Comisaría de Carabineros N° 11, Estación Central

La Comisaría de Carabineros N° 11, Estación Central (actual Comisaría de Carabineros N° 21, Estación Central), ubicada en Ecuador 4050, fue uno de los recintos citados en el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Valech) utilizado para la detencion de presos politicos.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Val;ech;

No están en los calendarios oficiales de la memoria ni tienen himnos en su nombre. Los ejecutados en los primeros meses de la dictadura en Chile fueron, en muchos casos, ciudadanos pobres y sin militancia de las barriadas populares, uno de los principales bastiones de la Unidad Popular de Salvador Allende. Sus asesinatos han quedado en la impunidad y recién se empiezan a judicializar.

Una vez concretado el golpe de Estado en Chile, los civiles y militares que derrocaron a Allende se abocaron a consolidar su posición y legitimarse en el poder mediante medidas represivas y políticas. Entre ellos estuvo la clausura del Congreso Nacional y la batería de decretos que establecieron el estado de sitio y estado de guerra interno, lo que dio lugar a la justificación del “enemigo interno” para las tácticas del terror como los campos de detenidos, muertes, ley de fuga, torturas, allanamientos a domicilios y poblaciones, ejecuciones extrajudiciales y desaparecidos.

 “Lamentablemente, a pesar de haber presentado más de mil querellas, se tiende a visibilizar y cubrir 6 a 8 casos, dejando en el olvido innumerables casos de campesinos, pobladores, niños, dueñas de casa”, explica Nicolás Pavez, abogado patrocinante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). La agrupación ha judicializado miles de casos en que no sólo no se conoce a los culpables, sino que los familiares -por falta de redes, amedrentamiento policial en la época o simplemente miedo a la dictadura- no denunciaron.

En febrero de 1992 se promulgó la Ley 19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que entre otras tareas creó la Comisión Rettig. En su artículo 6, la citada ley estableció que “La ubicación de las personas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena”. Sin embargo, para Alicia Lira, presidenta de la AFEP, existe un amplio campo de casos que no han sido investigados ni aclarados: los que no son “emblemáticos”.

Así, por ejemplo, de acuerdo a una investigación del año 2012 de Pascale Bonnefoy y John Dinges, a partir del 11 de septiembre la morgue de Santiago, acostumbrada a recibir un promedio inferior a 10 cadáveres diarios, se enfrentó al colapso: sólo en el primer mes de la dictadura llegaron 588 cuerpos, de los cuales 397 habían muerto por heridas de bala, muchos de ellos ocurrieron por la represión desatada en las poblaciones y barrios populares mediante tácticas como ráfagas de disparos indiscriminados contra zonas habitadas y detenciones y allanamientos aleatorios.

A 43 años del golpe en Chile: las olvidadas ejecuciones en las barriadas

“En la vía pública, en varias oportunidades, cuando salía con él realizaba disparos al aire, incluso nos ordenaba disparar de la misma forma, sin motivos justificados, situación que no podía serle respondida porque era el oficial. Además, cuando salía a patrullar, ocasionalmente recuerdo que lo hacía con una raqueta de tenis, vestido con vestimenta institucional, con botas de cabalgar”, relató el imputado Enrique Romero Jara, carabinero (policía) ya fallecido y quien fuera conocido como el “Hilton 100” respecto a su superior directo, el teniente Oscar Patricio Ibacache Carrasco. Ambos son investigados por la muerte de varios vecinos de la Población Los Nogales en los primeros meses después del golpe, cargos con los que también se acusa a Juan Eliecer Ponce Manivet. El mismo teniente Oscar Patricio Ibacache Carrasco atribuyó su sobrenombre de “Teniente Loco” a  su vestir “excéntrico, según la palabra que emplearon mis amigos en la población, porque usaba botas y pantalón de montar”.

