Cárcel de Illapel

En la Cárcel de Illapel, Independencia Nº 135, lote 1B, entre calles Argentina, Constitución e Independencia, se registraron casos de tortura desde septiembre de 1973 hasta el año 1982. La mayor cantidad de detenidos se concentró durante el año 1973. Según los testimonios entregados a la Comisión Valech, los detenidos fueron mantenidos en este recinto bajo repetidos maltratos, golpizas y amenazas. Al ingresar, eran incomunicados, privándoseles totalmente de alimentación y agua durante tres a cinco días. Los testimonios establecieron que los prisioneros fueron continuamente trasladados a otros recintos para los interrogatorios, muchos de ellos eran enviados al Regimiento “Arica” en La Serena.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; CODEPU; Informe Valech; Archivo Memoriaviva;

Agrupaciones de víctimas de violencia política y de defensa de los derechos humanos plantean que dos instancias comprometidas por el Estado, la Mesa Regional de Derechos Humanos y la Ruta de la Memoria, no han registrado avances en el actual gobierno y que no existiría voluntad para sacarlas adelante.
Tras cumplirse 45 años del Golpe Militar de 1973 y 30 años del Triunfo del No que posibilitó el retorno a la democracia, en las organizaciones de víctimas de violencia política y violaciones a los derechos humanos no sólo han revivido más que nunca los recuerdos de sus familiares y de sus propias experiencias, sino que la lucha para que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

El miércoles 13 de diciembre de 2017 se inauguró la Casa de la Memoria en La Serena, inmueble en que anteriormente funcionó la dirección regional de INJUV y que el Ministerio de Bienes Nacionales cedió a la Corporación Verdad, Justicia y Reparación, tras gestiones de las agrupaciones que integran la Mesa Regional de Víctimas de Violencia Política.

Asimismo, en dicha oportunidad se presentó el trabajo conjunto que realizarían once agrupaciones de Derechos Humanos de la región, la Seremi de Bienes Nacionales y la agencia “Acá Comunicaciones”, para trazar la denominada Ruta Patrimonial de los Derechos Humanos.

El objetivo de este proyecto es construir sitios de información y testimonios en diversos lugares en que se cometieron torturas, asesinatos por motivos políticos y violaciones a los Derechos Humanos en dictadura, con la finalidad de crear conciencia en las nuevas generaciones de que dichas atrocidades, patrocinadas por el Estado y las Fuerzas Armadas, no se deben volver a repetir.

Sin embargo, desde las agrupaciones de víctimas de violencia política y promotoras de la defensa de los Derechos Humanos, acusan que en el actual gobierno, no habría avances concretos en esta temática.

AFDD: “HEMOS AVANZADO POCO”
A pesar de reconocer que hay avances importantes en sus demandas, tales como la continuidad o reapertura de causas aun cuando los responsables de asesinatos por motivos políticos hayan fallecido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ana Merino Molina, asegura que “nos duele profundamente que queda mucho, demasiado por hacer.  Hemos avanzado, pero vemos hacia atrás que hemos avanzado poco”.

Merino califica como una “aberración” el que aún no exista voluntad política para consolidar la resolución y reparación de muchos crímenes cometidos en dictadura y que no existan cambios en la Constitución, lo que genera, a juicio de la dirigenta, una desigualdad de trato.

“Los criminales están en cárceles especiales, con sueldos millonarios y las víctimas, que fueron torturadas o violadas, reciben pensiones de $170.000.  Eso no es reparación, porque ese dolor lo van a llevar por todas sus vidas”.

Es por ello que Merino advierte que si bien el país recuperó la democracia hace treinta años, muchas víctimas de la dictadura y sus familias arrastran consecuencias hasta el día de hoy.

GESTIONES Y AVANCES
Ana Merino es categórica en señalar que no hay avances en el trabajo conjunto con las actuales autoridades para solucionar sus demandas.

“No hay una voluntad política. Nosotros teníamos una Mesa Regional de Derechos Humanos cuando estaba Hanne Utreras como intendenta. Después asumió Claudio Ibáñez y nos pareció bien. En esa mesa estaban todas las agrupaciones de derechos humanos y todos los seremis. Se avanzó, nos entregaron una casa donde hacemos nuestras actividades y resulta que queríamos continuar. Solicitamos una audiencia con la intendenta Lucía Pinto en marzo y nos recibió el 19 de junio”.

En esta audiencia se conversó con la intendenta acerca de la necesidad de continuar el trabajo de la Mesa Regional de Derechos Humanos, una de las materias que más preocupa a la agrupación pues, en palabras de Ana Merino, “en su sector hay mucha gente que sabe el destino final de los detenidos”.

Sin embargo, Merino señala que posterior a ello, no ha habido avances concretos en estos cuatro meses desde la reunión, pues la intendenta no los ha vuelto a convocar ni hay señales explícitas de que se vaya a retomar el trabajo de la Mesa Regional, aunque destaca que recientemente se reunieron con el seremi de Bienes Nacionales, Marcelo Telias, para analizar la posibilidad de retomar el trabajo para la Ruta de la Memoria.

