Subterráneo de la Plaza Constitución

La mayoría de las detenciones en el  subterráneo de la Plaza Constitución ("Cuartel Uno"), ubicado frente al Palacio de La Moneda, entre las calles Moneda y Agustinas, ocurrieron en 1974. Sin embargo, se registraron detenciones en el año 1973 cuando el Cuartel estab a cargo de la DINA.

Presos politicos han declararon que les condujeron a este recinto desde otras comisarías o luego de efectuada su detención por personal de Carabineros o el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). Todos los detenidos denunciaron haber sido sometidos a brutales tormentos, físicos y psicológicos, por parte del personal de SICAR.

Los detenidos denunciaron haber sido vendados y haber sufrido golpes de pie, puño y con objetos contundentes; aplicación de electricidad generalizada y dirigida a las partes más sensibles del cuerpo, quemaduras con cigarrillos, el teléfono, simulacros de fusilamiento; fueron engrillados a una silla de metal, soportaron vejaciones y, en el caso de algunas mujeres, violación sexual; fueron obligados a escuchar torturas y violación de otras detenidas; fueron obligados a permanecer en posiciones forzadas y a sufrir el submarino seco.

Generalmente, con posterioridad, los trasladaban a recintos de la DINA, como el de calle Londres 38, a otras comisarías, a campos de prisioneros u otros centros de reclusión penitenciarios.

Rol 2.182-98 , Episodio “Caso Colombo”:  CENTESIMO CUADRAGESIMO QUINTO: Que Leonidas Emiliano Méndez Moreno, en su indagatoria de fojas 2671, expresa que en circunstancias que se encontraba en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, se le comunicó que debía entregar todo el equipo para integrar una nueva unidad. Esta comunicación fue dirigida a varios funcionarios del primer y segundo escuadrón, entre los que recuerda a Ortiz Vignolo, Correa Harbet, uno de apellido Arauna, Mora Diocares, Julio Hoyos Zegarra, Carumán Soto, Pedro Alfaro Fernández, Pacheco Fernández, Rufino Jaime Astorga, José Muñoz Leal, Tolosa que fue conductor de Contreras y está fallecido, Yébenes Vergara, Claudio Orellana de la Pinta, Guido Jara Brevis, Jerónimo Neira Méndez, Gangas Godoy y otros que no recuerda; esto ocurrió en octubre o noviembre de 1973. Señala que los reunieron en la Escuela y fueron embarcados en unos buses, a la Escuela de Ingenieros del Regimiento de Tejas Verdes y de ahí a un camping ubicado en Rocas de Santo Domingo, Playa Negra.

La charla de bienvenida la realizó el señor Moren junto a Manuel Contreras. Moren, les dijo que iban a integrar una nueva unidad, que se les iban a dar unas clases y charlas y después les presentó al director, el comandante Manuel Contreras, quien les dijo que esta unidad se formaba para combatir los enemigos del país que eran los extremistas y al final 239 señaló que esta unidad se llamaba DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Luego fueron distribuidos en los distintos pabellones que había en el lugar y recuerda que estuvieron hasta antes de Navidad. Recuerda que les realizaban actividades físicas y les daban charlas, para lo cual los reunían en grupos de veinte a treinta personas, grupos integrados por funcionarios de distintas fuerzas armadas y las charlas se iban dando sucesivamente por grupos en el comedor, así que duraban alrededor de una hora y media aproximadamente.

Los instructores eran al parecer personal de Ejército, entre los que recuerda a Moren Brito, quien les hizo una concientización, referente a los ataques que estaba sufriendo el país de parte de los extremistas de izquierda y que las fuerzas opositoras al régimen estaban socavando la economía y seguridad del país y que para eso se habían formado estas unidades, para combatir ese flagelo, para lo cual debían emplearse los sistema de inteligencia y contrainteligencia, pero nunca les dieron clases específicas de la materia. Los demás oficiales instructores insistían en el mismo tema en general y dentro del curso los trasladaron a Peldehue ubicado en Colina, a la Escuela de Comando de Paracaidistas, donde les dieron clases de combate de localidades, que es la forma de actuar ante la presencia de enemigos que están dentro de una casa o recinto, se les indicaba cómo atacar, cómo ingresar a la casa, cómo efectuar allanamientos y detenciones, se les explicó cómo reducir a los sujetos, esposarlos y amarrarlos y trasladarlos en los vehículos de transportes.

