Escuela de Caballería, Quillota

En la Escuela de Caballería Blindada de Quillota, ubicada en Camino San Isidro s/n, las detenciones se concentraron en el año 1973. Las personas detenidas por Carabineros, Investigaciones o efectivos del Ejercito que fueron llevadas a este regimiento, fueron amenazadas, maltratadas y golpeadas, mantenidas en una cancha que se encontraba al interior del recinto o en algunas caballerizas, a la intemperie, sin abrigo, privadas de alimento en forma regular; eran amarradas y obligadas a permanecer en posiciones forzadas. De acuerdo a los testimonios, los prisioneros totalmente desnudos, amarrados y con los ojos vendados, eran sometidos a interrogatorios y torturas. Las denuncias describieron la aplicación de golpizas hasta la pérdida de conciencia, colgamientos, ingestión de inmundicias, aplicación de electricidad y simulacros de fusilamiento.

Este centro de detención esta estrechamente ligado con los asesinatos de : Manuel Hurtado Martínez, funcionario de Tesorería, Secretario Regional del Partido Socialista en el Departamento de Quillota; Hugo Aranda Bruna, agricultor y dirigente vecinal; Julio Loo Pardo, Dirigente sindical de Rayón Said, militante comunista; Eduardo Manzano Cortés, presidente del Sindicato Rayón Said, militante del MIR; Víctor Fuenzalida Fuenzalida, jefe del Departamento Técnico de la CORA, Secretario local del Partido Comunista y Ángel Díaz Castro, obrero textil y dirigente vecinal; el ex alcalde Pablo Gac Espinoza; el abogado y Fiscal de la CORA Rubén Cabezas Parés; el dirigente campesino Levi Arraño Sancho;

Criminales y Cómplices:

Coronel Angel Custodio Torres (Comandante del Regimiento de Ingenieros); Capitán Francisco Perez Egart (Ejercito); los militares de apellidos Quilodran y Placencia, un carabinero de apellido Hernández;

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech; CODEPU; ZonaImpacto.cl; Memoriaviva;

La ministra de fuero Gabriela Corti, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, inició su segunda jornada de rastreo en la Escuela de Caballería Blindada de Quillota con el objetivo de encontrar los restos del ex alcalde socialista Pablo Gag Espinoza, del abogado Rubén Cabezas Paredes y del dirigente campesino, Levi Arraño Sancho, todos ejecutados el 18 de enero de 1974 y presuntamente inhumados en el interior del recinto militar.

Un testigo presencial de los hechos, mediante una declaración notarial en 1991, afirmó que las tres personas fueron ejecutadas en el lugar y posteriormente sepultadas ilegalmente en algunas zona de la Escuela de Caballería de Quillota. Para encontrar los cuerpos, la magistrada Corti ordenó el uso de rastreadores electrónico y trabaja junto a tres profesionales del Instituto Médico Legal y cuatro operarios. La ministra Corti realiza la investigación luego que el juez Juan Guzmán se declarar incompetente por razones de jurisdicción. El peritaje se realiza en el más completo hermetismo, pero fuentes ligadas señalaron que la diligencia fue posible a raíz de las declaraciones del oficial más alto involucrado en la llamada “Masacre de Quillota”, coronel (r) Sergio Arredondo González. El ex militar está procesado como uno de los principales responsables de los crímenes de la “Caravana de la Muerte” y en 1974 él era director de la Escuela de Caballería.

Una juez chilena sobreseyó la instrucción contra Augusto Pinochet en siete juicios, debido a la "enajenación mental" que afecta al ex gobernante, informaron hoy fuentes judiciales.
La resolución de la juez especial Gabriela Corti no establece la inocencia del general retirado, sino que sobresee los cargos en su contra "por el estado de enajenación mental" en que cayó "después de cometer el o los delitos que se le imputan".

El pasado julio, también por demencia, la Corte Suprema sobreseyó la instrucción abierta contra Pinochet en el caso de la "caravana de la muerte", por el cual lo procesó el juez especial Juan Guzmán Tapia.

Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes en los juicios a cargo de Corti, dijo que la magistrada fundamentó su decisión en los exámenes médicos que Guzmán ordenó para el caso de la «caravana de la muerte», nombre dado a una comitiva militar que asesinó a 75 activistas políticos tras el golpe de Estado que llevó a Pinochet al poder en 1973.
Gutiérrez dijo que él y otros querellantes apelarán contra la resolución, pues la juez «debió ordenar la realización de nuevos exámenes propios» a Pinochet, que renunció este año a su condición de senador vitalicio, aunque sigue protegido por el fuero de ex presidente, dado que gobernó el país hasta 1990.

Corti investiga siete querellas contra Pinochet, de 86 años, entre las que destacan los casos del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, torturado hasta la muerte en el buque-escuela «Esmeralda», de la Armada de Chile, y del funcionario del gobierno de Salvador Allende (1970-1973) Jaime Aldoney Vargas.

Otros casos se refieren al fusilamiento sin juicio de ocho opositores en la Escuela de Caballería Blindada de la ciudad de Quillota, de los que seis están catalogados como ejecutados y dos como desaparecidos, pues sus cuerpos nunca se encontraron.

Bajo la losa de una chanchera en una parcela del sector de Pocochay, comuna de La Cruz, habrían sido enterrados los restos de los tres detenidos desaparecidos ejecutados el 18 de enero de 1974 en la Escuela de Caballería Blindada de Quillota.

El antecedente circula hasta ahora de manera subterránea en el distrito rural de Pocochay y fue confidenciado a ZonaImpacto.cl por personas estrechamente relacionadas con testigos de los hechos, quienes obviamente exigieron absoluta reserva de sus identidades.

Han transcurrido 29 años

El sábado último se cumplieron 29 años desde la madrugada en que ocho prisioneros políticos eran trasladados en una patrullera militar desde el Regimiento de Ingenieros hacia la Escuela de caballería, cuando en el sector del cruce del Camino a San Isidro con la línea férrea y el Camino Internacional, los militares simularon un “ataque extremista” para dar muerte en el mismo lugar a seis de los detenidos: Manuel Hurtado Martínez, funcionario de Tesorería, Secretario Regional del Partido Socialista en el Departamento de Quillota; Hugo Aranda Bruna, agricultor y dirigente vecinal; Julio Loo Pardo, Dirigente sindical de Rayón Said, militante comunista; Eduardo Manzano Cortés, presidente del Sindicato Rayón Said, militante del MIR; Víctor Fuenzalida Fuenzalida, jefe del Departamento Técnico de la CORA, Secretario local del Partido Comunista y Ángel Díaz Castro, obrero textil y dirigente vecinal.

Sus restos fueron entregados al día siguiente a sus familiares en urnas selladas y con orden de sepultarlos inmediatamente. La jefatura militar de la época, a cargo del coronel Ángel Torres –comandante del Regimiento de Ingenieros- emitió un bando informando que los seis prisioneros murieron en una refriega cuando “elementos extremistas” habrían asaltado a la patrulla que los trasladaba. El jefe de la patrulla, entonces capitán Francisco Pérez Egart, habría sido el único militar lesionado: una herida leve en una mano.

Los dos prisioneros más destacados en la vida pública de la región, el ex alcalde Pablo Gac Espinoza y el abogado y Fiscal de la CORA Rubén Cabezas Parés, fueron llevados a la Escuela de Caballería, en cuyo interior fueron ejecutados e inhumado junto a otro detenido que se hallaba desde unos días antes en el mismo recinto militar: el dirigente campesino Levi Arraño Sancho.

El documento oficial aseguró al día siguiente que Gac y Cabezas se habían fugado. Sobre Arraño Sancho no se mencionó palabra alguna…

La versión oficial fue siempre considerada como absurda y totalmente falsa por la ciudadanía local. Quienes recorrimos el camino hacia la Escuela de Caballería en los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973, supimos desde un comienzo que un ataque contra una patrulla resultaba totalmente imposible; ante todo, porque los militares, justamente por su formación, hicieron el traslado en un momento inesperado. Nada podría hacer prever que sería de madrugada.

Además, el trayecto desde el final de calle Freire hasta el recinto militar, estaba celosamente custodiado por vigilantes en carácter de punto fijo aproximadamente cada 50 metros. Y en el lugar donde se produjo el montaje militar, la vigilancia estaba reforzada justamente por la conjunción vial existente.

Pero los tribunales se apresuraron a asumir como cierta la versión oficial, aplicando figuras legales de tiempos de guerra para sobreseer apresuradamente las causas judiciales abiertas con motivo de las seis muertes.

Nunca hubo un pronunciamiento judicial sobre los tres desaparecidos.

Sobre este caso, el Informe Rettig expresa que “esta Comisión no pudo aceptar la verdad oficial y se formó la convicción que los ocho prisioneros fueron ejecutados por los agentes del Estado que los mantenían bajo su custodia, quienes violaron sus derechos humanos”. A continuación, entrega múltiples antecedentes que desvirtúan la absurda versión oficial.

En cuanto a Pablo Gac y Rubén Cabezas, el Informe Rettig expresa que “tampoco es verosímil que dos personas destacadas y bien conocidas en la zona (…) hayan sido los únicos sobrevivientes y hayan podido y querido darse a la fuga, sobre todo teniendo en cuenta que ambos habían sido detenidos el mismo día, sin haber presentado la menor resistencia”.

Recién en 1991, un testigo declaró ante el Segundo Juzgado del Crimen de Quillota, dando cuenta que Gac y Cabezas, junto a Levi Arraño, fueron ejecutados e inhumados ilegalmente al interior de la Escuela de Caballería, por un grupo de soldados comandados por el mismo capitán Francisco Pérez Egert.

Por insólita coincidencia, este oficial, pero ya con el grado de coronel, fue el Director de la Escuela de Caballería que impidió el ingreso del juez Raúl Beltramí a ese recinto, hasta donde concurrió para verificar la denuncia por homicidio e inhumación ilegal de Gac, Cabezas y Arraño.

Más aún: el juez Beltramí fue trasladado por su osadía de pretender aclarar una denuncia.

Sólo falta ubicar los restos

Las querellas presentadas en el 2000 por los familiares de las víctimas de la “masacre de Quillota” ante el juez Juan Guzmán contra Augusto Pinochet, fueron confiadas a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti Ortiz, quien ha logrado establecer lo sucedido con gran cantidad de detalles, llegando a definir claramente responsabilidades y participación de la mayoría de los actores.

La jueza Corti ha trabajado arduamente con detectives del Departamento Quinto de Investigaciones, interrogando a los principales involucrados –como el general en retiro Sergio Arredondo, jefe operativo de la Caravana de la Muerte que dejó casi un centenar de muertos en el sur y el norte de Chile, luego de lo cual fue designado por Pinochet como Director de la escuela de caballería, cargo desde el cual resolvió la masacre en esta ciudad-; el ex comandante del Regimiento, Ángel Custodio Torres, quien además era Comandante de la Guarnición y Gobernador de Quillota; el ahora coronel en retiro Pérez Egart, suboficiales y soldados que participaron en la detención, traslado y asesinato de las víctimas. Entre estos últimos se ha mencionado a dos ex militares, de apellidos Quilodrán y Placencia, además de un ex carabinero de apellido Hernández.

La ministra Corti ordenó, además, un completo rastreo del sector de la Escuela de Caballería donde se afirma fueron enterrados Gac, Cabezas y Arraño, sin hallar más que pequeños restos difusos que sólo permitirían establecer una presunción sobre lo sucedido.

Sin embargo, con los antecedentes reunidos en las investigaciones y las declaraciones y careos realizados por la Ministra de Fuero, se estimaba que en cualquier momento decretaría el procesamiento de los responsables.

Nada de eso ha acontecido. En octubre pasado, la magistrado resolvió sobreseer definitivamente a Augusto Pinochet haciendo propia la resolución adoptada en este mismo sentido por la Corte Suprema en el Caso Caravana de la Muerte; es decir, acogiendo la tesis de que el ex dictador no puede ser procesado por demencia, a pesar que todavía se pasea por el país, disfruta de períodos de vacaciones y hace declaraciones.

El secreto mejor guardado

Inmediatamente después de dictado el sobreseimiento de Pinochet, se temió que al no existir inculpado con privilegio de fuero parlamentario, la Ministra Corti podría renunciar a seguir con el proceso declarándose incompetente. Pero luego se informó que a petición del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Magistrado había sido confirmada para seguir instruyendo las querellas por la “Masacre de Quillota”, junto a otras por la muerte del ex enfermero del Ejército Juan Fuentes Zamorano, de Quillota; por el crimen del sacerdote Miguel Woodward y por el asesinato del periodista, regidor de Limache e interventor de la CCU Jaime Aldoney Vargas.

