Regimiento de Infantería N° 15 «Calama»

El mayor número de detenciones en el Regimiento de Infanteria N°15 de Calama (Actual Regimiento Reforzado N°1 Topater) se concentró en los años 1973 y 1974; el año 1978 aumentó la cantidad de detenidos en comparación con el año 1974. Se trataba de un recinto de tránsito. Los detenidos se encontraban vendados e incomunicados. Eran amenazados, golpeados, privados de alimentos, agua y sueño. En el patio interior del regimiento, los prisioneros fueron sumergidos en tambores con aguas sucias, sometidos a simulacros de fusilamiento, entierros en hoyos, golpizas, aplicación de electricidad y colgamientos. Otras veces, encapuchados, fueron conducidos al subterráneo, en donde se había habilitado una oficina, para ser interrogados y torturados. Las denuncias ante la Comisión refieren que continuamente fueron trasladados a otros recintos para ser interrogados, pero también que este lugar recibió presos políticos provenientes de la cárcel de Calama y de otros recintos para ser interrogados y torturados.

Criminales y Cómplices

Coronel Eugenio Rivera Desgroux  (Cdte. Regimiento. "Calama"); Teniente Coronel Oscar Figueroa Márquez (2do Cdte. Regimiento "Calama"); Mayor Luis Aracena Romo (Oficial Regimiento "Calama"); Mayor Luis Ravest San Martín (Oficial Regimiento "Calama"); Capitan Juan Araya (Oficial Regimiento "Calama"); Capitan Carlos Minoletti Arriagada (Oficial Regimiento "Calama"); Teniente Álvaro Moreno (Oficial Regimiento "Calama"); Teniente Hernán Núñez Manriquez  (Oficial Regimiento "Calama")

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettigg; Informe Valech; Libro: “La Represión Política en Chile: Los Hechos”; Archivo memoriaviva.com.;

Un 11 de septiembre, hace 46 años, en Chile se llevaba a cabo el Golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, quien se quedó en el poder durante casi 20 años y cuyo régimen militar cometió numerosas violaciones a los derechos humanos. Ayer, ciudadanos de todo el país recordaron a sus familiares asesinados o desaparecidos en dictadura.

Para no olvidar

Para el sociólogo y concejal de Convergencia Social, Camilo Kong, es importante recordar los hechos que marcaron al país. «Un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro, y en este sentido la sociedad chilena tiene raíces históricas y distintos procesos y acontecimientos en particular que son necesarios de no olvidar, para que no sean parte de una amnesia social», indicó.

Además, enfatizó que se debe aprender e interpretar los hechos que ocurrieron en Chile para que la sociedad no siga los mismos caminos hacia el futuro. «A mí me parece que constantemente hay que estar recordando, conmemorando y estar realizando actividades que mantengan activa la memoria”, añadió.

Pero, ¿qué sucedió en nuestra región durante el golpe cívico militar?

Dictadura en Antofagasta

Según el informe de la Comisión Valech, en la región de Antofagasta se identificaron al menos 42 recintos de prisión política y detención. El mismo 11 de septiembre de 1973 se oficializó la designación de Jefe de zona en Estado de emergencia al comandante de la Primera División del Ejército, en la provincia de Antofagasta, mediante el Decreto de ley Nº 4. Asimismo, en El Loa se destinó al Comandante del regimiento de Infantería Nº15 de Calama.

El documento afirma que las detenciones, en su mayoría, fueron llevadas a cabo por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). En Antofagasta y Calama el Ejército también realizó arrestos, donde los prisioneros eran trasladados a diferentes recintos.

Sitio de memoria

En Tocopilla los detenidos eran conducidos a las comisarías de Carabineros o cárceles mientras eran investigados. En tanto, en Chuquicamata y Calama, posterior a las detenciones, los prisioneros eran trasladados a lugares como el cuartel de Investigaciones y el recinto del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), la ex Iglesia Divina de Providencia de Antofagasta.

En este lugar, declarado monumento histórico, actualmente se hacen visitas guiadas a alumnos de colegios y universidades. «Este recinto es muy emblemático, ya que de acuerdo a las averiguaciones que se han hecho, este lugar operó prácticamente casi todo el régimen militar», comentó a Regionalista el vicepresidente de la agrupación Providencia, Héctor Maturana.

Además, aseguró que La Providencia era un lugar clandestino, y que su ubicación era estratégica, ya que se encuentra frente a un colegio y al lado de una iglesia, recalcando la importancia de visibilizar las características de la represión en Chile a través de los sitios de memoria a lo largo del país.

Centros de detención en la región

El informe de la comisión nacional sobre prisión política y tortura registró, entre otros, los siguientes recintos de detención en la región de Antofagasta:

Regimiento de Infantería Nº7 Esmeralda, Antofagasta: En 1973 se concentraron parte de las detenciones, pero fueron disminuyendo con el tiempo.

Base Aérea Cerro Moreno: Los detenidos aseguraron que quienes los torturaron fueron civiles y en 1980 fueron miembros del SICAR o la CNI.

Campamento Militar Conchi: El recinto estuvo activo desde el golpe de Estado, concentrando el mayor número de detenidos durante 1978.

Campamento de prisioneros Chacabuco: Declarado Monumento Nacional en el 71, durante el golpe cívico militar fue utilizado como centro de detención de prisioneros por parte de las fuerzas armadas, siendo uno de los campamentos más grandes del país.

Comisaría de Carabineros Nº 1 (actual Nº 2): El informe declara que algunos testigos aseguraron haber sido trasladados al SICAR para interrogaciones y torturas.

Recinto DINA-CNI ex Iglesia Divina de Providencia: Utilizado desde el año del golpe hasta 1986. El año en donde más se llevaron a cabo detenciones fue el 79, practicadas con operativos de carabineros en conjunto con militares y civiles.

Una investigación ordenada por el general Augusto Pinochet y realizada entre marzo y abril de 1976 por su ministro de Defensa, general Herman Brady, sobre los “juicios instruidos contra personal del Ejército por abuso de sus funciones” revela episodios desconocidos de la violencia indiscriminada después del Golpe, agrega numerosas víctimas que no aparecen consignadas en el Informe Rettig y demuestra que las autoridades del régimen conocieron los crímenes y sepultaron sus huellas.

En marzo de 1976, Augusto Pinochet ordenó investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus tropas. Así, como suena. El anuncio de la visita de una delegación de parlamentarios demócratas norteamericanos, la inminente reunión de la OEA (en junio) en Santiago además de las crecientes condenas a Chile por la violación a los derechos humanos provocaron la insólita decisión. Ordenó informar y sus subordinados lo hicieron. En un extenso documento se detallan 93 casos de asesinatos, violaciones a mujeres y torturas. Lo que devolvieron las fiscalías militares no fue del agrado del entonces presidente de la Junta Militar. No era presentable. El informe ordenado por Pinochet desapareció. Nadie más supo de su existencia.

El general lo pidió en cuanto se enteró de la visita a Chile de los congresales estadounidenses Toby Moffett, George Miller y Tom Harkin. Y peor: los extranjeros pedían una audiencia con Pinochet para plantearle las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en Chile. Pinochet estaba frenético. Todavía repercutían los ecos del reportaje publicado sólo días antes por The New York Times revelando, por primera vez, las discrepancias en la Junta Militar en torno al poder de Pinochet y de la DINA, y también frente el conflicto mayor: los plazos para la llamada “normalización” del país.

El influyente diario norteamericano no inventó la crónica. Sus reporteros obtuvieron una detallada información de lo que ocurrió en la sesión de la Junta Militar del 5 de enero de 1976. Fue el general Gustavo Leigh quien abrió el fuego. Con un tono más agudo que el habitual en esos días de soterrado conflicto con el presidente de la Junta, le pidió que levantara el Estado de Sitio y dictara un Acta Constitucional resguardando los derechos ciudadanos. Pero no se quedó ahí. Hizo una pausa y con voz más alta y enérgica pidió que el coronel Manuel Contreras fuera sacado de la dirección de la DINA. Mendoza, como era su costumbre, calló y agachó la vista. Y Pinochet, rojo de ira, optó por la salida más conveniente: dio por terminada la sesión. La prensa nacional nada informó.

En esos precisos días la batalla entre la DINA y la DIFA (Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea) se había agudizado. Con despliegue de armas los hombres de ambas reparticiones se disputaban en las calles su botín de guerra: los prisioneros que más tarde figurarían en la nómina de detenidos desaparecidos. Y en ese preciso mes de marzo, Contreras iniciaba su plan más ambicioso.

En la tranquila calle Doctor Charlin (N° 1475) de Providencia, la DINA instalaba un cuartel tan secreto como sus cárceles. Desde allí se estructuraría el sistema de financiamiento de los batallones de la “Operación Cóndor”, el plan de coordinación con los servicios de Seguridad de las otras dictaduras del Cono Sur. En ese mismo mes de marzo, el general Jorge Rafael Videla asumía como jefe de la dictadura en Argentina. Días más tarde, Contreras se haría ungir en escritura pública –con la firma del Ministro de Economía y del director ejecutivo de la Corfo– como presidente de la Pesquera Chile. Más de 30 empresas y millones de dólares del presupuesto nacional –que salían en partidas secretas– alimentarían el terrorismo internacional.

Pinochet no estaba dispuesto a ceder poder ni a licenciar a Manuel Contreras. Tampoco podía desafiar a los parlamentarios estadounidenses y menos a los delegados a la crucial reunión de la OEA que se desarrollaría en Santiago. Ambas cosas más la delación interna de los crímenes podían hacerle perder los 25 millones de dólares que el FMI acababa de otorgarle y los 150 millones más que le anunciaba el BID.

Por eso uno de sus más estrechos aliados, el general Raúl Benavides, ministro del Interior, organizó un inusual y sorprendente “acto de desagravio” a su jefe. El 27 de enero de 1976 ocho mil soldados desfilaron desafiando la “afrenta del enemigo”. Toda una parafernalia destinada a demostrar a los “dubitativos” del régimen la férrea unidad en torno a su único conductor: Pinochet.

Pero la única guerra que libraba los hombres de Pinochet era contra chilenos. Mientras algunos se envolvían en una burbuja disfrutando con la Unión Española como único líder del fútbol local y repletaban los cines para conmoverse con los sufrimientos de Papillón, en esas precisas horas, decenas de ciudadanos yacían torturados y moribundos en las cárceles secretas de la DINA. Lo que se vivía en muchos sectores del país eran los efectos de un Ejército de ocupación.

