Cárcel de San Felipe

La Cárcel de San Felipe, ubicada en Calle Pedro Molina s/n esquina Dardigñac, fue utilizada como centro de detención para esa localidad. Aun cuando no se conoce detalles de abuso que hayan ocurrido en dicha localidad, muchos de los presos políticos recluidos en la cárcel eran llevados al regimiento local (Regimiento de San Felipe) donde eran brutalmente torturados.

Muchos presos político serian asesinados en esta ciudad, incluyendo a Absalon del Carmen Wegner Millar y el joven Rigoberto Achú Liendo. Estos fueron asesinados por efectivos del Regimiento “Yungay” cuando “trataban de escapar” durante su traslado desde el regimiento a la Cárcel de San Felipe. El jefe de la Zona en esos momentos era el Comandante Héctor Orozco Sepúlveda, responsable directo de todas las acciones militares y policiales de la zona y quien más tarde trataría de justificar estos asesinatos con la versión oficial, "intento de fuga". La Comisión Verdad y Reconciliación consideró inaceptable la versión oficial respecto a estos hechos.

 Otras victimas de la localidad incluyen: Farud Aguad, Artemio Pizarro, Wilfredo Sánchez, Mario Alvarado, José Fierro y Pedro Araya.

Criminales:

Comandante Héctor Orozco Sepúlveda (Jefe de la Zona en esa época)

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettigg; Libro: “Porque fuimos médicos del pueblo”(1993); zonaimpacto.cl;  Infomre Valech; Memoriaviva.com;

Los detuvieron en Cabildo y una patrulla militar los ejecutó en Las Coimas aduciendo “ley de fuga”.-

Este lunes 9 de septiembre, en La Moneda se recordarán los sucesos del 11 de septiembre de 1973 con un acto ceremonial. Lo propio hizo la oposición en el Museo de la Memoria.

Putaendo también tiene un lugar en los oscuros sucesos acaecidos tras el Golpe Militar en 1973. El Informe Rettig consigna una breve reseña de cada uno de los seis militantes comunistas ejecutados en Las Coimas por una patrulla militar que les aplicó la “ley de fuga”, fusilándolos a mansalva. La recopilación de hechos llevada adelante por la Comisión Rettig, permitió armar una historia, lo que facilitó, varias décadas mas tarde, determinar las responsabilidades, aunque la justicia sobreseyera las causas.

En efecto, en el 2008, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había absuelto a los ex miembros del Ejército Héctor Manuel Rubén Orozco Sepúlveda, Rodrigo Alex Retamal Martínez, Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana y Milton René Núñez Hidalgo, condenados en la investigación de derechos humanos conocida como episodio “Mario Alvarado” que falló la ministra suplente Adriana Sottovia Jiménez.

En fallo unánime los ministros Rosa María Maggi, Juan Cristóbal Mera y el abogado integrante Emilio Pfeffer determinaron la absolución de los ex militares por los homicidios calificados de Mario Alvarado Araya, Faruc Jimmy Aguad Pérez, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, Artemio Pizarro Aranda, Pedro Abel Araya Araya y José Fierro Fierro, ocurridos el 11 de octubre de 1973 en el sector de Las Coimas, comuna de Putaendo.

Año tras año, estas ejecuciones son recordadas en Putaendo como el triste aporte de la comuna a los horrores de la dictadura. No faltarán en esta víspera, aquellos que, aunque públicamente ensalzan por un lado la figura del dictador Pinochet, por otro tratan hipócritamente de vestirse con ropajes humanitarios, en aras del, por estos días, tan manoseado “perdón”.

Esta vez, nuevamente, se intentará conseguir fondos para construir un memorial en el lugar donde fueron ejecutados, una deuda que, tanto Putaendo como Cabildo, a 40 años, aun no logran saldar.