Pero lo que no ha podido develar la ministra Gabriela Corti es el destino final que se dio a los restos de Pablo Gac, Rubén Cabezas y Levi Arraño, que parece ser el secreto mejor guardado por los militares de Quillota.

En reiteradas informaciones dadas a conocer por este Sitio de noticias, hemos reiterado que con posterioridad a los intentos del ex juez Raúl Beltramí por indagar en el interior de la Escuela de Caballería, testigos advirtieron el ingreso de maquinaria pesada que realizó movimiento de tierra en el sector del recinto militar donde se supone fueron asesinados Gac, Cabezas y Arraño, al borde de una fosa previamente cavada, y enterrados en el mismo lugar.

Por ejemplo, en nuestra edición Nº 70, del 30 de mayo de 2002, se informó: “Sin embargo, versiones conocidas por ‘ZonaImpacto.cl’ indican que los restos de ambos junto a los de Arraño, habrían sido desenterrados por 1993…”

¡Pregúntenle a Herrera Jiménez!

En las últimas semanas, “ZonaImpacto.cl” recibió la confidencia de personas domiciliadas en la localidad campesina de Pocochay, en la comuna de La Cruz, vecina a Quillota, asegurando que los restos de tres asesinados en la Escuela de Caballería “y posiblemente de más personas” fueron escondidos en una parcela del sector.

Según relataron –y como es de público conocimiento-, una de las parcelas de Pocochay fue ocupada por varios años por el ahora confeso autor del crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, Carlos Herrera Jiménez, conocido como “El Bocaccio”, quien se refugió en uno de estos apacibles predios agrícolas intentando evitar rendir cuentas de sus crímenes ante la Justicia. 

Los testigos sostienen que por esos años, “en más de una ocasión”, llegaron hasta la parcela de “Bocaccio” camiones y maquinaria pesada del Ejército a realizar faenas poco claras. En cada ocasión, abundante contingente militar impedía a los lugareños acercarse al lugar donde ejecutaban trabajos, de noche e iluminados con reflectores.

De igual forma se asegura que en una ocasión especial, por 1993, llegaron camiones con extraño cargamento que habría sido enterrado en el mismo lugar donde inmediatamente se construyó una losa de concreto, sobre la cual se habilitó un criadero de cerdos.

Todos estos movimientos se realizaban con la aprobación y dirección personal de Herrera Jiménez, según los lugareños.

Carabineros habría ordenado el silencio

El relato de los informantes de “ZonaImpacto.cl” señala que hace un par de años, trabajadores de la parcela que había ocupado Herrera Jiménez, debieron romper el pavimento de la chanchera para reparar una filtración de agua, cuando encontraron restos óseos, evidentemente humanos.

La versión indica que, alarmados, habrían envuelto parte de los restos presentándose a dar cuenta en la Tenencia de Carabineros de La Cruz, pero los policías les habrían ordenado que los vuelvan a enterrar “porque si no, se meterían en un tremendo lío”.

Hasta ahora, estos antecedentes no han sido entregados a ninguna instancia judicial, policial ni de derechos humanos. Sólo fue confiada a este Sitio de noticias “porque ustedes pueden hacerla llegar a los tribunales, pero por favor no revele el origen de la información”.

Pero como la ministra Corti no concede audiencia a los periodistas, nos limitamos a publicar los antecedentes, como es nuestro deber, pero simultáneamente hacerlos llegar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

La justicia chilena recorre el laberinto creado para ocultar la fortuna ilegal del general

A la persecución de los crímenes de la dictadura chilena impulsada durante nueve años por el juez Baltasar Garzón ha seguido, en los últimos 10 meses, la espectacular revelación de las cuentas secretas del ex dictador Augusto Pinochet, una iniciativa del senador demócrata por Michigan Carl Levin, miembro del subcomité de investigaciones permanentes del Senado. La división de trabajo entre Garzón y Levin está permitiendo acabar en Chile con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y la corrupción que llevó a la práctica, a sangre y fuego, el hombre que llegó a ser presentado, tanto por sus seguidores como por algunos críticos, como el dictador honesto de América Latina.

Pinochet mantuvo 125 cuentas bancarias durante unos 25 años en diversas entidades

"La gran incógnita aún por despejar es el origen de los millones", dice la abogada Hertz

Es un guión para escritores como Borges o Bioy Casares. Es toda una maldición bíblica la que se abate sobre Pinochet (quien gobernó en Chile desde 1973 hasta 1990) y su camarilla militar desde la noche del 16 de octubre de 1998, cuando dos policías de Scotland Yard le anunciaron, en una suite de la London Clinic donde el ex dictador se recuperaba de una operación de hernia discal, que estaba detenido por orden del juez español Garzón. La mano del magistrado, que le persigue desde hace nueve años por delitos de terrorismo, genocidio y tortura, también ha estado en el inicio de las investigaciones sobre las cuentas secretas del ex dictador. Porque, tres días después del arresto en Londres, el juez dictó una orden internacional de embargo de bienes y cuentas de Pinochet. Fue esa orden la que ha permitido a Levin y su equipo en el Senado acusar a un grupo de bancos de violar las normas en EE UU y obtener la caja negra de las transacciones desarrolladas durante 25 años.

"Algunos bancos ayudaron a Pinochet a ocultar sus fondos; otros fueron incapaces de cumplir las exigencias legales por las cuales en EE UU los bancos tienen que conocer a sus clientes", explicó Levin, después de informar a la prensa, el martes pasado, de que el ex dictador chileno mantuvo 125 cuentas bancarias durante unos 25 años en entidades como el Banco Riggs, Citigroup, la filial del Banco de Chile en EE UU, el Banco Atlántico (ahora controlado por el Sabadell) y las filiales en Miami del portugués Banco Espirito Santo y de la entidad británica de gestión de patrimonios Coutts. Este último banco, conocido como "banco de la Reina", era por entonces propiedad del Royal Bank of Scotland y ahora está en la órbita del Santander Central Hispano (SCH). Si bien la subcomisión no ha establecido la cantidad de dinero total que circuló en las cuentas -en las que Pinochet aparece con 10 identidades diferentes-, se cree que fueron unos 15 millones de dólares.

El campeón de la ayuda "técnica" para que Pinochet pudiese establecer una amplia red de cuentas secretas fue el Riggs. Sus propietarios, Joe Allbritton y su esposa, Barbara, desarrollaron una amistad con el ex dictador, mientras el banco redondeaba una importante cifra de negocios a través de la apertura de cuentas para altos oficiales del Ejército chileno. Según el informe del Senado, esas cuentas representaron para el Riggs todo un mercado: 100 millones de dólares.

En 1995, el general Ricardo Izurieta, agregado militar en la Embajada chilena en Washington, cursó a Allbritton, presidente del Riggs, una invitación para asistir al Derby de Viña del Mar, la carrera de caballos más importante de Chile. Allbritton viajó en febrero de 1996 y fue recibido por Pinochet en la Escuela de Caballería Militar de Quillota, donde le mostró los caballos y almorzaron. El 14 de febrero, de regreso a EE UU, escribió a Pinochet una carta en la que agradecía la hospitalidad.

"Chile", decía el banquero, "es un país que causa una gran impresión y tiene un excelente futuro gracias a usted y a las políticas y reformas que ha impulsado. Quiero agradecerle por los soberbios gemelos que me ha regalado y sepa usted que será bienvenido por mi esposa Barby y por mí en nuestra casa en Middleburg, Virginia, donde criamos caballos purasangre para carreras".

Un año más tarde, en 1997, Allbritton volvía a Santiago de Chile para "agradecer a Pinochet por la larga y rentable relación que el Ejército chileno mantiene con el Banco Riggs". Tras la visita, el banquero escribió a Pinochet. "Usted hizo que Chile se quitara de encima la amenaza de un Gobierno totalitario y un sistema económico arcaico basado en la propiedad estatal y la economía planificada. En EE UU, y en el resto de Occidente hemos contraído con usted una tremenda deuda de gratitud. Tengo confianza en que su legado contribuirá a un mundo más próspero y más seguro para sus hijos y nietos. Debo agradecerle los maravillosos regalos que me ha hecho a Barby y a mí, incluyendo los libros de historia". Barbara también escribió al general. Le daba las gracias por haber pensado en ella. Pinochet le había regalado una caja de lapislázuli.

Para 1997 ya habían pasado ocho años desde que Pinochet había abierto su primera cuenta en el Riggs. La fecha de partida no dejaba de ser un dato relevante. En aquellos días, Pinochet y sus colaboradores preparaban la nueva Constitución Política de Chile, que se sometería a un plebiscito para mediados de 1980. El artículo 27 establecía para una fecha no posterior al 11 de diciembre de 1988 el plazo para que la junta militar propusiera, por unanimidad, un candidato para el cargo de presidente de la República para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 1989 y el 11 de marzo de 1997. Asimismo, la Constitución confería que se estableciera en 1990 la facultad de aprobar toda la legislación ordinaria con mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra. Todo estaba atado para perpetuar el poder de Pinochet. Era el momento del pillaje a manos llenas.

Por entonces -mediados de los noventa-, cuando ya se encontraba en faena para montar una red de cuentas secretas, el entonces dictador inició una serie de conversaciones con una periodista, María Eugenia Oyarzun. En cierto momento, hablan de dinero:

-¿Quién administra su economía?

-Mi mujer es la que administra siempre. Yo tuve la suerte de estar cuatro años en el extranjero [como profesor en la academia militar en Ecuador] ganando 'hojas de lechuga', como se denominaba a los dólares en ese tiempo [finales de los años sesenta]. Ahorré, me guardé mi platita y con la que recibí después compré un terreno frente al Estadio Israelita, vendí mi casa y me hice otra. La señora Lucía es la que maneja los fondos, la que recibe la plata; ella compra y paga con lo que yo le entrego.

-¿Es gastador?

-No.

-¿Es apretado [ahorrador]?

-Sí. De lo que uno gana debe guardar siempre el 10%… Desde que yo era muchacho, mi abuela me sacó una libreta en la Caja del Ahorro del Banco del Estado… Me compré mi casa y gasté la plata que tenía.

En 1997, Pinochet ordenó convertir una cuenta corriente del Banco Riggs de Londres en una de ahorro que abonaba intereses, la número 74-041-013. En esa cuenta el ex dictador ingresó ese mismo año un millón de dólares. ¿De dónde procedía el dinero? ¿Acaso de la empresa británica de armamentos Royal Ordnance, que solía invitar cada año al ex dictador para que visitara su exposición?

Esto es lo que se investiga estos días en Chile. El juez Sergio Muñoz, a cargo del sumario en el cual se acusa a Pinochet y a algunos de sus colaboradores de un delito de evasión fiscal indaga bajo el secreto de las actuaciones. "El juez Muñoz está investigando los viajes que hacía Pinochet a Londres con ocasión de la exposición anual de Royal Ordnance. Se trata de determinar si existieron pagos de comisiones", dijo a este periódico la abogada Carmen Hertz, que está personada en la causa. "La información aportada por el Senado de EE UU es importante, pero no despeja la gran incógnita del origen de los millones de dólares que acumuló Pinochet durante casi 30 años", añadió.

Al menos, el juez Muñoz ya ha logrado poner a buen recaudo judicial más de cuatro millones de dólares.

Arturo Herrera desarrolló casi la mitad de su carrera en dictadura. En 1973 se inició en Policía Internacional y luego fue hombre de confianza de los generales y directores de Investigaciones Ernesto Baeza y Fernando Paredes. Con el primero asistió a la estrecha colaboración con la DINA en los años más duros del régimen militar. Y fue ayudante de Paredes en los ’80, cuando la policía civil se coordinaba con la CNI en operativos, torturas y obstaculización de la justicia. Cuando sucedió a Mery el 2003, volvió a abrirle las puertas de la institución a Paredes y diseñó un alto mando con hombres provenientes de las dos antiguas fuerzas de elite creadas para la represión. Dos décadas después, el pasado sigue presente en el hombre que aspira ser confirmado como jefe de Interpol.

rturo Herrera desarrolló casi la mitad de su carrera policial en dictadura. Primero trabajó en Policía Internacional y fue escolta y ayudante del general Ernesto Baeza, quien dirigió Investigaciones hasta 1980 y prestó estrecha colaboración a las actividades de la DINA en el exterior. Después se transformó en uno de los hombres de mayor confianza del general Fernando Paredes, sucesor de Baeza y promotor de una férrea política represiva en la institución. Fue Paredes quien le enseñó a jugar golf y le confió el cuartel Papudo, creado con el propósito de cautelar y atender los descansos del antiguo director en ese balneario. Dos décadas después, el pasado sigue presente en el mando del actual jefe de la policía civil.

