Parque Cerrillos, (FISA)

Deacuerdo a los testimonios de presos politicos de la epoca, la totalidad de las detenciones en el Parque Cerrillos, Fisa (ocupado por el Regimiento de Montaña N° 18 Guardia Vieja) se registraron entre Septiembre y Octubre del año 1973.

Este recinto público, ubicado camino a Melipilla 10339, fue utilizado como un lugar de detención transitorio. Estuvo a cargo de efectivos del Regimiento Nº 18 de Montaña Guardia Vieja de Los Andes, cuyo personal tomó a cargo el recinto desde días previos al golpe militar; ya estaban acantonados en este lugar el mismo día 11 de septiembre. Los testigos establecieron que los prisioneros políticos, hombres y mujeres, en su mayoría eran trabajadores detenidos en sus lugares de trabajo, varios de ellos del cordón Cerrillos, o en sus domicilios, durante operativos militares y allanamientos. Varios prisioneros, según los testimonios, fueron detenidos por personal de la FACH y luego entregados al Ejército en este recinto. Golpeados y maltratados desde un primer momento eran trasladados en camiones militares hasta y desde este recinto. Algunos pocos previamente habían estado detenidos en comisarías o retenes antes de que fueran conducidos a la Feria Internacional de Santiago (FISA).

En el interior del lugar, según los testimonios, a los prisioneros políticos los mantenían en las caballerizas, en el área de exhibición de animales, en una sala grande o en otros sectores del recinto y, en ocasiones, durante las noches, algunos en las chancheras. Durante este tiempo permanecían encapuchados, sin ningún o muy poco alimento. Los detenidos denunciaron haber tenido que permanecer a la intemperie, de día o de noche.

Todos los testimonios coincidieron en denunciar golpes, simulacros de fusilamiento, quemaduras con cigarrillos, obligación de permanecer en posiciones forzadas, colgamientos, introducción de agujas bajo las uñas, vejaciones y violaciones sexuales a las mujeres; los obligaban a escuchar y presenciar como torturaban a los otros detenidos. Los declarantes señalaron que los que habían estado en este lugar eran trasladados, en su mayoría, al Estadio Nacional. Sin embargo, algunos coinciden en señalar que fueron conducidos al cuartel de Investigaciones de Maipú, al Estadio Chile o a otros centros de detención en la ciudad de Santiago. Los menos fueron dejados en libertad bajo amenazas.

Fuentes de Información Consultadas : Informe Valech; Memoriaviva

Mil 132 lugares de detención funcionaron -por breves o extensos períodos- durante casi diecisiete años, en trece regiones del país, como centros de aplicación de tormentos donde la violencia se empleó, con mayor o menor grado, con el fin de controlar una determinada situación política.

 Desde el buque escuela Esmeralda, utilizado por la Armada, hasta Colonia Dignidad, empleada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pasando por el campo de prisioneros de Isla Dawson, la Base Naval de Talcahuano, el Internado Nacional Barros Arana o el Liceo de Hombres de Los Ángeles…Para no mencionar a otros lugares tan emblemáticos y conocidos como Villa Grimaldi, Londres 38 o la Academia de Guerra Aérea en Santiago.

Tales son sólo algunos de los mil 132 lugares de detención que el informe de la comisión Valech logró detectar en las trece regiones del país, y que funcionaron -por breves o extensos períodos- durante casi diecisiete años, como centros de aplicación de tormentos donde la violencia se empleó, con mayor o menor grado, con el fin de controlar una determinada situación política.

El relevamiento de este verdadero "jardín de los suplicios'' en que se convirtió buena parte del territorio nacional durante el régimen militar que condujo Augusto Pinochet, como su cabeza más notoria, surgió a partir del estudio detallado de cada uno de las 27.255 fichas sobre las cuales la Comisión de Prisión Política y Tortura logró hacerse una convicción firme de la existencia de atropellos a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

Casas particulares, parcelas, fundos, estadios, regimientos, gimnasios, retenes, antiguos hospitales, velódromos, locales incautados a organizaciones políticas o sindicales. Todo sirvió a la hora de implementar una red de recintos, muchas veces clandestinos, en los que se usó una metodología común que hace difícil pensar que no se trataba de una política institucional y sistemática de represión masiva.

"La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura recibió miles de testimonios de personas, hombres y mujeres, que vivieron la prisión política y sufrieron la tortura a lo largo del país, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990'', señala el informe, en la introducción de su capítulo sexto, que trata precisamente de los lugares de detención.

"El gran número de testimonios recibidos por la Comisión permiten identificar -añade- algunos aspectos comunes en todo el país en cuanto a la manera en que fueron detenidas las personas, a las condiciones en las que estuvieron privadas de libertad y las características de los interrogatorios y a las torturas a las que fueron sometidas''.