Detenidos y torturados, exonerados, Putaendo tiene memoria no escrita de bastantes más personas que estos seis nombres, que son los que quedaron registrados. En Guzmanes, en El Tártaro, en Granallas, en Quebrada de Herrera y en el mismo casco urbano del pueblo aun suenan los Lobos, Jara, Gómez, Gaona y varios mas. Pero estos seis cabildanos a los cuales se les arrebató la vida en Las Coimas, son quienes permiten, con su cruenta historia, que la memoria siga viva.

Este es el texto que consigna el Informe Rettig, sobre el caso de los ejecutados en Las Coimas:

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El día 11 de octubre de 1973 fueron ejecutados por personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe, seis militantes comunistas. Ellos eran:

Mario Alvarado Araya, 34 años, Alcalde de Cabildo, quien había sido detenido por primera vez el 17 de septiembre, recuperando prontamente su libertad, sin que se le formulara ningún cargo. A principios de octubre, fue obligado por la autoridad militar a retractarse públicamente de su militancia, en la Municipalidad de Cabildo, ante múltiples testigos. Su segunda detención se produjo el 8 de octubre, en su domicilio, y fue practicada por Carabineros de Cabildo. (N. del R.: Su hijo, Mario Alvarado Osorio, actualmente es Concejal del PC en dicha comuna).

Faruc Jimmi Aguad Pérez, 26 años, empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi), encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local, detenido en su lugar de trabajo, en presencia de otros trabajadores, el día 8 de octubre de 1973 por Carabineros de Cabildo (3º de izq. a der. en la foto).

Wilfredo Ramón Sánchez Silva, 28 años (orilla der. en la foto), empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi) de Cabildo. Fue detenido en su lugar de trabajo el mismo día y en las mismas circunstancias que Faruc Aguad.

Artemio Pizarro Aranda, 37 años (1º de la izq. en la foto), también empleado de Sademi. Fue detenido en el mismo lugar y por los mismos agentes aprehensores el día 9 de octubre.

Pedro Abel Araya Araya, 27 años, Interventor de la mina La Patagua, fue detenido por primera vez el 11 de septiembre, siendo liberado sin cargos una semana después. Su segunda detención se produjo también el 9 de octubre, al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo, a raíz de una citación dejada en su domicilio por funcionarios de dicha unidad policial.

José Armando Fierro Fierro, 24 años (2º de izq. a der. en la foto), también empleado de Sademi, fue detenido el 9 ó 10 de octubre en Cabildo, por Carabineros de esa localidad.

Según la versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería Nº 3, Yungay, estas seis personas fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del Ejército que los trasladaba desde la Cárcel de San Felipe a la Cárcel de Putaendo. Se indicó en dicha versión que a todos se les había comprobado participación directa en la organización terrorista del sector minero de Cabildo, habiendo sido detenidos en un operativo donde se les encontró gran cantidad de armas y explosivos.

Los antecedentes reunidos por esta Comisión sobre las circunstancias de la detención de las víctimas desmienten la versión oficial, ya que ninguno de sus hogares fue allanado en busca de armas, ni tampoco existió un operativo militar en su lugar de trabajo, donde algunas de ellas fueron detenidas, en forma pacífica y a la vista de los otros trabajadores.

Presentadas estas muertes como producto de un intento de fuga, la Comisión no pudo aceptar esta explicación atendidas, principalmente, las circunstancias que siguen:

– Resulta inverosímil que el único modo de evitar la fuga haya sido dar muerte inmediata a todos los afectados, que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia militar.

– El entonces Jefe del Servicio de Salud de San Felipe, que fue quien ordenó practicar las autopsias y devolver los cuerpos a los familiares, fue informado por el médico legista de que los cuerpos registraban múltiples impactos de bala, muchos de los cuales no eran mortales, y también heridas cortopunzantes, cuya existencia no ha tenido ninguna explicación razonable. Esta información está corroborada por lo señalado en los mismos certificados de defunción.

Por tanto, a esta Comisión le asiste la convicción que Mario Alvarado, Faruc Aguad, Wilfredo Sánchez, Artemio Pizarro, Pedro Araya y José Fierro fueron víctimas de violación a sus derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado quienes los ejecutaron al margen de todo proceso.