A juzgar por su currículo laboral, la carrera que realmente importa de Arturo Herrera Verdugo parece haber arrancado recién a comienzos de los ‘90. Desde entonces sus actividades aparecen perfectamente detalladas en el portal institucional, año por año, misión por misión. De los años previos al retorno de la democracia, el director de la Policía de Investigaciones consigna únicamente que ingresó a la institución en marzo de 1971, con 19 años, y que a partir de entonces, sin señalar fechas ni funciones específicas, “ha servido en diferentes zonas del país y en importantes reparticiones policiales, tales como: Extranjería, Inteligencia, Homicidios, Dirección General, entre otras”. Con casi 37 años de servicio, cinco y medio de los cuales ha dirigido a la Policía civil, la trayectoria de Herrera Verdugo tiene bastantes más claroscuros y matices de los oficiales y de los que sugirió hace una semana el Presidente venezolano. Basándose en lo que calificó como simple información disponible en Internet, Hugo Chávez acusó al jefe de la policía chilena de estar involucrado en la operación “Retiro de Televisores”, ordenada por Pinochet en 1979 después del descubrimiento un año antes de los cuerpos de desaparecidos enterrados en los hornos de Lonquén. La operación estaba destinada a exhumar los restos de ejecutados políticos en todo el país para lanzarlos al mar y así borrar toda huella de sus asesinatos. Chávez aludió a la supuesta intervención que habría tenido Herrera para beneficiar en 2005 al entonces jefe de la II división de Ejército y juez militar de Santiago, general Miguel Trincado Araneda, quien en un informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones fue señalado como el responsable de la exhumación ilegal de 26 de los cadáveres de los desaparecidos de Calama, enterrados secretamente en 1973. El hecho trascendió a la opinión pública y provocó el retiro obligado del general Trincado. Lo que está claro es que, a partir del golpe de Estado, recién egresado de la Escuela de Investigaciones, el actual jefe de la policía civil desarrolló una carrera silenciosa y de bajo perfil, ligada directamente a los dos generales de Ejército que encabezaron la institución bajo el régimen militar. En un principio fue escolta y ayudante del general (r) Ernesto Baeza, y a contar de 1981, cuando éste debió entregar el mando por el asesinato del estudiante de periodismo José Eduardo Jara a manos de un comando de detectives (Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA), se convirtió en ayudante y hombre de confianza del general (r) Fernando Paredes. Ambas administraciones estuvieron marcadas por acusaciones de torturas, asesinatos y obstrucción a la justicia en casos de derechos humanos. Pese a haber desarrollado casi la mitad de su carrera en dictadura, ninguna de esas funciones se consigna en la trayectoria del hombre que hoy ostenta la jefatura interina de Interpol y que aspira a ser confirmado definitivamente en el cargo en la elección que se llevará a cabo en octubre de este año en San Petersburgo, Rusia.

La amenaza de Iturriaga

Ahora fue Hugo Chávez quien reactivó la curiosidad por el pasado de Herrera. Pero hace un año, cuando el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, general (r) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, se dio a la fuga para evitar ingresar a la cárcel y cumplir una condena a 5 años por el secuestro del estudiante Luis San Martín, aún desaparecido, detectives antiguos –activos y en retiro- recordaron con preocupación la relación del prófugo con el actual director de Investigaciones. Una relación que el propio Iturriaga Neumann se encargó de recordar 52 días después de darse a la fuga. Al ser detenido en Viña del Mar por un grupo de detectives, el retirado militar comentó a sus captores: “Yo conozco bien a su jefe”. Iturriaga Neumann se refería a una relación surgida tres décadas atrás cuando poco después del golpe de Estado, y siendo ya un alto oficial de la DINA, comenzó a viajar al extranjero en misiones de terrorismo internacional. Muchas veces lo hizo con Michael Townley, como quedó acreditado en el juicio por el asesinato del general Prats. Y en múltiples oportunidades lo hizo con pasaporte falso, identidades que también quedaron registradas en su prontuario. También quedó consignado el modus operandi que utilizaba Iturriaga, que ya dirigía el Departamento Exterior de la DINA, tanto para sus viajes como para el de los agentes que enviaba al exterior con distintas misiones. “Gigio (sobrenombre de Iturriaga) llamaba por teléfono a la dirección general de Investigaciones y partía con su gente al aeropuerto. Allá ya todo estaba arreglado. A medida que los viajes se hicieron más frecuentes, los policías del aeropuerto ya nos conocían”, dijo Michael Townley en una de sus declaraciones. Fue entonces que el joven Arturo Herrera, destinado a Policía Internacional desde 1973, comenzó a familiarizarse con Iturriaga y los desplazamientos de los agentes de la DINA así como con las detenciones practicadas en el mismo terminal internacional y de las cuales no quedaba registro.

Puesto de confianza

A juzgar por cómo continuó su carrera el joven Arturo Herrera, su desempeño en el Departamento de Extranjería a principios de la dictadura debe haber sido óptimo. Porque en 1976 fue promovido a un puesto de absoluta confianza: al gabinete del director de Investigaciones de la época, general de Ejército Ernesto Baeza Michaelsen. Fue un año después de que la DINA echara a andar la Operación Cóndor, la coordinación con los servicios represivos de las dictaduras del Cono Sur para la eliminación de opositores. También, el momento en que Manuel Contreras incrementó el despliegue de sus agentes por distintos países, ya sea para el seguimiento de opositores o para su eliminación, como ocurrió con el asesinato de Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976. De allí que surgiera como una necesidad prioritaria para el Departamento Exterior de la DINA una estrecha coordinación con Investigaciones para que sus agentes no fueran interceptados ni retenidos al salir o entrar del aeropuerto con identidades falsas. También, para que no quedara huella de sus pasos. En 1976, en la fase operativa más importante de la DINA, Manuel Contreras escogió a uno de sus oficiales de elite para la función de enlace con la dirección de Investigaciones: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. El mismo oficial procesado como autor del asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires y por la desaparición de 119 chilenos detenidos en Chile y hechos aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el extranjero, entre otros. Iturriaga, oficial formado en la Escuela de las Américas, era la mejor carta: estaba casado con Mireya, la hija regalona del general Baeza, director de Investigaciones. Una de sus funciones mas delicadas la cumplió entre enero y abril de 1978, cuando Estados Unidos pidió la extradición de Michael Townley por su implicancia en el crimen de Orlando Letelier, y Manuel Contreras se resistía a entregarlo. Iturriaga era amigo de Townley y obtuvo la ayuda de Investigaciones para esconderlo y ayudarlo hasta que finalmente, en abril de 1978, ya no pudo evitar su expulsión. En muchas oportunidades su interlocutor en el gabinete de Baeza fue Arturo Herrera.

Ayudante del general Paredes

El actual jefe de la policía chilena no asistió a la caída del general Baeza. En 1978, dos años antes de que éste fuera arrastrado por la muerte del estudiante José Eduardo Jara, Herrera fue destinado a la comisaría de Las Condes. Fue una destinación feliz. Allá conoció a quienes se convertirían en dos de sus principales amigos y hombres de confianza: Luis Alarcón y Rafael Castillo. El primero es hoy subdirector Administrativo de Investigaciones y tercero en la línea de mando; el segundo fue hasta el año pasado jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos. Lo ocurrido con el general Trincado terminó con la amistad entre ambos policías, que llegarían a tener una relación de compadrazgo y destinos encontrados: a Castillo le corresponderá investigar un caso en que Herrera se vería involucrado de manera indirecta a principios de los ‘80, cuando estando en la Brigada de Homicidios fue llamado nuevamente al centro del poder de la policía civil como ayudante del general de Ejército Fernando Paredes, sucesor de Baeza en la dirección de Investigaciones. Durante el desarrollo de la última etapa en la investigación judicial del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, asesinado por un comando CNI-DINE en febrero de 1982, quedó en evidencia –con pruebas documentales- la estrecha colaboración y coordinación entre la Policía de Investigaciones, la CNI, la DINE y el equipo antisubversivo del régimen militar encabezado por el fiscal Fernando Torres Silva en lo que se llamó la “Comunidad de Inteligencia”. Una acción enfocada tanto a la obstaculización de la acción de la justicia en los procesos sobre asesinatos y tortura de opositores como para acciones represivas. En una maniobra claramente ilícita –sancionada en el artículo 246 del Código Penal-, el entonces director de Investigaciones informaba a sus pares, antes que al juez que llevaba la causa, de los resultados de las diligencias que obtenían los detectives asignados a la investigación como también de las pruebas que aportaba la parte querellante. La acción buscaba impedir a como diera lugar que la investigación avanzara en la identificación de los verdaderos autores del crimen de Jiménez así como del asesinato del carpintero Juan Alegría, ideado y perpetrado por agentes de la DINE para intentar sepultar sus huellas a través de una supuesta carta póstuma en donde Alegría se declaraba culpable del crimen de Jiménez. En una de esas minutas “confidenciales” que la investigación judicial de los ’90 pudo recuperar, enviada desde la ayudantía del despacho del director Paredes, donde actuaba Arturo Herrera, se adjuntan dos retratos hablados de los asesinos y fotografías de la huella dactilar revelada en la parte interna de la aletilla de una puerta del automóvil de Jiménez y reloj marca Jaeger Le–Coultre, sustraído a la víctima e identificado con el Nº 882747. La minuta, así como otras similares incluidas en el expediente por el crimen de Tucapel Jiménez (foja 333 del Tomo VI), va dirigida a todos los jefes de la que llamaron “Comunidad de Inteligencia”, integrada entonces por el general Humberto Gordon, director de la CNI; el general Arturo Alvarez Scoglia, director de Inteligencia del Ejército; el vice-Almirante Ronald Mac-Intyre, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; el general Vicente Rodríguez, director de Inteligencia de la Fuerza Aérea; el general Mario Mac-Kay, subdirector de Carabineros, y el comandante Raúl Monsalve, director del Servicio de Inteligencia Naval. Los mismos antecedentes fueron entregados mucho después al juez que instruía la causa, Sergio Valenzuela Patiño, en un parte oficial fechado el 12 de abril de 1984. La investigación judicial reveló también la llamada “Operación Prueba”, para el conocimiento de todos los elementos del proceso, lo que incluyó seguimientos al ministro en visita extraordinaria, intervención de sus teléfonos y acceso permanente al expediente. El ilícito en que incurrió Paredes como quienes lo ayudaron en el envío de esos antecedentes a quienes aparecían como sospechosos del crimen no fue sancionado en virtud de la prescripción. La misma estrecha colaboración operativa y de obstaculización a la justicia entre Investigaciones y la CNI quedó demostrada en el juicio por el asesinato de 12 personas en la llamada “Operación Albania”.

