Recinto Militar de Cerro Chena, Cuartel Nº 2 (Casas Viejas de Chena)

El Recinto Militar de Cerro Chena,  conocido como Cuartel Nº II perteneciente al Batallón de Inteligencia de la Escuela de Infantería de San Bernardo, ubicado en el Km. 19 Ruta 5 Sur, fue utilizado como centro de detención, tortura y exterminio de presos políticos. De acuerdo a los antecedentes, la mayor cantidad de detenidos se registró en el año 1973.

Previo a su uso como centro clandestino de detención, en este recinto se desarrolló la tradición de la celebración del "Dieciocho Chico". Luego del golpe de Estado, se articuló en torno a la Sección II de Inteligencia un centro clandestino de detención, torturas, ejecución, inhumación y exhumación, el cual está acreditado por diversos informes oficiales y proceso judiciales. La Sección de Inteligencia contó con dos instalaciones, una administrativa y otra operativa, que funcionaban en dependencias de la Escuela de Infantería, en San Bernardo y en Chena respectivamente.

En su accionar represivo se vinculó con Carabineros de la Tenencia de Paine y participó de diversos operativos cívico-militares para detener, torturar y ejecutar campesinos y trabajadores rurales de las localidades. Según el Informe Rettig existen 80 ejecutados en el Cerro Chena; los archivos de Derechos Humanos y otras fuentes documentales señaladas en el expediente dan cuenta de 100 ejecutados en este recinto o por el accionar de militares de la Escuela de Infantería.

Según la nómina entregada por Manuel Contreras Sepúlveda Director de la DINA en su libro La Verdad Histórica. El Ejército Guerrillero (Santiago de Chile: Ediciones Encina Ltda., 2002), en este recinto estuvieron detenidas 441 personas, 353 hombres y 88 mujeres.

Este sitio se relaciona con la detención y ejecución de 11 dirigentes ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo en octubre de 1973, de 15 campesinos de Paine ejecutados en la Cuesta Chada, con las víctimas ejecutadas, inhumadas y posteriormente exhumadas en la Quebrada El Arrayán de la localidad de Los Quillayes, cerca del Lago Rape!, y con las víctimas inhumadas en el Patio 29, en el Cementerio General.

La existencia del Cuartel Nº 11 de la Sección de Inteligencia se mantuvo en desconocimiento por muchos años, siendo luego reconocido por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Los areas correspondientes al Pórtico de Acceso, la Escuelita y la Loma de la Casa de Techo Rojo (o Panadería) se relacionan directamente con el accionar represivo de la Sección de Inteligencia de la Escuela de Infantería de San Bernardo. 

En la parte baja del cerro había una antigua “Escuelita”, las salas de clases de la “Escuelita” fueron usadas como celdas de prisioneros, en un barracón dormían los prisioneros divididos por 'peligrosidad. La sala de la directora, un gran salón que hoy solo conserva las fundaciones, fue utilizada para interrogatorios y para las torturas más intensas. En el árbol los prisioneros eran amarrados y torturados. Se ha preservado también el comedor de los prisioneros. Más allá de la Escuelita había un canal, unas canchas y unas caballerizas.

En la parte alta, donde habia minas de sapolio, estaba la Loma de la Casa de Techo Rojo o Panadería, de la cual sólo quedan las fundaciones, era el lugar donde eran llevados los prisioneros que serían ejecutados. Este recinto fue también utilizado para esconder a los presos políticos con ocasión de una visita de la Cruz Roja Internacional. En el pie del cerro está el sitio donde fueron inhumados y posteriormente exhumadas diversas víctimas

Al Pórtico de Acceso llegaban en 1973 y 1974 los familiares solicitando información por el paradero de las víctimas

Los sobrevivientes denunciaron haber sufrido aplicación de electricidad, golpes, haber sido amarrados con alambres, el submarino seco y el mojado; amenazas, el teléfono, fueron obligados a permanecer en posiciones forzadas; pau de arara, quemaduras con cigarros, vejámenes y violaciones sexuales; fueron obligados a escuchar las torturas a otros detenidos, fueron sometidos a colgamientos prolongados, a simulacros de ejecución continuamente.

