Comisaría de Carabineros, Cabildo

La Comisaría de Carabineros de Cabildo, ubicada en Avenida Humeres N°497, entre calles Lautaro y Arrullo Delgado en la Comuna de Cabildo, fue utilizada para la detención e interrogatorio de presos políticos de la región.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech; Archivo Memoriaviva;

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a tres funcionarios de Carabineros en retiro, por su responsabilidad en los delitos de detención ilegal, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a Manuel Antonio Silva Páez.

En la resolución (causa rol 296-2017), el ministro Arancibia Pinto sometió a proceso a Óscar Orlando Godoy, Arturo Pinilla Gallegos y José Agustín Garrido Donaire, como autores de los delitos ilícito Ilícitos perpetrados en las localidades de Cabildo, La Ligua y San Felipe, a partir del 17 de septiembre de 1973.

Con los antecedentes recopilados durante la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos:

“Que el día 17 de septiembre de 1973, en circunstancias que la víctima Manuel Antonio Silva Páez se encontraba en su lugar de trabajo el asentamiento Los Molinos ubicado en la localidad de Cabildo, fue detenido junto a otros trabajadores por funcionarios de Carabineros de Chile, siendo trasladados a una bodega perteneciente al asentamiento, lugar en que fue interrogado con golpes de culata de un arma en su cabeza, le preguntaban sobre las armas. Posteriormente fue trasladado a la Tenencia de Cabildo y enseguida a la Comisaría de la Ligua, permaneciendo en este último sitio junto a sus compañeros por toda la noche, sometidos a interrogatorios reiterados por los carabineros con golpes de pies, puños, con una luma y culatazos en el rostro. En horas de la mañana fueron trasladados a la Comisaría de San Felipe siendo en ese lugar nuevamente maltratado, obteniendo luego su libertad.

A consecuencia, las secuelas presentadas por la víctima Manuel Silva Páez de acuerdo al Protocolo de Estambul de fs. 138, que en sus conclusiones señala: discapacidades agudas relacionadas a los golpes con objetos firmes y golpes de pies; la discapacidad y síntomas agudos relacionados con la aplicación de corriente; la presencia de una cicatriz en su cuero cabelludo. De esta manera se configuran los delitos de: Detención ilegal, Secuestro con Grave Daño y Aplicación de Tormentos”.

“Teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del Covid 19, y siendo los procesados personas de la tercera edad, manténganse éstos detenidos en sus respectivos domicilios, bajo custodia de Carabineros de su sector, en tanto se aprueba la resolución que les concederá la libertad provisional y que será dictada a continuación en trámite de consulta ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, añade la resolución.

Los detuvieron en Cabildo y una patrulla militar los ejecutó en Las Coimas aduciendo “ley de fuga”.-

Este lunes 9 de septiembre, en La Moneda se recordarán los sucesos del 11 de septiembre de 1973 con un acto ceremonial. Lo propio hizo la oposición en el Museo de la Memoria.

Putaendo también tiene un lugar en los oscuros sucesos acaecidos tras el Golpe Militar en 1973. El Informe Rettig consigna una breve reseña de cada uno de los seis militantes comunistas ejecutados en Las Coimas por una patrulla militar que les aplicó la “ley de fuga”, fusilándolos a mansalva. La recopilación de hechos llevada adelante por la Comisión Rettig, permitió armar una historia, lo que facilitó, varias décadas mas tarde, determinar las responsabilidades, aunque la justicia sobreseyera las causas.

En efecto, en el 2008, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había absuelto a los ex miembros del Ejército Héctor Manuel Rubén Orozco Sepúlveda, Rodrigo Alex Retamal Martínez, Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana y Milton René Núñez Hidalgo, condenados en la investigación de derechos humanos conocida como episodio “Mario Alvarado” que falló la ministra suplente Adriana Sottovia Jiménez.

En fallo unánime los ministros Rosa María Maggi, Juan Cristóbal Mera y el abogado integrante Emilio Pfeffer determinaron la absolución de los ex militares por los homicidios calificados de Mario Alvarado Araya, Faruc Jimmy Aguad Pérez, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, Artemio Pizarro Aranda, Pedro Abel Araya Araya y José Fierro Fierro, ocurridos el 11 de octubre de 1973 en el sector de Las Coimas, comuna de Putaendo.

