Regimiento de Infantería Motorizada N° 23 «Copiapó»

 El Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 "Copiapó", ubicado en Los Carrera s/n, lote 1, funcionó desde 1973 hasta 1975 como recinto de detención y tortura. Allí se realizaban los interrogatorios a los detenidos, incluyendo a personas que permanecían detenidas en otros recintos, como la Cárcel de Copiapó. Los prisioneros eran encarcelados en calabozos húmedos, en piezas de dimensiones mínimas (más corta y angosta que un escritorio, refiere un detenido); otros señalan que fueron aislados en carpas militares individuales fuera del comedor de los conscriptos y encerrados en una especie de barracón. Desde estos lugares se les llevaba a un segundo piso del edificio del regimiento, donde eran interrogados y sometidos a torturas. Allí funcionaban la Fiscalía Militar, la enfermería y una sala de torturas. Los ex prisioneros señalaron que eran constantemente maltratados, amenazados y escasamente alimentados. Los que no estaban aislados eran obligados a hacer trabajos forzados. Se denuncia la aplicación de diversas torturas, como golpes, colgamientos, cortes con yataganes, aplicación de electricidad, posiciones forzadas durante horas, simulacro de fusilamiento y vejación y violación sexual. Los testimonios denuncian que a las personas detenidas por la DINA, que se encontraban dentro del regimiento, se las mantenía aisladas en la celda conocida como el chucho, habitualmente sucia, donde se les impedía dormir y se les privaba de alimentos y agua. En los relatos se menciona que el SIM también operó en ese regimiento. La DINA utilizó además el Predio Agrícola del Regimiento hasta 1976, como recinto de detención. Allí los prisioneros eran encerrados en un galpón de adobe en malas condiciones que había sido caballeriza; asimismo, la Cárcel Vieja también fue usada para estos efectos.

El Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23, Copiapó esta también estrechamente relacionado con el asesinato, el 17 de octubre de 1973, de 13 personas presos politicos de la región: Winston Dwight Cabello Bravo (28 años), Agapito del Carmen Carvajal González (32 años), Fernando Carvajal Gonzalez (30 años), Manuel Roberto Cortazar Hernandez  (20 años), Alfonso Ambrosio Gamboa Farias (35 años), Raúl del Carmen Guardia Olivares (23 años), Raúl Leopoldo de Jesús Larravide Lopez (21 años), Edwin Ricardo Mancilla Hess (21 años), Adolfo Mario Palleras Norambuena (27 años), Jaime Iván Sierra Castillo (27 años), Atilio Ernesto Ugarte Gutierrez (24 años), Néstor Leonello Vicenti Cartagena (33 años), Pedro Emilio Pérez Flores (29 años). Sus cuerpos estuvieron desaparecidos hasta 31 de julio de 1990. De acuerdo a la “versión oficial”, todos ellos habrían muerto durante un supuesto “intento de fuga”. Sin embargo la Comisión Rettig rechaza la versión oficial y estableció que en el estado en que se encontraban los restos al ser exhumados, indica que estas personas fueron ejecutadas en circunstancias que se hallaban bajo el total control y a merced de los efectivos militares lo que resulta absolutamente inconsistente con la versión oficial.  Los restos de varios de ellos se encontraron mutilados, sin impactos de bala y con evidentes signos de corte con arma blanca. 

 Criminales y Cómplices

Teniente Coronel Arturo Alvarez Sgolia (comandante del Regimiento "Copiapó", Jefe de la Zona en Estado de Emergencia e Intendente de Atacama); Capitán Patricio Roman (Ejército); Carlos Scarate (Ejército; alias “el rucio”)

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech;

[Preso político detenido en septiembre de 1973] “…Fui llevado al cuartel del regimiento. En ese recinto me ataron los pies con las manos, por detrás. Luego me ataron un cordel desde los pies a la boca abierta y, mediante un lazo tiraban el cordel, haciéndome doblar la espalda y la cabeza hacia atrás, hasta extremos insoportables y muy dolorosos. A continuación, estando atado en la forma descrita, me colgaron de un árbol y fui pateado y golpeado con una metralleta, hasta aturdirme…”

 [Preso político detenido en noviembre de 1975] “…a continuación trasladado al Regimiento de Copiapó (vendado), torturándome por largos días y noches con breves intervalos, con golpes de puño, patadas, corriente en múltiples partes del cuerpo (desnudo), golpes en los oídos con ambas manos (teléfono), permanecía por largas horas de pie; mojado, golpeado, etc., a fin de impedir el sueño…”

El ministro Joaquín Billard procesó este martes a dos ex militares, en calidad de autores del delito secuestro calificado de un ex miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El magistrado encausó al coronel (R) Sergio Sánchez Parra y al suboficial (R) Hernán Portilla, ambos del Ejército, por su eventual responsabilidad en la desaparición del estudiante de Pedagogía Alonso Lazo Rojas.

El militante del MIR fue detenido el 14 de noviembre de 1975, junto a su esposa Nicza Estrella Báez Mondaca, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en su domicilio de Copiapó, Tercera Región.

Ambos fueron trasladados al Regimiento de Infantería Motorizada N°23 "Copiapó" y tras ser sometidos a interrogatorios y torturas, la mujer fue puesta en libertad. Desde entonces, desconoce el paradero de su pareja.