9 de marzo de 1976. Ese día Pinochet le envió un oficio “secreto” –ver facsímil– a su ministro de Defensa, general Herman Brady, pidiéndole con extrema premura “una información completa de las Fiscalías, Consejos de Guerra y/o Juzgados Institucionales” con los procesos instruidos contra militares “frente a denuncias hechas por particulares por posibles infracciones a los artículos 150 del Código Penal o 330 del de Justicia Militar, según corresponda; o con arreglo a lo prevenido en la legislación general del país y en especial en el artículo 1° del Decreto Ley N°1.009 del 8 de mayo de 1975”.

Bajo el enunciado “numerosas personalidades han solicitado audiencia al Presidente de la República para plantearle entre otras materias, sus inquietudes sobre la aplicación práctica en la protección a los derechos humanos”, se pidió un resumen con ítems precisos de causas cuyo desglose pudiera ser usado por Pinochet para mostrar frente a los demócratas de Estados Unidos los castigos ejemplarizadores que el Ejército había llevado a cabo en todo el país para controlar todo abuso de poder.

De su puño y letra, Pinochet tarjó –en otro documento, un borrador– que la información era requerida frente a la “próxima visita de tres congresales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”. Lo cambió por “necesidad de conocer estado de procesos e investigaciones a funcionarios que se han propasado en sus atribuciones”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gustavo Álvarez, debió transmitir la urgencia de Pinochet a Brady.

Brady le respondió a Pinochet el 30 de abril. El enunciado del escrito –rotulado también como “SECRETO”– señalaba los verdaderos objetivos del informe: “Remite antecedentes solicitados por el Presidente de la República y otros solicitados por la Delegación de Chile ante la Conferencia de la O.E.A.”

La comisión chilena ante la OEA había pedido información acerca de cinco casos, además de estadísticas. Entre ellos figuraban el baleo de la doctora Sheila Cassidy y la muerte de Dagoberto Pérez.

El contenido de la investigación desarrollada por el Ejército –que entrega información y detalla el contenido de 93 procesos en la Justicia Militar– llegó a las manos del general Pinochet. Leerlo es casi como leer los informes de un Ejército de ocupación que comete todo tipo de tropelías sin límite: asesinatos, torturas, robos, desaparecidos y violaciones a niñas de sólo 12 ó 14 años.

La mayoría de las víctimas del informe no se encuentran incluidas en el documento oficial de la Comisión Rettig. También, en las nóminas de Brady aparecen ciudadanos “N.N.” que fueron ejecutados y cuya desaparición nunca fue denunciada.

La lista de Brady contiene el detalle de 93 juicios que la Justicia Militar tuvo en sus manos por crímenes cometidos por uniformados y que en su amplia mayoría terminaron sin condena. Un informe que fue sepultado en el escritorio de Pinochet un día de abril de 1976.

Muerto por abrir la puerta. De entre las causas por “homicidio” que informa el Juzgado Militar de Santiago a Brady, varias merecen ser transcritas.

Bajo el ROL N °502-73 se encuentra el proceso iniciado el 24 de octubre de 1973: “El 23 de octubre de 1973, alrededor de las 23.15 horas, Miguel Estol Mery fue muerto en el interior de su domicilio ubicado en Avenida Manquehue Sur N° 600, por una ráfaga de fusil SIG que lo alcanzó en la región mamaria superior externa derecha y en el flanco derecho del abdomen. El autor de los disparos fue el cabo Víctor Muñoz, integrante de una patrulla compuesta por personal de la Academia Politécnica Militar, la que, en cumplimiento de órdenes superiores, ubicaba en ese domicilio a Miguel Estol hijo, quien días antes había tenido un altercado con un subteniente de esa unidad. El señor Estol, al sentir ruidos en el exterior, salió afuera y al ver a los militares se paralogizó y regresó corriendo al interior de su casa siendo impactado por el citado cabo en los momentos en que trataba de cerrar la puerta de su morada”.

La denuncia fue presentada por el abogado Álvaro Larraín. El dictamen de la justicia: condena a 5 años y un día por el delito de violencia innecesaria causando la muerte. Pero la sentencia definitiva fue otra: “Absuelve por no haber convicción de haberse cometido un hecho delictivo”. Dictamen aprobado por el comandante en jefe de la II División de Ejército.

Miguel Estol no figura en el Informe Rettig.

La marihuana mata. Tampoco figura en el Informe Rettig el caso de Orlando Zambrano Sepúlveda, muerto de un disparo el 28 de abril de 1974 a manos de una patrulla del Regimiento Buin, cuando –según la misma investigación que registra el parte–, se encontraba en calle Muñoz Gamero esquina de Andrés Olivar, a las 15:30 horas, en compañía de otros nueve jóvenes.

El parte que consigna el juicio ROL N°474-74 dice: “A esa hora una llamada telefónica al Regimiento Buin, denunció que un grupo de más de 10 personas se hallaba fumando marihuana” en la mencionada esquina. El joven Zambrano falleció en la persecución.

El caso fue sobreseído. La justicia militar dictaminó que el hecho no era constitutivo de delito.

Arrancando el cuero cabelludo. Hay escenas de salvajismo. El 3 de abril de 1974, se inició una investigación (ROL N°514-74) a partir de un parte enviado por la 5ª Comisaría de Carabineros el 25 de marzo de ese año. Los policías habían encontrado en un sitio eriazo de Américo Vespucio Norte esquina Recoleta los cuerpos sin vida de Jorge Sandoval Astorga y Carlos Estay Miranda.

El parte policial es conciso pero aterrador: “El día anterior, los sujetos habían sido interceptados en General Gamboa esquina Cardenal Caro por una patrulla de soldados que viajaban en un bus E.T.C. quienes les cortaron el pelo y arrancaron el cuero cabelludo al fallecido Estay”.

La denuncia se centró –formalmente– contra una patrulla de la Fuerza Aérea y fue sobreseída temporalmente “por no haber indicios para acusar de autor a determinada persona”. El sobreseimiento fue confirmado más tarde. Ninguno de los dos asesinados figura en el Informe Rettig como víctimas de violencia.

Cantar era delito. Otra de las víctimas que no figura en el Informe Rettig es Manuel Segundo Palma Henríquez. Su juicio por homicidio lleva el ROL N°756-74 y fue iniciado el 8 de agosto de 1974.

El parte enviado por la Tenencia Roosevelt el 30 de diciembre de 1973, señala que ese día a las 09.30 horas, a raíz de una llamada telefónica, el cabo José S.S. junto al carabinero Luis J.O. se constituyeron en la ribera norte del río Mapocho, frente al Campamento Tania. En el lugar, se encontraba el cadáver de Palma Henríquez, con heridas a bala en distintas partes del cuerpo. El parte policial consigna: “La madre del difunto señala que el día anterior, Segundo Palma fue sacado desde el interior de su casa por militares debido a que se encontraba cantando a viva voz y diciendo garabatos. Los militares no fueron identificados”.

El caso también fue sobreseído.

EL SUBTENIENTE LOCO. La locura como causal de ineptitud para ser juzgado no es monopolio de Pinochet. También lo era un año después del Golpe militar. Así lo estableció la justicia militar en el proceso caratulado con el ROL N°890-74, iniciado el 12 de noviembre de 1974, a partir de la detención de Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres “por presuntas injurias proferidas contra las FF.AA. y la H. Junta de Gobierno”.

Ambos detenidos fueron llevados hasta el Cuartel de la Sub-Agrupación “Yungay”, donde quedaron detenidos. Al día siguiente, dice el informe, “asumió servicio como Oficial de Guardia el subteniente de reserva Juan Martínez Oyaneder, quien impuesto de la existencia de los dos detenidos mandó traerlos a su presencia y sin motivo racional aparente les causó lesiones que en definitiva les causaron la muerte. Acto seguido, procedió a enterrarlos en una fosa que él mismo había cavado. Se encuentra establecido que el oficial se hizo asesorar por el sargento 2° de reserva Gustavo Marambio Olmos y los soldados conscriptos Arcadio Lobos Cisterna y Luis Castro Guajardo, quienes violentaron físicamente a los detenidos produciéndoles -–en opinión del Fiscal Instructor– lesiones de carácter leves”. El Consejo de Guerra condenó a 15 años y un día a Martínez por homicidio calificado. Sus subalternos se llevaron 60 días de arresto militar como cómplices.

La sentencia, sin embargo, terminó ordenando nuevas diligencias “relativas al estado psíquico del acusado Martínez” y terminó sin condenas.

MILITARES QUE DENUNCIAN. Las aberraciones no son exclusivas de Santiago. En el Juzgado Militar de Concepción, la muerte de José Tiznado Aguayo, el 16 de junio de 1974 y denunciada por un cabo 2° del Ejército, también fue sobreseída. El juicio lleva el ROL N°858-74, no tiene mayores precisiones, salvo la identificación del “autor”. Tiznado tampoco aparece en el Informe Rettig.

Y existe otro proceso, más extraño. Iniciado por el jefe de la 2ª comisaría de Carabineros de Chanco en funciones el 21 de noviembre de 1973. El policía denunció el homicidio de Juan Villaseñor Jara (juicio ROL N°11-73) e identificó a los soldados José Sepúlveda Vergara y Raúl Aguilar Oyarce como los autores. El fiscal del caso, a juzgar por la sentencia que propuso, estaba por sancionar aunque fuera tibiamente los hechos:

“Solicita se condene a los soldados a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores de la muerte de Juan Villaseñor Jara, en circunstancias que los soldados lo sorprendieron conduciendo un vehículo con luces apagadas y lanzarlo encima de los soldados”. Pero el Consejo de Guerra absolvió a los militares.

Tuvieron que pasar los años para que el Informe Rettig le hiciera justicia a Villaseñor: “Tenía 37 años, era casado y tenía dos hijos. Era buzo submarino, pequeño industrial de la zona y militante de la Democracia Cristiana. El 21 de noviembre de 1973 transitaba en su vehículo en mal estado, había tenido un altercado. Estas personas dispararon a la cabina, resultando el conductor con un impacto en la cabeza sin salida de proyectil que le provocó su muerte instantánea, constituyendo este hecho un abuso de poder”.

SANCION EN ESCUDOS. En Talca se desarrolló un juicio que llama la atención. Bajo el ROL N° 024-74, se registra el proceso seguido por la Fiscalía de Ejército de esa ciudad y que tuvo como denunciante al Comisario Subrogante de la 3° Comisaría de Talca. El fiscal pidió condenar a Jaime Puebla, a la época capitán de Ejército, como autor del delito de lesiones graves a Jaime Achurra García; y a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio como autor del delito de homicidio de Francisco Silva Parot”.

