Regimiento de Infanteria Nº 21 “Arica”

El ex-Regimiento de Infanteria Nº 21 “Arica” de la Serena (actualmente Regimiento de Infantería Nº 21 "Coquimbo"),, ubicado en el Cerro Santa Lucía s/n, entre callejón El Molino y camino al Cementerio,  fue el centro principal de tortura de esta región.

Los presos políticos eran trasladados de diferentes centros de detención a ser interrogados por efectivos de Inteligencia del Ejército (SIM), Investigaciones, Carabineros y Civiles. Los interrogatorios incluían el uso sistemático de violaciones, golpes y aplicación de electricidad.

En el primer piso había unos dormitorios donde lo usaban como Centro de Torturas, y en el segundo piso estaban la Fiscalía Militar, oficinas administrativas y de interrogación.

Allí eran maltratados y golpeados insistentemente para luego ser devueltos a la Cárcel de la Serena o a lugares dentro del Regimiento, especificamente a un area conocidada como "sala de música o sala de la banda"donde se procedia a torturar a los presos politicos.

En ese entonces el Regimiento de Arica de la Serena estaba al mando del Teniente Coronel Ariosto Apóstol Orrego.

La Comisión Valech recibió centenares de denuncias, de hombres y mujeres, que estuvieron detenidos en ese lugar especialmente durante los años 1973 y 1974. Los testimonios coincidieron en señalar que fueron incomunicados, amenazados y golpeados; que fueron privados de alimentos, agua, abrigo y sueño. Dormían en catres sin colchonetas ni frazadas y no se les permitía asearse.

Los presos políticos eran incomunicados en una pequeña celda de 1 metro por 1 metro, donde permanecían sin comida ni agua, en muchos casos estaban desnudos y eran sometidos a interrogatorios todas las noches. Eran interrogados en galpones situados en la parte posterior del regimiento, en dependencias ubicadas en un segundo piso, y también en una piscina al interior del regimiento.

La Comisión recibió denuncias de los ex prisioneros, hombres y mujeres, que señalan haber sido sometidos a golpizas, aplicación de electricidad, colgamientos, fracturas de dedos con alicates, cortes con yatagán, aplicación del submarino, el teléfono, quemaduras, ingesta de desperdicios y excrementos, falso fusilamiento, forzados a presenciar la tortura de sus compañeros.

Según algunos testimonios, durante la década de 1980, por orden de la fiscalía, varios prisioneros fueron trasladados a cárceles de otras ciudades, especialmente de Santiago, como también a algún recinto de la CNI en Santiago. Las víctimas declararon haber sido sometidas a crueles torturas en los interrogatorios, como golpizas con objetos contundentes, como una bola de fierro; aplicación de electricidad, colgamiento de pies y manos, ataques por perros y simulacros de fusilamiento.

El 16 de octubre de 1973 fueron fusilados por miembros de la denominada “Caravana de la Muerte” y oficiales de  este recinto militar los prisioneros políticos: Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), Carlos Enrique Alcayaga Varela (38 años); José Eduardo Araya González (23 años) Marcos Enrique Barrantes Alcayaga (26 años); Jorge Abel Contreras Godoy (31 años); Hipólito Pedro Cortes Alvarez (43 años); Oscar Armando Cortes Cortes, (48 años); Víctor Fernando Escobar Astudillo (22 años); Jorge Mario Jordan Domic (29 años); Manuel Jachadur Marcarian Jamett (31 años); Jorge Ovidio Osorio Zamora (35 años); Jorge Washington Peña Hen (45 años); Mario Alberto Ramirez Sepulveda (44 años); Roberto Guzman Santa Cruz  (35 años); Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz (22 años).   

El Regimiento “Arica” de la Serena también esta relacionado con la muerte y desaparición de Francisco Javier Santoni Díaz y José Rodríguez Acosta (Padre e Hijo); José Segundo Rodríguez Torres; Bernardo Mario Lejderman Konujowska (argentino) y su cónyuge María del Rosario Avalos Castañeda (mexicana).

 Testimonio:

¿Recuerda, general Cheyre?

 (Fuente: parte del texto publicado en el diario Punto Final – Marzo del 2002-)

 El 6 Octubre de 1973 a la hora de almuerzo llegó usted, Sr. Cheyre, acompañado de Polanco y Ojeda, más un piquete de soldados. Destruyeron la puerta y todo lo que había a su paso, enseres de casa; con yataganes rompieron el living, los libros de mi pequeña biblioteca fueron quemados, el patio se llenó de hoyos:

¿Qué buscaban usted y los suyos? ¡Armas!

 No las encontró y su odio llegó al paroxismo: los golpes arreciaron para mi esposo y yo. Sus insultos de "maraca", "puta", "concha de tu madre", aún resuenan en mis oídos, como el llanto aterrorizado de mis pequeños hijos. Atada de manos con la vista vendada fui llevada al Regimiento “Arica” de la Serena. Su comandante: Ariosto Lapostol Orrego. Fui arrojada a una celda de castigo de donde era sacada para ir a las sesiones de tortura. Otras mujeres también sufrieron violaciones, golpes, aplicación de electricidad en dedos de manos, pies, pezones, vagina. Sin alimentos y agua bebía la que se acumulaba en los rincones con orina y restos de fecas.

 Usted dio orden para que se me fusilara en vista que no delataba a nadie y de armas nada sabía. El falso fusilamiento se efectuó.

 Esposada, con la vista vendada se me trasladaba a la cárcel de mujeres, cuando alguien dio la orden que nos detuviéramos, “suelten sus manos –le dijo a los guardias- y todos  ustedes atrás”, este extraño me acarició mi rostro, tomó una de mis manos y en ella colocó un mensaje. Dijo: “señora yo no he participado en esto, los nombres escritos ahí no los olvide nunca: Juan Emilio Cheyre, Polanco, Ojeda, Osvaldo Pinchetti (alias el Profesor Destino). Usted ha sido torturada un mes”.

 En Buen Pastor (cárcel) fui recluida durante un mes en celda de castigo. Esta me parecía lujosa pues contaba con cama, lavamanos y bacinica. Los soldados venían a buscarme para los interrogatorios y tortura siempre con la vista vendada. Al levantárseme la incomunicación me encontré con mis hijas pequeñas Natacha de 1 año 9 meses; Yelena, 3 años 6 meses, ellas compartieron mi reclusión durante tres años.

 Sr. Cheyre: ¿estos nombres no le sugieren nada: Vásquez, Matamala, Rodríguez (padre e hijo), Santoni, Lederman (matrimonio argentino-mexicano), Bernardo Cortez, estudiante de la U. de Chile, y Daniel Acuña Sepúlveda.

El Dictador Pinochet hizo muy bien al premiarlo con una estadía en Europa (España). Usted había hecho su trabajo a cabalidad.

 Sr. Cheyre: gracias por haber destruido nuestras vidas.

 [Presa política detenida en octubre de 1973] “…embarazada de cinco meses, fui detenida y hecha prisionera. Estuve un mes y medio incomunicada en la Cárcel del Buen Pastor, y sometida en el Regimiento Arica [de la Serena] a vejámenes y torturas, entre las cuales debo, como denuncia, mencionar:  instada a tener relaciones sexuales con la promesa de una pronta liberación; obligada a desvestirme, acariciada en los pechos y amenazada de recibir las visitas nocturnas del interrogador; golpes de electricidad en la espalda, vagina y ano; uñas de las manos y pies fueron arrancadas; golpeada en varias ocasiones con bastones de plástico y con culatas de rifles en el cuello; simulacro de fusilamiento, no me mataron pero debí escuchar como las balas silbaban a mi alrededor; obligada a tomar e ingerir medicinas; inyectada en la vena con pentotal, bajo la severa advertencia que sería hipnotizada como único medio de declarar la verdad; colocada en el suelo con las piernas abiertas, ratones y arañas fueron instaladas y dispuestos en la vagina y ano, sentía que era mordida, despertaba en mi propia sangre; se obligó a dos médicos prisioneros a sostener relaciones sexuales conmigo, ambos se negaron, los tres fuimos golpeados simultáneamente en forma antinatura; conducida a lugares donde era violada incontables y repetidas veces, ocasiones en que debía tragarme el semen de los victimarios, o era rociada con sus eyaculaciones en la cara o resto del cuerpo; obligada a comer excrementos mientras era golpeada y pateada en el cuello, cabeza y cintura; recibí innumerables golpes de electricidad…”

Criminales y Cómplices: 

Teniente Coronel  Ariosto Alberto Lapostol Orrego (Comandante del Regimiento Arica de la Serena de la época); Teniente a septiembre de 1973 Juan Emilio Cheyre Espinoza (actual Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile); Mayor Marcelo Moren Brito (alias “El Ronco”); Coronel Fernando Guillermo Polanco (Ejército. Jefe de inteligencia del regimiento Arica de La Serena); Teniente Hernán  Ojeda (Ejército); sargento Salazar (Ejército); los cabos Polanco, Maldonado, Fernández (Ejército); Teniente a septiembre de 1973 Ludwing (Ejército); Capitanes de Carabineros Manuel Casanga y Antonio Hernández; el doctor Osvaldo Pinchetti Gac (alias “el Profesor Destino” o “doctor Tormento”); el abogado Florencio Bonilla (Ejército); los médicos Guido Díaz Pacci y Carlos Andreu Albornoz (Ejército); Teniente Coronel Pedro Blanco Castillo (Ejército); Capitán Alvaro Delgado Benitez (Ejército); Mayor Ramón Guajardo Laltierra (Ejército); Capitán Juan Orellana Miranda (Ejército); Capitán Raúl Pereira Sierra (Ejército); Subteniente Claudio Prohaska Castro (Ejército); Sargento Verdejo (Ejército); Fiscal Luis Renato Valencia Querci (Ejército); Guardia  del Regimiento Pastén (Ejército); Guardia  del Regimiento Alegre (Ejército); Luis Humberto Fernández Monje (Suboficial de Ejército); Héctor Omar Valle Birtiola (Suboficial de Ejército).