El juez Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975.

El ministro en visita Mario Carroza condenó al ex director de inteligencia del Ejército (DINE), Rámses Arturo Álvarez Sgolia y seis ex oficiales más por sus responsabilidades en el secuestro permanente de un opositor político cuando estaba al mando de la zona de emergencia de Atacama.

El juez Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975 en la ciudad de Copiapó.

El magistrado determinó que Álvarez Sgolia cumpla 10 años y un día de presidio, sin beneficios, por ser la máxima autoridad militar en la época de los hechos y el comandante jefe de la zona en Estado de Emergencia e intendente de la Tercera Región.

En tanto, a los ex oficiales Patricio Román Herrera, Pedro Vivian Guaita, Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández y Erasmo Vega Sobarzo se les condenó a seis años de presidio, también sin beneficios.

En tanto, los ex suboficiales Juan Valderrama Molina, Cristóbal Marihual Suazo, Sergio Sánchez Parra y Adolfo Lapostol Sprovera fueron absueltos por su falta de participación en este crimen.

En el aspecto civil se determinó acoger la demanda presentada en contra del Fisco de Chile por sesenta millones de pesos, donde se ordenar el pago de $ 40.000.000 a Nicza Baéz Mondaca, cónyuge de la víctima y $ 20.000.000 a Venancio Lazo Rojas, hermano de detenido desaparecido.

Alonso Lazo Rojas era estudiante universitario, militante del MIR, y fue detenido el 14 de noviembre de 1975, junto a su esposa Nicza Estrella Báez Mondaca, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en el domicilio ubicado en la calle Juan Martínez N°321 de Copiapó.

El matrimonio arrendaba una pieza en la calle Chañarcillo 171, lugar que fue allanado, en la madrugada, por 9 civiles quienes dijeron andar buscando a una tal "Rosario".

Después de irse de la casa de Zulema Tham, el afectado y su esposa solicitaron alojamiento donde Carolina Quezada Nievas, en la calle Juan Martínez N°321, de Copiapó, quien los aceptó.

Cuando el matrimonio llevaba allí dos días, el 14 de noviembre de 1975, llegaron 6 civiles portando tarjetas plastificadas del "Servicio de Inteligencia Militar", quienes los condujeron hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 "Copiapó", cuyo comandante era el entonces teniente coronel Álvarez Sgolia.

El alto oficial, el 21 de noviembre de 1975 le aseguró al hermano de Alvaro Lazo a través de una carta que "el 18 de noviembre de 1975, mientras se encontraba detenido en el predio militar y a Álvaro se le daba su alimentación agredió a un centinela dándose a la fuga".

Los detenidos registraban órdenes de aprehensión vigente por el delito de secuestro calificado, emanada por la Corte de Apelaciones de La Serena, y tres de ellos tiene antecedentes policiales anteriores

La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones detuvo a siete militares y carabineros en retiro por la detención y torturas de una mujer, Nicza Báez, y la desaparición de su esposo en Copiapó en 1975.

Los detenidos registraban órdenes de aprehensión vigente por el delito de secuestro calificado, emanada por la Corte de Apelaciones de La Serena, y tres de ellos tiene antecedentes policiales anteriores, según informó radio Cooperativa.

Los ex funcionarios fueron puestos a disposición de la mencionada Corte y corresponden a Patricio Sergio Román Herrera, brigadier (r) del Ejército; Hernán Ernesto Portillo Aranda, suboficial mayor (r) del Ejército; Juan Artemio Valderrama Molina, teniente coronel (r) del Ejército; José de Carmen Quintanilla Fernández; suboficial (r) del Ejército; Felipe Luis Guillermo González Astorga, suboficial mayor (r) del Ejército; y Erasmo Francisco Vega Sobarzo, suboficial mayor (r) del Ejército. A ellos se suma Pedro Eduardo Vivian Guaita, suboficial en retiro de Carabineros.

Los imputados detuvieron a la víctima y a su marido en 1975, siendo conducidos a la sala de guardia de un recinto militar en Copiapó, donde fueron separados. Posteriormente fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento de Infantería Motorizada Número 23, donde los vendaron, interrogaron y torturaron, logrando solo Báez recuperar su libertad.

Revisamos las condenas y los motivos que llevaron a la cárcel a los siete reos que esta semana fueron liberados por una resolución de la Corte Suprema. Detenciones, torturas y desapariciones aparecen dentro de los currículum de los ex agentes del Estado beneficiados con la medida. Carmen Hertz (PC) se lo atribuye a lo que denominó como "ignorancia crónica" de la justicia chilena.

Punta Peuco a estas alturas, según indican los hechos, ya no debería ni siquiera existir. La Presidenta Michelle Bachelet durante su mandato se comprometió ante la misma Carmen Gloria Quintana –una de las víctimas del caso quemados- para cerrar el penal creado en 1995 y trasladar a todos sus reos a la cárcel de Colina I.

Desacuerdos entre la mandataria y el ministro de Justicia del momento, Jaime Campos, habrían obstaculizado el cierre de Punta Peuco y lo cierto es que el penal, hoy, sigue existiendo.

