Pesquera Arauco

Walkiria fue detenida pocos días después del Golpe de Estado en el regimiento Maipo en Valparaíso. Tras varios días de interrogatorios, fue trasladada junto a otras 16 mujeres al centro de torturas de Villa Grimaldi, en Santiago. El trayecto entre un infierno y otro no lo hizo en camiones del Ejército. La Walki -como la llaman sus amigas- recuerda que ese viaje, que pudo ser el último de su vida, lo realizó a bordo de un camión cerrado que pertenecía a la Pesquera Arauco.

Según ella y otros ex presos consultados por The Clinic, esta empresa de la V Región puso disposición de los militares todos sus vehículos, los que sirvieron tanto para el traslado de prisioneros como del personal de la Armada. Pesquera Arauco no es el único caso de una compañía privada que prestó una infraestructura que terminó siendo usada para torturar y asesinar chilenos. Por el contrario, en los diferentes proceso por las violaciones a los derechos humanos emergen reiteradamente empresas grandes y pequeñas que colaboran libremente con material e información: un aporte que tuvo un rol determinante en la extensión del horror.

Entre estas empresas destaca la Sudamericana de Vapores. Desde el mismo 11 de septiembre la compañía puso a disposición de la Armada dos de sus barcos.

Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus pasajeros perdieron la vida. El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

María Eliana Comene fue una de ellas. Cuenta que entre el 19 y el 20 de septiembre la sacaron de el Buque Escuela "Esmeralda" y la trasladaron al barco de la Sudamericana.

 “Recuerdo que el muelle estaba lleno, pero lleno de gente. Las personas estaban botadas como bultos en el suelo. En el Lebu, a los hombres los metieron en la bodega y a las mujeres nos llevaron a unos camarotes. Éramos tantas que para dormir teníamos que sentarnos con las rodillas tomadas. Nos podíamos bañar con agua helada, pero antes de las seis de la mañana, porque después se cortaba el agua.”

Muchas de las personas que pasaron por el Lebu aún se encuentran desaparecidas. Los que sobrevivieron, no pueden olvidar las interminables torturas que sufrieron en el barco facilitado por la naviera.

Algunas instituciones educacionales privadas, también colaboraron con la violación de los derechos humanos. Es el caso de la Universidad Federico Santa María, cuyas instalaciones fueron usadas para interrogar y detener a personas que venían, fundamentalmente del barrio Los Placeres, de Valparaíso. La universidad también desalojó a los alumnos del internado, para que durmiera allí la guardia militar. Muchos detenidos fueron trasladados desde ahí a la academia Guerra Naval, donde se realizaba el interrogatorio duro y por donde pasaron cerca de mil 500 personas.

En provincia, empresas medianas y pequeñas ofrecieron una colaboración entusiasta. En Osorno, la Fabrica Elaboradora de Cecinas, FELCO, facilitó sus bodegas, para la detención de presos políticos. Allí estuvo detenido Hernán, quien prefiere reservar su apellido, pues aún le pesan los años de dictadura. Recuerda que llegó encapuchado a un lugar que no conocía: un galpón metálico de 10 por 10 metros. Pero varios de los 150 detenidos identificaron rápidamente el sitio y se lo comunicaron al resto: estaban en las bodegas de FELCO. En el lugar sólo había un baño y las condiciones de hacinamiento eran terribles. Tras un par de días Hernán fue trasladado al Estadio Español de la ciudad, otro recinto facilitado por privados.

El abogado de derechos humanos Hiram Villagra afirma que la represión militar dependió en gran medida de la responsabilidad de civiles, pues "sin la complicidad de ellos la dictadura no hubiese tenido ni la crueldad, ni la intensidad y mucho menos la duración que tuvo". Agrega que "muchos privados terminaron prestando sus servicios a la dictadura y aplaudiendo el golpe, sabiendo que el final era una represión".

Una de las muestras más feroces de los servicios voluntarios se encuentra en Paine, donde 70 campesinos de la zona fueron ejecutados en las semanas siguientes al Golpe de Estado. Durante años, las organizaciones de derechos humanos acusaron a varios pequeños empresarios agrícolas de haber facilitado vehículos y de haber participado directamente en las muertes. A comienzos de marzo, la jueza María Estela Elgarrista les dio la razón y procesó a un carabinero y dos civiles por el delito de secuestro y homicidio calificado. Los civiles, Claudio Oregón Tudela, Juan Balcázar Soto, son pequeños empresarios de la zona.

Las listas

Un porcentaje considerable de ex presos políticos y desaparecidos fue detenido en su mismos lugares de trabajo. Esto ocurrió porque otro gran servicio prestado por las empresas a la naciente dictadura, fue la elaboración de listas negras, que a la larga terminaron siendo para muchos, listas de la muerte.

Juan Báez trabajaba en la empresa Portuaria de Valparaíso como pañolero y fue detenido el 30 de septiembre por una patrulla naval al presentarse a sus labores. Varios operarios de la empresa corrieron la misma suerte y hoy Báez está convencido de que la lista fue elaborada dentro de la compañía.

Algo similar a lo ocurrido en la ENAMI, donde 276 de sus trabajadores fueron anotados como "traidores" o "personas peligrosas para las faenas de la empresa". Gran parte de ellos fue ejecutado. Lo mismo ocurrió en la Industria Textil Viña y la Unión Lechera de Aconcagua.

Muchos trabajadores detenidos a raíz de estas listas negras ni siquiera tenía preferencias políticas claras y fueron expuestos a la violencia por venganzas personales. A raíz de las torturas muchos quedaron con secuelas que les impidieron volver a trabajar, afectando radicalmente la calidad de vida de sus familias. Juan Báez, por ejemplo, quedó con severos problemas en la columna y una ceguera parcial tras pasar 17 días infernales en un centro de detención de Papudo. Hasta la actualidad, no puede realizar ningún tipo de actividad física pesada, como la que realizaba cuando era empleado de la Portuaria de Valparaíso.

Con todo, a Báez no le fue tan mal como a un grupo de trabajadores de la empresa Elecmetal, propiedad de Ricardo Claro. Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció como sus dos hermanos y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de carabineros. No se les volvió a ver con vida.

 “Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias,” relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado.

El abogado Juan Agustín Figueroa, que formaba parte del directorio de la compañía cuando ocurrieron los asesinatos, desmiente las declaraciones de Fernández.

 “Nadie se le pasó por la mente que los detenidos iban a parar a una patrulla militar y que iban a aparecer baleados,” dice el penalista. Pese a ello, Fernández sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. "El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en qué condiciones estaban matando a los trabajadores", reclama.

Certificados

La Universidad Católica de Valparaíso no escapó a esta ola de soplonaje. Tras el golpe, la UCV quedó en manos de un marino quien contó con mucha colaboración voluntaria y espontánea de profesores y alumnos para elaborar listas de alumnos indeseables. Cuando se reanudaron las clases, los alumnos debieron presentarse en un galpón de la escuela de Ingeniería donde les informaban si estaban "sin problemas", "condicional" o "expulsados". Estos últimos recibieron un certificado en el que se los acusaba de "ser un peligro para la actividad académica de la universidad, por su condición de extremista violentista". Ese fue el caso de Enrique Núñez, quien por entonces estudiaba agronomía. No solo fue expulsado sino borrado de los registros de la universidad.

Peor suerte corrieron al menos tres estudiantes de la UCV incluidos en esa fatídica lista. María Isabel Gutiérrez y Alfredo García fueron llevados al regimiento Maipo dónde se les perdió el rastro; en tanto, Silvio Pardo, estudiante de derecho, desapareció en el cuartel Silva Palma.

Núñez cree que la UCV está en deuda con esas personas y que una forma de reparar su colaboracionismo "sería que la universidad, en un gesto digno, les diera un titulo póstumo a todos los que fueron víctimas de la represión. Eso no les cuesta un peso. Pero falta la voluntad política para enfrentar las culpas propias".

 

El jueves 12 de noviembre, a las 11 de la mañana, Alfredo Ovalle, entonces presidente de la Sonami, recibió a CIPER en la sede de la entidad gremial. Le pedimos su versión sobre esta investigación acerca de los fondos secretos de la DINA, que lo vincula como socio en empresas nacionales y extranjeras al jefe financiero del organismo represor: el ex oficial de la Armada, Humberto Olavarría Aranguren. Ovalle también aparece asociado a Guillermo Endara, ex presidente de Panamá (1990-1994), quien constituyó múltiples empresas de la DINA en su país para financiar la Operación Cóndor. Ovalle escuchó y rehusó hablar sobre el tema. Su respuesta la dio siete días después cuando sorpresivamente renunció a la presidencia de la Sonami, nueve meses antes de terminar su gestión, aduciendo razones personales. Esta es la investigación que devela un capítulo inédito sobre hombres y empresas que financiaron la represión en Chile.

14 de mayo de 1992. Una vez más están frente a frente el general (r) Manuel Contreras y el ministro en visita Adolfo Bañados. El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) venía preparado para seguir negando toda participación suya y del organismo de seguridad en el asesinato de Orlando Letelier. Ignoraba que el juez le tenía una sorpresa: un grueso legajo de escrituras de empresas de la DINA, protocolizadas, que la autora de esta investigación le entregó al juez antes de publicarlas (*1). Fue entonces que Contreras se vio obligado a guardar su libreto.

“En un comienzo la DINA no mantenía cuentas corrientes en dólares. Posteriormente sí, quizás algunos meses después de su constitución… No recuerdo el banco en Estados Unidos, pero sí personalmente he mantenido una cuenta en el Banco Riggs de Washington de la cual retiré 25 mil dólares, aporte de mis amigos norteamericanos para mi defensa en el caso de la extradición”, declaró.

“Con respecto a las escrituras que se me dan a conocer, reconozco que Hubert Fuchs y Marco Acuña Ramos estaban relacionados con la DINA; el primero era gerente de la pesquera de la que yo era coordinador y en la que Humberto Olavarría me prestaba asesoría desde el momento en que él era además, jefe de inteligencia económica de la DINA”, reconoció Contreras.

El jefe del aparato financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren, ex oficial de la Armada y amigo de Contreras, no ha sido jamás interpelado. Ha seguido haciendo negocios en su ciudad natal, Valparaíso, donde tiene su oficina muy cerca de los tribunales. Olavarría no tenía una gran historia empresarial cuando en 1976 se asoció con los abogados Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, con quienes participó en una red de numerosas sociedades (Ver cronología), la mayor parte de ellas creadas mientras controlaba todo el aparato financiero de la DINA.

Los abogados Ovalle y Langlois han tenido un solo quiebre en su carrera empresarial. El primero cayó preso durante 42 días en 1982, por la intervención del Banco de Fomento del Bío Bío, del que era presidente y del que también eran socios los hermanos Humberto y Mario Olavarría. Tras ser sobreseído, Ovalle siguió haciendo negocios con su ex compañero de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Raimundo Langlois, hasta convertirse en una exitosa dupla en la inversión minera en los ‘90.

En abril de 1978, junto a Gustavo Valenzuela Carey y la Constructora Foram y Compañía Limitada, formaron su primera empresa en el rubro: Inversiones Mineras Foram Limitada. A través de esta empresa se asociarían con Humberto Olavarría más tarde para un ambicioso proyecto inmobiliario en Concepción. A ella le seguiría en una primera etapa, la Sociedad Inmobiliaria Cabildo Limitada (1978), la Sociedad Legal Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, Inversiones Mineras Norte Limitada (junio 1981), la Compañía Minera Las Luces Limitada y Minera Oro Andino Limitada, en sociedad con María Teresa Cañas Pinochet, la sobrina predilecta de Pinochet.

Ambos han relatado que todo comenzó cuando adquirieron la mina Las Cenizas en una licitación de Enami junto a otros socios. Sea cual sea el itinerario cronológico, lo cierto es que en 2005, Alfredo Ovalle parecía haber llegado a la cúspide cuando fue electo presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Pero le quedaba un peldaño. Un año más tarde asumía como el máximo líder del empresariado chileno, a la cabeza de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Su primera actividad como presidente de los empresarios fue asistir al funeral de Augusto Pinochet, el mismo día de su elección.

