Recinto CNI, «Cuartel Agua Santa»

Este centro de detención en la ciudad de Viña del Mar pertenecía a la Central Nacional de Informaciones (CNI). La existencia de este centro fue reconocida públicamente en 1984, cuando su dirección se publica en el Diario Oficial, parte del decreto del Ministerio del Interior No 594 (14 de junio de 1984). Este señala lugares de detención para los efectos que indica:

 Decreto: Artículo único: Las siguientes dependencias de la Central Nacional de Informaciones serán consideradas como lugares de detención, para los efectos del cumplimiento de los arrestos que se dispongan en virtud de la disposición vigésimo cuarta transitoria de la Constitución Política de la República de Chile.

Entre los centros de detención enumerados en ese decreto estaba la Casa-habitación Agua Santa, No 980 Viña del Mar. Conocido como el “Cuartel Agua Santa”, este centro de detención y tortura estaba ubicado en medio del barrio residencial, a la entrada a Viña desde la carretera que viene de Santiago. Afuera había un amplio estacionamiento de vehículos, cubierto por una valla de totora. A pocos metros existe un edificio de departamentos.

Respecto al Cuartel Agua Santa se registraron varias denuncias por tortura, entre ellas la de la estudiante X.D.A. a fines de 1983. La estudiante de Pedagogía Básica fue torturada con descargas de electricidad. Ella relató: “..me pusieron los cables en los tobillos, la vagina, ambos pezones, vientre y boca. También me colocaron algo húmedo pro el ano y me mojaron todo el cuerpo y la boca. Después recibí una carga que duro uno diez minutos..”. En este lugar estuvo también detenida la profesora W.A.C., quien permaneció detenida el 11 y el 18 de Mayo de 1983, siendo sometida a brutales torturas. La abogada de la maestra relató que durante toda la semana que su defendida permaneció en poder de la CNI fue sometida a constante tormentos físicos y psíquicos, destacando que en dicho periodo el Cuartel de Agua Santa era secreto. “..Se le aplicó corriente en las partes mas sensibles del cuerpo, como los genitales y la lengua. Fue golpeada entre varios, le dejaron toda la espalda y nalgas con moretones. También la metieron la “submarino” hasta que prácticamente perdió el conocimiento. Ella creyó morir porque padece de asma. Incluso, para mantenerla bajo el agua, un sujeto se acostaba sobre su estomago para hundirla”, relató la abogada. Cuando la profesora fue llevada a la Cárcel de Valparaíso, apenas podía caminar y hablaba incoherentemente.

Fuentes de Información Consultadas: Diario “Fortín Mapocho”; Libro: “La represión política en Chile: los hechos” ; Informe Valech; Memoriaviva

Omar Gutiérrez fue oficial de la DINA y la CNI entre 1976 y 1986. Apenas se acogió a retiro, en 2002, fue contratado por la Armada para asumir diferentes labores. Hoy se desempeña como asesor técnico del Estado Mayor General de la Armada por más de $2 millones mensuales, más una pensión bruta de igual valor. En dictadura, operó bajo el mando de Sergio Echeverría Villarroel, involucrado en causas de derechos humanos.

Augusto Bulnes, militante comunista, fue detenido la noche del 24 de agosto de 1984. A su domicilio llegaron más de treinta agentes armados con ametralladoras, fue amordazado, acostado en el piso de un furgón y trasladado a Agua Santa 980, una de las casas de tortura que funcionaban en Viña del Mar. Fue sometido a tormentos sin tregua durante diez días. Era la CNI del capitán de corbeta Sergio Echeverría Villarroel, jefe de brigada de la región de Valparaíso.

Bajo su mando operaron agentes como Carlos Herrera Jiménez -condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez- y Armando Cabrera Aguilar -“el viejo Charly”, condenado por el asesinato del transportista Mario Fernández López y Víctor Hugo Huerta-, pero también otros oficiales que no alcanzaron notoriedad pública. Dos de ellos, jóvenes tenientes de la marina que trazaban una ascendente carrera militar, siempre estuvieron vinculados a los servicios de inteligencia de la dictadura cívico-militar.