Terminado el curso antes de Navidad del año 1973, los trajeron a Santiago, les dieron libre y los hicieron presentarse el 2 de enero de 1974 en el Cuartel N°1 denominado “el hoyo”, que correspondía al subterráneo de la Plaza de la Constitución, lugar donde funcionaba la SIAT y se utilizaba también como estacionamiento de vehículos de la Moneda.

En ese lugar y día se reunieron todos los que habían asistido al curso, de diferentes ramas, siendo un total de aproximadamente más de cien personas, y un oficial que llegó, pelo crespo con bigotes de 1,70 de estatura, al parecer de Ejército, quién traía unas listas o relaciones, procedió a nombrarlos, formando grupos de cuarenta a cincuenta personas, él quedó en un grupo que fue destinado a prestar servicios a un cuartel ubicado en Londres N°38, indicándoseles que debían presentarse para ser distribuidos en el lugar.

Fuentes de Información: Informe Valech; Memoriaviva

Ahora Noticias reveló la existencia de un centro de tortura en subterráneo de la Plaza de la Constitución con apoyo de Corporación Humanas

https://www.youtube.com/watch?v=T4vDjhAZICw

No fue posible configurar el delito de homicidio calificado. Sólo el de secuestro agravado.

Sentencia establece indemnización que, cuando se haga efectiva, no será de beneficio del único asignatario, Alberto Zerega Ponce, sino que se destinará a la causa de DDHH

Anyelina Rojas Valdés.- Un gesto de nobleza superior, es el del iquiqueño Alberto Zerega Ponce, quien decidió donar los dineros -siendo el único adjudicatario-, provenientes del proceso por el secuestro de su hermano asesinado en dictadura, Víctor Zerega Ponce, para que éstos sean destinados a las causas de DDHH, principalmente en lo que se refiere a las investigaciones que permitan preservar la memoria, en Tarapacá tanto de su hermano como de otros jóvenes que como él, murieron luchando por la democracia y un país más justo.

Tanto Víctor como Alberto, iniciaron su vida política su militancia en el Partido Socialista de Chile. Sin embargo,  señala que nunca este colectividad hizo algo  para apoyar a las familias de grupo operativo de la primera Dirección Clandestina del PS, todos asesinados.

Alberto Zerega se refirió nuevamente al caso de su amado hermano Víctor, -un joven asesinado en la dictadura cuando solo tenía 26 años y toda una vida por delante que le fue truncada- luego que la Corte de Apelaciones de Santiago, se pronunciara respecto de la sentencia de primera instancia, respecto de los uniformados sindicatos como responsables por “secuestro agravado”, contra Víctor Zerega Ponce, puesto que faltaron elementos probatorios para configurar el delito de homicidio calificado.

La Corte de Apelaciones acogió la apelación que hicieron las partes querellantes, a la resolución de primera instancia, ampliando la pena de primera instancia de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, a 10 años, para MANUEL AGUSTÍN MUÑOZ GAMBOA, alias “El Lolo”, segundo jefe del Cuartel que operaba en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, conocido como El Hoyo, y que manejado la SICAR de Carabineros.

En tanto JOSÉ EDGAR HOFFMANN OYARZÚN, ya fallecido, recibe aumento de la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, a 3 años, manteniendo el mismo grado. En el curso del proceso, quien fuera el jefe de personal del cuartel interno que operaba en El Hoyo, fallece, por lo que obviamente, la sentencia no será cumplida. En esa época de dictadura, le correspondía ordenar los servicios de guardia y coordinar las misiones que se debían cumplir durante el día.

Hay un tercer involucrado Sabino Adán Roco Olguín, en cuya sentencia de primera instancia fue absuelto y cuya apelación no fue considera por la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que sigue en libertad. Alberto Zerega Ponce, continuará con la causa porque le parece inconcebible que uno de los actores del crimen de su hermano, no tenga sanción.

Respecto de las condenas, Alberto Zerega señala que el principal implicado, Manuel Muñoz Gamboa, alias  El Lolo, está vinculado a otras causas de derechos humano como el Caso degollados y el haber sido parte del Comando Conjunto, en función de lo cual «tiene tantas penas,  que las penas que le amplió la justicia de 5 a 10 años, no influye en nada para su situación carcelaria».