En los múltiples perfiles y entrevistas que se publicaron sobre Ovalle, nunca se mencionó su relación con el jefe del aparato financiero de la DINA, Humberto Olavarría. Por eso su sorpresa cuando recibió a CIPER en su oficina de la Sonami el 12 de noviembre pasado. Ovalle escuchó y rehusó hablar para esta investigación sobre los fondos secretos de la DINA. Siete días más tarde, anunció inesperadamente su renuncia a la presidencia del gremio minero. “He llegado al convencimiento de que tengo una importante deuda con mi familia, que me ha acompañado y apoyado en esta labor gremial todos estos años”, fue la explicación que dio al directorio en una carta.

Un holding pesquero de exterminio

Los negocios de Humberto Olavarría partieron con bajo perfil. En los años 60, el capitán de fragata se asoció con su hermano Mario –padre del actual alcalde UDI de Colina, Mario Olavarría–, para formar Olavarría Hermanos Limitada y luego la sociedad Viviendas Económicas Traslaviña Limitada. En marzo de 1973, viraba hacia el comercio internacional y junto al abogado de Concepción Aníbal Bórquez Pincheira, fundaba Cinemaphon Limitada. También se desempeñó por esos años como vicepresidente de la RCA Víctor y registra una extraña incursión empresarial en Brasil en los tiempos de Allende.

Una vez ejecutado el Golpe de Estado, a Humberto Olavarría le cambió la vida. La DINA, creada por su amigo Manuel Contreras, le abriría la puerta al poder al convertirse en el jefe de su aparato financiero. No hay rastro público de su participación en la primera empresa que crea la DINA, pero sí en su desarrollo. El 4 de enero de 1974 –cuando aún la DINA no tenía existencia legal pero sí el poder otorgado por Pinochet desde que la creó el 12 de noviembre de 1973– ante el notario Andrés Rubio Flores, nacía Servicios Industriales Villar y Reyes Ltda., cuyo nombre de fantasía fue Dinaservice Ltda.

El 12 febrero de 1974 apareció en el Diario Oficial la constitución de la sociedad con la que la DINA pagaba las remuneraciones de sus agentes. Su capital, 200 mil escudos; sus socios, el oficial de Ejército, Lautaro Villar Requena (*2) y Leonor Reyes Herrera. Su objeto: “prestación de toda clase de servicios industriales y en especial, facilitar a terceros los servicios de mecánicos especializados, proporcionar personal especializado para cualquier clase de trabajo industrial y, en general, la prestación de toda clase de servicios que estén relacionados directa o indirectamente con la actividad industrial”.

Algo de verdad había en esos propósitos. La DINA, en el plan de Contreras, buscaba convertirse en una gran industria. Pero no de servicios. Y en el apuro, los abogados cometieron un error que debieron rectificar en el Diario Oficial del 14 de febrero. Leonor, uno de los socios de Dinaservices, era en realidad Leonardo Reyes Herrera, oficial de la Fuerza Aérea (*3).

Financiar la represión dentro y fuera de las fronteras de Chile, fue la tarea asumida por Olavarría. Pero su poder se consolidaría con la creación de la Brigada Lincoyán (Investigaciones Económicas), que en los hechos se convertiría en un destacamento de espionaje de las miserias privadas de los empresarios y de los civiles del régimen, datos que fueron engrosando las carpetas que manejaba Contreras para ejercer presión en los momentos de apuro.

El 25 de enero de 1974, ante el mismo notario anterior, Andrés Rubio Flores, se hizo la primera operación para que las principales empresas pesqueras de San Antonio, feudo de Manuel Contreras (era director de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes en San Antonio), pasaran legalmente a manos de la DINA, que ya las tenía bajo su control.

La escritura que se firmó ese día dejó a la Compañía Pesquera Arauco, representada por Hubert Fuchs y a Productos Congelados del Mar, representada por Ramón Gutiérrez Burgos, como únicos socios de la Compañía Atunera de Chile Limitada, cuyo nuevo capital era de 500 mil escudos, de los cuales 495 mil fueron aportados por Pesquera Arauco.

No fue una coincidencia que el mismo día que la DINA tuvo existencia legal, por un decreto firmado por Pinochet (18 de junio de 1974), en el puerto de San Antonio se constituyera el nuevo directorio de la Empresa Pesquera de Chile (EPECH) , encabezado por Manuel Contreras, y de la cual Hubert Fuchs ya era gerente. La confianza depositada en Fuchs no era extraña. Marino en retiro, fue gerente de Savory y sirvió de nexo para la relación entre la DINA y la empresa Standard Electric.

En 1975, Contreras iniciaría las primeras acciones para la coordinación de los organismos secretos de las dictaduras del Cono Sur. Su necesidad de fondos aumentó. En marzo de ese año, la red financiera de la DINA se instaló en una oficina en el corazón de Providencia -Doctor Charlin N° 1475- adquiriendo un nuevo impulso bajo la conducción de Olavarría, quien ya contaba con cuentas corrientes en dólares, como la del Manufacturer Hannover Trust.

El gran estreno de la Operación Cóndor fue en Santiago. El 26 de noviembre de 1975, Contreras reunió a los jefes de organismos de seguridad de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Todos los gastos los pagó la DINA. Para poner en marcha la red antisubversiva internacional se requerían millones de dólares y una actividad pantalla en la que tendrían un rol clave el aparato financiero y el Departamento Exterior de la DINA (*4).

La Empresa Pesquera Chile (EPECH) proporcionaría una parte de las nuevas necesidades. Poco antes de la reunión de Cóndor en Chile, el 14 de noviembre de 1975, y como siempre ante el notario Andrés Rubio Flores, se concretó el traspaso total de la EPECH a manos del Estado, es decir, bajo el control de la DINA.

Productos Congelados del Mar Ltda. cedió y transfirió la totalidad de sus derechos en EPECH a la Sociedad Agrícola Corfo Ltda., al condonársele la deuda que tenían sus propietarios con la entidad estatal.

Pero al diseño le faltaba una pieza. Ésta se ejecutó el 28 de febrero de 1976 cuando Hubert Fuchs, en representación de Pesquera Arauco, le traspasó todos sus bienes en la Compañía Atunera de Chile (99%) a la EPECH, de la que era gerente. Las tres pesqueras con todos sus barcos y millones de dólares en activos quedaron bajo la tutela de Manuel Contreras.

Era exactamente lo que requería Contreras en esos días de estrechos lazos con los grupos terroristas de ultraderecha de Italia (Stefano Delle Chiaie y Pierluigi Concutelli, del movimiento neo fascista italiano Avanguardia Nazionale); con los hermanos Novo y Virgilio Paz del Movimiento Nacionalista Cubano (MNC); Milicia de Argentina y Vlado Seran, ex oficial croata y uno de los principales lideres del movimiento Ustascia. Casi todos tenían problemas con la justicia de sus países y se les debió proporcionar dinero y refugio en Chile a cambio del nuevo brazo armado que desplegó la DINA en el extranjero.

Dinero era también lo que necesitaba para su recién creada Brigada Mulchén, al mando del capitán Guillermo Salinas, destinada a cumplir misiones de eliminación de personajes molestos, como lo probaron los jueces Montiglio, Solís y Madrid. Para ello, en el laboratorio de la DINA se trabajaba día y noche.

-Hacia el término de 1975 me dediqué en forma casi exclusiva al desarrollo del Sarín, la terminación del laboratorio aquí en mi casa y la planificación de productos similares como Soman y Tabun, además de productos de extrema toxicidad como Clostridium botulínica, Saxitoxin y tetrodotoxina –confesaría Michael Townley.

Las construcciones de Ovalle

Antes de convertirse en empresario, el abogado Alfredo Ovalle fue suplente del conocido notario de Santiago Enrique Morgan Torres. Hasta que en diciembre de 1967 abandonó las escrituras por los negocios y se incorporó a la empresa constructora Foram.

Cuatro años después, el 19 de agosto de 1971, adquirió el 10% de Foram Chilena Empresa constructora de Viviendas Económicas, asumiendo como uno de sus tres administradores. El notario Enrique Morgan, el mismo del que fuera suplente, fue escogido por Ovalle para modificar la sociedad el 31 de mayo de 1974. En representación de G. Valenzuela y Compañía Foram Chilena Limitada, Ovalle firmó el aumento de capital y la designación de sus nuevos administradores: Gustavo Valenzuela Rodríguez, Alfredo Ovalle, Raimundo Langlois y Alberto Miranda.

Cinco meses más tarde, el 4 de octubre, ante el mismo notario Morgan, que certificaría casi todos los múltiples movimientos de Ovalle y su socio Langlois, se constituyó la nueva sociedad Ingeniería Foram Proinco Limitada. Ovalle concurrió en representación de G. Valenzuela y Compañía Foram Chilena Limitada y sus nuevos socios fueron los ingenieros Patricio Ruiz Tirado, Antonio Delpiano Puelma y Daniel Lowener Maron, de la sociedad Proyectos de Ingeniería de Consulta Limitada, cuya sede estaba ubicada en calle Belgrado Nº 9, a escasos metros del cuartel general de la DINA (Belgrado N°11).

Poco después, el 15 de enero de 1975, Humberto Olavarría le daba forma –junto a su hermano y al abogado Aníbal Bórquez Pincheira– a una empresa que se multiplicaría: Sociedad Inmobiliaria Regional Limitada. Habiendo partido con un capital de 15 mil escudos, siete meses después, ingresaba un nuevo socio en escena, Lionel Raby Laemmermann y aumentaba su patrimonio a $77.200.

El año 75 y 76 fueron de intensa actividad para la DINA y también para Olavarría. Pero para los efectos de esta historia, el próximo hito empresarial tiene lugar el 18 de agosto de 1976, en pleno apogeo del organismo encabezado por Contreras. Ese día, el notario Morgan fue testigo de la primera sociedad pública entre Humberto Olavarría, Alfredo Ovalle y Raimundo Langlois. Los tres aportaron el 75% -por parte iguales- de los $50.000 con que inició sus actividades Comercio Exterior Bío Bío Limitada. El resto fue aportado por Agustín Benavente Ariztía (ex marino y luego gerente del Matadero Lo Valledor) y G. Valenzuela y Compañía Foram Chilena Limitada. Sus administradores: Olavarría, Ovalle y Langlois.

Transcurridos doce días, Morgan debió asistirlos para la constitución de una nueva sociedad. El 4 de septiembre de 1976 se creó Inversiones y Comercial Sur Limitada (Incosur) con un capital inicial de $150.000 aportado por Humberto y Mario Olavarría Aranguren (11,11% cada uno); Alfredo Ovalle Rodríguez (12,49%), Raimundo Langlois Vicuña (12,48%), el también abogado Máximo Montero Labbé (12,48%); el socio de Ovalle, Patricio Ruiz Tirado (15,94%); Alejandro Bustos Josseau (13,28%) y el socio de Olavarría y de varios negocios de la DINA, Lionel Raby Laemmermann (11,11%). Los socios ya tenían un plan en mente para multiplicar los fondos.

Sería el mismo notario Morgan el que certificaría la nueva incursión empresarial de Incosur. El 13 de octubre de 1976 se constituyó la sociedad Comercial y Agroindustrial Octava Región Limitada (Agroctava Ltda.). Socios: Fernando y José Luis Giner Izquierdo, María Teresa Ossa Madrid, Patricio Ossa Pretot, Patricia Ossa Madrid, además de Mario Olavarria Aranguren y Alejandro Bustos Josseau, ambos en representación de Incosur.

Guillermo Endara entra en escena

Cuando en agosto de 1976 se oficializó la sociedad de Humberto Olavarría y Alfredo Ovalle, una vorágine imperaba en el aparato financiero exterior de la DINA. El hombre clave en su estructuración secreta fue el abogado panameño Guillermo Endara Gallimany.