También se los hacía saltar vendados sobre el canal ubicado en la parte baja del recinto y otras veces se los hizo chocar vendados contra paredes. Testimonios de detenidos que estuvieron en la parte alta del cerro señalan que allí dormían sobre sacos puestos sobre cemento y se tapaban con paja. Los privaron de alimento, les impedían dormir y estaban permanentemente con los ojos vendados. Hubo en este lugar mujeres detenidas, traídas desde el Regimiento San Bernardo, para ser interrogadas y torturadas.

Fuentes de información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech;  Consejo de Monumentos Nacionales; Memoriaviva;

El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de declaratoria de la Escuela de Infantería de San Bernardo, uno de los más emblemáticos centros de represión durante la dictadura.

Al fin la espera terminó. El miércoles 28 de junio, en las dependencias de la Biblioteca Nacional, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de declaratoria como Monumento Histórico Sitio de Memoria, al Cuartel N°2 de la sección II de inteligencia de la Escuela de Infantería de San Bernardo (casas viejas de Chena) 

La solicitud fue presentada en julio del 2016 por la Corporación Memorial Cerro Chena y patrocinada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Intendencia de la Región Metropolitana; la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, además de concejales de San Bernardo y Paine respectivamente.

Entre los argumentos esgrimidos por los consejeros del CMN para declarar este nuevo sitio de memoria está que el recinto, se constituyó en uno de los principales lugares de detención, tortura y ejecución de la zona sur de la Región Metropolitana, especialmente en los primeros años de la dictadura cívico-militar. Además, en sus instalaciones o por el accionar del Batallón de Inteligencia, se detuvo, ejecutó y desapareció a cerca de cien personas.

Además, el espacio se constituye en  un símbolo de lucha por el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia, siendo identificado como el principal sitio de memoria de la comuna de San Bernardo. En este sentido, su preservación constituye una contribución a la educación en la promoción de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad y un reconocimiento público a las víctimas

Es importante destacar que la existencia del Cuartel N° II del Batallón de inteligencia se mantuvo en desconocimiento por muchos años, hasta finales de 1990 cuando fue reconocido por las comisiones de diálogo y posteriormente por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

La solicitud de aprobación de la declaratoria será enviada próximamente al Ministerio de Educación para la promulgación del decreto.

A diferencia de otros sitios de memoria, incluye una edificación que está prácticamente intacta, según sobrevivientes. El próximo 6 de octubre se cumplen 44 años del fusilamiento de 18 personas en ese lugar, incluido un niño de 17 años, a manos de militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. El Ejército, mediante un documento enviado en marzo y otro en agosto, señala que el proceso de declaratoria no sólo tuvo vicios jurídicos, sino que señala que el sitio de memoria interferiría sus actividades militares

Indignación hay en agrupaciones de derechos humanos por la oposición del Ejército a la declaratoria como monumento nacional, mención sitio de memoria, del "Cuartel N° II" de la Sección de Inteligencia de la Escuela de Infantería de San Bernardo (Casas Viejas de Chena), en el cerro Chena, en la comuna de San Bernardo, decidido en junio por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

La declaratoria, ocurrida el 28 de junio, ha sido gestada por la Corporación Memorial Cerro Chena, tras una postulación formal en julio de 2016, en virtud de que tras el golpe de Estado allí fueron torturadas y asesinadas numerosas personas. Sus verdugos fueron militares de la Escuela de Infantería, a la cual pertenece el predio, y que incluye la tristemente célebre "Escuelita", una edificación que permanece prácticamente intacta según testimonios de sobrevivientes.

En el lugar murió un centenar de personas a lo largo de varios días. Uno de los hechos más resonantes fue la ejecución de 18 hombres, incluidos 11 obreros ferroviarios, el 6 de octubre de 1973, una matanza de la cual se cumplen 44 años la próxima semana y que incluirá una tradicional romería en la comuna. El único condenado por los hechos, un ex oficial de Ejército, murió sin purgar su pena por este caso.

El Ejército, mediante un documento enviado en marzo y otro en agosto, señala que el proceso de declaratoria no sólo tuvo vicios jurídicos -entre otros, que la entidad no habría podido expresar sus puntos de vista durante el mismo- sino que señala que el sitio de memoria interferiría sus actividades militares e incluso podría afectar su seguridad ante países enemigos. Cabe mencionar que anteriormente la institución sí cedió varios terrenos para ser parte del Parque Metropolitano Sur.