Fuentes de Información Consultadas: Cruz Roja; Informe Rettig; CODEPU; Informe Valech; Diario “El Siglo”;  “Punto Final”; Agrupación de exPresos Políticos Santiago; Poder Judicial; Memoriaviva;

¿Recuerda, general Cheyre?

 (Fuente: parte del texto publicado en el diario Punto Final – Marzo del 2002-)

 El 6 Octubre de 1973 a la hora de almuerzo llegó usted, Sr. Cheyre, acompañado de Polanco y Ojeda, más un piquete de soldados. Destruyeron la puerta y todo lo que había a su paso, enseres de casa; con yataganes rompieron el living, los libros de mi pequeña biblioteca fueron quemados, el patio se llenó de hoyos:

¿Qué buscaban usted y los suyos? ¡Armas!

 No las encontró y su odio llegó al paroxismo: los golpes arreciaron para mi esposo y yo. Sus insultos de "maraca", "puta", "concha de tu madre", aún resuenan en mis oídos, como el llanto aterrorizado de mis pequeños hijos. Atada de manos con la vista vendada fui llevada al Regimiento “Arica” de la Serena. Su comandante: Ariosto Lapostol Orrego. Fui arrojada a una celda de castigo de donde era sacada para ir a las sesiones de tortura. Otras mujeres también sufrieron violaciones, golpes, aplicación de electricidad en dedos de manos, pies, pezones, vagina. Sin alimentos y agua bebía la que se acumulaba en los rincones con orina y restos de fecas.

 Usted dio orden para que se me fusilara en vista que no delataba a nadie y de armas nada sabía. El falso fusilamiento se efectuó.

 Esposada, con la vista vendada se me trasladaba a la cárcel de mujeres, cuando alguien dio la orden que nos detuviéramos, “suelten sus manos –le dijo a los guardias- y todos  ustedes atrás”, este extraño me acarició mi rostro, tomó una de mis manos y en ella colocó un mensaje. Dijo: “señora yo no he participado en esto, los nombres escritos ahí no los olvide nunca: Juan Emilio Cheyre, Polanco, Ojeda, Osvaldo Pinchetti (alias el Profesor Destino). Usted ha sido torturada un mes”.

 En Buen Pastor (cárcel) fui recluida durante un mes en celda de castigo. Esta me parecía lujosa pues contaba con cama, lavamanos y bacinica. Los soldados venían a buscarme para los interrogatorios y tortura siempre con la vista vendada. Al levantárseme la incomunicación me encontré con mis hijas pequeñas Natacha de 1 año 9 meses; Yelena, 3 años 6 meses, ellas compartieron mi reclusión durante tres años.

 Sr. Cheyre: ¿estos nombres no le sugieren nada: Vásquez, Matamala, Rodríguez (padre e hijo), Santoni, Lederman (matrimonio argentino-mexicano), Bernardo Cortez, estudiante de la U. de Chile, y Daniel Acuña Sepúlveda.

El Dictador Pinochet hizo muy bien al premiarlo con una estadía en Europa (España). Usted había hecho su trabajo a cabalidad.

 Sr. Cheyre: gracias por haber destruido nuestras vidas.

 [Presa política detenida en octubre de 1973] “…embarazada de cinco meses, fui detenida y hecha prisionera. Estuve un mes y medio incomunicada en la Cárcel del Buen Pastor, y sometida en el Regimiento Arica [de la Serena] a vejámenes y torturas, entre las cuales debo, como denuncia, mencionar:  instada a tener relaciones sexuales con la promesa de una pronta liberación; obligada a desvestirme, acariciada en los pechos y amenazada de recibir las visitas nocturnas del interrogador; golpes de electricidad en la espalda, vagina y ano; uñas de las manos y pies fueron arrancadas; golpeada en varias ocasiones con bastones de plástico y con culatas de rifles en el cuello; simulacro de fusilamiento, no me mataron pero debí escuchar como las balas silbaban a mi alrededor; obligada a tomar e ingerir medicinas; inyectada en la vena con pentotal, bajo la severa advertencia que sería hipnotizada como único medio de declarar la verdad; colocada en el suelo con las piernas abiertas, ratones y arañas fueron instaladas y dispuestos en la vagina y ano, sentía que era mordida, despertaba en mi propia sangre; se obligó a dos médicos prisioneros a sostener relaciones sexuales conmigo, ambos se negaron, los tres fuimos golpeados simultáneamente en forma antinatura; conducida a lugares donde era violada incontables y repetidas veces, ocasiones en que debía tragarme el semen de los victimarios, o era rociada con sus eyaculaciones en la cara o resto del cuerpo; obligada a comer excrementos mientras era golpeada y pateada en el cuello, cabeza y cintura; recibí innumerables golpes de electricidad…”

La ministra en visita Patricia González rechazó procesar al general (r) y actual presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Juan Emilio Cheyre, por su presunta participación en la muerte y desaparición de presos políticos durante el paso de la comitiva militar conocida como "Caravana de la Muerte", liderada por el general Sergio Arellano Stark.

El abogado Cristián Cruz, abogado representante de familias de detenidos desaparecidos, había solicitado la encargatoria reo de Cheyre por su presunta responsabilidad en el fusilamiento de 15 presos políticos en el Regimiento Arica de la ciudad de La Serena.

Al momento de ocurrir los hechos, Cheyre era teniente del regimiento donde se produjeron los asesinatos.

Según el libelo presentado ante el tribunal, "el general Ariosto Lapostol Orrego y su ayudante, Juan Emilio Cheyre, intentaron aparentar que debían cumplir lo ordenado por un 'falso Consejo de Guerra', por lo que un grupo de 15 prisioneros políticos, fueron detenidos, apremiados y fusilados, y donde algunos recibieron tiros de gracia en la cabeza, para posteriormente ser inhumados sus cuerpos, al margen de todo procedimiento legal y humanitario, en una fosa común del cementerio local".

En ese consejo fueron ejecutados Óscar Gastón Aedo Herrera (23); Carlos Enrique Alcayaga Varela (38); José Eduardo Araya González (23); Marcos Enrique Barrantes Alcayaga (26); Jorge Abel Contreras Godoy (31); Hipólito Pedro Cortes Alvarez (43); Óscar Armando Cortes Cortes, (48); Víctor Fernando Escobar Astudillo (22); Jorge Mario Jordan Domic (29); Manuel Jachadur Marcarian Jamett (31); Jorge Ovidio Osorio Zamora (35); Jorge Washington Peña Hen (45); Mario Alberto Ramirez Sepulveda (44); Roberto Guzman Santa Cruz (35) y Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz (22).

La parte querellante señaló que Cheyre habría redactado o modificado un comunicado para informar que la ejecución correspondía a una decisión de un tribunal, lo que fue informado también por la prensa local.

Ante el rechazo de la justicia al procesamiento, Cristián Cruz podrá recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago.

El director del Servicio Electoral y ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, está siendo fuertemente cuestionado a causa de la profusa difusión de la historia de Ernesto Lejderman, quien tenía dos años cuando sus padres fueron asesinados frente a él por una patrulla militar del regimiento Arica de La Serena en 1973.

Lejderman entonces fue entregado a un convento de monjas de la ciudad nortina, orden que cumplió Juan Emilio Cheyre. “Hay una complicidad de parte de él. La realidad está ahí. Hay que analizar un poquito”, afirmó Ernesto a Cooperativa, recordando que “Cheyre era el ayudante principal del jefe del regimiento Arica, Ariosto Lapostol”.

Y así fue, tal como se puede conocer en “Los Zarpazos del Puma”, de Patricia Verdugo, donde se describe otro brutal hecho ocurrido en La Serena una vez llegada la dictadura y del que sin duda Cheyre tuvo conocimiento.

El crimen de los 15

En el Regimiento Arica funcionaba en 1973 la fiscalía militar y el consejo de guerra. Hasta allá fueron llevados el 16 de octubre de ese año 15 prisioneros, provenientes de la Cárcel de La Serena. “Como a las 16 horas, se escucharon fuertes y repetidas descargas de metralletas”, se relata en “Los Zarpazos del Puma”.

“A la redacción del El Día, diario local, llegó cerca de las siete de la tarde un llamado telefónico del teniente Emilio Cheyre Espinosa, ordenando la publicación de un bando en primera página de la edición del día siguiente”, continúa Verdugo. Cheyre, brazo derecho de Lapostol, traspasaba entonces la información de la muerte de los 15 prisioneros, que al otro día se titularía así: EJECUTADAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL MILITAR. Quince personas fueron ajusticiadas por diversas causas que da a conocer el Tribunal castrense.

Además de acusar a muchos de ellos de mantener ocultas armas y explosivos, el comunicado oficial replicado por “El Día” agregaba –entre otras cosas- que “estos individuos formaban parte de una agrupación terrorista que (…) tenía planificado apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de estos mayores de ocho años. Además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias”.

Ante el impacto y dolor que causó en la población la ejecución masiva –principalmente porque entre los asesinados estaba Jorge Peña, hijo ilustre de La Serena, director de la Orquesta Filarmónica y creador de la Orquesta Filarmónica de Niños- Ariosto Lapostol debió salir a dar declaraciones en la prensa. Sin arrugarse, esto fue lo que dijo: “Se trató de un estudio sumamente serio para llegar a aquella determinación. El Consejo de Guerra actuó en base a hechos concretos”, aseguró el jefe del regimiento Arica.