El 22 de abril de 1976, Endara dio el vamos a la primera empresa de la Operación Cóndor de Contreras. Fue en los mismos días en que, según lo acreditó la justicia en Estados Unidos y Chile, el gas sarín, fabricado por el químico Eugenio Berríos en el laboratorio de Lo Curro, era probado con éxito, eliminando a una persona cuya identidad aún se desconoce. (*5)

Edice Investment Inc fue el nombre escogido por el propio Endara Gallimany para la sociedad que él mismo encabezó para luego darle poder total de representación al abogado de la DINA, Marcos Acuña, oficial de Ejército en servicio activo. Cuatro días más tarde, dos nuevas sociedades panameñas entraron a la red: South Fishing Corporation y Entrecostera Panatlántica, ambas presididas por Endara y con idénticos poderes de representación para el abogado Acuña.

Otros tres abogados panameños concurrieron a su constitución: Hernán Delgado Quintero, José Menalco Solís (ex ministro de Hacienda y Tesoro y ex presidente del Consejo de Seguridad Nacional de ese país), y Ceferino A. Espino. El estudio de Endara se había especializado en la constitución de empresas de dudoso origen. Lo extraño es que, en estos casos, su rol de abogados residentes había derivado al de accionistas de una sociedad que le confería poder a un extranjero. Ninguna de las denuncias que en la época circularon sobre el trío impidió que Endara se convirtiera en 1990 en presidente de su país y que Delgado participara desde 1982 y durante muchos años en los nombramientos del principal órgano judicial de Panamá (Ministerio Público), convirtiéndose en un poder inexpugnable.

La fiebre empresarial que en 1976 sacudía al aparato financiero de la DINA en Panamá, crecía también en Chile. El 12 de mayo, Hubert Fuchs, gerente y representante legal de Pesquera Chile y Pesquera Arauco; junto a Marcos Acuña, el “representante” de Guillermo Endara, crearon la Compañía de Inversiones Navarino Limitada. Esta vez Humberto Olavarría no ocultó su impronta. En la escritura figura como árbitro.

La notaría de Andrés Rubio debió habilitar un privado especial porque al día siguiente, el 13 de mayo, los mismos Fuchs, Acuña y Olavarría formaron Compañía de Inversiones Navarino Limitada y Cia C.P.A (una sociedad comandita, que se divide en acciones).

Algo grave ocurrió en esos días de mayo de 1976 entre los hombres que guardaban el secreto de las finanzas de la DINA. Porque hasta hoy no se sabe cómo falleció en un extraño accidente el abogado Marcos Acuña, el representante de Endara. Murió el 23 de mayo luego de ser trasladado a la Clínica Santa Lucía, de exclusivo uso de la DINA. La misma donde meses después sería asesinado con sarín el cabo Manuel Leyton, cuyos autores ya están condenados en primera instancia. Pero la muerte de Acuña no se ha investigado.

Al parecer, Contreras no estaba dispuesto a que nadie obstaculizara sus planes. La abrupta muerte de Acuña provocó que el jefe de la DINA, con la ayuda de Olavarría, reestructurara su red financiera agregando tres nuevas empresas en solo cinco días, todas constituidas en la notaría de Andrés Rubio y con los mismos socios: Hubert Fuchs Asenjo y Salvador Lisboa Escobar. El 24 de junio fue el turno de la modificación de la Compañía de Inversiones Navarino Limitada. Dos días más tarde, estampaban la firma en la escritura de la Importadora y Exportadora E.I.D. Limitada (E.I.D. Ltda.), para dar paso el 29 de junio a la creación de la Sociedad Servicios Electrónicos Limitada (Selectronic Ltda.) e Industrial y Comercial de Refrigeración Limitada (Infricom Ltda.), cuyo domicilio se estableció en Concepción. El árbitro: Humberto Olavarría.

La última empresa creada por Contreras y Olavarría en esos días de 1976 fue en un rubro no explorado: el agrícola. El 30 de junio, Salvador Lisboa Escobar y Federico Guerra firmaron la escritura –por cierto en la notaría de Andrés Rubio– de Agrícola Agro Claro.

Restaba un gran problema por resolver. Con la muerte de Marcos Acuña varias sociedades panameñas quedaron inutilizadas. Contreras esta vez no recurrió a un intermediario. El 1° de julio de 1976, Endara le revocó los poderes conferidos a Marcos Acuña para otorgárselos al jefe de la DINA. En ese viaje fue acompañado. Una de las versiones recogidas para esta investigación, indica que viajó con Olavarría. Otra, que fue con un abogado que conocía bien a Endara. El misterio se mantiene.

El secreto nexo chileno de Guillermo Endara

En varios interrogatorios Manuel Contreras negó una y otra vez conocer tanto esas sociedades como el origen de sus dineros. Cuando Adolfo Bañados le mostró una a una las escrituras, hubo un gran silencio. Luego se escucharon sus respuestas: “Sí, la Empresa Pesquera Chile absorbió a la Pesquera Arauco… El gobierno me encomendó disponer lo necesario para que yo tomara el control… Los directores eran nombrados por el gobierno… En algunas oportunidades recuerdo haber otorgado dineros que se necesitaban para operaciones de inteligencia en Argentina… Algunas -como Servicios Electrónicos– pudieron haber servido para desarrollar un proyecto de guerra electrónica… Edice Investiment Inc Corporation es una sociedad que se formó en Panamá por orden del gobierno a fin de ocuparla en el extranjero…”

Lo que nunca se supo, ni en ese momento ni después, es quién había hecho el nexo cómplice y de confianza entre Guillermo Endara y Humberto Olavarría y Manuel Contreras. Se habló mucho de la CIA, pero al final, se impuso el silencio.

Fue el propio Guillermo Endara quien dio una pista hace ya casi 20 años. En una entrevista que concedió al diario La Tercera el 30 de enero de 1990, dijo que “durante estudios de post grado en Nueva York en los años 60 explicó el sistema de sociedades anónimas de Panamá a un grupo de tres abogados chilenos (que no identificó por secreto profesional), los que utilizaron este medio para sacar capitales de Chile durante el gobierno de Allende y también en el régimen militar”.

Uno de esos abogados chilenos fue Alfredo Ovalle, quien hizo realizó cursos de especialización en derecho comparado en Estados Unidos a principios de los ‘60, donde coincidió con Guillermo Endara. Posteriormente, ambos estrecharían la relación hasta convertirse en socios. Fue el empresario minero quien hizo el nexo entre Endara y Humberto Olavarría para los fines que el propio ex presidente de Panamá le explicó a La Tercera.

Los servicios de Endara no sólo servirían para ocultar fondos de la DINA. También los utilizarían para otros fines de Manuel Contreras, Humberto Olavarría y el propio Ovalle y sus socios.

Bajo el paraguas y modelo Endara, la DINA bajo la conducción de Olavarría formaría nuevas sociedades en 1976, el de mayor actividad terrorista internacional y también financiera. Y de mucho desorden. Inversiones Navarino tendría tres versiones distintas, en una de ellas, todos los socios, menos Fuchs y Salvador Lisboa, firman con identidades falsas (aparece Rolando Gálvez, por ejemplo, nombre bajo el que se oculta el oficial Vianel Valdivieso). En otra, la Compañía de Inversiones Navarino Limitada y Compañía CPA, representada por Hubert Fuchs, compra todos los derechos de José Germain Jara en Germain y Lisboa Limitada. A ellas se agregan Comercial Caronte, Complejo Terranova, Dynamic Tour… De todas ellas la autora de este reportaje obtuvo copias de sus escrituras debidamente legalizadas.

Alfredo Ovalle también formó empresas panameñas, y varias, las que ha mantenido en la misma reserva que su relación con Endara, el abogado que al asumir la presidencia de Panamá declaró una fortuna personal de 17 millones de dólares.

No es extraño entones que en junio de 1991, el poderoso columnista estadounidense Jack Anderson decidiera hurgar en las actividades encubiertas de Endara. Y recordó que en abril de 1991, la prensa panameña consiguió una copia de un informe de 1990 de la Drug Enforcement Administration (DEA, agencia de EE.UU. que dirige el combate contra el narcotráfico) que asociaba varios negocios creados por Endara, con una operación de contrabando de drogas en el sur del Estado de Florida. Endara negó todo conocimiento sobre “las actividades extracurriculares” de esas empresas, acotando que había renunciado a ellas en 1987 “por consejo de un amigo”.

No sería la primera vez que su nombre aparecería en un dossier de la DEA. Otro similar realizado después de la invasión de EE.UU a Panamá en 1989, se hizo público en 1990, involucrando al Interbanco de Panamá, del cual Endara era uno de los propietarios y vicepresidente, en el blanqueo de dineros de un cartel colombiano. Un depósito por US$12 millones de un ex jefe del Cartel de Medellín y otro por US$ 6,2 millones en préstamos a un español relacionado con dos cabecillas del cartel fueron las evidencias exhibidas. El banco debió cerrar sus puertas. Endara siguió su camino.

Al Interbanco de Panamá, Ovalle lo conocía bien. El 3 de enero de 1979, se constituyó la sociedad Inversiones y Comercial Arauca Limitada. Los socios: Humberto Olavarría y Raimundo Langlois, ambos en representación de Inversiones y Comercial Sur Limitada (Incosur) con el 50% del capital; y Máximo Montero Labbé, por Interoceanic Investment Corporation, sociedad panameña, domiciliada en Ricardo Arias Nº 9, Panamá, con el otro 50%. Objeto: toda clase de inversiones en bienes raíces, muebles, valores mobiliarios y otras sociedades. En su consejo de administración, Interoceanic Investment Corp. designó a Guillermo Ronderos, presidente del Interbanco de Panamá, del que Endara era vicepresidente, gestión por la que fue acusado por la DEA de lavado de dineros. Inversiones y Comercial Sur Limitada nombró a Langlois y Olavarría.

Para entonces, Ovalle –quien paralelamente fue vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (1976-1979) – había acumulado un largo historial de empresas en Chile y en el extranjero con Humberto Olavarría. En paralelo al incremento de las empresas de la DINA, en diciembre de 1976, se aumentó el capital de Inversiones y Comercial Fontanebleau Limitada, creada ese mismo año y cuyos socios eran Ovalle, Gustavo Valenzuela Carey y Raimundo Langlois.

Fontanebleau sería una de las sociedades a partir de las cuales Ovalle y sus socios multiplicarían sus negocios con Humberto Olavarría y sus amigos en los siguientes años. Así ocurrió el 28 de enero de 1977, cuando ambos grupos se asociaron a través de Fontanebleau y de Inversiones y Comercial Sur Limitada (representada por Olavarría y Patricio Ruiz Tirado) para comprar Perelló Hermanos y Compañía Limitada de Los Ángeles, en $ 1.700.000,00. La empresa sería rebautizada como Conservera Osiris.

Las que también se multiplicaron fueron las sociedades panameñas. El 22 de agosto de 1978, ante el mismo notario Morgan, Langlois y Montero Labbé, en representación de Prime Investments Conglomerate Inc. y de Mining Ventures Inc., ambas sociedades de inversiones panameñas; y Alfredo Ovalle, por Constructora Foram y cía. Ltda., modificaron y aumentaron el capital de la sociedad Inversiones Mineras Foram Limitada, creada el 12 de Abril de ese mismo año. Sus administradores: Ovalle y Langlois.

Pero Olavarría no quedó fuera del negocio. Una de sus empresas, la Sociedad Inmobiliaria Regional Limitada, siguió en la red multiplicando las inversiones con Ovalle y Langlois en la Inmobiliaria LVM Limitada y también en la Inmobiliaria Shopping Center Limitada, para construir en un predio social de calle Rengo esquina Freire de Concepción un edificio acogido a la Ley de Pisos, destinado a centro comercial de categoría; explotación y comercialización del edificio, venta por pisos o lotes, y todas las operaciones y negocios relacionados con la construcción, recepción, habilitación y funcionamiento del inmueble y de los negocios que en él se instalen (octubre 1978).

En dicha empresa también participaría el abogado de Concepción y antiguo socio de Olavarría, Aníbal Bórquez Pincheira, cuando ésta se transformó en Constructora e Inmobiliaria Shopping Center Limitada.