Pero no solo sigue plenamente vigente, dándole de esta forma comodidades y facilidades extraordinarias a los victimarios de delitos de lesa humanidad, sino que otro hecho sacudió a las agrupaciones que defienden la memoria de detenidos desaparecidos en el país: Cinco ex uniformados condenados por este tipo de crímenes fueron ayer liberados gracias a que la Corte Suprema acogió sus recursos de amparo.

¿Quiénes son y qué hicieron los ex presos que ahora gozan de libertad?

Gamaliel Soto es ex suboficial de Carabineros. Fue condenado a 10 años de prisión por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, quien era director del Hospital de Cunco, en La Araucanía, cuando fue detenido a sus 31 años por ser militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue el 14 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe, cuando funcionarios de Carabineros los detuvieron a él y su esposa, con tres meses de embarazo. Natacha, su compañera, fue llevada a la Cárcel de Mujeres de Temuco, siendo separada de González para no verlo nunca más.

De Eduardo González solo se sabe que fue torturado y que se le vio en muy malas condiciones físicas luego de la detención. En tanto, el cabo de Carabineros Gamaliel Soto Segura fue encausado como cómplice del ilícito, y como autor de la detención de la víctima a diez años y un día de presidio mayor.

Manuel Antonio Pérez Santillán es otro de los liberados de Punta Peuco. El oficial en retiro del Ejército ingresó a Punta Peuco hace solo dos años por el crimen de encubrimiento del asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda y José Quintanilla Fernández, todos ex oficiales del Ejército (r) mayores condenados a 5 años y un día por detención y torturas ejercidas sobre Nizca Báez y por la desaparición de su esposo, Alonso Lazo Rojas. Lazo fue detenido junto a su pareja el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio en Copiapó.

El ministro de la Corte, Joaquín Billard, encausó en 2005 al suboficial (R) Hernán Portillo por su eventual responsabilidad en la desaparición del estudiante de Pedagogía Alonso Lazo Rojas. Recién en 2012 el juez Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975. Se le otorgaron seis años de presidio sin beneficios en aquel entonces, por haber sido parte de la detención del ex mirista y de Nizca Báez.

José Quintanilla Fernández y Felipe Astorga participaban de la misma brigada que detuvo a la pareja ese día en Copiapó y cumplían la misma condena que Portillo. Los ex agentes de la dictadura condujeron al matrimonio hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 “Copiapó” y el oficial a cargo del lugar comunicó al hermano de Alonso Lazo que éste había agredido a un centinela para luego darse a la fuga.

Estos son los criminales que la Corte Suprema ayer dejó en libertad despertando el malestar y la disconformidad de varios sectores de la población chilena. En conversación con este medio, la diputada comunista Carmen Hertz interpretó la medida como un desconocimiento del estándar internacional y se lo adjudicó a lo que denominó como “ignorancia crónica”: “Responde a una ignorancia crónica de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ignorancia que fue crónica en el caso de los tribunales superiores de justicia hasta la detención de Pinochet. Se ignoraba el derecho internacional, ahí recién comienzan a enterarse de las normas a nivel internacional. Yo diría que es un eslabón más de una cadena de impunidad que ha existido en este país en relación con los crímenes de exterminio, lo que es muy grave. Si agentes del Estado están tejiendo eslabones de impunidad, la señal que se está mandando es decir ‘el crimen es legítimo como norma reguladora de los conflictos entre las personas’”.

Por su parte, desde Amnistía Internacional reafirman lo señalado por Hertz. Según Roberto Morales, uno de los voceros de la institución, la justicia chilena está en su derecho de brindar ciertos beneficios de determinados reos, sin embargo, esta facultad no aplicaría si se apega al derecho a reparación de las víctimas, que fue precisamente lo que se obvió en este caso: “Lo que sí se estaría pasando a llevar sería el derecho a reparación de las víctimas. No es posible que haya una reparación efectiva si las personas que cometieron esos delitos no estén cumpliendo su pena en la cárcel. Uno de los elementos que sí está en el derecho internacional es que las penas tienen que tener relación proporcional a los delitos cometidos, y en este caso son de gravedad muy alta y son cometidos por agentes del Estado. Esta opción, que efectivamente puede estar dentro del marco del derecho nacional y puede que efectivamente no haya una contradicción con el derecho internacional en términos tan explícitos, si está contraviniendo el punto de vista de la reparación de las víctimas que sí está expresado en los convenios que Chile ha firmado”.

Este miércoles, la Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que reconocieron el derecho a la libertad condicional de dos condenados más por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Moisés Retamal Bustos, quien fuera procesado por el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en  septiembre de 1973, en San José de Maipo.

En el caso del oficial De la Mahotiere González, de acuerdo a la información de Memoria Viva, tuvo participación en la comitiva de la Caravana de la Muerte que encabezaba Arellano Stark, como copiloto en el viaje y al sur y como piloto en los vuelos al norte de nuestro país. Fue procesado como cómplice por los homicidios calificados contra de Héctor Silva Iriarte, Mario Godoy Mansilla, Alexis Valenzuela Flores, Danilo Moreno Acevedo, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso, Miguel Manríquez Díaz, Segundo Flores Antivilo, Guillermo Cuello Álvarez, Dinator Ávila Rocco, Luis Alaníz Álvarez, José García Berríos, Marco De La Vega Rivera y Mario Arqueros Silva, el 19 de octubre de 1973, en el sector de quebrada El Way de Antofagasta.

