Clínica London

La antigua sede de la Clínica London, ubicada en la calle Almirante Barroso Nº 76-80, sirvió como clínica clandestina de la DINA  y la CNI al término de la Clínica Santa Lucía.  Este centro de detencion y tortura cumplía las mismas funciones que esta última, aunque tenía más capacidad e infraestructura.  La Comisión  Rettigg recopilo testimonios de presos politicos que estuvieron en este recinto y del personal que operó en el mismo.

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; El Ciudadano; CIPER; Memoriaviva;

Pese a estar desde el año pasado protegido por la categoría de Zona Típica, se aprobaron demoliciones en cinco inmuebles, debido a la edificación de un recinto educacional en el Barrio Yungay. Allí todavía está la memoria de torturados y desaparecidos en dictadura. Por Catalina Araya

El proyecto Inacap sede Santiago Centro contempla construcciones situadas en la calle Almirante Barroso y Moneda. Hasta ahora se han realizado dos demoliciones, aprobadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, y la próxima contemplada es el recinto que durante la dictadura fue ocupado por la DINA, conocido como Clínica London.

La Agrupación por la Defensa del Barrio Yungay, organización que trabaja por la preservación del patrimonio arquitectónico del lugar, ha manifestado su malestar ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

Según la concejala de Santiago, Loreto Schnake, aunque la ley permite al consejo autorizar modificaciones, intervenciones y en caso especiales demoliciones, “esto último se debe comprender como la excepción y no como la regla a seguir, como tal indica este caso, en que son varias propiedades”.

Por otro lado, la organización denunció que no todos los integrantes del consejo estaban enterados de las determinaciones tomadas por el secretario ejecutivo, Óscar Acuña, y la comisión de arquitectura.

Rosario Carvajal indicó que “los consejeros nunca se enteraron, incluso Nivia Palma, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales y directora de la Dibam, reconoció que se enteró por nuestra denuncia pública y que ella jamás habría permitido las demoliciones”.

Ante el descontento que suscitó el hecho en la agrupación ciudadana, Nivia Palma comentó que tratándose de un lugar donde se cometieron violaciones de los derechos humanos, la decisión debe ser informada previamente.

A raíz de estas denuncias, la organización se reunió con el diputado Felipe Harboe, quien señaló que se realizan gestiones para conformar, a partir del 11 de marzo de 2010, una bancada patrimonial en el Parlamento, cuyo objetivo será legislar protegiendo el patrimonio cultural.

CENTRO DE TORTURA

Después que dejó de funcionar la clínica en la calle Santa Lucía, se trasladó a Almirante Barroso, y pasó a llamarse Clínica London.

El inmueble, que hoy pertenece al Centro Educacional Inacap, era utilizado para llevar a detenidos políticos torturados y según indica el Informe Rettig, basado en testimonios de personas que estuvieron en el recinto y del personal que operó en él, también se registraron desapariciones.

La vigilancia era permanente en la clínica, recibía recursos del Ministerio de Salud y se ha vinculado a personal médico que trabajó allí con el caso del Presidente Frei Montalva. Cuando dejó de depender de la DINA, pasó a manos de la CNI y en 1983 se trasladó a Isidora Goyenechea y cambió su nombre a Clínica El Golf

Un llamado a las autoridades para que recapaciten y detengan la demolición del lugar hizo Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. El inmueble a demoler es la Clínica London, lugar del Barrio Yungay que está en la categoría de “Zona Típica”, y por ende, protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Actualmente la casa de estudios Inacap es dueño de la propiedad y pretenden allí construir parte de su sede Santiago Centro, que además incluye otras instalaciones en las calles Almirante Barroso y Moneda. Hasta ahora se han hecho dos demoliciones en el sector, aprobadas por el Consejo de Monumentos, la próxima pretende ser este ex centro de detenciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina).

El inmueble esconde un historial de violaciones a los derechos humanos, ya que el recinto fue centro de detención y tortura y además contó con la participación de médicos. Este inmueble, además, aparece relacionado con la muerte de Eduardo Frei Montalva, pues era el lugar donde trabajaron quienes lo atendieron en su operación de la Clínica Santa María.

“Debería ser un lugar de memoria, para mantener fresca la historia oscura de nuestro país, para que las futuras generaciones sepan lo que ocurrió en este lugar y este país no vuelva a cometer los mismos errores de generar clínicas clandestinas (…) donde se hacía revivir a los torturados para seguir torturándolos”, declaró Rosario Carvajal.

La representante de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales denunció la vulnerabilidad del marco institucional que protege a estos sectores, la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.