La buena vida en Papudo

La función de ayudante del director era motivo de envidia al interior de la institución. Aparte de comodidades y estatus con que contaban los asistentes de Paredes, éstos no habituaban cumplir turnos ni tareas operativas. Para los tiempos que se vivían, intensos en materia de lucha antisubversiva, no era poca cosa. Pero si Herrera ya podía sentirse afortunado, a mediados de los ’80, después de su paso por la Jefatura de Inteligencia Policial, recibió una designación que significó un premio aún mayor, además de una muestra de confianza excepcional. Paredes le confió la jefatura del nuevo cuartel policial de Papudo. Según coinciden diversas fuentes, el cuartel de Papudo fue abierto por Paredes por una razón muy personal. Aparte de que su hermano Julio era alcalde designado del balneario, el propio director de la policía civil tenía una casa de descanso en ese lugar. De hecho, el cuartel fue levantado frente a la casa de Fernando Paredes, quien al tiempo de la apertura del cuartel gestionó la construcción de cabañas para el descanso del personal. En Papudo había poco y nada que hacer en materia estrictamente policial. De acuerdo con las mismas fuentes, la tarea de Herrera y la decena de hombres asignados al cuartel –sin contar cocineros y jardineros- consistía en cuidar y mantener la casa del jefe policial, además de atenderlo en sus habituales visitas de fin de semana. En esos días era común que Paredes coincidiera en Papudo con el jefe de la Brigada Investigadora de Asaltos, Sergio ‘Chueco’ Oviedo, que tenía familiares en la zona y una panadería de nombre “Su Majestad”, y con el comandante del cuartel Borgoño de la CNI, Álvaro Corbalán, visitante frecuente del club de yates del lugar. Fue en Papudo que Arturo Herrera cultivó amistad con Fernando Paredes, la que se mantiene hasta hoy. Las visitas familiares entre ambos aún son frecuentes. Es probable que Herrera no olvide que quien le enseñó a jugar golf fue el propio Paredes, un deporte que le abrió las puertas de Cachagua y que le ha permitido practicarlo con empresarios y celebridades como el padre del ‘Chino’ Ríos. La vuelta de mano no se hizo esperar. Herrera fue el primer jefe de Investigaciones designado en democracia que facilitó el retorno del ex general a los actos oficiales de la institución. Atendiendo a sus oscuros antecedentes –que se arrastran desde que estuvo al mando de la Escuela de Caballería de Quillota en 1973, donde ocurrieron ejecuciones políticas-, tanto Horacio Toro como Nelson Mery prefirieron apartarlo del protocolo institucional. Hubo un segundo gesto de Herrera hacia Paredes. En febrero del año pasado el actual jefe policial reabrió el cuartel de Papudo, que había sido cerrado en la administración de Toro. En la decisión pudo haber influido un hecho personal: tras su designación, Herrera compró un departamento en Papudo que aún conserva.

El manto de la Masonería

Tras el fin del gobierno militar, Arturo Herrera ascendió en una carrera académica sin sobresaltos. A fines de los ’80, como vivía en La Florida e ingresó al Instituto Superior para optar al grado de subprefecto, fue destinado en media jornada a la comisaría de esa comuna. Después seguiría en cargos académicos hasta que, en 1997, fue designado director de la Escuela de Investigaciones y tres años después quedó al frente de la Academia Superior de Estudios Policiales, ASEPOL. Ambas designaciones fueron interpretadas como una jugada que Nelson Mery, ex director de la policía, ejecutó para preparar el ascenso de su sucesor a la dirección, lo que obligó al retiro de los siete mandos que lo antecedían. Ambos compartían filiación en la Masonería. Arturo Herrera pertenece a la Logia «Lealtad Nª 156». Fue allí donde hizo amistad con el abogado Andrés de la Maza, esposo de la ministra Gloria Ana Chevesich, fallecido en 2004. Una relación que le provocó más de un llamado de atención desde La Moneda en tiempos de Ricardo Lagos, cuando se supo de reuniones que ambos sostenían en el momento más álgido del proceso por las irregularidades en el ministerio de Obras Públicas. Cuando Herrera llegaba a la reunión del grupo en la casa de la Masonería de calle Marcoleta, dejaba sus presillas y reconocía el liderazgo de Andrés de la Maza. El ex esposo de la jueza Chevesich ostentaba el grado de maestro y era secretario de la Logia. La masonería ha seguido gravitando en el alto mando de Investigaciones. Los dos subdirectores de la institución, René Castellón y Luis Alarcón Adrián (segundo y tercero en el mando) son también masones. Pero no solo comparten ese lazo férreo y secreto. También una historia en común. Castellón perteneció a la Brigada Especial, la fuerza de elite que Fernando Paredes creó en 1982 para combatir la “amenaza subversiva” y cuidar de la seguridad personal del director y su familia. En esos mismos años duros Alarcón formó parte de la Brigada Investigadora de Asaltos, BIA, la otra fuerza creada para ayudar al combate a la subversión, en estrecho contacto con la CNI. Desde entonces Alarcón es cercano al ‘Chueco’ Oviedo, ex jefe de la BIA a quien le DEA acusó de tráfico de cocaína, lo que no fue impedimento para que llegara al tercer mando de la institución en democracia. Puede que su antigua amistad con Herrera, iniciada en la Comisaría de Las Condes en 1978, justifique el meteórico ascenso de Alarcón. Apenas Herrera llegó la dirección de Investigaciones, lo nombró jefe de gabinete. De allí pasó a la jefatura nacional de Inteligencia y luego a inspector general. Hoy es subdirector administrativo y controla un área tan sensible como las finanzas de Investigaciones. Y todo eso en cinco años. Las complicidades por el pasado no terminan ahí en el alto mando policial. La cuarta antigüedad, Óscar Gutiérrez, jefe de la Región Policial Metropolitana, integró también la Brigada Especial de Paredes. Lo mismo ocurre con el actual jefe de Inteligencia, prefecto inspector Héctor Puga, quien ha permanecido gran parte de su carrera en esta área, pasando sin contratiempos desde la dictadura a la democracia. Y en el estratégico cargo de Jefe Nacional de Comunicaciones figura el prefecto Carlos González, quien fuera uno de los escoltas favoritos del general Fernando Paredes. La influencia de este grupo en el mando es el que ha posibilitado que uno de los detectives vinculado al asesinato del estudiante de Periodismo Eduardo Jara a manos del Covema, José Marchant, sea hoy instructor del curso especial que creó Arturo Herrera para alumnos que teniendo una carrera profesional han optado por insertarse como oficiales de la policía. Todo eso es pasado. Para Herrera, que a los 57 años se acerca al fin de su mando, lo único que importa es la elección de presidente de la INTERPOL. Cinco meses lo separan de la meta.

Arturo Herrerra y los derechos humanos

Desde sus primeros pasos en la dirección de la Escuela de Investigaciones, Herrera decidió dictar clases de Ética y también de Derechos Humanos, cursos que sigue impartiendo hasta hoy. Su decisión respecto del segundo curso causó extrañeza entre quienes lo conocen bien. Y es que el caballo de batalla de Herrera ha sido siempre la modernización, en una línea de acción que implicó, desde que asumió la dirección de Investigaciones el 2 de octubre de 2003, reducir a su mínima expresión la dotación y los recursos destinados a terminar las investigaciones judiciales de los crímenes cometidos en dictadura. Si bien la tarea había sido acotada por su antecesor Nelson Mery a un pequeño equipo de excelencia, su decisión significó desarmar al equipo policial con la mayor experiencia, conocimiento y rigurosidad alcanzado por un país del Cono Sur en la materia una vez terminadas las dictaduras. Y lo hizo en la fase más delicada del proceso, el momento en que los ministros con dedicación exclusiva a juicios de derechos humanos asumían el fin de sus investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrió el secuestro de la víctima, su ejecución y el paradero de restos de desaparecidos así como de los responsables de cada una de esas etapas y de su exhumación ilegal. Era la etapa final, la de la preparación del cierre de los juicios para dictar los procesamientos. Y en el medio, al menos cuatro juicios en pleno desarrollo y con consecuencias relevantes para los institutos armados y para el país. Esa fue la situación que debieron asumir el ministro Víctor Montiglio, quien lleva el juicio por el secuestro y desaparición de la dirección del Partido Comunista desde la casa de calle Conferencia; el ministro Claudio Pavez, que investigaba la muerte del ex coronel de la DINA, Gerardo Huber, implicado en el hasta ahora no aclarado enriquecimiento ilícito de oficiales de Ejército por la venta de armas al exterior, entre los que se cuenta el tráfico de armas a Croacia; el ministro Alejandro Madrid, con el juicio por el secuestro y muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, y los cinco procesos laterales por asesinato de chilenos con utilización de armas químicas, lo que incluye la investigación de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva; y el proceso que sigue en Valparaíso la jueza Eliana Quezada por el asesinato del sacerdote Michael Woodward, que por primera vez llevó a prisión a altos oficiales en retiro de la Armada. La preocupación de Herrera por el desarrollo del juicio en Valparaíso, que constató judicialmente que en el buque escuela Esmeralda efectivamente se torturó, lo que durante 34 años había negado la Armada, podría adjudicarse a la incorporación de su hijo a la Escuela Naval. No así su actitud respecto a la investigación de la verdadera causal de muerte de Frei Montalva. Este último puede que sea el caso más controversial de todos para la seguridad nacional del país. Y ello, porque además de tener como meta dilucidar si efectivamente se utilizaron armas químicas para provocar su muerte, la investigación del ministro Madrid está develando que durante la dictadura Chile fabricó armas químicas, las vendió al extranjero y urge saber su paradero actual. Fue el propio Pinochet quien firmó un tratado internacional por el cual se comprometió a no fabricar esas armas prohibidas por la ONU. Aún así, el equipo que trabajaba en el caso se vio reducido a su mínima expresión. Y fue el propio senador Eduardo Frei quien debió apelar a su cooperación en entrevista personal para que las pesquisas no se debilitaran. Cuando el ministro Alejandro Madrid pidió a Uruguay la extradición de los tres militares de ese país vinculados al secuestro y muerte de Berríos, Herrera no ocultó entre su grupo más cercano su rechazo a la decisión del juez y su escepticismo. Y cuando finalmente la Corte Suprema uruguaya aprobó las extradiciones, ocurrió un hecho insólito: Arturo Herrera coordinó directamente con el Ejército el traslado y llegada de los inculpados, pasando por alto al ministro Madrid, quien se enteró por la prensa que los tres uruguayos ya estaban en Chile. Un segundo hecho cuestionable ocurrió poco después de que el estudio jurídico en el que trabaja el abogado Carlos Castro Vargas asumiera la defensa de los militares uruguayos en la Causa 7.981 del 6º Juzgado del Crimen. Nadie hasta hoy ha representado la incongruencia de que el abogado Castro, contratado por Herrera como asesor jurídico personal e institucional, además de hacer clases en la Escuela Policial, defienda a los tres militares uruguayos procesados por el secuestro y muerte de Eugenio Berríos y cuya complicidad con los mandos de Pinochet en la Operación Cóndor y otras materias de seguridad nacional está comprobada.

De La Florida a Los Dominicos

Poco después asumir la dirección de Investigaciones, Arturo Herrera abandonó su casa de los últimos años en La Florida para trasladarse al barrio alto de Santiago. Lo natural habría sido que habitara la casa institucional en calle Juan de Austria, en Las Condes, la misma que ocupó Nelson Mery durante su gestión. Pero no fue así. El nuevo director prefirió arrendar a costa de la institución una amplia propiedad en Camino del Alba, en Los Dominicos, la que tiene el estatus de cuartel. A lo anterior se sumó la adquisición de dos vehículos institucionales por $ 150 millones. La compra de fines de 2005 fue objetada por Contraloría al no contar con la toma de razón. No ha sido el único problema que ha tenido el director general de Investigaciones con los autos institucionales. El menor de sus hijos, el cadete naval Arturo Herrera Riveros, quien practica motocross, chocó una camioneta nueva del cuartel de Lo Barnechea, la cual le fue facilitada para que trasladara su moto de competencia. El director de la policía pagó de su cuenta personal los daños del vehículo fiscal. Herrera Riveros es uno de los cuatro hijos que tiene el director de la policía civil. Su hija menor siguió sus pasos y hoy es subcomisaria en la XI Región.

Ayer, miércoles 29 de octubre, a 34 años de los hechos, se dictaron las sentencias en contra de algunos de los autores materiales del asesinato de 6 chilenos y el secuestro y posterior desaparición de otros tres que ocuparon cargos de distinto nivel, entre ellos el entonces alcalde de Quillota, Pablo Gac, durante el gobierno del Presidente Allende y que, con posterioridad al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, habían sido detenidos o bien se habían presentado voluntariamente ante las nuevas autoridades militares de Quillota.

En esta columna, no me referiré a las condenas en sí, por lo demás bajísimas, si se considera la gravedad de los crímenes cometidos. Ello corresponde a los abogados de las víctimas, al Poder Judicial, pero sí quiero, apelando una vez más a que los pueblos sin memoria tienden a repetir sus errores, referirme al rol que jugaron medios de comunicación de la época al consignar el denominado "Asalto a la patrulla", acaecido la madrugada del 18 de enero de 1974.