Después vendrían Comercial Foram Limitada (1979), sociedad de Ovalle y Olavarría, en la que Langlois actuó como administrador; la Constructora de Viviendas Económicas Reloncaví Limitada, en la que aparece una nueva empresa panameña de Olavarría, Inversiones y Comercial Transegeo; Inmobiliaria y Constructora de Viviendas Económicas Río Baker Limitada y nuevas inversiones cruzadas a través de Inversiones Arauca Panamá S.A. e Inversiones y Comercial Arauca Limitada (20 octubre 1979).

En dichas operaciones se asociaron Máximo Montero Labbé, por la sociedad panameña Interoceanic Investment Corporation; Humberto Olavarría y Raimundo Langlois en representación de Inversiones Arauca Panamá; y el mismo Olavarría junto a Ovalle firmando por Inversiones y Comercial Sur Limitada. Lo único que se mantiene es el trío de administradores: Olavarría, Ovalle y Langlois.

En 1980, Ovalle, Langlois y Olavarría decidieron invertir en el rubro pesquero. Uno que bien conocía el jefe de finanzas de la DINA. Para entonces, EPECH estaba en liquidación, al igual que la DINA, pero sus activos fueron aprovechados hasta el último minuto por Olavarría y sus socios. En 1981, Langlois y Olavarría firmaron en representación de Inversiones y Comercial Sur Limitada junto al empresario español Julio Rasilla Buhigas, representante en Chile de S A Pesquera Industrial Gallega S.A.P.I.G., la constitución de la nueva sociedad Pesquera AROSA Ltda., con domicilio en Punta Arenas. Hasta una de las sedes de EPECH en Santiago –Moneda 856- fue utilizada por la nueva empresa gracias a Olavarría.

Meses más tarde el trío formaría una nueva sociedad en el rubro: Pesquera Chonos, a la que se agregarían pronto dos nuevas: Sociedad Pesquera Tagle y Stranger Limitada (TAGLEX) y Pesquera del Pacífico Limitada.

AROSA ya era conocida de Olavarría por los negocios que hacía con EPECH en la era de Contreras y sobre todo por su rol de interventor y liquidador con plenos poderes de la empresa, para el que fue designado por el propio Contreras, cuando aun era su presidente, en el directorio del 15 de julio de 1977. Ovalle también conocía a la pesquera española. Entre sus socios tuvo a René Muñoz Valenzuela, el contador de la DINA y de la Pesquera Chile. Porque tanto AROSA como Chonos aprovecharon activos e incluso barcos hipotecados tras la liquidación de la Empresa Pesquera Chile, que dejó millones de perdidas para el Estado.

Pero en 1981 nada de eso importaba. La DINA había sido reemplazada por la CNI, pero todo seguía igual. Los negocios entre Olavarría y Ovalle y sus socios se multiplicaban y también las empresas panameñas, con Compañía de Inversiones Golfo Pérsico S.A., Comercial Fe Limitada, Inversiones Reina Victoria S.A., Trans Egeo S.A., Casinos Internacionales, una red hotelera en Colombia y muchas más.

Olavarría también exploraba otros negocios: en el rubro de las comunicaciones (una radio en Puerto Montt y otra en Valparaíso), tenía la concesión del Casino de Puerto Varas (hasta los ’90) y también inversiones en hotelería y otros, desarrolladas de la mano de Endara en Guatemala y también en Panamá. Endara había sido de gran ayuda. El 28 de septiembre pasado, el hombre que será recordado por asumir la presidencia de Panamá tras la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989, falleció de un paro cardíaco a los 73 años. En Chile, también dejó huellas y muy potentes, pero de ellas no se habla. Porque a pesar de que la intervención del Banco de Fomento del Bio Bío en 1982 provocó un remezón en las finanzas de este grupo, todos muy pronto se recuperaron.

El negocio minero de Ovalle y Langlois que empezó con una insignificante inversión (Minera Las Cenizas Uno de Cabildo), para el 2006 producía 20 mil toneladas de cobre fino al año. También son dueños de otras minas, entre ellas, la Compañía Minera Minas Carrizal Alto. Y hasta ese mismo año 2006, eran propietarios de la Minera Florida, una mina de oro que el 2005 facturó US$ 43 millones. Su venta a la minera canadiense Meridian Gold, les reportó US$ 100 millones.

«Aunque sea falsa modestia, mi negocio está muy sólido, estamos haciendo inversiones bastante cuantiosas para nuestro nivel de mediana empresa», dijo Ovalle este viernes 20 en el vespertino La Segunda. Durante la entrevista, se le preguntó por las razones de su sorpresiva renuncia a la Sonami y volvió a invocar motivos familiares. Tuvo que descartar que tenía cáncer, negar que hubiere líos de platas en el gremio e incluso que existiera un quiebre con su socio Raimundo Langlois. «Por el contrario, somos casi hermanos», sentenció Alfredo Ovalle, ante la insistencia del periodista por descartar razones de su extraña salida de la Sonami.

*Los periodistas Sebastián Minay y Juan Pablo Figueroa colaboraron en esta investigación.

Nota 1

Las escrituras y la primera parte de la historia sobre el financiamiento secreto de la DINA fueron publicadas en una serie en el diario La Nación en noviembre de 1992.

Nota 2

Lautaro Villar Requena, siendo capitán de Ejército, fue alumno de la Escuela de Las Américas en 1963, a la que concurrió por segunda vez en 1969 como mayor. Perteneció a la DINA y se suicidó en abril de 1990, a los 59 años, cuando era coronel (r).

Nota 3

-. Leonardo Reyes Herrera, de “Villar y Reyes”, comandante de grupo y jefe de la Base Manquehue de la Fach, fue condenado el 10 de junio de 2008 a 8 años de prisión junto al comandante de escuadrilla Fernando Carreño Ortega y otros 5 oficiales y suboficiales de la misma institución como coautores de dos secuestros calificados: Jorge Aillon Lara (33 años), padre de tres hijos, empleado de la Empresa de Comercio Agrícola y militante del PC, quien tras ser detenido por efectivos de la Fach desapareció sin rastro y la profesora María Arriagada Jerez (40 años), tres hijos, dirigenta del magisterio, quien fue vista por última vez en la Base Aérea de Manquehue. La condena de primera instancia, dictada por el juez Fernando Carreño, ordenó la inmediata detención de los inculpados, que en la época cumplían funciones en la Base Aérea Manquehue, de la FACH, en la ciudad de Temuco. También condenó al oficial Heriberto Pereira Rojas y los suboficiales Jorge Soto Herrera, Luis Yáñez Silva, Jorge Valdebenito Isler y Enrique Rebolledo Sotelo.

Nota 4

El jefe del Departamento Exterior de la DINA era el entonces coronel Raúl Iturriaga, quien en estos días debería ser condenado por la Corte Suprema por su participación en el crimen del general Carlos Prats y su esposa (Buenos Aires, septiembre de 1974) y ya procesado por el atentado en contra de Bernardo Leighton y su esposa, en Roma, en 1975.

Nota 5

Incluso en una de las cartas que el ex agente de la DINA Michael Townley le envía a su amigo y también agente de la DINA Gustavo Etchepare, le dice: “el proyecto Sarín (Andrea) dio resultados óptimos durante la Semana Santa de 1976”.

El temporal azotaba violento en el Canal de la Mancha. Los hombres del Canguro se dieron cuenta de que el remolcador hacía más agua de la que podían bombear y supieron que se irían al fondo del mar si no recibían auxilio. Habían zarpado desde el puerto alemán de Husum en el Mar del Norte, donde la compañía Kenrick los envió a buscar la nave. Era 1981. Lanzaron el S.O.S. repetidas veces. Pero al Pituco Reyes no sólo lo aterró la muerte, sino que además lo atacó el peso de la conciencia. Pensó que si no se liberaba del secreto que le quemaba desde hacía años, quizás no entraría en el reino de Dios. La idea le golpeó más fuerte que el pensamiento de la muerte y las gigantescas olas que barrían la cubierta. Le insistió varias veces al capitán del Canguro para que le prestara atención por lo que tenía que contarle, pero éste estaba preocupado de los llamados de auxilio y las maniobras para evitar hundirse. Finalmente, el capitán se dio cuenta de que lo que el Pituco quería contarle era grave y lo tenía descompuesto. Entonces el Pituco le contó. “Es que no me quiero llevar el secreto capitán”, le dijo medio a gritos por el ruido de la tormenta.

Con la voz temblorosa por el miedo y el frío, le dijo que después del golpe militar mientras era patrón del remolcador “Kiwi” en el puerto de San Antonio, varias veces llevaron a bordo cuerpos de personas que eran lanzados desde el muelle a la cubierta y que luego la nave salía a alta mar donde los tiraban. “A nosotros, la tripulación del “Kiwi”, nos encerraban en el pañol de cadenas cuando hacían estas operaciones”, relató.

Le dijo que, cómo él, el maquinista Manuel Miño y el ayudante el Nacho Ortiz, a la segunda vez ya se dieron cuenta de qué se trataba. Que contaban los bultos cuando caían a la cubierta. Y que después contaban los chasquidos cuando caían al agua mar adentro. Cada vez sumaron diez a doce cuerpos. Mientras el Pituco terminaba la confesión, los hombres escucharon el motor de un helicóptero. Estaban salvados. Un buque de salvataje de la Armada británica los auxilió y los remolcó hasta un puerto inglés.En el viaje hasta el puerto británico el capitán pensó que esta era la segunda confesión que escuchaba sobre estos hechos, aunque no se lo dijo al Pituco Reyes. En 1977, la misma historia se la había confidenciado en San Antonio, a bordo de un barco mercante panameño, el capitán de corbeta y práctico de la Armada de Chile en San Antonio, Rodolfo Iván Pearce Hartmann. A él le había tocado hacer los viajes en el “Kiwi”, de la misma Kenrick, para tirar los cuerpos en alta mar. Las operaciones se realizaron principalmente entre 1974 y 1975. Pearce era amigo del capitán del Canguro, Vicente, nombre de fantasía en esta crónica porque, tras relatarnos a fines de 2003 esta historia y confirmarla en conversaciones posteriores durante 2004 agregando detalles, pidió reserva de su identidad.

El capitán Vicente, oficial de Marina en retiro, fue apresado en San Antonio en las primeras horas después del golpe militar de 1973. Desde 1970 trabajaba en una empresa del Estado. En San Antonio y apenas producido el golpe, el teniente coronel Manuel Contreras, que pocos meses después se convirtió en el jefe de la DINA, nombró al capitán Pearce como jefe del puerto. Además, entre otras disposiciones, confiscó los camiones de transporte de la estatal Pesquera Arauco. Los temidos camiones tres cuartos platinados se convirtieron en el traslado de la muerte para los prisioneros políticos. A bordo de éstos decenas de ellos fueron sacados vivos desde distintos recintos de detención, especialmente desde Londres 38, y nunca más regresaron a ningún lugar. Fue en estos camiones en los que cada vez llegaron los cuerpos al muelle de San Antonio para tirarlos a la cubierta del “Kiwi” y botarlos en alta mar.

La Gobernación

Cada vez que los camiones llegaban al muelle con su cargamento de cadáveres y el Pituco, Miño y el Nacho Ortiz eran encerrados en el pañol de cadenas, estrecho lugar donde va el ancla, a bordo subía un equipo de marinos de la Gobernación Marítima de San Antonio para apoyar las operaciones. La participación de estos hombres de la Armada en el “Kiwi” fue confirmada por el capitán Pearce a Vicente, según lo relata este último.

 “El remolcador 'Kiwi' siempre lo pidió la Gobernación Marítima de San Antonio”, dijo en su ofuscación Víctor Hugo Reyes Castillo, El Pituco, cuando lo ubicamos en San Antonio hace unos días después de una larga búsqueda. Hombre atrevido y de armas tomar, nos echó de la puerta de su casa tras decir “mire, no indague más sobre esto. ¿Quién lo manda a usted?”.