El Consejo de Guerra condenó a Puebla a “una multa de E° 600 (escudos) por lesiones y a 3 años de presidio por homicidio. No se remite la pena. Resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército”.

Silva Parot tampoco aparece en la nómina de víctimas de violencia política en el Informe Rettig.

EXTRAÑO CUMPLIMIENTO DEL DEBER. El comandante en jefe de la III División, no actuó de la misma manera en otro juicio cuya víctima no está incluida en el Informe Rettig. Se trata del proceso que aparece bajo el ROL N° 232/74, iniciado el 20 de marzo de 1974, en el que aparece como denunciante el subteniente del Grupo de Artillería N°3 Silva Renard, Marcelo Palma Fontana.

El fiscal pidió sobreseer definitivamente la causa “respecto de la muerte a bala ocasionada a Hugo Gómez H., por el cabo 2° del Ejército José Romero Fuentes, por haber actuado en actos propios del servicio en cumplimiento del deber”. La resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército fue sobreseer temporalmente la causa.

FALSEANDO LA HISTORIA. Uno de los juicios que grafica cómo actuaba la justicia militar de la época, es el que da cuenta del homicidio de Oscar Arros Yáñez, de Concepción. Bajo el ROL N° 797/75, y con fecha 30 de noviembre de 1975, el resumen del fiscal indica: “Da cuenta del accidente ocurrido en operativo practicado por personal del CIRE de Concepción (el que dirigía en calidad de subrogante  el capitán de fragata Hugo González D’Arcangeli), causando la muerte de Oscar Arros Yánez al tratar éste último de arrebatarle el arma que portaba Arturo Calderón Passalacqua. En el forcejeo se disparó un tiro impactando a Arros. Se solicita sobreseer total y definitivamente la causa a favor del funcionario Arturo Calderón en razón de hallarse el autor exento de responsabilidad criminal”.

Y así lo hizo el comandante en jefe de la III División del Ejército. Pero el Informe Rettig cuenta otra historia: “Arros, de 27 años, casado, una hija, era estudiante de la Universidad Técnica del Estado y trabajaba como tornero en la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR). Militante del MIR, fue detenido en su lugar de trabajo el 26 de septiembre de 1975 por agentes de la DINA y llevado al Estadio El Morro de Talcahuano. El 28 de septiembre su cuerpo fue encontrado en la morgue del Hospital de Lota Bajo con evidencias de haber sido torturado y con impactos de bala”.

MUERTO EN LA OSCURIDAD EN VALDIVIA. En Valdivia, la situación no fue distinta. En la causa ROL N° 1.601/73, iniciada el 30 de noviembre de 1973, se dice en el resumen de la vista del fiscal:

“El día 28 de noviembre de 1973, el subteniente Marcos Aguirre, condujo la patrulla a su mando, compuesta por un SG. y un SLC., hacia el domicilio de Domingo Pérez San Martín, a quien sacaron de su casa, siendo golpeado y falleciendo al día siguiente a consecuencia de las lesiones descritas en los informes médicos. La Fiscalía pide que se le aplique al inculpado 541 días de presidio menor en su grado medio”.

El Consejo de Guerra sobreseyó a Aguirre “en consideración a que éste (el civil) adoptó una actitud rebelde y agresiva contra el personal militar, y como huyó hacia la oscuridad, el personal de la patrulla se abalanzó sobre él y lo redujo golpeándolo con las culatas de los fusiles”.

Pérez San Martín tampoco aparece en el Informe Rettig.

DESAPARECIDO. Ya en febrero de 1975 el Juzgado Militar de Valdivia ocupó la palabra “desaparecido” para iniciar un proceso por la “presunta muerte de Cardenio Ancura Manquean y otros desaparecidos durante los Operativos Militares efectuados durante el mes de octubre de 1973 en Lago Ranco”.

El juicio lleva el ROL N° 27-75 y tiene como denunciante a María Marian. El resumen del fiscal concluyó que, agotada la investigación “no ha sido posible establecer la comisión de delito alguno ni de responsabilizar a persona determinada”. El comandante de la IV División refrendó el fallo.

En el Informe Rettig, Cardenio Ancura Manquean tuvo su espacio. “Casado y con 4 hijos, era agricultor y también trabajaba como lanchero. Militante del PS, participó activamente del proceso de Reforma Agraria. Fue detenido por Carabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenencia de la localidad. De allí fue sacado el 16 de octubre junto a otras tres personas por efectivos de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada. Lo subieron a bordo del vapor Laja y lo ejecutaron, lanzando su cuerpo al lago con dos de sus compañeros. Los cadáveres nunca fueron encontrados”.

SINTESIS MORTAL. Una de las referencias más pequeñas del informe “secreto” -sólo 8 líneas- tiene relación con el juicio ROL N° 27-74. Textual:

“Fecha inicio: 23 de enero de 1974. Tribunal Instructor: Fiscalía Letrada de Valdivia. Tribunal Sentenciador: IV Juzgado Militar Valdivia. Individualización denunciante: Jefe Estado Mayor IV División. Individualización del denunciado: N.N. Resumen (vista) de los hechos: En operativo dispuesto por la superioridad fueron dados de baja los extremistas: Victoriano Matus Hermosilla, N.N., Manuel Paillán y N.N.”

Ni Paillán ni Matus aparecen en el Informe Rettig. Los otros dos “extremistas” N.N. tampoco.

LA HUELLA DE CHENA. En 1974, Rosa Silva Veliz denunció ante el II Juzgado Militar la detención de su marido, Franklin Antonio Valdés Valdés, contador administrador del Sanitario El Pino. La denuncia formó la causa ROL N°274-74. Valdés fue detenido en el hospital por una patrulla militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el teniente Pedro Pablo Montobane y conducido al Campamento Chena donde habría sido muerto días después, según relata la denunciante basada en el testimonio de otros detenidos.

El cadáver fue conducido al Instituto Médico Legal, donde se le practicó la autopsia, la que concluye como causa de la muerte “estado asfíctico”. Los hechos habrían ocurrido entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 1973”.

El dictamen de la justicia militar decretó el sobreseimiento temporal de la causa por no haber convicción de haber cometido el delito. En el Informe Rettig, Franklin Valdés sí aparece: “Murió de un estado asfíctico provocado por agentes del Estado”.

UN CAPITAN SIN JUICIO. El capitán de Ejército Sergio Valenzuela González se fue a retiro en junio de 1988 sin que jamás tuviera que responder por la muerte de Eliseo Segundo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza. Así lo dispuso la Fiscalía de Ejército de Valdivia.

El fiscal del caso estableció que Jara Ríos y Muñoz Apablaza murieron “a consecuencia de los proyectiles disparados por personal militar, en circunstancia que eran interrogados por el capitán Valenzuela y se dieron a la fuga”. Pidió el sobreseimiento definitivo. Y así se hizo. Pero la investigación de la Comisión Rettig estableció otra cosa: ambos fueron ejecutados el 27 de octubre en el fundo California.

EL TROZO QUE FALTA EN EL INFORME RETTIG. La muerte de Víctor Hugo Carreño Zúñiga no ocupa más de diez líneas en este informe oficial. Pero entrega la información que falta a lo que consigna el Informe Rettig para este joven de 21 años, soltero y presidente regional de la Juventud Socialista de Valdivia. En la Comisión de Verdad y Justicia se concluyó que Carreño “fue detenido el 4 de octubre de 1973, en su domicilio por personal del Ejército. Fue ejecutado el 5 de octubre durante horas de toque de queda”.

En el juicio que se abrió en Valdivia, y que lleva el ROL N°1.480/73 y tiene como fecha de inicio el 5 de octubre de 1973, el resumen del fiscal concluye: “El fallecimiento de Víctor Hugo Carreño se debió a que trató de huir del vehículo militar que mandaba el subteniente Alejandro Kraemer Pinochet, por lo que la patrulla le disparó. Se pide su sobreseimiento”.

El jefe militar de la zona aprobó su sobreseimiento.

SIN SENTENCIAS NI HUELLAS. El primer juicio del catastro con mención al delito de homicidio está registrado en la Fiscalía Militar de Calama. La víctima es Raimundo Bello S., y el acusado el cabo 2° del Ejército Martín Salamanca, del Regimiento N°15 de Calama. No hay sentencia y Bello no aparece en el Informe Rettig.

LOS NOMBRES QUE SE AGREGAN. El 17 de noviembre de 1975, la fiscalía letrada de Antofagasta inició juicio por el homicidio de Óscar Armando Leiva Jiménez. La denuncia la interpuso el CIRE de Antofagasta en contra del capitán de Ejército Luis Besamat Morales. Pero en 1976 no hubo resolución. En el Informe Rettig se estableció que Leiva, de 27 años, fotógrafo, era militante del MIR y fue ejecutado en casa de familiares por “un funcionario de Carabineros”.

Entre las víctimas por otros casos de homicidio que aparecen consignadas en estos juicios y que no aparecen en el Informe Rettig, figuran Luis Humberto Ferrada Piña, muerto el 4 de diciembre de 1973, en calle Buenaventura esquina Azteca, en Punta Arenas.

Los juicios dan cuenta de nuevas víctimas y atropellos, pero también revela que en esos días de terror hubo militares y carabineros que se atrevieron a denunciar la violencia y a sus autores y que pidieron justicia. Todo ello fue sepultado un día de abril de 1976.

VIOLACIONES 

 

Un capítulo aparte merecen los juicios por violación. De los 90 juicios a los que pudimos acceder, hay más de 20 por ese delito y casi todos terminan sobreseídos. Ninguna de las víctimas ha sido jamás reconocida como tal.

La causa N°370-74 del 25 de enero de 1974 se inicia con un parte de la tenencia Peñalolén, que informa que ese día “M.M.G., de 14 años, fue interceptada a las 13.00 horas en calle Sánchez Fontecilla por una patrulla de cinco militares que viajaban en un jeep y a viva fuerza la subieron al vehículo trasladándola al interior del Aeródromo Eulogio Sánchez en donde la introdujeron a una casa deshabitada y procedieron a violarla uno por uno”.

Al principal acusado, Carlos Mondaca Cabello, la justicia militar lo sobreseyó del delito de violación y sólo lo castigó con 30 días de arresto por “negligencia en el cumplimiento de su puesto de vigilante”.