“Casos como este ocurren, lamentablemente, todos los días con demoliciones, con permiso o sin permiso, o con incendios. Aquí hay un marco institucional que es absolutamente vulnerable a presiones de inmobiliarios, de privados, como es el caso de Inacap”, afirmó Carvajal.

La demolición fue aprobada durante la administración Bachelet, el 19 de octubre de 2009, y el documento oficial fue firmado por Óscar Acuña Poblete, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, quien ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. Incluso el año 2010 la organización ciudadana pidió la renuncia de éste.

José Osorio (en la foto), encargado de participación ciudadana en Defendamos la Ciudad declaró que su agrupación está bastante molesta con el comportamiento que ha tenido el Consejo de Monumentos en una serie de casos, y que si Óscar Acuña se ha mantenido hasta ahora en el cargo es porque “ha sido bastante funcional a los intereses de las nuevas autoridades”.

A propósito del inicio de la demolición de la ex Clínica London, conocida por los horribles episodios protagonizados por la CNI y donde hoy funciona una sede de Inacap, Patricio Herman se pregunta si es posible derribar monumentos nacionales. El inmueble se levanta en el Barrio Yungay, donde los vecinos se oponen a su demolición. De acuerdo a Herman, por estar una zona declarada típica, el Consejo de Monumentos Nacionales no tiene atribuciones para autorizar que sea derribada.

Los Monumentos Nacionales son bienes patrimoniales que han recibido protección oficial por parte del Estado en el marco de la Nº 17.288 publicada el año 1970 en el Diario Oficial. Son de tipo muebles e inmuebles y de tipo cultural y natural, estando clasificados en seis categorías distintas.

Las más conocidas son las llamadas 1) Monumentos Históricos y 2) Zonas Típicas o Pintorescas, las que requieren de un Decreto Supremo firmado por el Ministro de Educación para ser reconocidas como tales. Previamente sus preservaciones se declaran por acuerdos adoptados por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo técnico encargado de la protección y tuición del patrimonio cultural y natural del país.

Los primeros son bienes muebles e inmuebles de valor histórico y/o artístico, pudiendo ser lugares, ruinas, construcciones u objetos. Los segundos son conjuntos inmuebles urbanos o rurales, de valor urbanístico, paisajístico y ambiental. Muchas de estas zonas corresponden al entorno de un Monumento Histórico y pueden ser grupos de construcciones, parques, lugares agrestes y otros similares.

El artículo 12º de la mencionada ley dice que los inmuebles con categoría de Monumentos Históricos de propiedad privada no podrán ser destruidos, transformados o reparados, sin haberse obtenido previamente la autorización del CMN. Es decir, si un Monumento Histórico, con el paso de los años y por falta de una aceptable conservación, tiene daños de tipo estructural con riesgo latente de caerse y por lo tanto de ocasionar un accidente que afectaría a muchos, dicho CMN podría autorizar su demolición en atención a una causa de interés público.

En el artículo 30º de esta ley se dice que para hacer construcciones nuevas en una Zona declarada como Típica o Pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, se requerirá la autorización previa del CMN, la que sólo se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona, de acuerdo a los proyectos presentados. Ergo, queda en evidencia que las demoliciones no están contempladas para los inmuebles situados en Zonas Típicas y que naturalmente las construcciones nuevas que ahí se levanten se deben emplazar en sitios eriazos. Como es lógico, estas edificaciones deberán respetar la escala y estilo de tales zonas.

Sabemos que los Directores de Obras Municipales y el propio CMN han estado autorizando demoliciones en Zonas Típicas o Pintorescas, a solicitud de los dueños de inmuebles allí insertos, acciones administrativas que vulneran el marco regulatorio. Debemos suponer que esas actuaciones funcionarias corresponden a un desconocimiento de la ley que no se volverá a repetir, más aún si el artículo 38º de la legislación en comento dice “el que causare daño en un Monumento Nacional, o afectare de cualquier modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio o máximo y multa de 50 a 200 unidades tributarias mensuales”, suma de dinero que nadie quisiera desprenderse de ella.

Por lo tanto y contestando el título de esta columna, el CMN tiene atribuciones para autorizar la demolición de un Monumento Histórico, pero carece de las mismas cuando se trata de un inmueble localizado en una Zona Típica o Pintoresca, siendo ambas cualidades, como lo dijimos en el segundo párrafo de esta columna, Monumentos Nacionales y por ello creemos necesario que se modifique la ley para asimilar las dos categorías en lo que dice relación a sus eventuales demoliciones por fuerza mayor.