Emilio De la Mahotiere González, también fue condenado como  cómplice  del delito de exhumación ilegal por el desentierro de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados y cuyos restos fueron transportados a bordo de un helicóptero Puma para ser lanzados al mar como parte de la operación “Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet, en 1978.

El ministerio de Bienes Nacionales realizó un catastro histórico de inmuebles fiscales usados como lugares de detención y tortura entre 1973 y marzo de 1990, dentro de los cuales 12 se encuentran en Atacama.

Entre los objetivos de este catastro está el hecho de transparentar y difundir el uso que se dio a inmuebles fiscales entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, en la violación a los derechos humanos, identificando su localización y distribución territorial, su administración en el período de dictadura y en la actualidad. Todo esto, en un registro virtual, a través de Internet.

A lo largo de todo el país hubo un total de 1.132 recintos de detención, los cuales se mencionan en los testimonios recogidos en la Comisión Valech. De estos, 802 son individualizados en el informe de la Comisión y son la base para el estudio catastral y 515 de ellos eran de propiedad fiscal.

ATACAMA

De esos 515 recintos, doce están en Atacama, siendo Chañaral y Copiapó los que presentaron mayor número de ellos.

En Chañaral los recintos de propiedad fiscal utilizados como centro de detención y tortura fueron la Capitanía de Puerto, la cárcel, la comisaría de Carabineros y el cuartel de Investigaciones.

En Copiapó la cárcel, la Comisaría de Carabineros, el cuartel de Investigaciones y el Regimiento de Infantería Nº 23.

En tanto en Vallenar fue utilizada como centro de tortura la cárcel y la comisaría de Carabineros de esta ciudad, así como la Tenencia de Carabineros de Freirina y la Tenencia de Carabineros de Diego de Almagro.

Al respecto, la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, destacó que el objetivo de este proyecto es poner a disposición de todos un registro para la memoria histórica de Chile.

"Nos anima el propósito de contribuir a que los ciudadanos recordemos siempre que la democracia es preciso cuidarla y fortalecerla, y entregar un legado a las nuevas generaciones", afirmó.

Asimismo, agregó la ministra que cuestiones tan fundamentales como los derechos humanos no pueden quedar a merced de la mirada más o menos cercana que un determinado Gobierno tenga del tema.

"Para que esa convicción se apropie de la gente es preciso mirar más allá de las normas: hay que apelar también a la memoria", sentenció la ministra.

Del mismo modo, precisó que los inmuebles que aparecen en este estudio habían sido sindicados como lugares de detención y tortura y el ministerio decidió precisar su ubicación, determinar su propiedad y su administración durante el período sindicado y en la actualidad digitalizar los datos para ponerlos a disposición de todo el mundo a través de Internet.

La idea de este catastro -explicó la ministra Schmidt- "no es estigmatizar inmuebles, sino preservar una parte dolorosa de nuestra memoria histórica".

El dirigente regional del Partido Socialista, Luis Orrego, indicó que estos recintos fueron mudos testigos de "una parte negativa de la historia de nuestro país cuando se cometieron grandes atropellos a los derechos humanos y hoy se convierten en verdaderos emplazamientos a la memoria para que nunca más en el país se vuelva a vivir este tipo de hechos".

Los funcionarios detuvieron y torturaron a Nicza Baez y su esposo en el Regimiento de Infantería Motorizada Número 23 de la ciudad de Copiapó. Los detenidos quedaron a disposición de la Corte de Apelaciones de La Serena

La Policía de Investigaciones detuvo esta tarde a seis militares en retiro y a un carabinero acusados de la detención y tortura de Nicza Baez y la desaparición de su esposo en Copiapó en 1975.

Se trata de los ex funcionarios Patricio Sergio Román Herrera, brigadier (r) del Ejército; Hernán Ernesto Portillo Aranda, suboficial mayor (r) del Ejército; Juan Artemio Valderrama Molina, teniente coronel (r) del Ejército; José de Carmen Quintanilla Fernández, suboficial (r) del Ejército; Felipe Luis Guillermo González Astorga, suboficial mayor (r) del Ejército; y Erasmo Francisco Vega Sobarzo, suboficial mayor (r) del Ejército.

Además se detuvo al suboficial en retiro de Carabineros, Pedro Eduardo Vivián Guaita. Todos fueron puestos a disposición de la Corte de Apelaciones de La Serena, según informa Radio Cooperativa.

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron en Copiapó en 1975, en donde detuvieron a la pareja y los condujeron a la sala de guardia de un recinto militar en que fueron separados. Luego fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento de Infantería Motorizada Número 23, donde los vendaron, interrogaron y torturaron. Finalmente, sólo Baez fue dejada en libertad, mientras que su esposo aún sigue desaparecido.

Dos murieron en la cárcel, dos siguen esperando algún gesto que les permita vivir sus últimos días en la comodidad de sus casas. Cuando tuvieron el poder no conocían la palabra clemencia ni un sentido de humanidad.

Desde hace varios meses que las organizaciones de víctimas de la dictadura vienen advirtiendo sobre la existencia de una operación fraguada por familiares de los presos de Punta Peuco y sectores de la derecha política que buscan conseguir un “perdonazo” a criminales de lesa humanidad que cumplen condenas en ese recinto penal.