Se trata del capitán de navío Omar Gutiérrez Valdebenito y del capitán de fragata Pedro Vargas Martínez. Ambos fueron contratados por la institución luego de su llamado a retiro, siendo parte además del amplio listado de “jubilazos” millonarios otorgados por la Marina. Este medio pudo comprobar que Gutiérrez aún trabaja para la Armada y Vargas cesó funciones en diciembre del año pasado.

El sociólogo de la CNI

“Terrorismo” se tituló el documento que el joven oficial de la CNI, Omar Gutiérrez Valdebenito, presentó a sus superiores en abril de 1983. Evaluado como “excelente”, fue difundido por la Comandancia en Jefe de la Armada “por ser un valioso trabajo que aporta completos antecedentes sobre la materia”.

Los elogios se repiten a lo largo de su historial militar y destacan el papel que jugó como oficial de inteligencia y analista de grupos subversivos. Para el término de la dictadura fue condecorado con la medalla “Honorable Junta de Gobierno” y “Misión Cumplida”.

Durante los últimos 30 años se ha perfilado como un fecundo académico militar, publicando artículos, impartiendo clases a jóvenes oficiales en la Academia de Guerra del Ejército y la Academia de Guerra Aérea, ejecutando estudios sociológicos para la Armada -estudió sociología en la U. de Maryland, EEUU-, entre otras labores. Retirado en 2002, con una pensión bruta de $2.060.637, actualmente se desempeña como asesor técnico del Estado Mayor de la Armada, cargo por el que percibe $2.039.298 mensuales, según documentos entregados por la institución vía Ley de Transparencia.

Entre 1976 y 1986, el entonces teniente Gutiérrez operó en la DINA y la CNI con sobresalientes evaluaciones por parte de sus superiores, que en reiterados pasajes de su hoja de vida consignaron su “gran vocación profesional” y “lealtad a toda prueba”. Como Comandante de la Agrupación de Seguridad del Estado Mayor de la Armada, rol asignado por la DINA en 1976, fue destacado por el propio Contreras: “Bajo órdenes del Sr. Director General le distinguió por su carácter serio, el excelente tino demostrado e iniciativa desarrollada”.

Numerosas anotaciones y evaluaciones oficiales de su expediente militar fueron tachadas por abogados de la Armada, sin embargo, los comentarios restantes entregan luces sobre el curso que tomó su carrera. Ya había pasado por la repartición de Telecomunicaciones Navales para 1977, cuando su evaluador, el otrora capitán de ejército y agente de la DINA, Sergio Wenderoth Sanz, destacó uno de sus rasgos más llamativos: “Excelente oficial, de gran espíritu profesional, leal, apto para misiones confidenciales”.

De ahí en adelante, el desarrollo militar de Gutiérrez se acercó al trabajo analítico, sociológico y de inteligencia, especialidad de la que se hizo en 1981. El “terrorismo” y la “violencia social” – según su historial- fueron temas recurrentes en sus informes, tanto a principios de los ’80 como a principios de los ’90.

Operó durante un año bajo el mando de Fernando Lazcano Jiménez, edecán naval de la Marina. Su tarea consistió en armar planes de “seguridad y protección de personas” que sirvieron “en gran medida para la instrucción del personal que forma la escolta del Sr. Almirante”. Gutiérrez contaba con la confianza plena de los cabecillas de la dictadura.

En 1981 cumplió tres años como teniente segundo y contaba en su hoja de vida con las positivas ponderaciones de oficiales como Mayer Rechnitz -capitán de corbeta- y Fernando Arancibia Reyes, coronel de ejército, subdirector de la CNI y sindicado por Odlanier Mena como el responsable de la operación “Retiro de Televisores”. En septiembre de ese año, el jefe de la brigada de la CNI en la V Región, Sergio Echeverría Villarroel, aparece como su oficial evaluador.

“Se destaca la labor cumplida por este oficial, especialmente por lo esforzada y abnegada, su discurso durante todos los días de año, lo que deja de manifiesto su gran espíritu profesional y de sacrificio, además de sus condiciones especiales para este tipo de funciones”, escribió Echeverría el 29 de enero del ’82, con su firma y el timbre de la organización criminal.

Calificación de Omar Gutiérrez en la CNI

Luego de pasar cerca de un año como instructor de oficiales al interior de la CNI, siendo ascendido a teniente primero, fue trasladado en 22 de febrero de 1984 al Servicio de Inteligencia Naval (SIN). Empezó entonces a coordinar labores con Raúl Monsalve Poblete, capitán de navío involucrado en el caso Horman y sindicado como de uno de los contactos gravitantes de la CIA al interior de la Armada, pasando información para la detención del escritor estadounidense.