Como es de conocimiento público, Pablo Gac, a la sazón alcalde de Quillota, Rubén Cabezas Parés, abogado, Levy Arraño Sancho, dirigente campesino, Víctor Fuenzalida, Manuel Hurtado, Osvaldo Manzano, Julio Loo Prado, Angel Díaz Castro y Hugo Aranda Bruna, quienes permanecían detenidos en la cárcel pública de esa ciudad, fueron sacados por efectivos del regimiento y de la Escuela de Caballería Blindada pasada la medianoche del 18 de enero de ese año desde sus lugares de reclusión y obligados a abordar 4 vehículos que iban resguardados por militares al mando del capitán Pérez Egert. En el silencio de la noche, la caravana enfiló por calle Yungay hasta Freire y, desde allí, al sector de San Isidro, donde se encuentra la Escuela de Caballería Blindada. A la altura del paso bajo nivel los vehículos detuvieron su marcha, y los prisioneros -todos maniatados y vendados- debieron descender uno a uno. A la señal de los oficiales, los soldados comenzaron a disparar sus armas y lanzar un par de granadas, simulando defenderse de un "ataque extremista" para luego apuntar a los cuerpos de los indefensos prisioneros. Todos murieron en el lugar, con excepción de uno que, malherido, fue rematado con un tiro en la nuca efectuado por el capitán Daniel Walker, quien se encargó de subir el cadáver de su víctima a uno de los camiones para llevarlo al regimiento.

Seis de los cuerpos sin vida fueron posteriormente sepultados en el cementerio local, sin que sus familiares, durante varios días, pudieran ni siquiera dejar una flor en sus tumbas: la autoridad militar de Quillota impidió, con guardia armada, que se acercara nadie al lugar. Tres cuerpos, incluídos el del alcalde Gac y del abogado Rubén Cabezas, habrían sido arrojados desde un helicóptero al mar, en la bahía de Quinteros, permaneciendo hasta hoy en calidad de detenidos desaparecidos.

Lo anterior quedó claramente establecido en el grueso expediente, que lleva la causa rol número 35.738, que instruyó la ministra en visita Gabriela Corti.
En días previos al asesinato de estas personas, cuyas familias aún viven en Quillota, una tranquila ciudad semi rural ubicada al interior de la Quinta Región, tuvo lugar una "reunión de carácter social", en la que connotados ciudadanos, civiles y militares, todos partidarios del golpe militar, habrían planificado la masacre. Civiles presentes en ese evento, habrían entregado listas de personas a las fuerzas militares.

Por su parte, la prensa local y nacional, una vez conocido el "intento de fuga y muerte de los extremistas", consignó el hecho, corroborando, por cierto, la versión de los militares. El Observador, en una suerte de crónica-editorial respecto del hecho, y que lleva la firma de su director, Roberto Silva Bijit, señala: "El asalto a la patrulla militar"…esa noche se escucharon muchos disparos y al otro día Quillota se levantó copuchando mil cosas. Todos tenían su versión de lo sucedido. Al mediodía me avisaron que en la morgue había varios cadáveres y que correspondían a los extremistas que habían intentado asaltar una patrulla. Me fui a la morgue, pero estaba cerrada. Subiéndome a unos cajones sólo pude ver, por ventanas de luz laterales, los cuerpos embarrados de tres personas sobre una mesa. No tenía a quien preguntarle nada. Carabineros no informó, Investigaciones dijo no saber nada. En la tarde ya tenía cuatro nombres. A las seis me llegó una declaración oficial de la Gobernación que decía textualmente:

El Gobernador Militar del Departamento de Quillota, se hace un deber de informar a la ciudadanía lo siguiente:
-Que en la madrugada de hoy 18 de enero de 1974, aproximadamente a las 01.00 horas, elementos extremistas atacaron sorpresivamente a la patrulla militar de la Escuela de Caballería que llevaba detenidos del Batallón de Ingenieros a ese recinto.
-Ante esta emergencia la Patrulla repelió el ataque y en medio de la confusión huyeron PABLO GAC y RUBEN CABEZAS.
-Como consecuencia del enfrentamiento, los siguientes detenidos, que también intentaron escapar, fueron dados de baja:
1.-HUGO HERNAN, ARANDA BRUNA
2.-JULIO ARTURO, LOO PARDO
3.-EDUARDO, MANZANO CORTEZ
4.-VICTOR ENRIQUE, FUENZALIDA FUENZALIDA
5.-ANGEL MARIO, DIAZ CASTRO
6.-MANUEL HERNAN, HURTADO MARTINEZ
-El ataque de los elementos extremistas se realizó con armas de fuego y objetos incendiarios, a consecuencia de lo cual resultó herido el Cdte. de la Patrulla, capitán FRANCISCO PEREZ E., y el jeep en que viajaban quedó totalmente destruido por la acción de proyectiles e incendios.
-Este Gobernador Militar insta a la población a mantener la calma, haciendo presente que esta acción de extremistas violentistas, a su juicio, no representa el sentir mayoritario de la ciudadanía, y lamenta que individuos irresponsables pretendan alterar la calma y la vida institucional.
-Este Gobernador Militar dispuso la Investigación Sumaria correspondiente, por el Fiscal Militar.
QUILLOTA, 18 de enero de 1974
ANGEL C. TORRES RIVERA
Coronel
Jefe Militar de Quillota y Gobernador"

A renglón seguido, el director de El Observador, Roberto Silva Bijit, reproduce 3 bandos militares que advierten "a la población del Departamento del peligro de hospedar en sus casas a personas cuyos antecedentes no sean conocidos, ya (sic) puede tratarse de prófugos de la justicia o elementos extremistas". El mismo director de ese medio de comunicación -que nació en Quillota y hoy también se distribuye en Viña del Mar y Valparaíso, entre otras ciudades- acota en la misma crónica-editorial en comento : "como esto fue un viernes, inmediatamente copié el bando en unas cartulinas y lo coloqué en la plaza para informar. Estuvo allí hasta el sábado hasta el mediodía". La pregunta es -entre muchas otras- ¿corresponde a un director de un medio de comunicación darse la tarea de ir a pegar los bandos militares recibidos a la plaza de la ciudad?.

Pero sigamos…
El Observador continúa. Cito textual: "De Gac y Cabezas nunca más se supo. La gente, que siempre hace chistes de todo, decía que habían encontrado a Gac "sin cabeza". Se cree que están en el extranjero y cuentan que Rubén Cabezas estaría en Punta del Este (Uruguay)…"

Y prosigue: "Muchos mal hablados dijeron que los militares habían hecho un autoatentado para eliminar a seis extremistas detenidos. Los hechos -añade Roberto Silva Bijit- dicen una cosa muy diferente: primero, a los militares no les interesa liquidar gente que pueden -como lo están haciendo- sacar del país; segundo, el corazón de las esposas no engaña y se las ha visto que ya no tienen la desesperación que tuvieron los ocho primeros días, lo cual indica que recibieron alguna noticia; los cuerpos los vi embarrados, lo que prueba una fuga por entre las plantaciones que hay junto al camino que va a la Escuela de Caballería en los momentos en que sus compañeros intentaban rescatarlos. Los que murieron viajaban en un vehículo adelante y los otros dos en uno de atrás…"

Y remata: "los extremistas que fueron dados de baja cuando trataban de fugarse, habían estado en el Lebu y otros habían sido detenidos hacía poco. La Fiscalía Militar los hizo traer a Quillota para ser juzgados y los juicios se habían iniciado, contando los acusados con conocidos abogados de Quillota para su defensa. El Gobernador Torres estaba procediendo no sólo con la decisión militar que coresponde, sino también con la capacidad y valentía que le son características".

Hasta ahí la "información" publicada por El Observador y su director, Roberto Silva Bijit, en relación al falso asalto a la patrulla, que terminó con la vida de 9 personas. Si usted no siente que se le revuelve el estómago, a la luz de las investigaciones llevadas a cabo por tribunales competentes, a mí sí. Pero desglosemos un poco lo consignado por El Observador y los comentarios o reflexiones de Roberto Silva en cuanto al caso:

Roberto Silva, en medio de la tragedia que afectaba a muchos de sus vecinos en Quillota, se mofa de quien fuera alcalde (Pablo Gac) y de sus familias, al igual que de Rubén Cabezas, al hacerse eco de un "chiste" que, según Silva, circulaba por las calles de esa comuna en 1974. No solamente eso. También valida que Cabezas podría hallarse en Uruguay. Posteriormente, "interpreta" el sentir de los militares cuando expresa que éstos no necesitan liquidar gente pues las estarían sacando del país. Tal vez lo más aberrante es su absoluta incapacidad de compasión para con las esposas e hijos de las víctimas, cuando postula que ya no se les ve tan desesperadas ¡como hace ocho días!, lo que indicaría que "recibieron alguna noticia". Y como si eso fuera poco, Roberto Silva Bijit -de quien desconozco si fue llamado a declarar por el caso al cual él se refiere, conociendo tanto detalle- asevera que vio los cuerpos embarrados, lo que constituiría una prueba de un intento de fuga "por entre las plantaciones…" Afirma, por último, que "los que murieron viajaban en un vehículo adelante y los otros dos en uno atrás…".
¡Definitivamente, vomitivo!

Estimad@ lector@:
Uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia reciente es la actitud cobarde, servil, colaboracionista y canalla de muchos civiles que ayudaron a reprimir, asesinar, hacer desaparecer y delatar compatriotas. Lo peor del caso, no son solamente quienes trabajaron para los servicios de seguridad del régimen de Pinochet, sino aquellos que por su investidura o, al menos, responsabilidad como periodistas o dueños/directores de medios de comunicación no sólo ocultaron la verdad, también ayudaron a construir una gran mentira, justificaron asesinatos y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Hoy, los mismos personajes se pasean por las mismas calles por donde alguna vez transitó Pablo Gac, Rubén Cabezas y sus compañeros de infortunio camino a una muerte vil. Son esos personajes los que aparecen en cenas de gala, transmiten y colaboran con la Teletón, asesoran comunicacionalmente a candidatos o políticos, intentan dictar cátedra de solvencia moral y presumen de saber cómo dirigir una ciudad o una región.
Desde este humilde blog, yo acuso a Roberto Silva Bijit y al periódico El Observador de ser cómplices intelectuales y encubridores del crimen de Quillota al tergiversar y mentir los hechos; acuso a El Mercurio y Copesa, así como a aquellos periodistas y seudoperiodistas que se prestaron para concretar y justificar esa infamia llamada dictadura; de complicidad en la tragedia de Chile e insto, en mi calidad de ciudadano, a que se haga justicia.

Los cinco imputados fueron castigados con 10 años de prisión.

En enero de 1974 nueve personas fueron asesinadas bajo el pretexto de la "Ley de Fuga".

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aumentó a 10 años de prisión las condenas a cinco militares en retiro por su participación en la muerte de nueve opositores a la dictadura en la llamada "Masacre de Quillota", en enero de 1974.

Según informaron fuentes judiciales, la sentencia de segunda instancia del tribunal de alzada porteño establece la reclusión efectiva sin beneficios para los ex uniformados.

La denominada "Masacre de Quillota" se remonta al 18 de enero de 1974 cuando militares inventaron la fuga de nueve prisioneros que luego fueron ejecutados a balazos bajo el puente San Isidro de Quillota.

Los cinco condenados son el entonces gobernador militar de Quillota, Angel Custodio Torres; el director de la Escuela de Caballería Blindada de Quillota, Sergio Arredondo, y los uniformados en retiro Francisco Pérez Egert, Daniel Walter Ramos y Leonardo Quilodrán.

Angel Custodio Torres y Sergio Arredondo ya fueron condenados por un juez en primera instancia a seis años de presidio efectivo el año pasado, mientras que los tres uniformados en retiro recibieron condenas a cinco años de presidio remitido.

De este modo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso aumentó las condenas de los militares, sentencia que fue acogida con satisfacción por Karina Fernández, abogada del programa de DD.HH. del Ministerio del Interior.

"Dada la envergadura del daño que sufrieron las víctimas y sus familiares, el subir las penas y elevarlas a 10 años, a nosotros nos parece que al tratarse de desapariciones forzadas y homicidio nos deja conformes, porque se ha subido las penas a estos cinco condenados", precisó.

El ex teniente general Sergio Arredondo fue sentenciado a cinco años de prisión al igual que al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blibndada, Ángel Torres Rivera, mientras que el excapitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el oficial retirado Daniel Walker Ramos y el exsuboficial Leonardo Quilodrán Burgos a cuatro años.

Cinco militares en retiro, que en 1974 asesinaron a nueve opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron beneficiados con el régimen de libertad vigilada para el cumplimiento de sus penas, informaron este viernes fuentes judiciales.

