Cuartel Grupo Nº 3 de Helicópteros Maquehue

 El Grupo de Helicopteros N° 3 operaba desde la Base de Maquehua, en Temuco, y estaba al momento del golpe de estado al mando del Coronel de la FACH Andres Pacheco Cardenas  -hermano del  Coronel de Carabineros Conrado Pacheco Cardenas, comandante del campo de detenidos de Tres Alamos.

El Grupo N°3 de Helicópteros Maquehua esta estrechamente relacionado con la detención y asesinato de 15 campesinos del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. El  10 de octubre de 1973 fueron detenidos y mas tardes asesinados Luis Alfredo Rivera Catricheo, Eliseo Maximiliano Tracanao Pincheira; Miguel José Tracanao Pincheira; Alejandro Antonio Tracanao Pincheira; Salvador Alamos Rubilar; José Héctor Bórquez Levicán; Alberto Segundo Reinante Raipán; Ernesto Reinante Raipán; Modesto Juan Reinante Raipán; Luis Armando Lagos Torres; Carlos Segundo Figueroa Zapata; Mauricio Segundo Curiñanco Reyes; Isaías José Fuentealba Calderón; Daniel Antonio Castro López; Carlos Alberto Cayumán Cayumán; y a la profesora de Puerto Fuy, de 27 años de edad, Bernarda Rosalba Vera Contardo. Miembros del Grupo N°3 de Helicópteros Maquehua junto a Carabineros de la dotación del Retén de Liquiñe y Civiles del sector, incluyendo al empresario Luís Garcías Guzmán detuvieron a las victimas y alrededor de las 2:00 horas del día 11 de octubre de 1973, en el puente sobre el río Toltén procedieron a darles muerte y a arrojar sus cuerpos a las aguas

Criminales y Cómplices:

Coronel Hugo Guerra Jorquera (Encargado de la zona militar y del Complejo Maderero de Panguipulli en Septiembre de 1973); General Carlos Forestier Haengsen (Comandante en Jefe del Ejército); General Héctor Muñoz (Comandante de la IV Division de Caballeria de Valdivia); general Nilo Floody; teniente coronel Alejandro Medina Lois; mayor Carlos Parera Silva (Comando de Paracaidistas); Juan Carmach;  teniente coronel Pablo Iturriaga Marchesse (Comandante del regimiento Tucapel de Temuco), general Bruno Siebert (hoy senador por la octava región)

Civil: Luis Osvaldo García Guzmán (Empresario Maderero y dueño de las Termas de Liquiñe);

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; CODEPU; Documental “La Guerra Preventiva”; Libro: Morir es la Noticia”; Informe Valech; Memoriaviva;

La abogada de derechos humanos, Julia Urquieta, presentó una querella contra el Senador Vitalicio y General Benemérito Augusto Pinochet y contra todas las personas que resulten responsables por la masacre de 15 campesinos en la localidad de Liquiñe, en la frontera con Argentina. El hecho ocurrió en octubre de 1973, a un mes de instalada la dictadura.

Según el libro “Morir es la Noticia”, cuyo editor fue Ernesto Carmona, las 15 víctimas detenidas vivían en el caserío Liquiñe del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, ubicado en las cercanías de Valdivia. Personal uniformado provisto de una lista de las víctimas practicó las detenciones entre las 9 y las 11 de la noche del 10 de octubre de 1973. La mayoría de los detenidos eran obreros del complejo maderero, varios miembros de las familias Tracanao y Reinante, Isaías José Fuentealba Calderón, jefe de área del Complejo en el fundo Trafún, y la profesora de Puerto Fuy, Bernarda Rosalba Vera Contardo. El grupo criminal estuvo integrado por militares con vestimenta de combate, efectivos FACH del Grupo Nº 3 de Helicópteros Maquehua, de Temuco, Carabineros del Retén de Liquiñe y Civiles de la zona y contó con la ayuda de Luis García, cabeza de una próspera familia radicada en la zona hasta el presente, quien facilitó los medios y las instalaciones para que las 15 personas fueran interrogadas y torturadas salvajemente hasta el cansancio.

Otros grupos criminales actuaron simultáneamente en la zona, llevándose 15 a 20 personas de cada caserío. Los aprehensores se reunieron en el cruce de Coñaripe, equidistante de todos los lugares en que se practicaron detenciones, para tomar el camino a Villarrica. Cuando arribaron al puente del río Toltén, alrededor de las 2 de la madrugada del día 11 de octubre, brillaron los corvos. Dieron horrorosa muerte a todos los detenidos. Luego lanzaron sus cuerpos a las aguas.