Consolidado como oficial de inteligencia, en 1985 Gutiérrez fue enviado a la Misión Naval Chilena en Massachussetts, Estados Unidos, y asumió el puesto de Jefe del Departamento de Contrainteligencia del SIN. Esta etapa fue totalmente borrada de su hoja de vida, como si no hubiese existido.

En su regreso a Chile, fue designado en altas reparticiones de la institución. Trabajó en el Gabinete de la Armada y en 1987 pasó a desempeñarse como Subjefe de la Oficina de Estudios Sociológicos de la Armada, unidad cuya jefatura llegó a ocupar en 1992. “Tuvo una destacada participación dentro del equipo que elaboró los análisis de la realidad pre y post plebiscito, los cuales se caracterizaron por sus acertados diagnósticos y pronósticos en el acontecer subversivo, específicamente a su carga y en las síntesis de las áreas política, económica y social con él estructuradas”, registra su hoja de vida en 1988.

Desde entonces hasta hoy, emprendió una actividad académica regular, fue ayudante de filosofía militar en la Academia de Guerra del Ejército, dictó cursos y conferencias sobre sociología militar -en 2017 figuró en un panel como expositor del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada en el Ministerio de Relaciones Exteriores-, elaboró estudios y analizó la realidad nacional desde la perspectiva militar. Un ex CNI que forma a las nuevas generaciones.

“Arturo Marín Gutiérrez”

Gutiérrez no es el único miembro de la CNI de Echeverría que se mantuvo trabajando para la Armada. Este medio también pudo constatar el caso de Pedro Vargas Martínez, quien hasta diciembre pasado permanecía contratado por la Fiscalía Marítima de Punta Arenas con un sueldo de $2.775.622, además de una pensión bruta de $2.497.168 por su retiro como capitán de fragata en 2005.

Vargas, a diferencia de Gutiérrez, se dedicó más al ejercicio de la fuerza. Fuentes del Ministerio del Interior lo identificaron con la chapa de “Arturo Marín Gutiérrez”, alias “Arturito”, que operó en una amplia casa con subterráneo que funcionó como centro de torturas en Agua Santa 980, Viña del Mar.  

Echeverría lo describe así en una entrada fechada el 15 de octubre de 1983, en su historial militar: “Destaca por su espíritu de superación, con vocación para el Servicio de Frente Interno. Ha demostrado ser un excelente jefe de equipo operativo. Actúa con decisión, mucho valor, aportando ideas y sugerencias para el mejor cumplimiento de las misiones. Coopera con entusiasmo en dictar conferencias al personal para mantener un buen nivel de conocimiento sobre el adversario”.

Los jefes operativos de la CNI eran los encargados de llevar a cabo las órdenes dictadas por la dirección, realizaban las detenciones y los despliegues de búsqueda. En ellos se materializaba la política represiva de la Doctrina de Seguridad Nacional, que ubicaba dentro de las fronteras nacionales al “enemigo interno”. Pero el camino de Vargas inició antes, en 1976.

Egresado con la 32° antigüedad de un grupo de 52 alumnos, pasó por el Crucero Prat, la Base Aeronaval de Belloto y el Destructor Portales, antes de vincularse a los organismos de represión política en 1978. El entonces jefe del SIN, Hugo D’Arcangeli, condenado en 2012 por el secuestro, tortura y muerte del mirista Rudy Cárcamo en 1974, figura como su calificador directo.  

Sus trabajos relacionados al manejo de información y perfilamiento iniciaron a mediados del ’78, centrándose en documentación sensible como Jefe de Sección de Informaciones del Estado Mayor. Ya en esa posición, fue trasladado al SIN, bajo las órdenes de Monsalve Poblete.

“Se adaptó rápido a las exigencias del SIN”, consignó Monsalve en las observaciones del 28 de diciembre de 1981. “Oficial de desempeño normal, identificándose positivamente con las actividades del Servicio, después de una efectiva labor desarrollada en un organismo tridimensional”, evaluó.

