Recinto SIFA, Maruri 245

En el año 1974, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) utilizó un inmueble de la calle Maruri 245, comuna Independencia de Santiago, para llevar transitoriamente a presos políticos quienes incluso podían ser visitadas allí por sus familiares. Más tarde, esta casa fue utilizada como habitación para agentes solteros del Comando Conjunto.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; El Siglo;

El "caso de los 13", como fue conocido el secuestro y desaparición en diciembre de 1976 de la dirigencia clandestina del Partido Comunista, vivió sucesivas etapas que culminaron en su sobreseimiento y amnistía, pasando por sobre el fallo del juez Carlos Cerda que había procesado a 40 integrantes del Comando Conjunto. La posible aparición de los restos de estas 13 personas en Cuesta Barriga viene a confirmar lo falsa e intencionada que fue la información entregada por las Fuerzas Armadas.

La detención y desaparición de 11 militantes del Partido Comunista y 2 del MIR a fines de 1976, realizada por agentes del Comando Conjunto, dio inicio a lo que se conoció como el "caso de los 13", uno de los procesos que cobró gran notoriedad en la época dictatorial por la audacia y perseverancia del juez Carlos Cerda, quien procesó a 40 integrantes de esta asociación ilícita terrorista compuesta, en su mayor parte, por uniformados de la Fuerza Aérea y civiles pertenecientes a Patria y Libertad.

Este aparato represor, que existió sólo de hecho, también contó en algunos períodos con la colaboración de otros servicios de inteligencia como la DICAR de Carabineros, el SIN de la Armada, el DINE del Ejército y agentes de la Policía de Investigaciones. Su labor represiva la ejerció desde mediados de 1975 a fines de 1977, aunque su base constitutiva ya se había organizado en los primeros días de la dictadura como un grupo destinado a la detención y tortura de quienes, al interior de la FACH, fueron leales al gobierno de Salvador Allende.

Ante la preeminencia de la DINA, que ostentaba todo el poder otorgado por Pinochet para "actuar contra el enemigo interno", la Fuerza Aérea comenzó a gestar la construcción del Comando Conjunto en abierta contraposición con Manuel Contreras y sus agentes, a quienes consideraban poco profesionales en sus tareas y muy "brutos". Esto llevó a una guerra en las sombras por probar eficiencia y capacidad entre ambas organizaciones terroristas, que incluyó robo de prisioneros, intentos de cooptación de agentes y la extraña muerte del entonces Director de la DIFA, el Coronel

Horacio Otaiza. Incluso, el Comandante en Jefe de la FACH e integrante de la Junta de Gobierno, Gustavo Leigh Guzmán, decidió a principios de 1976 retirar a los miembros de esta rama de las Fuerzas Armadas de la DINA, culminando estas disputas con los asesinatos de los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti, el primero ex comunista y el segundo soldado de la FACH; y la baja de Otto Trujillo, que salvó su vida sólo por la amistad que le unía desde los tiempos de Patria y Libertad con Roberto "Wally" Fuentes Morrison, todo ello por su presunta entrega de información a la DINA.
 

LOS RECINTOS SECRETOS DE TORTURA

El Comando Conjunto utilizó diversos centros secretos de reclusión y tortura, comenzando por el recinto ubicado al interior de la Academia de Guerra Aérea (AGA), usado desde los últimos días de 1973 hasta fines de 1974 por lo que era en ese momento el SIFA, principalmente para la detención de miembros de la FACH leales a Salvador Allende y militantes del MIR. Allí fue torturado el General Alberto Bachelet, quien moriría a causa de ello, y se sabe que también habría estado en esas instalaciones el dirigente comunista José Baeza Cruces, hasta hoy desaparecido.
A principios de 1975, tras desocupar el AGA y con el cambio del SIFA por la DIFA, los detenidos fueron trasladados a una casa ubicada en Apoquindo, a un par de cuadras de la Municipalidad de Las Condes, siendo ocupado sólo un par de meses para posteriormente trasladar la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea a Juan Antonio Ríos N°6, junto a los demás servicios de inteligencia; y los detenidos, a un hangar en el interior del Aeropuerto Cerrillos, cuando ya comienza a funcionar como Comando Conjunto.