En la sentencia definitiva del caso, publicado en la página oficial del Poder Judicial, la II Sala Penal de la Corte Suprema condenó a cinco años de prisión a dos inculpados y a cuatro años a otros tres y a todos los otorgó el señalado beneficio.

El caso, conocido como "asalto a la patrulla" y ocurrido el 18 de enero de 1974, consistió en sacar de la cárcel de la ciudad de Quillota, a 100 kilómetros al norte de Santiago, a nueve presos políticos, miembros del Partido Socialista, y masacrarlos en las cercanías de la Escuela de Caballería Blindada, del Ejército.

La versión de las autoridades de la época señaló que "elementos extremistas" atacaron a una patrulla que trasladaba detenidos a la citada escuela.

Entre las víctimas estaban Pablo Gac, alcalde de Quillota hasta el 11 de septiembre de 1973, y Rubén Cabezas, un conocido abogado de la ciudad, cuyos cadáveres nunca fueron encontrados y que, según la versión oficial, habían aprovechado el ataque a la patrulla para fugarse.

Según declaró en el proceso el ex teniente coronel Sergio Arredondo González, uno de los condenados, los cadáveres de ambos fueron subidos a un helicóptero y lanzados al mar frente a la bahía de Quinteros, a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago.

Los cadáveres de las otras víctimas, Levy Arraño, Víctor Fuenzalida, Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Ángel Díaz, Osvaldo Manzano y Arturo Poo Prado, fueron sepultados en el cementerio local y durante muchos días, patrullas armadas impidieron acercarse al lugar a sus familiares.

Treinta y siete años después, la Corte Suprema sentenció a cinco años de prisión al mencionado Sergio Arrendondo y al entonces comandante de la Escuela de Caballería Blibndada, Ángel Torres Rivera.

Sergio Arrendondo fue además integrante de la llamada "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile y ejecutó a unos 75 presos políticos que también fueron sacados de las cárceles y masacrados en lugares apartados.

A cuatro años fueron condenados el excapitán Francisco Javier Pérez Egert, jefe de la patrulla que sacó a los presos de la cárcel, el oficial retirado Daniel Walker Ramos y el exsuboficial Leonardo Quilodrán Burgos.

A todos el máximo tribunal chileno les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En el aspecto civil, el tribunal determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar de manera solidaria una indemnización de treinta millones de pesos (unos 63.800 dólares) a cada uno de los grupos familiares de las víctimas.

No obstante, rechazó al mismo tiempo una demanda en contra del Fisco de Chile, por razones de incompetencia del tribunal.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), murieron a manos de agentes del Estado unos 2.300 opositores, de los cuales 1.195 permanecen aún en condición de detenidos desaparecidos.

El 17 de septiembre de l973, se presentó al ser requerido mediante un Bando Militar, Manuel Roberto Cortázar Hernández, 20 años, estudiante secundario, dirigente estudiantil y militante del MIR. Quedó detenido en la Cárcel de Copiapó, lugar desde el cual fue trasladado al Regimiento de esa misma localidad, el 2 de octubre y fusilado el 17 de Octubre de 1973.

El 17 de septiembre de 1973 es detenido en su lugar de trabajo por efectivos militares de una de las Unidades acantonadas en Quillota Osvaldo Mario Manzano Cortéz, 32 años, obrero textil, Presidente del Sindicato de Rayón Said, militante del MIR. El día 18 de enero de 1974, seis destacados dirigentes sociales de Quillota fueron ejecutados por personal de la Escuela de Caballería de dicha ciudad, entre ellos estaba Osvaldo Mario Manzano Cortéz.

A cuarenta y un años del golpe de Estado, y con ocasión de la inauguración del Memorial en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago, fue necesario determinar los nombres de los estudiantes de Derecho, de los egresados, y de los abogados que fueron asesinados, ejecutados, o desaparecidos como resultado de la represión política de la dictadura empresarial-militar. Esta recopilación, e investigación aún en curso, correspondiente a veinticuatro víctimas con causa de muerte es la primera aproximación a los efectos de esa represión dirigida a personas vinculadas al estudio o a la práctica del Derecho. No se incluyen aquí los nombres de las decenas de estudiantes de Derecho, egresados, y abogados que, siendo detenidos y muchos de ellos torturados, pudieron sobrevivir.

De particular importancia es determinar donde cursaron sus estudios de Derecho el grupo de seis abogados nombrados al término de esta recopilación. Si existen datos útiles a ese fin ruego hacerlos llegar a quien firma esta nota.

1. ESTUDIANTES DE DERECHO Y ABOGADOS DESAPARECIDOS, EJECUTADOS O ASESINADOS POR LA DICTADURA EMPRESARIAL-MILITAR VINCULADOS A LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN SANTIAGO.

ESTUDIANTES:
Cecilia Gabriela Castro Salvadores, 23 años, estudiante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago, integrante del MIR, detenida el 17 de noviembre de 1974 por la DINA, llevada a José Domingo Cañas y a Villa Grimaldi, desde donde desaparece.

Ismael Darío Chávez Lobos, 22 años, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago, integrante del MIR, detenido por la DINA el 26 de julio de 1974 y llevado a Londres 38 desde donde desaparece.

Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, 25 años, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile en Santiago, integrante del MIR, detenido el 15 de julio de 1974 por agentes de la DINA que lo llevan a Londres 38, recinto desde donde desaparece.

Patricio Munita Castillo, 22 años, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile en Santiago, integrante del MIR, detenido el 13 de diciembre de 1973 en la Iglesia Los Capuchinos por Carabineros y personal de civil. Ejecutado al día siguiente, 14 de diciembre.

Juan Ramón Soto Cerda, 31 años, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago, militante del Partido Socialista que había sido forzado a abandonar los estudios por ser intensamente buscado por la DINA y después por la CNI; asesinado y su cuerpo calcinado por la CNI el 10 de noviembre de 1981 tras haber sido detenido el día anterior.

ABOGADOS:
Carlos Berger Guralnik, 30 años, abogado y periodista egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago, militante del Partido Comunista, Director de la Radio El Loa de Calama y Jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamata, detenido el 11 de septiembre de 1973 y asesinado el 19 de octubre por efectivos del Ejército en el camino Calama-Antofagasta (Caravana de la Muerte).

Arnoldo Camú Veloso, 36 años, abogado y asesor jurídico de la Presidencia de la República, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago, militante del Partido Socialista e integrante de su Comité Central, detenido el 24 de septiembre de 1973 por civiles armados que lo hieren a bala, fallece en la Posta Central el mismo día.

Roberto Guzmán Santa Cruz, 35 años, abogado, asesor de Compañía Minera Santa Fe, militante del MIR, fundador del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER).  Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago.  El 14 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente a la Comisaría de Incahuasi, desde donde fue llevado a la Cárcel de La Serena.  Asesinado el 16 de Octubre de 1973 (Caravana de la Muerte).

Orlando Letelier del Solar, 44 años, abogado, Embajador de Chile en Estados Unidos, Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa durante el período del Presidente Allende.  Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago.  Militante del Partido Socialista, asesinado el 21 de septiembre de 1976 en Washington, D.C., por agentes de la DINA que instalan una bomba en su automóvil.

Sócrates Ponce Pacheco, 30 años, de nacionalidad ecuatoriana y abogado del Ministerio de Vivienda.  Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago.  Ex Presidente de los Alumnos Extranjeros en la Universidad de Chile.  Representante en Chile del Partido Socialista Ecuatoriano. Detenido el 11 de septiembre de 1973 en su oficina desde donde es llevado al Regimiento Tacna y posteriormente al Estadio Chile, lugar donde es ejecutado el día 13 de septiembre.

Reinaldo Salvador Poseck Pedreros, 49 años, abogado, Jefe Zonal del Instituto de Desarrollo Agropecuario en Chillán. Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago.  Militante del Partido Socialista detenido el 7 de octubre de 1973 por efectivos militares, llevado al Regimiento de Infantería de Montaña # 9 y después a la 2a. Comisaría de Carabineros.  Desaparece el 9 de octubre desde el Hospital Regional de Chillán donde había sido llevado a causa de un paro cardíaco sufrido por las torturas recibidas.

Arsenio Poupin Oissel, 38 años de edad, abogado. Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago.  Subsecretario General de Gobierno, militante del Partido Socialista e integrante de su Comité Central, detenido en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, llevado al Regimiento Tacna, desde donde desaparece el 13 de septiembre.

Littré Quiroga Carvajal, 33 años, abogado. Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago.  Director del Servicio Nacional de Prisiones, militante del Partido Comunista detenido el 11 de septiembre de 1973 y llevado al Regimiento Blindado # 2, al día siguiente es trasladado al Estadio Chile, donde es ejecutado el día 15 de septiembre.

Carlos Helen Salazar Contreras, 46 años, abogado y profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago.  Militante del Partido Socialista detenido el 5 de octubre de 1973, fecha en que es llevado al Estadio Nacional donde muere el día 11 de octubre como consecuencia de “una asfixia por ahorcamiento”.

José Tohá González, 55 años, abogado y periodista. Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago. Ministro del Interior y de Defensa durante el período de Gobierno del Presidente Allende, militante del Partido Socialista detenido el 11 de septiembre al salir del Palacio de La Moneda, llevado sucesivamente a la Escuela Militar, a la Isla Dawson, al Hospital de Punta Arenas, y al Hospital Militar de Santiago donde es asesinado el 15 de marzo de 1974.

2. ESTUDIANTES, EGRESADOS, Y ABOGADOS DE OTRAS ESCUELAS DEL PAÍS:
Jaime Emilio Eltit Spielmann, 27 años, egresado de Derecho de la Universidad de Concepción, militante del Partido Radical detenido el 6 de octubre de 1973 y llevado al Regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparece el 12 de octubre.

Silvio Vicente Pardo Rojas, 27 años,  estudiante de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso.  Militante del MIR detenido el 4 de abril de 1974 por efectivos de la Armada, desaparece desde el Cuartel Silva Palma en Valparaíso, perteneciente a la Infantería de Marina.

Rubén Guillermo Cabezas Pares, 46 años, abogado y fiscal de la CORA, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso, ex Presidente de la Federación de Estudiantes de Valparaíso, militante del Partido Socialista detenido el 17 de enero de 1974 en su oficina de Quillota por efectivos del ejército, llevado al Regimiento de Infantería Aconcagua # 2, desde donde fue sacado por una patrulla de la Escuela de Caballería. 

3. EGRESADOS DE DERECHO Y ABOGADOS SIN INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ESCUELA EN LA CUAL CURSARON SUS ESTUDIOS:
Fernando Álvarez Castillo, 40 años, egresado de Derecho, Intendente de la Provincia de Concepción.  Militante del Partido Comunista detenido el 11 de septiembre de 1973, muerto en tortura el 8 de noviembre en la Cuarta Comisaría de Concepción.

Osvaldo Vallejo Ferdinand, 38 años, egresado de Derecho, asesor del interventor en la fábrica Airolite, militante del Partido Socialista detenido el 20 de septiembre de 1973 por carabineros y llevado a la 5a. Comisaría de Santiago.  Ejecutado por sus captores el 22 de septiembre.

Julio César Cabezas Gacitúa, 45 años, abogado, Fiscal del Consejo de Defensa del Estado y Jefe del Servicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados en Iquique. Sin militancia política, se presentó voluntariamente a las autoridades de facto el 14 de septiembre, fue llevado a Pisagua donde fue ejecutado el 10 de octubre.

León Eduardo Celedón Lavín, 33 años, abogado de la Corporación de Obras Urbanas, no registra militancia política, herido a bala y detenido por Carabineros el 30 de septiembre de 1973, falleció el día 2 de octubre.

Fernando Abraham Valenzuela Rivera,  39 años, abogado, Secretario de la Fiscalía de la Corporación de Fomento (CORFO), militante del MIR y miembro de su Comité Central, asesinado por la DINA el 19 de noviembre de 1974.

Guillermo Pinto Viel, 82 años, abogado, simpatizante del Partido Socialista, detenido y llevado a la Cárcel de Isla Teja en Valdivia, donde fue objeto de torturas.  Debido a su avanzada edad y deplorable condición física fue posteriormente llevado al Hospital Kennedy de Valdivia, donde muere el 23 de noviembre de 1973 debido a los malos tratos recibidos.

por Pedro Alejandro Matta

Nadie duda que toda ‘historia oficial’ la escribe el vencedor. En esas páginas los ‘héroes’, los ‘buenos y honrados’ pertenecen al bando triunfador; los otros, los perdedores, definitivamente  forman parte del lote de ‘los malos’, de los olvidados.