Con toda probabilidad, su traspaso a las filas de la CNI de manera oficial se concretó en 1983, cuando lo designaron como operativo en la 1ra Zona Naval “para desempeñarse en tareas extrainstitucionales”. La observación que sigue fue totalmente borrada por personal de la Armada, quedando solo la firma de Echeverría.

Mientras operaba en la CNI a mediados del ’83, cumplió seis meses con el rango de teniente primero. Sus superiores lo distinguieron por su “excelente conducta, leal y moral (…) Destacado especialmente por su abnegación y valor en sus operaciones”.

Calificación de Vargas en la CNI

¿En qué consistían las operaciones confidenciales de Gutiérrez? ¿Qué operativos lideró Vargas en la V Región que le significaron el reconocimiento de Echeverría? ¿Estuvo involucrado en el secuestro y tortura de Augusto Bulnes, Igor Goicovic, Juan Carlos Dávila o tantas y tantos otros que pasaron por Agua Santa 980? ¿Participó alguno de ellos en el brutal despliegue de agentes que terminó en el asesinato de Luis Tamayo Lazcano en el Cerro Placeres en 1984? ¿Tienen información sobre las causas de David Miño Logan, Marcelo Miño Logan y José Medel Rivas, asesinados hacia el interior de la región a principios de los ’80? ¿Participaron del montaje que buscó inculpar a Juan Alegría Mundaca por el asesinato de Tucapel Jiménez? ¿Operaron junto a Carlos Herrera?

Vargas dejó su trabajo en Punta Arenas en diciembre y no pudo ser ubicado para responder estas y otras preguntas luego de varios contactos con la Gobernación Marítima. Gutiérrez, por su parte, se negó a dar una entrevista en el marco de este reportaje.

La Armada, en respuesta a una solicitud de información pública, se declaró ignorante respecto a las acciones llevadas a cabo por ambos oficiales durante su paso por la CNI: “Se desconoce por parte de esta Institución cuáles fueron sus funciones específicas, ya que eran organismos ajenos a ésta”. De igual forma fueron contratados “por necesidades de la institución (…) sin que exista impedimento legal alguno”.

La DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y su sucesora la CNI (Central de Inteligencia Nacional), aparatos de seguridad de la dictadura cívico-militar, utilizaron numerosos lugares como centros de detención y tortura a lo largo de todo el país, muchos de ellos de carácter secreto. En la ciudad de Viña del Mar tres fueron los recintos de la CNI que se conocieron, ubicados en calle Agua Santa N°980, calle Habana N°476 y en la calle Álvarez, cerca de la intersección con calle Von Schroeders.

El primero de estos cuarteles en ser oficialmente identificado fue el ubicado en la calle Habana, luego que once estudiantes universitarios de Valparaíso fueran detenidos el 27 de octubre de 1983 por agentes de la CNI y trasladados a dicho cuartel secreto, lo que motivó que la Comisión Jurídica del Consejo V Región de la Comisión de Derechos Humanos presentara una denuncia, la cual dio a conocer a través de un documento que hizo llegar al Colegio de Abogados de Valparaíso, con fecha 7 de noviembre de 1984, en donde, en parte del mismo, expresa: "2.-El Departamento Jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presentó denuncias por detenciones ilegales el mencionado día, ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Valparaíso, solicitando al señor Magistrado se impartieran las primeras diligencias, a fin de constatar que los Universitarios afectados, se encontraban detenidos en el Cuartel de la Central de Informaciones, ubicada en calle Habana 476, de Viña del Mar, recinto no destinado a lugar de detención.

El señor Magistrado del Séptimo Juzgado del Crimen, sometió a tramitación la mencionada denuncia, encargando la práctica de las diligencias al Juez del quinto Juzgado del Crimen, don Haroldo Brito, quien se constituyó en el cuartel de la Central de Informaciones el día 27 de octubre ya citado, sin obtener resultado alguno pues se le negó todo tipo de información, desconociendo incluso que dicho recinto correspondiera a un cuartel de la C.N.I. Finalmente, don Haroldo Brito, hubo de practicar la diligencia encargada, con auxilio de la fuerza pública, según facultadas otorgadas por el Séptimo Juzgado.