Sobre Sabino Roco Olguín, señaló que quedó absuelto. «Creo que no puede estar libre, porque fue parte de los que nos secuestraron y fue parte de los hechos que dieron origen al proceso de Víctor que terminó con su asesinato», afirmó.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago señala que los hechos establecidos en el proceso penal:

“dan cuenta que el señor Víctor Zerega Ponce fue objeto de un tratamiento cruel, alejado de todo debido respeto a la dignidad inherente al ser humano; sin la más elemental piedad por el semejante, y alejada de todo principio moral al ejecutar acciones tendiente a poner fin a la vida de un joven profesional, para luego lanzarlo al mar, configurándose, por tanto, una violación múltiple y continuada de numerosos derechos, que ha sido calificada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos como una “afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad , transgresiones que la comunidad mundial se ha ”comprometido a erradicar, pues tales hechos merecen una reprobación categórica de la conciencia universal, al atentar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular, de modo, que el injusto de autos debe ser calificado como un delito de lesa “ humanidad”.

TRISTE HISTORIA

Tal como hemos informado en este Portal, el iquiqueño Alberto Zerega Ponce fue detenido unos días antes que su hermano en Santiago. Era junio de 1974 y se tejía una escabrosa historia, porque cuando él salía del recinto de detención y tortura en los subterráneos de La Moneda, sector Plaza de la Constitución conocido como El Hoyo, su hermano era ingresado al lugar por efectivos del Servicio de Inteligencia de Carabineros de Chile, SICAR.

Los tormentos contra Víctor se prolongaron por un mes, tiempo al cabo del cual es trasladado a la quinta región, donde fue arrojado al mar y baleado. Ya estaba en muy malas condiciones físicas producto de la tortura.

Efectivamente, como se ha logrado acreditar, en “El Hoyo”, Víctor y otros detenidos  fueron brutalmente torturado. Pese los tormentos, el joven iquiqueño y parte de la primera dirección clandestina del Partido Socialista, mantuvo su integridad, su fuerza interior y sus ideales.

El 22 de abril de 2018, en este portal consignamos:

“El 2 de julio de 1974 es lanzado al mar. Sin embargo, la porfiada naturaleza se impuso y sacó literalmente la verdad a flote, ya que el cuerpo de Víctor Zerega, aparece en una playa del litoral central y una curiosa y triste coincidencia, es que llamaron a funcionarios del registro civil para su identificación. Su tía fue quien llegó a cumplir con el cometido de tomar las huellas del cadáver, descubriendo que se trataba de su sobrino querido. Pese a que el cuerpo del universitario evidenciaba los signos de la tortura y de disparos de arma de fuego que le destruyeron el hígado y uno de sus pulmones, el certificado de defunción señala que murió por ahogamiento, como se consigna en diversas páginas de derechos humanos y rescate de la memoria”.

Aunque el mismo año 1974, su hermano Alberto Zerega inicia algunas investigaciones, esto nunca prospero. Tras la recuperación de la democracia en 1990 se reactiva esta  querella por homicidio y asociación ilícita, identificando el lugar El Hoyo, como centro de detención y tortura, utilizado por la Comisión Civil de Carabineros, lugar donde Zerega fue visto por última vez, antes de ser llevado a la Quinta Región.

Además, se logra llamar a declarar a los agentes que participaron en el operativo, quienes participan en careos.

JUSTICIA TARDÍA YA NO ES JUSTICIA

Alberto Zerega, que nunca ha dejado de luchar para que se esclarezca la verdad sobre el asesinato de su hermano, señala que hoy tiene sentimientos encontrados. Un poco de felicidad, porque con la acción de la Corte de Apelaciones de Santiago, da un paso más y avanza. Sin embargo, también muy triste por cómo ocurrieron, terminando con el asesinato de su hermano y de tantos otros compañeros. Además, porque sus padres murieron sin  alcanzar a conocer estos avances procesales, al igual que queridos amigos.  Entonces, la justicia se vuelve extemporánea.

“Cuando la justicia tardo tanto, ya casi no es justica. Ya han pasado 48 años y aún quedan 2 o tres años más (presentará nuevos recursos judiciales), porque en esta penúltima etapa, todavía los litigantes por ambas partes se espera que apelen ante la corte suprema y realicen otras acciones”

“Como familia, indudablemente y como socialista me siento muy bien que se refrenden los hechos en una contundente sentencia y se castigue a los culpables; eso es importante para la democracia y para todos, por el  bienestar de esta sociedad. Si bien han pasado  muchos años, se sanciona judicialmente una verdad y eso es importante”.