Días después, algunos cadáveres emergieron a la superficie, aunque los cuerpos estaban metidos en sacos con piedras. Rápidamente aparecieron carabineros en el sitio del hallazgo macabro para …empujar los cuerpos a la corriente del río. Todas las víctimas de la zona (Neltume, Chihuío, Liquiñe y otros caseríos) fueron asesinadas por uniformados sin ninguna parodia de proceso, ni siquiera el manido consejo de guerra. Ocultaron sus cuerpos para impedir que se conociera la noticia y privar a sus familiares de darles honrosa sepultura. Todos son detenidos desaparecidos.

La cineasta francesa Agnes Denis realizó un documental -"La Guerra Preventiva"- sobre las matanzas del Complejo Panguipulli, en colaboración con los chilenos Patricio Paniagua, realizador, y Paco Peña, guionista. Según la investigación de los productores del film, la operación exterminio estuvo a cargo del teniente coronel Pablo Iturriaga Marchesse (fallecido), comandante del regimiento Tucapel de Temuco, bajo la supervisión del general Bruno Siebert, hoy senador por la octava región. En Liquiñe, "la confianza básica para una sana comunicación se ha transformado en una multifacética y permanente desconfianza", afirma el segundo volumen de Persona, Estado, Poder (Estudios sobre salud mental), publicado por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). Los parientes de las víctimas son renuentes a recibir a los investigadores que hurgan el pasado.

Puelche conversó con Carlos Barró, egresado de Derecho y procurador en la causa que investiga el juez Guzmán, él nos habló respecto al procesamiento de Luis García en el caso de los ejecutados de Liquiñe:

"El juez Guzmán lo procesó por el testimonio de Luis Armando Lagos y por su participación directa en el hecho, facilitando los medios y manejando los vehículos de su propiedad para los carabineros que posteriormente ejecutaron estos hechos. A García se le dio el beneficio de la libertad provisional en la Quinta Sala de Apelaciones de la Corte de Santiago, pero se le mantiene procesado".

Barro también nos explicó que el modo de operar en Liquiñe se repitió en varias otras localidades del sur de Chile: "Este modus operandi es similar con los casos de Osorno, Río Negro en que muchos dueños de tierras facilitaban los medios y personalmente manejaban los vehículos y transportaban a Carabineros para ir a detener a las personas, en algunos casos ejecutarlas y en otros hacerlas desaparecer".

Las familias que perdieron a sus seres queridos en Liquiñe conviven con los victimarios. Además, sufren la segregación social de lugareños tan modestos como ellos: "Si mataron a tu marido, por algo sería", "Por culpa de ellos fue que pasaron tantas cosas", son los reproches más frecuentes que deben soportar. No son proclives a hablar sobre su tragedia. A pesar de esto Julián Fuentealba, 38 años, hijo de Isaías José Fuentealba Calderón, jefe de área del Complejo en el fundo Trafún nos hablo que significa para él, el procesamiento de Luis García por parte del Juez Guzmán:

"Esto es significativo, ya que una de las personas que está involucrada en la desaparición de todas estas personas (incluido mi padre) este siendo procesado. Son muchos los sentimientos encontrados en nuestro corazón y gracias a las investigaciones que se han realizado podemos sentir alegría. Porque para nosotros el desaparecimiento de nuestro padre fue una pena muy grande y el poder desarrollarnos después de esto como familia fue muy duro y albergamos en nuestro corazón el deseo que la gente que cometió estos actos, que son aberrantes contra la humanidad, deben ser tarde o temprano juzgados. Para mí especialmente es una alegría entre comillas que gente como Luis García, este siendo procesada"

Cabe destacar que el número total de ejecutados políticos y detenidos en la comuna de Panguipulli es de aproximadamente 66 personas tomando en cuenta los fusilados en el Cuartel Llancahue de Valdivia, en Chihuío, Liquiñe y otros sectores rurales de la comuna en 1973; así como durante la represión realizada en las inmediaciones de Neltume contra un grupo de militantes del MIR que conformaban el Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro.

El próximo 14 de octubre se realizará un acto en el cual se colocará una placa con los nombres de todos los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de la zona, con el fin de realizar un acto de humilde justicia con aquellos que sufrieron la brutal represión durante la época temprana de la Dictadura Militar encabezada por el General Augusto Pinochet.