3.-El resultado de las diligencias practicadas, permite deducir:

a) La efectividad de que el día 27 de octubre fueron detenidos 11 estudiantes universitarios de Valparaíso por agentes del C.N.I. quienes además allanaron sus casas.

b) Que los afectados fueron trasladados al cuartel del C.N.I. ubicado en calle Habana 476, siendo interrogados y sometidos a apremios ilegítimos.

c) Que, 5 de los afectados fueron dejados en libertad sin formular cargo alguno en su contra y sin ponerlos a disposición de ningún tribunal, el día 28 de octubre, hecho que deja de relieve la abierta ilegalidad y arbitrariedad de sus detenciones". Más adelante, en el punto 4 del Documento de la Comisión Chilena puntualiza que "a) Las detenciones y allanamientos fueron practicados por personas no facultadas al efecto y, que por ende no portaban orden alguna. b) Los afectados permanecieron privados de libertad en un lugar no designado por la Ley para servir de casa de detención o prisión y que, en consecuencia, constituyen lugares de detención o cárceles secretas no admitidas en nuestra legislación…."
En el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como "Comisión Valech", respecto al Cuartel de la CNI de calle Habana se documenta que " se registraron detenidos los años 83 y 84…"

Para dar cuenta de lo que ocurría al interior de esos lugares citaré el testimonio de Igor Goicovic, Magister en Historia de la Universidad de Santiago y graduado como Doctor en Historia en la Universidad de Murcia, España, estudiante de la carrera de Historia en la Universidad Católica de Valparaíso cuando fue detenido y torturado por la CNI el año 1984.

En un Documento titulado "La implacable persistencia de la Memoria. Reflexiones en torno al informe de la Comisión de Prisión Política y tortura", del 31 de diciembre de 2004, el historiador expresa: "El 10 de agosto de 1984 un destacamento de la Central Nacional de Informaciones (CNI), me detuvo en la calle Prat de la ciudad de Valparaíso. Rápidamente procedieron a trasladarme hasta el cuartel que dicho organismo tenía en la calle Agua Santa en la ciudad de Viña del Mar. Permanecí detenido en ese lugar hasta el 15 de agosto, día en que fui trasladado hasta la Fiscalía Militar de Valparaíso, la cual me procesó por tenencia de material explosivo. Mientras permanecí detenido en el cuartel de la CNI fui objeto de torturas por parte de mis carceleros: golpes de pies y manos, aplicación de corriente eléctrica, asfixia por sumergimiento en agua, simulacro de fusilamiento y amenaza a la vida de mis familiares directos.

Las torturas físicas, especialmente la aplicación de corriente fueron acreditadas por un informe del médico legista del Instituto Médico Legal de Valparaíso, de esa época, que me examinó dos meses después de haber abandonado el recinto de la CNI. Estos antecedentes fueron puestos a disposición del Cuarto Juzgado del Crimen de Viña del Mar, el cual, después de una breve investigación sumaria, sobresello la querella al no poder identificar a los autores de los apremios."

Calle Agua Santa N°980

Respecto del Cuartel de calle Agua Santa 980, en el documento elaborado por la "Comisión Valech" se puntualiza que "La existencia de este centro fue reconocida públicamente en 1984, cuando su dirección se publicó en el Diario Oficial (Decreto del Ministerio del Interior N°594, el 14 de junio de 1984). Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones ante esta Comisión, se registraron casos entre el año 1977 y 1986; la mayor cantidad de detenciones se concentró en el año 1984."

En relación con el Cuartel de la CNI que funcionó en la calle Álvarez de Viña del Mar en el documento anteriormente citado se expresa que "Durante los años 1985 – 1986 se registró la mayor cantidad de las detenciones en este recinto."

Para profundizar el tema de las casas de la CNI en Viña, conversé con María de la Luz Salas, ex integrante del Equipo Jurídico del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU V REGI-N).

-María de la Luz, tengo entendido que las casas que se conocieron de la CNI en Viña fueron tres, ¿qué me puedes comentar al respecto?

-"Efectivamente. Esas fueron las casas que tuvo la CNI en Viña. La de calle La Habana 476 era clandestina y la de Agua Santa también al comienzo, pero posteriormente fueron legalmente reconocidas como recintos de detención, tanto la casa de agua Santa como la de Álvarez, pero solo a partir del año 1984."

-¿Te recuerdas de la situación relacionada con la calle Habana 476 a principios de los años 80?