Respecto de los avances de la Ruta de la Memoria, Moira Barrientos, profesional encargada del proyecto en “Acá Comunicaciones”, explica que en cuanto a la agencia, el trabajo ya finalizó y se entregó la propuesta para la Ruta.

“En términos formales, era una consultoría que se terminó de ejecutar. El contrato con Bienes Nacionales terminó en enero y el proyecto se finalizó. Lo que hicimos, fue construir la propuesta de Ruta de la Memoria y los Derechos Humanos de Coquimbo, en función de lo que nos dijo la gente, definimos los hitos de la ruta y está lista”, aseguró la profesional.

MESA REGIONAL SE REFORMULARÁ
Consultada por las críticas planteadas por Ana Merino, la intendenta Lucía Pinto asegura que durante esta administración, la Mesa Regional de Derechos Humanos sufrirá algunos cambios en cuanto a periodicidad de sesiones y actores participantes y será liderada por la seremi de Justicia, Alejandra Valdovinos.

“Me reuní hace un par de meses con agrupaciones de Derechos Humanos y Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde quedamos junto a la seremi de Justicia, Alejandra Valdovinos, de ejecutar un plan y ver la forma de dar una nueva propuesta para una nueva mesa, que trabaje de forma más activa”, expresa la intendenta.

En este sentido, la propuesta de la intendenta y la seremi es tener una mesa que trabaje más activamente, con distintas mesas temáticas, más ejecutivas, donde en palabras de Pinto, “vayamos trabajando un tema en particular, elevando las solicitudes, ideas e iniciativas que ellos tengan, para enviarlas al Ejecutivo”.

Lo anterior, pues muchas de las demandas de justicia y reparación defendidas por las agrupaciones de Derechos Humanos deben ser atendidas a nivel central. 

“Vamos a reformular la Mesa Regional de Derechos Humanos, para trabajar con periodicidad, una vez al mes o una vez cada dos meses, con temas en concreto que sean tratados con actores en concreto y no con todos en la misma mesa”, concluye Pinto.

Acerca de la Ruta de la Memoria, proyecto que debe ejecutar el Ministerio de Bienes Nacionales, la intendenta expresa que “aún lo estamos analizando. Es un trabajo que tiene el nuevo Seremi (Marcelo Telias), de manera de poder dar una respuesta lo más pronto posible a las agrupaciones”.

Tal como se ha planteado durante este gobierno, los elevados costos serían una de las cortapisas para que se concrete el proyecto de la Ruta de la Memoria.

Respecto de ello, la intendenta asegura que “queremos ser absolutamente claros, no dar falsas expectativas, pero llegar a un nivel de coordinación y trabajo conjunto para que todos quedemos tranquilos con el trabajo que realicemos”.

SALDÍVAR ACUSA DESINTERÉS DEL GOBIERNO
Parlamentarios de oposición se han manifestado críticos ante lo que califican como un nulo apoyo del actual gobierno a estas iniciativas.

El diputado socialista Raúl Saldívar Auger, quien integra la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, es categórico al expresar que no le sorprende que el gobierno de Sebastián Piñera no tenga puestas sus prioridades en las temáticas de derechos humanos y reparación.

Asimismo, el parlamentario manifiesta que “el olvido de temas como la Ruta de la Memoria es propio de este gobierno. Ha eludido cosas que eran compromisos del gobierno anterior, como la compensación económica a aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura, reconocidas en los Informes Valech I y II y que ya tenían una parte reconocida por ley”.

En este tema, Saldívar recuerda que la segunda parte de las reparaciones económicas del Informe Valech II fue retirada de la Comisión de Derechos Humanos por el gobierno.

Un punto de vista similar es el del diputado comunista Daniel Núñez, quien expresa que “es evidente que el gobierno de Sebastián Piñera comulga con la impunidad y no con la justicia, la verdad y con la construcción de memoria. Estaremos muy firmes con que los planteamientos que han hecho los movimientos de defensa de los derechos humanos y de víctimas de la dictadura estén presentes”.

Ruta de la Memoria
En diciembre de 2017, el exintendente Claudio Ibáñez, y los exseremis Carlos Galleguillos (Justicia) y Diego Núñez (Bienes Nacionales), junto a agrupaciones de defensa de derechos humanos y de víctimas de violencia política, anunciaron el proyecto Ruta de la Memoria, que diseñó la agencia Acá Comunicaciones. Éste incluye recorridos guiados por diversos puntos que fueron centros de tortura, prisión política y violaciones a los derechos humanos en dictadura, como todas las comisarías y recintos policiales, la ex cárcel de La Serena, la cárcel de Illapel, el Mirador de Los Ángeles en Coquimbo, el sector del Valle de Elqui donde fue acribillado el matrimonio Lejderman Ávalos, además de la Casa del Buen Pastor, donde mujeres junto a sus hijos fueron sometidas a vejaciones y actos de tortura y el Regimiento Coquimbo en La Serena. La iniciativa debiese ser llevada a cabo por el Ministerio de Bienes Nacionales.