El “extraño” teniente comandó una sede de Carabineros que, en la práctica, operó como un escuadrón de la muerte para los vecinos de Estación Central, ensañándose especialmente con pobladores jóvenes, obreros, la mayoría sin militancia ni participación política conocida. Ya el 16 de septiembre de 1973 carabineros de la tenencia Los Nogales ingresaron violentamente a la casa de tres hermanos Hernán Rafael (28), Juan Manuel (25) y Ricardo del Carmen Sepúlveda Bravo (16). Se los llevaron detenidos hasta la esquina de las calles Uspallata y Antofagasta, donde los ejecutaron a la vista de numerosas personas de la población Los Nogales. Hernán y Juan Manuel fallecieron en el acto. El adolescente Ricardo del Carmen fue trasladado a la Posta Nº3, donde murió.

“Fue el Teniente Loco”, le dijo el carabinero Jaime Reyes Godoy a su consuegra, Eugenia Rodríguez, cuando ella le preguntó quienes habían detenido a su esposo. Un día después del asesinato de los hermanos Sepúlveda Bravo la Tenencia Los Nogales -también conocida como Tenencia Cabo Tomás Pereira- siguió con las ejecuciones. Así, el 17 de septiembre de 1973, montados en una ambulancia del consultorio vecino a la unidad de carabineros, los efectivos entraron en la casa familiar de Luis Alberto Lobos Cañas (31), militante comunista, partido para el que trabajaba como chofer. El 18 de septiembre su cuerpo sin vida y con dos heridas de bala fue encontrado en el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes.

Por esos días, los carabineros de la Tenencia Los Nogales también ejecutaron, en la misma población, a Víctor Galvarino Silva López (20) operario en una zapatería, sin militancia alguna, detenido el 16 de septiembre de 1973 y lanzado al Zanjón de la Aguada ya muerto. Ese mismo día, Roberto Enrique Anfrens Fuentes (26) salió de su casa a trabajar y nunca volvió. Su viuda fue avisada el 17 de septiembre de 1973 de que su cadáver estaba en el Zanjón de la Aguada.

Octubre de 1973 llegó con una matanza que estremeció a la ya golpeada población. El primer día de ese mes Carabineros de la tenencia local sacaron a la fuerza a tres adolescentes de un local donde jugaban mete-gol. En presencia de los vecinos Miguel Angel Ríos Traslaviña (16), Rogelio Gustavo Ramírez Améstica (18) y Marco Orlando Ríos Bustos (15) fueron golpeados duramente en la calle. Distintos testigos declararon ante la Comisión Rettig que los carabineros obligaron a los niños a correr, disparándoles por la espalda múltiples veces. El cuerpo sin vida de Miguel tenía 18 impactos de bala, mientras que el de Rogelio 12. Sólo el menor de los tres, Marcos, logró correr entre la ráfaga de Carabineros, llegando hasta el puente Iquique de la Estación Central. Allí, entre las vías del tren, se encontró con otra patrulla militar que efectuaba una “pinza” en la zona. Le dispararon tres veces.

El día 20 de octubre, Juan Manuel Pinto Godoy (33) fue detenido en la casa de un vecino de la población Kennedy cuando ya regía el toque de queda. Carabineros de la Tenencia Los Nogales allanaron la casa, supuestamente en búsqueda de dos delincuentes. Juan Manuel intentó huir saltando la pandereta, pero una bala en la pelvis le impidió huir. Una vez muerto, permaneció tirado en un sitio eriazo hasta que los propios carabineros lo llevaron al Servicio Médico Legal.

Ese mismo día los carabineros de Los Nogales volvieron a patrullar en la ambulancia del consultorio vecino a la Tenencia. En el sector que se conocía como Campamento 18 de Septiembre, numerosos testigos vieron cómo detuvieron a José Tomás Beltrán Bizama (25), obrero sin militancia conocida, Eduardo Antonio Fonseca Castro (26), comerciante ambulante que tampoco militaba, y a Hernán Anselmo Cortés Velásquez (26), un obrero que al igual que las otras dos víctimas no tenía actividad política o social conocida. Los tres cuerpos fueron abandonados en Lo Errázuriz (Maipú), todos muertos por un balazo en la cabeza.