Acusan que luego de que el ministro de Justicia, Jaime campos se mostró partidario de otorgar estos beneficios, se ha activado un plan comunicacional que apunta a centrar el tema de los Derechos Humanos en los victimarios, en lugar de las víctimas, y con ello sensibilizar a la opinión pública e influir en una eventual decisión de las autoridades.

En ese marco, hace algunos días el abogado de los reclusos de Punta Peuco, Raúl Meza, presentó un recurso de protección en contra de la presidenta de la República, que busca esclarecer la presunta “tardanza grave e inexcusable” de la mandataria en el pronunciamiento sobre las solicitudes de indultos, considerando que dos de los cuatro que han solicitado este beneficio han muerto en la espera.

Sin embargo, poco se habla de sus crímenes.

Los Duros de la Tercera Comisaría de Rahue

El pasado 1 de marzo moría en una cama en el hospital Dipreca, Gustavo Muñoz Albornoz, producto de diversos problemas de salud, mientras en redes sociales circulaba una foto de él engrillado. La imagen fue usada como argumento meses antes por los que pedían compasión, cuando su abogado Raúl Meza solicitó el indulto presidencial para el violador de Derechos Humanos.

En 1973 Muñoz gozaba de buena salud. Era sargento de Carabineros en la Tercera Comisaría de Rahue y era subordinado del capitán Adrián Fernández. Tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de aquel año, su lugar de trabajo se convirtió en un centro de detención y de torturas.

Muñoz, quien era conocido como “el Loly”, no era uno del montón dentro de la comisaría. Según cuentan testimonios guardados en los expedientes de los casos en los que está involucrado, Muñoz Albornoz era el brazo derecho de Fernández, quien junto a otros cuatro carabineros eran parte del grupo “de confianza” del capitán.

Los seis uniformados eran apodados como “los duros” por el resto de los integrantes de la comisaría. La misión de estos era detener partidarios de la Unidad Popular y someterlos a los interrogatorios que, claramente, eran a través de la tortura.

La Tercera Comisaría de Osorno tenía un subterráneo, el que fue adaptado por los carabineros como el lugar en que buscarían información a través de la fuerza. Según declaraciones de personas que sobrevivieron al centro, el lugar tenía un sillón y una cama. “Había un magneto para aplicar corriente. A las mujeres se le aplicaba en las mamas y a los hombres en los testículos”, recordó uno de los carabineros que no era parte de “los duros” y que prestó declaración a la justicia, quien además presenció violaciones a mujeres en el lugar. Entre los que aplicaban las torturas se encontraba Muñoz. El testimonio en el expediente de uno de los sobrevivientes dice que Muñoz lo torturó “en septiembre de 1973. Le vendaron la vista, le dieron vueltas al cuerpo para perder la noción de la ubicación y lo hicieron descender por unas escaleras. Al llegar lo sentaron en un sillón con brazos, le amarraron sus brazos y le aplicaron corriente en los testículos y en la sien”.

Uno de los tantos casos por los cuales se encontraba condenado Gustavo Muñoz fue por la desaparición del profesor César Ávila, quien en 1973 era director Provincial de Educación en Osorno. Él, como los demás, fue torturado. El testimonio de otra detenida y sobreviviente, cuenta que mientras era torturado por “los duros”, César sufrió un ataque de asma, por lo que les imploraba a los uniformados que le entregaran su bomba de oxígeno, pero estos sólo se la acercaban a centímetros de su vía respiratoria y alejándola al instante, en reiteradas ocasiones, para burlarse de él.

Pero el grupo de carabineros no sólo reprimía en el cuartel. En Osorno hasta el día de hoy recuerdan a los ejecutados y desaparecidos a mano de “los duros”. Uno de los casos emblemáticos es el fusilamiento de diez detenidos en el puente Pilmaiquén. Según indica el relato de uno de los choferes de la Tercera Comisaría, días posteriores al Golpe de Estado, fue informado de que debían trasladar a diez detenidos al regimiento para un interrogatorio, pero se detuvieron en el puente Pilmaiquén. Los uniformados sacaron a los detenidos de los vehículos, quienes iban amarrados y los colocaron en la baranda del puente, mirando de frente a ellos. Entre el grupo de detenidos estaba Ávila, quien fue el primero en morir. Otro de “los duros”, el cabo Rafael Pérez, se acercó al profesor, lo tomó por el cuello y lo degolló con un corvo. “La sangre saltó en todas direcciones”, dijo el testigo, quien añadió que luego del asesinato, Pérez le quitó un anillo y un reloj a la víctima, guardándolo para él. Luego, Fernández dio la orden de disparar a los demás, acabando con la vida de los detenidos, cuyos cuerpos cayeron hacia el río. Entre los caídos también se encontraba Santiago Aguilar, quien hasta antes del golpe era el gobernador de La Unión.

Muñoz fue condenado a 10 años y un día, por muertes y desapariciones de un total de veinte personas. Negó todo al igual que el resto de “los duros”.

Marcelo Castro y sus 17 víctimas en Lonquén

Marcelo no siempre fue Marcelo. Solía ser Lautaro. Ese era su nombre cuando ordenó la desaparición de decenas de personas cerca de Isla de Maipo. Lautaro Castro Mendoza se llamaba.