"Fueron utilizados -concluye más adelante- como lugares de detención e interrogatorio las más diversas unidades pertenecientes a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, cuarteles de las policías de Carabineros e Investigaciones, buques, intendencias,estadios, campos de prisioneros, cárceles y recintos secretos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Inteligencia (CNI)".

Antes, en el capítulo II del texto, ya figura, región por región, el largo listado que configura el mapa de horror que dejó al desnudo el informe Valech.

La Represión en Santiago

Baste decir que sólo en el caso de la Región Metropolina, donde a la sazón se concentraba un tercio de la población del país, al momento de producirse estos atropellos, se contabilizaron 221 recintos de detención. El informe señala que el mayor número de arrestos se produjeron entre 1973 y 1974. Luego hay una leve disminución a partir de 1975, y posteriormente se produce un nuevo incremento desde el año 1980 en adelante.

Entre los lugares a cargo del Ejército se mencionan los regimientos Tacna, Buin y la Escuela de Infantería de San Bernardo, donde se detallan todo tipo de abusos que van desde el "submarino'', el "teléfono'', las violaciones y vejaciones sexuales, simulacros de fusilamiento, aplicación de corriente eléctrica, etc. También aparece la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, aunque allí no hay reportes de vejámenes sexuales.

En el caso de la Fuerza Aérea, se hace mención de la Academia de Guerra Aérea (AGA), donde estuvieron detenidos, entre otros, oficiales y suboficiales de la FACh, y en donde alcanzó triste fama "la capilla'', sector ubicado en el segundo y tercer piso donde se aplicaban toda suerte de apremios ilegales. Asimismo, figuran la base aérea El Bosque y el regimiento de Artillería Antiaérea de Colina (conocido como Remo Cero).

En lo que respecta a Carabineros, la lista alude a diversas comisarías del radio urbano (la primera y la tercera, por ejemplo), amén de un largo número de subcomisarías y tenencias rurales, en las que al aparecer no se ahorró el empleo de humillaciones y castigos físicos. El informe indica, por ejemplo, que en Curacaví se obligó a los campesinos detenidos a ingerir excremento de caballos, mientras se les practicaba el "submarino''(inmersión de la cabeza) en los bebederos para equinos.

La comisión también da cuenta de la existencia de los célebres campamentos de prisioneros de Tres y Cuatro Álamos, en Departamental y Vicuña Mackenna, donde muchos detenidos iban a parar tras ser "legalizados'' luego de arrestos clandestinos. Estos campos estaban bajo la custodia de Carabineros, aunque al mando de la DINA, y vivieron su mayor auge entre 1974 y 1976, con un peak de presos durante 1975.

En lo que se refiere a Investigaciones, se menciona a la Dirección General de la policía civil, ubicada en General Mackenna, donde se denunciaron todo tipo de torturas y violaciones y vejaciones sexuales que tuvieron como víctimas tanto a hombres como a mujeres.

Los estadios

Un acápite aparte merecen, sin duda, el Estadio Nacional y el Estadio Chile, actualmente rebautizado Víctor Jara. En el primero, a cargo del Ejército, se recluyó a miles de personas entre septiembre y noviembre de 1973. Según la Cruz Roja, el 22 de septiembre había allí 7.000 detenidos (entre ellos, de 200 a 300 extranjeros). Los presos eran mantenidos bajo vigilancia en los camarines, vigilados por ametralladoras punto 30, y durante el día se les permitía estar en las graderías. Los interrogatorios se realizaban en el velódromo y era famosa la figura del "encapuchado'' que marcaba a presuntos extremistas.

"Los detenidos -dice el informe- eran sometidos durante largos períodos a sucesivos interrogatorios en los que se les infligía torturas. En ellos, denunciaron, sufrieron golpes de pies y puños, o con un implemento de goma o de fierro, en algunos casos hasta producir fracturas; aplicación de electricidad; fueron amarrados con las manos en la espalda y atados a una silla; les sumían la cabeza en un estanque de agua; soportaron violaciones y vejaciones sexuales las mujeres y también los hombres.

"Se recibieron testimonios que señalaban que les revisaban la vagina; fueron obligadas a presenciar violaciones de otras mujeres. Hombres y mujeres sufrieron colgamientos, el teléfono, quemaduras con cigarrillos, fueron pisoteados, sufrieron simulacros de fusilamiento, y amenazas de muerte en forma permanente''.

Las mujeres, en tanto, permanecían en el sector de la piscina, y algunas de ellas, que estaban embarazadas, perdieron a sus guaguas, debido a golpes y otros flagrantes abusos.