Como respuesta a solicitudes de información tales como el listado completo de efectivos en virtud de una querella interpuesta en 2010 por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el departamento de Recursos Humanos de Carabineros de Chile respondió que “no se logró ubicar o encontrar documentación correspondiente al año 1973, en los Archivos de la 21° Comisaria de Estación Central, unidad de la cual dependía en esa época la Tenencia de Carabineros Cabo Tomas Pereira, ya que esta se encontraría incinerada”. El 27 de abril de 2016 de este año se solicitó a la Corte de Apelaciones reabrir el sumario de investigación en el caso de los hermanos Sepúlveda Bravo y Luis Lobos Cañas. Aún se espera la resolución de la corte.

Asesinada por salir a la esquina: El crimen de Sonia Norambuena en la Santa Adriana

El estado de guerra interna decretado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973 significó, además, un reordenamiento de las Fuerzas Armadas. Así, se estableció el Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI), a través del que se emanaban instrucciones y directrices macro para el cumplimiento de las tareas que requería mantener el estado de excepción. En Santiago el CAJSI estuvo a cargo del general Herman Brady Roche (fallecido en 2011 luego de estar en coma por dos años, procesado por múltiples violaciones a los derechos humanos) y se dividió en distintas “agrupaciones”, entre las que estaba la Agrupación Sur que tuvo base en la Guarnición “El Bosque”, a cargo del general de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) Mario Vivero Ávila, miembro del Comando Conjunto.

Un día después de implementado este reordenamiento militar, paralelo al orden jerárquico castrense, los habitantes de la zona sur de Santiago sintieron todo su peso. Los relatos de sobrevuelos disparando ráfagas desde la base El Bosque, allanamientos masivos como los de La Bandera y La Legua y ejecuciones aleatorias fueron parte del despliegue necesario para mantener el estado de excepción interno que dio a Pinochet la justificación, extendida hasta hoy, de una guerra entre dos fuerzas equivalentes. La población Santa Adriana no fue la excepción.

Distintos testigos han declarado a la justicia la presencia de una patrulla de oficiales vestidos con uniformes de combate azules que atribuyen a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) -muy conocidos en la zona por la presencia de la Guarnición Aérea El Bosque- en el puente situado en Ochagavía con Callejón Lo Ovalle, el 12 de septiembre de 1973. Desde allí se efectuaban disparos y ráfagas de ametralladora, la que tenían montada en un trípode. Preocupada por el ruido de los disparos,  Sonia Isaura Norambuena Cruz (34) salió a buscar una de sus hijas que jugaba en la calle. Sonia estaba esperando un nuevo hijo, que se sumaría a los seis que ya tenían con su esposo. La situación económica se había vuelto especialmente difícil desde que, un par de años antes, él sufrió un accidente laboral que le impidió seguir trabajando.

Acompañado de su padre, Francisco Cartes Cartes, Eugenio estaba jugando fútbol en la esquina de Callejón Ochagavía con pasaje 25. Allí se resguardaron con Sonia y su padre esperando la llegada de su hermana. “Llegó mi hermana Edith, al lugar donde nos encontrábamos con mi madre, momento en el que ella cae repentinamente al suelo, para lo cual nos acercamos con mi padre, apreciando un pequeño rasguño al costado derecho de su abdomen, y en la parte de la espalda”, declaró Eugenio. Sonia Norambuena fue llevada hasta su casa por sus hijos, ya que Francisco no podía levantar peso. “Mi madre no pudo ser llevada al Hospital para que la atendieran, ya que por la cantidad de balazos que se sentían en el entorno, era imposible salir de las casas”, señaló una de sus hijas, Cecilia, ante la justicia.