Sin embargo, como explica Verdugo, Lapostol había violado el procedimiento regular para tiempos de guerra, obviando dejar la investigación y sentencia por escrito, además de enterrar los cadáveres el mismo día de la ejecución impidiendo que sus familiares lo hicieran. No obstante ello, la verdad de parte de este crimen colectivo quedaría muy pronto establecida y Cheyre nuevamente se enteraría de ello.

De acuerdo a lo relatado en “Los Zarpazos del Puma”, en el caso de cuatro ejecutados provenientes de Ovalle, recién el 20 de diciembre de 1973 -dos meses más tarde de su muerte- el consejo de guerra de La Serena emitía una sentencia de primera instancia en este proceso, estableciendo paradójicamente en uno de sus considerandos que se sobreseía a estas cuatro personas por “estar muertos”. En ese consejo de guerra, prueba de la realización de un crimen colectivo anterior, realizado bajo un procedimiento irregular y basado en acusaciones sin ningún sustento real, participó el actual director del Servel, Juan Emilio Cheyre Espinosa.

De mi consideración:

Soy Yelena Monroy Rodríguez Presidenta de la Agrupación de Ex Menores víctimas de Prisión Política y Tortura de La Serena.

En octubre de 1973 el entonces Teniente Juan Emilio Cheyre, los Sub-Tenientes Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo y 9 militares con brazaletes del SIM (servicio de inteligencia militar), pertenecientes al Regimiento de Infantería y Artillería N° 2 Arica (actual Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo) allanaron mi domicilio en la ciudad de La Serena. Según el entonces Teniente Juan Emilio Cheyre, el tenía una orden de Fiscalía Militar de La Serena para allanar y detener a Eliana de Jesús Rodríguez Dubó (mi madre).

El allanamiento fue violento, quebraron los vidrios de la casa, rompieron los muebles; las personas que estábamos presente en ese momento éramos Mónica Monroy Rodríguez(12 años), Cristian Monroy Rodríguez(10 años), Marianela Monroy Rodríguez(8 años), Yelena Monroy Rodríguez(3 años y 6 meses) y Natacha Monroy Rodríguez(1 año y 10 meses), nos hacen salir al patio y nos colocan de espalda contra la pared, el Teniente Juan Emilio Cheyre le ordena a unos de los militares que nos apunte con su metralleta y da la orden que si alguien se mueve que nos golpee con la culata de la metralleta. Como nuestra madre no se encontraba en ese momento porque estaba trabajando, nos pregunta por ella y en donde estaban escondidas las armas, según el Teniente Juan Emilio Cheyre nuestra madre pertenecía al Plan Z en La Serena; como nadie le dice donde estaban las armas comienza a amenazarnos de muerte, que iba matar a nuestra madre y a nuestro padre.

Orlando Monroy Labarca (nuestro padre) lo van a buscar a su trabajo y lo llevan detenido hasta la casa donde se estaba realizando el allanamiento. El Teniente Juan Emilio Cheyre le ordena a los Sub-Tenientes Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo que golpeen a nuestro padre, mientras él le pregunta por las armas del Plan Z y que le diga dónde está nuestra madre. Hasta ese momento el Teniente Juan Emilio Cheyre no creía que nuestra madre estuviera trabajando, cuando esta regresa de su trabajo y hace ingreso a la casa, le ordena de nuevo a los Sub-Tenientes Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo que la golpeen delante de sus hijos, pero esta vez es mucho más violento, porque el Teniente Juan Emilio Cheyre no se conforma tan solo con que la golpeen sino que comienza a amenazarla con matarla a ella delante de sus hijos sino le dice donde están las armas, que nos va a matar a todos.

El Teniente Juan Emilio Cheyre ordena que se quemen los libros que hay en la casa, a los militares que participan en el allanamiento que hagan hoyos en el patio para que encuentren las armas del Plan Z.

El Teniente Juan Emilio Cheyre se lleva detenida a mi madre, con las manos amarradas en la espalda, golpeada y se lleva unas cajas de cartón con propaganda de Salvador Allende y unos libros (según él eran libros marxistas); hace que la suban al camión militar y él se va en la patrulla militar acompañado de los Sub-Teniente Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo.

Una vez terminado el allanamiento y antes de irse, el Teniente Juan Emilio Cheyre ordena al militar que vigila la entrada a nuestra casa, que se quede y desde ese momento tanto mis hermanos como mi padre, comenzamos un arresto domiciliario que se prolongó hasta noviembre de 1973.

El año 2002, cuando era Presidente Ricardo Lagos Escobar y nos enteramos que Juan Emilio Cheyre estaba en la prelación para ser Comandante en Jefe del Ejército de Chile, nosotros como familia hicimos llegar una carta denunciando estos hechos, al presidente Lagos (carta que nunca respondió). Hicimos público el testimonio de nuestra madre Eliana Rodríguez Dubó, que no solo relata su detención sino también su tortura en las dependencias del Regimiento de La Serena, en las cuales participa el Teniente Juan Emilio Cheyre, como resultado de este testimonio a nuestra madre la entrevistaron ese mismo año el semanario EL Siglo, la Radio Nuevo Mundo y otros medios de comunicación tanto en Chile como en el extranjero.

En diciembre del 2010, el canal TV. RED retrasmitió la entrevista realizada por la historiadora Sra. Patricia Arancibia Clavel al Ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile Juan Emilio Cheyre. En esta entrevista Juan Emilio Cheyre reconoce su participación en actividades del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en La Serena, reconoce también haber acompañado al Comandante del Regimiento de Infantería y Artillería N° 2 Arica (actual Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo) Ariosto Lapostol Orrego, a detener al entonces Intendente de la IV región y llevarlo a las dependencias del Regimiento en La Serena.

Eliana Rodríguez Dubó está reconocida como víctima de prisión política y tortura por la Ley 20.405.

Sus hijas Marianela Monroy Rodríguez, Yelena Monroy Rodríguez y Natacha Monroy Rodríguez, están reconocidas como víctimas de prisión política y tortura por la Ley 19.992 y la Ley 20.405, porque los antecedentes antes mencionados son validos para el Estado de Chile, para ser consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Sin otro particular.

Yelena Monroy Rodríguez

Este lunes fue presentada en la Corte de Apelaciones de La Serena una querella por secuestro y tortura contra el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. La acción fue interpuesta por el abogado Hernán Fernández en representación de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Rodríguez, quienes inculparon directamente al ex uniformado de crímenes de lesa humanidad.

"Se ha presentado querella por los delitos de secuestro y tortura, al amparo de las norma de Derecho Internacional y Humanitario, se trata de víctimas que tenían corta edad al momento de los hechos, la víctima más pequeña, de un año y medio, y doce años la mayor", sostuvo el abogado.

Agregando que "pedimos que se investigue, la acción va dirigida contra el entonces teniente en esa época, Juan Emilio Cheyre Espinoza, y contra todos quienes resulten responsables".

Respecto a la participación de Cheyre en los delitos signados en la causa, recalca que "hay identificación concreta, por parte de las víctimas, que después de 40 años pueden tener expectativas de justicia en Chile" a lo que se agregan testimonios e informes periciales del daño causado a las víctimas en el expediente entregado esta mañana en La Serena.

"Yo estaba sentada esperando al vehículo que me iba a llevar al trabajo, y él (Cheyre) me levantó del pelo, y les decía esta es la puta, la maraca de la UP. Él no tenía idea quien era yo, y yo tampoco lo conocía a él. ¿Como podía tratarme de esa manera?. Esa fue la primera vejación, delante de mis hijos, que corrieron aterrorizados a los brazos de mi madre", recuerda su madre Eliana Rodriguez en alusión al allanamiento de su vivienda, ubicada en calle Balmaceda de La Serena, por parte de una patrulla del entonces regimiento Nº 21 "Arica" comandada por el entonces Teniente Juan Emilio Cheyre.

La mujer agrega: "Él (Cheyre) derrumbó la puerta a patadas, él iba con Ojeda y Polanco, otros dos subtenientes y un personal de militares que entraron y destruyeron todo, todo lo que a nosotros nos había costado".

"Él allanó mi casa con aparataje de militares, que…no se poh…estaba con mi madre, que me cuidaba las niñas, porque yo trabajaba. No pensé nunca que yo, una mujer tan simple, una ciudadana que militaba en un partido político, merecía ese trato", relata.

Ella militaba en el Partido Socialista y trabajó como secretaria en la oficina de Desarrollo Social de la Corporación de Vivienda en Coquimbo durante el Gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, fue en diciembre de 1973 cuando los militares regresaron a la casa de los Rodriguez- Monroy, en búsqueda de las tres menores, a quienes trasladaron a la cárcel de mujeres, que tenía lugar en el Hogar Buen Pastor, junto a su madre que estaba en calidad de preso político, compartiendo su reclusión hasta abril de 1975.

A 43 años del golpe de Estado de 1973, el caso Caravana de la Muerte -uno de los más brutales exterminios ocurridos en los primeros meses de la dictadura- sigue teniendo cabos sueltos en lo que respecta a las responsabilidades de los uniformados. En El Desconcierto rescatamos testimonios inéditos que narran lo ocurrido en La Serena, un episodio que echa por tierra las versiones de Juan Emilio Cheyre, Ariosto Lapostol y todos los militares involucrados que han afirmado que su único error fue estar ahí.