La tarde de este martes se llevó a cabo la reconstitución de escena del paso de la denominada “Caravana de la Muerte” por La Serena, solicitada por el juez Mario Carroza para determinar las circunstancias del fusilamiento de 15 prisioneros.

El magistrado, luego de la diligencia de una hora y 30 minutos, explicó que el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, no acudió a la diligencia como imputado, sino como inculpado, ya que sólo se busca determinar la responsabilidad que pudo tener en la muerte de los detenidos.

La secretaria de la comisión de DDHH en Chile en ese entonces, Marina Vergara, tuvo la dura misión de reconocer en La Serena a cada uno de los cuerpos, situación que recordó esta jornada. “Yo los reconocí, los vi cómo estaban amarrados, cómo los sacaron de la fosa. Es impactante, los sacaron envueltos en alambre de púa y algunos sin cabeza, sin brazos”, contó conmovida.

La mayor parte de las personas ejecutadas esa jornada salieron de la cárcel de La Serena a la espera de que su proceso fuera agilizado, incluso pensando en que sus casos serían sobreseídos.

Entre ellos estaba Mario Markarian, padre del actual alcalde de Los Vilos. El dirigente comunista fue llevado de la cárcel de Illapel al regimiento junto a los otros 14 dirigentes y personalidades políticas de la UP.

“Cheyre y los demás ya deberían estar presos, pero con la política de la justicia en la medida de lo posible y porque el Ejército ha protegido y sigue protegiendo y seguirá protegiendo a Lapostol, Cheyre y los demás, es que todavía no se ha hecho justicia. Pero avanzamos para allá y ninguna duda tenemos de que próximamente ellos se van a ir presos”, recordó el alcalde Manuel Markarian.

A las afueras del regimiento Arica habia un grupo de aproximadamente 60 personas vinculadas al Partido Comunista y defensores de los Derechos Humanos, entre ellos el parlamentario Daniel Núñez. No hubo desórdenes ni alteraciones al orden público.

Juan Emilio Cheyre en 1973 era un joven teniente del regimiento y fue él, quien según testimonio de los periodistas de le época, llegó a las oficinas de nuestro medio asociado El Día, para dar a conocer el fusilamiento de los detenidos por actos de rebeldía.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto de procesamiento de nueve ex uniformados, en calidad de autores y cómplices de 15 homicidios calificados, ilícitos perpetrados el 16 de octubre de 1973, en su paso por La Serena de la denominada «Caravana de la muerte».

En la resolución, el ministro de fuero encausó en calidad de autores de los delitos a:

• Ariosto Lapostol Orrego
• Víctor Hugo Alegre Rodríguez
• Armando Fernández Larios

En tanto, fueron procesados en calidad de cómplices:

• Juan Emilio Cheyre Espinosa
• Jaime Ojeda Torrente
• Hernán Valdebenito Bugmann
• Guillermo Raby Arancibia
• Hugo Leiva González  
• Mario Vargas Migueles

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de la investigación, el ministro Carroza logró establece los siguientes hechos:
«La mañana del día 16 de octubre de 197, arriba a la ciudad de La Serena, un helicóptero «Puma» del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre ellos Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Galladom, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido), Hugo Héctor Leiva González, comandados por el delegado General de Brigada Sergio Arellano Stark, quien tras sostener una reunión con el primer comandante Ariosto Lapostol Orrego, del regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena, para informarle de su misión, requiere del fiscal militar Cazanga Pereira (fallecido) aquellos procesos militares donde constaban prisioneros políticos, luego de seleccionar a los detenidos que serían ajusticiados, un contingente del Ejército concurre hasta la Cárcel Pública de La Serena a retira y trasladar, sin derecho ni decreto alguno, a las víctimas Óscar Gastón Aedo Herrera (23), Marcos Enrique Barrantes Alcayaga (26), Mario Alberto Ramírez Sepúlveda (44), Hipólito Pedro Cortés Álvarez (43), Jorge Abel Contreras Godoy (31), Roberto Guzmán Santa Cruz (35), Jorge Mario Jordán Domic (29), Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz (22), Carlos Enrique Alcayaga Varela (38), Jorge Ovidio Osorio Zamora (35), José Eduardo Araya Gonzalez (23), Manuel Jachadur Marcarian Jamett (31), Oscar Armando Cortes Cortes (48), Víctor Fernando Escobar Astudillo (22) y Jorge Washington Peña Hen (45), que se encontraban privados de libertad a disposición de la autoridad militar, al aludido regimiento de la ciudad de La Serena;

Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozo del mismo regimiento el detenido Óscar Gastón Aedo Herrera, y es conducido junto a los demás prisioneros hasta el polígono de tiro de ese recinto militar, el cual ya había sido ordenado cercar por personal del mismo regimiento. Una vez en el polígono, fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por personal del Ejército;

Seguidamente y de manera ya prevista, se ordena la inscripción de las defunciones de las víctimas, sin habérsele practicado las autopsias respectivas, ni efectuado reconocimiento alguno por parte de sus familiares, para luego personal militar trasladar sus cuerpos hasta el cementerio local y sepultarlos en una fosa común, de manera oculta, cometido para el cual las autoridades del regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal;

Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del regimiento, jefatura de zona, resuelven publicar en los medios de comunicación un Bando Militar, donde se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado quince extremistas en cumplimiento de los resuelto por los Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que el Comandante del Regimiento, su ayudante y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y que se les había ajusticiado sin juicio previo, por la circunstancia de su ideología».

Los procesados quedarán detenidos en el Batallón de Policía Militar, excepto Armando Fernández Larios, quien reside en el extranjero, por lo que se iniciará la tramitación legal pertinente para que responda por su responsabilidad.

Las Victimas

El 16 de octubre de 1973 quince personas que permanecían prisioneras en la Cárcel de La Serena fueron fusiladas en el Regimiento «Arica», de esa ciudad.

La información oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habría «venido especialmente de Santiago «.

Óscar Gastón Aedo Herrera, 23 años, técnico forestal, militante comunista. Fue detenido por Carabineros de la Comisaría de Salamanca el 6 de octubre. Permaneció incomunicado hasta el 12 de octubre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de Illapel y desde allí conducido al Regimiento de La Serena, recinto al cual llega en la madrugada del 16 de octubre.

Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, 26 años, supervisor en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A. (MANESA), militante socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la Cárcel local.

Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, 44 años, profesor universitario, militante del Partido Socialista.  Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre luego de ser citado.  Fue detenido e inmediatamente trasladado al Regimiento y luego a la Cárcel de esa ciudad.  Su familia sólo pudo visitarlo en dos oportunidades.  La mayoría del tiempo permaneció incomunicado.

La Jefatura de Plaza, a través de la Prensa, entregó un comunicado oficial en el cual señala:

«Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempos de Guerra…».

Hipólito Pedro Cortés Álvarez, 43 años, obrero, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista. Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena.

Jorge Abel Contreras Godoy, 31 años, campesino, sin militancia política conocida. Fue detenido por Carabineros, conducido a la Comisaría de Illapel y desde allí a La Serena. Permaneció incomunicado.

Roberto Guzmán Santa Cruz, 35 años, abogado, asesor de la Compañía Minera Santa Fé y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El l4 de septiembre se presenta voluntariamente al Retén de Incahuasi luego de informarse que había sido requerido por las autoridades de La Serena. Es detenido y desde allí conducido a la Cárcel de La Serena.

Procesado por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. En Consejo de Guerra del 27 de septiembre es condenado a la pena de presidio por 5 años. El 26 de junio de 1975, cuando ya había sido ejecutado, por decisión del Comandante en Jefe, se modificó la sentencia y su condena fue rebajada a 541 días.

Jorge Mario Jordán Domic, 29 años, casado, tenía dos hijos. Era médico y ocupaba el cargo de médico general del Hospital de Ovalle. Militante del Partido Comunista.

El 16 de septiembre de 1973 fue detenido y conducido al Regimiento de La Serena. Desde allí fue trasladado a la Cárcel de la misma ciudad. Fue ejecutado el día 16 de octubre de 1973, junto a otros detenidos, por agentes del Estado.

Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, 22 años, campesino, militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el 12 de octubre de l973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento «Arica» de La Serena. En ambos lugares permaneció incomunicado. Luego es trasladado a la Cárcel de La Serena.

Carlos Enrique Alcayaga Varela, 38 años, albañil, Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el l2 de septiembre por Carabineros de Vicuña y llevado a la Comisaría de esa ciudad, lugar desde el cual es trasladado a la Cárcel de La Serena.

Jorge Ovidio Osorio Zamora, 35 años, profesor universitario, militante socialista. Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en las dependencias de MANESA el l7 de septiembre y conducido a la Cárcel de La Serena.

José Eduardo Araya Gonzalez, 23 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en Salamanca y llevado a la Cárcel de esa localidad; al cabo de cuatro días es trasladado a la Cárcel de Illapel, lugar en el cual permanece hasta el l5 de octubre , fecha en que es conducido a la Cárcel de La Serena.

Manuel Jachadur Marcarian Jamett , 31 años, agricultor, militante del Partido Comunista. Detenido el 16 de septiembre, en Los Vilos, por efectivos de Carabineros. Fue conducido a la Cárcel de Illapel, Recinto en el cual permanece hasta el 18 de septiembre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de La Serena.

Oscar Armando Cortes Cortes, 48 años, campesino, militante del Partido Comunista. El 22 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y llevado a la comisaría. Posteriormente es trasladado a la Cárcel de La Serena.