En el Estadio Chile, a su vez, donde murió asesinado el cantante y compositor Víctor Jara, la Cruz Roja Internacional descubrió en el curso de dos visitas que allí estaba detenido un menor de 15 años. "Los testimonios indican que quienes estuvieron allí sufrieron golpes, amenazas, simulacros de ejecución, colgamientos, quemaduras con cigarrillos, aplicación

de electricidad y la violencia de presenciar ejecuciones en el estadio. Las mujeres señalaron haber sufrido vejaciones sexuales y violación".

La nómina la completan, asimismo, recintos carcelarios tales como la Cárcel Pública de Santiago y la Penitenciaría, donde si bien el nivel de abusos disminuía, no por eso estaba ausente del todo.

Recintos de la DINA

La enumeración macabra continúa con los recintos clandestinos a cargo de la DINA. Entre ellos, Londres 38, un antiguo local del Partido Socialista. "Se trata de una casa antigua, de tres pisos, con un amplio portón de entrada. Durante el año 1974 se concentró la mayoría de los detenidos. Según los testimonios recibidos por la Comisión este recinto era conocido como Palacio de la Risa o Casa de las Campanas, pues desde allí se escuchaban las campanas de la Iglesia de San Francisco. También se le llamó La Silla, por la forma en que se mantenía a los detenidos, con los ojos vendados, amarrados de pies y manos, sentados en una silla día y noche''.

"Durante los interrogatorios los prisioneros fueron torturados con golpes, en ocasiones hasta causarles fracturas; pau de arara, el submarino seco y el mojado, con aplicación de electricidad en la parrilla, colgamiento, quemaduras con cigarrillos, el teléfono; fueron sometidos a la ruleta rusa; se les administraban drogas; estaban expuestos a ruidos molestos durante la noche para impedirles dormir, especialmente música a todo volumen. Eran obligados a escuchar y presenciar torturas a otros detenidos; fueron objeto de vejaciones y violaciones sexuales, de simulacros de fusilamiento, de amenazas y manipulación psicológica''.

Similar tratamiento se aplicaba en "Venda Sexy'' o "La Discotheque'', ubicada en Irán y Los Plátanos, en Macul, donde se hacía especial énfasis en los tormentos sexuales, llegándose incluso a emplear perros entrenados para cometer agresiones de este tipo."Los agentes del equipo operativo -puntualiza el informe- funcionaban en un horario similar al común de la jornada laboral diurna y luego salían del lugar dejando a los prisioneros a cargo de los guardias''.

Otros recintos DINA mencionados son el de José Domingo Cañas N° 1367, en Ñuñoa, y la Villa Grimaldi, en Peñalolén, donde habían tres tipos de celda: las casas Corvi, las casas Chile y la torre, donde se recluía a los irreductibles que se negaban a colaborar. En este último lugar se aplicaba una "creativa'' variante de la parrilla: "un camarote metálico, en el cual se colocaba en cada catre a dos detenidos, parientes o amigos, y se procedía a martirizar a uno de ellos, mientras se interrogaba al otro''.

"Mujeres que estuvieron embarazadas durante su detención declararon ante la Comisión -acota el informe-, que fueron conducidas a este recinto y sometidas al mismo trato que el resto de los prisioneros sin consideración alguna por su condición, más bien las hicieron objeto de vejaciones sexuales y en algunos casos de violaciones. También los declarantes coincidieron en denunciar la presencia de menores de corta edad, que fueron llevados para presionar a sus padres mientras eran interrogados y torturados. De los recintos de la DINA, éste (la Villa) es el que concentró el mayor número de detenidos.

Comando Conjunto y CNI

La lista de los lugares clandestinos de detención se completa con los que estaban a cargo del Comando Conjunto: "Nido 20'' (en Gran Avenida); "Nido 18'' (en La Florida) y el ya mencionado Remo Cero, en Colina. También este grupo operó en un local denominado "La Firma'', en la calle Dieciocho, ex sede del diario "El Clarín'', donde también funcionó la Dicomcar y el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar).

Por último, es imposible dejar de mencionar los locales de la CNI (Central Nacional de Inteligencia), la sucesora de la DINA, que en los años 80 sentó sus reales en el cuartel Borgoño y también en República 517. Varios detenidos coincidieron en denunciar que en Borgoño "fueron fotografiados y filmados, en diferentes situaciones montadas por los agentes para hacerlos aparecer con literatura considerada subversiva, con armas, o confesando delitos''.

"Luego de un período que fluctuaba entre días y semanas, en los que permanecían incomunicados, generalmente sin que su detención fuese reconocida, los detenidos eran puestos a disposición de alguna fiscalía militar o tribunal civil, y luego derivados

a la cárcel. A otros se les dejaba en libertad, previa firma de documentos que no se les permitía leer; otros fueron relegados. En todas las circunstancias fueron amenazados para que no denunciaran las torturas de las que habían sido objeto. Asimismo los obligaban a firmar declaraciones inculpatorias que luego eran presentadas como confesiones''.