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia que condenó a 20 uniformados en retiro y civiles por su responsabilidad en los homicidios calificados de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera y los apremios ilegítimos contra Jorge Silhi Zarzar, Víctor Hugo Painemal Arriagada y Sergio Riquelme Inostroza, hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 1973 en la Base Aérea Maquehue de Temuco. El fallo de primera instancia había sido dictado en enero de 2020 por el ministro en Visita Extraordinaria para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, con jurisdicción en las Cortes de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

En la sentencia (rol 396-2020) la Primera Sala del Tribunal de alzada temuquense confirmó la sentencia que condenó a los ex oficiales de la Fuerza Aérea Leonardo Reyes Herrera y Luis Alberto Soto Pinto, y a los ex suboficiales de la misma institución Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Heriberto Pereira Rojas, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera, Luis Osmán Yáñez Silva; todos a la pena de 20 años de presidio por su responsabilidad como autores de los delitos. Por su parte, el individuo civil Luis Raimundo Quezada Chandía deberá purgar una pena de 17 años de presidio por su responsabilidad como autor de los homicidios de Henríquez Aravena y Flores Rivera.

Del mismo modo, el abogado civil y ex Fiscal Militar "scar Alfonso Ernesto Podlech Michaud fue condenado a 12 años de presidio por su responsabilidad como autor del homicidio de Hernán Henríquez Aravena.

En tanto, el ex oficial de la Fuerza Aérea Pablo Aquiles Alister Contreras cumplirá una pena de 4 años de presidio como encubridor de los homicidios y cómplice de los apremios ilegítimos;  y los ex oficiales de la FACh Jaime Mauricio del Corazón de Jesús Echenique Seco, Aníbal Arturo Tejos Echeverría, Enrique Alcides Isaacs Casacuberta, Antonio Sergio Montserrats Mena, Xavier Fernando Pérez Chávez, Rodolfo Ernesto  Schmied Callejón, Víctor  Manuel Volante Leonardi, Berthold Erwin Bohn Sauterel, y Rogelio Aníbal Olivares Torruella fueron condenados a la pena de 3 años y un día de presidio como encubridores de los delitos.

Los condenados Alister Contreras, Echenique Seco, Tejos Echeverría, Isaacs Casacuberta, Monserrats Mena y Pérez Chávez, recibieron de la Corte el beneficio de cumplir la pena bajo el régimen de "libertad vigilada intensiva", una forma descarada de otorgarles impunidad.

La Corte de Temuco compartió los argumentos vertidos en la sentencia de primera instancia del ministro en visita de causas de Derechos Humanos Álvaro Mesa Latorre, pero disintió de los beneficios a los condenados como cómplices y encubridores, determinando que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.

Resolución de la Corte

Respecto de los otros ex oficiales condenados a penas de tres años y un día, la resolución de la Corte señala:

«Que distinta es la situación de los condenados Víctor Volante Leonardi, Rodolfo Schmied Callejón, Berthold Bohn Sauterel y Rogelio Olivares Torruella, pues si bien no han sido condenados anteriormente por crimen o simple delito y la pena privativa de libertad que se les impondrá no excede de cinco años de duración, es del caso que obran en el proceso sendos informes elaborados por Gendarmería de Chile, en que se concluye que no se recomienda la libertad vigilada para ninguno de ellos, expresándose las razones que sustentan dicha conclusión. Si bien tales informes no son vinculantes, de ellos emanan una serie de antecedentes que no pueden ser soslayados por esta Corte, considerando la naturaleza y gravedad de los hechos investigados y su carácter de delitos de lesa humanidad".

En este sentido, durante la etapa de investigación de la causa el ministro Mesa logró acreditar los siguientes hechos:

"Que después del 11 septiembre de 1973 en la Base Aérea Maquehue  se estableció un grupo de miembros de la Fuerza Aérea de Chile a la que además fueron invitados  oficiales de reserva de la institución  y que detuvieron a opositores del régimen militar para luego conducirlos al recinto donde quedaron detenidos y fueron sometidos a apremios ilegítimos.

Paralelamente en dependencias de la Fiscalía Militar se realizaron diversos procesos judiciales a los detenidos los que eran sometidos a apremios ilegítimos y otros tratos inhumados, crueles o degradantes«.

Respecto del homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, el ministro Mesa estableció, entre otras, las siguientes consideraciones:

«Que Hernán Henríquez Aravena, Médico Cirujano y Director Zonal de Salud de Temuco para septiembre de 1973, fue requerido por la autoridad militar de la época para presentarse ante la Fiscalía Militar de esta ciudad, ubicada al interior del Regimiento de Infantería n.° 8 «Tucapel». El día 12 de septiembre de 1973 compareció Henríquez ante la fiscalía siendo enviado a su domicilio".