"Te aseguro que si allí se quisiese instalar una estatua en homenaje al dictador o a los violadores a los derechos humanos, el Ejército de Chile jamás levantaría la voz", lamentó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

El dirigente sindical Manuel Ahumada, uno de los sobrevivientes del recinto siendo liceano y militante comunista, que estuvo recluido allí con 17 años de edad, en tanto, dijo que "es una pena que el Ejército insista tozudamente en querer tapar esa mancha enorme, sangrienta, pero creo que no lo van a lograr. Les avergüenza que en esas instalaciones, que se supone cumplían un rol en lo que ellos determinan la defensa de la patria, se haya detenido, vejado, torturado y asesinado a compatriotas".

La declaratoria ha sido respaldada por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Intendencia Metropolitana. También ha recibido cartas de apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, varios concejales de Paine y San Bernardo, la ONG Crea Conciencia y varios sobrevivientes.

Ahora la ministra de Educación, Adriana Delpiano, de la cual depende el CMN y que debe firmar el decreto de declaratoria, deberá decidir en octubre si acoge o no el reclamo.

Los asesinatos
La matanza del Cerro Chena que se conmemora el 6 de octubre afectó a 18 estudiantes, campesinos y trabajadores, y militantes del PS, el PC y el MIR. En parte se debió a la venganza por la Reforma Agraria, que había sido muy activa en el sector y molestó a varios latifundistas. En el lugar estuvieron detenidos unas 450 personas, entre hombres y mujeres. Las tropas de la Escuela de Infantería además habían sido claves en el asedio de La Moneda el día del golpe.

Once de los asesinados eran trabajadores de la Maestranza San Bernardo de Ferrocarriles, todos comunistas. Otro de los ejecutados, Héctor Hernández Garcés, simpatizante socialista y estudiante de un liceo de Puente Alto, tenía apenas 17 años. También había tres campesinos de Paine y un ex GAP. Los acusaron de querer volar el gasoducto de la maestranza.

Tras varios días de torturas, estos prisioneros fueron reunidos y aparentemente obligados a correr cerro arriba mientras les disparaban por la espalda. El mismo cerro donde, hasta 1973, el poderoso movimiento obrero local solía celebrar el "18 chico" los primeros días de octubre de cada mes.

Algunos de sus cuerpos fueron recuperados por familiares en el Servicio Médico Legal, mientras otros fueron enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. Los militares informaron que se les dispararon en un intento de fuga. Antes los prisioneros habían sido ocultados ante una visita de la Cruz Roja.

La Comisión Rettig "alcanzó la convicción de que todas las víctimas fueron ejecutadas al margen de todo proceso por agentes del Estado".

Según el proceso judicial, los responsables máximos fueron el director de la Escuela, coronel Leonel Koenig, que se suicidó años después; su segundo, Pedro Montalva Calvo, quien el año siguiente fue premiado al ser designado director de Gendarmería y luego falleció; y el entonces capitán Víctor Pinto, quien en 2002 fue condenado por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez y recluido en Punta Peuco, y en 2011 sentenciado por los crímenes de Paine a apenas cinco años en libertad vigilada. Pinto murió el año 2014.

En total, fueron 94 víctimas mortales las cuales pasaron por la Escuela de Infantería, específicamente el Batallón de Inteligencia que manejaba el "Cuartel 2" junto a Carabineros de Paine. De ellas 37 permanecen desaparecidas, 56 son ejecutados políticos y una murió por torturas. Según fuentes judiciales, por estos casos también están acusados los ex oficiales de Ejército Andrés Magaña Bau, Jorge Romero Campos y Alfonso  Faúndez Norambuena, éste último además luego miembro de la DINA y jefe en Villa Grimaldi.