Eso ocurrió con los ‘vencedores de septiembre’; escribieron la historia oficial de acuerdo a sus intereses y propósitos, echando tierra sobre quienes quisieron detener la tragedia desde el interior mismo de las fuerzas armadas y, en algunos casos, pagaron con sus vidas tal intento.

En la medianoche del día 26 de julio de 1973, el Edecán Naval del presidente Salvador Allende, comandante Arturo Araya Peeters, fue asesinado por un francotirador que le disparó desde algún lugar frente a su domicilio. Se trató de un asesinato planificado para ir sentando, al interior de la marina de guerra, los principios que regirían el sanguinario golpe de estado del martes 11 de septiembre. Fue el segundo aviso entregado por los sediciosos y golpistas de ultraderecha (el primero había sido el asesinato del general René Schneider el año 1970).

El golpe de estado fracturó definitivamente a las fuerzas armadas, ya que no es completamente cierto aquello que asegura la mentada ‘historia oficial’ en cuanto a la publicitada ‘unidad interna’ decidida a prostituir juramentos y emporcar su propia dignidad.

Hace escasos días, falleció el comandante (FACH) Ernesto Galaz, detenido y torturado por ser leal a la Constitución. En entrevista concedida el año 2013 al diario El Mercurio, afirmó que “antes del 11 de septiembre de 1973, entre la oficialidad de las Fuerzas Armadas había un 10% que se oponía a un movimiento militar contra el gobierno de Salvador Allende y otro 10% de los oficiales tenía ‘una inquina enorme’ contra la UP. El 80% restante, era gente que no apoyaba ni a unos ni a otros, y después de ese día se quedaron con los que ganaron”.

Otro general constitucionalista, Joaquín Lagos Osorio, abandonó el ejército en 1974, a pocos meses de las matanzas del norte de Chile. Fiel a los principios de un militar de la vieja guardia, el uniformado pasó a retiro espantado por los atropellos a los derechos humanos que le tocó presenciar. Así, a partir de octubre de 1973 se convirtió en uno de los militares disidentes que más pruebas poseía respecto a que Pinochet tenía responsabilidad penal sobre la muerte de 56 personas en el norte de Chile -el caso de la caravana de la muerte-, que tuvo al ex dictador chileno a las puertas de ser sometido a proceso.

Hubo muchos uniformados que sufrieron torturas y encarcelamiento por negarse a participar en hechos luctuosos y en el golpe mismo. No todos fueron oficiales, también hubo conscriptos, como el caso del soldado Michel Selim Nash que se negó a obedecer órdenes de oficiales golpistas; sufrió brutales torturas y murió fusilado en Pisagua en octubre de ese mismo año 1973.

La lista de héroes del ejército continúa con casos de valientes uniformados que se enfrentaron a los golpistas defendiendo la Constitución, las leyes y la democracia. Estos son algunos de esos bravos hombres.

   Capitán Osvaldo Federico Heyder Goycolea, asesinado en 1975 por la DINA

   Luis Iván Lavanderos Lastate, Mayor (37 años), asesinado el 18 de octubre de 1973 en Santiago, presumiblemente por auxiliar a prisioneros del Estadio Nacional.

   Cabo 2° Manuel Nemesio Valdez, detenido el 18 de noviembre de 1974 en Escuela de Caballería de Quillota. Detenido Desaparecido.

   Juan Calderón Villalón, Oficial de Marina. Asesinado el 29 de septiembre de 1973 en Pisagua. ?

   Juan Jiménez Vidal, Oficial de Marina. Asesinado el 29 de septiembre de 1973 en Pisagua.

   Alberto Salazar Briceño, Oficial (R) de la Armada. Asesinado el 23 de junio de 1979 en Concepción. ?

   Juan Cárdenas, sargento, torturado y exiliado. ?

   Rodolfo Alfaro Repfening, Sub-Oficial, torturado, dado de baja y exiliado

   Víctor López, detenido, torturado y exiliado. Luego, junto a otro ex marino también torturado y exiliado –Hugo Maldonado- formó COPEA (Coordinadora del Personal Exonerado de la Armada).

Entre las víctimas (torturadas, expulsadas de la institución, e incluso –algunas- asesinadas) pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile (FACH) se encuentran:

   Alberto Bachelet, padre de la presidente Michelle Bachelet, muerto durante el periodo de privación de libertad.

   General Jorge Poblete.

   Coronel Carlos Ominami Daza, padre del ex senador Carlos Ominami.

   Coronel Rolando Miranda.

   Capitán Jorge Silva.

   Capitán Ernesto Galaz

Además, un total de 150 carabineros ‘constitucionalistas’ fueron exonerados o dados de baja por la institución. Varios de ellos detenidos y torturados. Y en la Policía de Investigaciones también hubo decididos defensores de la Constitución y las leyes, como fue el caso del Prefecto Juan Bustos, detenido en abril de 1974 y asesinado por la DINA el 2 de mayo de  ese mismo año. Antes de aquello, el subprefecto Raúl Bacciarini había sido fusilado el 22 de septiembre de 1973 junto a otras cinco personas en el puerto de San Antonio.

En el año 1977, de los  los 24 generales de ejército que habían participado en el golpe de estado junto a Pinochet, sólo 5 quedaban en servicio activo. Todos aquellos que podían “hacerle sombra” al dictador (como el general Óscar Bonilla Bradanovic, por ejemplo) habían sido llamados a retiro… o habían muerto en circunstancias extrañas, en las que siempre estaba presente la mano del coronel ‘Mamo’ Contreras y la DINA.

Pero los “héroes de septiembre”, los verdaderos, no fueron solamente uniformados. Los componentes de la Junta Militar golpista, Pinochet, Merino, Leigh y Mendoza, apostaban por el exterminio total de toda huella de izquierdismo, y con mayor razón si este había mostrado rasgos de heroicidad en los enfrentamientos con las tropas regulares del ejército, la fuerza aérea, la armada y carabineros.

La heroica defensa de La Moneda el martes 11 de septiembre de 1973, fue uno de los hechos que los cuatro generales golpistas deseaban evitar que llegase a conocimiento de la opinión pública.

Veintiún civiles, mal y escasamente armados, mal entrenados la mayoría de ellos (o sin entrenamiento militar ninguno, en el caso de los asesores del Presidente), aislados y carentes de apoyo logístico, no sólo mantuvieron a raya durante seis horas a tres regimientos completos que atacaban armados con ametralladoras, bazukas y tanques  (Tacna, Buin y Blindado), sino, además, provocaron bajas severas en las filas uniformadas disparando desde los balcones de La Moneda, ayudados exclusivamente por una decena de francotiradores leales al gobierno, apostados en los edificios aledaños a la Casa de Toesca.

‘La Guardia no abandona al Presidente’ (al menos, una parte de ella lo cumplió a cabalidad –detectives– ya que la otra parte –carabineros– se retiró del lugar a media mañana), y el GAP tampoco abandonó… esos fueron los héroes de La Moneda que defendieron con sus vidas la institucionalidad democrática, la Constitución Política y la Presidencia de la República (olvidados y menospreciados por las dos coaliciones que conforman el duopolio: Chile Vamos y Nueva Mayoría).

Quizá, debido a la vergüenza, el coronel Joaquín Ramírez quería ‘fusilar en el acto’, allí, en calle Morandé, a los defensores de La Moneda, quienes por irrestrictas órdenes del Presidente de la República habían depuesto las armas.

Los 21 prisioneros fueron fusilados en Peldehue (Fuerte Arteaga) el 13 de septiembre de 1973. Sus restos en sacos –según el testimonio del suboficial Eliseo Cornejo, testigo de los luctuosos sucesos– habrían sido lanzados al mar desde un helicóptero Puma.

La Historia ya está recogiendo estos eventos junto a muchos nombres de valientes defensores de la democracia y de la Constitución. Ellos son los verdaderos “héroes” de septiembre.

La abrió el juez Juan Guzmán, que ya lo procesó por la Caravana de la Muerte Es por el hecho conocido como La matanza de Quillota En 1974, ocho personas fueron ejecutadas dentro de un regimiento

El juez Juan Guzmán Tapia, que sometió a proceso a Augusto Pinochet a fines de enero, abrió una nueva investigación en contra del ex dictador por el caso conocido como "La matanza de Quillota", en la que ocho personas fueron ejecutadas en la Escuela de Caballería de esa localidad, y cuyos cuerpos no fueron entregados a sus familiares.

Aunque el magistrado declaró días atrás que siente "cariño" por Pinochet, el magistrado sigue adelante con las 234 querellas criminales contra el hombre que condujo a Chile con mano de hierro desde 1973 a 1990.

Dentro del predio militar de Quillota, ubicado a 125 kilómetros al noreste de Santiago, fueron asesinados el ex alcalde quillotense, Pablo Gac; el fiscal de la Corporación de Reforma Agraria, Rubén Cabezas; el jefe del Departamento Técnico de la Cora, Víctor Fuenzalida; el empleado de la Tesorería, Manuel Hurtado; los obreros textiles Osvaldo Manzano y Julio Loo; y los dirigentes comunales Angel Díaz y Hugo Aranda.

Los militares argumentaron entonces que esos hombres habían intentado atacar una patrulla, en tanto otra versión les adjudicó haber querido fugarse una vez que fueron detenidos. Sin embargo, el Informe Rettig constató que tal versión era inverosímil, sobre todo por tratarse de personas desarmadas, y estableció que los presos murieron en la Escuela de Caballería de Quillota. La Comisión Rettig fue creada en 1990 por el gobierno del entonces presidente Patricio Aylwin, y tras un año de investigaciones concluyó que la dictadura había dejado 3.197 víctimas, de las cuales más de mil eran desaparecidas.

"La matanza de Quillota" ocurrió el 18 de enero de 1974, cuando la unidad militar estaba a cargo del coronel Sergio Arredondo, quien fue nombrado por Pinochet el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta, en los momentos que integraba la temida Caravana de la Muerte, que ya había dejado tras su sangriento paso 75 muertos.

El juez Guzmán, quien procesó a Pinochet por su responsabilidad en esos crímenes, recibió el viernes los antecedentes proporcionados por familiares del abogado Rubén Cabezas, una de las víctimas de Quillota. Las familias de los asesinados sostienen que los cuerpos de sus seres queridos fueron enterrados por los militares en dicha unidad.

El 26 de diciembre de 1991, un juez intentó ingresar al regimiento pero fue impedido por personal militar que incluso colocó tanques a su entrada. El magistrado Raúl Beltramí procesó por desacato al comandante de la Escuela de Caballería, coronel Francisco Pérez, pero la causa fue cerrada por la justicia militar que aplicó la amnistía. La orden para impedir el ingreso del juez fue dada por el auditor del Ejército, general Fernando Torres, quien habría recibido instrucciones a ese respecto de Pinochet.

El ex dictador, de 85 años, está bajo arresto en su finca veraniega de Los Boldos, 140 kilómetros al noroeste de Santiago, donde espera ser sobreseído por su deteriorada salud y por una demencia moderada que lo aqueja.

Según la resolución del ministro en visita del caso desde las propias declaraciones del militar, ayudante del director del antiguo Hospital Militar de Santiago, "fluyen cargos fundados para estimar que le ha cabido a éste participación como encubridor del delito de homicidio calificado".

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Eduardo Vázquez Plaza, sometió a proceso al retirado militar Jorge Luis Chovan Gahona, en calidad de encubridor del delito consumado de homicidio calificado del exministro y militante del Partido Socialista José Tohá González.

En la resolución, el ministro Vázquez Plaza estableció que en el proceso existen antecedentes suficientes, incluida la declaración del exmilitar y ayudante del director del hospital castrense a la época de los hechos, para estimar que le ha cabido participación, en calidad de encubridor, en el delito de homicidio calificado del ministro de las carteras de Interior y Defensa del gobierno de Salvador Allende, en hechos que tuvieron lugar en marzo de 1974 en el recinto de Providencia en el que actualmente funciona el Hospital Metropolitano.