En el transcurso de 1975 los detenidos fueron trasladados al local denominado como Nido 20, ubicado en Santa Teresa 037 en el paradero 20 de Gran Avenida, donde habrían muerto Alonso Gahona Chávez y Humberto Castro Hurtado. Desde aquí eran llevados al llamado Nido 18, ubicado en la calle Perú 9053 del paradero 18 de Vicuña Mackenna, lugar al que concurrió en reiteradas oportunidades un médico de la FACH para atender a prisioneros que estaban demasiado torturados y a uno que se generó lesiones producto de un frustrado intento de suicidio. Aquí se habría autoeliminado, tras numerosas sesiones de tortura, Arsenio Leal Pereira.

Luego, el Comando Conjunto usó nuevas dependencias construidas para el efecto en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, conocidas con el nombre secreto de Remo Cero, continuando la labor iniciada allí por la DIFA. En este recinto es donde se produce la mayor colaboración de parte de organismos como la DIN, el DINE y el DICAR, que envió un numeroso contingente de Carabineros a ejecutar labores de detención y tortura. Siguen trabajando los que forman parte inicial de este organismo, es decir, los miembros de la FACH y de Patria y Libertad.

Según el Informe Rettig y la confesión del agente Andrés Valenzuela, desde este lugar habría sido sacado para ser arrojado al mar en helicóptero un numeroso grupo de prisioneros, entre quienes estarían Humberto Fuentes Rodríguez y Luis Moraga Cruz; y otros fueron trasladados a terrenos militares en Peldehue para ser fusilados y enterrados ilegalmente, como Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio González Espinoza, Miguel Rodríguez Gallardo y Nicomedes Toro Bravo, mientras que producto de las torturas habría muerto José Sagredo Pacheco. Es también en la época de Remo Cero cuando se descubre la colaboración de Flores, Bratti y Trujillo con la DINA, por lo que los dos primeros son asesinados y el último dado de baja.

El último recinto utilizado por el Comando Conjunto fue el conocido como La Firma, que en el Gobierno Popular había sido el local usado por el diario El Clarín, ubicado en calle Dieciocho N°229. Aquí habrían estado detenidos Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana y Juan Gianelli Company, quienes fueron trasladados a Cuesta Barriga para ser fusilados y enterrados ilegalmente, y José Weibel Navarrete, que fuera asesinado en el Cajón del Maipo.

Otros recintos de menor importancia fueron las casas de solteros que utilizaban los agentes, donde en algún momento hubo prisioneros, como la ubicada en el Barrio Bellavista frente a las actuales canchas de tenis del Puente Loreto y otra con dirección en Maruri 245, mientras que durante la visita realizada por una delegación de derechos humanos de Naciones Unidas muchos prisioneros fueron trasladados a la Comisaría de Las Tranqueras.

EL CASO DE LOS TRECE

Las detenciones practicadas por el Comando Conjunto contra la dirección clandestina del PC, comenzaron el 29 de noviembre de 1976 con el secuestro de Santiago Edmundo Araya Cabrera en las inmediaciones de la Vega Central, quien a pesar de ser militante del MIR es incluido en este caso porque las características de la detención son muy coincidentes con el resto. Araya había declarado en el proceso abierto por el secuestro de otro militante del MIR, Mario Maureira, ocurrido el 8 de agosto de este mismo año, por lo que se cree que fue seguido y detenido. Al ser presentado un recurso de amparo en su favor, el ministerio del Interior informó a los tribunales que Araya había salido a pie de Chile por el paso fronterizo los Libertadores, cosa bastante ridícula conociendo la afección que sufría en sus caderas y su visible cojera.