Por el estado de conmoción en la población, Sonia Norambuena no pudo ser velada. Su esposo e hijos construyeron un ataúd en el patio y la velaron en su misma cama por aproximadamente cinco días. Recién ahí pudo ser llevada hasta el Cementerio General, donde los militares apostados en la entrada sólo dejaron que pasara su esposo. El mismo mes de septiembre, militares allanaron la casa familiar en forma de amedrentamiento.

Hoy la ejecución de Sonia Norambuena Cruz está siendo investigada por la justicia, luego de que tanto la Subsecretaría del Interior y su programa de DD.HH como la AFEP se querellaran. La principal dificultad ha sido identificar a los efectivos de la FACh que se apostaron en el puente Ochagavía, ya que los militares citados a declarar han negado cualquier patrullaje fuera de rutina, disparos, ráfagas o participación en algún crimen.

Como un guión calcado, todos han señalado que es primera vez que escuchan del caso. En cuanto al general Mario Vivero Ávila, incluso ha descartado en sus declaraciones la existencia del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) y de la paralela “Compañía Anti Insurgencia” creada por los militares de la FACh en El Bosque, pese a que efectivos a su cargo sí han confirmado su existencia. Esta compañía, paralela al orden jerárquico del ejército, habría estado compuesta por efectivos de la Escuela de Especialidades, Ala de Mantenimiento, Academia Politécnica Aeronáutica, Ala de Abastecimiento y Mantenimiento y de la Academia de la Escuela de Aviación de El Bosque. Según declaró en 2011 el ex militar Oscar Chylk, este grupo estaba comandado por el fallecido teniente Leonardo Antonucci y, para los abogados querellantes, es una de las principales sospechosas de la ejecución de Sonia.

El 6 de septiembre de 1990 el ciudadano Francisco Cartes fue a contar, por primera vez, su historia ante la Comisión Rettig. Allí señaló que “producto de estos hechos mi familia ha quedado muy mal, no han podido estudiar y tuvimos serias dificultades económicas:  hambre, frustraciones, falta de salud. Yo pido justicia para mis hijos y no para mi. Yo juré ese día ante mi familia que jamas me iba a casar con ninguna mujer hasta que matara al perro que asesinó a mi mujer y estoy aquí ahora cumpliendo”. Murió un año después sin saber quiénes asesinaron a su esposa.

Los amigos del frigorífico Matadero

El 30 de octubre de 1973, Jeremías Jara Valenzuela (21), Pedro Otárola Sepúlveda y Manuel Gutiérrez Montano, operarios frigoríficos del Matadero de La Granja, fueron a jugar una “pichanga” antes de su turno de trabajo, que empezaba a las 3 de la tarde. A las 14:30 estaban tomándose una bebida en la fuente de soda “Don Ale”, población Villa Nueva Paraguay, cuando un grupo de carabineros irrumpió en el local y se los llevó detenidos. Sus familias fueron alertadas de la detención por distintos testigos. Así fue como llegó Digna Valenzuela, madre de Jeremías, hasta la comisaría de la Población San Gregorio. Le dijeron que los soltaban a la noche.

Dos días después volvieron a preguntar por los jóvenes. “Seguramente pasaron a entretenerse a otro lado”, dijeron los carabineros, de la comisaría a cargo del capitán Héctor Osses Yáñez y el sargento Armando Sáez Pérez, mostrándoles el libro de registros donde supuestamente habían firmado los jóvenes. Pero, según contó Manuel Gutiérrez Montano, lo que ocurrió fue otra cosa. En la madrugada del día de su detención fueron sacados de los calabozos y llevados al zanjón El Mariscal, paradero 46 de avenida Santa Rosa, donde ejecutaron a Jeremías Jara y Pedro Otárola y lanzaron sus cuerpos al caudal. Manuel, en tanto, saltó al río antes de que le dispararan y logró sobrevivir. Así alertó a las familias Jara Valenzuela y Otárola Sepúlveda, para luego desaparecer de la población. Nunca más supieron de él. Los restos de Jeremías Jara aparecieron un mes después en San Bernardo, hasta donde habían sido arrastrados por la corriente.