“Yo no puedo decir ni sí ni no, porque tengo que velar por la carrera de mi hijo que es militar y por mi tranquilidad ahora que estoy jubilado. No quiero problemas de esto o de esto otro. Vaya a preguntarle esto a la compañía (Kenrick) porque a ellos la Gobernación Marítima les pedía el remolcador. La compañía sabe de todo esto porque una vez me lo preguntaron”, dijo con vehemencia. Pero no negó ni al capitán Vicente, ni el viaje a Alemania a buscar el Canguro. Cada vez que le insistimos en que dijera si todo era verdad, respondió lo mismo: “No puedo decir ni sí ni no, porque no quiero problemas”. Además, dijo enojado, “yo no sé si usted es un militar que anda indagando”, a pesar de que le habíamos mostrado las credenciales de prensa. El punto de quiebre con el Pituco llegó cuando le preguntamos por tercera o cuarta vez cuántos viajes se hicieron para botar los cuerpos. Entonces levantó la mano amenazante y dijo “ya le dije, no indague más. Usted será vivo pero yo no soy huevón”. Y cortó la conversación entrando rápidamente a la casa profiriendo amenazas de enviar gente a investigarnos.

Pero el Pituco confirmó un antecedente no menos importante: que el capitán Pearce no había dicho la verdad cuando lo ubicamos en su departamento en Viña del Mar. Pearce dijo no conocer ni al capitán Vicente ni al Pituco, cuando sí sabe perfectamente quiénes son. De hecho, Vicente dijo que hace tres semanas Pearce se encontró con un amigo común y preguntó por él, por su salud. Además, Pearce afirmó que “jamás estuve a bordo de un remolcador”. Cosa que el Pituco retrucó cuando le hicimos la misma pregunta: “claro que estuvo, cuando la Gobernación pedía el remolcador y él estaba de guardia”.

Cuando después de negar conocer a todos por quienes le preguntamos, al capitán Pearce le hicimos directamente la pregunta ‘¿Niega usted que a bordo del “Kiwi” sacó varias veces cuerpos de prisioneros para lanzarlos al mar?’. Su respuesta, repetidamente, fue similar a la del Pituco: “Mire, yo no puedo negar nada porque no conozco de eso”.

Pearce estuvo en el puerto de San Antonio entre 1970 y 1976, junto a otro oficial de igual graduación que él y también práctico, de nombre Renato Barrientos Subiabre.

El tercer testigo

Un tercer testigo de los viajes del “Kiwi” con su cargamento humano es quien fue en el “Kiwi” ayudante del maquinista Miño, Nacho Ortiz. (Miño ya falleció). En 1995 Ortiz reconoció a dos abogados de derechos humanos cuando le fueron a preguntar por la historia que “a nosotros nos encerraban en el pañol de cadenas”. La terminología “pañol de cadenas” también fue usada por Vicente y el Pituco Reyes. Esa vez Ortiz dijo a los entrevistadores que los viajes “fueron varios”. También les confirmó que “en el remolcador iba Miño que era el maquinista, y el patrón (El Pituco)”. Y les dijo que de esta historia “hay otros más que también saben”, refiriéndose a determinados hombres del puerto de aquellos años que no nombró. “En ese tiempo los marinos hacían lo que querían”, dijo Ortiz, confirmando que por el tiempo en que sucedieron los hechos “estaban el capitán Pearce y el capitán Barrientos”. “Los cuerpos los llevaban envueltos”, agregó en esa entrevista Nacho Ortiz.

Los camiones

En declaraciones judiciales, el ex agente de la DINA Enrique Fuenzalida Devia relata la forma de operar de los camiones de la Pesquera Arauco respecto de los prisioneros en los centros clandestinos de detención en la Región Metropolitana. “A Londres 38 llegaban camiones tres cuartos cerrados y acondicionados para la mantención de pescado en frigoríficos, que eran de la Pesquera Arauco. En ellos se traía y sacaba detenidos. Preciso que estos camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco sacaban desde Londres 38 a prisioneros de la DINA”, afirmó Fuenzalida en una de sus múltiples declaraciones en los procesos que se instruyen por detenidos desaparecidos y ejecutados.

La utilización de estos camiones para estos fines también es reconocido por otros ex agentes en los expedientes de los procesos. Desde el lugar de detención salían vivos, pero al muelle de San Antonio llegaban de noche muertos y amortajados y con un peso para que se fueran al fondo del mar, de acuerdo a lo que relata el capitán Vicente. La altura del muelle a la cubierta del remolcador era de unos diez metros.

Salimos en una lancha a buscar el “Kiwi” por las aguas del puerto de San Antonio, pero sin suerte. “Está en Caldera hace varios años”, gritó desde otro remolcador un tripulante. En San Antonio, los hechos que sucedieron a bordo de esta nave se comentan entredientes por algunas personas que todavía tienen miedo de hablar.

Según datos de la Dirección del Territorio Marítimo de la Armada, el “Kiwi” aparece todavía prestando servicios, al 31 de diciembre de 2001, en el puerto de Caldera, pero ahora para la Sociedad Naviera Ultragas Limitada. Su número de matrícula es el 2804, su tonelaje de registro grueso (TRG) es de 154,67, y mide 25,40 metros de eslora (popa a proa) y 8,22 metros de manga (ancho). Y su frecuencia para comunicarse por radio es Charli-Bravo-Segunda-Quinta-Segunda-Segunda (CB 2522). Hoy es un remolcador viejo, pero lleva a bordo una cuota de la historia oscura del régimen militar.

En los barcos

Estos hechos forman parte hasta ahora de la historia no oficial de la represión, de aquella no divulgada o desconocida, y tampoco investigada por un juez. Episodios de este tipo todavía hay bastantes. Lo que se afirma que sucedió a bordo del “Kiwi” no fue consignado en el Informe Rettig, ni el informe posterior consolidado de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. ¿Cuántos fueron los viajes que hizo el “Kiwi”?, la cifra no está precisada.

Pero sobre todo, son sucesos que vinculan a la Armada, rama que hasta ahora no aparece demasiado manchada con la muerte y la sangre de las víctimas, salvo la que corrió por los cuerpos torturados, especialmente en el fuerte Miller de la Infantería de Marina en Las Salinas en Viña del Mar, donde el entonces teniente Arturo Samith Aasman se destacó por su crueldad.

Siempre se ha hablado de que los cuerpos de los prisioneros no sólo fueron arrojados al mar desde helicópteros del Comando de Aviación del Ejército, como está comprobado en la investigación del juez Juan Guzmán en el proceso por la muerte de Marta Ugarte, sino que también fueron lanzados desde algún barco y su obra se atribuye a la Armada. Sin embargo, de los dos barcos que más se mencionan, el Maipo y el Lebu, ambos mercantes de la Compañía Sudamericana de Vapores prestados a la Armada para usarlos como prisión y anclados en Valparaíso tras el golpe militar, indagaciones de LND permiten afirmar que desde estas naves no desaparecieron prisioneros vivos, ni se utilizaron para lanzar cuerpos al mar. Tampoco desaparecieron detenidos desde el Buque Escuela Esmeralda, aunque a bordo de éste se torturó a los prisioneros, algunos de los cuales intentaron suicidarse en la desesperación como fue el caso de uno de apellido Barrientos. O el del sacerdote Miguel Woodward que murió en el Hospital Naval de Valparaíso producto de las torturas en la Esmeralda y cuyo cuerpo desapareció.

El Maipo ancló en el molo de abrigo en Valparaíso el mismo 11 de septiembre de 1973 y llegó a tener en sus bodegas unos 500 a 600 detenidos, varios de los cuales salieron en libertad en los primeros días. El viernes 14 de septiembre se produjo en Valparaíso la principal resistencia coordinada, cuando grupos de militantes de izquierda atacaron con disparos cuarteles de policía y el regimiento Maipo en el cerro Playa Ancha. También hubo refriegas en la plaza O’Higgins con marinos que estaban apostados en la escuela Ramón Barros Luco. Producto de este acontecimiento el Maipo zarpó al día siguiente a Pisagua con unos 200 prisioneros. De ellos no desapareció ninguno. A Valparaíso regresaron casi dos meses después a bordo del Orella, comandado por el hoy día senador de la UDI Jorge Arancibia. Algunos volvieron en buses.

En cuanto al Lebu, este barco-prisión tomó el lugar del Maipo en el molo inmediatamente después que éste zarpó a Pisagua. Pero el Lebu tenía la característica de que era un buque que estaba para ser desguazado, por lo que no podía navegar. No existen registros serios ni memoria colectiva que indiquen que desde estas naves desaparecieron prisioneros o se arrojaron cuerpos al mar.

Pero la respuesta a lo que siempre se sigue hablando puede estar en el “Kiwi” y en el personal de la Armada que, de acuerdo a los antecedentes que se relatan en este reportaje, habrían tomado parte en estos viajes mar adentro. La única forma de transformar estos relatos en una verdad jurídica, es que un juez investigue este episodio. Esto termina casi siempre por asustar a los agentes, que concluyen admitiendo los hechos como viene ocurriendo en centenares de procesos por violaciones a los derechos humanos.

Ante la policía

El capitán Vicente ya prestó declaración ante la policía de Investigaciones acerca de estos sucesos. En ellas sostiene refiriéndose a las confesiones del Pituco Reyes: “En el viaje de vuelta (a Chile) desde Alemania, las condiciones de navegación eran malas. El se asustó y me confesó que en su remolcador ““Kiwi”” botaban los cadáveres de presos políticos al mar, haciéndome hincapié en que nada tenía que ver en esto. Me dijo que a él lo iban a buscar a medianoche, junto a toda su tripulación, pasando a recogerlos una camioneta de la Gobernación Marítima. Se hacía un zarpe normal, pero posteriormente a la tripulación la encerraban en el pañol de proa donde se guarda la cadena del ancla. Entonces una vez a bordo, llegaba Pearce o Barrientos con una tripulación de marinos de la Gobernación Marítima. Se procedía a cargar los muertos para lo que, según relató, atracaban el remolcador en el muelle, hasta donde llegaban los camiones de la Pesquera Arauco con unos bultos, los cuales eran lanzados desde el muelle a la cubierta del remolcador, a diez metros de altura aproximadamente. Luego se salía a alta mar y a la cuadra del faro de San Antonio, ignorando a qué distancia, botaban los cadáveres. Esta tripulación contaba los chapuzones de los cuerpos en el agua, los que eran comparados con los golpes en la cubierta al momento de cargar. Estos operativos se efectuaron en varias ocasiones y en cada viaje llevaban entre 10 a 12 bultos. El Pituco Reyes me contó que como al segundo viaje se percataron de que se trataba de cuerpos de personas que iban amortajados y llevaban un peso para que se hundieran”.

El testigo sostiene que está dispuesto a ser careado ante un juez con el capitán Rodolfo Pearce y el Pituco Reyes, quienes no quisieron negar ni admitir a LND lo que el capitán Vicente asegura que le confesaron. No obstante, en sus escurridizas respuestas tanto Pearce como el Pituco emitieron dichos que, analizados en el contexto de los datos, revelan que ocultan información.

Nombres y cifras

No se puede afirmar quiénes podrían ser los detenidos que tuvieron como destino final el fondo del mar en la “Operación “Kiwi””. Pero sí se puede decir que desde el campo de prisioneros de Tejas Verdes desaparecieron al menos 16 detenidos. Ellos son José Nanjarí Astorga; Rebeca Espinoza Sepúlveda; Gustavo Farías Vargas; Julio Fernández Fernández (uruguayo); Nelsa Gadea Galán (uruguaya); Miguel Heredia Vásquez; Víctor Mesina Araya; Luis Norambuena Fermandois; Jorge Ojeda Jara; José Orellana Meza; José Pérez Hermosilla; José Rivas Rachitoff; Gerardo Rubilar Morales; Ernesto Salamanca Morales; Ceferino Santis Quijada; y Félix Vargas Fernández.

Algunos de ellos desaparecieron entre 1974 y 1975, y otros en 1973. De todas formas, lo más probable es que la gran parte de quienes llegaron a bordo del “Kiwi” fueron prisioneros sacados en los camiones de la Pesquera Arauco desde Londres 38, Villa Grimaldi o José Domingo Cañas.