Tampoco era un carabinero en retiro que a través de Tribunales pedía que lo indultaran de su condena para enfrentar la mala salud desde su casa. En 1973 estaba en sus funciones, capitán de Carabineros y jefe de la tenencia de Isla de Maipo, responsable de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet: El hallazgo de Lonquén.

El 30 de mayo de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, a cargo en aquel entonces del sacerdote Cristián Precht, se instituyó en las minas abandonadas de Lonquén, luego de que un hombre asegurara haber encontrado una gran cantidad de osamentas humanas.

Los restos correspondían a quince personas que fueron detenidas el 7 de octubre de 1973, los que luego fueron asesinados a golpes y arrojados a los hornos de las minas abandonadas. Sus familias no supieron nada desde su detención hasta el hallazgo y la posterior confirmación de las identidades a través del Insituto Médico Legal, según consigna el sitio www.memoriaviva.cl.

Durante la investigación, el capitán Castro Mendoza entregó testimonios falsos. Dijo que los detenidos fueron llevados a los hornos porque supuestamente en las minas habían armas ocultas, y que ahí se habría dado un enfrentamiento. Esto fue desestimado por el ministro en visita, Adolfo Bañados, quien aseguró que las osamentas no presentaban impactos de bala que hubieran sido recibidas por un organismo vivo. Además, la versión del capitán era inverosímil porque todos los uniformados habían resultado ilesos.

En 1979 se aplicó la ley de amnistía contra Castro y los demás responsables. Sin embargo, en 2011 esto fue revertido, para que recién en septiembre del año pasado, Castro y los demás fueran condenados de manera efectiva. El responsable de la tenencia obtuvo una pena de 20 años.

Pero además, en 2010 Castro Mendoza fue condenado por otro crimen. En el expediente judicial del asesinato de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Soto, subordinados de Castro Mendoza cuentan que el capitán ordenó una serie de detenciones de forma verbal. Tres carabineros de la tenencia relataron que un día Castro mandó a trasladar a las mencionadas víctimas. Debían llevarlas al Estadio Nacional, supuestamente, pero la idea del teniente era otra.

Se detuvieron en el puente Naltahua. Los detenidos no estaban ni amarrados ni vendados. Fueron puestos en la orilla de la baranda del puente y Lautaro Castro, hoy Marcelo Castro, apuntó y fue el primero en disparar, para luego dar la orden al resto de los carabineros de hacer lo mismo con sus fusiles SIG. Fueron incontables balas, dice uno de los testigos. Los cadáveres cayeron en la calzada de cemento del puente. Luego, a pedido del uniformado que hoy pide indulto, fueron arrojados al río Mapocho.

El suboficial que no tuvo clemencia

En enero de 2014 la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a tres militares por su participación en calidad de autores en el denominado “caso Torres de San Borja”, un emblemático episodio ocurrido en los albores de la dictadura y que involucró a ciudadanos extranjeros e, incluso, militantes de derecha quienes fueron brutalmente acribillados en las cercanías del túnel Lo Prado. Uno de esos tres uniformados era René Cardemil Figueroa, hoy preso en Punta Peuco, cumpliendo una condena de 10 años de cárcel sin beneficios.

Fue en la madrugada del 16 de octubre de 1973, cuando una patrulla integrada por tres suboficiales del Ejército irrumpió en la torre 12 de la Remodelación San Borja en Santiago Centro. Para hacer ingreso al lugar encañonaron al sereno, realizaron una ocupación de los ascensores y cortaron la línea telefónica. Luego de entrar a la fuerza y allanar violentamente diversos departamentos, los uniformados secuestraron mientras dormían a seis vecinos del edificio quienes no tenían militancia de izquierda, ni siquiera estaban relacionados entre sí

Entre las personas detenidas se encontraba un empresario militante de derecha; un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional; un estudiante de matemáticas de la Universidad de Valparaíso; un cirujano dentista que padecía de una severa enfermedad; y una pareja de turistas argentinos, entre ellos una joven de 26 años que al momento de su detención se encontraba embarazada.

Todos ellos fueron trasladados hacia el recinto clandestino de detención denominado Casa de la Cultura de Barrancas en la actual comuna de Pudahuel. Al día siguiente las víctimas fueron sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del Túnel Lo Prado donde se le ordenó a cada uno que huyera para simular una fuga. Los detenidos rogaron y suplicaron, y a sabiendas de que entre esas personas se encontraba una mujer embarazada, los uniformados, liderados por Cardemil, los acribillaron inclementemente por la espalda con ráfagas de ametralladora.

Al no conocer el paradero de sus seres queridos, familiares de las víctimas intentaron ubicarlas en el Estadio Nacional y en otros tres regimientos, pero no fue hasta el sábado 20 de octubre que dieron con su destino, en la morgue de Santiago.

Las seis víctimas asesinadas en el túnel Lo Prado fueron delatadas por equivocación por una vecina de la torre 12 quien era militante de Patria y Libertad.