Víctor Fernando Escobar Astudillo, 22 años, técnico agrícola, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) y Secretario Comunal del Partido Comunista. El 1º de octubre es detenido por Carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de esa localidad. Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La Serena.

Jorge Washington Peña Hen, 45 años, músico, compositor y profesor universitario. Militante socialista. Es detenido el l9 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, Recinto en el cual es visitado por su familia.

Respecto de Mario Ramírez, Jorge Peña, Marcos Barrantes, y Jorge Osorio, se dijo que: «habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y de personas de la zona».

Respecto de Oscar Aedo Herrera, Víctor Escobar, José Araya y Jorge Contreras, se dijo que: «formaban parte de una agrupación terrorista que tenía planificado para el 17 de septiembre apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de éstos mayores de 8 años, además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias».

Respecto de Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se dijo que habían: «ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de Ovalle el día 17 de septiembre». Se señaló, además, que habían «participado como instructores de guerrillas en la zona».

Respecto de Carlos Alcayaga, se señaló que había sido fusilado por: «sustraer explosivos a viva fuerza desde el polvorín de la mina Contador, en Vicuña, el día 11 de septiembre de 1973, explosivo que le fue encontrado oculto bajo tierra y listo para ser usado» y que «era Instructor de manejo de explosivos en una Escuela de Guerrilleros que funcionaba en Vicuña».

Respecto de Manuel Marcarian, se dijo que fue ejecutado por: «haberle encontrado explosivos para asaltar el Cuartel de la Subcomisaría de Los Vilos, haciendo caso omiso de los Bandos y de las advertencias hechas personalmente por Carabineros».

Respecto de Roberto Guzmán, se dijo que su ejecución fue: «por incitar a los mineros del Campamento de Desvío Norte y sus alrededores a apoderarse de los polvorines y oponer resistencia armada a la Junta de Gobierno».

Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.

La Caravana de la Muerte inició su viaje al norte del país, el martes 16 de octubre de 1973. El brigadier Espinoza declaró al Juez guzmán que el viaje al norte incluyó La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Arica y Pisagua.

A las once de la mañana el Puma aterrizó en el aeródromo de La Serena, donde lo esperaba el comandante del regimiento, el coronel Ariosto Lapostol, quien los vió bajar a todos en tenida de combate y fuertemente armados, Pedro Espinoza, Sergio Arredondo, Marcelo Moren Brito, Armando Fernández Larios y Moren Brito, su segundo comandante en La Serena, quien había viajado a Santiago en vísperas del Golpe para reforzar las tropas.

Arellano, como oficial delegado del general Pinochet, revisó los procesos de los prisioneros y coloca un ticket en cada nombre de ciertos detenidos que seleccionó, dijo al juez el coronel Lapostol. Y agregó: "Finalmente se marcó un total de quince detenidos, respecto de los cuales el general Arellano manifestó que debían ser sometidos a consejo de guerra. En el intertanto, el mayor Marcelo Moren Brito procedía a anotar el nombre de cada detenido en una libreta aparte. Una vez que el general Arellano resolvió someter a consejo de guerra a estos quince detenidos, yo le hice presente que entre ellos había tres personas que ya habían sido sometidas a consejo de guerra y que ya estaban cumpliendo su condena en la Penitenciaría de La Serena. Sin embargo el general Arellano me indica que las penas eran muy leves y que, por lo tanto, era necesario someterlos a un segundo consejo de guerra".

El juez le preguntó al coronel Lapostol por el caso de esos tres condenados (Guzmán, Marcarían y Alcayaga): "Ninguna de esas tres personas fue condenada a muerte por el consejo de guerra presidido por mí y ellos estaban cumpliendo la correspondiente sentencia en la Penitenciaria de La Serena. Sin embargo, cuando el general Arellano llegó a La Serena consideró que las penas que se les habían aplicado fueron demasiado benignas y que, por lo tanto, era necesario someterlos de nuevo a un consejo de guerra, porque según el general Arellano estas personas habían cometido delitos graves. Ante la resolución del general Arellano, yo me opuse rotundamente a que se hiciera un nuevo consejo de guerra, considerando que yo había presidido el anterior y considerando que las penas que se habían aplicado eran justas. Incluso yo le manifesté al general Arellano que las sentencias dictadas por el consejo de guerra presidido por mí, respecto de estas tres personas, quedaran como estaban y que se hiciera un consejo de guerra respecto de las doce restantes, pero cumpliendo todas las formalidades legales, vale decir, con una debida defensa".

Fue —le dijo el coronel Lapostol al juez— "un momento de mucha tensión. Finalmente, le solicité autorización para retirarme". Y salió del regimiento, dando por perdida su batalla.