"Que la noche del 12 ó 13 de septiembre de 1973, Carabineros de la 2° Comisaría de Temuco allanó el domicilio de Hernán Henríquez Aravena, a quien sacaron de este y lo trasladaron a la unidad antes mencionada. En ese lugar pasó la noche siendo visto allí por varios testigos que han declarado en ese sentido en el proceso. Al día siguiente fue nuevamente puesto a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco, donde  se ordenó su traslado a la Cárcel de esta ciudad y posteriormente se ordenó su arresto domiciliario total, quedando con la expresa orden de presentarse a primera hora del día 25 de septiembre de 1973 en el tribunal militar (…)".

"Que la noche del 24 de septiembre de 1973 la casa de Hernán Henríquez Aravena fue nuevamente allanada, esta vez por personal de la Policía de Investigaciones que estaba agregado al regimiento Tucapel y que trabajaba indistintamente para la Fiscalía Militar y la Sección Segunda de Inteligencia. Después de un rato la patrulla se retiró del lugar. Sin embargo, más tarde se presentó otra patrulla, esta vez de Carabineros de la 2° Comisaría, quienes sacaron de su domicilio al Médico Hernán Henríquez, llevándoselo sin dar ninguna explicación a su esposa".

"Que como ha quedado acreditado en el proceso, Hernán Henríquez Aravena estaba al momento de su detención bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total, dictada por la Fiscalía Militar de Temuco, sin que conste en el proceso que tanto la Fiscalía Militar como el abogado asesor de esta, "scar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, (que actuaba como Fiscal ad -. Hoc y de hecho), hayan realizado las actuaciones de hecho o jurídicas para pedir cuenta respecto a una persona que procesalmente estaba a su disposición. En todo caso, no hay constancia del expediente militar en virtud del cual estaba siendo investigado Henríquez Aravena, según da cuenta la actuación de fs. 86, lo que agrava más la afectación a su privación de libertad".

"Que Alejandro Flores Rivera, Auxiliar de Enfermería del Departamento de Psiquiatría del Hospital Regional de Temuco y Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), fue requerido mediante el Bando n° 11 de fecha 12 de septiembre de 1973 para presentarse ante la Fiscalía Militar de esta ciudad, ubicada al interior del Regimiento de Infantería n.° 8 «Tucapel». Ese día compareció Flores ante la fiscalía siendo enviado a su domicilio".

"Que con fecha 5 de octubre de 1973 la autoridad local emitió el Bando n.° 9 que fue firmado por el Comandante de la Guarnición Militar de Temuco el cual en su punto n.° 2 daba a conocer  a la comunidad que «Ante el intento de fuga planificado por ALEJANDRO FLORES RIVERA y en complicidad con HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA mientras se encontraban detenidos en el cuartel del Grupo n.° 3 de Helicópteros y en connivencia con individuos que desde el exterior trataron de ayudarlos, fueron eliminados por la Guardia. Los demás sujetos huyeron del lugar sin obtenerse otras bajas. Estos elementos extremistas fueron enterrados.» Dicho Bando fue publicado en el Diario «El Austral» de Temuco, cuya tirada diaria era revisada previamente por el Capitán de Bandada de la Base Aérea Maquehue de Temuco, Manuel Volante Leonardi,  quien era ayudante del Coronel Andrés Pacheco Cárdenas y, además, encargado de Relaciones Públicas en la Intendencia de Cautín".

Ocho ex funcionarios de la Fuerza A érea de Chile fueron detenidos y sometidos a proceso en Temuco como autores, en 1973, del homicidio calificado del médico Hernán Henríquez Aravena y del dirigente de los trabajadores de la Salud, Alejandro Flores Rivera. Los crímenes fueron perpetrados el 5 de octubre de 1973 en la Base Aérea de Maquehua. Otros cinco ex funcionarios de la Fach fueron sometidos a proceso como encubridores. La resolución judicial causó expectación en la zona, donde la investigación ha sido difícil por tratarse de crímenes cometidos por uniformados en un recinto militar. Se espera, al mismo tiempo, se establezca la responsabilidad de jefes y oficiales de mayor grado.

El 11 de septiembre de 1973 el doctor Hernán Henríquez Aravena, director zonal del Servicio Nacional de Salud de Temuco, fue llamado a la Fiscalía Militar en el Regimiento Tucapel de la ciudad. Compareció al día siguiente y fue devuelto a su domicilio. En la noche del 12 ó 13 (lo que no se ha logrado precisar), Carabineros allanó su casa y lo llevó detenido para ponerlo al día siguiente nuevamente a disposición de la Fiscalía Militar. Esta lo envió finalmente bajo arresto a su domicilio y fue citado a comparecer el 25 de septiembre. Pero en la noche del 24, Investigaciones allanó nuevamente su casa. Más tarde hizo lo mismo una patrulla de Carabineros que lo sacó de su domicilio, sin mayores explicaciones a él o a su esposa, Ruth Kries a quien, al día siguiente, en la Fiscalía Militar se le informó que su marido no había sido llevado ante ese tribunal ni se encontraba en el Regimiento Tucapel. También lo negaron en la base aérea de Maquehua (donde efectivamente estaba y había sido torturado, según testimonios que constan en el proceso).