Otros recintos de detención, por períodos breves o prolongados, fueron el ministerio de Defensa (en particular, sus subterráneos); la Casa Cultural de Barrancas (actual municipalidad de Pudahuel); el Parque Cerrillos, sede de la FISA; la medialuna de Maipú; la bodega de vino Quebrada Honda, en Curacaví; el estadio de la Maestranza San Eugenio y los subsuelos de la Plaza de la Constitución, donde alguna vez funcionó uno de los brazos operativos del Sicar.

LUIS MÁRQUEZ, uno de los impulsores del Proyecto Ecobarrio, de Cuatro Álamos, tenía diez años para el 11 de septiembre de 1973. Vivía en Las Tinajas con El Rey.

«En estas circunstancias, llamo a todos los trabajadores; que ocupen sus puestos de trabajo, que concurran a sus fábricas», había dicho el presidente Salvador Allende, y su padre se dirigió en bicicleta hacia la Fábrica de Envases S. A. (FESA), en Vicente Reyes. Al llegar a la Patrona de Chile, una voz le ordenó detenerse.

Él dobló por un pasaje, y sintió que pasaban bala. Aceleró, y se encontró con que un compañero de trabajo vivía ahí:

—¡Métete acá! —le dijo.

Días después, Luis llegó al Monumento a la Chancaca, donde habían cuerpos tirados. «Gente de bien», comentaban, por la vestimenta. Él se fijó en un muchacho, «porque del bolsillo de su vestón sobresalía un trozo de marraqueta, y parecía que estuviera alcanzándola con la mano».

PATRICIA RODRÍGUEZ vivía en Olimpo con Rinconada y estudiaba en las Ursulinas. Aquellos días no eran de normalidad. Había o no clases. Ese martes no hubo. Las monjas celebraron el «pronunciamiento militar» pero, con el correr de los días, el profesorado se reveló de izquierda.

Sus abuelos, sus familiares, eran de derecha. Del partido Nacional. De suerte que el 11 de septiembre, por la tarde, a instancias de una prima y su marido, que venían de Los Vilos, brindaron con champán. Antes, durante la mañana, Patricia y su hermana habían estado acompañando a su madre, de la Democracia Cristiana, que lloraba sentada al borde de la cama oyendo el discurso del presidente.

Otro que lo oyó, por cierto, fue MARIANO GONZÁLEZ, director del departamento eléctrico y electrónico de la Federación del Metal, de cuya oficina en Santiago Centro se vino a pie, con la misión de hablarles a los trabajadores del Cordón Industrial Cerrillos.

Fábrica por fábrica fue diciéndoles que debían ocupar sus puestos, como había dicho Salvador Allende.

Finalmente llegó a su propia empresa, Philips Chile S. A., pero el portero, que le tenía buena, no lo dejó entrar:

—Ándate pa la casa hueón, que te van a matar.

Ahora vive en la Ciudad Satélite; por esos años, en Villa México. «Si un país no tiene industria, jamás será desarrollado», reflexiona con los ojos anegados en lágrimas, evocando las industrias y el poder de los trabajadores: «Ahora hay puras bodegas».

El futuro marido de MARGARITA BECERRA llegó también a la Philips, y entró. Detenido, fue trasladado a la FISA. Su impresión es que en aquel recinto los militares temieron una estampida de los prisioneros, que los doblaban en número. De suerte que lo liberaron tras una noche.

El 13 tenían fecha de matrimonio. Margarita trabajaba en «Las Telas», en Santo Domingo, pero el comercio estaba en huelga. Así que se enteró del golpe en su departamento de Villa México.

Vio pasar las patrullas de militares, en un sentido y en otro, por calle Lumen, entonces de tierra, «con el fusil en posición de disparo». Sintió la pérdida de la libertad. Vio cómo la mercadería, que antes escaseaba, apareció «por arte de magia».

Se casó finalmente el 27 de ese mes. La oficial del Registro Civil de Maipú le comentó que, de las parejas que tenían fecha por esos días, eran la única en llegar.

DOMINGO ROJAS es presidente de la Junta de Vecinos Patrona de Chile, población que tiene como uno de sus hitos la gruta de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile, adosada al muro medianero de la calle Concepción con la empresa Electrolux.

La Fensa, en esa época. Aunque, por edad, le correspondía estudiar, Domingo había salido muy temprano a trabajar en la imprenta Caupolicán. Apenas llegó, lo metieron a una sala, a un bus, y lo llevaron a enrolarse al Ministerio de Defensa.

Caminando llegó hasta su casa, en cuyo frontis su padre y uno de sus hermanos divisaban el humo de La Moneda.