Pedro Vivian Guaita

El último de los reos de Punta Peuco que falleció a causa de una enfermedad terminal, y que motivó la presentación de un recurso de protección en contra de Michelle Bachelet, había participado como autor en la detención y el secuestro de al menos tres personas, dos de ellas aún se encuentran desaparecidas

Eran cerca de las diez de la noche un 28 de abril de 1975 cuando ingresaron cinco agentes de los servicios de seguridad regional, a la casa Pedro Acevedo, un joven estudiante de la universidad Técnica del Estado y militante de las Juventudes Comunistas.

El joven fue aprehendido en su casa en la comuna de Tierra Amarilla para luego ser trasladado al regimiento N 23 de Copiapó, lugar en que el estudiante de ingeniería fue violentamente interrogado. Lo que sucedió después aún se desconoce. Desde el Ejército señalaron que el joven se había fugado del recinto militar luego de algunos días, sin embargo hasta la fecha, Pedro Acevedo aún se encuentra desaparecido.

Ese mismo año de la desaparición del militante de las JJ.CC, en la ciudad de Copiapó secuestraban a Nicza Báez, y a su esposo Alonso Lazo Rojas, un joven de 24 años militante del MIR.

Ambos fueron detenidos el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio. Entre ellos se encontraba el suboficial de Carabineros Pedro Vivian Guaita quien colaboró activamente en su detención, secuestro y posteriores torturas.

Luego de la detención de Nicza Baez y su marido, ambos fueron conducidos a la sala de guardia de un recinto militar en Copiapó, donde fueron separados.

Posteriormente fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento donde los vendaron, interrogaron y torturaron, logrando solo Báez ser liberada.

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Esta semana se vence el plazo para que Michelle Bachelet se pronuncie sobre el indulto. Desde el mundo de los Derechos Humanos piden no desconocer los crímenes por los que los uniformados están condenados, mientras sus defensores levantan la idea del perdón argumentado vejez, debilidad y enfermedad.

El día 12 de septiembre de 1973, es detenido en la vía publica y en el Retén de Carabineros de Huambalí de Chillán donde es asesinado a golpes Iván Armando Contreras Flores, profesor de Educación Básica y poeta, militante del MIR, lo buscaban ante la negativa de reincorporarse al contingente militar.

El 12 de septiembre de 1973 fue detenido al interior de la Universidad, Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, militante del MIR, estudiante de Ingeniería en Minas en la UTE, sede Copiapó y militante del MIR. Conducido al Regimiento de Copiapó es ejecutado el 17 de Octubre.

El 12 de septiembre de 1973, es detenido en casa de amigos, por efectivos de la Marina de Valparaíso, Jactong Orlando Juantock Guzmán, egresado de Arquitectura de la U. de Chile, militante del MIR. Es detenido desaparecido.

El 12 de septiembre de 1973 fue detenido y después desaparecido, Ceferino del Carmen Santis Quijada casado, 2 hijos, Presidente del Sindicato de Obreros de Industrias Rayonhil, militante del MIR, alrededor de las 21.30 horas, en su domicilio de Llo'Lleo, en presencia de su esposa e hijos pequeños, por una patrulla militar que se movilizaba en un camión. En el vehículo iban también, en calidad de detenidos: Juan Antonio Betancourt, Jacob Tapia Román y una persona de apellido Farías.

En primer lugar fue llevado al Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, cuyo Comandante era el entonces Coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda. Después fue conducido a la Comisaría de Carabineros del sector Barrancas de San Antonio y, desde este recinto policial fue trasladado a la Cárcel Pública, en donde permaneció hasta el 4 de octubre de 1973, siendo sacado en distintas oportunidades a interrogatorios a Tejas Verdes. En una oportunidad también fue llevado al Cuartel de Investigaciones de San Antonio.

Por último, el afectado es desaparecido el 5 de octubre de 1973 desde el Regimiento de Tejas Verdes, junto a otros cinco detenidos:

Víctor Fernando Mesina Araya (PS), Jorge Luis Ojeda Jara (ps), Luis Norambuena Fernandois (PS), Gustavo Farías Vargas (MIR) y Florindo Alex Vidal Hinojosa (MIR).

El cadáver de este último fue encontrado en la desembocadura del río Rapel y fue el único reconocido y entregado a sus familiares. También se encontraron en el río Rapel, los cuerpos de Víctor Mesina y Jorge Luis Ojeda, los que fueron sepultados en el Cementerio Parroquial de San Antonio por orden judicial y sin conocimiento de sus respectivas familias. A diciembre de 1991, los restos de los dos nombrados aún no habían sido exhumados. En cuanto al afectado, se comentó que había sido lanzado al mar. Ceferino Santis fue visto en distintos recintos de reclusión por numerosos testigos, los que dejaron sus testimonios y concurrieron a declarar al Tribunal. (Fuente: Vicaría de la solidaridad)

El 12 de septiembre de 1973, fue detenido en Quillota Ángel Mario Díaz Castro, Chileno, 41 años, obrero agrícola, militante del MIR, llevado al Buque Lebu y luego a la Cárcel de Quillota, desde donde lo sacan efectivos de la Escuela de Ingenieros de San Antonio, presentando su ejecución como un enfrentamiento.

Los funcionarios detuvieron y torturaron a Nicza Baez y su esposo en el Regimiento de Infantería Motorizada Número 23 de la ciudad de Copiapó. Los detenidos quedaron a disposición de la Corte de Apelaciones de La Serena.