La impunidad de los militares en esos días la comprobó dramáticamente A. Flores, de 31 años. A la 1 de la madrugada del 3 de junio de 1974, la mujer  “pidió ayuda a personal uniformado que cubría servicios en la Plaza Chacabuco, para ser trasladada a la casa de su madre. Subió a un bus militar en el que viajaban 15 uniformados. El bus se habría dirigido por Avenida Hipódromo Chile en dirección al Poniente y en una población con calles no pavimentadas el vehículo se detuvo y a viva fuerza habría sido violada sucesivamente por no menos de 4 a 5 uniformados… Posteriormente se la habría abandonado en Avenida Independencia casi esquina Cotapos”. Así se relatan los hechos en el juicio caratulado bajo el ROL N° 605-74.

La causa fue sobreseída “por no haber convicción de haberse perpetrado el delito”.

Las menores de edad no merecieron mayor compasión. Bajo el ROL N° 615-74, se relata el siguiente caso de violación (parte N° 292 de la 12ª Comisaría de Carabineros, del 5 de mayo de 1974). “M. González, de 14 años, habría sido violada el 2 de mayo. Ese día, como a las 23 horas, en el paradero 21 de Vicuña Mackenna, se puso a esperar micro para ir a su casa y fue llevada en un jeep con seis militares uniformados a quienes no conocía. Los militares la llevaron a la ex Radio Luis Emilio Recabarren y como a las 4 de la mañana fue violada por la fuerza por un militar que según sus posteriores averiguaciones sería el cabo Díaz. En ese lugar fue retenida 4 días, la hacían lavar ollas siendo violada en cada ocasión. El informe médico legal de fecha 8 de mayo acredita la desfloración en fecha reciente, no más de 6 a 8 días a la fecha del examen”.

La denuncia es contra “uniformados militares Regimiento N° 7 de Puente Alto”. Pero el dictamen sobreseyó el caso.

Igual suerte corrió la menor Rossana G.F:, de sólo 12 años. Su padre, Juan G., empleado y cuyo domicilio aparece consignado, denunció que su hija fue violada por dos militares del Regimiento N° 2 Motorizado Santa Rosa, cuyos nombres entrega, el 29 de junio de 1974. El juicio ROL N° 662-74, finaliza con un sobreseimiento.

Al mes siguiente, el 10 de julio de 1974, sería Rosa S.S., de 25 años, la que sería “violada por dos militares en servicio y armados los que la detuvieron en su domicilio y la llevaron a otro domicilio en Avenida Cerrillos, donde procedieron a agredirla y violarla”. Así se relatan los hechos en un juicio (Rol n° 671-74) que sólo tiene 10 líneas y que finaliza con otro sobreseimiento.

Los juicios por violación se suceden con abismante sordidez en los relatos en Iquique (el autor es un cabo de Ejército y el denunciante la Prefectura de Carabineros de Iquique); en Antofagasta (el autor y la víctima están identificados y no hay sentencia a pesar de haberse iniciado el juicio en noviembre de 1974), y en Santiago varios. En todos ellos la sentencia fue “absolución”, ratificada por los comandantes de las respectivas divisiones.

Valdivia no fue la excepción. Y uno de los casos referidos retiene la atención:

“Causa N°64/74. Individualización Denunciante: R.M. Iturra”.

Ofreció ir a dejarla a su domicilio y en el trayecto se desvió de la ruta y luego de ser intimada con armas de fuego, ocho militares la violaron, uno de los cuales, el SL J. Maldonado, posteriormente se suicidó en su unidad. Se solicita sobreseimiento total y definitivo”.

Resolución Cdte en Jefe IV D/E. Dictó sobreseimiento total y definitivo”.

Dicho y hecho.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra del fallo que condenó de 12 años de presidio a carabinero en retiro, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Ricardo Abraham Pérez Cárdenas. Ilícito perpetrado en el sector del cerro Moctezuma de la ciudad de Calama, el 5 de octubre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 12.931-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama. Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado (i) Ricardo Abuauad– mantuvo la sentencia que condenó Aquiles Gallegos Fuentes. Además, la sala no emitió pronunciamiento respecto de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la defensa del condenado en la causa Raúl Aránguiz Muñoz, debido a que tomó conocimiento de que habría falleció en mayo pasado, «debiendo el juez de primer grado, recabar el certificado respectivo y dictar la resolución que en derecho corresponda».

En la etapa de investigación de la causa, sustanciada por el ministro en visita Mario Carroza estableció los siguientes hechos:

«a. Que en el Departamento de El Loa, el Comandante del Regimiento de Infantería N° 15 de Calama, Coronel Eugenio Rivera Desgroux, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, una vez investido como Gobernador Militar del Departamento de El Loa y Juez militar de la Zona en Estado de Sitio, en correspondencia con el Prefecto de Carabineros de Calama, decide crear una unidad operativa de inteligencia con funcionarios de Carabineros de la 1ª Comisaría, que se encontraba bajo el mando del Comisario Raúl Aránguiz Muñoz, que estaría destinada a realizar medidas intrusivas y contrarias a los derechos humanos reprimiendo a todo partidario del régimen depuesto, para ello se encontraban facultados a efectuar allanamientos, detenciones sin orden judicial ni administrativa, e interrogar bajo tortura a las personas con militancia o simpatía con partidos o movimientos de izquierda, y en ocasiones llegaron a decidir la ejecución de algún prisionero, sin otorgarle la posibilidad de un proceso justo y racional;

b.- Que esta comisión civil dependía del Fiscal Militar, del Prefecto de Carabineros de Calama y del Comisario de la Primera Comisaría de esa misma ciudad, y el día 30 de septiembre de 1973, deciden detener en su domicilio en la ciudad de Calama a Ricardo Abraham Pérez Cárdenas, miembro de las Juventudes Socialistas, a fin de llevarlo a la Primera Comisaría y luego trasladarlo hasta el Retén Río Loa, también conocido como ‘Retén Dupont’, a las afueras de Calama, donde fue inhumanamente interrogado acerca de un presunto armamento oculto, que presumiblemente habría estado enterrado en uno de los cerros cercanos a Calama;

c.- Que esta unidad operativa de inteligencia de Carabineros, estaba a cargo del Teniente Manuel Honorio Fernando Wladdimiro Cuadra y era integrada por otros tres o cuatro carabineros de la 1ª Comisaría de Calama, entre ellos el funcionario Aquiles Gallegos Fuentes, y luego de intensos interrogatorios bajo tortura, el día 5 de octubre de 1973 le saca del Retén donde se encontraba detenido y según la versión oficial difundida por un Bando Militar, para dirigirse con él al cerro denominado ‘Moctezuma’, donde posiblemente tenía oculto el armamento;

d.- Que una vez que llegan al lugar obligan a la víctima Ricardo Pérez a desenterrar supuestas armas y encontrándose en esa labor, aprovechan para dispararle y acribillarlo a balas con sus armas de servicio, causándole la muerte en el acto, a consecuencia de los 22 impactos de proyectil que recibió su cuerpo».

Formado en la Escuela de las Américas, según la ONG SOA Watch, fue felicitado por el propio Augusto Pinochet por su “lealtad”. Esta es la historia del único absuelto del caso Calama 2; aquél que siempre negó haber asumido el mando del Departamento II de Inteligencia del regimiento en Calama. El Desconcierto accedió a su hoja de vida donde se demuestra lo contrario. Incluso fue reconocido como el mejor teniente de la unidad y felicitado por su actuar en “operaciones confidenciales”.

Violeta Berríos (81) es de esas mujeres que ha debido plantarse ante la vida con el dolor de la búsqueda incesante y la angustia de una verdad siempre a medias. Es una de las familiares de los detenidos desaparecidos de Calama, tras el paso de la Caravana de la Muerte. Su pareja fue de uno de los ejecutados: Mario Argüéllez, de 35 años, taxista y dirigente socialista en los setenta. Lo asesinaron junto a otros 25 detenidos.

-Yo sé que siempre se dice que lo muertos son buenos. Pero la verdad es que más que ‘taxear´, Mario vivía arreglando el mundo-, recuerda.

Violeta buscó por años su cuerpo y recién en 1990 aparecieron los primeros restos de las víctimas, en una fosa en el desierto a 10 kilómetros de la capital de la provincia de El Loa. Llegaba al fin algo de verdad, pero se comenzaría a conocer otra historia de horror.

Berríos es conocida por ser una de las organizadoras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Calama. Ya no dirige, pero recuerda todo. El 11 de septiembre de 1973 se encontraba en Santiago. Tuvo que viajar para un control médico. En la mañana salió de la casa de su padre, en la comuna de Ñuñoa, rumbo al centro. Apenas caminó unas cuadras, vio que la calle estaba desierta y los helicópteros ruidosos ya surcaban el cielo. Comenzó a caminar y alcanzó a llegar hasta Irarrázaval con Macul, donde un carabinero le ordenó que se devolviera. Ella obedeció sin entender nada. En la casa, su padre le contó que había llegado “el golpe de Estado”. Estuvo escuchando por radio todo lo que pasaba. No podía volver al norte, era imposible en esos momentos. Días después regresó a Calama y su pareja ya estaba detenido. Luego lo soltaron, pero el 30 de septiembre lo volvieron a encerrar. Fue torturado y asesinado el 19 de octubre de 1973. Ese último día Violeta alcanzó a verlo en el retén de Dupont; él le pidió una termo con café con leche y ella fue a preparárselo. Cuando volvió ya se lo habían llevado. Lo que sigue es el rastreo por años en el desierto de un grupo de mujeres, la fosa  y la incredulidad de todo, aun con certificado de defunción en la mano. Es decir, una vida incompleta.

– ¿Sabes lo que es que te devuelvan una costilla, una falange de un dedo, una vértebra y un tendón de un ser querido?- comenta, y su pregunta queda en el aire como un mazazo.

Dice que desconfía de la justicia, porque en el caso “Caravana de la Muerte” Miguel Eduardo Trincado Araneda es un eslabón importante en una cadena de mando que ha logrado sortear todo. Fue procesado y llamado a retiro en 2006 cuando, con el grado de general, se desempeñaba como comandante de la II División en la Región Metropolitana.

Aunque fue absuelto el año 2015, Trincado es señalado como autor de las inhumaciones y exhumaciones ilegales de los cuerpos de los 26 dirigentes asesinados en Calama por la comitiva militar al mando del entonces general de brigada, Sergio Arellano Stark, quién, a bordo de un helicóptero Puma del Ejército de Chile, visitó varias ciudades al sur y norte de Chile, ejecutando a opositores políticos. Entre las víctimas de Calama también se encontraba Carlos Berger, periodista, abogado y esposo de la diputada Carmen Hertz.