Según documentos oficiales, el Cerro Chena formaba parte de una gran hacienda de propiedad de la familia García de La Huerta, que en el contexto de la Reforma Agraria y para evitar su expropiación, fue donada al Ejército de Chile. Fue inscrito a favor del fisco en 1971 y destinado formalmente en 1976 al Ejército, que ya estaba haciendo uso de él desde comienzos de 1970, instalando el Cuartel N° II de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

La declaratoria
La declaratoria de monumento nacional es sólo un hito más en la lucha de la Corporación Memorial Cerro Chena por preservar el recuerdo de lo ocurrido. Luego que el Ejército acordara ceder parte de los terrenos del lugar para la creación del Parque Metropolitano Sur, en 2014 la Corporación interpuso un recurso de protección para que el acuerdo incluyera un memorial y se resguardara un sector de fosas, afectado por una ampliación de la Ruta 5 Sur. En 2015 se instaló, con autorización del Ejército, una cruz en el lugar, pero luego fue removida por los militares, según denunció el diputado socialista Leopoldo Soto.

Otro hito ocurrió en 2016, cuando por primera vez miembros de la Corporación se reunieron con la oficialidad a cargo de la Escuela de Infantería. Allí le solicitaron permiso para ingresar al recinto y rendir homenaje a sus familiares asesinados, a lo cual el Ejército accedió por primera vez. Para la conmemoración del año pasado ingresó un centenar de personas, aunque por una autorización que está pendiente, es incierto que se repita este año.

En una sesión de junio de 2017 del CMN, Mónica Monsalvez, Laura González y Andrea García, de la Corporación Memorial Cerro Chena, formada por familiares y sobrevivientes del recinto de detención, pidieron formalmente la declaratoria "para poder preservar la memoria histórica y proteger sus vestigios materiales".

En la ocasión expresaron que el Cerro Chena, que en la década de 1960 era un lugar "de encuentro y de vida", tras el golpe de Estado se transformó "en un símbolo de impunidad y muerte".

También dijeron que, a pesar del esfuerzo por obtener verdad y justicia, sólo han podido a la fecha obtener verdad, como ha señalado el ministro de fuero Héctor Solís Montiel. Por el caso de la ejecución de los 11 ferroviarios el único condenado obtuvo el beneficio de la libertad condicional, quedando los hechos en la impunidad.

Agregaron que el año 2000 iniciaron las gestiones para construir un memorial en el lugar que dé cuenta de los hechos, en relación a las orientaciones dadas por los informes de las Comisiones de Verdad y Reconciliación. Y señalaron que "es un deber del Estado y de la sociedad en su conjunto proteger este sitio como un símbolo de las garantías efectivas de no repetición y como testimonio de la vida".

La petición fue acogida por unanimidad. El CMN sólo acotó que, por motivos de seguridad, sería el Ejército el que determine el acceso al recinto de la "Escuelita".

En la ocasión, el CMN fundamentó la declaratoria al señalar entre otros que "el sitio constituye un símbolo de lucha por el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia por parte de las agrupaciones a los derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión, siendo identificado como el principal sitio de memoria de la comuna de San Bernardo".

Asimismo, "es una expresión de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de la represión como política de Estado. Su preservación constituye una contribución a la educación en la promoción de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad y un reconocimiento público de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la región".

Cabe recordar que la existencia la "Escuelita" inicialmente fue negada por el Ejército y recién se acreditó su existencia en 2015, gracias a una declaración judicial de Ahumada, hijo de obrero ferroviario.

"De la 'Escuelita' no hablaba nadie como sitio de detención. Hemos logrado averiguar con las hijas de los fusilados que no existen sobrevivientes que hayan pasado por la 'Escuelita'", dice.

Objeción del Ejército
El Ejército se opuso desde el principio a la declaratoria, siempre con los mismos argumentos. Primero, a través de un oficio de marzo de 2017, del Comando de Ingenieros del Ejército. Luego, mediante un segundo documento del 21 de agosto, documento firmado por el comandante en jefe, Humberto Oviedo.

En el segundo, Oviedo señala que si bien su entidad "ha adquirido un rol preponderante" en materia de derechos humanos y reconoce como "legítima" la aspiración de los familiares de las víctimas a tener memoriales para recordarlos, la declaratoria "debe reconocer límites que se relacionan con la función institucional" como "cuerpo armado", además de señalar supuestos vicios jurídicos en la misma, entre otros, que no tuvo la posibilidad de señalar sus descargos.

Entre otros, argumenta que convertir el lugar en monumento nacional "genera una interferencia insoslayable al desarrollo de las actividades propias de la institución (por ejemplo, a través de visitas continuas de personal civil)".