Esta materia puntual se abordó en artículo “Vacío legal en el ámbito patrimonial”, publicado el 10 de enero de 2011, y valga la ocasión para tener presente este asunto, ya que para este viernes 11 de febrero a las 09,00 hrs. está prevista una reunión en la sede del Instituto Profesional Inacap, ocupante de la fatídica ex clínica London, situada en la Zona Típica del barrio Yungay. En esta cita, entre los propietarios de la casa protegida y los grupos ciudadanos que no aceptan su demolición, volarán las plumas.

Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay hace un llamado a la comunidad, a las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y a la Presidenta Bachelet para detener la demolición total del inmueble donde se ubicó la “Clínica London”, centro clandestino de torturas, acreditado en el Informe Rettig y emplazado dentro de la Zona Típica del Barrio Yungay, en Almirante Barroso Nº 76.

De acuerdo al documento oficial del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), ORD. Nº 4359/09, firmado por Oscar Acuña Poblete, Secretario Ejecutivo, y fechado el 19 de octubre de 2009 se señala a la empresa propietaria “Inacap Sede Santiago Centro”: “1. Respecto al inmueble de calle Almirante Barroso Nº 76-78-80, se aprueba la demolición. En relación al proyecto de obra nueva, se requiere reformular la solución de acceso al edificio prolongando los recintos de guardia y estacionamiento de bicicletas hasta la línea oficial de cierre. Por otra parte y de acuerdo a que este inmueble corresponde a la denominada “Clínica London” consignada en el Informe Rettig, se solicita una propuesta de elemento conmemorativo en relación a los hechos vinculados a los DDHH allí ocurridos”.

Junto a ello, según el Of. N: E/025/2009 del 30 de Septiembre de 2009, Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior señala: “…. de acuerdo a nuestros antecedentes la demolición de dicho inmueble no tendría una incidencia mayor en las investigaciones relacionadas con dicho recinto”.

Frente a esta grave situación, creemos que se está atentando contra la memoria y la lucha por la verdad y la justicia que ha llevado adelante la sociedad chilena y principalmente las organizaciones de derechos humanos. No basta con sólo poner un elemento conmemorativo en la nueva edificación, se necesita de una política nacional de recuperación y preservación patrimonial de todos aquellos lugares que son parte de una historia que no queremos que se vuelva a repetir. La materialidad del lugar es el mejor ejemplo para que las nuevas generaciones puedan entender lo que significó, en su contexto, las graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas por la dictadura militar. Borrar el edificio es borrar la historia, es borrar el derecho a la memoria.

En los hechos se está violando la voluntad de miles de personas que acompañaron la solicitud de Zona Típica del Barrio Yungay que según expresa la ley, protege la fachada de los más de 7.000 inmuebles ubicados en la Zona Típica. En esta propiedad, como en dos casos anteriores en nuestro barrio, el CMN está actuando contra la protección que asegura la propia ley que ellos deben salvaguardar.

La clandestina Clínica London, funcionó como recinto dependiente de la DINA y está acreditada en el Informe Rettig, vinculada a diferentes hechos de tortura. En ella, no sólo se atendía el personal del organismo represivo de la dictadura de Pinochet, sino también a algunos prisioneros que comenzaban a colaborar, a detenidos que se encontraban moribundos producto de la tortura, para que fueran “recuperados” y los agentes represivos pudieran continuar con sus interrogatorios. Por esta clínica clandestina pasaron cientos de detenidos, muchos de los cuales hoy se encuentran desaparecidos o fueron ejecutados posteriormente por la DINA. Este recinto, además aparece relacionado al asesinato de Eduardo Frei Montalva, pues allí se desempeñó el grupo de médicos que trabajaba en la Clínica Santa María, cuando se operó al ex Presidente.

Esta destrucción total, que solicita la empresa propietaria “Inacap Sede Santiago Centro”, que aprobó el Consejo de Monumentos Nacionales y que cuenta con el respaldo de la Secretaria Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, es un pésimo precedente para el futuro de nuestro país.

Hacemos un llamado a la Presidenta Bachelet y a la sociedad chilena a movilizarse e impedir esta demolición. No nos parece que esta solicitud de una entidad privada cuyo rubro es la educación, acompañada por decisiones inconsultas y arbitrarias de funcionarios del Estado, se imponga por sobre nuestro patrimonio político que se expresa en la lucha permanente por la memoria, la verdad y la justicia.

La lucha por la defensa de nuestro barrio es la lucha por nuestra memoria.

Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay.

Eduardo Arriagada Rehren, médico pediatra con especialidad broncopulmonar infantil, fue expulsado de la orden por delitos de lesa humanidad. El ministro Alejandro Madrid, el mismo del caso del magnicidio de Eduardo Frei Montalva, lo condenó en primera instancia por envenenar a presos comunes y militantes del MIR internos en la ex Cárcel Pública en 1981.

En fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección presentado en contra del Colegio Médico por el médico Eduardo Arriagada Rehren, quien buscaba revertir su expulsión de la orden gremial.

Arriagada es médico pediatra, con especialidad broncopulmonar infantil, y tiene un siniestro prontuario durante la Dictadura, al punto que se encuentra condenado por el ministro Alejandro Madrid –el mismo del fallo respecto del magnicidio de Eduardo Frei Montalva– por el envenenamiento de presos comunes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la ex Cárcel Pública en 1981.

Se trata de una condena de primera instancia a 20 años de presidio que data del 3 de abril del 2017 como autor de delitos de lesa humanidad por dos homicidios calificados y otros cinco frustrados en la desaparecida Cárcel Pública. En esa instancia, también fue condenado el veterinario Sergio Rosende Ollarzú. La sentencia no está ejecutoriada.

En la resolución, donde el Colegio Médico justifica la expulsión del doctor Eduardo Arriagada de la orden, se señala que sus “actividades desplegadas en la época en que ocurrieron los hechos que fundamentan su condena a veinte años de presidio, según sus propias declaraciones y más allá de la participación en los homicidios por los que fue condenado, son prueba suficiente de que se apartó completamente del ejercicio de la Medicina para incursionar en actividades ajenas a los fines de esta profesión, vulnerando gravemente la ética médica”.

Nexo con el caso Frei

Pero la trayectoria en Dictadura de Arriagada, quien tiene la condición de general en retiro, va más allá, porque también fue director de Sanidad del Ejército, director del Instituto Bacteriológico de la misma institución y estuvo al mando de la Clínica London de la DINA. Este recinto clandestino, ubicado en la calle Almirante Barroso n.º 162, en el centro de Santiago, sirvió como clínica clandestina y estuvo vinculada a diferentes hechos de tortura y desapariciones durante la época de la represión política.

La Clínica London se cruza con el caso Frei, pues allí se desempeñó el grupo de médicos que trabajaba en la Clínica Santa María que atendió al exmandatario.

De hecho, Arriagada prestó declaración en el marco del caso Frei, luego que la familia del expresidente lo mencionara, junto con el Laboratorio de la DINA, como sospechosos por su pericia en el ámbito bacteriológico y las evidencias sobre el uso de venenos en el magnicidio.

De hecho, el fallo del ministro Madrid por el caso Frei menciona la declaración de Arriagada, señalando que el médico “solicitó autorización para pedir una entrevista con don Eduardo Frei Ruiz Tagle, para aclararle su nula participación en la muerte de su padre. Que la entrevista le fue negada, por lo cual llamó por teléfono al doctor Patricio Silva para que le hiciera el contacto con la secretaria de don Eduardo Frei Ruiz Tagle, o con la familia, a lo que el doctor Silva le respondió que no tenía ya ningún contacto con dicha familia y procedió a darle su versión sobre los hechos, los cuales hizo saber al Tribunal. Que fue la única vez que tomó contacto telefónico con él y deja constancia que con posterioridad quien lo recibió fue el abogado Álvaro Varela”.

“Justificación y legitimidad” de la expulsión

En la resolución, que mantiene al exmédico de la DINA expulsado del colegio al que perteneció por más de 40 años, la sala de la Suprema, integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ricardo Blanco, Arturo Prado y Ángela Vivanco, ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones que desestimó la acción cautelar interpuesta por la defensa del profesional.

En su recurso, el médico alegó que su expulsión constituye un “acto arbitrario e ilegal que priva y perturba a su representado en el ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 n.° 3 incisos 5° y 6° y, n.° 4, respectivamente, de la Constitución Política de la República”.

Sin embargo, en el fallo, los ministros de la Suprema estiman que “ha quedado de manifiesto que la acción de expulsión aparece racional y apoyada en motivaciones suficientes que resultan idóneas, como asimismo dotadas de justificación y legitimidad”.

Igualmente, los ministros advierten sobre un procedimiento de forma, señalando que “la vía idónea para impugnar la resolución de la recurrida, tal como lo previene la Constitución Política de la República, es el recurso de apelación, y no esta acción cautelar”.

Leyton era un funcionario de la DINA y la policía de Carabineros encontró en su hogar el vehículo de un detenido desaparecido que había sido encargado por robo. Fue detenido y en el cuartel policial contó cómo operaba el organismo represor, lo que le costó la vida.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid, dictó condena en la investigación por el homicidio del cabo del Ejército Manuel Leyton Robles, perpetrado en marzo de 1977.

En la resolución condenó a los ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Vianel Valdivieso Cervantes, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a penas de 15 años de presidio, como como autores del delito de homicidio, además de 3 años y un día por su responsabilidad como autores en el delito de secuestro, más 541 días por el delito de asociación ilícita.