El 5 de octubre, el Bando N° 9 firmado por el comandante de la Guarnición Militar de Temuco, informó que “ante el intento de fuga planificado por Alejandro Flores Rivera en complicidad con Hernán Henríquez Aravena mientras se encontraban detenidos en el cuartel del Grupo N° 3 de Helicópteros, y en connivencia con individuos que desde el exterior trataron de ayudarlos, fueron eliminados por la guardia. Los demás sujetos huyeron del lugar sin obtenerse otras bajas. Esos elementos extremistas fueron enterrados”.

La investigación judicial ha concluido sin embargo que ambos fueron ejecutados en la Base Aérea de Maquehua por el personal encargado de su custodia, y que no hubo intento de fuga.
La doctora Ruth Kries Saavedra, esposa de Henríquez, debió abandonar Temuco porque su vida también peligraba. Con sus cuatro hijos salió al exilio en la República Federal Alemana. Revalidó estudios y ejerce la medicina en Frankfurt. Tres de sus hijos se graduaron como médicos en Alemania y el otro como periodista en Chile, pero regresó a Alemania, donde reside.
Ruth Kries ha mantenido una relación permanente con Chile. Visita regularmente el país y también Temuco, donde conserva amigos. Ella se querelló por al asesinato de su marido y ha mantenido una lucha permanente a lo largo de 21 años. El proceso que lleva el ministro Alvaro Mesa, de la Corte de Apelaciones de Temuco, ha imputado el homicidio calificado del Dr. Hernán Henríquez y de Alejandro Flores a un grupo de ocho ex funcionarios de la Fach a los que además, se responsabiliza por apremios ilegítimos. Ruth Kries conversó con PF.
 

Llama la atención la lentitud del proceso y el escaso avance en términos de esclarecimiento.
“Se debe a que están involucrados elementos de las fuerzas armadas y Carabineros, especialmente de la Fach. También los procedimientos se rigen por el sistema penal antiguo, mucho más lento.

Los antecedentes que han llevado al ministro instructor a proseguir el proceso ya estaban en el proceso. Cuando inicié la causa, agregué el certificado de defunción de mi marido que dice ‘fallecido por herida de proyectil’ agregando que ocurrió en un recinto militar.

A Hernán lo mataron en la noche del 4 al 5 de octubre de 1973. A mi me detuvieron días después. Cuando me liberaron, tuve media hora para salir de Temuco con mis cuatro hijos. Un oficial de Carabineros dijo: ‘Señora, se tiene que ir de inmediato porque la busca gente del SIM (Servicio de Inteligencia Militar), que son muy brutos. La van a matar porque usted habla demasiado’.

Me asilé y salí en el primer grupo de chilenos que viajó a la República Federal Alemana. No pudimos volver pronto porque se nos prohibió el ingreso a Chile, incluyendo a mi hijo de siete meses. Cuando pudimos entrar presenté una querella, hace 21 años. El ministro que se hizo cargo la remitió a Valdivia, sosteniendo que correspondía a la justicia militar porque había ocurrido en un recinto castrense. Fue rechazada, según me informaron, porque el caso caía dentro de la ‘ley de amnistía’. Esa fue la primera querella.

Dos años después volví a presentarla en Santiago. Estuvo en manos de tres ministros, entre ellos Juan Guzmán y el ministro Daniel Calvo, que fue el único que investigó en los seis meses que tuvo la causa. Yo venía a Chile todos los años y no pasaba nada. Decidí entonces llevar la causa a Temuco. Ha sido un proceso difícil, tiene ocho tomos. El ministro actual, Alvaro Mesa, ha llegado hasta donde estamos. Es meritorio que por lo menos haya revisado a fondo lo que se había hecho. Ha sido importante también la actuación de mis abogados, la del Ministerio del Interior y el trabajo especializado de la PDI”.

¿Su marido estuvo desaparecido?
“Sí. El 24 de septiembre se lo llevaron carabineros. Me dijeron que lo habían entregado a los militares. Fui a todas partes, a todas las instituciones que podían tenerlo. En todas partes me decían ‘no lo tenemos’, pero yo sabía que lo tenían. Fui también a la Masonería. Pedí ayuda a la Iglesia, y me la negó el obispo Bernardino Piñera. Me dijo que no nos ayudaría porque ‘no éramos cristianos’.