Según la Comisión Rettig, entre el 8 y el 30 de octubre de 1973, en ese mismo lugar, aparecieron 16 personas muertas en similares condiciones. De este grupo, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación solamente logró identificar a Jaime Antonio Rivera Aguilar y a Eduardo Santos Quinteros Miranda, a quienes declaró víctimas de violación de derechos humanos. Esto no quiere decir que todos sean atribuibles a la Subcomisaría La Granja, ubicada en la San Gregorio: la zona sur también era patrullada por la FACh y el Ejército además de Carabineros.

Sin embargo, los propios carabineros de la Subcomisaría La Granja se delataron al llegar cinco días después de que aparecieran los cuerpos a las casas de las familias Jara Valenzuela y Otárola Sepúlveda. Según declaró Rosa Sepúlveda a la Comisión Rettig, “al parecer se sabía que uno de los detenidos había quedado vivo”. Rosa quedó citada a la Fiscalía Militar, lugar donde un oficial le comentó que el cuerpo de su hijo estaba en el Servicio Médico Legal y que había sido ejecutado “por político”. En 1974 fue hasta el SML, donde le informaron que su hijo Pedro había sido enterrado en una fosa común del Cementerio General.

Los testimonios de los familiares de Jeremías Jara y Pedro Otárola apuntan a que, al menos, el sargento Arnaldo Sáez conocía a las víctimas. Esto, ya que era recurrente que los funcionarios de esa comisaría llegaran hasta el frigorífico del Matadero La Granja y exigieran que los trabajadores robaran carne de los depósitos para entregárselas. Sáez, además, era muy reconocible por sufrir de vitiligo, razón por la que era conocido como “El Manchado”.

Sobre el caso circulan varias versiones: primero, que “El Manchado” habría aprovechado de su condición de agente del Estado y del clima general de represión y ejecuciones para “cobrarle” a los jóvenes constantes burlas por su piel. Otras informaciones entregadas por carabineros de la subcomisaría La Granja a la justicia apuntan a que Manuel Gutiérrez Montano logró salir de la población ya que una familiar suya era trabajadora doméstica del General Director de Carabineros, César Mendoza. Ninguna de ellas ha podido ser comprobada.

Acusados por distintas causas, entre ellas la ejecución de Dante Valentín Olivares Jiménez (36), detenido en septiembre del ’73 en La Bandera, el capitán Osses ha culpado al sargento Sáez de estos hechos, quien murió el 1985 de un accidente cerebrovascular. Además, el capitán Osses y los efectivos Aquiles Bustamante Oliva, Fernando Félix Rojas Véliz, Luis Alberto Baeza Sanhueza y Segundo Baldomero Llanos Amarilis fueron procesados también por las ejecuciones de Héctor Queglas Maturana y Luis Morales Muñoz, también en La Granja, también en octubre de 1973. Por esos días también fue asesinado Jorge Hernán Espinoza Farías (19), delito por el que también están acusados Osses Yáñez y Bustamante Oliva.

Según ha declarado el capitán Osses Yáñez, supo de la ejecución de Jeremías y Pedro por el oficial Aquiles Bustamante, quien habría acompañado al sargento Arnaldo Sáez en los asesinatos. Hoy la causa ha finalizado su etapa de investigación y desde los querellantes esperan procesamientos. Doña Rosa Sepúlveda no fue parte. En los años ’80 le informaron desde el Cementerio General que los restos de su hijo Pedro habían sido removidos. Nunca pudo ver el cuerpo ni despedirse de él.

El presente texto es fruto del cruce de datos emanados del INDH respecto a denuncias de Comisarías (desde 18 oct. al 21 enero 2020) junto a un listado de comisarías que fueron centros de detención y tortura que figuran en el  Informe Valech.