Las excavaciones en el Cementerio Municipal de La Serena acaban de comenzar. Es 9 de septiembre de 1998 y por fin, tras 25 años de búsqueda, se accedió a desenterrar los cuerpos de los quince hombres fusilados por la Caravana de la Muerte en su paso por la ciudad. Esta era la primera y mínima señal de justicia que los familiares esperaban desde hace décadas, aún cuando en 1990 se había indagado desde la Fiscalía Militar de la zona la inhumación ilegal de sus cuerpos.

Han transcurrido ocho años desde el retorno a la democracia y falta un mes para que Augusto Pinochet sea detenido en Londres por orden del juez Baltazár Garzón. Faltan también cuatro años para que Juan Emilio Cheyre, quien estos días se desempeña como Mayor General, asuma como Comandante en Jefe del Ejército de la mano del Presidente Ricardo Lagos el 11 de marzo del 2002.

Pero aún es 1998 y en La Serena hay expectación: finalmente se sabrá el paradero de los cuerpos de las víctimas de octubre de 1973, los cuales parecía que iban a permanecer sumergidos bajo los pactos de silencio de las Fuerzas Armadas. Gracias a testimonios de testigos y cercanos, las pericias pudieron dar con el lugar: el Cementerio Municipal. Ahí, en el espacio destinado a recibir los desechos biológicos del hospital local, apareció -entre jeringas- un primer cuerpo. Luego apareció otro, y luego otro, y así hasta completar los quince. En tres capas de profundidad distinta, los testigos del proceso podían notar cómo los cuerpos se encontraban amontonados y con golpes en sus osamentas. Un cuarto de siglo no había sido capaz de borrar las huellas del horror.

El Puma aterriza en La Serena

En pleno camino al cementerio, en la calle Santa Lucía, se emplaza actualmente el Regimiento de Infantería N° 21 “Coquimbo”. Ese mismo lugar, en 1973, llevaba por nombre Regimiento de Artillería Motorizada N° 2 “Arica” y estaba al mando del comandante Ariosto Lapostol, cuyo brazo derecho era el teniente Juan Emilio Cheyre. Este recinto fue el primer lugar visitado en el norte por la Caravana de la Muerte, la comitiva de diez hombres liderada por Sergio Arellano Stark que recorrió Chile en un sanguinario trayecto.

En el aeródromo de la ciudad, el 16 de octubre, aterrizó el helicóptero Puma que traía a Arellano Stark y sus hombres. Lo esperaba en la losa la persona al mando del Regimiento: el comandante Ariosto Lapostol Orrego. El joven teniente Juan Emilio Cheyre, fiel escudero de Lapostol, también estaba presente en ese momento.

La misión de este viaje, ordenada personalmente por Augusto Pinochet, pretendía “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia” a los prisioneros. Con un documento que mostraba en cada ciudad que pisaba, Arellano se transformaba en un representante directo del General, cumpliendo a cabalidad con una misión que en poco tiempo se traduciría en aniquilar con eficiencia marcial a los enemigos del régimen.

La comitiva recorrió 17 ciudades a lo largo país. Según las cifras que se han comprobado hasta el momento, en la zona centro y sur dejaron una estela de 26 muertos. En el norte, en tanto, cobraron la vida de 71 personas.

Acabar con cualquier rastro de apoyo a la Unidad Popular y exterminar rápidamente cualquier señal de resistencia fueron dos acciones que marcaron la dictadura, siendo especialmente sanguinarias en sus inicios. Según indican antecedentes recabados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la época más violenta de la represión en Chile se concentra en los primeros meses de la dictadura: de las 3.197 víctimas asesinadas o desaparecidas que el organismo identifica, 1.823 de ellas corresponden solo a 1973. El mismo año en que Pinochet mandó a esta comitiva a recorrer el país.

La Serena también es territorio de oscuros indicadores. La mayor parte de las actividades represivas de la región se llevaron a cabo allá. Muestra de aquello es la sobrepoblación que rodeaba a su cárcel pública, donde trasladaban a la mayor parte de los prisioneros políticos. De acuerdo al informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en noviembre de 1973 alcanzaba los 474 privados de libertad por motivos ideológicos. El mismo informe indica, a través de la recopilación de testimonios, que el Regimiento Arica -bajo la comandancia de Lapostol- fue el que más detenidos sumó.

El Puma aterrizó cerca del mediodía en La Serena. Apenas descendió el helicóptero, el general convocó a un consejo de guerra en donde habrían participado Lapostol, su inseparable ayudante Cheyre, Marcelo Morén Brito (que poco antes de acompañar a Arellano era el segundo al mando en ese mismo lugar) y el mismísimo Sergio Arellano Stark. Entre los cuatro revisaron una lista con los prisioneros, evaluando los cargos de los que eran acusados y marcando quince nombres. El fin de la aceleración de los procesos no era precisamente liberar a quienes eran acusados de cargos leves, sino que eliminar a los enemigos del régimen en lo que ellos consideraban una guerra.

La rápida estocada de Arellano Stark

Aunque en sus testimonios Lapostol y Cheyre niegan sostenidamente su participación en los hechos, hay testigos que indican que el teniente -entonces de 25 años- acompañó a Morén Brito a retirar a catorce prisioneros de la cárcel pública. Testigos cuentan que Cheyre habría sido el encargado de leer a viva voz los nombres de los quince prisioneros condenados a muerte, contradiciendo su versión, donde indica que mientras todo esto sucedía, él se encontraba en su oficina.

Siempre bajo una nebulosa de contradicciones, las versiones de Cheyre y Lapostol indican que ellos no sabían lo que estaba ocurriendo hasta que oyeron los disparos, acusando a Arellano Stark de desoír la voluntad del comandante. Mientras los altos mandos del lugar almorzaban, los prisioneros fueron trasladados a un polígono de tiro, a unos 200 metros del casino de oficiales. Ahí, cerca de las 16 horas, fueron fusilados. Otras versiones -brindadas por uniformados- indican que al momento del fusilamiento también estaban presentes los altos mandos.

Mientras todo esto ocurría, los soldados conscriptos del Regimiento “Arica” se encontraban viendo una película, la cual fue proyectada con el fin de que no se enteraran de la operación. Precisamente, uno de los sellos que tuvo la misión fue que se realizó de manera casi imperceptible para los uniformados de bajo rango, mientras que -salvo contadas excepciones- los oficiales a cargo de cada regimiento se encargaron de amenizar con almuerzos y cenas a los visitantes.

Lapostol ha afirmado que él no sabía que ese día un helicóptero iba a aterrizar en su regimiento, negando también su conocimiento respecto a la matanza. Sin embargo, hay testimonios que lo contradicen. Uno es el de un sobreviviente del regimiento, que cuenta que los días 14 y 15 fueron obligados a hacer aseo profundo en las dependencias, a propósito -les dijeron- de la visita de una comitiva importante.

Lo que sí es un hecho comprobado es que, una vez fusilados, ningún médico revisó los cuerpos, los cuales fueron trasladados de manera inmediata al Cementerio Municipal de La Serena por expresa orden de Lapostol. Cheyre, en tanto, fue enviado al diario local El Día a entregar un bando militar que le explicaría a la comunidad que, tras ser juzgados por un tribunal militar proveniente de Santiago, habían fusilado a 15 prisioneros.

“Siga las huellas del camión”
Cuando en 1990 se investigó la inhumación ilegal de los cuerpos que dejó la Caravana de la Muerte, fueron convocadas a declarar personas que, por distintas razones, estaban vinculadas al cementerio. El objetivo era reconstruir un relato de lo que ocurrió ese día, y que, entre otras cosas, podría echar por tierra las afirmaciones de que quienes daban las órdenes en el regimiento no tenían noción de la llegada de la comitiva ni de que, tras su paso, quince hombres serían aniquilados a tiros.

En 1973, el Cementerio General de La Serena era administrado por Teófilo Díaz, que además fue el único trabajador del lugar que permaneció ahí durante la operación. Primero llegó Mario Vargas Miguieles, entonces capitán, quien respondiendo órdenes de Lapostol -según afirma-, verificó el estado de la fosa y esperó a que arribaran los fusilados.

En una de las últimas veces que se refirió al tema, Vargas Miguieles contó que al llegar al cementerio el administrador ya estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, trasladándolo a ver la fosa ya lista. La investigación nunca pudo contar con el testimonio de Díaz, puesto que en 1990 tenía 89 años y padecía de problemas de memoria, respondiendo solo con incoherencias. Por él habló su viuda, afirmando que de los muertos se había enterado por la prensa y que ese día su esposo había llegado a la casa, había tomado un remedio para dormir y nunca, en todos esos años, le había mencionado el tema.

Cerca de las 17 horas se acercó por la Avenida Colo Colo un camión Tolva metálico. Desde ahí descendió un oficial armado, ordenando que abrieran de par en par las puertas del camposanto. Al fondo de este se encontraba lista la fosa común donde terminarían arrojando a los fusilados. Cada uno de los cuerpos que bajaban del camión tenía pegado en su pecho un papel con su nombre, para poder identificarlos. El administrador del lugar era el encargado de anotar en el libro de registros los nombres de cada uno, pero al sexto cayó desmayado, perdiendo la conciencia. Cuando la recuperó, los encargados de la faena ya habían terminado de enterrar los cuerpos y lo obligaron a entregarles la llave del cementerio, que permaneció cerrado y custodiado por militares todo el día, según cuentan testigos.

Aunque Díaz nunca declaró, sí lo hizo un cercano, que también trabajaba en el camposanto a cargo de las condiciones de higiene del lugar, quien cuenta que tres años después de que enterraran ilegalmente a los fusilados ahí, el administrador decidió sincerarse con él, contándole que ese día temprano lo habían llamado ordenándole que cerrara el cementerio antes del mediodía, prohibiera el paso al público y enviara a todos los trabajadores a sus casas.