La Policía de Investigaciones detuvo esta tarde a seis militares en retiro y a un carabinero acusados de la detención y tortura de Nicza Baez y la desaparición de su esposo en Copiapó en 1975.

Se trata de los ex funcionarios Patricio Sergio Román Herrera, brigadier (r) del Ejército; Hernán Ernesto Portillo Aranda, suboficial mayor (r) del Ejército; Juan Artemio Valderrama Molina, teniente coronel (r) del Ejército; José de Carmen Quintanilla Fernández, suboficial (r) del Ejército; Felipe Luis Guillermo González Astorga, suboficial mayor (r) del Ejército; y Erasmo Francisco Vega Sobarzo, suboficial mayor (r) del Ejército.

Además se detuvo al suboficial en retiro de Carabineros, Pedro Eduardo Vivián Guaita. Todos fueron puestos a disposición de la Corte de Apelaciones de La Serena, según informa Radio Cooperativa.

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron en Copiapó en 1975, en donde detuvieron a la pareja y los condujeron a la sala de guardia de un recinto militar en que fueron separados. Luego fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento de Infantería Motorizada Número 23, donde los vendaron, interrogaron y torturaron. Finalmente, sólo Baez fue dejada en libertad, mientras que su esposo aún sigue desaparecido.

La Corte Suprema confirmó las condenas que se habían dictado contra ocho ex militares por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de la estudiante universitaria Nicza Estrella Báez Mondaca, cometido entre noviembre de 1975 y junio de 1976, en las ciudades de Copiapó, La Serena y Santiago.

En fallo unánime (causa rol 33.661-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado (i) Ricardo Abuauad- rechazó los recursos de casación y descartó error de derecho en la sentencia que condenó en calidad de autores del delito a los ex funcionarios del Ejército Patricio Sergio Román Herrera, Juan Artemio Valderrama Molina, Adolfo Nicolás Lapostol Sprovera, Felipe Luis Guillermo González Astorga, Hernán Ernesto Portillo Aranda, José del Carmen Quintanilla Fernández, Erasmo Francisco Vega Sobarzo y Héctor Florentino Navarrete Jara.

Sin embargo, en este caso, la condena de 5 años de presidio solo tiene efecto prontuarial y social pues los criminales fueron beneficiados con la libertad vigilada por igual lapso.

El hecho criminal de secuestro y tortura fue perpetrado en noviembre de 1975 en la ciudad de Copiapó por agentes del denominado Centro de Inteligencia Regional (CIRE) de la Tercera Región, conformado por efectivos de Ejército y Carabineros, en especial por personal de la sección segunda del Regimiento de Infantería Motorizada N°23 Copiapó, bajo la dirección del Comandante de dicho Regimiento, quien además servía el cargo de Intendente Regional, y con el mando operativo de un capitán de Ejército.

Este organismo represivo concentraba las acciones de persecución de los militantes de izquierda y de la resistencia a la dictadura, así como en la detención y tortura sobre los prisioneros políticos.

En el caso de esta causa, la querellante ex prisionera política Nicza Báez Mondaca y su marido Alonso Lazo Rojas, a la fecha en que ocurren estos hechos, tenían la calidad de estudiantes de Universidad de Chile de La Serena, con activa participación en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por lo que eran intensamente buscados por los agentes de inteligencia del Regimiento "Arica" de La Serena, quienes efectuaron diversos allanamientos tanto en el domicilio de ellos como de sus familiares, incluso algunos de estos fueron apresados e interrogados, con el fin de obtener información acerca de sus paraderos.

Para eludir la persecución y acoso, la joven pareja optó por trasladarse a la ciudad de Huasco, luego se fueron a Vallenar y finalmente se instalaron en Copiapó, con el fin de ocultarse y evitar ser aprehendidos. No obstante, fueron detenidos el 14 de noviembre de 1975 por agentes del CIRE y trasladados hasta el recinto del Regimiento de esa ciudad. Allí les interrogaron por separado y en forma conjunta siendo sometidos a constantes torturas.

La víctima Nicza Báez Mondaca, luego de los interrogatorios es separada de su marido, y este finalmente es hecho desaparecer, ya que después jamás se tienen noticias de su paradero. Por el secuestro y desaparición de Alonso Lazo Rojas fueron condenados en agosto del año 2015 estos mismos criminales (Patricio Sergio Román Herrera, Juan Artemio Valderrama Molina y Adolfo Nicolás Lapostol Sprovera a la pena de 6 años de presidio, mientras que Felipe Luis Guillermo González Astorga, Hernán Ernesto Portillo Aranda, José del Carmen Quintanilla Fernández, Erasmo Francisco Vega Sobarzo, a la pena de 5 años y 1 día de presidio).

Luego de quince días de angustia permanente por el encierro y las torturas recibidas, deciden trasladar a Santiago a la prisionera junto a otros detenidos. Pero en el trayecto hacen una escala en el Regimiento "Arica" de La Serena donde los agentes de la sección segunda del Regimiento de esa ciudad renuevan los interrogatorios y las torturas.

El traslado de la víctima finalmente concluye en el recinto de detención de Cuatro Álamos y luego en el centro de reclusión Tres Álamos, donde se le mantuvo prisionera hasta el mes de junio de 1976, fecha en que recupera su libertad y decide irse al exilio.