Aun cuando no es una investigación acabada, su resultado representa un esfuerzo de reflexión ante la evidencia de reincidencia de varias  unidades policiales.

Además, en el mismo texto, se plantean algunas propuestas para comenzar a enfrentar lo que denominamos una cultura del abuso, de  negación de ddhh y de implantación de la lógica del enemigo interno.

Las mismas comisarías de ayer: La pervivencia de la cultura del abuso en Carabineros de Chile

En información emanada desde el Instituto de Nacional de Derechos Humanos, solicitada vía transparencia, se da cuenta de sus acciones tales como visitas a hospitales y comisarías, observación de manifestaciones y acciones judiciales interpuestas (Oficio Ord.180 del 27 de febrero 2020).

Corresponden a acciones que se inscriben dentro de las tareas que por ley el INDH puede y debe realizar y que se llevaron a cabo desde el mismo 18 de octubre de 2019 hasta el 21 de enero de 2020.

Según los datos aportados por el INDH, entre los delitos que se han cometido en dichas unidades de Carabineros o por sus integrantes,  podemos mencionar:

• Homicidio
• Homicidio Frustrado
• Torturas y otros tratos crueles
• Violencia sexual
• Apremios Ilegítimos
• Lesiones Graves Gravísimas
• Violencia Innecesaria

Situaciones que más allá de su simple enumeración, conllevan dolor y daños permanentes a chilenos y chilenas, afectando gravemente la confianza en instituciones públicas las cuales, al ser parte del Estado chileno, también están obligadas a respetar los derechos fundamentales.

Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Sin embargo, si se coteja el listado de las comisarías y retenes que aparecen actualmente como unidades donde se han violado derechos humanos (información del INDH), con el listado de recintos policiales consignados en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde se establece la identidad de casi 400 unidades de Carabineros usadas para la práctica de la tortura y diversas formas de violencia hacia la población, hay algunas que reinciden.

En efecto, podemos  señalar que las siguientes son solo algunas de las unidades policiales que aparecen en ambos listados:

• Comisaría Nº1 de Santiago.
• Comisaría Nº3 de Santiago.
• Comisaría Nº4 de Santiago.
• Comisaría Nº6 de Recoleta (ex Nº 5).
• Comisaría Nº7 de Renca.
• Comisaría Nº12 de San Miguel
• Comisaría Nº17 de Las Condes (ex Nº 24).
• Comisaría Nº19 de Providencia.
• Comisaría Nº20  de Puente Alto.
• Comisaría Nº 21 de Estación Central ( ex Nº11).
• Comisaría Nº25 de Maipú.
• Comisaría Nº26 de Pudahuel.
• Comisaría Nº36 de La Florida.
• Comisaría Nº41 de La Pintana.
• Comisaría Nº 1 de Concepción (ex Nº4).
• Comisaría Nº 1 de Viña del Mar.

Este listado no tiene un carácter de informe pormenorizado ni de cobertura nacional. Nos hemos concentrado en algunas comisarías de Santiago, una de Viña del Mar y otra de la ciudad de Concepción.

El Caso de la Comisaría Nº3 de Santiago

El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, señala que en esta unidad policial hubo detenidos durante todo el período de la dictadura, con mayor cantidad de los mismos durante los años 1973, 1985 y 1988.

Los detenidos fueron objeto de torturas y malos tratos, golpes de pies y puños, hasta producir en algunos casos fracturas, simulacros de fusilamiento, colgamientos, callejón oscuro, aplicación de electricidad, posturas forzadas, prohibición de alimentos y agua, e incomunicación (Informe C.N.P.P.T p.435).

Y en la actualidad, la misma Comisaría Nº 3 de Santiago, según los registros del INDH, tiene a su haber: torturas, lesiones físicas, abuso de poder, uso excesivo de la fuerza, golpizas. Además, en la misma unidad policial se registraron casos de violencia y abuso sexual.