Recibí información de que Hernán estaba en la base aérea de Maquehua, donde era torturado. El comandante Andrés Pacheco, de la Fach, a cargo de la base -una persona grosera y brutal-, me dijo que no lo tenían. Yo sabía que era mentira. Hay un testigo que vio a Hernán en la base, torturado”.

¿Cuáles fueron las razones del asesinato de su marido?
“En lo fundamental, puede haber sido por su trabajo con los mapuches. Hubo, seguramente, otras razones menos importantes, como su militancia comunista, que no era muy destacada porque se dedicaba a su trabajo. Hernán era jefe del Servicio Nacional de Salud y la huelga médica fue muy dura, con mucho odio de clase… Puede haber sido otra razón.
Mi marido impulsó un programa de salud intercultural dirigido a los mapuches, que tuvo mucha repercusión. El conocía bien la situación de discriminación y abandono en que estaban los mapuches. La idea del programa intercultural era llevar la medicina a las comunidades. Era necesario un enfoque global y multidisciplinario. Medicina alternativa tradicional y, al mismo tiempo, preparar monitores mapuches. Se alcanzó a hacer un curso completo. La derecha lo denunciaba como un ‘proyecto subversivo’.

La represión afectó brutalmente a los mapuches. También al programa de medicina intercultural. En pocos semanas cuatro de sus responsables fueron asesinados: mi marido, Hernán Henríquez; el dirigente zonal de la Federación de Trabajadores de la Salud, Alejando Flores, y más tarde dos educadores sanitarios: Jécar Neghme -padre del dirigente del MIR, del mismo nombre, asesinado en 1989-, y Manuel Gastón Elgueta”.

¿Qué espera usted del juicio?
“Espero saber. Necesito saber qué pasó en esos días, dónde lo tuvieron, dónde lo torturaron, y donde lo mataron. Quiénes lo hicieron, con nombres y apellidos, y porqué asesinaron a un hombre indefenso que nunca hizo mal a nadie. Siento que esta es mi obligación y no quisiera morir dejando esa tarea sin cumplir.

¿Qué piensan mis hijos? Ellos comprenden, han vivido con esto. Durante mucho tiempo creí que ellos no sabían, ni mucho menos que recordaban haber visto detener a su papá. Me decía: al menos no vieron cuando se lo llevaron. Hasta que supe que lo recordaban. Crecieron con la historia de los años de la Unidad Popular y Salvador Allende, con la idea de esas esperanzas, también con la historia de su papá contada por otra gente que lo conoció. Nunca he podido yo contarles la historia.

Espero que se haga justicia. Pero pienso que para estos crímenes no hay justicia suficiente, son demasiado atroces. Pero entiendo también que los crímenes deben ser castigados de alguna manera. Confío en que el tribunal cumpla su deber y que los culpables sepan que hay crímenes que no tienen perdón. Por eso, para mí, es tan importante este juicio. Servirá también, es lo que espero, para que la sociedad de Temuco se mire al espejo y vea una verdad lastimosa, no el rostro amable que cree tener”

Los asesinos y sus cómplices

En Temuco ha causado revuelo la detención de ex funcionarios de la Fach y civiles, entre ellos empresarios y profesionales de la zona, acusados de los asesinatos del médico Hernán Henríquez y del dirigente gremial, Alejandro Flores, en 1973.

Los ex funcionarios de la Fach -detenidos en libre plática en la base aérea de Temuco- son: Hugo Crisóstomo Ferrada Carrasco, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Heriberto Pereira Rojas, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera, Luis Osmán Yáñez Silva, Luis Alberto Soto Pinto y Leonardo Reyes Herrera.

En la misma condición se encuentran detenidos los civiles Berthold Erwin Bohn Sauterel, Rodolfo Ernesto Schmied Callejón, Antonio Sergio Monserrat Mena, Aníbal Arturo Tejos Echeverría, Pablo Aquiles Alister Contreras, Emilio Sandoval Poo y Enrique Alcides Isaacs Casacuberta.

Según señaló el diputado Hugo Gutiérrez, el hermano del actual Ministro estuvo implicado en el caso del asesinato de tres militantes comunistas y de un militante del MIR en los años de dictadura, en la base aérea de Maquehue en Temuco, IX Región.

Se trata de Hernán Henríquez, Eduardo Gonzalez Galeno, Alejandro Flores, Nelson Curiñir. Eduardo González era Director del Hospital de Cunco, fue detenido el 14 de septiembre de 1973 junto a su esposa Natacha María Carrión Osorio, médico, quién se encontraba en el tercer mes de embarazo de su segundo hijo. Hasta hoy es un detenido desaparecido. Mientras que Nelson Curiñir de 22 años, fue detenido en Temuco, torturado y asesinado.