Revisadas las estadísticas oficiales de detenidos desaparecidos de la Región Metropolitana entre los años 1973 a 1978, el período de la DINA, estos suman 590. (En 1978 hay sólo dos víctimas). Si se considera que desde los helicópteros del Comando de Aviación del Ejército se lanzaron al mar en ese período por lo menos 400 a 450 cuerpos, de acuerdo a las investigaciones del juez Juan Guzmán en el proceso por el homicidio de Marta Ugarte, se tiene que es perfectamente posible que entre 1974 y 1975, desde el “Kiwi” se lanzaran al mar 50 a 100 cuerpos, dependiendo de la cantidad de viajes que un juez pueda precisar si investiga los hechos. Las cifras cuadran y aportan otro elemento para hacer creíble la historia. Son los desaparecidos que nunca más serán encontrados. Las víctimas de la DINA cuya información el Ejército no logró aportar a la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos en 2000, y que el Informe de las Fuerzas Armadas emanado de esa reunión en enero de 2001 tampoco incluyó. Es el primer vínculo entre la Armada y la DINA en una operación de exterminio masiva

“EL BRUJO” DE LOS VON APPEN

Coincidencia o no, una vez publicado por LND en diciembre de 2003 el reportaje “400 cuerpos al mar”, arrojados desde helicópteros del Ejército, los dueños del remolcador Kiwi rápidamente lo hicieron desaparecer de aguas chilenas. La vieja nave cumplió la misma tarea de muerte, según nuestro reportaje del 12 de septiembre pasado.

Hoy existen cuatro antecedentes nuevos. El juez Alejandro Solís ordenó la instrucción de un proceso sobre los hechos acaecidos a bordo del Kiwi; las primeras indagaciones policiales y judiciales confirmaron los viajes macabros mar adentro en San Antonio; la credibilidad de estos sucesos fue descartada en 2000 por la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, informada allí por la Gran Logia Masónica de Chile; y el Kiwi ya no es más el viejo Kiwi, porque su nombre fue cambiado por El Brujo y llevado a Perú por el consorcio marítimo chileno Ultramar de propiedad de los Von Apeen.

El remolcador, que se encontraba en el puerto de Caldera, opera desde diciembre de 2003 en el fondeadero de Pimentel, a 12 kilómetros de Chiclayo, bajo bandera peruana como nave de la compañía Petrolera Transoceánica de la cual los hermanos Sven y Wolf Von Appen son dueños del 50 por ciento. Wolf también es vicepresidente del Centro de Estudios Públicos, CEP.

Transoceánica pasó a formar parte de la compañía madre Ultramar, donde los Von Appen son dueños absolutos. El Kiwi pertenecía en rigor a la Sociedad Naviera Ultragas Ltda. otra firma de Ultramar, de la cual los empresarios de origen alemán son también sus únicos propietarios. Pero la dueña originaria del Kiwi en la década de los años 70’ cuando se hicieron los viajes para arrojar cuerpos de prisioneros políticos al mar, era la Kenrick, compañía luego absorbida por los hermanos Von Appen para anexarla a Ultramar. La única posibilidad de que el ministro Solís pueda hacer una reconstitución de los hechos a bordo del Kiwi-El Brujo, es que los Von Appen devuelvan el remolcador a Chile. Si no colaboran con la justicia, el juez tendría que pedir autorización a la Corte Suprema para viajar a Perú y hacer sus indagaciones vía exhorto internacional.

LOS AVANCES

La investigación que inició el magistrado a partir del reportaje de LND comienza a arrojar resultados. Se hilvanan hechos y detalles que constatarían que de estas operaciones estaban perfectamente informados en la compañía Kenrick (que aún no pertenecía a los Von Appen), y que la Armada tenía el control absoluto del puerto y los sitios de embarque de San Antonio. De hecho, fue el propio Manuel Contreras Sepúlveda, en ese tiempo teniente coronel y jefe militar de San Antonio después del golpe militar, quien entregó el mando del puerto al capitán de corbeta de la Armada, Rodolfo Iván Pearce Hartmann.

Los viajes se hicieron en la oscuridad de la noche encerrando a la tripulación civil del remolcador en los camarotes o pañol de cadenas, indistintamente. Los capitanes hoy en retiro de la Armada, ambos además prácticos de puerto, Pearce y Renato Barrientos Subiabre, imputados de comandar el remolcador junto a personal de la Gobernación Marítima de San Antonio o de Ejército para botar los cuerpos en alta mar, continúan negando, ahora ante el juez. Aunque con excusas infantiles.

Cuando LND entrevistó al principal imputado, Pearce, en Viña del Mar, éste negó todo, aunque no directamente, pues siempre dijo “yo no puedo negar nada, porque no conozco de eso que me pregunta”. En los avances de las indagaciones judiciales cumplen un papel relevante funcionarios del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, quienes en pocos días han obtenido valiosos antecedentes.

La historia del Kiwi fue relatada a LND por un capitán de la Armada en retiro a quien identificamos entonces como Vicente, porque pidió reserva de su identidad. Esta misma fuente ha aportado valiosa información al ministro Solís y será careado con quienes siguen negando haber participado en las maniobras del Kiwi. De hecho, el mismo Vicente pide esos careos.

Hasta ahora no está determinado de cuántos viajes se está hablando ni de cuántos cuerpos, pero el Kiwi salió varias veces con su carga, mientras un barco de la Armada lo controlaba apostado en la bahía de San Antonio. Los cuerpos llegaban al muelle a bordo de camiones de la Pesquera Arauco, empresa estatal hasta el golpe militar, cuyos camiones fueron confiscados por Manuel Contreras. Estos vehículos fueron utilizados para sacar detenidos vivos, desde los centros de detención de la DINA en Santiago, y que desaparecieron. Las operaciones a bordo del Kiwi fueron realizadas entre fines de 1973 y 1974, pero aún falta establecer en la investigación judicial iniciada a comienzos de octubre, las fechas exactas o aproximadas.

ATORMENTADO

Algunos testigos de la tripulación del Kiwi en aquel tiempo han comenzado a morir. Primero falleció el maquinista del remolcador, Manuel Miño. Y este año lo hizo su ayudante en la embarcación, Francisco Ortiz Ponce, el “Nacho” Ortiz. El mismo que en 1995 dijo a dos abogados de derechos humanos que lo visitaron en San Antonio para consultarle por los hechos que “a nosotros nos encerraban en el pañol de cadenas”. Familiares suyos sostienen que nunca más pudo vivir en paz, y que en los últimos meses ya ni siquiera se atrevía a entrar a rezar a una iglesia. “Nacho” Ortiz murió atormentado y convencido de que su Dios lo había olvidado. Lloraba en las noches con lo que vio y con el recuerdo de los horribles viajes a alta mar. Pero él, Miño y el mismo patrón del remolcador, “el Pituco” Reyes (Víctor Reyes Castillo), a quien entrevistamos en San Antonio, fueron también víctimas de órdenes militares superiores. Reyes no negó entonces, ni confirmó, lo que LND le fue a preguntar, pero dejó claro que sí sabía bien acerca de lo que le consultábamos, desmintiendo en varios puntos al capitán Pearce. Sencillos hombres de mar toda la vida, el destino los enfrentó a tener que oler la muerte en los sacos que se cargaban a bordo.

Antes de morir, Manuel Miño escribió en un cuaderno estos traumáticos recuerdos. La evidencia podría llegar ahora a manos del ministro Solís, si su hijo se decide a entregársela. Para estos hombres los únicos culpables de su sufrimiento, el de sus familias, y del dolor causado a los familiares de aquellos arrojados al mar en estas operaciones, son quienes las ordenaron y las realizaron materialmente.

LA MASONERÍA Y LA MESA

No está claro por qué la Mesa de Diálogo no dio credibilidad a esta denuncia, instancia a la cual llegó informada desde la Gran Logia Masónica de Chile bajo el índice “Situación Nº3, V Región”. Fue nuestra propia fuente, el capitán Vicente, quien entregó esa información a la Masonería el año 2000. Vicente relató, grosso modo, exactamente lo que contó a este medio, luego de leer el reportaje de diciembre de 2003 sobre los cuerpos arrojados al mar desde los helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército. Tal vez, la razón del descrédito de la Mesa de Diálogo puede explicarse porque el informe de la Gran Logia equivocó la cifra mencionada por Vicente. En vez de consignar “70” cuerpos aproximados que según Vicente sostiene que dijo, el informe anotó “700 cadáveres al mar”. Tal cifra es insostenible dado que, de acuerdo a estadísticas oficiales, entre 1973 y 1978, el período de la DINA, en la Región Metropolitana desaparecieron 590 personas (en 1978 hay sólo dos casos).

No obstante, según Vicente, -quien cada vez se enoja más por no haber sido escuchado antes o porque sus antecedentes aparecieron distorsionados en la Mesa de Diálogo- esa instancia debió consignar el caso para que fueran los tribunales de justicia los que dilucidaran el asunto. “No tendríamos ahora a algunos testigos ya fallecidos y habríamos ganado tiempo”, comenta.

Se desconoce si el comandante en jefe de la Armada -durante la Mesa de Diálogo- y hoy senador de la UDI, Jorge Arancibia, supo de los viajes de la muerte realizados por el Kiwi en los que evidencias apuntan hoy a que participó personal en servicio activo de su institución. La Armada niega todo de lo cual se le acusa acerca de crímenes cometidos durante la pasada dictadura. El nuevo conflicto lo enfrentará este mes que se inicia, cuando se haga público el informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura. Parte de su contenido desmentirá las negativas de la institución, porque establece que en la Armada, al igual que en las otras fuerzas uniformadas, en todo el país, la tortura a los prisioneros fue una política sistemática.

Extraña casualidad el nombre con el que fue rebautizado el Kiwi por sus dueños. Pero ahí está, en el puerto peruano de Pimentel, según las informaciones de las empresas del consorcio Ultramar en Chile y de Petrolera Transoceánica en Lima, cumpliendo tareas menores por su antigüedad. No es razonablemente explicable este traslado a Perú de una nave con tan poca capacidad técnica hoy día, además de desgastada por los años. Los actores de esta tragedia que no fue consignada en el Informe Rettig ni en ningún documento que relate los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet, tendrán que volver a subir a bordo para reconstituir los crímenes cuando llegue el momento judicial. El capitán Vicente está contento porque, finalmente, alguien le creyó.

Londres 38 presentó hoy una querella contra una serie de directivos de la empresa pesquera, dirigida después del golpe por el propio Manuel Contreras y que habría tenido un rol fundamental en la desaparición de personas en dictadura.

A las 11:00 horas de este martes, la agrupación de derechos humanos Londres 38 – Espacio de Memoria, interpuso una querella por delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal contra los directivos de la Pesquera Arauco. La acción se enmarca en la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia, iniciativa que busca esclarecer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y que impulsa una línea de investigación para encontrar a los responsables civiles y del mundo empresarial que participaron en estos hechos.

Erika Hennings, miembro del directorio de Londres 38 Espacio de Memoria, señaló que es hora de que “se comience a trabajar la línea de la responsabilidad de empresas y otros actores, terceros actores en las desapariciones y detenciones. Creemos que esta querella puede ser el inicio para otras que son necesarias”.

Con relación a la pesquera y su vínculo con la represión, afirmó: “respecto a los que pasaron por Londres 28, que son 85 personas, eran sacadas y trasladadas a distintos centros, notablemente Tejas Verdes y Santo Domingo, ubicados en San Antonio. Tenemos investigaciones que dan cuenta que trasladaban a personas en sacos ya muerta. Es decir, la responsabilidad de la pesquera es muy importante en relación a estas personas desaparecidas”.

La acción, interpuesta ante el Ministro Mario Carroza, está dirigida en contra de los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Espinoza Bravo, oficial del Ejército y director de operaciones del organismo represivo; Alejandro Burgos De Beer, mayor de Ejército; Humberto Olavarría Aranguren, oficial de la Armada, jefe de inteligencia económica de la DINA; Orlando Jorquera Bravo, coronel del Ejército en retiro, segundo vicepresidente de la Empresa Pesquera Arauco S.A; y Gerardo Godoy García.

Además, la querella apunta a todo el equipo directivo y gerencial de la empresa: Hubert Fuchs, administrador y gerente legal de la empresa pesquera. Fuchs, marino en retiro y ex gerente de Savory, fue el nexo entre la DINA y la empresa Standard Electric, según consigna un reportaje de CIPER publicado en 2009. Un hombre clave en el entramado de financiero que sostuvo al aparato represivo de los primeros años de la dictadura.