En tanto, el agente Hernán Sovino Maturana fue condenado a 10 años y un día, en calidad de cómplice en el delito de homicidio; 3 años y un día, como autor en el delito de secuestro, y 541 días por asociación ilícita. En el caso del agente Vittorio Orvietto Tiplitzky, el magistrado Madrid lo condenó a 5 años y un día de presidio, como autor del delito de asociación ilícita.

Los agentes Pedro Valdivia Soto y Gladys Calderón Carreño recibieron condenas de 5 años de presidio por su responsabilidad como encubridores del delito de homicidio; en tanto, Hernán Taricco Durán y Carlotta Bolumburu Tabaoda fueron condenados a penas de 3 años y un día de presidio como encubridores del homicidio. A Valdivia Soto y Bolumburu Taboada se les concedió el beneficio de la libertad vigilada, y al agente Taricco Durán, el beneficio de la remisión condicional.

En la investigación, el ministro Madrid acreditó que “durante el mes de marzo del año 1977, dos funcionarios pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) procedieron, en primer término a sustraer un vehículo Renoleta perteneciente al profesor Sr. Daniel Palma Robledo –detenido desaparecido– y, posteriormente, cometieron un robo de otro vehículo de similares características perteneciente al comerciante de pinturas Sr. Marcel Jean Duhalde Garat, a quien luego de sustraerle el móvil en que se desplazaba por el sector centro de esta ciudad, procedieron a dejarlo abandonado en el sector de Las Vizcachas”.

Relata a Carabineros los procedimientos de la DINA

“Posteriormente, al tomar conocimiento de estos hechos, funcionarios de Carabineros de Chile pertenecientes a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), a cargo del Teniente Alfonso Denecken Alberti, realizaron un allanamiento al domicilio particular del cabo de Ejército Sr. Manuel Leyton Robles quien prestaba en esa fecha servicios a la DINA, ubicado en calle Los Pioneros de la comuna de La Florida, lugar en el que también se encontraban los dos vehículos sustraídos, procediendo a detener al militar antes nombrado y posteriormente a otro funcionario de DINA de nombre Heriberto del Carmen Acevedo”, precisa la resolución.

“Luego los detenidos antes nombrados fueron trasladados al cuartel de la SIAT ubicado en calle Rodrigo de Araya, comuna de Ñuñoa, lugar donde fueron interrogados, señalando el cabo Manuel Leyton Robles, diversas actuaciones realizadas por el equipo de DINA al que pertenecía y que se encontraba bajo el mando del Capitán de Ejército Sr. Germán Barriga Muñoz. Debido a lo anterior el Director de la DINA, Coronel Sr. Manuel Contreras Sepúlveda ordenó a funcionarios de su dependencia que concurrieran a ese cuartel policial y procedieran a hacer las gestiones pertinentes para obtener la liberación de los detenidos pertenecientes a la organización bajo su mando”, agrega el magistrado.

“Como resulta que a los funcionarios de DINA privados de libertad se les imputaba la comisión de delitos y se encontraban siendo interrogados, debían, además, ser confeccionados los respectivos partes policiales para ser remitidos a la Fiscalía Militar del Ejército, por ello, no fue posible que se pudiera obtener en forma inmediata la liberación solicitada”, puntualiza el fallo.

Lo trasladan al Cuartel Simón Bolívar y la Clínica London

“Como, tomaron conocimiento de la situación producida altas autoridades de la época -añade el juez- tales como, el Ministro de Defensa Nacional, General (R) Herman Brady Roche, el Prefecto de Carabineros de Santiago General Sr. German Campos, el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la referida institución y el integrante de la Junta de Gobierno en representación de Carabineros, General Director Sr. César Mendoza Duran, se dispuso la entrega de los detenidos a la DINA”.

“Una vez obtenido el egreso de los detenidos, el cabo Manuel Leyton Robles fue trasladado al Cuartel de la calle Simón Bolívar a cargo del Mayor de Ejército Juan Morales Salgado y, posteriormente, llevado a la Clínica London, ubicada en la calle Almirante Barroso de esta ciudad, lugar donde permaneció privado de su libertad, vigilado permanentemente e interrogado acerca de las declaraciones que prestó mientras se encontraba detenido en el cuartel policial antes mencionado, por las cuales habría indicado el destino sufrido por algunos de los detenidos que se encontraban en el cuartel ubicado en la calle Simón Bolivar de esta ciudad”, expresa el dictamen.