Otros dos trabajadores afirman que ese día -sin decirles por qué- fueron enviados a sus casas cerca de las 16:00, hora en la que se ejecutaron los cuerpos en el regimiento. A eso, añadieron que al día siguiente empezaron a escuchar comentarios que decían que un grupo de desconocidos había enterrado los cuerpos de varios hombres fusilados por los militares en una de las fosas comunes que estaban al fondo del cementerio.

La noticia del fusilamiento salió en el diario y en las radios locales, nombrando uno a uno a los quince ejecutados. Los rumores sobre estas muertes llevaban varias horas corriendo y las familias comenzaron desesperadamente a averiguar la suerte que habían corrido sus seres queridos.

Una de las viudas relata que se enteró de la noticia el mismo día 16. Proveniente de Santiago, cada 15 días visitaba a su marido, quien se encontraba preso en la cárcel pública de la ciudad. Apenas despuntó el día, se dirigió al recinto en donde, tras sortear un montón de evasivas, confirmó que había sido fusilado. Ahí le devolvieron sus pertenencias, pero nunca el cuerpo.

“Fui al cementerio pensando en que ese era el lugar al que llevan a los muertos”, contó. Ahí, los funcionarios, nerviosos, no le contestaban sus preguntas, hasta que uno escuetamente le dijo que siguiera las huellas del camión que seguían estampadas en el suelo del lugar. “Había dos losas de cemento encima de un hoyo. Estaba cubierta de un polvo color blanco; logré mover una y mirar hacia abajo y pude distinguir varios cuerpos que había en el fondo”.

Para hacer énfasis en lo que vio, la viuda aclara que ese fue un día luminoso, casi sin nubes, por lo que está totalmente segura de haber visto un montón de cuerpos ensangrentados. Fue interrumpida por gritos: un trabajador del cementerio se acercó a ella gesticulando fuertemente, pero apenas la tuvo al frente rompió en llanto y le dijo que se fuera, que no la podían ver ahí. Antes de separarse, le contó que para poder dormir la noche anterior había tenido que embriagarse, pues no paraba de pensar en que esas personas podían ser sus hijos.

Ella no fue la única que se acercó al cementerio ese día, al menos dos mujeres más lo hicieron. En los tres relatos se repiten los mismos elementos: la losa que cubría la fosa estaba mal puesta y bajo ella se podían distinguir con claridad los cadáveres. Una dice que logró distinguir a su marido, otra intentó mover la cobertura hasta desvanecerse por la desesperación. Todas llegaron ahí luego de suplicarle a los nerviosos trabajadores del cementerio que les dijeran dónde estaban sus seres queridos.

«En tiempos de guerra los cuerpos no se entregan»
A principios del 2011, Ariosto Lapostol dio una entrevista al diario El Día, el mismo que publicó la lista de ejecutados el 17 de septiembre de 1973. En la conversación, Lapostol afirmó que el entierro de los cadáveres se hizo de forma “muy correcta”. “Cada vez que voy a La Serena les coloco un ramo de flores, calladito”, aseguró en esa ocasión.

Las palabras del ex comandante han estado marcadas por la ambigüedad, señalando que no puede explicar su accionar o culpando a las circunstancias de presión en que se encontraba. “Eran tantos los cadáveres que me causó mucho impacto y pensé que lo mejor era dejarlos a todos en una fosa común en el cementerio y no entregarlos a sus familiares”, contó. En la misma conversación, culpó a factores económicos, contando que no tenían dinero para comprar las quince urnas necesarias y que la vergüenza provocó que ordenara que los cuerpos fueran cargados como escombros en un camión, privando por 25 años a sus familias del derecho de enterrar a sus muertos.

Lapostol también afirmó que nunca nadie se acercó a preguntar dónde habían sido sepultados sus familiares, pues de ser así, él le hubiera pedido al administrador la exhumación de los cuerpos. Según los familiares, se acercaron innumerables veces a preguntar por los restos de sus deudos, recibiendo respuestas negativas por parte de Lapostol -quien siempre responsabilizaba a sus superiores-. También obtuvieron respuestas secas, que siempre apuntaban a la misma idea: en tiempos de guerra, los cadáveres no se entregaban. O les decía cruel y burlescamente que si tanto querían encontrarlos, los buscaran ellas mismas.

El brazo derecho de Ariosto Lapostol, Juan Emilio Cheyre, también ha tenido que comparecer ante la justicia en numerosas ocasiones, siendo cada vez más directas las acusaciones que lo involucran -por lo bajo– como cómplice de los hechos.

Juzgados bajo el sistema penal antiguo, se consideró que frente al caso había presunciones fundadas, por lo que fueron encargados reos. En julio de este año, Cheyre pasó cinco días en la cárcel, quedando libre tras pagar una fianza de un millón de pesos. Hoy, a 43 años del episodio, la participación de los militares que se encontraban en tierra cuando los zarpazos de Arellano Stark pasaron por La Serena continúa siendo investigada.

por Rocío Venegas

El jubilado militar fue procesado por la aplicación de tormentos a dos detenidos políticos en La Serena. Además, sobre él pesa una condena de primera instancia dictada por el juez Mario Carroza, a 5 años y un día de presidio por ser cómplice de 15 homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte.

El ex teniente coronel Jaime Ojeda Torrent fue procesado por el ministro en visita Vicente Hormazábal Abarzúa, en calidad de autor del delito de aplicación de torturas a dos detenidos políticos en el Regimiento Arica de La Serena en dictadura, junto al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, el ex jefe del regimiento, Ariosto Lapostol y Mario Larenas.

Cuando el imputado llegó hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones para la notificación, gritó desesperadamente a la prensa que "los terroristas de izquierda han logrado la victoria", y aseguró que "van a ganar cualquier cantidad de millones por habernos procesado".

La investigación surgió luego de que el ex preso político Nicolás Barrantes -hermano de Marcos Barrantes, uno de los asesinados en la Caravana de la Muerte-, presentara junto a Nelson Rodríguez una querella contra el ex uniformado por torturas y complicidad en los fusilamientos del episodio de La Serena de la Caravana de la Muerte.

El ministro Hormazábal decretó la orden de detención contra los oficiales, quienes fueron trasladados a un recinto militar para cumplir prisión preventiva, a excepción de Lapostol Orrego, quien permanecerá con arresto domiciliario total.

Los delitos del ex uniformado Jaime Ojeda

Pero ésta no es la primera vez que Ojeda está ante la justicia por casos de violaciones de derechos humanos. El año pasado, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los 15 homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

En esa ocasión, también tuvo un exabrupto contra la justicia, e hizo sus descargos en contra del juez Mario Carroza, a quien tildó como "uno de los miembros espirituales" del comunismo, además de encararlo "por su condición comunista" y "maltratos hacia los militares".

Según el expediente del Caso Caravana La Serena, Jaime Ojeda realizó dos declaraciones, una el 25 de abril de 2011 y otra el 10 de julio de 2012.  En ambas ocasiones, el uniformado señaló que en octubre de 1973 había sido ascendido a teniente de Ejército, y en ese contexto, presenció fusilamientos y se encargó de "revisar la capacidad" de la fosa común del cementerio de La Serena.

En ese proceso, el teniente del Ejército en ese entonces se contactó con el administrador del camposanto y posteriormente, informó el estado de la situación a sus superiores en el Regimiento Arica. Luego, dijo que fue testigo del fusilamiento y cargó los cuerpos para llevarlos hasta el cementerio.

En la declaración, Jaime Ojeda afirmó que "no miró bien" el estado en que estaban los cadáveres, sin embargo, "el hecho, me refiero al fusilamiento, lo encontré justo porque ellos eran unos extremistas. Consideré el fusilamiento excelente, porque era lo que debía haber ocurrido sin lugar a dudas".

"Se comentaba que todos los fusilados habían tenido su proceso y habían sido declarados culpables por sus actos extremistas y tuve información que se había dictado sentencia de muerte en su contra”, dijo en su defensa el ex uniformado. Además, describió como algo “común y silvestre lanzar los cuerpos a la fosa”.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la libertad provisional de los ex militares Juan Emilio Cheyre, Raúl Ojeda Torrent y Mario Larenas Carmona, procesados el 5 de febrero recién pasado, por el ministro en visita Vicente Hormazábal, por aplicación de torturas a detenidos entre septiembre y noviembre de 1973, en el Regimiento Arica de la ciudad.

La sentencia sostiene que aun cuando la resolución en alzada no se encuentra debidamente fundada conforme lo exige el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal, esta Corte comparte la decisión de libertad provisional dispuesta en la misma a los procesados Juan Emilio Cheyre Espinosa, Raúl Ojeda Torrent y Mario Larenas Carmona, teniendo para ello en consideración que en la especie no se dan ninguno de los supuestos que impedirían tal beneficio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, debiéndose considerar especialmente, que la libertad individual es un derecho constitucional y que su privación debe aplicarse como medida de última ratio, a lo que se une el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y a la circunstancia que todos los encausados habrían gozado a tal época de irreprochable conducta anterior.

Decisión adoptada con la prevención del ministro Shertzer, quien además de compartir los argumentos precedentes tuvo presente para confirmar la resolución en alzada, que ella ha sido adoptada por el juez que se encuentra dedicado a la investigación por más de dos años, de manera que es dable presumir, en el presente caso, que tiene -en el plano subjetivo– conocimientos calificados respecto del comportamiento y situación particular de los beneficiados, por haber sido interrogados en diversas oportunidades y circunstancias.

Juan Emilio Cheyre pasó de ser el general del Nunca Más al primer excomandante en jefe del Ejército condenado por crímenes de lesa humanidad. Foto: Patricio Fuentes/Archivo

El ex comandante en Jefe del Ejército, que ya fue condenado como encubridor del homicidio calificado de 15 personas, fue notificado de un nuevo proceso en su contra, en este caso, como autor de apremios ilegítimos que se habrían producido en La Serena en 1973.