Otros ejecutivos querellados son Luis Verdevereu, el director suplente Carlos Paniaglia, Luis Arrieta Echegaray y Salvador Lisboa Escobar. A estos se suman los abogados representantes Luis Díaz Andrades, Luis Valdebenito Muñoz y Humberto Calderón Luna.

La abogada Magdalena Garcés, explicó que la querella “se dirige a establecer la responsabilidad penal de los directores de Pesquera Arauco y Pesquera Chile, eso sin perjuicio de que existen, durante toda la dictadura, otras empresas que colaboraron con la realización de crímenes como en este caso a través de la facilitación de vehículos o infraestructura”.

“Lo que queremos es determinar el destino final de los detenidos desaparecidos y acortar las brechas de impunidad que existen en Chile donde se ha responsabilizado a unos pocos, cuando existen mayores responsabilidades y muchos silencios cómplices que han permitido que hasta el día de hoy no sepamos dónde están”, agregó.

El patrón criminal que se investiga

 Según consta en una investigación realizada por la agrupación de Londres 38, la empresa Pesquera Arauco brindó un importante apoyo logístico para el accionar criminal de la DINA.

Los prisioneros eran trasladados desde el centro de la capital hasta San Antonio a bordo de camiones frigoríficos de pescado, adaptados para ese fin. Estos vehículos, consigna el documento, salían desde Rinconada de Maipú o desde el recinto de la empresa ubicado en Lo Valledor, en Santiago.

Una vez que llegaban al Cuartel Yucatán (Londres 38), se leía la lista de detenidos que llevaban los conductores y luego eran subidos a la parte posterior del camión, completamente vendados. La carrocería fue acondicionada con dos bancas a los lados y una separación por intermedio de una reja, espacio utilizado por uno o dos agentes de la DINA que armados custodiaban a los prisioneros políticos. El camino era escoltado por camionetas Chevrolet C-10 y C-30 con agentes que conformaban equipos de emergencia.

Los trasladados tenían lugar al menos dos veces por semana, existiendo antecedentes desde enero de 1974 hasta el cierre de Londres 38 en agosto o septiembre del mismo año. El número de víctimas desplazadas por la pesquera fluctuaba de una a decenas, conforme aumentó la cantidad de detenciones. De acuerdo a diversos testimonios, la mayoría de las personas recluidas en Yucatán fueron llevadas de manera clandestina al regimiento Tejas Verdes, tanto a la Escuela de Ingenieros como al campo de prisioneros. Se trató de una práctica sistemática y reiterada donde intervinieron al menos cuatro camiones de la empresa.

Sergio Vásquez Malebrán, militante del MIR detenido el Viña del Mar el 23 de enero de 1975, también menciona camiones de la Pesquera Arauco. Su testimonio fue recogido por el periódico Punto Final en 2015: “Alrededor de las una de la madrugada del 29 de enero de 1975, nos subieron a unos camiones tipo tres cuartos de una pesquera -era una camioneta frigorífica- a Mónica Medina, Fabian Ibarra, Sergio Vesely, Erick Zott, Walkiria Jorquera, Julio Torres, Gerardo Hernández, Lilian Jorge, Abel Vilches, Frida Klimplen, María Isabel Gutiérrez, Hernán Brain, Ricardo Villar, Carlos Rioseco, Horacio Carabantes y otros. En total éramos unos 20 detenidos. En la madrugada del 29 de enero llegamos a Villa Grimaldi”.

Pesquera Arauco S.A.

Las empresas Pesquera Arauco Limitada y Empresa Pesquera Chile Limitada eran empresas filiales de la CORFO que habían sido formadas por la entidad y el Banco del Estado de Chile. Posterior al golpe militar, la empresa pasó a ser administrada y dirigida por Manuel Contreras y personeros de la DINA, que asumieron como miembros del directorio junto civiles que actuaban en favor de la dictadura.

Los bienes de la pesquera sirvieron como elementos logísticos clave en las operaciones para la desaparición de personas, como vehículos e infraestructura ubicada en San Antonio.

El recinto principal de la compañía estaba apostado en calle O’Higgins N° 1981 y, según consta en la investigación realizada por Londres 38, el oficial de Ejército Mario Jara Seguel coordinó las acciones en terreno. “Él asignó a funcionarios de su confianza a los recintos de San Antonio y Santiago y específicamente, el recinto de San Antonio fue continuamente custodiado por personal militar”, consigna el documento. “Existen teorías relacionadas con el uso de los grandes hornos de la pesquera para la desaparición de cadáveres, y llama la atención que pese a la envergadura de la maquinaria con la que el recinto de San Antonio estaba provisto para fines de dicha naturaleza, no exista una investigación detallada sobre la utilización de este lugar durante los primeros años de la dictadura, considerando la trascendencia que otros medios de la pesquera Arauco como las camionetas y camiones, tuvieron en las actividades criminales de la DINA”, sostiene.

El camino a Tejas Verdes

Samuel Houston fue detenido entre el 17 de marzo de 1974 y el 17 de septiembre de 1975. Luego de las primeras horas que pasó retenido en una comisaría de Santiago, fue llevado al Cuartel Yucatán, donde los agentes de la DINA lo sometieron a brutales torturas. Por esos hechos presentó una querella ante el Ministro Carroza en el año 2015, que actualmente cursa su investigación.

Fue trasladado en uno de los camiones de la pesquera al Regimiento Tejas Verdes, donde permaneció por 35 días a la espera del maltrato y las torturas. “Nos quedamos un grupo de cinco, seis personas al final. Después de las torturas en Tejas Verdes nos dejaron en unas cabañas semiabiertas para recuperarnos. Luego nos llevaron a Santiago”, relató.

“Yo me di cuenta cuántos éramos al llegar a Tejas Verdes. Nos bajaron, estábamos vendados, nos la quitaron junto a las amarras. Estábamos en fila y calculé, eran como dos mujeres y cinco hombres. Ahí nos revisaban los médicos, uno de ellos está en Punta Peuco, Vittorio Orvieto”, señaló, “dentro del camión había sacos y neumáticos que noté al tratar de sentarme con la vista tapada”.

Su periplo por centros de detención continuó en cuarteles de la FACH y el ex Estadio Chile, donde alcanzó a estar dos meses hasta el cierre del recinto. Posteriormente fue llevado en caravana a Tres y Cuatro Álamos.

“En términos de participación civil, no se ha hecho nada, por eso esta querella es tan importante. Hay muchas empresas que tuvieron que ver, sobre todo los primeros meses después de golpe. Las empresas del área social, que inmediatamente llegaron los dueños a recuperar, ellos delataron a los dirigentes sindicales, a los desaparecidos de los cordones industriales. La sociedad civil de esa época, es bastante responsable”.

Se trata de la Pesquera Arauco, a la que le atribuyen, entre otros hechos, el haber trasladado a presos políticos durante la dictadura por medio de sus camionetas frigoríficas. La organización detrás de esta acción judicial afirma que es la primera de estas características, que busca castigar a una compañía que habría sido integrada por militares y personas de la sociedad civil.

La escena transcurre en 1974, según recuerda Samuel Houston. “En marzo de ese año, después de un día de intensas torturas, a un grupo de ocho personas nos subieron vendados a unos vehículos y nos trasladaron desde Londres 38 hasta Tejas Verdes”, dice.

El trayecto hasta la costa duró un par horas, y él junto a los otros presos políticos se dieron cuenta que estaban cerca de la playa por medio de la respiración. “Se olía el mar”, agrega.

Houston está frente a la fachada de los Tribunales de Justicia, de pie, con un cigarro en la mano derecha y con un cartel enrollado en la mano izquierda. Espera a que la abogada del centro de memoria Londres 38 interponga una querella criminal en contra de la Pesquera Arauco, empresa que a partir de 1973 habría facilitado sus camionetas frigoríficas para el traslado de detenidos de un lado a otro. Una de éstas, narra, lo llevaba a él en su interior.

“Nosotros veíamos las camionetas. Es más. Había una a la que le decían la Paloma Blanca. Se rumoreaba que los que eran trasladados en ella hasta Santiago, quedaban en libertad”, termina.

También está presente en el acto Erika Hennings, detenida en julio del 74’ y llevada junto a su marido –Alfonso Chanfreau, todavía desaparecido– hasta el cuartel de Londres 38, dependiente de la DINA encabezada por Manuel Contreras, mismo jefe que presidió el directorio de la compañía. Ella habla del modus operandi.

“(Las personas) Eran trasladadas a distintos centros, a Tejas Verdes o Santo Domingo, desde donde los hacían desaparecer. Trasladaban además a personas en sacos, ya muertas, es decir, la responsabilidad de la Pesquera Arauco es muy importante en relación a las personas desaparecidas”, dice.

La querella criminal en contra de esta empresa desaparecida a comienzos de los 90’ resultaría inédita; según la organización Londres 38, ésta se elevaría como la primera acción legal en contra de una organización que habría colaborado con la policía de inteligencia de Pinochet, lo que pone nuevamente en el foco de la discusión la participación por parte de miembros de la sociedad civil en los asesinatos que se vinieron a partir de 1973.

Magdalena Gálvez, abogada del centro de memoria, quien está al lado de Hennings, explica en pocas palabras el objetivo de esta movida judicial. “La acción se dirige a establecer la responsabilidad penal de los directores de estas empresas. Los antecedentes apuntan a la utilización tanto de recursos como de infraestructura por la Pesquera Arauco como la Pesquera Chile en la desaparición de las víctimas. Son 85 desaparecidos desde Londres 38”, indica.

Asimismo, complementa que “nuestra querella tiene que ver con lograr establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, y acortar la brecha de impunidad que existe en Chile, donde se ha responsabilizado a unos pocos, cuando existen mayores responsabilidades y muchos silencios cómplices que han permitido que no sepamos hasta el día de hoy dónde están”.

Contra la impunidad

Para la abogada de derechos humanos y mujer involucrada hace muchos años en esta lucha por la verdad histórica, Carmen Hertz, “la impunidad penal, social y política que han tenido los civiles que fueron directamente cómplices de los crímenes, es un agravio al conjunto de la sociedad, cuando se ha experimentado prácticas genocidas como es el caso de la sociedad chilena. No es un problema solo de las víctimas y de sus familiares, sino que del conjunto de la sociedad”.

La abogada aprovecha de relatar el caso de una conocida persona ajena a las Fuerzas Armadas que habría facilitado del proceso represivo.

“En el caso de la Sudamericana de Vapores –que el dueño era Ricardo Claro, fallecido en la más absoluta impunidad– al menos dos barcos, el Lebu y el Maipo, fueron cárceles flotantes y se usaron también para el traslado de prisioneros a Pisagua”, añade.

Por último, Javier Rebolledo, periodista que escribió el libro A la sombra de los cuervos –texto que describe la complicidad civil durante la dictadura–, realiza una reflexión a partir de la noticia protagonizada este martes por Londres 38.

“La mayoría de las violaciones a los derechos humanos se llevaron a cabo con la ayuda y aprobación directa o indirecta de los civiles. Lo que ha dicho Felipe Kast, por ejemplo, de que él participaría de un gobierno militar tal como lo hizo su padre, para aportar desde un punto de vista civil pero condenando los derechos humanos, eso es una mentira, es una falacia”, dice.

La gente agrupada a las afueras de Tribunales se extienden para formar una imagen; la de la fotografía. Ahí Samuel Houston extiende el cartel que llevaba enrrollado en la mano izquierda. En éste se lee el mensaje de la campaña que encabeza la agrupación, y en la que se enmarca esta querella criminal: “Toda la verdad / Toda la Justicia”.

Llama la atención que, a pesar de haber existido sospechas del empleo de los grandes “cocedoras” (hornos) de la pesquera Arauco para hacer desaparecer cadáveres, nunca se realizó una investigación detallada sobre la macabra utilización de esta planta procesadora de pescado durante la dictadura.