En la jefatura de la Sección 2, al entonces “teniente Trincado” se le habría ordenado conducir un camión militar marca REO hasta el aeropuerto El Loa, de Calama, en donde debían esperar la llegada de un avión de la FACH, proveniente de la base aérea de Cerro Moreno de Antofagasta. El camión se usó para traspasar los sacos de cadáveres y después, junto a Manuel Aguirre (quien trabajaba bajo sus órdenes y luego declaró en el caso) manejaron hasta el puente Topater, en donde estaba el comandante Julio Salazar, junto al resto del equipo que participó en la operación. Se le ordenó al capitán Carlos Minoletti lavar los camiones y quemar la que habían usado en el procedimiento.

El jueves 28 de marzo, en la Corte de Apelaciones de Santiago, fueron los alegatos del caso Calama 2, para la revisión de la sentencia en primera instancia. Pero para Violeta, esta es una historia que no tiene cierre.

-Somos pocas la viejas que vamos quedando. Me ha tocado ver su caso (Calama 2) en tabla, que se dilate todo y así, incluso ha salido del país. ¿Cuándo vamos a tener justicia? ¿Cuándo estemos muertas?-, espeta.

El ex militar es amigo de los ex comandantes del Ejército Juan Emilio Cheyre y Juan Miguel Fuente-Alba. Trincado siempre se negó entregar su hoja de vida a la PDI, la cual solo accedió a un encuadernamiento de sus funciones, pero se omitieron los lugares específicos de destinación. Fue el periodista Jorge Escalante quien echó luz sobre esta historia con una serie de reportajes para La Nación. En 2005, en un artículo para el semanario del diario, publicó el informe elaborado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Aquello derivó en que el propio Trincado visitara la casa del entonces director General de la PDI, Arturo Herrera, para pedirle que cambiara el informe. El episodio desató una crisis dentro de la institución policial.

En los interrogatorios, el ex militar solo reconoció haber cumplido funciones en el Regimiento Calama “entre agosto de 1974 y diciembre de 1977” y que fue ascendido a teniente en 1975. Negó haber asumido el mando del Departamento II de Inteligencia del regimiento.

El Desconcierto accedió a la hoja de vida, de calificación y a la Tarjeta de Antecedentes Personales (TAP) del ex militar donde se documenta todo lo contrario. Es decir, sí estuvo en Calama como jefe del Departamento II de Inteligencia del regimiento (Revise acá el documento completo).

Antes del golpe, en la TAP, con fecha 22 de diciembre de 1972, consta que fue “destinado para que participe en un Curso de Orientación y Entrenamiento en la Escuela de las Américas, Zona del Canal de Panamá, por 30 días, a contar de la fecha de salida del país”. Esta situación además se corrobora con el listado elaborado por la ONG SOA Watch (Observadores de la Escuela de las Américas), donde se menciona que Trincado, con el grado de subteniente, realizó el Curso “Combat Arms Orientation”, entre el 08 de enero y el 09 de febrero de 1973.

Luego, en marzo de 1976, fue designado alumno del Curso “Inteligencia” (Básico), en la Escuela de Inteligencia del Ejército (San Bernardo). Este curso lo aprobó “satisfactoriamente”, según la anotación que figura en su hoja de vida correspondiente al periodo que va desde el 1 de agosto de 1975 hasta el 31 de julio de 1976, específicamente con fecha 28 de julio de 1976.

En la hoja de calificación, entre el periodo del 1 de agosto de 1976 y el 31 de julio de 1977, en  el tópico titulado “Datos generales”, se confirma que este ex oficial sí desempeñó cargos como Jefe del Departamento II y Auxiliar del Departamento II del Regimiento de infantería Motorizada de Montaña Reforzada N 15 “Calama”.

Así también, en la hoja de vida correspondiente al mismo periodo, con fecha del 5 de octubre 1976, fue felicitado en el punto “Criterio y discreción”. Al respecto, se comenta que “por sus cualidades personales, especialmente por su tino y acierto en todas sus actuaciones y por consenso unánime de todos los oficiales jefes y capitanes del regimiento. Se le califica como el mejor teniente de la unidad”. A renglón seguido, figura lo siguiente: “Se desempeñó como oficial auxiliar de Inteligencia de la J.Z.E.S, se califica como óptimo”.

En el periodo que va desde el 1 de agosto de 1977 al 31 de julio de 1978, con fecha 30 de noviembre de 1977, fue felicitado en cuanto a criterio y discreción, informándose al respecto que “en su calidad de Oficial especialista en Inteligencia Básica; recibió una misión estrictamente confidencial de parte del comandante del regimiento cumpliendo con acierto, tacto y reserva. Se destaca en este aspecto entre los oficiales de su grado. Digno de confianza”.

Con estos méritos en su historial, el 10 de octubre de 1981 fue nombrado Profesor Militar (Oficial) para la Escuela de Inteligencia, en la Asignatura “Técnicas Especiales de Investigación”. El año siguiente, con fecha 7 de enero de 1982, fue destinado en comisión de servicios a Sudáfrica, país que estaba gobernado por Pieter Willem. En ese periodo habría nacido su hijo Miguel Trincado Caviedes.

En su hoja de vida, en el periodo que va desde el 1 de julio de 1987 al 30 de junio de 1988, mientras prestaba servicios en la comandancia en Jefe del Ejército con el grado de Mayor, consta la siguiente opinión del calificador superior, Augusto Pinochet Ugarte: “Oficial Jefe que se destaca por sus condiciones profesionales, serio, abnegado y muy leal”.

Al final de la dictadura se observa que ejerció el cargo de Jefe del Departamento II de la comandancia en Jefe del Ejército, obteniendo además la especialidad de profesor militar de academia en la asignatura de “Inteligencia Militar”, el 13 de abril de 1988.

El 15 de febrero de 1990 recibió la condecoración “Misión Cumplida”, de Segunda Clase, otorgada por Pinochet. Luego prestó servicios en la Dirección de Inteligencia del Ejército hasta 1999 y un año antes, el 6 de febrero de 1998, se le concedió el título de “Profesor Militar de Academia”.

Victoria Saavedra (76) es una conocida integrante de la AFDD de Calama y en tres oportunidades ha ejercido como dirigente. Hoy vive en Arica, pero siempre está atenta a los alegatos de este caso. Al igual que el resto de las mujeres, su vida dio un vuelco tras el golpe. Su hermano, José Saavedra, fue ejecutado en Calama. Después de ese día todo se transformó en búsqueda.

-Trincado es una persona que ha evadido la justicia durante tantos años. Siempre negó todo, incluso que perteneció a la división de inteligencia. Ha causado daño, podría haber colaborado con la justicia para saber cuál fue el destino de nuestros familiares, para que las mujeres no vagáramos durante tanto tiempo por la pampa-, dice.

Entre sus recuerdos está rastrear el desierto y buscar en 102 piques mineros. También esperanzarse cuando hace ocho años le llegó el dato de un corvo de 2 kilómetros dibujado con cal en ladera del cerro Moctezuma, como orgullosa firma militar de las ejecuciones realizadas por la caravana de la muerte. El entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, viajó a la zona con la PDI y funcionarios del Servicio Médico Legal. Victoria se paró cerca de la empuñadura  donde aparecía el número 73, (el inicio de la dictadura) y 78, una de las fechas probables de la “Operación Retiro de Televisores”, nombre que se le dio al desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres. No hubo suerte.

Para este grupo de mujeres siempre fue un secreto a voces que Trincado perteneció a la división de inteligencia en los momentos que se llevó a cabo la operación. Diversas declaraciones lo situaban en el lugar, pero veían pasar el tiempo y todo quedaba en nada. Hoy, para ellas, el escenario es aún más adverso.

-En este momento, con todas las peticiones de rebaja de condena que hay, si llega a ser encerrado lo más probable es que solo cumpla algunos pocos años. Ya se han ido siete de nuestras compañeras sin encontrar la verdad de lo que pasó en Calama, por eso siempre nos quedaremos con los amargo de la impunidad -, concluye.

La ministra en visita de causas por derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González, dictó procesamiento en contra de dos miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad por los delitos de secuestro y homicidio calificado en causa caratulada como “Caravana de la Muerte, episodio Calama”.

La magistrada González sometió a proceso a Óscar Figueroa Márquez y Álvaro Romero Reyes, como responsables de 19 homicidios calificados y siete secuestros calificados de detenidos que fueron sacados de la cárcel de Calama, el 19 de octubre de 1973, y fusilados en el sector conocido como Topater.

De acuerdo a los antecedentes , se tiene acreditado que: “El 19 de octubre de 1973, un General de Ejército, actuando como oficial delegado del Comandante en Jefe de la Junta de Gobierno, llegó al Regimiento de Infantería N° 15 de la ciudad de Calama, acompañado de otros oficiales del Ejército, con la finalidad de "revisar y acelerar los procesos",  y una vez terminada esa diligencia, junto a otros oficiales del mismo Regimiento de Calama, sustrajeron desde la Cárcel Pública de la ciudad, donde se encontraban detenidos por la autoridad militar, a  los detenidos: Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera Abarzúa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Alfonso Moreno Villarroel, David Ernesto Miranda Luna, Rafael Enrique Pineda Ibacache, Sergio Moisés Ramírez Espinoza, Domingo Mamani López, Bernardino Cayo Cayo, Manuel Segundo Hidalgo Rivas, Rosario Aguid Muñoz Castillo, Víctor Alfredo Ortega Cuevas, Jorge Rubén Yueng Rojas, Mario Argüelles Toro, Carlos  Alfredo Escobedo Cariz, Luis Alberto Hernández Neira, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Carlos Alfonso Piñero Lucero, Fernando Roberto Ramírez Sánchez, Alejandro Rodríguez  Rodríguez, José Gregorio Saavedra González, Jorge Jerónimo Carpanchay Choque, Luis Alberto Gaona Ochoa, José Rolando Hoyos Salazar, Milton Alfredo Muñoz Muñoz, Roberto Segundo Rojas Alcayaga, a quienes trasladaron en un camión hacia el sector de los cerros denominado Topater, manteniéndolas privadas de libertad en forma ilegal y en donde les dispararon, utilizando armas de fuego, para posteriormente remover los restos hacia distintos lugares con el propósito de evitar que fueran encontrados".