Al día siguiente se levantó muy temprano a regar unas cebollas al patio. Cuando se asomó, un militar le gritó desde la calle:

—¡Ándate pa’ dentro, mierda!

Una enorme explosión quebró los vidrios.

JORGE RODRÍGUEZ era obrero de Fensa. El 11 se retiró a su casa, a eso de las tres. Otros, que vivían en lugares apartados, como Huechuraba, San Bernardo, permanecieron. Al la mañana siguiente lo pasó a buscar, como de costumbre, el «Guatón» Núñez. Pero la esposa de Jorge no quiso que fuera, por el peligro.

Desde la población Esquina Blanca oyó una enorme explosión, por la tarde. Los militares habían detonado una carga de trotyl en la gruta de la Patrona de Chile. Por el forado sacaron, manos en la nuca, a 109 trabajadores, que imaginaron armados hasta los dientes. Entre ellos el «Guatón» Núñez.

De siete años, VÍCTOR OSORIO, futuro ministro de Bienes Nacionales de la presidenta Bachelet, ensayó concienzudamente la lectura de su composición para el acto del día del maestro, que se celebraba en esa fecha. Su madre había cortado una flor, de regalo para la profesora.

Así que llegaron a la Escuela 473, actual Liceo Santiago Bueras y Avaria. La comunidad permaneció en la incertidumbre hasta que el profesor Salvador Valle comunicó por altoparlante lo que ocurría y que las clases quedaban suspendidas.

De todas maneras la madre de Osorio se acercó a entregarle la flor a la profesora quien, acongojada, le comentó que parecía que iban a derrocar al presidente.

—¡Ojalá, pa’ que pongan fin a este viejo de mierda, que nos tiene muertos de hambre! —respondió la señora, con enorme alegría.

Maipú era una comuna momia, dice JOSÉ LATORRE. De vasta extensión, mayormente rural. El centro urbanizado, con el 15 de Pajaritos por el norte, la Villa México, Portales por el sur, los alrededores del Templo por el poniente y la población Esquina Blanca por el oriente, tamizado de verde, en la que proliferaban las tomas y se edificaban poblaciones para los trabajadores del cordón industrial. Algunas industrias, como la Perlak, enquistadas en el corazón de la comuna (donde ahora está el Jumbo).

Tanto Latorre como VÍCTOR MIX eran de la Juventud Socialista. Ambos estudiantes, el primero de 14, el segundo de 17 años.

El 11, Víctor Mix quiso ir a los trabajos voluntarios, consistentes en transportar harina desde los molinos a las panaderías, «para que haya pan en las poblaciones, porque los camioneros estaban en paro». Pero hubo de devolverse a la altura de Las Rejas. Con sus hermanas se dirigieron hasta el Inacap de calle Carmen, a armar la resistencia… A las once de la mañana, desde arriba del techo, vieron el humo de La Moneda.

José Latorre lo estaba viendo desde Las Rejas, concluido un peregrinaje por el centro de Santiago, donde estudiaba. En la esquina de García Reyes con Erasmo Escala oyó, gracias a un hombre que abrió sus ventanas de par en par, con la radio a todo volumen, el discurso de Allende.

«El día fue extraño. Amaneció radiante, primaveral, pero a medida que iba transcurriendo y que íbamos escuchando noticias como que se fue oscureciendo, empezó a nublarse, e incluso en la noche ya estaba lloviznando, hacía frío. Casi invernal. Como un augurio».

Lo pasó deambulando por Maipú. En busca, como Mix, de la resistencia armada que nunca fue, que no existió, porque el partido estaba totalmente desarticulado.

El PS era uno de los partidos fuertes de Maipú, al igual que la DC. También tenía presencia PC, el MIR; y el Partido Nacional, por el otro lado, con el Comando Rolando Matus. La actividad política y social era muy intensa.

«El 11 de septiembre fue un hecho terrible, en cuanto al trauma que significó: de un día para otro, cuando todo estaba a concho, viviéndose las 24 horas del día, en que estabas o en una reunión o en el centro de alumnos o estudiando o haciendo una actividad, de un día para otro, te dicen se acabó, y te dicen todo lo que hacías es malo, si lo haces va a ser fusilado, te mueres, todos tus dirigentes son unos bandidos, son terroristas, están todos siendo perseguidos. Imagínate lo que significa para un cabro de catorce años ese impacto social, en que todo lo que tú creías, todos tus ideales, toda tu lucha, de repente te dicen guárdatelas, quédate callado y eso no existe. Si piensas, te mueres. Ese era el mensaje».

VICTORIA GUERRERO militaba en la Jota, que se reunía en la sede del partido, detrás del Monumento.