Un reporte de la emisora alemana WDR reveló información inédita sobre el papel del nazi Walther Rauff en la desaparición de prisioneros políticos en Chile, aplicando la directiva conocida como “Nacht und Nebel” (“Noche y niebla), emitida por Adolf Hitler en 1941, la cual establecía los criterios y pasos para secuestrar y realizar desapariciones masivas.

Según el reporte, “Los padrinos alemanes de Pinochet”, el SS-Standartenführer y ex oficial de las SS -responsable del asesinato de medio millón de prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz- introdujo inéditas prácticas de desaparición, cuando asesoraba a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de la dictadura cívico-militar chilena entre 1973 y 1990.

Rauff llegó a Chile en 1958 después de haber conocido a Augusto Pinochet en Ecuador, donde éste era parte de una misión militar para reorganizar la Academia de Guerra ecuatoriana. En nuestro país se dedicó a administrar una planta pesquera procesadora de centolla a partir de la década de los 60´s, en Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, región de Magallanes. En forma paralela ejerció como agente del servicio secreto alemán BND.

Pesquera Arauco: El Auschwitz de la dictadura chilena

Las empresas Pesquera Arauco Ltda. y Empresa Pesquera Chile Ltda. eran empresas filiales de la Corporación de Fomento Productivo (CORFO), y habían sido formadas por esta entidad dependiente del Ministerio de Economía y el Banco del Estado.

Después del golpe cívico-militar militar, la empresa pasó a ser administrada y dirigida por Manuel Contreras y miembros de la DINA, quienes asumieron como miembros del directorio, junto civiles de la dictadura. Los camiones frigoríficos, camionetas e infraestructura de la pesquera ubicada en San Antonio se emplearon como elementos logísticos claves en el accionar criminal de la DINA y la desaparición de prisioneros.

Llama la atención que a pesar de haber existido sospechas del empleo de los grandes “cocedoras” (hornos) de la pesquera Arauco para hacer desaparecer cadáveres, utilizando maquinaria de grandes dimensiones para elaborar harina de pescado, a través de un proceso de cocción a más de 90ºC, cuyo contenido se prensaba posteriormente para eliminar líquidos lixiviados, y obtener la «torta de prensado», nunca se realizó una investigación detallada sobre la macabra utilización de esta planta procesadora de pescado durante la dictadura.

El Plan Cóndor y el empleo de la pesquera productora de harina y aceite de pescado

En el reporte de la emisora WDR, a partir del testimonio de Jorgelino Vergara, miembro de la DINA, quien ha sido clave en diversos procesos judiciales para revelar la existencia de centros clandestinos de detención y exterminio, como el cuartel Simón Bolívar de Peñalolén, señaló “Todo llegó de Alemania. De los ex nazis. Ellos trajeron la tecnología para torturar, matar y hacer desaparecer a las personas”. Sobre Rauff dijo “A este señor le decían ‘El Chacal’. Era el encargado de hacerlos desaparecer enteramente”.

En el artículo “Emisora alemana WDR revela el papel del nazi Walter Rauff en “Los padrinos alemanes de Pinochet” del periodista Marco Fajardo de El Mostrador, incluye un detalle no contemplado en el reporte de la emisora alemana, al señalar el destino de los cuerpos de varios detenidos de calle Londres 38 y Villa Grimaldi tras ser llevados al puerto de San Antonio.

Un patrón criminal

“Respecto a los que pasaron por Londres 28, que son 85 personas, eran sacadas y trasladadas a distintos centros, notablemente Tejas Verdes y Santo Domingo, ubicados en San Antonio. Tenemos investigaciones que dan cuenta que trasladaban a personas en sacos ya muerta. Es decir, la responsabilidad de la pesquera es muy importante en relación a estas personas desaparecidas”, según el reporte.

Los prisioneros eran trasladados desde el centro de la capital hasta San Antonio a bordo de camiones frigoríficos adaptados para ese fin. Estos vehículos, consigna el documento, salían desde Rinconada de Maipú o desde el recinto de la empresa ubicado en Lo Valledor, en Santiago. Una vez que llegaban al “Cuartel Yucatán” (Londres 38) de la DINA, se leía la lista de detenidos que llevaban los conductores, y luego eran subidos a la parte posterior del camión completamente vendados.

“El itinerario de Santiago a San Antonio era por Melipilla. Y de Cucumén el camino a Lo Gallardo, camino malo, donde no había nadie, puros campesinos. Al lado del puente entre Santo Domingo y San Antonio hubo un puesto militar, donde cambiaron el chofer, para seguir rumbo a la pesquera que estaba puerto adentro. Este chofer de apellido ‘Tolosa’, un militar, era el único autorizado para entrar, nadie lo paraba. El camión demoraba dos a tres horas en regresar, vacío y limpiado”.

En el reportaje, un ex detenido en San Antonio cuenta sobre la presencia de Rauff en el lugar: “Y ahí había una bodega donde trabajan los rederos. Por estos lados se lo veía, donde las camionetas con los detenidos atrás. Es él que sale en la foto, sí. Con acento alemán y nazi malo”.

Citando a ex agentes de la DINA, el reporte indica que los detenidos eran asesinados en el lugar. El propio Vergara afirma lo que sucedía con sus  cuerpos. “Al Rauff le dieron el cargo como director de la pesquera Arauco, de la dictadura. Los cadáveres fueron tirados a la trituradora de la pesquera Arauco. Quien lo hizo fue El Chacal, aunque no personalmente. Lo acompañaron agentes de la misma DINA”, quienes le dijeron a Vergara que “los tirábamos y se transformaron en harina de pescado”.

El Mostrador incluyó algunos testimonios de Vergara que no fueron parte del reporte radial. Entre ellos se menciona la participación de Rauff en la creación del Plan Cóndor –el sistema latinoamericano de represión para eliminar opositores políticos–, en una reunión secreta ocurrida en 1975.

“Yo acompañaba la bandeja donde se haría servicio de un café, un trozo de torta y pastelito para todos que estaban, eran más o menos entre 12 y 15. De acá fueron (Christoph) Willeke, quien fue director de la ENI, de la Escuela Nacional de Inteligencia y andaba este señor, El Chacal. Él estaba al lado de Manuel Contreras, y del otro lado estaba José María Verdeguer de Uruguay, el director de inteligencia de Uruguay. Allí fue donde acordaron el Plan Cóndor”, afirma Vergara.

Al ser consultado si Rauff estaba presente, responde: “Sí, estuvo presente. Él tuvo conocimiento de todo lo que se acordó. La persona estaba muy involucrada en los servicios de inteligencia”.

“La conexión alemana”

En los diversos procesos de desaparición de los cuerpos de los prisioneros en el mar frente a San Antonio, existe una marcada conexión con empresarios alemanes. Es el caso del empleo del remolcador “Kiwi”, perteneciente al consorcio marítimo Ultramar, de propiedad de los hermanos Sven y Wolf Von Appen. Con posterioridad esta nave fue trasladada a Perú donde la rebautizaron como “El brujo”.

El patriarca de esta familia , Julio Alberto Von Appen, llegó a Chile en la década de los 40, desempeñándose como líder de las operaciones de inteligencia nazi en Latinoamericana, para luego cimentar un exitoso camino en los negocios navieros. En 2013, se conoció que la familia Von Appen figuraba como financista de la Fundación Pinochet.

Según el autor del reportaje, después de 1945 unos mil oficiales de las SS, SA y la Gestapo llegaron a Chile, siendo llamados en la DINA “nuestra tropa alemana”.

La Pesquera Arauco y Pesquera Chile, contó con Hubert Fuchs, administrador y gerente legal de la empresa pesquera. Fuchs, marino en retiro, fue el nexo entre la DINA y la empresa Standard Electric, según consigna un reportaje de CIPER publicado en 2009. Fuchs fue un hombre clave en el entramado de financiero que sostuvo al aparato represivo en los primeros años de la dictadura.

La “solución final” y el crematorio de perros de Santiago 

En el reporte alemán, Vergara cuenta además lo ocurrido en el crematorio de perros callejeros de la ciudad de Santiago, el cual hoy es el centro cultural “La Perrera”.

“Mira, mira, siempre me hablaban de los paquetes, los paquetes hay que eliminarlos, pero tenemos una cosa en Quinta Normal donde se puede hacer para no dejar evidencia y toda esa huevada: Exterminio de paquetes. El Rauff era el encargado de hacerlos desaparecer enteramente….Fue cruel, muy cruel. Se quemó gente, cuerpos humanos en la Perrera, sí. En Santiago, allí donde había más cadáveres los llevaban a la Perrera”. Al ser consultado sobre cuántos fueron, responde: “Mira, por darte un número: más de 300”.

Este testimonio fue confirmado por un ex trabajador del crematorio de perros callejeros la Perrera, quien desde el anonimato señaló. “Durante la dictadura venían vehículos extraños al lugar. No podíamos quedarnos cerca. Los extraños tiraban sacos a los hornos. Por lo que vi desde lejos, los cuerpos en los sacos eran más grandes que perros”.

“Simón”, quien cita a otro exmiembro de la DINA indica “Trabajaba en el CG (cuartel general) en este tiempo, y acompañó muchas veces al Willeke y Rauff visitando la Perrera en el Parque de los Reyes. Era para perros, pero ahora tenía que ser para seres humanos. El Rauff estaba en esta sección, no sé, tenía un nombre: sección para la “solución final” (sic)

La agrupación de memoria y derechos humanos, Londres 38, presentó en 2017 una querella criminal en contra del directorio de las Empresas Pesquera Chile Ltda. y Pesquera Arauco S.A, así como también respecto de los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que formaron parte de dichos directorios por el secuestro, desaparición e inhumación ilegal de las 85 víctimas que pasaron por el recinto de tortura Londres 38 (Cuartel Yucatán).

Las nuevas revelaciones realizadas por medios alemanes, entre ellos, el de la radio WDR titulado Los padrinos alemanes de Pinochet que señala cómo Walter Rauff, quien fuera dirigente de las SS, responsabilizado por la muerte de medio millón de personas en Auschwitz y que había llegado arrancando a Chile en 1958, introdujo técnicas de tortura y prácticas como la desaparición de personas, dando instrucción a militares chilenos en lugares como Tejas Verdes, podrían significar un avance en esta causa.

El reportaje cita a un exagente de la DINA que recuerda al propio Rauff en este regimiento de San Antonio. «Nos decía, ustedes ahora son parte de la élite del Ejército, y su tarea es eliminar el comunismo de toda Latinoamérica» indicó agregando que «Los chilenos no tenían experiencia en esa clase de torturas, esto lo trajeron acá, lo importaron acá. Eran gringos, eran alemanes. Y nos dieron la bienvenida: ‘Willkommen′».

Por otra parte, en la querella se menciona el contexto general de desaparición forzada que operó, en un comienzo, desde el cuartel de Londres 38, oportunidad en que los agentes de la DINA trasladaron a las víctimas a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes y a Rocas de Santo Domingo, utilizando para dichos traslados las camionetas y camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco, siendo custodiados en todo momento, por agentes de la DINA.

Las Empresas Pesquera Arauco S.A. y Pesquera Chile Ltda. eran empresas filiales CORFO, luego del Golpe Militar de 1973, pasaron a ser administradas y dirigidas por la DINA, por lo que sus directorios fueron asumidos por miembros de las distintas ramas de la fuerzas armadas y civiles que actuaban a nombre de la dictadura, ocupando el rol de interventor el oficial Mario Jara Seguel, quien a partir de 1974 sería el Jefe de la Brigada de Inteligencia Regional con sede en Rocas de Santo Domingo y jurisdicción en la actual Quinta Región.

Dichas empresas facilitaron los medios para la comisión de los delitos de secuestros calificados, así como en la posterior desaparición forzada de las 85 víctimas de Londres, a través de los vehículos con los que se trasportaba a las víctimas y la utilización de sus instalaciones para la mantención de cadáveres.

Con la finalidad de aportar a la investigación, Londres 38 solicitó la realización de una serie de diligencias destinadas a indagar la participación culpable de agentes DINA y de civiles en la desaparición forzada de las 85 víctimas mencionadas en la querella, así como también la averiguación de la relación financiera entre la Pesquera Arauco y la DINA.