También alude a "el ejercicio de operaciones militares básicas, todas actividades imprescindibles para que el Ejército pueda cumplir adecuadamente sus misiones", como disparos y detonaciones, así como que en el lugar se concentran gran parte de las unidades de combate de la Región Metropolitana.

El acceso de civiles incluso facilitaría el acceso de "agente encubiertos" de la "Inteligencia adversaria" que podrían "filmar o fotografiar" actividades militares en las inmediaciones.

Críticas de organizaciones
Esta actitud fue duramente criticada por agrupaciones de derechos humanos. La presidenta de la AFDD señaló que "esta ha sido una conducta permanente que boicotea cualquier acción de memoria".

Recordó que en algún momento se instaló una cruz en el lugar, que fue retirada por los militares, y fue repuesta tras fuertes críticas.

"Creo que es el reflejo de lo que son las Fuerzas Armadas chilenas, puntualmente el Ejército de Chile. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: las Fuerzas Armadas deben tener sitios de memoria en los lugares donde cometieron exterminio, y en general en sus instituciones, que muestren la verdad de lo ocurrido y no resalten para nuevas generaciones la figura de Augusto Pinochet o los involucrados en crímenes de lesa humanidad", dijo Pizarro.

El hecho muestra "lo capturadas que siguen las Fuerzas Armadas por la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional  que permitió el golpe cívico militar de 1973".

El informe de los militares revela que tres de los desaparecidos más emblemáticos fueron arrojados al mar. 'Es muy doloroso, después de haber luchado tanto por encontrarlo, saber esta noche que no lo voy a hallar. Yo quisiera encontrar sus restos. Pero saber que está en las profundidades del océano es terrible'. Hablaba Viviana Díaz el domingo por la noche en la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización que preside. Periodistas y familiares de las víctimas escuchaban en silencio. Hasta que estalló el primer llanto y los rostros se llenaron de lágrimas. La conmoción invadió la sala. 'Hay que verificar los datos, no sabemos si son ciertos', gritaban algunas voces.

Víctor Díaz, ex secretario general del Partido Comunista (PC), fue detenido en mayo de 1976 por militares en una casa del sector oriente de Santiago, donde se ocultaba. Fue llevado con rumbo desconocido y nada más se supo de él. El domingo, su hija Viviana supo que había sido arrojado al mar junto a otros compañeros del partido.

El mismo mes fue detenido Jorge Muñoz, miembro de la Comisión Política del PC por agentes de la DINA (policía secreta) en una redada efectuada en una casa de la calle Conferencia, donde un grupo de dirigentes comunistas había acordado reunirse. Desde ese día se desconoce su destino. Su hija, Gladys Marín, actual secretaria general del PC, interpuso la primera querella contra Pinochet ante el juez Guzmán, en enero de 1998, por la desaparición de su esposo. Al conocer el informe entregado al presidente chileno, Ricardo Lagos, con los antecedentes recopilados por la Mesa de Diálogo, Marín declaró estar profundamente descontenta por encontrar que los datos son insuficientes y manifestó su rechazo a que la información se entregue de forma personal y reservada a los familiares de las víctimas, ya que, sostuvo, 'toda la sociedad chilena tiene el derecho a conocer la verdad'.

Andrés Pereira Salsberg era el padre de Pamela Fereira, abogada de derechos humanos y figura clave dentro de la Mesa de Diálogo. Era un industrial, partidario de la Unidad Popular, radical y masón cuando fue detenido por primera vez el 11 de setiembre de 1973, en Paine. Luego fue dejado en libertad. Pamela era entonces estudiante de derecho de la Universidad de Chile y pertenecía ya a la Vicaría de la Solidaridad.

El 6 de octubre de ese mismo año fue sacado nuevamente de su casa por una patrulla militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo y junto a otras 23 personas fue conducido a la Escuela donde fueron todos asesinados esa misma noche. El destino de su cuerpo no se conoció hasta hacerse público este informe de las Fuerzas Armadas, según el cual habría sido arrojado al mar.