El denominado general del Nunca Más vive las primeras horas de una nueva arista judicial en su contra.

Cerca de las 7.30 horas, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre fue notificado en la Brigada de Derechos Humanos de la PDI en Providencia, de un nuevo procesamiento por torturas en su contra, las que habrían ocurrido tras el Golpe Militar de septiembre de 1973.

La causa actualmente la está llevando el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, quien está indagando las denuncias por los delitos cometidos en el regimiento N° 2 de Arica en La Serena, lugar por donde pasó la llamada Caravana de la Muerte.

Es en esta causa donde el ex comandante en jefe del Ejército ha recibido una serie de denuncias por personas que fueron torturadas en ese recinto militar y que reconocen al general (r) como parte de los apremios ilegítimos.

Esta nueva notificación llega luego que en noviembre pasado Cheyre fuera condenado por el ministro Mario Carroza a tres años y un día de libertad vigilada tras ser encontrado culpable del encubrimiento del homicidio calificado de 15 personas

El excomandante en Jefe del Ejército fue procesado, la mañana de este jueves, por el delito de tortura en contra de 24 personas en La Serena durante 1973. El oficial, que en su mandato reconoció la responsabilidad de las Fuerzas Armadas como violadores de derechos humanos, deberá permanecer detenido en el Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén por la responsabilidad de autor que le cabe en estos casos.

Violaciones, torturas, extracción de dientes y simulacros de fusilamiento son parte de las acciones que habrían sido cometidas en el Regimiento Arica de La Serena en 1973. El oficial al mando de la unidad militar era el coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego, y su ayudante, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre. Ambos fueron notificados, este jueves, de su procesamiento como autores del delito de tortura contra 24 personas, entre ellas, dos mujeres, entre septiembre y diciembre de 1973.

Cheyre, que fue Comandante en Jefe entre 2002 y 2006, se hizo conocido como el general del nunca más, pues fue quien reconoció al Ejército como violador de derechos humanos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. Este jueves, el oficial llegó temprano a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para ser informado de la situación y, posteriormente, se le notificó de forma oficial de su detención en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, para luego ser trasladado al Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén, donde debe permanecer detenido.

Junto a Cheyre, fueron procesados también los ex oficiales Jaime Ojeda Torrent, Mario Larenas Carmona y Ariosto Laspostol Orrego, este último será notificado en su hogar y tendrá el beneficio de libertad previo pago de una fianza de tres millones de pesos.

Hasta la Brigada de Derechos Humanos de la PDI llegó el abogado Cristián Cruz, representante de tres de las 24 víctimas. El profesional comentó que no hay dudas de la responsabilidad de Juan Emilio Cheyre y que, con este procesamiento, se ha caído la imagen de buen hombre que tenía el militar.

“El fraude de etiqueta que se ha construido durante todos estos años de un hombre bueno, pulcro, ha caído. El muro se ha derribado y por fin las víctimas han visto la luz en su larga lucha”, indicó Cruz.

Además, el abogado dijo que “para nosotros era un hecho inequívoco que esto iba a suceder, siempre lo dijimos. Los medios de prueba son contundentes, numerosos. Esta es una investigación seria en la que ha colaborado también la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que ha tenido un rol fundamental en los peritajes del Servicio Médico Legal, con documentos emanados del propio Ejército, con declaraciones de militares que responsabilizan al señor Cheyre”.

Esta investigación inicio luego de que Nelson Rodríguez Santander y Nicolás Barrantes Alcayaga presentaran una querella contra el militar en retiro por torturas, acusación por la que Cheyre fue interrogado, negando su participación. Sin embargo, testimonios que vienen desde el interior del Ejército han sido claves para determinar que Cheyre sí participó en los hechos.

A partir del sábado, la defensa de excomandante en jefe y de los otros tres oficiales podrán apelar, proceso que deben realizar en la Corte de Apelaciones de La Serena, pues fue el ministro en visita extraordinaria para causas de derechos humanos Vicente Hormazábal, de la Corte de La Serena, quien dictó la resolución.

El abogado Roberto Ávila, representante de Hugo Toledo Pérez, una de las 24 víctimas, también se manifestó satisfecho y dijo que estarán presentes en las instancias apelatorias para pedirle a la Corte que ratifique la decisión.

“El proceso acredita largamente que todo es efectivo, la defensa tendrá una ardua tarea si pretende desmentir un proceso donde se han acumulado tantos antecedentes, de tan diversa naturaleza, informes del Servicio Médico Legal, declaraciones de prensa de aquellos años, declaraciones de testigos. Realmente los hechos, a nuestro juicio, están más que acreditados y esperamos que la Corte de La Serena así lo confirme”, comentó Ávila.

Si bien los imputados no se refirieron a esta situación, al llegar a la Brigada de Derechos Humanos, el ex comandante Jaime Ojeda gritó alegatos a la prensa. “¡Los terroristas de izquierda me están metiendo preso, los terroristas de izquierda ganan aquí, y van a ganar millones por habernos procesado, han logrado la victoria!”, dijo.

Al respecto, Marcos Barrantes, sobrino de Nicolás Barrantes, una de las primeras víctimas en interponer la querella, se manifestó muy molesto con estos dichos, pero no sorprendido: “Los terroristas fueron ellos, ellos mataron chilenos, nosotros no, nuestros familiares no mataron nunca a nadie, solo tuvieron un pensamiento distinto a los de ellos. Los hechos están claros, los que mataron, los que torturaron, los que hicieron desaparecer gente fueron ellos, no nosotros”.

En noviembre de 2018, Cheyre fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada por el delito de encubrimiento en el caso Caravana de la Muerte, decisión que fue tomada por el ministro en visita Mario Carroza, por lo que esta no es la primera acción de este tipo en la que se le acusa.

El jubilado militar fue procesado por la aplicación de tormentos a dos detenidos políticos en La Serena. Además, sobre él pesa una condena de primera instancia dictada por el juez Mario Carroza, a 5 años y un día de presidio por ser cómplice de 15 homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte.

El ex teniente coronel Jaime Ojeda Torrent fue procesado por el ministro en visita Vicente Hormazábal Abarzúa, en calidad de autor del delito de aplicación de torturas a dos detenidos políticos en el Regimiento Arica de La Serena en dictadura, junto al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, el ex jefe del regimiento, Ariosto Lapostol y Mario Larenas.

Cuando el imputado llegó hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones para la notificación, gritó desesperadamente a la prensa que "los terroristas de izquierda han logrado la victoria", y aseguró que "van a ganar cualquier cantidad de millones por habernos procesado".

La investigación surgió luego de que el ex preso político Nicolás Barrantes -hermano de Marcos Barrantes, uno de los asesinados en la Caravana de la Muerte-, presentara junto a Nelson Rodríguez una querella contra el ex uniformado por torturas y complicidad en los fusilamientos del episodio de La Serena de la Caravana de la Muerte.

El ministro Hormazábal decretó la orden de detención contra los oficiales, quienes fueron trasladados a un recinto militar para cumplir prisión preventiva, a excepción de Lapostol Orrego, quien permanecerá con arresto domiciliario total.

Los delitos del ex uniformado Jaime Ojeda

Pero ésta no es la primera vez que Ojeda está ante la justicia por casos de violaciones de derechos humanos. El año pasado, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los 15 homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

En esa ocasión, también tuvo un exabrupto contra la justicia, e hizo sus descargos en contra del juez Mario Carroza, a quien tildó como "uno de los miembros espirituales" del comunismo, además de encararlo "por su condición comunista" y "maltratos hacia los militares".

Según el expediente del Caso Caravana La Serena, Jaime Ojeda realizó dos declaraciones, una el 25 de abril de 2011 y otra el 10 de julio de 2012.  En ambas ocasiones, el uniformado señaló que en octubre de 1973 había sido ascendido a teniente de Ejército, y en ese contexto, presenció fusilamientos y se encargó de "revisar la capacidad" de la fosa común del cementerio de La Serena.

En ese proceso, el teniente del Ejército en ese entonces se contactó con el administrador del camposanto y posteriormente, informó el estado de la situación a sus superiores en el Regimiento Arica. Luego, dijo que fue testigo del fusilamiento y cargó los cuerpos para llevarlos hasta el cementerio.

En la declaración, Jaime Ojeda afirmó que "no miró bien" el estado en que estaban los cadáveres, sin embargo, "el hecho, me refiero al fusilamiento, lo encontré justo porque ellos eran unos extremistas. Consideré el fusilamiento excelente, porque era lo que debía haber ocurrido sin lugar a dudas".

"Se comentaba que todos los fusilados habían tenido su proceso y habían sido declarados culpables por sus actos extremistas y tuve información que se había dictado sentencia de muerte en su contra”, dijo en su defensa el ex uniformado. Además, describió como algo “común y silvestre lanzar los cuerpos a la fosa”.

La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el procesamiento de los oficiales en retiro del Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego y Mario Emilio Larenas Carmona, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica, en 1973.

En fallo dividido (causa rol 614-2019), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Pedro Shertzer, Caroline Turner y la abogada (i) María José Montesino– confirmó la resolución apelada, dictada en febrero de 2019 por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Vicente Hormazábal, que sometió a proceso a Lapostol Orrego y Larenas Carmona.

En cuanto a la apelación deducida por la defensa de Lapostol Orrego, el fallo establece que “es dable concluir que se encuentra justificada la existencia del delito en carácter de reiterado (…). Asimismo, de los diversos elementos de convicción desarrollados en sus motivos tercero y cuarto resultan bastantes para estimar que de ellos emergen presunciones fundadas para considerar, por ahora, que el inculpado ha tenido la participación culpable y penada por la ley que se le asigna”.