Esa semana fue de casa en casa, escondida. En Portales, en El Cid. Posteriormente, su familia, comunista, intentó hacer una vida normal. Pero vinieron los allanamientos, persecuciones, puntos fijos afuera de la casa, seguimientos, el teléfono intervenido siempre. «Yo realmente ahora pienso, con los años, cómo lográbamos dormir; cómo lográbamos al día siguiente levantarnos y salir; cómo no terminamos locos».

«De ahí para adelante la vida cambió el cien por ciento, te dieron vuelta el mundo: exilio, cárcel, el degollamiento de mi hermano Manuel. Fueron años de años de años».

Otro de los que militaba en la Jota era José Flores Araya, el Jose, el Pepe Flores, «Pera de candado», le decían en el Liceo Industrial de la Sofofa. Alto, moreno, de cejas gruesas; a Domingo Rojas (que alcanzó el metro 57 de estatura) lo agarraba en volandas. «Era un muchacho muy sencillo —según Victoria Guerrero—, alegre, colaborador. Era un joven con grandes ideales pero no era un tremendo dirigente, un gran líder. Era un buen militante. Un joven que era militante de la Jota, y ese era el peligro para esta gente».

Cuando José Latorre conoció a la madre de José Flores Araya, esta lo trató con recelo, por el apellido del militar al mando de la patrulla que sacó de la sala de clases a su hijo detenido desaparecido —Víctor Mix era su compañero—, en 1974. «¡Usted me recuerda tanto a mi niño!, me decía después; y quería hacerme una chaleca».

Ese es el testimonio número 11.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a seis militares en retiro por su responsabilidad en el delito reiterado de homicidio calificado de Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, Servando Antonio González Maureira y Jaime Pablo Millanao Caniuhuán. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en paso bajo nivel.

De acuerdo a un comunicado del Poder Judicial, el ministro Carroza condenó a Luis Víctor José Prüssing Schwartz a la 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los homicidios de las víctimas que fueron detenidas en distintos puntos de la actual comuna de Cerrillos, y trasladadas hasta el recinto de la Feria Internacional de Santiago (FISA), lugar donde se encontraba asentado personal del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado N° 18 de Guardia Vieja, y luego fueron ejecutadas en el paso bajo nivel ubicado en calle General Velásquez con Camino a Melipilla.

En tanto, Luis Rodrigo Albornoz Costa deberá purgar 7 años de presidio por su responsabilidad como autor de los delitos; Sergio Eduardo Padilla Abarca y René Palominos Zúñiga fueron condenados a 4 años de presidio, se les concedió el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de cómplices; y Eugenio Segundo Díaz Parada y Manuel Jesús Zúñiga Jofré fueron sentenciados a 800 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, por su responsabilidad como cómplices.

En el caso de Prüssing Schwartz, el ministro en visita le suspendió el cumplimiento de la pena corporal impuesta, debido a la enajenación mental que afecta al condenado, por lo que fue entregado bajo fianza de custodia y tratamiento a su familia.

En la causa, se decretó la absolución al no haberse comprobado su participación en los hechos, de los procesados Rubén Santiago Pinilla Riquelme y Joaquín Arnoldo Penroz de la Barra.

En el aspecto civil, se ordenó al fisco y a los condenados pagar una indemnización total de $240  millones a familiares de las víctimas.

La resolución dio por establecidos los siguientes hechos:

«A Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, Servando Antonio González Maureira y Jaime Patricio Millanao Caniuhuán se los traslada hasta dependencias de la Feria Internacional de Santiago (FISA), lugar en que se encontraba asentado parte del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado N° 18 de Guardia Vieja, bajo el mando de un teniente coronel. Hallándose todos en ese recinto, en horas de la noche del día 24 de septiembre de 1973, fueron conminados a subirse a un camión y hecho, se les traslada hasta el puente ‘Lo Valledor’, ubicado en la calle General Velásquez con Camino a Melipilla, donde un oficial de Ejército, acompañado de efectivos militares que se encontraban bajo su mando, le ordena descender al paso bajo nivel y a sus subalternos los intima a dispararles con sus armas de fuego, las que al ser activadas les hirieron de gravedad y ocasionaron la pérdida de sus vidas en el mismo lugar, en absoluta indefensión, y sus cuerpos fueron abandonados en el lugar, con custodia militar, esperando el momento en que otra patrulla de militares los retirarán y les llevaran al Servicio Médico Legal”.

Máximo tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por la defensa, y confirmó la sentencia que condenó al oficial de Ejército en retiro Hamilton Orlando Rousseau Rosales Barrueta a la pena de 10 años de presidio.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por la defensa y confirmó la sentencia que condenó al oficial de Ejército en retiro Hamilton Orlando Rousseau Rosales Barrueta a la pena de 10 años de presidio, en calidad de autor del delito de secuestro calificado del adolescente Mario Salinas Vera, detenido en octubre de 1973, fecha desde la cual se encuentra desaparecido.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el abogado (i) Gonzalo Ruz– desestimó la procedencia del recurso interpuesto en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al contener peticiones contradictorias e incompatibles entre sí.