Nuevamente la Comisaría Nº 21 de Estación Central

En el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura se establece que la entonces Comisaría Nº 11, que hoy corresponde a la Nº 21 de la misma comuna, fue un recinto de detención y torturas.

INDH registra denuncias entre octubre de 2019 y enero de 2020, contra personal de carabineros de esa misma unidad policial. Entre otros delitos se mencionan: fuerza excesiva, abuso de poder y desnudamientos.

Un dato no menor es que la misma unidad policial es el contexto donde se produjeron las torturas realizadas por el suboficial Francisco Arzola Ruiz, conocido como el “paco nazi” y el cabo Rodrigo Muñoz Cid, quienes fueron condenados a 17 años y a 8 años  de presidio, respectivamente, por  aplicación de tormentos y torturas a detenidos, hechos ocurridos entre 2016 y 2017, antes del estallido social.

Concepción

Para el caso de la ciudad de Concepción, la información prodigada por el INDH nos informa que la Comisaría Nº 1 registra varias denuncias: torturas; apremios ilegítimos; desnudamientos; uso excesivo de la fuerza.

Esta misma  Comisaría ya está mencionada por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. En ese entonces correspondía a la Comisaría Nº 4, y funcionó durante toda la dictadura.  A ella llegaron hombres y mujeres detenidos, encerrados en calabozos sucios, húmedos, sin alimentos y con privación de sueño. 

Los relatos de las víctimas de entonces dan cuenta de diversas torturas; eran amarrados, encapuchados, golpeados, “teléfono, submarino, simulacros de fusilamiento, aplicación de electricidad, ruleta rusa, vejaciones, amenazas, obligados a escuchar  y presenciar torturas a otros detenidos, colgamientos, quemaduras con cigarrillos” (Informe C.N.P.P.T p.369).

En Viña del Mar, la misma cultura de abuso

La Primera Comisaría de la ciudad de Viña del Mar fue una más de las unidades policiales utilizadas por la dictadura  en la región de Valparaíso.  Fue un centro de detención y torturas. 

Hoy, durante el despertar social, en esta misma unidad de Carabineros, se reportan denuncias por torturas, apremios ilegítimos, acoso sexual, violencia sexual y fuerza excesiva.

La 1ª Comisaría de Viña del Mar, ha sido una de las tantas en las cuales se ha obligado a niñas y mujeres a despojarse de  sus ropas y realizar sentadillas. Al 5 de diciembre de 2019, se reportaban 21 casos de violencia sexual. 

Develando la Cultura de Abusos

La constatación de reiteradas conductas ilegales y delictivas por parte de unidades de Carabineros que fueron centros de detención y torturas durante la dictadura y  que vuelven a aparecer como violadores de ddhh en el actual marco de estallido social, nos obliga a reflexionar respecto a las causas de ello.

Existe  una cultura institucional proclive a entender a las manifestaciones sociales como  un hecho peligroso, realizado por adversarios o bien, enemigos.  Creemos que tal concepción viene remarcada por el carácter militarista de Carabineros; por haber sido actores directos de la política de represión implantada por el régimen de Pinochet, Merino, Mendoza y Leigh.  

Esta cultura del enemigo, se graba en las mentes de  generaciones de carabineros   formados en la Escuela de Suboficiales Fabricianio González Urzúa, funcionario policial muerto llevando a cabo el golpe de estado del ´73. Ligar la sede formadora de los suboficiales a la figura de un golpista  hace que la institución entregue un mensaje de partidización y de culto al golpismo, a sus estudiantes;  ubicando como enemigos a otros sectores de la sociedad chilena.

Consideramos que la cultura del abuso que demuestra Carabineros, se debe buscar en la actitud refractaria hacia la labor de las comisiones de verdad como la Comisión de Prisión Política y Tortura,  la cual requirió a Carabineros y a las FFAA, los registros  que dispusiesen en cuanto a recintos de detención, nóminas de detenidos, entre otros antecedentes.