El general Cerda aparece mencionado en una declaración que realiza el ex conscripto Manuel Enrique Paredes, quien en 1973 realizaba el Servicio Militar en la Escuela de Infantería de San Bernardo y a pesar que la declaración no sindica al general como involucrado en las detenciones, lo incluye entre sus superiores en aquella época.

Según informaciones publicadas ayer por el diario electrónico El Mostrador el comandante en jefe de la Sexta División y cuarta antigüedad del Ejército, General Julio Cerda Carrasco declaró por tres procesos de desaparecidos que en la actualidad investiga la jueza especial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista Las causas se encuentran hace un mes en manos de la jueza y según trascendió no descarta volver a citar a declarar al alto oficial. Según consta en una declaración efectuada por el propio general en diciembre del 2001, Julio Cerda fue miembro de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), desde el 2 de febrero de 1976 hasta fines del 77. Según el periódico, otro dato que se suma al currículum del general fue su permanencia en la sociedad Pedro Diet Lobos, organismo de fachada del régimen militar que se dedicaba al espionaje en el extranjero donde además estuvieron involucrados Enrique Arancibia Clavel y otros ocho chilenos.La revisión de antiguos antecedentes sobre procesos que datan de 1973 arrojan también la aparición de Cerda Carrasco, quien ascendió y asumió en el cargo de general de la Sexta División de Ejército el 4 de enero del 2002, ascenso que fue cursado por el ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta.

Las diligencias dictadas por la jueza se concretaron gracias al ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, quien acumuló las causas de detenidos desaparecidos de San Bernardo, Paine y el caso del conscripto en el regimiento de Infantería, quien, en mérito de los antecedentes y de acuerdo a su investigación, fueron vitales para citar a declarar al alto oficial. De hecho, según publicó El Mostrador, Cerda fue interrogado el 29 de diciembre del año pasado por el juez Guzmán Tapia, quien se constituyó en la Escuela de Infantería de San Bernardo, trámite que fue adelantado debido a que Cerda ya estaba destinado a la Sexta División. Los casos El general, Julio Cerda aparece mencionado en tres procesos pendientes.

El primero es la desaparición del pastor evangélico Roberto Segundo Avila Márquez y otros detenidos desaparecidos y muerte de trabajadores de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, ocurridas en el mes de septiembre de 1973. Por este caso existe una querella en el proceso, donde ya el 22 de mayo de 1991 Cerda y otros oficiales fueron citados a declarar por una orden emanada del Segundo Juzgado del Crimen de San Bernardo. El alto oficial aparece mencionado en una declaración que realizó el ex conscripto Manuel Enrique Paredes, quien en 1973 realizaba el Servicio Militar en la Escuela de Infantería de San Bernardo y a pesar que la declaración no sindica al general como involucrado en las detenciones, lo incluye entre sus superiores en aquella épocaAdemás el ex conscripto afirma que al recinto militar llegaron once detenidos de la Maestranza y que a uno de ellos le prestó ayuda. Se trataba de David Avila Márquez, hermano del pastor evangélico que también estaba detenido en el recinto, y a quienes le correspondió vigilar en algunas ocasiones. "Durante el tiempo que permanecí en el referido cerro sólo estuve dos o tres veces como vigilante de los detenidos, los cuales durante el día permanecían con la vista vendada", señaló Paredes al diario electrónico.

Sin embargo, en la declaración que prestó el general Julio Cerda ante Guzmán, el alto oficial negó que en el recinto militar, donde estuvo desde 1970 hasta el 2 de enero de 1976, haya visto ingresar o egresar detenidos durante el año 1973. Avila Márquez y sus compañeros fueron fusilados en 1973 y algunos de los cuerpos aparecieron en el Patio 29, fecha en que el general Cerda estaba destinado a la Escuela de Infantería de San Bernardo, donde tenía el rango de teniente y era jefe de un grupo de entre 30 y 40 soldados. Más casosCerda también aparece mencionado en las investigaciones que buscan aclarar la desaparición y posterior muerte de 23 campesinos en Paine, ocurrida en 1973. Los campesinos fueron conducidos también al cuartel número 2 de Cerro Chena y posteriormente fueron fusilados. Otra duda que también se espera dilucidar la justicia es la muerte de un conscripto del regimiento de infantería de San Bernardo, también en 1973, quién apareció acribillado días después del golpe milita