“Luego de permanecer varios días en las condiciones precedentemente mencionadas, el nombrado Leyton sufrió un paro cardiorespiratorio y, por tal razón fue trasladado a una dependencia de la señalada clínica, siendo atendido por médicos y enfermeras de ese establecimiento, falleciendo el día 29 de mes de marzo de 1977”, puntualiza.

Pericias concluyen que lo asesinaron con gas sarín

“Luego de producido su deceso, funcionarios de la DINA procedieron a comunicar lo anterior a familiares del occiso, con el objeto que procedieran al retiro del cadáver y, mientras se verificaba el velatorio en su domicilio particular, por orden del Director Nacional de la referida organización, se retiró el cuerpo para ser trasladado al Instituto Médico Legal, donde luego de haberse efectuado una reunión entre un oficial de DINA y el Director de ese Instituto, a este último se le señaló la necesidad que no ocurriese ninguna dificultad que pudiera incriminar a directivos del organismo últimamente mencionado, procediéndose a realizar el señalado procedimiento, especificándose como causa de la muerte aspiración de contenido gástrico”, manifiesta el ministro Madrid.

“La causa últimamente señalada constituye sólo un síntoma producido por el cese de las funciones vitales de un individuo, tal como indica el doctor José Belleti a fojas 2.303, el hecho del fallecimiento de la víctima, de acuerdo a los antecedentes que fluyen de la investigación sólo ha podido producirse por la inoculación de una sustancia tóxica, tal como lo señala, como una de las posibilidades factibles, la autopsia médico legal agregada a fojas 1.087, realizada por el doctor Tomás Tobar Pinochet, y como en la referida pericia no pudo determinarse la presencia del agente químico denominado gas sarín, por las razones antes expuestas, tampoco es posible determinar que no haya sido utilizado y, por el contrario, los elementos de juicio analizados en el fundamento primero, permiten concluir que su muerte sólo se pudo producir por la inoculación del referido elemento químico», concluye la sentencia judicial.

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.

A 50 años de la creación de la DINA, el Archivo de Seguridad Nacional publica documentos que evidencian las misiones secretas de un agente de inteligencia de la dictadura. Esos papeles narran las atrocidades que patrocinó el Estado a través de la policía secreta de Augusto Pinochet. Las revelaciones, entre otras cosas, detallan el suministro de gas para asesinar a opositores del régimen, los alcances de la Operación Cóndor en Francia y el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington.

«Si ha habido suficiente motivo para abrir este sobre acuso al Gobierno de Chile de mi muerte «, escribió el agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Michael Townley en marzo de 1978, mientras los agentes del FBI le perseguían por el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt en Washington, D.C., en septiembre de 1976. Townley escribió que, si él era asesinado, se debía considerar a su superior y comandante de la DINA, Manuel Contreras, como el “autor intelectual” del delito. Townley también identificó a un equipo de asesinos de la DINA -sus propios colegas- como las personas que probablemente habrían cometido el hipotético crimen en contra suyo.

Titulado «Confesión y acusación«, el documento es uno de los varios informes detallados de Townley sobre los crímenes de la DINA que el National Security Archive publica como colección por primera vez, 45 años después de que fueran escritos. Townley redactó estas dramáticas confesiones como un esfuerzo calculado y desesperado para que sus superiores de la DINA no intentaran silenciarlo permanentemente en vez de entregarlo a las autoridades estadounidenses.

En otro documento, titulado «Historia de actuación en DINA«, Townley registró su carrera de cuatro años como asesino de la DINA originario de Estados Unidos. Allí cuenta que fue reclutado por altos oficiales de ese organismo en 1974, que le dieron una mansión en Lo Curro (Vitacura), que le ordenaron construir un laboratorio para fabricar armas químicas en su sótano y que le encargaron la dirección de la «Agrupación Avispa«, una unidad especial de la DINA bajo el mando de la Brigada Mulchén, “formado para cumplir misiones secretos de eliminación» de los opositores al régimen de Pinochet. En sus confesiones, Townley menciona los asesinatos de dos chilenos utilizando gas sarín que fabricó en su casa. 

Como anexo a este documento, un tercer informe manuscrito, llamado «Relato de sucesos en la muerte de Orlando Letelier el 21 de septiembre, 1976«, detalla su misión encubierta para asesinar al exdiplomático chileno en Washington, D.C., como parte de la Operación Cóndor de los servicios de seguridad del Cono Sur.

«Los órdenes explícitas«, según Townley, «eran: Ubicar la residencia y lugar de trabajo de Letelier y contacta con el grupo cubano para que lo eliminaron o en SARIN o por atropello a otro accidente o al final por cualquier método, pero que a Letelier el gobierno de Chile lo quería muerto«.