Con el reciente accionar de la Corte de Apelaciones, le es imposible no repasar todo los vivido, desde su propio cautiverio, el asesinato de su hermano en manos de agentes del Estado y el inicio del proceso que partió  en 1974, cuando presentó un recurso de amparo, a través del Comité pro Paz de la época.

Durante 17 años de la dictadura, obvio, hubo cero avances, relata. En democracia  presentó una nueva demanda “y como ocurrió durante los primeros años de recuperación de la democracia, como todos saben, ya sea por temor o porque los jueces fueron educados por Pinochet, o porque había un pacto de no mover mucho el piso a las FFAA… los primero 10 años no pasó caso nada”.

Sin embargo relata que lograron hacer el careo con sus captores y se logró avanzar algo en el proceso, donde se acreditaron algunos hechos, pero el avance también fue muy lento. “Lamento que el Partido Socialista de Chile, del cual Víctor fue miembro de su primera dirección clandestina, siendo parte de aquellos que comenzaron su reconstrucción después del golpe de estado, no hiciera nada”. Se refiere a la posibilidad de apoyar a las familias a buscar justicia, con la concurrencia de abogados.

Destacó la labor en el caso de su hermano, que ha cumplido el abogado de la unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Joaquín Parera.

Zerega se refiere a unos seis o siete miembros que eran el grupo operativo de esa primera dirección clandestina.

Del grupo el primero que cae es Arnoldo Camus, asesinado en septiembre de 1973. El 2 de julio de 1974, asesinan a Víctor. En  Marzo de 1975, cae Ariel Mansilla, hasta hoy Detenido Desaparecido; más tarde asesina a  Ezequiel Ponce, Carlos Lorca y Ricardo Lagos Salinas.

“Lo que duele es que el Partido Socialista nunca puso abogados por  Ariel Mansilla ni por de Víctor Zerega. Tardíamente lo hizo por  tres compañeros (Ponce, Lorca y Lagos) y sin lograr buenos resultados”.

Añade: “Duele que este partido que existe gracias a esas personas, no fueron cuidados como sus hijos.  Y lo penoso es que a lo largo de todo  Chile no conozco que hayan ayudado a las familias de las víctimas contratando abogados”.

NOBLEZA MÁXIMA

En la sentencia, se aumenta la indemnización reparatoria, sustituyendo  30 millones, por  100 millones, lo que seguramente, será apelado por el Consejo de Defensa del Estado, pues es el Estado el que debe responder con esos dineros, cuyo único beneficiario, es Alberto Zerega Ponce. “Pero esos recursos no son míos, son de Víctor y de otras víctimas…  socialistas, comunistas, del Mir… por su historia, por su entrega, su lucha, su memoria”.

Por ello anunció que independiente de la cantidad, todo el dinero, cuando se concrete la indemnización, no quedará en sus manos, no será para su beneficio personal, sino que lo distribuirá. Un 10% para abogados, que se entregaron por completo a esta causa. Otro 10 % para la Agrupación de Ejecutados Políticos y otras víctimas.

También para fines de Derechos Humanos y la memoria. “Este dinero estará destinado para promover la memoria, en la tierra donde nació Víctor, cuyos fondos serán administrados por la Corporación de Derechos Humanos y de Sitios de la Memoria que hoy preside su amigo y camarada Luis Caroca, con administración de fondos en cuenta bipersonal de mi hijo  Víctor y mi sobrina Marcela Victoria. Todos los años quiero que esos recursos premien a los estudiantes que escriban y piensen en los derechos humanos de todos los ejecutados y desaparecidos de la Primera región.  Es mi pequeño aporte a esta causa: ni perdón ni olvido”.

UN NUEVO CHILE

Zerega Ponce señaló que el contexto actual es esperanzador. “Creo que  en el marco político de un segundo gobierno de izquierda en Chile después de 50 años; en el contexto de un proceso constituyente único, que sin duda harán cambiar la geografía política de nuestro país o tipo de Estado, queden establecidos derechos sociales fundamentales”.