En el fallo de primera instancia, el ministro en visita Mario Carroza dio por establecidos los siguientes hechos:

«a.- Que, en el período previo al 11 de septiembre de 1973 y luego en el contexto de la toma de poder que se instauraba en el país, se comenzaron a llevar a cabo transformaciones institucionales profundas y dado el control que era requerido ejercer a nivel nacional, el alto mando del Ejército de Chile decide dar inicio a un proceso de reorganización de sus tropas, para lidiar con los obstáculos que se percibían, y de esa forma reducir los conflictos que se suscitarían por la existencia de fuerzas políticas;

b.- Que, en las circunstancias descritas de forma precedente, y a raíz de los acontecimientos ocurridos en el país el 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar ordena el control total de la ciudad de Santiago, para lo cual distribuye misiones a realizar en lugares geográficos de la ciudad a unidades militares, como en este caso, cuando el batallón del Regimiento N° 18 ‘Guardia Vieja’, queda asentado en el recinto ‘FISA’ de la comuna de Cerrillos, a cargo del Comandante del Regimiento Teniente Coronel Luis Víctor Prüssing Schwartz, secundado por el Mayor Hamilton Orlando Rousseau Rosales Barrueta, correspondiéndole a su contingente controlar la comuna de Maipú;

c.- Que en ese contexto, el Regimiento había trasladado a gran parte de su contingente desde Los Andes, pertenecientes a las compañías de Infantería, Cazadores, Mortero, Artillería y Andina, pero no solo al recinto de la Feria Internacional de Santiago –FISA–, sino que también procede a acantonar sus tropas en la Medialuna y en el Gimnasio Municipal de la Comuna de Maipú, facultándolos a efectuar patrullajes en el cordón industrial de Cerrillos, en la Comuna de Estación Central, Avenida 5 de Abril, Pajaritos, Las Rejas, General Velásquez, y otros sectores de la Jurisdicción;

d.- Que así las cosas, el día 20 de octubre de 1973, Mario Salinas Vera de 16 años de edad, sin militancia política, es detenido sin orden judicial desde la Población Los Nogales de la Comuna de Maipú, actual comuna de Estación Central, por efectivos de dicho Regimiento, en virtud de órdenes impartidas por el mando del Regimiento, lo suben a un camión del Ejército y le trasladan al Gimnasio de la citada comuna, ubicado en Avenida Las Rejas con 5 de Abril, lugar donde su hermano Miguel Salinas Vera estuvo detenido y afirma haberlo visto en esa oportunidad;

e.- Que encontrándose cautivo en dichas dependencias, al día siguiente, en horas de la mañana, Mario Salinas Vera es trasladado en un camión militar hasta la casa de sus padres por los mismos militares de dicho Regimiento, conversan con ellos y acto seguido, se lo llevan con destino desconocido, lo cual hasta la fecha no se ha podido establecer, a pesar de todos los esfuerzos de sus familiares por ubicarle».

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de veinte millones de pesos al hermano de la víctima.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco exmiembros del Ejército por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidio calificado de los trabajadores Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, Servando Antonio González Maureira y Jaime Pablo Millanao Caniuhuán, perpetrados entre el 24 y 25 de septiembre de 1973, en el sector del puente Lo Valledor, de la actual comuna de Cerrillos.

En fallo unánime (causa rol 6.638-2020), la Novena Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Miguel Vázquez Plaza, la ministra Paula Rodríguez Fondón y el abogado (i) Patricio Carvajal Ramírez- confirmó la sentencia de primer grado con declaración que se eleva a 15 años y un día de presidio, la pena que deberá cumplir el exoficial de Ejército Luis Rodrigo Albornoz Costa, como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado.

En tanto, los exsoldados conscriptos Sergio Eduardo Padilla Abarca y René Palominos Zúñiga deberán purgar 10 años y un día de reclusión, y Manuel Jesús Zúñiga Jofré y Eugenio Segundo Díaz Parada 5 años y un día de presidio, como coautores de los delitos.

El exgeneral de Ejército, Luis Víctor José Prüssing Schwartz, condenado a 15 años y un día en el fallo de primera instancia, resultó absuelto por la causal de “enajenación mental”.

En la sentencia de primera instancia, dictada en abril de 2020 por el ministro Mario Carroza, el exoficial Albornoz Costa había sido condenado a 7 años de presidio; Padilla Abarca y Palominos Zúñiga a cuatro años de prisión, y Zúñiga Jofré y Díaz Parada a penas de 800 días de cárcel.