Año tras año, estas ejecuciones son recordadas en Putaendo como el triste aporte de la comuna a los horrores de la dictadura. No faltarán en esta víspera, aquellos que, aunque públicamente ensalzan por un lado la figura del dictador Pinochet, por otro tratan hipócritamente de vestirse con ropajes humanitarios, en aras del, por estos días, tan manoseado “perdón”.

Esta vez, nuevamente, se intentará conseguir fondos para construir un memorial en el lugar donde fueron ejecutados, una deuda que, tanto Putaendo como Cabildo, a 40 años, aun no logran saldar.

Detenidos y torturados, exonerados, Putaendo tiene memoria no escrita de bastantes más personas que estos seis nombres, que son los que quedaron registrados. En Guzmanes, en El Tártaro, en Granallas, en Quebrada de Herrera y en el mismo casco urbano del pueblo aun suenan los Lobos, Jara, Gómez, Gaona y varios mas. Pero estos seis cabildanos a los cuales se les arrebató la vida en Las Coimas, son quienes permiten, con su cruenta historia, que la memoria siga viva.

Este es el texto que consigna el Informe Rettig, sobre el caso de los ejecutados en Las Coimas:

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El día 11 de octubre de 1973 fueron ejecutados por personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe, seis militantes comunistas. Ellos eran:

Mario Alvarado Araya, 34 años, Alcalde de Cabildo, quien había sido detenido por primera vez el 17 de septiembre, recuperando prontamente su libertad, sin que se le formulara ningún cargo. A principios de octubre, fue obligado por la autoridad militar a retractarse públicamente de su militancia, en la Municipalidad de Cabildo, ante múltiples testigos. Su segunda detención se produjo el 8 de octubre, en su domicilio, y fue practicada por Carabineros de Cabildo. (N. del R.: Su hijo, Mario Alvarado Osorio, actualmente es Concejal del PC en dicha comuna).

Faruc Jimmi Aguad Pérez, 26 años, empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi), encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local, detenido en su lugar de trabajo, en presencia de otros trabajadores, el día 8 de octubre de 1973 por Carabineros de Cabildo (3º de izq. a der. en la foto).

Wilfredo Ramón Sánchez Silva, 28 años (orilla der. en la foto), empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi) de Cabildo. Fue detenido en su lugar de trabajo el mismo día y en las mismas circunstancias que Faruc Aguad.

Artemio Pizarro Aranda, 37 años (1º de la izq. en la foto), también empleado de Sademi. Fue detenido en el mismo lugar y por los mismos agentes aprehensores el día 9 de octubre.

Pedro Abel Araya Araya, 27 años, Interventor de la mina La Patagua, fue detenido por primera vez el 11 de septiembre, siendo liberado sin cargos una semana después. Su segunda detención se produjo también el 9 de octubre, al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo, a raíz de una citación dejada en su domicilio por funcionarios de dicha unidad policial.

José Armando Fierro Fierro, 24 años (2º de izq. a der. en la foto), también empleado de Sademi, fue detenido el 9 ó 10 de octubre en Cabildo, por Carabineros de esa localidad.

Según la versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería Nº 3, Yungay, estas seis personas fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del Ejército que los trasladaba desde la Cárcel de San Felipe a la Cárcel de Putaendo. Se indicó en dicha versión que a todos se les había comprobado participación directa en la organización terrorista del sector minero de Cabildo, habiendo sido detenidos en un operativo donde se les encontró gran cantidad de armas y explosivos.

Los antecedentes reunidos por esta Comisión sobre las circunstancias de la detención de las víctimas desmienten la versión oficial, ya que ninguno de sus hogares fue allanado en busca de armas, ni tampoco existió un operativo militar en su lugar de trabajo, donde algunas de ellas fueron detenidas, en forma pacífica y a la vista de los otros trabajadores.

Presentadas estas muertes como producto de un intento de fuga, la Comisión no pudo aceptar esta explicación atendidas, principalmente, las circunstancias que siguen:

– Resulta inverosímil que el único modo de evitar la fuga haya sido dar muerte inmediata a todos los afectados, que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia militar.

– El entonces Jefe del Servicio de Salud de San Felipe, que fue quien ordenó practicar las autopsias y devolver los cuerpos a los familiares, fue informado por el médico legista de que los cuerpos registraban múltiples impactos de bala, muchos de los cuales no eran mortales, y también heridas cortopunzantes, cuya existencia no ha tenido ninguna explicación razonable. Esta información está corroborada por lo señalado en los mismos certificados de defunción.

