir esos bloques de departamentos para los habitantes más pobres de la  comuna, pero 30 años después, con la villa en manos de los militares, el Ejército decidió que esos terrenos eran “prescindibles” y decidió venderlos. Tan prescindibles que los vendieron por 89 millones de dólares a la inmobiliaria Parque San Luis, firma tras la que estaban los nombres de los hermanos Sergio y Jorge Sarquis, José Cueto y Antonio Martínez. Hoy en ese se sector se erige el exitoso centro de negocios Nueva Las Condes, donde tienen sus oficinas algunas de las compañías más importantes del país y que acoge, por ejemplo, a los edificios corporativos de Lan y Corp Group.  

La historia legal  
El decreto que sirvió a las Fuerzas Armadas para convertir sus terrenos en Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), y luego negociarlos fuera del control civil, fue promulgado por Salvador Allende. Pero el resto de las normas que sustentaron la “inmobiliaria militar” fueron en su mayoría decretos aprobados en dictadura.  

Ley 17.174 de 1969 
Faculta al Presidente de la República, previa proposición del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, a enajenar inmuebles fiscales destinados a dichas instituciones. Los fondos ingresan a cuentas especiales a nombre de cada institución, para invertirlos en adquisición de propiedades, construcción de nuevas instalaciones, viviendas destinadas al uso de la institución, o en la ampliación, reparación y dotación de las ya existentes.  

Decreto con Fuerza de Ley 1 de 1971 
Crea el Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF). Abrió un plazo de 90 días para que las FFAA asignaran bienes a su patrimonio mediante resolución interna. En la práctica, este plazo se extendió hasta el 9 de julio de 1998.  

Decreto Ley 1.113 de 1975 
El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones tendrán la representación del fisco para adquirir y enajenar bienes raíces, sin intervención del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN). 

Decreto Ley 2.569 de 1979 
El MBN podrá enajenar inmuebles fiscales destinados a las FFAA que éstas pongan a su disposición. Los fondos ingresarán a cuentas especiales en Tesorería a nombre de las respectivas instituciones.  

Ley 18.712 de 1988 
La administración del PAF corresponde a los Servicios de Bienestar, con personalidad jurídica distinta a la del fisco. 
Los Servicios de Bienestar sólo pueden invertir en la terminación, ampliación o reparación de los inmuebles que integran su patrimonio de afectación.  

Dictámenes de Contraloría 
Dictamen 42.932 de 1978 
Los traspasos al PAF podían seguir efectuándose después de los 90 días que fijó la ley. Dictamen 23.752 de 1998 
A requerimiento del MBN, de 1995, la Contraloría declaró extinguida la facultad de asignar inmuebles fiscales a los PAF de los Servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las FFAA continuaron inscribiendo inmuebles a nombre del PAF hasta 2004, usando resoluciones anteriores a 1998.  
 

“Aquí nació y aquí morirá el neoliberalismo”. Tanto en su nacimiento como en su (actual) deceso, el modelo instaurado en la dictadura de Pinochet y continuado por los gobiernos de la Concertación muestra su cara más autoritaria e inhumana: las violaciones a los Derechos Humanos, especialmente las desapariciones forzadas.

En el año 2011, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instauró el día 30 de agosto como el Día de las Desapariciones Forzadas, gracias a la iniciativa de organizaciones de Derechos Humanos que buscó visibilizar y esclarecer estos casos a nivel mundial. Desgraciadamente, nuestro país continúa con una deuda histórica que no ha podido saldar, pese a las iniciativas e insistencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Tras 48 años del Golpe de Estado, Chile suma la triste cifra de 1.197 víctimas, cuyos familiares aún no obtienen justicia ni reparación. Gran parte de ellos sufrieron de detenciones y desapariciones forzadas. Casos emblemáticos son el lanzamiento de prisioneros y prisioneras políticas al mar amarrados a rieles para evitar que sus cuerpos flotaran y fueran eventualmente identificados. Jamás esperaron que los propios rieles servirían para este fin.

En octubre del 2019 resurgieron temores de regresar al terrorismo de Estado, la guerra subversiva contra el enemigo interno. La declaratoria de Estado de excepción ante las masivas protestas de los “alienígenas”, así como las denuncias de violencia desmedida en las calles, violaciones sexuales, mutilaciones oculares, instalación de centros de tortura en comisarías, estaciones de metro e, inclusive, en supermercados fueron argumento suficiente para pensar que el próximo paso serían las desapariciones forzadas como corolario de la represión de Octubre y la Declaración de Guerra del propio Presidente de la República al Pueblo Chileno.

Tras años de neoliberalismo pragmático post crisis económica de 1985 y de neoliberalismo con gobernabilidad post plebiscito de 1989, se legitimó un Pacto de Silencio respecto a los enclaves autoritarios del modelo, en especial de aquellos relacionados con las violaciones a los Derechos Humanos. Recordemos que Pinochet entregó el poder sólo luego de profundas reformas a leyes orgánicas constitucionales que privatizaron derechos sociales a última hora e intervenir la corte suprema, y que Patricio Aylwin renunció públicamente a la promesa de convocar a una Asamblea Constituyente al asumir la presidencia en 1990. Ambos hitos marcan el inicio de un largo camino de gobernar en la medida de lo posible, sin verdad, justicia ni reparación.