Con los antecedentes probatorios recopilados en la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita dio por legalmente justificados, en esta etapa procesal, que Tohá fue detenido el 11 de septiembre de 1973, llevado al Ministerio de Defensa, trasladado a la Escuela Militar y unos días después enviado, junto a otros personeros del gobierno depuesto, a la ciudad de Punta Arenas, desde donde fueron llevados al campo de prisioneros que se instaló en la isla Dawson. A fines de enero o principios de febrero de 1974, fue requerido por el fiscal de la Fiscalía de Aviación en el marco de una investigación y fue trasladado, junto a otros detenidos, hasta Santiago, siendo conducido a la Academia de Guerra Aérea, desde donde fue llevado al Hospital de la Fuerza Aérea por su estado de salud.

Según consta en proceso los primeros días de febrero de 1974, José Tohá González fue trasladado hasta el Hospital Militar de Santiago, lugar en el que se le mantuvo en calidad de detenido incomunicado, en la habitación 303, en un sector del hospital ubicado en el tercer piso donde estaban los detenidos por razones políticas. Ese sector estaba separado del resto del hospital, con una guardia permanente de conscriptos que provenían de la Escuela de Caballería de Quillota y un cabo enfermero, siendo monitoreado por la sección de Seguridad del referido hospital al mando de un oficial de Inteligencia y un auxiliar, quienes visitaban a los prisioneros periódicamente. En dicho sitio, José Tohá González fue interrogado por el fiscal de aviación, además de ser trasladado en más de una oportunidad a la Academia de Guerra Aérea para ser interrogado, periodo en el cual fue víctima de actos crueles y degradantes, a pesar de su menoscabado estado de salud. Estaba en un evidente estado de desnutrición, pesaba alrededor de 49 kilos y medía 1,92 metros de estatura.

El viernes 15 de marzo de 1974, alrededor del mediodía, en circunstancias que uno de los soldados conscriptos le fue a dejar el almuerzo a su habitación, lo encontró muerto, con su cuello unido con un cinturón de 90 centímetros a una cañería que pasaba por el interior del closet de su pieza, en suspensión incompleta, con su brazo derecho apoyado sobre una de las repisas del closet de la habitación, con sus pies flectados sobre el piso. Ese mismo día y, en una de las dependencias del Hospital Militar de Santiago, personal del Servicio Médico Legal procedió a realizar una autopsia a la víctima, concluyendo que su fallecimiento se produjo por asfixia por ahorcamiento de tipo suicida. El médico criminalista que revisó a la víctima en el sitio del suceso, Alfonso Chelín, mantuvo siempre que su muerte se debió a intervención de terceros, que concluyó en un estrangulamiento con simulación de suicidio, por la existencia de un surco completo en su cuello, la ruptura de un quiste sebáceo por compresión que no pasaría en un ahorcamiento, el estado físico en que se encontraba, y la mayor estatura de José Tohá, lo que hacía imposible la tesis del suicidio.

Para el ministro Vázquez Plaza los hechos constatados en la investigación “permiten concluir fundadamente que la muerte de José Tohá González fue producto de la acción de terceros mediante el ahorcamiento, en alguna hora de la mañana del día viernes 15 de marzo de 1974, hechos que son constitutivos del delito de homicidio calificado”.

“De los mismos antecedentes consignados en el numeral primero, sumado a las propias declaraciones de Jorge Luis Chovan Gahona de fojas 543 y 2856, fluyen cargos fundados para estimar que le ha cabido a éste participación como encubridor del delito de homicidio calificado”, se añade en la resolución.

Además el juez ordenó arraigo y prisión preventiva para Chovan en calidad de encubridor del delito de homicidio calificado. La referida prisión preventiva del procesado se materializará a través de arresto domiciliario total en el lugar que este designe, en atención al estado de excepción constitucional de catástrofe que impera en el país, la situación sanitaria y protección de la salud del procesado dada su edad.

El juez despachó una orden de aprehensión en contra del procesado, la que debe materializar la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.

En noviembre de 2010, en la primera administración de Sebastián Piñera, en su primer año de gobierno, funcionarios del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentaron una querella en contra de quienes resulten responsables por la muerte del exministro.

Semanas antes la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó exhumar el cuerpo producto de un informe forense realizado por el experto Luis Ravanal, basado en un estudio de la autopsia de Tohá, que determinó que murió por “asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida”.

Realizada la exhumación del cadáver por parte del Servicio Médico Legal, el peritaje médico concluye que la causa de muerte es compatible con una asfixia mecánica por compresión extrínseca activa del cuello del tipo estrangulamiento por lazo; muerte violenta compatible con el tipo homicida. Este peritaje fue corroborado por una pericia antropológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción que concluye que la causa de muerte más probable es la estrangulación y el informe pericial de causa de muerte de la misma institución que determina que hay dudas razonables de que la víctima haya podido realizar todas las acciones tendientes a provocar su muerte, detalla el auto de procesamiento.

“Los antecedentes permiten concluir fundadamente que la muerte de José Tohá González fue producto de la acción de terceros mediante el ahorcamiento, en alguna hora de la mañana del día viernes 15 de marzo de 1974, hechos que son constitutivos del delito de homicidio calificado”.

Ese hecho fue el que acreditó el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, en el procesamiento de Jorge Luis Chovan Gahona, encausado en calidad de encubridor del delito consumado de homicidio calificado del exministro del Interio y Defensar de Salvador Allende, ocurrido el antiguo Hospital Militar.

Fueron las palabras de Chovan, que fue ayudante del director del recinto asistencial, las que sellaron su destino en el proceso a raíz de que uno de los antecedentes para tomar la decisión levantar cargos en su contra y ordenar su prisión fue su declaración.

Estos fueron los hechos acreditados por el juez:

a) Que, José Tohá González, ex Ministro del Interior y de Defensa del gobierno de Salvador Allende Gossens, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, llevado al Ministerio de Defensa, trasladado a la Escuela Militar y unos días después enviado, junto a otros personeros del gobierno depuesto, a la ciudad de Punta Arenas, desde donde fueron llevados al campo de prisioneros que se instaló en la isla Dawson;

b) Que, durante su permanencia como prisionero político en la isla Dawson, José Tohá González fue trasladado hasta el hospital de las Fuerzas Armadas de Punta Arenas debido a su deteriorado estado de salud, lugar en el que pudo ser visitado por su cónyuge. Desde ahí fue nuevamente llevado hasta la isla Dawson;

c) Que, a fines de enero o principios de febrero de 1974, fue requerido por el fiscal de la Fiscalía de Aviación en el marco de la investigación Rol N° 1-73 del Juzgado de Aviación, por lo que fue trasladado, junto a otros detenidos, hasta esta ciudad de Santiago, siendo conducido a la Academia de Guerra Aérea, desde donde fue llevado al Hospital de la Fuerza Aérea por su estado de salud;

d) Que, los primeros días del mes de febrero de ese año, José Tohá González fue trasladado hasta el Hospital Militar de Santiago, lugar en el que se le mantuvo en calidad de detenido incomunicado, en la habitación 303, en un sector del hospital ubicado en el tercer piso donde estaban los detenidos por razones políticas. Ese sector estaba separado del resto del hospital, con una guardia permanente de conscriptos que provenían de la Escuela de Caballería de Quillota y un cabo enfermero, siendo monitoreado por la sección de Seguridad del referido hospital al mando de un oficial de Inteligencia y un auxiliar, quienes visitaban a los prisioneros periódicamente. En dicho sitio, José Tohá González fue interrogado por el fiscal de aviación, además de ser trasladado en más de una oportunidad a la Academia de Guerra Aérea para ser interrogado, periodo en el cual fue víctima de actos crueles y degradantes, a pesar de su menoscabado estado de salud. Antecedentes que obran en autos y testigos del proceso han sido contestes en establecer que la víctima estaba en un evidente estado de desnutrición, pesaba alrededor de 49 kilos y medía 1,92 metros de estatura.

e) Durante todo el tiempo en que estuvo privado de libertad por decisión de la autoridad militar de la época, a José Tohá González no se le instruyó proceso ni se le formuló cargo alguno;

f) Que, el día viernes 15 de marzo de 1974, alrededor del mediodía, en circunstancias que uno de los soldados conscriptos le fue a dejar el almuerzo a su habitación, lo encontró muerto, con su cuello unido con un cinturón de 90 centímetros a una cañería que pasaba por el interior del closet de su pieza, en suspensión incompleta, con su brazo derecho apoyado sobre una de las repisas del closet de la habitación, con sus pies flectados sobre el piso;

g) Que, el soldado conscripto dio aviso de lo sucedido al cabo enfermero que estaba de turno ese día, el que acudió a la dirección del hospital para dar cuenta a sus superiores. Se constituyeron en la habitación de la víctima, oficiales de las Fuerzas Armadas, personal de la Brigada de Homicidios, junto a un médico criminalista y peritos fotográficos y planimétricos de la Policía de Investigaciones. Asimismo, acudió al sitio del suceso un fiscal militar que tramitaba causas en tiempo de guerra. A la fecha, la investigación acerca de las causas de la muerte de la víctima José Tohá González, tramitada por la Segunda Fiscalía Militar no ha sido individualizada ni encontrada, no obstante, las diligencias realizadas para ello, tampoco los peritajes realizados en el sitio del suceso por el Laboratorio de Criminalística;

h) Que, ese mismo día y, en una de las dependencias del Hospital Militar de Santiago, personal del Servicio Médico Legal procedió a realizar una autopsia a la víctima, concluyendo que su fallecimiento se produjo por asfixia por ahorcamiento de tipo suicida. El médico criminalista que revisó a la víctima en el sitio del suceso mantuvo siempre que su muerte se debió a intervención de terceros, que concluyó en un estrangulamiento con simulación de suicidio, por la existencia de un surco completo en su cuello, la ruptura de un quiste sebáceo por compresión que no pasaría en un ahorcamiento, el estado físico en que se encontraba, y la mayor estatura de José Tohá, lo que hacía imposible la tesis del suicidio;

i) Que, realizada la exhumación del cadáver, de la que da cuenta el acta de foja 1102 y la diligencia de foja 1104, el protocolo N° 109-10 UE del Servicio Médico Legal y el peritaje médico de causa de muerte de foja, concluye que la causa de muerte es compatible con una asfixia mecánica por compresión extrínseca activa del cuello del tipo estrangulamiento por lazo; muerte violenta compatible con el tipo homicida. Este peritaje ha sido corroborado por la pericia antropológica de foja 1812 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción concluye que la causa de muerte más probable es la estrangulación y el informe pericial de causa de muerte de la misma institución de foja 180, en cuanto determina que hay dudas razonables de que la víctima haya podido realizar todas las acciones tendientes a provocar su muerte”, detalla el auto de procesamiento.

En el verano de 1974, seguía imperando el terror en el país. A cuatro meses del golpe militar continuaban las ejecuciones grupales, las detenciones y desapariciones de personas, el encarcelamiento, los recintos públicos y clandestinos de detención y torturas permanecían llenos aún, miles salían al exilio o pedían refugio en las embajadas en Santiago.

Específicamente, el día de 18 de enero, se produjeron hechos como la ejecución de 6 dirigentes políticos y sociales en la ciudad de Quillota por integrantes de la Escuela de Caballería de la misma ciudad. Los ejecutados fueron Víctor Fuenzalida 35 años, dirigente del PC; Manuel Hurtado 35 años dirigente del PS; Osvaldo Manzano, 32 años, Presidente del Sindicato de Rayon Said y militante del MIR; Julio Loo, de 27 años, obrero textil y militante comunista; Ángel Díaz, dirigente vecinal de 41 años y obrero textil; Hugo Aranda, de 30 años, soltero, campesino y dirigente vecinal.

El día anterior, en la misma ciudad de Quillota, fueron detenidos y desaparecidos por agentes del servicio de Inteligencia Militar (SIM) los militantes socialistas: Pablo Gac Espinoza, ex alcalde de Quillota, y Rubén Cabezas Pares, abogado y fiscal de la CORA de Quillota.

Ese mismo 18 de Enero de 1974, pero en Santiago, un grupo de jóvenes que regresaba de un cumpleaños en el centro de Santiago fueron sorprendidos por dos carabineros que solicitaron refuerzos. En calle San Diego, a la altura del 1255, fueron detenidos, en un operativo que incluyó a militares, carabineros y civiles armados, Ramón Ortiz Orellana de 16 años y estudiante de la Escuela Industrial N°3; Sergio Enrique Gutiérrez Seguel de 18 años, obrero; Domingo Cubillos Guajardo, obrero zapatero de 19 años. Todos fueron subidos a un vehículo policial y hasta hoy permanecen desaparecidos.