Por tanto, a esta Comisión le asiste la convicción que Mario Alvarado, Faruc Aguad, Wilfredo Sánchez, Artemio Pizarro, Pedro Araya y José Fierro fueron víctimas de violación a sus derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado quienes los ejecutaron al margen de todo proceso.

El alto oficial de Ejército fue encausado junto al ex coronel de Sanidad Raúl Navarro y el suboficial Milton Núñez, por la ejecución de seis personas el 11 de octubre de 1976, entre las que se encontraba el entonces alcalde de Cabildo, Mario Alvarado Araya. Por el caso de Jorquera, Orozco se encuentra incomunicado.

Detenido e incomunicado se encuentra desde ayer en la tarde el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y ex Fiscal Militar, general (r) Héctor Orozco, por una orden dictada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo.

La aprehensión de Orozco se relaciona con el caso de la desaparición del ex suboficial del DINE, Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien fue detenido el 23 de enero de 1978 cuando intentaba asilarse en la embajada de Venezuela

El ex suboficial Jorquera -a quien le correspondió organizar el campamento de prisioneros de Isla Dawson- cayó en "desgracia" en diciembre de 1977, cuando estaba a cargo de investigaciones especiales en el ministerio de Relaciones Exteriores, vinculadas a labores de inteligencia. Puesto que había asumido en julio de 1976.

Un comunicado realizado en esa época por el subdirector de la Escuela de Blindados, Carlos Quiroga Vargas, y que fue entregado a la cónyuge del desaparecido, apuntaba a que Guillermo Jorquera había sido marginado del Ejército, en diciembre de 1977, debido a un extravío de documentos de la Cancillería relacionados con el caso Letelier. Pérdida de la cual fue culpado el ex suboficial.

El día en que Jorquera intentó solicitar asilo en la embajada venezolana, fue detenido por el carabinero que se encontraba de punto fijo en el recinto, Carlos Garrido Sotomayor, quien lo condujo hasta una comisaría. Allí fue recibido por el entonces mayor Julio Mardones Ferrada quien, al constatar que se trataba de un militar, lo puso a disposición del capitán de Ejército Adolfo Fernando Born Pineda, ex efectivo de la DINE.

Según declaraciones prestadas por Born, personalmente llevó a Guillermo Jorquera hasta las oficinas del general Héctor Orozco, oficial que fue designado por Pinochet como fiscal militar en el llamado caso Pasaportes, ligado al asesinato de Letelier en Washington.

Ejecución en Las Coimas

Ayer, el ministro Daniel Calvo, también dejó detenido e incomunicado al ex oficial Born, por la eventual responsabilidad que le pudiera caber en estos hechos y, en una investigación distinta, sometió a proceso al general Orozco y a otros dos ex militares.

Este último encausamiento fue dictado por la ejecución, ocurrida el 11 de octubre de 1973, de los militantes comunistas Mario Alvarado, Faruc Aguad, Wilfredo Sánchez, Artemio Pizarro, Pedro Araya y José Fierro. "Ajusticiamiento" que habría sido realizado por personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe.

Asimismo, junto con Orozco, fueron procesados el ex coronel de Sanidad Raúl Navarro y el suboficial Milton Núñez, contra quienes se dictó una orden de detención.

Uno de los ejecutados en Las Coimas -Mario Alvarado Araya- era, hasta antes del golpe militar, el alcalde de Cabildo. Alvarado fue detenido por primera vez el 17 de septiembre de 1973, pero recuperó prontamente su libertad, sin que se le formulara cargo alguno, según consta en el informe Rettig. Su segunda detención se produjo el 8 de octubre en su domicilio. En esta ocasión, fue detenido por personal de Carabineros de Cabildo
Faruc Jimmi Aguad Pérez, quien tenía 26 años al ser detenido por Carabineros de Cabildo, era empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi), encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local. La detención se produjo en su lugar de trabajo, en presencia de otros empleados, el día 8 de octubre de l973. Junto a él cayó su compañero de labores y militancia, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, de 28 años.

Artemio Pizarro Aranda, 37 años, también era empleado de la Sademi y fue detenido en iguales circunstancias que sus compañeros Alvarado y Aguad, pero al día siguiente: el 9 de octubre.

En tanto, Pedro Abel Araya Araya, de 27 años, era interventor de la mina La Patagua. Fue detenido por primera vez el 11 de septiembre de 1973, pero fue liberado sin cargos una semana después. Su segunda detención se produjo también el 9 de octubre, al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo, respondiendo a una citación dejada en su domicilio por funcionarios de dicha unidad policial.