En este contexto, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y familiares de Detenidos Desaparecidos trabajaron incesantemente para conocer la verdad de quienes ya no están. Gracias a su trabajo, sabemos que Viña del Mar cuenta con 11 lugares lugares donde se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos en Dictadura, según el catastro de sitios de la memoria del Archivo de la Memoria y Derechos Humanos (Subsecretaría de Derechos Humanos, 2021):

Comisaría de Carabineros Nº 1, Viña de Mar
Comisaría de Carabineros Nº 3, Viña del Mar
Comisaría de Carabineros Nº 4, Viña del Mar
Cuartel de Investigaciones, Viña del Mar
Fuerte Papudo, Cerro Recreo
 Fuerte Vergara del Destacamento de Infantería de Marina, Las Salinas
Prefectura de Carabineros, Viña del Mar
Recinto CNI calle Agua Santa 980, Viña del Mar
Recinto CNI calle Álvarez, Viña del Mar
Recinto CNI calle Habana 476, Viña del Mar
Regimiento de Caballería Nº 4 Coraceros, Viña del Mar

Asimismo, la Revuelta Popular de Octubre dejó huellas en nuestra ciudad, en que se suscitaron jornadas de protesta y represión policial, así como lugares de secuestro a dirigentes y dirigentas sociales, mutilaciones oculares, operativos de brigadas de salud y resistencia callejera. Uno de estos es la Iglesia de Fátima, lugar en que se identificaron y atendieron innumerables casos de tortura mediante la aplicación del Protocolo de Estambul por voluntarias y voluntarios de enfermería y medicina.

Finalmente, ambos casos nos desafían a seguir contribuyendo en iniciativas que fomenten la no repetición de las violaciones a los Derechos Humanos con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo social que supere el Pacto de Silencio y nos permita aprender a convivir en paz y justicia social. Para ello, necesitamos realzar la memoria viva en cada uno de los rincones y calles de Viña del Mar como sitios de memoria histórica y lugares de educación cívica para las próximas generaciones, para que nunca más sintamos -como sociedad- el temor de regresar a la Dictadura.

Declaración de Félix LABORDE – “Reapertura Comisión Valech año 2010” 

• El testigo será denominado "el acompañante" porque nunca conocí su nombre (Ver IV-"Circunstancias de .."). El "acompañante”, mi ex esposa Hilda Angélica LÓPEZ HERRERA y  yo estábamos escondidos junto a un grupo de personas en mi casa por temor a la represión.  Mi casa estaba ubicada en Nueva Valdés, 33 – Los Placeres – Valparaíso y ya había sido  allanada en las primeras horas de la mañana del mismo 11.09.1973. 

La detención se produjo hacia las 11 horas del 15.09.1973, cuando una camioneta de Coraceros  vino directamente hacia la Citroneta estacionada en la cual me encontraba al volante. Su llegada  directa, así como los acontecimientos que siguen, me hicieron pensar que se trato de una  “delación preventiva” de vecinos no acostumbrados a ver ese vehículo en su sector. El  “acompañante” y yo fuimos sacados brutalmente del vehículo, tirados a tierra en la vereda, boca  abajo, recibiendo patadas y culatazos. Amarrados por los pies fuimos puestos, siempre boca  abajo, en la parte de atrás de la camioneta, custodiados por dos soldados. 

Llegados al patio central de Coraceros me pusieron una venda en los ojos. Habían dos filas de soldados alineados en el fondo de ese patio, recibiendo órdenes. En la parte delantera del patio me pusieron una venda en los ojos y me incorporaron junto a mi "acompañante" a un grupo de detenidos, botados al suelo, donde recibimos patadas, culatazos, gritos estridentes de oficiales y fuimos maltratados, sin que se nos hicieran preguntas claras y sin tiempo para responder. Supuse  que se trataba solo de un “ablandamiento de bienvenida”. Imposible de saber cuánto duro. Me  pareció una eternidad. 

Después de esa “bienvenida”, me pasaron a un cuarto ubicado inmediatamente a la izquierda de la entrada del cuartel donde, siempre vendado, oficiales me interrogaron sobre mi nombre, la razón  de mi presencia estacionado allí, participación política y generalidades de quienes no saben nada. Hubo golpizas, cachetadas, patadas, pero no torturas “especiales”. Lograba ver un poco por los costados de la venda. Había un oficial sentado en un escritorio con papeles. Tomaba notas. Después de esa “entrevista” me pusieron junto al “acompañante”, ambos aún vendados, en un  pequeño calabozo de alrededor 2m x 2 m, sin ventanas ni luz, donde ya se encontraba un joven  con pelo muy corto. Supuse que era un soldado “soplón”. Pude verlo durante el segundo que duro  la apertura y cierre del calabozo totalmente oscuro. "Pelo corto” me saco la venda. Hacía preguntas y se quejaba. Eso no duro más de media hora. “Pelo corto” golpeo la puerta. Nos sacaron a los tres. Llovieron patadas y culatazos por habernos sacado la venda, pero no para “Pelo corto”. Nunca más volví a ver al “acompañante”. 

Vuelta al suelo, vendado, boca abajo en el “stock” de maltratados del patio. En lo que sigue, se utiliza este término inadecuado de “stock” de prisioneros. Tiempo después me llevaron de nuevo  al cuarto de interrogatorio. Se me incriminó por solo haber dicho que era profesor en la  Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y por haber olvidado de decir que también fui  profesor en la Escuela de Oficiales de Salinas. Comprendí en ese momento que yo había aparecido  en listas preexistentes, como si el allanamiento del día del golpe no fuese suficiente prueba de  ello. No fue un interrogatorio. Fue una gran golpiza. Me sostuvieron entre dos para que un tercero  pudiese dar patadas en los testículos. Perdí el conocimiento. Me desperté con el viento del Jeep  que me llevaba a Salinas, no lejos de allí. Ya era tarde, pero aun no caía la noche.