Además espera que esto permita que “se generen las condiciones institucionales  para que esos quórum super mayoritarios que nos han impedido avanzar en procesos transformadores, ahora se superen y podamos recuperar nuestras riquezas. Podamos recuperar nuestra soberanía económica, recuperar el agua para el uso humano antes que comercial… cosas tan fundamentales”.

“Por eso estamos con esperanza en este proceso que va a conducir este joven de izquierda muy inteligente, Gabriel Boric, un hombre amplio, unitario, que ha sabido leer lo que nuestro pueblo quiere”, concluyó Alberto Zerega Ponce.

Corporación Humanas, en representación de Ana María Campillo y Patricia Herrera, se hizo parte del alegato de apelación solicitado por José Luis Contreras Valenzuela, ex Cabo Segundo y miembro del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR).

Contreras Valenzuela, acusado de secuestro agravado durante la dictadura cívico militar se encuentra en prisión preventiva y, recientemente, solicitó su libertad bajo fianza al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quién en primera instancia no dio lugar al beneficio solicitado por el ex unif0rmado.

En diciembre de 2010, Corporación Humanas presentó una querella por el secuestro de Patricia Herrera cuando tenía 19 años de edad. Su aprehensión se registró en las afueras de su hogar en junio de 1974 y, posteriormente, fue trasladada por un grupo de agentes de la SICAR al subterráneo de la Plaza de la Constitución.

En su relato, Patricia Herrera sostuvo: “no hubo interrogatorio; sólo torturas; no me preguntaron nada; yo tampoco dije nada. Me pegaban, me insultaban, me gritaban “comunista de mierda”, entre otros tratos inhumanos, crueles y degradantes”.

Respecto del caso de Ana María Campillo, fue detenida a los 21 años de edad y sacada del domicilio de su pareja en ese entonces, junto a otras tres personas en junio de 1974. En junio del año pasado se presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables por los delitos de secuestro agravado, violencia sexual como tortura, violación sexual y abusos deshonestos cometidos en su contra y por el delito de asociación ilícita para secuestrar y torturar, todos constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

Ambas causas fueron acumuladas en un proceso en el que en junio de este año se dictó auto de procesamiento en contra de Manuel Muñoz Gamboa en calidad de autor del delito de secuestro agravado y contra Contreras Valenzuela y otros 10 ex agentes de la SICAR en calidad de cómplices del mismo delito.

Patricia Herrera y Ana María Campillo son representadas por Corporación Humanas. Ellas reconocen que fueron trasladadas a los subterráneos de la Plaza de la Constitución, donde funcionó un centro clandestino de secuestro y tortura conocido como “El Hoyo” durante la dictadura cívico militar.

Asimismo, Corporación Humanas en su alegato ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitó se deje sin efecto la resolución que concede la libertad bajo fianza para a 10 agentes del grupo de Contrainteligencia del SICAR procesados, entre otros delitos, por secuestro agravado.

Pese a la gravedad de los antecedentes expuestos la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio a lugar la solicitud de fianza solicitada para los agentes procesados por violaciones a los derechos humanos, previo pago de una fianza de 500 mil pesos para el ex uniformado Contreras Valenzuela y una fianza de 1 millón de pesos para los otros 10 ex agentes del grupo de Contrainteligencia del SICAR.

Los argumentos esgrimidos por los magistrados son por una parte, que los hechos tuvieron lugar hace más de 30 años y que, en el caso de Contreras Valenzuela, no constituye un peligro para la sociedad.

Existen antecedentes suficientes en la causa para señalar que los subterráneos de la Plaza de la Constitución fue un recinto que se encontraba a cargo del Departamento de Contraiteligencia de la SICAR del cual Contreras Valenzuela y los otros 10 agentes procesados hacían parte.

El ministro en visita Mario Carroza condenó a nueve miembros en retiro de Carabineros por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar.

Ambas fueron detenidas en junio de 1974 y permanecieron recluidas ilegalmente en los subterráneos de la Plaza de la Constitución.

En el fallo, el magistrado condenó a Manuel Agustín Muñoz Gamboa a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, en calidad de autor “de los delitos de secuestro agravado, de connotación sexual al haberse cometido con motivo u ocasión del secuestro violación en perjuicio de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar entre los meses de junio y julio de 1974, en Santiago”.

Francisco Segundo Illanes Miranda, José Luis Contreras Valenzuela, Wiston Humberto Cruces Martínez, Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Sabino Adán Roco Olguín, Alejandro Segundo Sáez Mardones y José Hernando Alvarado Alvarado fueron condenados a tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices del delito.