El 9 de diciembre, alrededor de las 10:30 horas, fue detenido en la vía pública el miembro del Comité Central del PC Armando Portilla, del que también informó el ministerio del Interior que habría abandonado Chile por Los Libertadores con fecha 11 de enero de 1977. El 13 de diciembre es secuestrado por cinco agentes del Comando Conjunto, en Ramón Cruz con Grecia, Fernando Navarro Allendes, también parte de la dirección clandestina del PC. De los dos, sólo Navarro aparece en el listado del Informe Lagos con destino final en las coordenadas de Cuesta Barriga.

La detención más masiva de este caso se produce el 15 de diciembre, cuando son secuestrados Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Berrios Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina, Héctor Veliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, quien se encontraba en su quinto mes de embarazo.

De Cepeda se sabe que fue detenido junto a Berrios en Lo Plaza con Rodrigo de Araya, señalándose por las autoridades de la época que registraban salida de Chile el 6 de enero de 1977, el primero, y el 21 de diciembre de 1976, el segundo. Un cheque de la cuenta corriente de Horacio Cepeda fue cobrado con posterioridad a su secuestro, utilizando una cédula de identidad falsificada. En el Informe Lagos se dice que ambos estarían enterrados en Cuesta Barriga, teniendo ya certeza con restos que pertenecen a Horacio Cepeda, pero la fecha no coincide, puesto que él fue visto en un centro clandestino de reclusión algunos meses después de la supuesta data de su muerte.

Ortiz y Pizarro fueron detenidos en la Plaza Egaña, ante numerosos testigos, siendo encapuchados e introducidos con extrema violencia en un vehículo. En el caso de Waldo Pizarro existe un certificado de viaje, el N°1082 del 20 de abril de 1977, en el cual se dice que abandonó a pie el territorio nacional el 21 de diciembre de 1976 por el paso Los Libertadores. Según el Informe Lagos, Pizarro habría sido arrojado al mar entre diciembre de 1976 y enero de 1977, mientras que Fernando Ortiz estaría entre los cuerpos sepultados clandestinamente en Cuesta Barriga, lo que hasta ahora se confirmaría por el hallazgo de un diente que le pertenece.

Héctor Véliz también fue detenido en la vía pública y, en su caso, aparece un certificado del ministerio del Interior de la República Argentina en el cual se dice que habría ingresado a su territorio, junto a Horacio Cepeda, Luis Lazo y Edras Pinto el 6 de enero de 1977, en un automovil cuya patente nunca existió, mientras que desde Chile se afirma que nunca salió del territorio nacional. Véliz también aparece en la información de la mesa de diálogo como enterrado en Cuesta Barriga.

Luis Lazo fue secuestrado en calle Profesor Fuentes Maturana con Catamarca y, al igual que los otros detenidos, se le pretende hacer aparecer como saliendo de Chile el 6 de enero de 1977. También está incluido en la lista de 6 enterrados en Cuesta Barriga.

De Reinalda Pereira se sabe que fue apresada en Rodrigo de Araya con Exequiel Fernández, pues numerosos testigos vieron al auto patente HLN 55 en el que fue introducida. Dicha placa no registra existencia legal, mientras que se dice que Reinalda habría abandonado a pie el país el 21 de diciembre, por el paso Los Libertadores, lo que se contradice con su avanzado estado de embarazo. En el Informe Lagos, a pesar de ser detenida junto a los otros militantes, no se dice nada sobre su paradero.

El 18 de diciembre fueron detenidos en la vía pública por separado Lizandro Cruz Díaz, militante comunista, y Carlos Durán González, militante del MIR. Del primero, la versión oficial lo da como abandonando Chile hacia Argentina el 11 de enero de 1977, mientras que de Durán no hay mayores antecedentes. Ninguno de los dos aparece en el Informe Lagos.