Asimismo, con diligencias periciales realizadas sobre restos óseos encontrados en el sector de Topater y aledaños, fue posible establecer que dichos restos correspondían a “Mario Argüelles Toro, Carlos Alfredo Escobedo Cariz, Luis Alberto Hernández Neira, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Carlos Alfonso Piñero Lucero, Fernando Roberto Ramírez Sánchez, Alejandro Rodríguez  Rodríguez, José Gregorio Saavedra González, Jorge Jerónimo Carpanchay Choque, Luis Alberto Gaona Ochoa, José Rolando Hoyos Salazar, Milton Alfredo Muñoz Muñoz, Roberto Segundo Rojas Alcayaga, Bernardino Cayo Cayo, Daniel Jacinto Garrido Muñoz, Domingo Mamani López, Jorge Rubén Yueng Rojas, Manuel Segundo Hidalgo Rivas y Rosario Aguid Muñoz Castillo; en tanto Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera, Luis Moreno, David Miranda, Rafael Pineda, Sergio Ramírez y Víctor Ortega fueron trasladados hasta un lugar desconocido, ignorándose su paradero, situación que subsiste a la fecha”.

Según la resolución, los hechos reseñados, son constitutivos de 19 delitos de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, en texto vigente a la época de perpetración de los ilícitos, y de siete secuestros calificados, previstos y sancionados en el artículo 141 incisos 1° y 4° del Código Penal, perpetrados en el sector Topater, Calama, el 19 de octubre de 1973.

Editorial

El fallo del juez Juan Guzmán Tapia encargando reo al ciudadano Augusto José Ramón Pinochet Ugarte como autor de los 57 homicidios y 18 secuestros cometidos por la Caravana de la Muerte en octsubre de 1973, y ordenando al mismo tiempo su arresto domiciliario, ha sido calificado con razón como un hecho "histórico". En realidad, muy pocos creían que un tribunal de este país se atrevería a procesar al ex dictador. El juez Guzmán Tapia ha demostrado que muchos estábamos equivocados. Justo es reconocerlo francamente.

Al rechazar el sobreseimiento o la suspensión del procedimiento judicial, que solicitaban los abogados defensores de Pinochet, el ministro Guzmán sostuvo, entre otros argumentos, que "la ley no se puede amoldar a situaciones que ella misma no contempla, pues ésta perdería potestad, cualidad fundamental para consolidar los principios en que se funda, entre los cuales se destaca el de la igualdad de su aplicación para todos". Este es, sin duda, el punto neurálgico en el fallo del juez Juan Guzmán: la igualdad ante la ley. Los chilenos podríamos empezar a dormir tranquilos si este fallo, como esperamos, anunciara una nueva etapa que coloque a todos los ciudadanos en un pie de igualdad ante la ley. Son muchas las dificultades que existen para alcanzar esta premisa básica de un estado de derecho. Entre otras la agresiva actitud del militarismo pinochetista, que reclama un privilegio de impunidad. En nuestro país las desigualdades ante la ley -como pueden atestiguarlo en estos días los mapuche procesados en virtud de la Ley de Seguridad del Estado-, son demasiado groseras. Sin embargo, la acción valerosa del juez Guzmán, abre una posibilidad que no debemos subestimar y que se materializará si la apoyan todas las fuerzas democráticas. El Poder Judicial, por otra parte, principal beneficiado con la decisión del juez Guzmán, ojalá sea capaz de capitalizar la actitud independiente de ese magistrado en beneficio de su propia honorabilidad. En el pasado se prosternaron ante el dictador muchos jueces, ministros y presidentes de Cortes que arrastraron a un estado de miseria moral a los tribunales. Hoy la justicia tiene la oportunidad de recuperar un lugar respetable ante la ciudadanía.

No puede decirse lo mismo de las FF.AA. y Carabineros que continúan haciendo causa común con el ex dictador, resistiéndose a admitir los crímenes que cometieron numerosos oficiales de las instituciones armadas.

El caso Caravana de la Muerte por el que se procesa a Pinochet, es sólo un episodio en la horrenda lista de crímenes contra la humanidad que cometió la dictadura militar. El oficial delegado de Pinochet, el general Sergio Arellano Stark, al mando de una comitiva de forajidos, recorrió el país asesinando prisioneros que eran secuestrados desde las cárceles en que cumplían condenas impuestas por ilegales "consejos de guerra". La siniestra tarea comenzó el 4 de octubre de 1973 en Cauquenes. A bordo de un helicóptero Puma del ejército, Arellano Stark y sus hombres llegaron a esa ciudad y de la cárcel local sacaron a cuatro prisioneros que fueron fusilados en el predio El Oriente. Doce días después la Caravana enviada por Pinochet llegó al Regimiento Arica de La Serena, e hizo sacar de la cárcel a 15 prisioneros que también fueron fusilados. Acto seguido la cuadrilla de asesinos se trasladó al Regimiento Atacama de Copiapó y en la noche hizo sacar de la cárcel a 16 detenidos que fueron ejecutados en la Cuesta Cardone. El 19 de octubre el grupo aterrizó en el Regimiento de Infantería Nº 15 de Calama y sacó de la cárcel a 26 detenidos a quienes dieron muerte en el sector de Topater. El mismo dia Arellano Stark y sus carniceros llegaron al Regimiento Esmeralda de Antofagasta y de la cárcel pública sacaron a 14 prisioneros que fueron ejecutados en la Quebrada El Way.

Arellano Stark y sus oficiales, algunos de los cuales continuaron su carrera de esbirros en la Dina y CNI, se ensañaron con gente indefensa. Profunda impresión pública han causado las declaraciones del general (r) Joaquín Lagos Osorio, ex jefe de la I División de Antofagasta. Afirma que sintió vergüenza al ver los cadáveres de los ejecutados por la Caravana de la Muerte: "Estaban hechos pedazos, no eran cuerpos humanos", dijo. "¡Si les sacaban los ojos con los corvos, les quebraban las mandíbulas, les quebraban las piernas… Al final les daban el tiro de gracia. Primero disparaban a las piernas, luego a los órganos sexuales y después al corazón!?.

El general Lagos Osorio, en cuya jurisdicción los "consejos de guerra" ya habían fusilado a 16 detenidos, pidió su baja del ejército después de un altercado con Pinochet. El dictador le exigió modificar un oficio en que le daba cuenta de los ejecutados en su región, mencionando en forma separada a las 53 personas que hizo fusilar en el norte su oficial delegado. Ese oficio, que hoy está en poder del juez Guzmán, es una prueba contundente contra Pinochet, que hizo anotaciones y tarjó nombres en el documento. El ex dictador, por lo demás, reconoció la autenticidad de ese oficio en la declaración indagatoria ante el ministro Guzmán.

La magnitud de los atropellos y brutalidades que sufrieron miles y miles de chilenos a manos de la dictadura militar, recién está siendo asumida por un país que despierta consternado a la verdad histórica. Lamentablemente, las FF.AA. y Carabineros marchan a la zaga en esta toma de conciencia que se inició con la detención de Pinochet en Londres y que ha cobrado enorme fuerza en los últimos meses. Un verdadero torrente de hechos, antecedentes, confesiones y testimonios, ha hecho innegable el horror de la dictadura. La verdad se está abriendo paso en forma vigorosa. En este marco resulta extravagante que los altos mandos castrenses sigan hablando de una "guerra interna" a la que habrían sido arrastradas sus instituciones. Esta mentira apta sólo para consumo familiar o al interior de los cuarteles, les permite justificar lo que púdicamente admiten como "hechos repudiables". Por ejemplo, el lanzamiento al mar de los cuerpos de detenidos desaparecidos, atados a trozos de rieles. El general Ricardo Izurieta, con poca objetividad, echa la culpa al "ambiente? y al "clima de violencia" por "estos actos que no están dentro de las normas de nuestra doctrina institucional y también la guerra interna". Habría sido el "ambiente? el que empujó a los militares a comportarse en forma tan bestial. Izurieta redondeó su pensamiento con lo que equivale a un encogimiento de hombros ante la historia: "siempre las guerras -dijo- producen hechos atroces? ("El Mercurio?, 21/1/2001). Izurieta da por sentado que en Chile hubo una guerra. Como puede apreciarse, no se observa ningún progreso en la reflexión del ejército y de las otras instituciones armadas. Continúan aferradas al delirio de haber librado una guerra -que es un enfrentamiento bélico entre fuerzas proporcionalmente iguales- en que resultaron vencedoras gracias a su coraje y gallardía. Mientras vivan en ese limbo esquizofrénico será imposible un análisis histórico riguroso que conduzca a la reconciliación. Todos los chilenos, menos los jefes militares, saben que los fusilamientos -y descuartizamientos- de prisioneros, a los que sacaron esposados de las cárceles, no son acciones de guerra sino asesinatos. Son hechos vergonzosos prohibidos por las leyes de la guerra y que ningún oficial con honor puede cometer. Tampoco pueden sentir orgullo por las torturas, las violaciones o el terrorismo con bombas colocadas en automóviles en Buenos Aires o Washington. Por hechos como estos, que no son las glorias militares de Napoleón o Alejandro Magno, está siendo procesado el ciudadano Pinochet. Quizás el ex dictador debería agradecer al juez Guzmán que lo haya encargado reo. En EE.UU. un Gran Jurado acaba de anunciar que pronto formalizará la petición de extradición para juzgarlo por el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffit. Procesado en Chile, Pinochet puede moverse tranquilo en helicópteros del ejército entre sus propiedades de Bucalemu, El Melocotón, Viña del Mar, Iquique y La Dehesa. La suya es una situación incómoda, sin duda. Pero, en todo caso, mucho mejor que la perspectiva de una prisión militar en EE.UU., cuyos tribunales no tienen muchas consideraciones con los asesinos, por viejos y achacosos que sean.

Entretanto es necesario ampliar el proceso histórico a la dictadura. No se debe permitir que escapen al enjuiciamiento ciudadano los empresarios y políticos que azuzaron la tragedia de Chile. Sería una verdad a medias sostener que sólo Pinochet y sus oficiales son culpables. También lo son los "generales civiles? del golpe y del terrorismo de Estado que ahora dictan cátedra de civismo desde los negocios, los partidos y el Parlamento. Una conciencia nacional para fortalecer la democracia, necesita conocer toda la verdad

 

Se recupera Otilia Vargas
Recuperándose luego de una delicada intervención quirúrgica, se encuentra la señora María Otilia Vargas Vargas, madre de los cinco hermanos Pérez Vargas (Dagoberto, Aldo, Carlos, Iván y Mireya), militantes del MIR, asesinados por la dictadura militar. Se estima que será dada de alta en los próximos días, permitiéndole retornar a la casa que comparte con su única hija, Patricia. Su esposo, don Osvaldo Pérez, falleció hace dos años.