Por último, José Armando Fierro Fierro, de 24 años y también empleado de la abastecedora minera, fue detenido el 9 o 10 de octubre en Cabildo, por personal de Carabineros de dicha localidad.

Según la versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería N° 3, "Yungay", estas seis personas fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del Ejército que los trasladaba desde la cárcel de San Felipe a la cárcel de Putaendo. Se indicó en dicha versión que a todos se les había comprobado participación directa en la organización terrorista del sector minero de Cabildo. Los ejecutados -según esta versión- habían sido detenidos en un operativo con gran cantidad de armas y explosivos en su poder.

Sin embargo, los antecedentes reunidos por la Comisión Rettig desmintieron esa versión oficial, ya que ninguno de sus hogares fue allanado en busca de armas, ni tampoco existió un operativo militar en su lugar de trabajo, donde algunas de ellas fueron detenidas en forma pacífica y a la vista de los demás trabajadores.

El magistrado sometió a proceso a Héctor Orozco Sepúlveda, ex oficial de Ejército; Raúl Navarro Quintana, médico y ex oficial de Ejército y Milton Núñez Hidalgo, ex suboficial de Ejército, como autores en delito de secuestro con grave daño.

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a tres miembros en retiro del Ejército por el delito de secuestro con grave daño en perjuicio de Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda y Wilfredo Ramón Sánchez Silva, ilícito cometido en San Felipe, entre el 8 y 10 de octubre de 1973.

El magistrado sometió a proceso en causa (Rol 14-2014) a Héctor Orozco Sepúlveda, ex oficial de Ejército; Raúl Navarro Quintana, médico y ex oficial de Ejército y Milton Núñez Hidalgo, ex suboficial de Ejército, como autores en delito de secuestro con grave daño.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos: que entre  los días 8 y 10 de octubre  de 1973 fueron detenidos por Carabineros de Cabildo, sin orden judicial  ni administrativa, las víctimas Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio  Pizarro Aranda, Wilfredo  Ramón Sánchez Silva, siendo llevados primero a la Comisaría de La Ligua y luego a la Comisaría de Carabineros de San Felipe, desde la cual fueron  sacados por orden superior el 11 de octubre  del mismo año, por una patrulla integrada por  personal  policial y efectivos  del Regimiento Yungay para ser llevadas -supuestamente- a la cárcel de Putaendo, en el camino y a la altura del sector Las  Coimas, los bajaron del vehículo en que eran trasladados y se les dio muerte, ejecutándolos con disparos de armas de fuego, configurándose de este modo el  delito de secuestro con grave daño, por cuanto a las víctimas se les privó de su libertad, sin  derecho,  por varios días, detención que ocasionó un grave daño para los afectados a quienes finalmente se les quitó su vida, figura  prevista y sancionada en artículo  141 inciso 3º del Código Penal de la época.
La resolución agrega que si bien es cierto que los mencionados precedentemente ya fueron encausados por el delito de homicidio de las personas indicadas, en causa rol  nº 2182-98 de la l. Corte de Apelaciones  de Santiago, episodio Mario  Alvarado,  proceso en el cual se dictó  en  primera instancia una sentencia condenatoria y en segunda instancia una sentencia  absolutoria para todos ellos, no es menos cierto que el ilícito  por el cual se les sentenció fue homicidio calificado, no existiendo pronunciamiento  acerca del secuestro y otros  delitos  que concurrieron  en los mismos hechos, y sin perjuicio de estimarse que respecto de aquellos  operaría la cosa juzgada aparente o fraudulenta, por lo que aparece  sobradamente  justificado   perseguir  la responsabilidad de Milton  René Núñez Hidalgo, Héctor Manuel Rubén Orozco Sepúlveda y Raúl Orlando  Pascual Navarro Quintana  por el ilícito  a que se refiere esta resolución.

Encontrándose presos Héctor Orozco Sepúlveda en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Punta Peuco; y Milton Núñez Hidalgo y Raúl  Navarro en el  Centro de Cumplimiento Penitenciario  Colina 1, "exhórtese al  34º  Juzgado del  Crimen  de  Santiago  para  que  se  les  notifique esta resolución entregándoseles copia de ella y hecho se de orden para su ingreso como procesados en esta causa, facultándose  además para que el tribunal exhortado conceda la apelación en caso que ella fuere interpuesta".