"Salí por la entrada de guardia, quedándome en los jardines exteriores, entre el casino de oficiales y la guardia, a unos 50 metros al sur de la guardia (…) Estoy molesto y desagradado porque le he repetido al general, unas siete veces, que las tres personas ya condenadas por consejo de guerra, presidido por mí, sean enviadas a la Penitenciaría para el cumplimiento de sus condenas (…) No obstante mi petición, el general se mantiene en su posición, no respetando mi decisión en el consejo", relató el coronel Lapostol al juez. "Quince a veinte minutos después, yo permanecía en el mismo lugar, siempre parado, puesto que no hay asientos, cuando concurre el general Arellano a conversar conmigo (…) El tema tratado es el mismo conversado en la comandancia. Insiste en que es necesario un nuevo consejo de guerra para esas tres personas, argumentando que las penas son muy leves".

Y en eso estaba Lapostol, hablando con Arellano, cuando ve venir caminando al capitán Mario Vargas Miqueles, de regreso de la misión que le había encomendado en Vallenar. El capitán Vargas se acerca y le pide permiso al general Arellano para dar cuenta de su misión al comandante Lapostol. El general Arellano autoriza y ellos se apartan unos metros. El detallado informe acerca de los mineros polacos del yacimiento de fierro —enviados a Santiago para ser repatriados—duró unos quince minutos aproximadamente. Y al final, el coronel Lapostol le contó al capitán Vargas lo que sucedía con la comitiva del general Arellano y la orden de que se constituyera un consejo de guerra. Obviamente éste aún no comenzaba, ya que estaban en la guardia —única entrada al regimiento—y no se había visto ingresar abogados defensores de los prisioneros. El coronel Lapostol le ordenó al capitán Vargas que se quedara allí. Y se quedó "detrás de mí, a unos dos o tres metros", en tanto él volvió a reunirse con el general Arellano. La siguiente escena es clave en el caso. El general Arellano y el coronel Lapostol siguen hablando, el capitán Vargas está muy cerca, cuando se escuchan los disparos: "Me sorprendo y entonces, de inmediato, le ordeno al capitán Vargas que averigüe lo que está sucediendo, qué está pasando. El capitán se dirige hacia el lugar donde se sintieron los disparos", declaró Lapostol. El capitán Vargas regresó unos quince minutos después. —Cumplida su orden, mi comandante… —Informe… —Hay quince personas muertas en la cancha de tiro de pistola… "En los instantes en que el capitán Vargas me informaba, se escucharon nuevamente disparos aislados que provenían de la misma dirección", dijo el coronel Lapostol al juez. Y agregó: "Acto seguido, le pregunto al general Arellano qué es lo que sucede y él me contesta que esos disparos deben corresponder al resultado del consejo de guerra".

El juez Guzmán recibió el testimonio de un oficial —testimonio que quedó archivado en el tomo reservado—que relató de otro modo lo que ocurrió. En el polígono de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, cerca de la "sala de banda", los quince prisioneros fueron asesinados por miembros de la comitiva del general Arellano, frente a los oficiales del regimiento. Ahí está la explicación para los primeros disparos. Luego se ordenó a los mismos oficiales locales dar los "tiros de gracia". Y de ahí los segundos disparos.

 La investigación estableció que fue el coronel Marcelo Moren Brito quien los sacó de la cárcel y los llevó al regimiento para ser asesinados. El juez leyó en alta voz el párrafo de la declaración del general Arellano, en el cual sostenía que el coronel Lapostol debió impedir dicha acción.

General Arellano Stark: "Mantengo mis dichos. El coronel Lapostol debió impedirlo. Yo no ordené esa acción".

Coronel Lapostol Orrego: "¿Quién le dio la orden a Moren Brito para retirar a las quince personas desde la Penitenciaría? Es un hecho que desconozco. Pero quiero reiterar que las quince personas fusiladas son las mismas personas cuyos nombres fueron ticados por el general Arellano Stark, cuando revisó la lista de detenidos que mantenía el mayor Casanga en su oficina del regimiento. Y al mismo tiempo que el general platicaba, Moren Brito tomaba nota de los nombres ticados y los anotaba en una libreta que llevaba".

¿De qué color era el lápiz con que el general Arellano ticaba? —preguntó el ministro Guzmán.

Coronel Lapostol Orrego: "Era de color rojo".

Coronel Lapostol Orrego: "Mantengo lo dicho y debo agregar que meses después llegó un documento a La Serena comunicando que la pena que le había sido impuesta a Guzmán, en el Consejo de Guerra presidido por mí, había sido rebajada de cinco años a un año. Me parece que hay una contradicción entre lo que dice el general Arellano y el hecho de que el mismo tribunal aludido rebaje a sólo un año la pena de alguien que ya fue ajusticiado".

¿Qué pasó una vez que los quince prisioneros estaban muertos? El coronel Lapostol declaró al tribunal lo siguiente: "Como una media hora después de que llegara el capitán Vargas a informarme, siendo aproximadamente las cinco o cinco y media de la tarde, llega Arredondo al mismo lugar donde nos encontrábamos, dando cuenta al general Arellano de que está todo finiquitado (…) Y unos cinco minutos después de que Arredondo informara al general Arellano, éste emprende su retirada del regimiento con su comitiva. Los vehículos estaban dispuestos para su traslado al aeropuerto".