Respecto de la apelación deducida por la defensa de Larenas Carmona, sostiene que: “a virtud de las consideraciones efectuadas por el ministro instructor (…) resulta justificado, por ahora, mantener el auto de procesamiento que pesa sobre en encausado”.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita dio por establecido, que al interior del Regimiento Militar se dispuso que la Sección II, que hasta antes del 11 de septiembre de 1973 era comandada por el capitán Polanco Gallardo, participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas a los detenidos.

La Sección II, durante la ausencia del capitán Polanco, entre el 10 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973, estuvo al mando del comandante del Regimiento Ariosto Lapostol. Periodo en el cual el ministro en visita sindica a Lapostol Orrego como responsables de las torturas aplicadas a 24 detenidos, y a Larenas Carmona, a uno.

En la resolución, además, la Corte de Apelaciones consignó que la defensa de Lapostol Orrego manifestó “(…) en la apelación que el encausado sufriría actualmente de demencia senil, la defensa aportará mayores antecedentes sobre tal situación, sin perjuicio de las medidas y diligencias que en torno a ello decrete el juez de la causa”.

Siete militares en retiro del Ejército fueron condenados por el homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, ocurrido en noviembre de 1973 en dependencias del Regimiento Arica, de la ciudad de La Serena.

Vicente Hormazábal, ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, condenó en calidad de autores del delito a Ariosto Lapostol, Fernando Polanco, Milton Torres, René Orchand y José Flores a 10 años y un día de presidio.

A ellos, se suman Luis Fernández y Juan Marambio, quienes deberán purgar 5 años y un día de presidio.

"Las pruebas que se reunieron en el proceso lograron determinar que la víctima estaba en dependencias o a cargo de un organismo público, que era el penal penitenciario, en una prisión preventiva, es decir, estaba a resguardo del Estado", explicó Hormazábal.

"En esa condición lo fueron a sacar para ejecutarlo, y eso consta en el acta de baja, en los dichos de los testigos que escucharon los balazos y también funcionarios de Gendarmería que mencionan que recibieron comunicación que habría sido ejecutado en el regimiento", agregó el ministro.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, condenó a siete miembros en retiro del Ejército, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz. Ilícito perpetrado en noviembre de 1973, en el regimiento “Arica” de la ciudad.

En el fallo el ministro Hormazábal condenó en calidad de autores del delito a Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Milton Leonardo Torres Rojas, René Patricio Orchand Díaz y José Electo Flores Gallardo a 10 años y un día de presidio; en tanto, Luis Humberto Fernández Monjes y Juan Daniel Marambio López deberán purgar 5 años y un día de presidio.

En la causa, los siete militares en retiro fueron condenados a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de las costas de la causa.

“Las pruebas que se reunieron en el proceso lograron determinar que la víctima estaba en dependencias o a cargo de un organismo público, que era el penal penitenciario, en una prisión preventiva, es decir, estaba a resguardo del Estado, y en esa condición lo fueron a sacar para ejecutarlo, y eso consta en el acta de baja, en los dichos de los testigos que escucharon los balazos y también funcionarios de Gendarmería que mencionan que recibieron comunicación que habría sido ejecutado en el regimiento”, informó el ministro.

HECHOS

Los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, y que sirvieron de fundamento de la acusación, permitieron al ministro Hormazábal Abarzúa dar por establecido los siguientes hechos:

“(…) se demostró más allá de toda duda razonable que el día 26 de noviembre de 1973, Francisco Javier Santoni Díaz se encontraba cumpliendo condena y estaba procesado y siendo investigado, por un delito común en la Ex Cárcel Pública de la ciudad de La Serena; y que por informaciones que surgieron en el penal el día 23 de noviembre de 1973 comenzaron a hacer indagaciones sobre una planificación de una fuga masiva desde dicho recinto, la Sección II del Regimiento ‘Arica’ de la ciudad de La Serena, dirigida por Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, la que actuaba bajo las órdenes del entonces Coronel Ariosto Lapostol Orrego, Comandante del Regimiento.

Es así que durante la tarde y noche del día 26 de noviembre se estuvo interrogando, mediante la tortura al prisionero político Juan Eliseo González Herrera, a quien amenazaron con fusilamiento y al día siguiente un funcionario del Ejército refirió a los detenidos y particularmente a González Herrera que durante la noche habían dado de baja a ‘su socio’, aludiendo a lo que estimaban una organización para la fuga. En horas de la noche de ese día 26 de noviembre de 1973, una patrulla militar a cargo del suboficial Héctor Omar Vallejos Birtiola (fallecido) junto a miembros de dicha Sección II, entre ellos, el suboficial Luis Humberto Fernández Monjes y los soldados reservistas Juan Daniel Marambio López, Milton Leonardo Torres Rojas, René Patricio Orchard Díaz y José Electo Flores Gallardo, sacaron de la Cárcel Pública a Francisco Santoni Díaz. Lo trasladaron en un vehículo de uso de esa Sección II a dependencias del Regimiento ‘Arica’ de esta ciudad, procediendo a dispararle, causándole la muerte alrededor de las 00:30 horas del 27 de noviembre de 1973.

El Comandante del Regimiento, Ariosto Lapostol Orrego, mediante un documento denominado ‘Acta de Baja’, de 27 de noviembre de 1973, comunicó acerca de la muerte de la víctima a la Fiscalía Militar de la Provincia de Coquimbo que tramitaba el proceso en contra de varios sujetos, entre ellos Francisco Santoni Díaz, por el delito de maltrato de obra a carabinero de servicio (…).

Por último cabe tener en cuenta que (…) no fue posible encontrar antecedentes que digan relación con la existencia de algún proceso instruido para investigar la muerte de Francisco Aquiles Santoni Díaz; lo mismo comunicó el Estado Mayor General del Ejército de Chile, (…) se constató que no figura ningún antecedente o causa caratulada con el nombre de Francisco Aquiles Santoni Díaz”.

La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el procesamiento de los oficiales en retiro del Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego y Mario Emilio Larenas Carmona, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en 1973, en el Regimiento Arica.

En fallo dividido (causa rol 614-2019), la Segunda Sala del tribunal de alzada -ntegrada por los ministros Juan Pedro Shertzer, Caroline Turner y la abogada (i) María José Montesino- confirmó la resolución apelada, dictada en febrero de 2019 por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Vicente Hormazábal, que sometió a proceso a Lapostol Orrego y Larenas Carmona.

En cuanto a la apelación deducida por la defensa de Lapostol Orrego, el fallo establece que “es dable concluir que se encuentra justificada la existencia del delito en carácter de reiterado (…). Asimismo, de los diversos elementos de convicción desarrollados en sus motivos tercero y cuarto resultan bastantes para estimar que de ellos emergen presunciones fundadas para considerar, por ahora, que el inculpado ha tenido la participación culpable y penada por la ley que se le asigna”.

Respecto de la apelación deducida por la defensa de Larenas Carmona, sostiene que: “a virtud de las consideraciones efectuadas por el ministro instructor (…), resulta justificado, por ahora, mantener el auto de procesamiento que pesa sobre el encausado”.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita dio por establecido que al interior del Regimiento Militar se dispuso que la Sección II, que hasta antes del 11 de septiembre de 1973 era comandada por el capitán Polanco Gallardo, participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas a los detenidos.

La Sección II, durante la ausencia del capitán Polanco, entre el 10 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973, estuvo al mando del comandante del Regimiento, Ariosto Lapostol. Periodo en el cual el ministro en visita sindica a Lapostol Orrego como responsables de las torturas aplicadas a 24 detenidos, y a Larenas Carmona, a uno.

En la resolución, además, la Corte de Apelaciones consignó que la defensa de Lapostol Orrego manifestó “(…) en la apelación que el encausado sufriría actualmente de demencia senil, la defensa aportará mayores antecedentes sobre tal situación, sin perjuicio de las medidas y diligencias que en torno a ello decrete el juez de la causa”.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho exoficiales y dos exsuboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de 15 personas víctimas del paso de la llamada "Caravana de la Muerte" por la ciudad de La Serena en 1973.  El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex general y comandante en jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de los dos suboficiales.

En el episodio, la comitiva uniformada perpetró el 16 de octubre de ese año, los asesinatos de Oscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Oscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen.

En fallo unánime (causa rol 4.599-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Antonio Ulloa y las ministras Gloria Solís y Verónica Sabaj- el pasado viernes 28 de octubre modificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro Mario Carroza en noviembre de 2018, respecto a la participación que les cupo en los hechos, a los condenados exoficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminellli Fullerton, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos, en lugar de los 5 años en calidad de cómplices como los había calificado el ministro Carroza. Otro ex oficial y principal inculpado, Ariosto Alberto Lapostol Orrego, quien había sido condenado a 15 años de presidio, falleció en el curso del proceso por lo que resulta sobreseído.

Además, el tribunal confirmó el fallo penal en la parte que condenó a los ex oficiales Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González y al ex suboficial Víctor Hugo Alegre Rodríguez a la pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos; y a los ex oficiales Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Oscar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y al ex suboficial Luis Segundo Araos Flores a 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.

El helicóptero de la muerte

En la investigación judicial quedó establecido que el día 16 de octubre de 1973, arribó a la ciudad de La Serena la comitiva encabezada por el exgeneral Sergio Arellano Stark (fallecido) en un helicóptero 'Puma' del Ejército, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Emilio Robert de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco Gallardo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Marcelo Luis Manuel Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González.