La respuesta de Carabineros, mediante oficio N° 122, del 5 de marzo de 2004, fue que

“hechas las averiguaciones y consultas del caso, Carabineros de Chile no registraba antecedentes ni documentación oficial sobre recintos de detención o prisión a su cargo; que no poseía nóminas o registros de personas que, habiendo sido detenidas por la Dirección de Inteligencia Nacional o por la Central Nacional de Informaciones, hubiesen estado recluidas o privadas de libertad en tales lugares”

(Informe C.N.P.P.T p.53-54). 

Es decir, en la práctica dicen desconocer y adoptan una actitud no colaboradora.

A su vez, en el oficio N°952, del 25 de agosto de 2004, Carabineros, informaba  a los miembros de la misma Comisión, que:

“No es  posible obviar las circunstancias históricas, políticas y sociales que llevaron a los hechos de que ahora conoce esta Comisión, las que deben contrastarse con la estructura jurídica, orgánica  y funcional de Carabineros de Chile en los años 70 y su variación hacia el presente (…)”. 

Indicaban además que

“Carabineros actuó (…) a contar del 11 de septiembre de 1973 bajo una condición de excepción Constitucional que afectó gradualmente  y a lo largo de los años siguientes las funciones Institucionales ya que ningún Órgano del Estado puede resultar absolutamente  impermeable  a los factores externos  que le condicionan  de alguna manera; que sin embargo, la fuerza de la propia naturaleza  de Carabineros generó su equilibrio interior restableciendo del mismo modo gradual y permanente su orientación profesional”

(Informe C.N.P.P.T p.54)

Como se observa, se pretende justificar las violaciones de derechos humanos atendiendo a las circunstancias históricas y políticas del país.  Empero, pese a avanzar en reconocer que se actuó en un marco de excepción constitucional, es decir, en momentos en los que se restringió profundamente los derechos de las personas, no fueron capaces de dar los siguientes pasos: reconocer los hechos, asumir su responsabilidad y generar  las condiciones reales para evitar que se reprodujesen dichas violaciones de derechos.

Finalmente, otra arista que, consideramos, permite ayudar a explicar la pervivencia de esta cultura negadora de los  ddhh, del abuso, y de la lógica del enemigo interno, lo representa la autonomía tácita que Carabineros ha tenido respecto al poder civil legalmente constituido.

En efecto, los gobiernos democráticos postdictadura de las FFAA y de Orden, carecieron del interés real por hacer cumplir la supremacía del poder civil sobre el militar y policial, dejando que tanto Carabineros como las FFAA en general, se autoregulacen;  administraran los recursos públicos a su total discreción; que sin fiscalización efectiva continuaran formando a sus nuevos contingentes en las mismas doctrinas que terminan por constituir culturas institucionales de abuso, de negación de los ddhh y con lógica de enemigo interno.

Proponemos que como una  primera etapa para enmendar esta situación y comenzar  a reducir  la reproducción de la cultura del abuso que hemos reseñado, se debe:

• Intervenir las unidades policiales a nivel nacional que figuren en ambos registros (Comisión de Prisión Política y Tortura, y en los registros del INDH).
• Instalar en todas las unidades de Carabineros que aparecen en el Informe de Comisión de Prisión Política y Tortura, placas públicas que recuerden tal situación y sirvan a la formación de los nuevos cuadros policiales en Memoria y Derechos Humanos.
• Cambiar el nombre a la Escuela de Suboficiales Fabriciano González Urzúa, por tratarse de un símbolo que valida el golpismo, la dictadura y la pérdida de la democracia en el país.

En una segunda etapa y en directa relación con el proceso constituyente, la revisión de la institución Carabineros de Chile debe ser discutida a fondo, planteándose su refundación y el nacimiento de una nueva policía nacional.