José Edgar Hoffmann Oyarzún fue condenado a 541 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplice, y se absolvió a Pedro Retamal Ortega por falta de participación en los hechos.

A su vez, en el aspecto civil, se condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada una de las víctimas.

El ministro Carroza recalcó que el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) asumió un rol “represivo con seguimientos, allanamientos, detenciones e interrogatorios bajo tortura” durante la dictadura, estando entre sus lugares clandestinos el Cuartel Número 1, “El Hoyo”, ubicado en el subterráneo de la Plaza de la Constitución.

En la investigación, logró acreditar que el 19 de junio de 1974 Ana María Campillo Bastidas fue detenida en un domicilio por «cinco hombres vestidos de civil portando metralletas y la privan de libertad por primera vez, luego al cabo de tres días la liberan y días después nuevamente es privada de su libertad y encerrada sin orden judicial ni administrativa por el mismo grupo restrictivo de derechos”.

“Días después, el 27 de junio de 1974, es aprehendida Patricia del Carmen Herrera Escobar, universitaria de 19 años de edad, perteneciente a la Juventud del PS, en las afueras de su casa ubicada, también por hombres vestidos de civil, quienes le vendaron la vista y la precipitaron al piso de un vehículo, y partieron con rumbo desconocido”, agrega el fallo.

Ambas fueron trasladadas a hasta el subterráneo de la Plaza de la Constitución, donde “permanecieron con la vista vendada, esposadas y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente en el recinto por sus secuestradores, los funcionarios del Sicar”.

En septiembre de 2016, la entonces Presidenta Michelle Bachelet anunció que “vamos a hacer todo lo necesario para que el centro de tortura ‘El hoyo’ sea también uno de los Sitios de Memoria”. Luego de tres años, ese compromiso aún no se materializa.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a nueve miembros en retiro de Carabineros por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar, quienes fueron detenidas en junio de 1974, y que permanecieron recluidas ilegalmente en los subterráneos de la Plaza de la Constitución.

En el fallo, el ministro en visita condenó a Manuel Agustín Muñoz Gamboa a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor "de los delitos de secuestro agravado, de connotación sexual al haberse cometido con motivo u ocasión del secuestro violación en perjuicio de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar entre los meses de junio y julio de 1974, en Santiago".

En tanto, Francisco Segundo Illanes Miranda, José Luis Contreras Valenzuela, Wiston Humberto Cruces Martínez, Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Sabino Adán Roco Olguín, Alejandro Segundo Sáez Mardones y José Hernando Alvarado Alvarado fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplices del delito; José Edgar Hoffmann Oyarzún a 541 días de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como cómplice, y se absolvió a Pedro Retamal Ortega por falta de participación en los hechos

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer los siguientes hechos:
"Que, la Sección Servicio de Inteligencia de la Secretaría General de la Dirección General de Carabineros (SICAR), fue el grupo de Inteligencia de esa institución que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 estuvo estructurado como un servicio de seguridad y represión de simpatizantes y militantes de partidos de izquierda, y que para el año 1974 se encontraba dividido en cuatro grupos de trabajo, dos de ellos eran operativos, ‘Operaciones' y ‘Contrainteligencia', y los otros dos de naturaleza administrativa ‘Análisis' y ‘Archivo y Kárdex';

Que a partir de esa fecha, el aludido servicio comienza a efectuar procedimientos al margen de sus labores institucionales, y asume un rol represivo con seguimientos, allanamientos, detenciones e interrogatorios bajo tortura;

Que entre los lugares clandestinos en que consumaron sus actividades ilícitas para el año 1974, estaba el conocido Cuartel N° 1, llamado ‘El Hoyo', ubicado en el subterráneo de la Plaza de la Constitución;

Que así las cosas, el día 19 de junio de 1974, alrededor de las 19:30 horas, Ana María Campillo Bastidas, simpatizante del Partido Socialista, se encontraba en el domicilio de calle Lynch Norte N° 390 de la comuna de La Reina, junto a miembros del Comité Central del Partido Socialista, cuando irrumpen cinco hombres vestidos de civil portando metralletas y la privan de libertad por primera vez, luego al cabo de tres días la liberan y días después nuevamente es privada de su libertad y encerrada sin orden judicial ni administrativa por el mismo grupo restrictivo de derechos;