-"Me acuerdo perfectamente del caso de La Habana. Fue en el año 1983. La Juani (se refiere a la Abogada Juana Cuadrado, fallecida hace algunos años, ndr.) y yo estábamos en el departamento jurídico de la CDH (Comisión Chilena de Derechos Humanos) . La situación se produjo a raíz de la detención en Valparaíso de un grupo de estudiantes de la Universidad de Playa Ancha. Nos distribuimos la defensa entre la Juani, Fanor Castillo, Laura Soto y yo. A mí me correspondió defender a una mujer, no recuerdo el nombre. Interpusimos los correspondientes amparos ante la Corte y como siempre no pasó nada. Ante ello, aconsejada por el abogado Juan Pavin, recurrí ante el Juez del Crimen de Valparaíso de turno que en ese momento era Jorge Gándara, a quien yo conocía, para pedirle que se constituyera en La Habana 476, de acuerdo a una disposición del Código Penal, por encontrarse allí detenidos los estudiantes en forma ilegal y en un lugar que no era recinto de detención. Presente el escrito y le pedí audiencia, recuerdo que él me dijo "¡ Qué puedo hacer yo por esos jóvenes frente a la CNI !", le repliqué que él era el único en su calidad de Juez que podía sacarlos del centro de tortura en que se encontraban. Me miro, nada dijo y luego accedió a la petición pero como el lugar se encontraba en Viña, fuera de su jurisdicción, exhortó a Haroldo Brito, Juez de Viña pidiéndole que se constituyera, a lo que este accedió. Brito fue por primera vez solo con la Secretaria, que era Angélica Detaille, al lugar, donde los atendió un hombre quien les dijo que ese lugar era una fábrica y que no había nadie detenido allí, inmediatamente se dieron cuenta que les estaban mintiendo y que el lugar era un recinto de detención. Ante esto Brito volvió al Juzgado y pidió a Investigaciones un auto con personal para hacer una diligencia sin decirles de que se trataba. Cuando subió al auto les dijo vamos a La Habana 476, viéndose obligados los detectives a ir sin poder evitarlo. Cuando llegaron al lugar entraron, no pudieron hablar con los detenidos, pero quien los atendió reconoció que era un recinto de la CNI y que los estudiantes se encontraban en el lugar. Al día siguiente fueron puestos a disposición de Gándara, ante quien denunciaron las torturas a que habían sido sometidos."

O sea que a partir de este episodio se produce más adelante el reconocimiento oficial de los recintos de detención y tortura de la CNI…

"Claro. Poco tiempo después salió la Ley que determinó que los recintos de la CNI serían legales y en Viña cerraron La Habana y se trasladaron a Agua Santa, y luego a calle Álvarez. "

¿Cómo Abogadas del CODEPU V REGI"N, les tocó acudir a alguno de esos lugares?

"Una vez que se estableció la "legalidad" de los recintos de la CNI con la Juani, estando ya en el CODEPU, acordamos ir al lugar cuando hubiera detenidos por la CNI a fin de preguntar por ellos. Así concurrimos en varias oportunidades tanto al recinto de Agua Santa como al de calle Álvarez."

¿Me puedes relatar alguno de esos momentos?

"Te relataré el episodio con Herrera Jiménez, jefe operativo de la CNI en la Región. En una oportunidad en que estaban detenidos unos militantes comunistas de Los Andes allí, entre ellos una mujer, fuimos a preguntar por ella. Nos atendió un guardia, quien luego de nuestra consulta entró a preguntar y volvió diciéndonos que el Jefe del lugar nos iba a atender y nos hizo pasar a una oficina pequeña con aspecto de oficina pública, donde nos recibió Herrera Jiménez quien se hacía llamar Mario Bravo Oyarzun, nos sirvió café sin ofrecerlo y nos habló un buen rato, reconociendo que Guadalupe se encontraba allí, para finalmente darnos un teléfono para que lo llamáramos en otra oportunidad, lo que evidentemente jamás hicimos. Tampoco nos tomamos el café. Luego que ella fue puesta a disposición de los Tribunales supimos que había sido brutalmente torturada y abusada sexualmente. Una anécdota: cuando llegamos habían unos periodistas de La Estrella en la puerta, lo que nos dio tranquilidad mientras estábamos adentro. Cuando salimos supimos que cuando nos hicieron entrar los periodistas de la Estrella sacaron una foto con teleobjetivo (que luego publicó) desde lejos para irse inmediatamente del lugar, dejándonos solas. La única persona que nos esperó fue la Gaby (se refiere a Gabriela Correa, dirigente del CODEPU V REGI"N, ndr ) en su citrola."