El editorial de PF 488, que dio a conocer el caso de la señora Otilia Vargas, profesora primaria de 75 años, que cayó en profunda depresión debido a la angustia de esperar en vano noticias sobre el paradero de sus hijos detenidos desaparecidos, tuvo gran repercusión. Desde diversas partes del mundo llegaron mensajes de aliento, exhortándola a luchar por su vida. La depresión había detonado en ella una grave dolencia que hizo necesaria una delicada operación de cirugía.

En la sección Tribuna del Lector (págs. 30 y 31) incluimos algunos de los mensajes que llegaron a nuestra redacción. La señora Otilia nos ha encargado agradecer esas muestras de cariño y solidaridad. Sin duda, jugaron un rol importante porque influyeron positivamente en su estado de ánimo, permitiéndole afrontar en mejores condiciones la intervención. En el hospital ha recibido la visita de amigas y amigos que la rodean de fraternal cariño. Conviene destacar la cuidadosa atención brindada por los médicos y el personal del Hospital Clínico J. J. Aguirre.

La señora Vargas se encuentra en una sala común del departamento de traumatología, tercer piso de ese hospital de la Universidad de Chile

Sin arrepentirse de nada Se suicidó el asesino Germán Barriga

El lunes 17 de enero de 2005 puso fin a su existencia el criminal Germán Jorge Barriga Muñoz, procesado por decenas de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados. Barriga Muñoz ingresó a un edificio de departamentos con la excusa de visitar el "piloto" para realizar una posterior compra. Subió hasta el piso 18 del inmueble, que da la espalda a la Escuela Militar, y saltó al vacío con cartas en sus bolsillos dirigidas a su familia y al abogado Marcelo Cibié. En ellas admite que era despedido de sus trabajos cuando se conocía que estaba procesado por delitos contra la humanidad, según él, "todo por ser un coronel de Ejército en retiro, procesado por supuestas violaciones a los derechos humanos, cometidas cuando fui oficial subalterno (teniente o capitán)…manchando también con esto mis antecedentes personales (otro motivo para no ser aceptado laboralmente), todo por vivir y cumplir órdenes en el período del Gobierno Militar". Sin arrepentirse de nada, deja en claro que será "próximamente condenado por tener, entre otros, varias personas secuestradas, a las que según la justicia mantengo en esa ficticia situación desde la década de los '70, y a una cárcel para cumplir condena por dichas figuras legales falsas, prescritas o cubiertas por la amnistía". "He determinado tratar de irme de esta vida porque no quiero ser un cacho viviente… El ex militar, el procesado y funado fui yo", señala al final de sus misivas.

Barriga Muñoz, con 60 años al momento de su muerte, recibía 650 mil pesos de pensión, más un bono por "estrés post guerra" que el Ejército otorgó a todos los agentes de la DINA, la CNI o el DINE involucrado en crímenes durante la dictadura de Pinochet. Además, su defensa en tribunales era pagada, junto a la de todos los ex uniformados procesados, con un porcentaje descontado por planilla a todos los integrantes activos del Ejército.

El prontuario
Germán Barriga fue funado en dos oportunidades, la primera en agosto de 2000 cuando fue denunciado en su casa, ubicada en Avenida Irarrazaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó el mismo día para no volver. La segunda fue a principios de diciembre de 2004, en el supermercado Líder ubicado en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, para hacer presente a sus clientes y dueños que financiaban a un torturador y asesino al estar contratado para dirigir a los guardias de seguridad de la cadena de supermercados.

La acción de la Comisión FUNA, como siempre, fue en ambas ocasiones pacífica y llena de colorido, con tambores, cánticos y el volante de denuncia leído en forma colectiva para dar a conocer los crímenes cometidos por el funado.

Germán Jorge Barriga Muñoz usaba los alias de "Don Jaime" o "Don Julio", formó parte del Estado Mayor de la DINA y se graduó con honores de la Escuela de las Américas como "instructor de tácticas antisubversivas y contrainteligencia". Al momento del golpe de Estado era teniente del arma de Infantería. Tomó parte en los cursos de preparación para agentes de la DINA efectuados en Tejas Verdes a fines de 1973, entre quienes se encontraba como instructor el actual alcalde de Providencia, Cristián Labbé. Oficialmente, y a través de documento de la Contraloría, se le integró a la DINA a partir de 26 de agosto de 1974.

A principios de 1975 se incorporó a la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), y fue destinado a la Brigada Purén, operando desde el centro clandestino de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi. Su misión, en 1975, fue dirigir la represión hacia el Partido Socialista, y en 1976 dedicó sus labores delictivas en contra del Partido Comunista. Cumpliendo estas funciones tuvo responsabilidad principal en las decenas de secuestros, detenciones ilegales, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones de militantes y simpatizantes socialistas, entre ellas las detenciones y posteriores desapariciones del médico psiquiatra y ex diputado Carlos Lorca Tobar; de los dirigentes Ricardo Lagos Salinas y Exequiel Ponce Vicencio; de la ciudadana española y estudiante de ingeniería Michelle Peña Herreros, embarazada de siete meses; de la asistente social Modesta Carolina Wiff Sepúlveda; de Mireya Herminia Rodríguez Díaz; de las estudiantes de enfermería Rosa Elvira Solís Poveda y Sara de Lourdes Donoso Palacios; del estudiante de medicina Jaime Eugenio López Arellano; del constructor civil Adolfo Ariel Mancilla Ramírez; del ingeniero civil Alfredo Rojas Castañeda; del profesor Guillermo Hernán Herrera Manríquez; del egresado de Ciencias Políticas Octavio Julio Boettiger Vera.

Figura procesado como participante en la detención y tortura de la dirigente socialista Fidelia Herrera y su cónyuge.

En las causas de militantes comunistas, se le acusa de ser el principal responsable de las desapariciones del empleado Juan Elías Cortés Alruiz; del obrero de la construcción Gabriel del Rosario Castillo Tapia; del médico Carlos Enrique Godoy Lagarrigue; del dirigente sindical Mario Jesús Juica Vega; de los hermanos Juan y Washington Maturana Pérez; del dirigente sindical Miguel Luis Morales Ramírez, y del empresario Daniel Palma Robledo, a quien además le fue robada su Renoleta por orden de Barriga. En este último caso, el autor material del robo, el agente Manuel Leyton Robles, "murió" de un ataque cardiaco en sospechosas circunstancias al interior de la Clínica London, centro clandestino de la DINA ubicado en Almirante Barroso 76, poco después de haber confesado ante la Justicia que "Don Jaime" le había ordenado cometer el delito.

De la CNI a tribunales
Al disolverse oficialmente la DINA el 12 de Julio de 1977, Germán Barriga fue integrado a la CNI para continuar con sus tareas terroristas. Cerca ya del término de la dictadura fue nombrado Gobernador de la Provincia del Loa.

En 1990, al disolverse la CNI, Barriga regresó al Ejército con el grado de coronel y se le entregó el mando del Regimiento de Infantería N° 15 de Calama. En 1991 fue destinado a la Dirección Nacional de Movilización, pasando a retiro poco después.

En mayo de 1993, ya como coronel en retiro, fue enviado como Jefe de Administración de CODELCO-Calama, puesto del cual fue finalmente removido a causa de las protestas sindicales.

Entre otros procesamiento, Barriga está encausado por el ministro Juan Guzmán en el caso conocido como Calle Conferencia como autor del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas: el ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y los integrantes de la dirección clandestina del PC Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz (padre de la dirigenta de la AFDD, Viviana Díaz). En diciembre del mismo año, la Brigada Purén volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección clandestina del PC, en lo que se conoce como el "caso de los trece". En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro. El listado de desaparecidos de este caso incluye también a Santiago Araya Cabrera, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, detenido el 9 de diciembre de 1976; Fernando Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza -embarazada de cinco meses- y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 15 de diciembre de 1976 junto a Waldo Pizarro; Lizandro Cruz Díaz, Carlos Patricio Durán González, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo , detenido el 20 de diciembre de 1976. Junto a Barriga, en el caso de Calle Conferencia fueron procesados los integrantes de la DINA Carlos López Tapia, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti, quienes serían prontamente condenados. Los mismos están también procesados por el secuestro y ejecución de la profesora comunista Marta Ugarte, cuyo cuerpo apareció en la playa de Los Molles luego de haber sido atado a un riel y arrojado al mar desde un helicóptero Puma del Ejército.

Otros casos por los que estaba procesado son el de la detenida desaparecida Julia Retamal Sepúlveda, detenida el 13 de agosto de 1976 y vista con posterioridad en Villa Grimaldi, y la ejecución del médico Jorge Lamich Vidal y el trabajador Héctor García García, asesinados el 13 de agosto de 1974 luego de ser detenidos en Buin. A ambos se les acusó de intentar envenenar el agua y el pan de la ciudad. Fueron conducidos al Regimiento Chena de San Bernardo en donde, según testimonios, fueron golpeados y se les aplicó corriente eléctrica. Posteriormente fueron ejecutados en presencia de la tropa.

El último trabajo conocido de Germán Barriga fue su contratación, por parte de Pedro Ibáñez -dueño de supermercados Líder, ex senador del Partido Nacional y ex dueño de la cadena ALMAC-, para que ejerciera como jefe y "profesor de ética" de los guardias de seguridad de Líder. Su despido se produjo luego de la denuncia realizada por la Comisión FUNA el 11 de diciembre pasado.

Con Barriga Muñoz se perdió gran parte de la información que podía haber dado indicios del destino de centenares de detenidos desaparecidos y los nombres reales de los responsables.

por Pedro Alejandro Matta **

Conocí a Barriga -mejor dicho, él me conoció a mí- en Villa Grimaldi, a mediados de mayo de 1975. Él en su calidad de torturador y yo, en mi calidad de "prisionero de guerra" y detenido-desaparecido en Villa Grimaldi, vendado, amarrado, torturado e identificado tan sólo por un número, el 209.

La noticia de su suicidio un par de semanas atrás, me sorprendió fuera de Santiago. No puedo decir que su muerte me entristeció. No se entristece un torturado al enterarse de la muerte de su torturador. Sin embargo, ella no me causó ninguna alegría: me causó decepción. Esperaba y confiaba que en algún momento me encontraría con Barriga en un careo judicial. Era lo que esperaba como resultado de la querella por torturas que ingresé a los Tribunales de Justicia el año 2002 y que se encuentra actualmente en trámite. Allí individualizaba a Barriga, "don Jaime", como el comandante de la unidad de la DINA responsable de la represión al Partido Socialista en 1975 y como uno de mis principales torturadores.