Según señaló el parlamentario Hugo Gutiérrez del Partido Comunista: "Queremos dejar claridad que Ángel Hernán Campos Quiroga, hermano del ministro de Justicia, Jaime Campos Quiroga, fue un integrante del grupo 3 de base aérea de Maquehue en Temuco, con grado de Teniente de la FACh, que estaba involucrado en el asesinato de tres militantes del Partido Comunista y uno del MIR".

Según el parlamentario del Partido Comunista , más de 30 víctimas de tortura identificaron al hermano del titular de Justicia como su torturador. Antecedentes que investigó junto a los abogados Magdalena Garcés y Cristián Cruz, junto a Herman Carrasco Paul, icepresidente Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CINPROD).

El nombre del hermano del Ministro aparece consignada en la siguiente investigación judicial (http://www.araucaniacuenta.cl/wp-content/uploads/2016/12/Auto-Acusatorio-113969.pdf) que consigna “Episodio Hernán Henríquez Aravena y Otros 8 del 11 de septiembre fue habilitada para los fines señalados, y también en alguna oportunidad se trasladaron hasta un hangar ubicado en el interior de la base. Que muchos de estos detenidos permanecieron recluidos en la base Maquehue por un período no inferior a una semana, tiempo durante el cual fueron interrogados y torturados por los oficiales y suboficiales antes indicados que formaban parte del grupo de inteligencia especialmente formado para tales fines, entre los que cuentan al Segundo Comandante Benjamín Fernández Hernández (Q.E.P.D.), a los Tenientes Ángel Campos Quiroga (Q.E.P.D.), Jorge Freygang Campaña (Q.E.P.D.), al Capitán Leonardo Reyes Herrera, al Sargento Orlando Garrido Riquelme (Q.E.P.D.), a los suboficiales Luis Arturo Soto Pinto, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera y Enrique Alberto Rebolledo Sotelo; y al empleado Civil Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco”.

La denuncia se enmarca en la serie de dichos de Jaime Campos de evaluar peticiones de indultos de criminales de Derechos Humanos. Diputado Gutierrez solicita a la presidenta Bachelet que evalúe la continuidad del secretario de Estado en el cargo.

El ministro de Justicia ya se está convirtiendo en una piedra en el zapato para la administración de Michelle Bachelet. A su vinculación societaria con el abogado de la empresa que prestó los servicios informáticos para el desarrollo el fallido padrón electoral, sus lamentables expresiones en el caso de Sename y Gendarmería, se suma sus constantes manifestaciones de apoyo a la posibilidad de entregar analizar la posibilidad de dar indultos a los criminales de la dictadura por motivos de salud.

Esto último se ha sumado a la campaña que desde medios de comunicación, la derecha y abogados de los criminales por victimizar a estos victimarios. Una de las motivaciones las entregó ayer el diputado y abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez (PC) quién señaló que «el hermano del ministro de justicia torturó y mató a personas».

«Queremos dejar claridad que Ángel Hernán Campos Quiroga, hermano del ministro de Justicia, Jaime Campos Quiroga, fue un integrante del grupo 3 de base aérea de Maquehue en Temuco, con grado de Teniente de la FACH, que estaba involucrado en el asesinato de tres militantes  del Partido Comunista y uno del MIR», agregó el diputado en conferencia junto a los abogados Magdalena Garcés y Cristián Cruz, más el vicepresidente Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CINPROD) Herman Carrasco Paul.

Carrasco Paul, quién reconoce haber sido torturado por el Teniente (r) Ángel Campos Quiroga, señala que «Es necesario que la opinión pública tenga los elementos para entender esta ofensiva para obtener beneficios. Nos preguntamos el por qué de las frases del ministro, y es porque hay intereses creados. Yo logre sobrevivir a la tortura de Campos Quiroga a quién decían el «Ángel Malo»».

«Esta actitud del ministro es un espectáculo sin palabras», recalcó Carrasco Paul.

A su turno la abogada Magdalena Garcés especificó que «El hermano del ministro está siendo investigado como torturador por el ministro Álvaro Mesa».

«Con los antecedentes que hay, creemos que tenemos un ministro de Justicia que está comprometido con la defensa de criminales por violaciones de derechos humanos. Él ha tenido la osadía de decir que no se ha tenido coraje de no tocar el tema, este ministro ha desbordado su cargo e instamos a la presidenta de la República de revisar la continuidad en el cargo del ministro de Justicia», insistió el diputado Gutiérrez.

Finalmente el parlamentario por Iquique señaló que «si este ministro de Justicia se hubiese omitido no habría problema, pero salir en defensa de criminales es dar un paso temerario. Esta utilizando su cargo público para ir en defensa de aquellos, como su hermano, violaron los derechos humanos».