El último detenido del caso es Edras Pinto Arroyo, quien fue sacado de la casa de sus padres por tres agentes el 20 de diciembre de 1976, informándose con posterioridad que habría salido hacia Argentina el 6 de enero de 1977. Tampoco aparece en el Informe Lagos.
 

LAS MENTIRAS Y LOS EJECUTORES

Con las últimas noticias, entregadas por fuentes del Servicio Médico Legal, sobre la posible identificación de 8 o incluso 13 personas entre los restos encontrados en Cuesta Barriga, se estaría ratificando lo falso e intencionado del informe entregado por las Fuerzas Armadas como resultado de la Mesa de Diálogo.

Con la sola sospecha de que entre los cuerpos esté el de Reinalda Pereira, se puede concluir que el intento por ocultar la información conducente a otros delitos fue materializada por quienes construyeron el listado. Es evidente que cuando se dice que 6 dirigentes comunistas fueron secuestrados y asesinados el mismo día, para ser sepultados clandestinamente, se encubren los hechos que ocurrieron entre su detención y asesinato, como su traslado a centros clandestinos, las torturas a que fueron sometidos y su posterior ocultamiento, pero en el caso de Reinalda Pereira se tiene el agravante de su embarazo de 5 meses, lo que lleva a preguntarse cuáles fueron las torturas que se le inflingieron, qué pasó con el hijo que llevaba en su vientre, si nació y fue secuestrado o fue asesinado antes de nacer, junto con su madre.

Por otra parte, del único que se entrega información sobre su "destino final", además de los 6 que estarían en Cuesta Barriga, es de Waldo Pizarro Molina, que para los uniformados y el gobierno se incluye entre los casos denominados "emblemáticos" por ser el esposo de Sola Sierra. Pero lo que se dice es que habría sido lanzado al mar a 40 millas de la costa de San Antonio, existiendo con los nuevos hallazgos la posibilidad cierta de que sus restos estén entre los que han aparecido en la causa que lleva hoy el Juez Carreño.

De lo que sí se tiene certeza, por el proceso llevado por el Juez Cerda, es de los nombres de quienes son responsables de estos secuestros, torturas, asesinatos, inhumaciones ilegales, y que pertenecieron a esta asociación ilícita terrorista.
Es de esperar que, aunque el proceso faculta al Juez Carreño a investigar sólo sobre el paradero de estos desaparecidos, producto de este probable hallazgo de otros restos y de la falsedad de algunos datos también avance en el esclarecimiento de quienes son los responsables de estos crímenes y el caso no termine, como el llevado por Carlos Cerda, amnistiado por un juez impuesto para hacerlo; en esa época, Manuel Silva.

De lo contrario, esta investigación podría corresponderle a la jueza del 8° Juzgado del Crimen, que acogió a trámite las querellas contra los Comandantes en Jefe y quienes resulten responsables por la obstrucción a la justicia realizada con el informe de la Mesa de Diálogo.

Seguramente, la imagen más dramática de los luctuosos sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 1973 es la de la Moneda en llamas. Sin embargo, desafortunadamente, ésta solo será la primera de una larga lista de sucesos luctuosos que se multiplicarán por todo el país.

Para los habitantes del territorio que hoy conforma la comuna de Independencia, el sobrevuelo de los aviones Hawker Hunter preparando el asalto a la Casa de Gobierno, la experiencia de ver los cuerpos de cientos de personas yaciendo en el lecho del río Mapocho o apilados en las puertas del Servicio Médico Legal o el Cementerio General, volvieron la muerte una compañera.

No obstante, el dolor, la persecución e indignidad de los hechos que fueron cometidos y, que llevaron a la tortura y muerte a cientos de miles de personas, permaneció oculta a los ojos de la población. Hoy se sabe que el riguroso y sistemático método de persecución utilizado por la dictadura, tal cual lo detalla Santos Herceg en el texto “Los centros de detención y/o tortura en Chile. Su desaparición como destino”, contó con la implementación de más de 11.68 Centros de Detención a lo largo de Chile. Así, edificios públicos, unidades militares y policiales, inmuebles particulares, entre otros, fueron utilizados para estos efectos.