LA HISTORIA DE LAS CONFESIONES

Ante la amenaza latente de ser asesinado por sus propios superiores, Townley entregó estos informes escritos a su esposa, Mariana Callejas, para que los guardara. Los documentos siguieron en su poder incluso después de que el régimen de Pinochet entregara a Townley al FBI el 8 de abril de 1978. Contreras lanzó entonces una campaña mediática para desacreditar a Townley, afirmando que era un agente de la CIA infiltrado en las filas de la DINA para avergonzar al régimen chileno, una tesis que Townley anticipó y negó explícitamente en sus confesiones privadas. Para asegurarse de que la autenticidad de sus revelaciones no fuera cuestionada, Townley estampó la huella de su pulgar en cada informe. Posteriormente, un laboratorio forense del FBI verificó sus huellas dactilares.

La última página del informe manuscrito de Townley sobre la «Historia de las actividades en la DINA» con su firma y huella digital (Fuente: National Security Archive)

Bajo custodia estadounidense, Townley confesó varias de las operaciones citadas en estos informes. Partes significativas de esta historia se hicieron públicas en el libro de 1980 Assassination on Embassy Row, de John Dinges y Saul Landau, el primer relato exhaustivo sobre los asesinatos de Orlando Letelier y su colega Ronni Moffitt. El libro se basaba en diversas fuentes, incluidas entrevistas con agentes del FBI y el testimonio de Townley en el juicio de 1979 por el asesinato que materialmente ejecutó un grupo cubanos asociados a la DINA.

Doce años después de que su marido fuera puesto bajo custodia, Callejas proporcionó las confesiones de Townley a las autoridades estadounidenses, según una declaración jurada del Departamento de Justicia de ese país presentada en agosto de 1991, cuando solicitó la extradición de Manuel Contreras y su ayudante Pedro Espinosa por el asesinato de Letelier y Moffitt.

A comienzo de los noventa, las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos transcribieron los relatos manuscritos de Townley y presentaron copias mecanografiadas, así como los manuscritos originales, ante el gobierno de Patricio Alywin –sucesor de Pinochet—cuando quisieron extraditar a Contreras y Espinosa. La documentación de Townley se presentó finalmente como prueba en los procesos judiciales que ambos agentes de la DINA enfrentaron en Chile, y en 1993 fueron declarados culpables de conspirar para asesinar a Letelier y Moffitt.

LAS CONFESIONES DE TOWNLEY

A lo largo de los años, han aparecido referencias a las confesiones de Townley en libros y artículos periodísticos y de investigación. Partes de los documentos han sido citados anteriormente por reporteros como Ernesto Ekaizer de El País en su biografía del general Augusto Pinochet de 2003; John Dinges en Los años del Cóndor (2004); el chileno Javier Rebolledo en su libro La danza de los cuervos (2012); y la chilena Mónica González en su exhaustivo artículo de 2013 en CIPER Chile, «Las armas químicas de Pinochet» 

Sin embargo, es la primera vez que las confesiones de Townley se reproducen íntegramente y se publican juntas. «Cincuenta años después de la creación de la DINA, los documentos de Townley constituyen un duro recordatorio de la oscura, siniestra y represiva historia del régimen de Pinochet», señala Peter Kornbluh, quien dirige el Proyecto de Documentación sobre Chile en el National Security Archive. La periodista chilena Pascale Bonnefoy localizó las transcripciones que hizo el gobierno estadounidense de los documentos de Townley en el archivo presidencial Patricio Aylwin, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago. Una copia parcial -le faltaba las dos primeras páginas- del informe original manuscrito de Townley, «Historia de actuación en DINA», fue obtenida por John Dinges como parte de su investigación sobre la Operación Cóndor.

Estos son algunos de los detalles más importantes que contienen las confesiones de Townley respecto de los crímenes de la DINA:

• El agente revela una misión de la Operación Cóndor llevada a cabo en diciembre de 1976 en París para asesinar a dos altos cargos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo de oposición de izquierda. La misión fracasó, escribió Townley, debido a una filtración de información por parte de agentes argentinos.
• El gas sarín fabricado en el laboratorio de la casa de Townley -un proyecto cuyo nombre en clave era «ANDREA»- se utilizó para matar a un funcionario de la DINA que había sido detenido por el robo de un auto y que había revelado información secreta sobre este organismo a la policía chilena. Agentes pertenecientes a la Brigada Mulchén sustrajeron a este sujeto de la custodia policial, lo trasladaron a La Clínica Londres, un centro médico y de tortura controlado por la DINA, y lo envenenaron con gas sarín. Murió «casi instantáneamente», informó Townley.
• El gas sarín de Townley también se utilizó para asesinar al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, llamado René León Zenteno, en su casa de Avenida Holanda (Providencia), por negarse a traspasar ilegalmente títulos de propiedades a la DINA. Para probar que León Zenteno había sido envenenado, Townley sugirió en su confesión que se exhumara su cadáver y se le hicieran pruebas para detectar la presencia de colinestros, una propiedad del gas sarín.
• Además de fabricar gas sarín en el laboratorio de la DINA, construido en el sótano de mansión en Lo Curro, Townley planeaba producir gases de guerra química aún más peligrosos, conocidos como «somán» y «tabún», utilizando agentes extremadamente tóxicos como Clostridium botulinum, saxitoxina y tetrodotoxina.
• El funcionario español de la ONU, Carmelo Soria, fue asesinado a golpes por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA en el jardín de la casa de Townley en Lo Curro. El caso se convirtió en una de las atrocidades contra los derechos humanos más infames del régimen de Pinochet.
• A Townley se le asignaron US$30.000 para llevar a cabo misiones en México y Europa, que también utilizó para comprar en Miami múltiples armas, explosivos y dispositivos de control remoto para utilizarlos en atentados contra líderes del exilio reunidos en Ciudad de México, a los que se nombra en los documentos.
• En Europa, Townley conoció a un dirigente sindical que se había infiltrado en los círculos del exilio chileno y que proporcionó información utilizada en un intento de asesinato en Roma. Townley reclutó a fascistas italianos, dirigidos por «Di Steffano» (Stefano delle Chiaie), que dispararon contra Bernardo Leighton y su esposa. Ambos sobrevivieron.

LA CARTA DE TOWNLEY A "DON MANUEL"

Además de las confesiones, el Archivo publica una carta que Townley escribió a quien identificó como «Estimado Don Manuel» (el exjefe de la DINA, Manuel Contreras). La esposa de Townley entregó esta misiva a las autoridades estadounidenses en 1982. Como un gesto de «diplomacia de desclasificación», en 2015 el gobierno de Barack Obama proporcionó la carta al gobierno chileno de Michelle Bachelet, junto con más de 200 documentos recientemente desclasificados relacionados con el asesinato de Letelier y Moffitt (entre ellos, la lista de apodos que Townley utilizó como agente de la DINA, también publicada hoy). 

La carta no tiene fecha, pero parece haber sido escrita a principios de marzo de 1978, justo después de que Townley fuera identificado en la prensa estadounidense y chilena como el principal sospechoso del asesinato de Letelier y Moffitt.

Utilizando el alias de “J. Andrés Wilson”, Townley se quejó ante Contreras por los errores operativos en la misión de asesinato de Letelier que habían llevado a su identificación pública. Entre otros puntos, reclamó que Chile nunca debió haber confiado en otro país (Paraguay, miembro de la Operación Cóndor) para proporcionar documentos y pasaportes falsos para la misión: «Una vez cancelado las visas por EEUU, la operación debería haber sido cancelada totalmente en el entendimiento que la CIA estaba en conocimiento de las personas que iban a operar«. En un nuevo e intrigante detalle, Townley sugirió que “el error más grande ha sido el de no informar a su Excelencia (Pinochet) la verdad del real alcance de este problema”. En realidad, Townley ignoraba que, tal como lo reveló la CIA, el propio Pinochet había «ordenado personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo los asesinatos». 

Finalmente, Townley también recomendó al régimen militar que emitiera un decreto de control de la prensa chilena para evitar nuevas revelaciones.

Townley se declaró culpable del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en 1978, luego de que fuera puesto bajo custodia estadounidense. A cambio de su cooperación y testimonio, el terrorista internacional más prolífico de la DINA fue condenado a diez años de prisión, pero quedó en libertad condicional tras cumplir la mitad. Desde entonces, Townley vive en algún lugar de Estados Unidos -con otro nombre- como parte del programa de protección de testigos.

«Esta colección de documentos hace una importante contribución al registro histórico», dice John Dinges, autor del libro The Condor Years (Los años del Cóndor), «porque está compuesta por registros de primera fuente de Michael Townley, quien confiesa los crímenes que cometió en nombre de la DINA, y porque proporciona los nombres de sus colaboradores.» Dinges añade que la colección «proporciona los únicos documentos que escribió Townley antes de que fuera puesto bajo custodia estadounidense».

El National Security Archive publica los documentos Townley para aportar más evidencia y transparencia acerca de la creación de la DINA, la represiva y siniestra policía secreta chilena, que nació hace 50 años. Próximamente, también liberará una selección de documentos desclasificados de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y el FBI que registran la génesis, las operaciones y las atrocidades de la DINA desde la perspectiva estadounidense.