Comisaría de Carabineros Nº 1, Quillota

Las antiguas dependencias de la Comisaría de Carabineros Nº 1  (hoy Comisaría  Nº 4), ubicadas en Av. Chacabuco N° 481,  entre calles Aníbal Pinto y San Martín, Comuna Quillota, fue utilizada como recinto de detención de presos políticos.

Los detenidos señalaron haber sido maltratados y golpeados con pies, puños, culatazos y palos, encerrados en un calabozo de 3 por 3 metros, sin alimento ni abrigo. Otros eran aislados en un pequeño calabozo oscuro y húmedo. Fueron interrogados, en medio de violentas golpizas de pies, puños, culatazos y palos, causándoles fracturas, cortes y hematomas.

En estos interrogatorios con frecuencia participaron efectivos militares que ingresaban al recinto Como fue un lugar de detención transitoria, los prisioneros, hombres y mujeres, permanecían poco tiempo en la comisaría. Normalmente eran puestos a disposición de la Fiscalía Militar y enviados a la cárcel; ocasionalmente eran enviados a la Base Aeronaval de El Belloto.

Hay detenidos que fueron liberados y obligados a ir a firmar a algún recinto militar, durante un largo tiempo.

Este recinto esta estrochamente relacionado con la ejecucion de 6 personas en Quillota en 1974, incluyendo a Manuel Hernán HURTADO MARTINEZ, 35 años, empleado de la Tesorería de Quillota, Secretario local del Partido Socialista, quien se presentó voluntariamente a la Comisaría de Carabineros de Quillota el 18 de septiembre de 1973 por haber recibido en su domicilio una citación de dicha Unidad Policial, quedando detenido en el acto.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech; Memoriaviva;

Enero de 1974 quedó en la memoria de todos los chilenos bien nacidos al advertir con espanto que la cruenta dictadura instalada por la fuerza de las armas 4 meses antes había llegado para quedarse, al alero de la oligarquía multimillonaria y el imperio norteamericano, y con la adhesión de políticos conservadores desplazados por la voluntad del pueblo.

Hace 45 años, el jueves 18 de enero ocho militantes de Izquierda fueron asesinados a sangre fría con ráfagas de metralletas por soldados del Ejército en Quillota, zona interior de la Quinta Región, en lo que inicialmente se presentó como la aplicación de la «ley de fuga» tras un supuesto ataque a una patrulla militar.

Seis de ellos perdieron la vida en el paso nivel San Isidro, a donde habían sido llevados desde su lugar de reclusión, los calabozos del regimiento de esa ciudad, sin cargo alguno en su contra. La patrulla que los trasladó y ejecutó estaba al mando del capitán Fernando Pérez Egart, secundado por los oficiales Pedro Aldunate Durcodoy y Daniel Walker Ramos, y el suboficial León Arraño Sancho.

Las víctimas eran dirigentes sociales y vecinales, empleados de empresas estatales, trabajadores independientes y pequeños agricultores. Sin saber por qué recibían tanto odio murieron Víctor Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hurtado Martínez, Osvaldo Manzano Cortez, Julio Loo Prado, Ángel Díaz Castro y Hugo Aranda Bruna, quienes permanecían secuestrados desde poco después del golpe de Estado.

Los otros dos eran destacados cuadros del Partido Socialista: Pablo Gac Espinoza, alcalde de la comuna, de destacado desempeño en favor de la población afectada por el paro patronal de octubre de 1972, y Rubén Cabezas Parés, abogado fiscal de la Cora que con frecuencia alegaba en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en nombre de campesinos explotados por terratenientes que se resistían a la reforma agraria del gobierno popular. Gac y Cabezas fueron fusilados en los patios del cuartel militar pero sus cuerpos nunca se entregaron a sus familiares. Sus nombres están en la lista de detenidos desaparecidos.

Todas las ejecuciones se llevaron a cabo por orden del entonces teniente coronel Sergio Arredondo González, director de la Escuela de Caballería de Quillota. Este había asumido luego de formar parte de la «caravana de la muerte», que en su incursión por ciudades del norte y sur del país asesinó a más de 70 personas. Era el segundo hombre de esa macabra caravana emblemática del terrorismo de Estado encabezada por el general Sergio Arrellano Stark, enviado por el dictador con licencia para matar.

Arredondo se convirtió en jefe del estado mayor de Arellano y llegó a ser su brazo derecho. Servil a la oligarquía pensaba que sobraban los chilenos de convicciones socialistas y, por tanto, había que exterminarlos. Profesando el antimarxismo más duro, había sido uno de los principales instigadores del levantamiento subversivo contra el gobierno constitucional desde la dirección de la Academia de Guerra del Ejército.

Sin haber colaborado jamás con la justicia, este coronel en retiro de reconocida crueldad se negó siempre a reconocer sus crímenes. Sólo decía que «no recuerdo bien, porque ha pasado tanto tiempo». Con desvergüenza afirmaba que «vivíamos en estado de guerra, y es probable que haya habido uno que otro fusilamiento».

La llamada ley de fuga sirvió a los militares golpistas para encubrir numerosos asesinatos cometidos a plena luz del día, sin dejar testigos. En ese tiempo tenebroso, ésta fue la mayor masacre perpetrada en la Quinta Región interior.

Complacido por haber cumplido su misión de consumar la ejecución de presos políticos fuera de todo proceso legal y recibiendo una jugosa pensión de jubilado de las FF.AA., Arredondo murió el año pasado en Punta Peuco. Los caídos han sido recordados especialmente en estos días por sus familiares, amigos y compañeros en Quillota, con emoción y respeto.