Así fue como, en un mismo jeep, Lapostol fue al aeropuerto con el general Arellano y el capitán Chiminelli. Le pidió entonces el acta del consejo de guerra que debía legalizar la muerte de los quince prisioneros. El general Arellano le contestó que Chiminelli, su ayudante, le entregaría "una que trae en su maletín, pero no me la entrega. Cuando ya estaban en el helicóptero, reiteré mi petición del acta y le grité debido al ruido del motor del helicóptero, diciéndole que me la mandara desde Santiago".

La Jefatura de Plaza, a través de la Prensa, entregó un comunicado oficial en el cual señala:

"Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempos de Guerra…".

La información oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habría "venido especialmente de Santiago ".

Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.

Las víctimas de La Serena son:

 Oscar Gastón Aedo Herrera, 23 años, técnico forestal, militante comunista. Fue detenido por Carabineros de la Comisaría de Salamanca el 6 de octubre. Permaneció incomunicado hasta el 12 de octubre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de Illapel y desde allí conducido al Regimiento de La Serena, recinto al cual llega en la madrugada del 16 de octubre.

– Carlos Enrique Alcayaga Varela, 38 años, albañil, Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el l2 de septiembre por Carabineros de Vicuña y llevado a la Comisaría de esa ciudad, lugar desde el cual es trasladado a la Cárcel de La Serena.

– José Eduardo Araya Gonzalez, 23 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en Salamanca y llevado a la Cárcel de esa localidad; al cabo de cuatro días es trasladado a la Cárcel de Illapel, lugar en el cual permanece hasta el l5 de octubre , fecha en que es conducido a la Cárcel de La Serena.

– Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, 26 años, supervisor en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A. (MANESA), militante socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la Cárcel local.

– Jorge Abel CONTRERAS GODOY, 31 años, campesino, sin militancia política conocida. Fue detenido por Carabineros, conducido a la Comisaría de Illapel y desde allí a La Serena. Permaneció incomunicado.

– Hipólito Pedro CORTES ALVAREZ, 43 años, obrero, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista. Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena.

– Oscar Armando CORTES CORTES, 48 años, campesino, militante del Partido Comunista. El 22 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y llevado a la Comisaría. Posteriormente es trasladado a la Cárcel de La Serena.

– Víctor Fernando ESCOBAR ASTUDILLO, 22 años, técnico agrícola, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) y Secretario Comunal del Partido Comunista. El 1º de octubre es detenido por Carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de esa localidad. Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La Serena.

– Jorge Mario JORDAN DOMIC, 29 años, médico, militante del Partido Comunista. Se presentó a la Comisaría de Ovalle el 12 de septiembre luego de ser requerido por un bando. Estuvo detenido un día y luego permaneció bajo arresto domiciliario. El l6 de septiembre es detenido nuevamente y conducido al Regimiento de La Serena, desde allí es llevado a la Cárcel de la ciudad.

– Manuel Jachadur MARCARIAN JAMETT, 31 años, agricultor, militante del Partido Comunista. Detenido el 16 de septiembre, en Los Vilos, por efectivos de Carabineros. Fue conducido a la Cárcel de Illapel, Recinto en el cual permanece hasta el 18 de septiembre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de La Serena.

– Jorge Ovidio OSORIO ZAMORA, 35 años, profesor universitario, militante socialista. Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en las dependencias de MANESA el l7 de septiembre y conducido a la Cárcel de La Serena.

– Jorge Washington PEÑA HEN, 45 años, músico y profesor universitario. Militante socialista. Es detenido el l9 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, Recinto en el cual es visitado por su familia.

– Mario Alberto RAMIREZ SEPULVEDA, 44 años, profesor universitario, militante del Partido Socialista. Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre luego de ser citado. Fue detenido e inmediatamente trasladado al Regimiento y luego a la Cárcel de esa ciudad. Su familia sólo pudo visitarlo en dos oportunidades. La mayoría del tiempo permaneció incomunicado.

 – Roberto GUZMAN SANTA CRUZ, 35 años, abogado, asesor de la Compañía Minera Santa Fé y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El l4 de septiembre se presenta voluntariamente al Retén de Incahuasi luego de informarse que había sido requerido por las autoridades de La Serena. Es detenido y desde allí conducido a la Cárcel de La Serena. Procesado por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. En Consejo de Guerra del 27 de septiembre es condenado a la pena de presidio por 5 años. El 26 de junio de 1975, cuando ya había sido ejecutado, por decisión del Comandante en Jefe, se modificó la sentencia y su condena fue rebajada a 541 días.