Luego de bajar de la aeronave, el mencionado Arellano Stark sostiene una reunión con el entonces Comandante del Regimiento de Artillería N°2, "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión encomendada por el tirano Pinochet consistente en la ejecución de seleccionadas personas de izquierda que permanecían detenidas por los uniformados golpistas en diversos lugares y distintas ciudades del país.

A continuación, Arellano Stark selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. Por orden suya, retiran desde la Cárcel Pública de La Serena a 14 de las víctimas escogidas a quienes trasladan al Regimiento y quedan a disposición de la mencionada autoridad militar. Paralelamente, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento otro detenido y lo unen a los demás prisioneros, conduciéndolos hasta el polígono de tiro de ese recinto militar. Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados, mediante disparos efectuados por personal del Ejército.

Luego de cometidos los asesinatos, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares.  Acto seguido, personal militar procede al traslado de los cuerpos de los ejecutados hasta el cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían efectuado previamente las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.

Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento, particularmente la Jefatura de Zona ejercida por Lapostol Orrego, publica en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, cuestión que nunca aconteció pues el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundado en la sola circunstancia de su ideología.

El año 1998, el Servicio Médico Legal, habría encontrado osamentas humanas en el Cementerio Municipal de la Serena, por lo que efectuó peritajes y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas el 16 de octubre de 1973, verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos

por Darío Núñez

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del estudiante universitario Bernardo del Tránsito Cortés Castro. Ilícito perpetrado entre el 4 y 5 de abril de 1974, en las comunas de Coquimbo y La Serena.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del estudiante universitario Bernardo del Tránsito Cortés Castro. Ilícito perpetrado entre el 4 y 5 de abril de 1974, en las comunas de Coquimbo y La Serena.

En fallo unánime (causa rol 104.843-2023), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Manuel Antonio Valderrama, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, Eliana Quezada y el abogado (i) Eduardo Morales– descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primer grado que condenó a los recurrentes Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo, Luis Segundo Esteban Araos Flores y Luis Humberto Fernández Monjes a penas de 10 años y un día de presidio; y a José Flores Gallardo, René Patricio Orchard Díaz, Milton Leonardo Torres Rojas, Juan Daniel Marambio López y Orlando Enrique Hatte Castillo a 5 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito.

“Por lo expuesto y dado que el fallo que se impugna ha cumplido con las exigencias que se denuncian omitidas, lo que se advierte de su examen, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, resulta que los defectos en que descansa la motivación de nulidad del libelo no la conforman, porque no existen, no siendo entonces exactas las transgresiones imputadas al fallo en estudio, desde que más que la ausencia de consideraciones, lo que se reprueba es la fundamentación de los jueces de la instancia para decidir de la forma en que lo han hecho, por lo que no ha podido configurarse la causal de invalidación formal esgrimida por la defensa de Polanco Gallardo y Orchard Díaz, las que habrán de ser desestimadas”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que, sin perjuicio de lo razonado previamente, que lleva a la conclusión del rechazo de la totalidad de los recursos intentados en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, valga indicar brevemente, algunos razonamientos acerca de dos alegaciones que han sido compartidas por parte de las defensas de los condenados, específicamente sobre la aplicación de los artículos 211 del Código de Justicia Militar y 103 del Código Penal, que vienen a confirmar la decisión desestimatoria ya expuesta”.

“Que, como anteriormente lo ha sostenido esta Corte (entre otros, en SCS N° 8.945-2018, de 8 de febrero de 2021), de conformidad con lo preceptuado en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, fuera de los casos en que se ha omitido la representación de la orden que le fuera impartida al inferior, será circunstancia atenuante el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico”, añade.

“La frase ‘será circunstancia atenuante’ no releva al juez de apreciar si concurren o no los supuestos de hecho que conforman la minorante, ni menos impone el deber de rebajar la cuantía de la pena en caso de ser reconocida, correspondiendo aplicar las reglas generales sobre influencia de las circunstancias modificatorias”, releva la resolución.

“Además –prosigue–, en lo que respecta a la inaplicación de los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, no resulta posible estimar su aplicación para el caso sublite, dado que no es un hecho acreditado el haber cometido los ilícitos en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico, tal como ya lo advirtió la Corte de Apelaciones de La Serena, y aún, cuando se diera por establecida, la posición doctrinaria dominante le reconoce carácter meramente facultativo a la rebaja de pena contemplada en los artículos 65 a 68 del Código Penal”.

Asimismo, el fallo consigna que: “En lo referente a la segunda alegación, consistente en no haberse dado aplicación a la prescripción gradual contenida en el artículo 103 del Código punitivo, la sentencia de primer grado estableció que sobre los delitos de lesa humanidad, como es el caso, conforme al principio imperativo de Derecho Internacional que proscribe la imprescriptibilidad, no cabe aplicar la figura de la media prescripción, considerándola como una figura separada de la prescripción y una forma disminuida de ella, citando la Resolución Nº 2.391, de 26 de noviembre de 1968 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se explicita la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ya que ambas instituciones tienen su sustento en el transcurso del tiempo como requisito esencial y justificante para su aplicación, de modo tal, que la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza indudable y necesariamente a la parcial, ya que ambas se fundan en el mismo elemento que es el rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, resultando improcedentes en ilícitos de lesa humanidad”.

Para la Sala Penal: “Sin perjuicio de lo señalado por el fallo, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha utilizado dos argumentos para desestimar esta causal, en tanto se afinca en el artículo 103 del Código Penal”.

“Por una parte –ahonda–, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuencialmente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo. Pero junto con ello, se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, lo cierto es que las normas a las que se remite el artículo 103 del Código Penal, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena aunque concurran varias atenuantes, por lo que el vicio denunciado carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado (entre otras, SCS Nºs 35.788-2017, de 20 de marzo de 2018; 39.732-2017, de 14 de mayo de 2018; y, 36.731-2017, de 25 de septiembre de 2018) por lo que, en tales condiciones, tal alegación no puede prosperar”.

“Conforme se ha venido razonando, la totalidad de los recursos impetrados deberán ser rechazados, al no configurarse las causales en las cuales se hicieron recaer”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se rechazan los recursos de casación en el fondo deducidos por la defensa de los acusados Luis Esteban Araos Flores, Luis Humberto Fernández Monje, José Flores Gallardo, Juan Marambio López, Orlando Hatte Castillo y Milton Torres Rojas; como así también, se rechazan los recursos de casación en la forma, deducidos por la defensa de René Orchard Díaz, Fernando Polanco Gallardo; todos dirigidos en contra la sentencia dictada con fecha cuatro de abril de dos mil veintitrés, por la Corte de Apelaciones de La Serena”.

Sala de música
En la sentencia de primera instancia, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, dio por establecidos los siguientes hechos: 

a. Que, el día 4 de abril de 1974, en horas de la tarde, mientras se disponía a almorzar junto a su tía Graciela Barahona Cortés, en su domicilio ubicado en la comuna de Coquimbo, sin previa orden de Tribunal ni de autoridad competente, Bernardo del Tránsito Cortés Castro, estudiante universitario de 20 años, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue aprehendido por sujetos no identificados, los cuales se movilizaban en un vehículo particular.

b. Que, luego de aquello, fue conducido al Regimiento ‘Arica’ de Guarnición en la ciudad de La Serena, donde fue interrogado por personal de la Sección II o Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de dicho regimiento, a cargo de Fernando Guillermo Polanco Gallardo, e integrado, entre otros, por Héctor Ornar Vallejos Birtiola (fallecido), auxiliar de inteligencia; Luis Esteban Araos Flores, auxiliar de inteligencia; Luis Humberto Fernández Monjes, cabo 1° de Ejército; y los soldados reservistas René Patricio Orchard Díaz, Milton Leonardo Torres Rojas, Juan Daniel Marambio López y José Electo Flores Gallardo, quienes se desempeñaban como personal operativo de dicha sección; Orlando Enrique Hatte Castillo, quien se desempeñaba como administrativo de la Sección de Inteligencia; y los guardias de la sala de detenidos políticos que se encontraban a cargo de la Sección II, Víctor Hugo Alegre Rodríguez y José Antonio Márquez Vega.

c. Que, para su interrogatorio, la víctima fue conducida hasta una dependencia ubicada en el interior del regimiento, conocida como sala de música o sala de la banda, donde se aplicaba tormentos a los detenidos sometidos a interrogatorio; lugar donde fue interrogado bajo apremios físicos por el personal operativo antes mencionado; y mientras este se encontraba en las afueras de dicha dependencia, custodiado por un miembro de la referida sección, concurrió hasta ese lugar Orlando Hatte Castillo, quien, igualmente, procedió a golpearlo.

d. Que, a raíz de su interrogatorio, Cortés Castro quedó muy mal herido, siendo dejado en una sala aledaña a la guardia del Regimiento ‘Arica’, donde habría fallecido en horas de la madrugada del día 5 de abril de 1974.
El Ejército se negó a entregar el cadáver a la familia de Bernardo Cortés, por lo que se ignora el destino de sus restos mortales.

e. Que la muerte de la víctima fue constatada por el médico de la unidad militar, Guido Díaz Pací.

f. Que, al día siguiente, oficiales no identificados del regimiento, hicieron entrega a Pascual Cortés Cortés, padre de la víctima, de un sobre cerrado con documentos donde figuraba que había sido muerto de un balazo al intentar darse a la fuga, con los que se requirió la inscripción de defunción.

g. Sin embargo, el regimiento se negó a entregar el cadáver a la familia de la víctima, y testigos declaran haberlo visto al interior del regimiento gravemente herido como consecuencia de las torturas, pero sin impactos de bala, por lo que se desconoce su destino”.