No sentí ni he sentido nunca odio contra Barriga. El odio, ante la inconmensurable crueldad de los crímenes cometidos, parece un sentimiento casi banal… Sentí -y siento- un profundo desprecio y una gran repugnancia hacia él y hacia todos aquellos que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a personas.

Creí que iba a tener la oportunidad de poder mirarlo directamente a los ojos. En Villa Grimaldi estuve siempre permanentemente vendado, amarrado y físicamente destrozado. Al enfrentarlo cara a cara, esperaba poder tratar de entender qué es lo que hay dentro de un sujeto que es capaz de hacer pasar las ruedas delanteras de
una camioneta por encima de las piernas de un detenido (caso de Ariel Mancilla Ramírez, constructor civil detenido desaparecido y amigo mío, torturado de esa forma en Villa Grimaldi en marzo de 1975); un individuo que es capaz de colgar de los testículos a otro detenido desde un árbol que aún existe, el gran ombú que domina lo que hoy es el Parque por la Paz (caso del médico amigo mío y anterior diputado del Partido Socialista, Carlos Lorca Tobar, detenido desaparecido en Villa Grimaldi en junio de 1975); un sujeto que es capaz de torturar con electricidad y asesinar a una mujer que se encontraba en su octavo mes de embarazo (caso de Michelle Peña Herreros, ciudadana española, también en Villa Grimaldi en la

misma época) o un ente que es capaz de torturar a una joven mujer -integrante de la estructura del P.S. a la que yo pertenecía- introduciéndole un palo de escoba en la vagina -sucesos que ocurrieron en los mismos días en que yo me encontraba en Villa Grimaldi.

O, como en mi caso, ordenar y participar en torturas -colgamientos- que provocaron lesiones "por torsión y tracción" de acuerdo al informe pericial del

Instituto Médico Legal relacionado a mi querella, las cuales persisten hasta el dia de hoy en mi hombro izquierdo.

Pero para Barriga no era importante tan sólo destruir "al enemigo" a través de brutales torturas. También era igualmente necesario denigrarlo y humillarlo, forzando dentro de la boca del prisionero que permanecía con los ojos vendados y amarrado a la parrilla, los excrementos que habian sido expelidos de su cuerpo como efecto de la pérdida de control de los esfínteres por las descargas eléctricas durante la sesión de tortura. Y puedo dar fe de ello porque así ocurrió en mi caso. Y Barriga no era peor que sus subordinados o sus jefes inmediatos.

Y se suman a este breve recuento y experiencia personal referida a Barriga, los centenares de casos de torturados, con sus desconocidos detalles y decenas de desaparecidos de los cuales Barriga debería haber dado cuenta antes de morir, incluyendo las víctimas de Calle Conferencia, caso que lo llevo a saltar al vacio. Ese era el tipo que se suicidó. No creo que haya sido una gran pérdida para la humanidad.

Barriga sólo permaneció un breve tiempo en detención. Y ésta se llevó a cabo en el entonces recinto de Policía Militar del Regimiento de Telecomunicaciones de

Peñalolén. El mencionado recinto de detención -el cual tuve oportunidad de conocer- era un pequeño parque arbolado que contaba con seis cabañas de las cuales se asignaba una a cada militar detenido por violación a derechos humanos. Las cabañas contaban con dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, teléfono, computador conectado a internet y televisor conectado a cable, y estaban

distribuídas alrededor de una piscina común. Barriga jamás pisó una cárcel, al menos en calidad de detenido.

Barriga se quejaba de que su pension de retiro como oficial de ejercito, ascendiente a más de $ 700.000, le era insuficiente para vivir y, por tanto, se veía obligado a trabajar para obtener ingresos extras.

Barriga jamás entregó información útil para dilucidar casos de violación de derechos humanos.

Ello lo hizo objeto de la FUNA, a la cual Barriga en su carta póstuma tambien culpó de su muerte.

Participé en la primera FUNA que se realizó en este país, el 1° de Octubre de 1999, FUNA que se dirigio a un médico torturador.

Posteriormente y de acuerdo a mis disponiblidades de tiempo, participé en muchas otras, incluyendo la FUNA al propio Barriga frente a su domicilio, el departamento que poseía en Irarrázaval con Campos de Deportes.

No pude asistir -porque me encontraba en actividades académicas fuera del país- a la FUNA que lo denunció como alto empleado de Supermercados Líder, pero si hubiera estado en Chile con seguridad habría ido pues suscribo absolutamente los objetivos de la FUNA: creo que es extremadamente importante y necesario informar a los vecinos de los distintos barrios de los torturadores y violadores de derechos humanos que viven en su entorno inmediato. Como así mismo, informar a los trabajadores de distintas empresas e industrias de aquellos asesinos que trabajan junto a ellos, o que los dirigen. Asesinos o torturadores que viven ocultando su identidad y su pasado. Y esta actividad de denuncia pública, la FUNA, se efectúa siempre sin violencia, portando pancartas y lienzos alusivos, distribuyendo volantes con la fotografía, la dirección, y la biografía del funado, tocando música, cantando canciones y demostrando genuina alegría -la alegría que se produce naturalmente por saber que se esta haciendo lo correcto y lo decente- y donde jamás han existido daños a la propiedad pública o privada incluida la del funado, con personas -mayoritariamente jóvenes- que van a rostro descubierto y que no se ocultan bajo identidades falsas o rehuyen responsabilidad por la actividad que han decidido apoyar. ¡Qué distinta actitud comparada con la asumida por sujetos como Barriga o sus colegas!

Ante el suicidio del torturador se ha afirmado por parte del Comandante en Jefe del Ejercito que Barriga vivió con honor. Sólo me cabe reflexionar sobre el contenido y significado de esas palabras. Concluyo entonces que el concepto de honor militar del actual Comandante en Jefe está necesariamente a la altura del torturador suicidado. Conozco y respeto a otros militares -de Fuerzas Armadas de otros países- y sé que su concepto de honor militar no coincide con rendir visitas de pésame a la familia de un torturador y efectuar un homenaje póstumo a un criminal. Es un sui generis concepto del honor militar y de la dignidad del que hicieron gala Barriga y sujetos de su misma calaña y que hoy es recogido por el Comandante en Jefe del Ejército. Es también una demostración más de que el ejército de Chile continúa siendo el ejército de Pinochet y que el proceso de

reconstrucción moral de sus efectivos durará todavía por muchos años, hasta que el último de los oficiales de Pinochet -Cheyre incluido- hayan desaparecido y su legado de horror y su concepto del "honor militar" hayan sido borrados por la historia, por los procesos judiciales y por la civilidad.

** Pedro Alejandro Matta Lemoine

Ciudadano Chileno, Cédula de Identidad 5.920.271-5

Estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Ex prisionero político de la Dictadura (1975-1976) y refugiado político y exiliado en Estados Unidos (1976-1991).

Conferencista y Expositor en temas de Derechos Humanos, Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, Fort Benning, Georgia, Estados Unidos (2001-2002).

(Socio Investigador Academico, Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, Fort Benning, Georgia (2002)

Integrante del Curso para Instructores Militares en Derechos Humanos, Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, Fort Benning, Georgia (2002). Diplomado del Curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Quinta Brigada del Ejército de Colombia, Oracle University y Universidad Autónoma de Bucaramanga (2002).

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado (i) Ricardo Abuauad, mantuvo la sentencia que condenó a Aquiles Gallegos Fuentes.

Además, la sala no emitió pronunciamiento respecto de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la defensa del condenado en la causa Raúl Aránguiz Muñoz, debido a que tomó conocimiento de que habría falleció en mayo pasado, «debiendo el juez de primer grado, recabar el certificado respectivo y dictar la resolución que en derecho corresponda».

En la etapa de investigación de la causa, sustanciada por el ministro en visita Mario Carroza estableció los siguientes hechos: 

«a. Que en el Departamento de El Loa, el Comandante del Regimiento de Infantería N° 15 de Calama, Coronel Eugenio Rivera Desgroux, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, una vez investido como Gobernador Militar del Departamento de El Loa y Juez militar de la Zona en Estado de Sitio, en correspondencia con el Prefecto de Carabineros de Calama, decide crear una unidad operativa de inteligencia con funcionarios de Carabineros de la 1ª Comisaría, que se encontraba bajo el mando del Comisario Raúl Aránguiz Muñoz, que estaría destinada a realizar medidas intrusivas y contrarias a los derechos humanos reprimiendo a todo partidario del régimen depuesto, para ello se encontraban facultados a efectuar allanamientos, detenciones sin orden judicial ni administrativa, e interrogar bajo tortura a las personas con militancia o simpatía con partidos o movimientos de izquierda, y en ocasiones llegaron a decidir la ejecución de algún prisionero, sin otorgarle la posibilidad de un proceso justo y racional;

b.- Que esta comisión civil dependía del Fiscal Militar, del Prefecto de Carabineros de Calama y del Comisario de la Primera Comisaría de esa misma ciudad, y el día 30 de septiembre de 1973, deciden detener en su domicilio en la ciudad de Calama a Ricardo Abraham Pérez Cárdenas, miembro de las Juventudes Socialistas, a fin de llevarlo a la Primera Comisaría y luego trasladarlo hasta el Retén Río Loa, también conocido como ‘Retén Dupont’, a las afueras de Calama, donde fue inhumanamente interrogado acerca de un presunto armamento oculto, que presumiblemente habría estado enterrado en uno de los cerros cercanos a Calama;

c.- Que esta unidad operativa de inteligencia de Carabineros, estaba a cargo del Teniente Manuel Honorio Fernando Wladdimiro Cuadra y era integrada por otros tres o cuatro carabineros de la 1ª Comisaría de Calama, entre ellos el funcionario Aquiles Gallegos Fuentes, y luego de intensos interrogatorios bajo tortura, el día 5 de octubre de 1973 le saca del Retén donde se encontraba detenido y según la versión oficial difundida por un Bando Militar, para dirigirse con él al cerro denominado ‘Moctezuma’, donde posiblemente tenía oculto el armamento;

d.- Que una vez que llegan al lugar obligan a la víctima Ricardo Pérez a desenterrar supuestas armas y encontrándose en esa labor, aprovechan para dispararle y acribillarlo a balas con sus armas de servicio, causándole la muerte en el acto, a consecuencia de los 22 impactos de proyectil que recibió su cuerpo».