En el territorio local, el gran ícono de las violaciones de DD. HH fue el cuartel Borgoño, el que por poco más de una década, entre los años 1977 y 1989, fue usado como centro de detención y tortura por la Central Nacional de Informaciones, cuyos agentes de seguridad denominaron como «Casa de la Risa».  Aquí tenían su base de operaciones las unidades especializadas en el MIR y más tarde el FPMR.

En Independencia, al Cuartel Borgoño se sumaron otros inmuebles que fueron ocupados para fines represivos, casas deshabitadas y comisarías que también actuaron conforme a la lógica de terror que se impuso a sangre y fuego. Muchas de ellas como lugares de paso y otras que se establecieron como cuarteles más pequeños y que se mantuvieron operativos por algunos años. Estos fueron los casos del Ex Cuartel Maruri y el Ex Cuartel Venecia.

En los inicios de la dictadura de Pinochet, a un par de calles donde posteriormente se instalará el Cuartel Borgoño, se localizará la Casona de dos pisos que dará vida al Cuartel Maruri, signada con el hoy inexistente # 245. De acuerdo al Informe Rettig, acá funcionó el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, SIFA, que preferentemente era utilizado por agentes solteros del Comando Conjunto. El inmueble era ocupado para retener transitoriamente a detenidos, centrándose en la persecución, tortura y eliminación de miembros del MIR y del Partido Socialista entre los años 1974-1975 y de integrantes del Comité Central del Partido Comunista entre 1975 y 1977.

Actualmente la entrada de la casa se encuentra designada con el número 251 y pocos vecinos la reconocen como ex centro de tortura. La mayoría prefiere no hablar del tema por temor a “persecuciones”, aunque algunos reconocen los cambios de voltaje producidos por la aplicación de electricidad como medio de tortura en el que fue uno de los 1.132 lugares que, de acuerdo el Informe Valech fueron utilizados como centros de detención.

Unas veinte calles hacia el norte de Independencia, en la calle Venecia a la altura del 1700, se localizó el llamado «Cuartel Venecia”. Esta casa que después del golpe sirvió como escondite de altos miembros del MIR, fue tomada a fines de 1974 para el uso a una de las unidades de la Agrupación “Caupolicán” de la DINA. La Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) recibió testimonios que confirman que este cuartel secreto fue utilizado para mantener detenidos y para torturar.

De este lugar se tiene constancia de la detención del matrimonio de dirigentes comunistas de Bernardo Araya, ex diputado y dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT) y María Olga Flores Barraza, quienes habían sido apresados en Quintero junto a sus tres nietos y cuñado y llevados al inmueble en el año 1976. La pareja fue brutalmente torturada mientras, en paralelo, agentes de la DINA celebraban un cumpleaños, según dio cuenta el testimonio presencial de Juan Waldemar Henríquez uno de los nietos que se encontraban apresados y que luego fueron liberados. Con los años, Juan ingresó al FPMR siendo asesinado en el montaje que la Dictadura denominó como Operación Albania en el año 1987.

Luz Arce Sandoval vecina de Vivaceta, miembro del Partido Socialista, y que luego fuera colaboradora de la DINA/CNI, indicó en los años noventa que durante el año 1977 la casa era utilizada como centro de detención.

Hoy, recorridas más de cuatro décadas de estos sucesos, detallados en las Comisiones Rettig y Valech, creemos es imperativo que, desde la historia local, se recuerde y reflexione acerca de la memoria nacional y de cómo estos dolorosos eventos que fueron parte de una de las páginas más tristes de la historia nacional, jamás vuelvan a repetirse.