– Gabriel Gonzalo VERGARA MUÑOZ, 22 años, campesino, militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el 12 de octubre de l973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento "Arica" de La Serena. En ambos lugares permaneció incomunicado. Luego es trasladado a la Cárcel de La Serena.

"A Cheyre el tiempo ya se le está terminando, ya no puede esconderse más, ya no puede seguir mintiendo", señala víctima de los apremios ilegítimos.

“La venda no quedó bien puesta, yo lograba ver a la persona que me estaba haciendo las preguntas y por dónde venían los golpes. Tengo muy clara la forma de la boca de esa persona y la voz de esa persona, a mí me torturó Juan Emilio Cheyre”, dijo al programa Informe Especial de TVN, Nicolás Barrantes, que en 1973 tenía 17 años cuando fue detenido por Carabineros. La policía uniformada buscaba recolectar información de su hermano y militante del PS Marcos Barrantes, uno de los 15 ejecutados por la Caravana de la Muerte durante su paso por La Serena.

Barrantes fue capturado en Ovalle y trasladado al Regimiento Arica de La Serena, donde Cheyre servía en ese entonces como teniente: “Me amarran de las manos hacia arriba, me ponen una venda, me llevan a un patio, me levantan de las manos y comienzan a dar golpes, patadas, combos, culatazos“, señaló Barrantes. El interrogatorio estaba relacionado con su hermano, acusado de participar en adquisición y distribución de armas de fuego, y además de actividades paramilitares “con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas, Carabineros y personas de la zona“.

Posteriormente, Nicolás Barrantes fue trasladado a la cárcel de La Serena, donde su hermano estuvo en celdas de aislamiento antes de ser llevado al regimiento y posteriormente fusilado junto a otras 14 personas, cuyos restos recién fueron hallados  en 1998 en una fosa común del cementerio local.

El ex comandante en jefe del Ejército también aparece involucrado en estas 15 ejecuciones. Cecilia Marchant, que pertenecía al MIR y que también reportó las torturas perpetradas por militares, sostuvo que presenció la llegada de las personas que serían asesinadas y que en esto tuvo un rol protagonista Juan Emilio Cheyre.

“Llegamos al regimiento a la sala de guardias. Entre todo este marullo, entraron algunos personajes del Ejército, entró Sergio Arellano Stark, Marcelo Moren Brito y también entró Cheyre. Y fue él el que yo recuerdo que empezó a llamar a la gente que después fueron fusilados“, indicó Marchant.

CHEYRE ES INTERROGADO POR EL JUEZ MARIO CARROZA

El pasado martes 12 de abril se llevó a cabo la reconstitución de escena del paso de la denominada “Caravana de la Muerte” por La Serena, solicitada por el juez Mario Carroza para determinar las circunstancias del fusilamiento de 15 prisioneros.

El magistrado, luego de la diligencia de una hora y 30 minutos, explicó que el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, no acudió a la diligencia como imputado, sino como inculpado, ya que sólo se busca determinar la responsabilidad que pudo tener en la muerte de los detenidos.

“Cheyre y los demás ya deberían estar presos, pero con la política de la justicia en la medida de lo posible y porque el Ejército ha protegido y sigue protegiendo y seguirá protegiendo a Lapostol, Cheyre y los demás, es que todavía no se ha hecho justicia. Pero avanzamos para allá y ninguna duda tenemos de que próximamente ellos se van a ir presos”, recordó el alcalde de los Vilos, Manuel Markarian, hijo de Mario Markarian, dirigente comunista que fue llevado de la cárcel de Illapel al regimiento junto a los otros 14 dirigentes y personalidades políticas de la UP.

«Veo una hipocresía, una mentira tan grande, tan grande en esa persona (Cheyre), pero el tiempo ya se le está terminando, ya no puede esconderse más, ya no puede seguir mintiendo, él sabía todo lo que pasaba en el regimiento de La Serena, todo, los que entraban, los que salían, los que iban para abajo y para arriba, los que iban a morir, todo, él sabía todo, pero dice que era un administrativo, que apoyaba a Ariosto Lapostol (Comandante del Regimiento «Arica» de La Serena, Jefe de Plaza e Intendente Regional), pero no es así, Cheyre era una persona operativa y activa al cien por ciento, yo soy testigo de que él me torturó en La Serena, porque yo lo ví», concluye Barrantes.

Finalmente, a la reciente querella por torturas, se suma una solicitud de procesamiento realizada, también la semana pasada, por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, lo que complica aún más la situación del general en retiro.

PACTO DE SILENCIO:

En este documento redactado en 1996 por el alto mando castrense, firmado por 44 generales, se señala un juramento de lealtad al ex dictador Augusto Pinochet, acuerdo suscrito 5 años antes a poco andar de la transición democrática, y que se encuentra en las fojas investigativas del juez Carroza, consideradas como un verdadero pacto de silencio para no entregar antecedentes sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y los asesinados durante los crímenes genocidas de la dictadura militar. En este pacto, Juan Emilio Cheyre suscribe como Brigadier General.