Que días después, el 27 de junio de 1974, alrededor de las 23:00 horas, es aprehendida Patricia del Carmen Herrera Escobar, universitaria de 19 años de edad, perteneciente a la Juventud del Partido Socialista, en las afueras de su casa ubicada en calle Gauchos de la Plata N° 7862, de la Comuna de Cerrillos, también por hombres vestidos de civil, quienes le vendaron la vista y la precipitaron al piso de un vehículo, y partieron con rumbo desconocido;

Que luego de sus respectivas privaciones de libertad, ambas mujeres fueron trasladadas hasta el subterráneo de la Plaza de la Constitución, donde se les mantuvo encerradas sin derecho por varios días.

Es el caso, que durante el tiempo de cautiverio en el referido recinto, Ana María Campillo y Patricia Herrera permanecieron con la vista vendada, esposadas y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente en el recinto por sus secuestradores, los funcionarios del SICAR".

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada una de las víctimas.

El día de ayer se hizo público el fallecimiento del criminal preso en el penal Colina 1, exoficial de Carabineros y exjerarca de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Ricardo Víctor Lawrence Mires, condenado a cadena perpetua por decenas de causas por delitos de lesa humanidad.

Por Darío Núñez

El exjerarca de la DINA formó parte del organismo represivo desde los inicios del aparato de exterminio creado por Pinochet y su mano derecha, Manuel Contreras. El entonces teniente de Carabineros comenzó sus actividades criminales en el llamado Cuartel Uno, que funcionaba en los subterráneos de la propia Plaza de la Constitución, luego continuó en funciones en el cuartel secreto instalado en Londres 38. Desde este recinto, ya formando parte de la Brigada Caupolicán de la DINA, con el nombre supuesto de "Julio Goren" y el alias de "Cachete Grande", siguió en Villa Grimaldi en donde se hizo cargo de la Agrupación Águila o "Los Guatones" de la mencionada brigada represiva.

En estos recintos y funciones criminales, Lawrence Mires concentró sus acciones de represión sobre los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que intentaban oponerse a la dictadura y organizar la resistencia al régimen, siendo responsable directo del secuestro y desaparición de cientos de personas detenidas desaparecidas. Más tarde, a la agrupación represiva de Lawrence Mires le amplían los objetivos de exterminio desencadenando la represión sobre los militantes del Partido Comunista que funcionaban en la clandestinidad. En 1976 se traslada con su grupo operativo al Cuartel Simón Bolívar donde se consumaron decenas de crímenes de personas de esa colectividad política detenidas y posteriormente desaparecidas.

El accionar represivo de Lawrence Mires continuó luego en el cuartel Venecia y en el cuartel Malloco, siempre a cargo del grupo Águila, ampliado y transformado en agrupación Delfín que comandaba el exoficial de ejército, Germán Jorge Barriga Muñoz, quien el año 2005 se suicidó para escapar de la acción de la justicia.

El criminal Ricardo Lawrence Mires estaba cumpliendo condena en más de 35 causas de delitos de lesa humanidad, que sumaban más de 400 años de prisión. Sin embargo, y dada la lentitud de las causas judiciales por causales de derechos humanos, recién el año 2014 comenzaron a cerrarse algunas de las causas con sentencias a firme. Desde ese mismo momento, el criminal se declaró prófugo de la justicia, recibiendo sueldo del Estado por su condición de exoficial de Carabineros (con el rango de teniente coronel en retiro), haciendo uso de prebendas, pero prófugo de la justicia para no acatar las resoluciones de tribunales. Este sujeto mantuvo su insólita condición de prófugo hasta enero de 2020, fecha en que se entregó para poder continuar con sus tratamientos de salud. La muerte del criminal habría ocurrido en un recinto hospitalario adonde había sido trasladado desde el penal penitenciario, pues Lawrence Mires padecía de una enfermedad terminal.

Es decir, no alcanzó a cumplir ni tres años de prisión efectiva. A las 35 condenas a firme, se le suman otras 11 causas que aún están en etapa de investigación, otras 74 que ya tenían sentencias de primera instancia, y otras 25 con sentencias de segunda instancia, que se acumulan en las Cortes de Tribunales sin ningún sentido de oportunidad ni de respeto por el deber que se supone tiene la justicia, produciendo efectos de impunidad para estos criminales de lesa humanidad.