Ejecuciones

Los trabajadores asesinados habían sido previamente detenidos por efectivos militares y trasladados hasta el recinto de la Feria Internacional de Santiago (FISA) en donde tenían instalada su base las tropas que formaban parte del Regimiento de Infantería de Montaña N° 18 Guardia Vieja, proveniente de Los Andes. Este contingente militar se encontraba bajo el mando del entonces Coronel Luis Prüssing Schwartz.

La víctima Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, de 27 años de edad, casado, ingeniero químico, militante del Partido Comunista y exinterventor de la Compañía de Cervecerías Unidas, fue detenido por militares el día 24 de septiembre de 1973, alrededor de las 20:00 horas, mientras se encontraba en su domicilio ubicado en calle Alejandro Flores N° 6383, Villa Cerrillos de la comuna de Maipú. Entre los aprehensores se encontraba un oficial del mencionado Regimiento Guardia Vieja, quien señaló que el detenido sería trasladado hasta las dependencias militares instaladas en la FISA. En ese lugar existía un centro de detención de prisioneros políticos.

Por otra parte, Servando Antonio González Maureira de 28 años de edad, Presidente del Sindicato de obreros de la empresa Rayón Said Industriales Químicos S.A., y simpatizante del Partido Socialista, fue detenido el día 24 de septiembre de 1973, en un allanamiento realizado por los mismos militares que detuvieron a Nicholls Rivera.

Por último, Jaime Pablo Millanao Caniuhuán de 24 años de edad, operario de la Planta Química Yarur y militante de las Juventudes Comunistas, fue detenido por los mismos efectivos militares el día 23 de septiembre de 1973, en horas de la noche, en un allanamiento a la planta ubicada en el sector de Cerrillos.

En horas de la noche del día 24 de septiembre de 1973, los tres trabajadores detenidos fueron subidos a un camión militar por los uniformados. Acto seguido se trasladan hasta el Puente ‘Lo Valledor’, ubicado en calle General Velásquez con Camino a Melipilla, donde les hacen descender y les conducen hasta el paso bajo nivel. El oficial a cargo del operativo de ejecución ordena a sus subalternos dispararles con sus armas de fuego a los detenidos causándoles la muerte inmediata. Los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en el mismo lugar, esperando que otra patrulla de militares los retiraran y les llevaran al Servicio Médico Legal.

La mañana del 25 de septiembre familiares de Servando González Maureira que se encontraban en la búsqueda de su familiar detenido, al pasar por el puente Lo Valledor vieron el cuerpo sin vida de Servando, junto a los otros dos trabajadores asesinados. Los cadáveres estaban con custodia militar esperando el arribo del SML.

La decisión de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de aumentar la cuantía de las penas se funda en el rechazo de que, en este caso, concurran las atenuantes de obediencia debida y colaboración sustancia al esclarecimiento de los hechos tomadas en consideración por el ministro Carroza en su fallo.

Al respecto la resolución de la Corte señala: “Que, a diferencia de los razonado por el Ministro Instructor, no puede ser acogida la minorante del artículo 211 del Código de Justicia Militar. En efecto, obediencia debida requiere para su configuración: a) que se trate de una orden de un superior; b) que la orden sea relativa al Servicio; y c) si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito, esta sea representada por el inferior y en tal evento se insista por el superior”.

La resolución agrega que: “De lo anterior se desprende que quien invoca la eximente, tiene que haber obrado en ‘acto de servicio’, vale decir, los que se refieren o tengan relación con la función que a cada uniformado le corresponde por el hecho de pertenecer a las Instituciones Armadas. En consecuencia, estas no se encuentran referidas a la aprehensión de los partidarios o dirigentes sociales afines al régimen depuesto, menos aún asesinarles o hacerles desaparecer, razón por la que los inculpados no pueden haber obrado en un acto de servicio propio de su calidad de militar.

Para el tribunal de alzada: “Por demás, debe ser rechazada tal modificatoria, toda vez que no es posible aceptar que el subordinado admita pura y simplemente cumplir la orden del superior, cuando esa orden consiste en cometer un delito, más uno de la entidad de los de la especie; obviar tal circunstancia implicaría que el hechor actúa teniendo plena conciencia de lo antijurídico de su proceder, lo que conduce a un evidente contrasentido”.

“Por otra parte -continúa-, en el caso que el subordinado considere ilegal la orden del superior, le asiste el derecho de no acatarla, conforme al artículo 335 del Código de Justicia Militar, salvo que se le insista, y solo desde ese momento puede estimarse que está amparado su rechazo por el ordenamiento jurídico, validándose entonces su conducta como eximente o atenuante, según corresponda. Nada de eso se acreditó en este sentido, por lo que la atenuante invocada por estas defensas no puede ser acogida”