La familia Henríquez Kries, cuyo padre fue asesinado por la dictadura militar, le escribe al ministro de Justicia Jaime Campos, hermano de Ángel Campos Quiroga, uno de los responsables por el crimen.

Señor Ministro,

Le ruego perdonar mi falta de coraje al dirigirle mis palabras desde un lugar seguro ubicado al otro lado del océano.
Le debo además mis disculpas por no pertenecer a aquél selecto grupo de personas que han tenido la valentía de plantear beneficios y encarcelaciones para quienes han sido juzgados, condenados y encarcelados por crímenes de lesa humanidad por el poder judicial chileno, por los cuales usted ha mostrado una tan grande y noble preocupación en nombre de la humanidad y compasión.

Aquellos valerosos hombres, decididos a exterminar el mal de nuestras tierras chilenas, en una época en la que yo era un niño, muchos de los cuales han sido protegidos por el afable paso del tiempo y el curso de su propio reloj biológico. Los protegió de la humillación a la que fuera sometido tan injustamente el convaleciente de Londres.
La misma fortuna, de evadir la justicia por lo tardía de su actuar, tuvo su hermano Angel Campos Quiroga condecorado y admirado no sólo por sus pares, ya que ascendió a general y Director de Inteligencia de la FACH.

Similar trato recibió de sus colaboradores civiles entre los que se encuentra usted, que lo entronaron como jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional (durante el gobierno de Ricardo Lagos cuando usted era ministro de Agricultura), por sus servicios prestados a la patria, de la que fui expulsado con dos años y medio ya huérfano de mi padre asesinado en octubre de 1973.

Es en ese momento, que se entrelazan nuestras historias, señor ministro, y le vuelvo a pedir disculpas por mi temeraria actitud hacia usted y su hermano.

Soy hijo del Dr. Hernán Henríquez Aravena, médico salubrista, Director Zonal del Servicio Nacional de Salud de las Provincias Malleco y Cautín al momento del golpe de Estado.

Su crimen fue ser fiel al juramento hipocrático y obrar como médico consequente con el pueblo más postergado, la población rural, muchos de ellos pertenecientes a la nación mapuche. Fue, junto a otros profesionales de la salud, responsable de poner en marcha un programa de Salud Rural que hiyo realidad una atención de salud oportuna y de calidad.

El esfuerzo del gobierno de entonces y el programa de salud, por lo demás, fueron reconocidos por la OMS en su reunión de junio de 1973 en Bethesda EE.UU.

Gracias a un trabajo sin precedentes del Ministro en Visita para Crímenes de Lesa Humanidad Alvaro Mesa, hoy sabemos un poco más de lo ocurrido con los profesionales que integraron este equipo de salud. Señor Ministro Campos, si aún no se ha enterado se lo explicaré con toda sencillez……fueron exterminados todos: el enfermero Gastón Elgueta, el Doctor Eduardo Gonzalez Galeno, director del hospital de Cunco, mi padre Hernán Henríquez Aravena, el Doctor Arturo Hillerns Larrañaga, director del hospital de Pto.Saavedra y el profesor de salubridad Jécar Neghme.

Tan eficaces fueron los uniformados que contaban con todo el poder del Estado al ensañarse con mujeres y hombres indefensos, que todavía no sabemos si debemos mirar hacia la cordillera de los Andes o dirigirnos al mar frente a Puerto Saavedra para llorar su restos.

Establecida está y consta para el lector interesado en los expedientes de la investigación, que uno de aquellos nobles uniformados, que además fue identificado como uno de los torturadores más temidos fuera su hermano, entonces teniente de la FACH Angel Campos Quiroga.

Lo anterior lo escribo por si lo olvidó y le vuelvo a pedir perdón, porque así como ocurrió en la Alemania después de la derrota de los nazis, usted como otros civiles no sabía nada de nada y menos era capaz de imaginar que su compañero de juegos de infancia había sido tan decidido protagonosta de nuestra historia.

Hasta hace poco su silencio, lo protegía de ser mencionado en relación al criminal de su hermano.

Ante la evidencia de su parcialidad (que se desprende de sus palabras vertidas en una entrevista publicada en el diario El Mercurio el domingo 11 de diciembre), este cobarde le pide un audaz gesto de coherencia – el de su renuncia a todo cargo pública y que pida disculpas por haber soslayado los crímenes cometidos por su hermano (cuyos actos fueron denunciados ante juramento) a la hora de abogar por la impunidad (encubierta) de los criminales.

Atentamente,

Daniel Henríquez Kries