¿Hicieron lo mismo en la casona de calle Álvarez?

"A ambas casas fuimos varias veces, pero en Agua Santa fue la única vez que nos hicieron entrar. A Herrera Jiménez lo vimos después en careos ante los Tribunales."

En la búsqueda de aportar registros que contribuyan a la memoria histórica, fui a fotografiar los espacios antes señalado, pudiendo constatar que solamente el "Cuartel Agua Santa" sigue en pie siendo en estos momentos una casa habitación. Los recintos de calle Habana y calle Álvarez, que también eran casas, fueron demolidos y reemplazados por edificios, lo que significa que se destruyó parte de la memoria histórica.

En la resolución, el ministro Jaime Arancibia sindicó como autores de los delitos a Carlos Herrera Jiménez, Máximo Lara Lara, Manuel Sergio Aliro Álvarez Lucero, Osvaldo Emilio Fredes Fredes, Manuel José Pastén Vera y Leoncio Velásquez Guala, por su responsabilidad en los delitos consumados de detención ilegal, secuestro y aplicación de tormentos a Pablo Emilio Hernández Dubo ocurridos en 1983.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó auto de procesamiento en contra de seis ex agentes del Estado, por su responsabilidad en los delitos consumados de detención ilegal, secuestro y aplicación de tormentos a Pablo Emilio Hernández Dubo, ilícitos perpetrados en octubre de 1983, en Quillota y Viña del Mar.

En dicha resolución, el ministro Arancibia sindicó como autores de los delitos a Carlos Herrera Jiménez, Máximo Lara Lara, Manuel Sergio Aliro Álvarez Lucero, Osvaldo Emilio Fredes Fredes, Manuel José Pastén Vera y Leoncio Velásquez Guala.

Con los antecedentes recopilados durante la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer que «con fecha 13 de octubre de 1983 la víctima, Pablo Emilio Hernández Dubo, fue detenido por Agentes del Estado en su domicilio de Quillota«.

En el documento se detalla que la víctima «es trasladado en un auto con su vista vendada al cuartel de la CNI que se encontraba en la calle Agua Santa o Habana en la ciudad de Viña del Mar. En el trayecto es interrogado por sus aprehensiones, quienes le daban golpes de puños en su cabeza. Cuando llegan a su destino, es conducido a un subterráneo, siguen los interrogatorios, le hicieron el submarino, consintiendo éste en que lo tomaron de sus pies, lo sumergieron en un tambor con líquido, lo sacaban, repitiendo esta operación hasta lograr alguna confesión, aplicándole además el teléfono, lo que era golpes con manos abiertas en ambos oídos, fue tratado durante toda la noche con violentos golpes de puños en diferentes partes de su cuerpo. En la madrugada del día siguiente nuevamente lo llevan a una sala estaba con su vista vendada, lo acuestan en una cama metálica, denominada parrilla, lo desnudaron, lo amarraron, aplicándole corriente eléctrica».

«Permaneció en este lugar por siete días. La víctima reconoce a quienes le agreden en el cuartel como los mismos sujetos que realizaron su aprehensión. A consecuencia de los malos tratos, la víctima resultó con fuertes dolores de columna, tiene dañadas sus vértebras y discapacidades agudas relacionadas con golpes de palma abiertas en las orejas y con un mayor daño psicológico, se siente perseguido, no podía dormir, configurándose de este modo los delitos de Detención Ilegal, Secuestro con grave daño y Aplicación de Tormentos», agrega.

En la resolución, finalmente el ministro Arancibia añade que «Teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del COVID-19 y siendo la mayoría de los procesados personas de la tercera edad, manténganse estos detenidos en sus respectivos domicilios, bajo custodia de Carabineros de su sector, con excepción del procesado Carlos Herrera Jiménez, quien cumple condena en el Penal Punta Peluco, en tanto se aprueba la resolución que les concederá la libertad provisional y que será dictada a continuación en un trámite de consulta ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso».