Cárcel de Antofagasta

Aún cuando la Cárcel de Antofagasta, ubicada en calle Arturo Prat Nº 1109-1147, entre calles Sucre – Curicó – Prat y Atacama y  estaba a cargo de Gendarmería. Los detenidos estaban bajo la custodia de efectivos militares, y este régimen de operación duró todo el período del gobierno militar. La mayor cantidad de detenidos se concentró el año 73. De acuerdo al Informe de la Cruz Roja Internacional (CRI) sobre su visita en octubre de 1973, había en ese momento 171 presos políticos.

Se observó una disminución significativa en los años 1974 y 1975, pero aumentaron las detenciones durante el año 1980 por aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Luego se mantuvo un número reducido de prisioneros hasta el fin del régimen militar. Informes de la Cruz Roja Internacional (CRI) señalan que el edificio de la cárcel fue construido a fines del siglo XIX. Los presos políticos se encontraban separados de los presos comunes, distribuidos en dos lugares y en celdas de 4 por 2,5 metros. Se indica que permanecían en el patio desde las 8 hasta las 17.30 horas.

En las celdas, los prisioneros estaban incomunicados, privados de alimento, agua, abrigo y con malas condiciones de higiene. Permanentemente amenazados, eran objeto de allanamientos sorpresivos a sus celdas, en las que había a lo menos 16 detenidos en ocho camarotes separados por un pasillo de 6 centímetros. Otros detenidos eran mantenidos encadenados, vendados, incomunicados por largo tiempo, en calabozos oscuros, tendidos en el suelo y en condiciones de total insalubridad.

Los testimonios recibidos indican que los prisioneros eran sometidos de manera permanente a malos tratos, golpizas, y simulacros de fusilamiento. Los trasladaban a otros recintos o lugares descampados para interrogarlos bajo torturas.

El citado Informe de la Cruz Roja Internacional (CRI), en su época, confirmó que en este recinto los presos políticos recibían golpes, amenazas y aplicación de electricidad durante los interrogatorios.

Este recinto carcelario esta estrechamente ligado con la tortura y asesinato de Jorge Antonio Cerda Alabaracin (30 años) y Carlos Desiderio Quiroga Rojas (32 años). Ambos fueron detenidos por Carabineros de la Subcomisaría en Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 1973 y enviados a la Cárcel de Antofagasta, recinto donde permanecieron hasta el día de sus ejecuciones.

Criminales y Cómplices

Capitan Albetto Herrera Feliú (Alcaide Cárcel Antofagasta); general Adrián Ortiz Cuttman (ex intendente de Antofagasta en 1974); Capitán de Carabineros Gerardo Maluje Abraham (Subcomisaría de Pedro de Valdivia);

Fuentes de Información Consultadas: Cruz Roja Internacional;  Informe Rettigg; Informe Valech; CODEPU; Coordinadora de Ex-presos Políticos de Santiago: “Nosotros los Sobrevivientes acusamos”; Libro: “La Represión Política en Chile: Los Hechos”; Archivo memoriaviva.com.;

..pasamos por la Cárcel de Antofagasta y en ese lugar un guardia  llamado Sargento Gordon, me mostró y me contó como habían asesinado allí  a mi cuñado Carlos Acuña Alvarez el día 13 de octubre de 1973…

"…Los detenidos, luego de su paso por el lugar, fueron trasladados a la cárcel de Antofagasta y puestos a disposición del tribunal de justicia:
“Fuimos condenados a tres años y tanto, después de la apelación quedamos 18 a 541 días y dos a tres años y un día (…) Estuvimos en la cárcel 9 meses y 9 meses en relegación y el resto estuvieron 9 meses en la cárcel y el resto de su tiempo en relegación” (N.V. detenido en 1980)…"

Fueron 40 las personas asesinadas en Antofagasta y Calama por la tristemente conocida “Caravana de la Muerte”; grupo liderado por el general Sergio Arellano Stark y que por órdenes de la dictadura militar, asesinó a opositores durante los primeros días del régimen.

Apenas perpetrado el golpe de estado y asegurada la muerte del Presidente Salvador Allende, el dictador Augusto Pinochet designó al general Sergio Arellano Stark para realizar una siniestra misión: aleccionar a los militares de provincia sobre como debían tratar a los ex dirigentes de la Unidad Popular.

El grupo de militares partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, a bordo de un helicóptero Puma del ejército, cuyo recorrido inicial fueron ciudades del sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas muertas. El regreso de la caravana a Santiago fue el 6 de octubre.

EPISODIO ANTOFAGASTA

La comitiva asesina aterrizaba su helicóptero en el Regimiento Esmeralda de Antofagasta el 18 de octubre de 1973 provenientes desde Copiapó, donde ya habían dejado a su paso una estela de muertes de personas inocentes. Allí, fueron recibidos por General  Joaquín Lagos Osorio, jefe de la división Antofagasta del Ejército  quien, como un acto de gentileza por haber sido tantos años vecinos, le ofreció su hogar como hospedaje, a él y a su ex segundo comandante en el Regimiento “coraceros”, el coronel Sergio Arredondo.

Arellano no dijo ni mostró a su anfitrión la carta donde el propio Pinochet lo nombraba “Delegado de la Junta de Gobierno” y sólo se limitó a contarle que venía encomendado con el objetivo de “unificar criterios sobre la Administración de justicia y agilizar los juicios pendientes” y, solicitaba a Lagos reunirse con los miembros de la guarnición militar para tratar el tema de “la debida conducta en un momento tan crítico para el país.” Profundizó  en el punto relativo a la calidad del “enemigo que tenían al frente y el clima político que provocó la revolución”. Luego de ello, Lagos llevó a sus invitados Arredondo y Arellano a su domicilio a almorzar, mientras el resto de la Comisión lo hacía en el Hotel Antofagasta, no sin antes dejar expresas instrucciones de que todo estuviera dispuesto para que Arellano pudiera trabajar en su oficina de la Comandancia.

Mientras tanto, en la Intendencia, se aprestaban a recibir la inesperada visita de Pinochet, quien le avisaba que haría una escala en Antofagasta por unas horas, de su viaje a Iquique, junto a su mujer.

Así, cerca de las 18:30  ya en el hangar, Arellano y su comitiva estaban distantes del grupo de uniformados que recibía a Pinochet, lo cual causó extrañeza en algunos de los presentes.

Una vez que Pinochet  e Hiriart  pisaban suelo antofagastino, el comandante  informaba que en la ciudad la situación era de completa calma  y, luego de los saludos y vituperio de rigor, Pinochet avisaba  personalmente al teniente coronel Sergio Arredondo la buena nueva de que había decidido nombrarlo director de la Escuela de Caballería, el premio mayor para un comandante equitador.

El dictador emprende su ruta hacia Iquique. Lagos y Arellano se retiran a su residencia en el vehículo del primero y Arredondo solicita permiso para quedarse con el vehículo de Arellano. Lagos supone que Arredondo visitaría y festejaría con su familia, por lo que accede al préstamo del Automóvil.

Horas más tarde,  Arredondo se  disculpaba telefónicamente  con Lagos, por no asistir a la comida en casa de su anfitrión y Arellano se preguntaba a viva voz por el resto de la comitiva hospedad en el Hotel Antofagasta.

Esa noche el auditor militar Marcos Herrera Aracena, fue a la cárcel de Antofagasta, a las 23:30, a entregar a los prisioneros que debían morir. Horas más tarde, a las 01:30 de la mañana, los 14 prisioneros eran acribillados con ráfagas de ametralladoras.

El 19 de octubre, muy temprano por la mañana, mientras los dos comandantes se  alistaban para volver al Regimiento Esmeralda donde los esperaba el helicóptero con ruta hacia Calama, Herrera se presentaba ante ambos para “sacarle la firma” a Arellano, “por el trabajo efectuado el día anterior” explicaba el último.

Cuando el Helicóptero de la comitiva se elevó hacia el cielo con rumbo a Calama, Lagos volvía a su oficina de la Intendencia donde era recibido por un alarmado mayor Manuel Matta, encargado de Relaciones públicas, quién, con el rostro desencajado y luego de entender que Lagos no tenía conocimiento de lo sucedido en la noche anterior, comienza a relatar los hechos.

Lagos, escuchaba estupefacto y confundido a la vez, el relato de cómo se habían ocupado vehículos que estaban bajo su mando para el traslado de los presos hacia la Quebrada Way, cómo los habían asesinado, cómo habían trasladado los cuerpos hasta la morgue del Hospital Regional de Antofagasta, donde  debido al poco espacio del recinto, estaban a vista de todo el mundo. Junto con ello, comenzó a recibir llamadas de su esposa quien le pedía explicaciones de por qué fuera de su hogar habían una veintena de mujeres llorando desconsoladas por la muerte de sus esposos, hijos y hermanos.

Aún sin saber de la potestad con que Arellano estaba investido, trató de denunciarlo a Pinochet, pero éste no se encontraba ubicable en su visita entre Iquique y Arica. Entonces ordenó que el capellán hablara con las familias de las víctimas, que los médicos de la MORGUE “armaran” los cuerpos como pudieran (como si se tratasen de algo que pudieran reparar), entregarlos en urnas cerradas a sus familiares y, que se presentaran de inmediato todos los comandantes de unidades de su jurisdicción.

Las víctimas de Antofagasta no pasaron a ser detenidos-desaparecidos. Sus cuerpos fueron entregados a las familias. Esta situación de excepción se explica por la reacción del general Joaquín Lagos, quien no sabía de la especial investidura de Oficial Delegado que detentaba el general Arellano, no recibió instrucciones para  el entierro clandestino de los cadáveres y, por tanto, ordenó entregarlos a las familias. Ya sabemos que el general Lagos decidió, ese mismo 19 de octubre de 1973, renunciar al Ejército. Pero ese día seguía siendo tanto el comandante en jefe de la Primera División como el Intendente de Antofagasta y actuó como tal. Decidió, por ejemplo, que había que mentir para encubrir lo ocurrido delante de la ciudadanía. Tuvo que mentir, dijo, para conservar su “ascendiente sobre la ciudadanía”. Ordenó que se publicaran dos noticias, dando cuenta de sólo siete “ejecutados”.

En la primera, publicada por El Mercurio de Antofagasta, se informó de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz-Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, ejecuciones “ordenadas por la Junta Militar de Gobierno a fin de acelerar el proceso de depuración marxista y de centrar los esfuerzos en la recuperación nacional“. Titular de esa noticia: “Planeaban asesinatos en masa en Antofagasta”.

La segunda publicación, tres días después, también en El Mercurio de Antofagasta, se tituló “Ejecutados tres extremistas”. Y el texto daba cuenta del fusilamiento de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Guillermo Cuello “por resolución de la Honorable Junta de Gobierno”. Razón de las ejecuciones: estar “comprometidos en activismo político y conspiración terrorista”. Nada se dijo públicamente acerca de las otras siete víctimas. Veamos quiénes eran:

• Luis Eduardo Alaniz Álvarez, 23 años, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante del Partido Socialista. Se entregó voluntariamente a las autoridades militares en la ciudad de Arica al saber que era requerido por un bando militar en Antofagasta. Fue trasladado, a comienzos de octubre de 1973, a la cárcel de Antofagasta.
• Mario Arqueros Silva, 45 años, gobernador de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Arrestado en su casa cuatro días después del golpe militar. Primero estuvo en la cárcel de Tocopilla y de ahí fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato
•  Dinator Ávila Rocco, 32 años, empleado de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante del Partido Socialista. Detenido a fines de septiembre en la localidad de María Elena, trasladado luego a la comisaría de Tocopilla y luego a la cárcel de Antofagasta.
• Guillermo Cuello Álvarez, 30 años, funcionario de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, dos días después del golpe militar, en la comisaría de Antofagasta y de allí fue llevado a la cárcel. Dos prisioneros declararon ante el juez que vieron a Cuello ser bajado en andas al salir de la cárcel, ya que le habían fracturado la columna durante las torturas. El oficial que dirigió los tormentos era el mayor Patricio Ferrer (SIM).

Los certificados de defunción que se entregaron fueron iguales para los catorce asesinados: Fecha: 19 de octubre de 1973 Hora: 01.30 horas Causa de muerte: Anemia aguda, lesiones debidas a proyectil.

• Marco Felipe de la Vega Rivera, 46 años, casado, tres hijos, ingeniero, alcalde de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Detenido en su casa cuatro días después del golpe militar. Desde la cárcel de Tocopilla fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato
• Norton Flores Antivilo, 25 años, asistente social de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) en la localidad de María Elena, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa el 1º de octubre de 1973, trasladado a Tocopilla y de ahí a la cárcel de Antofagasta.
• Darío Godoy Mansilla, 18 años, estudiante de enseñanza media, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa, en Tocopilla, y luego trasladado a la cárcel de Antofagasta
• José García Berríos, 66 años, trabajador marítimo y dirigente sindical. Militante del Partido Comunista. Detenido en Tocopilla al día siguiente del golpe militar. De la comisaría de esa ciudad fue trasladado a la cárcel de Antofagasta.
• Miguel Manríquez Díaz, 24 años, casado, un hijo, profesor, empleado de la estatal empresa de cementos Inacesa, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa dos semanas después del golpe militar, llevado primero al cuartel de Investigaciones y de ahí a la cárcel de la ciudad.
• Danilo Moreno Acevedo, 28 años, chofer de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), dirigente sindical, militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, el 8 de octubre de 1973, al ser llamado por un bando militar. Estuvo una semana incomunicado en el cuartel de Investigaciones y de ahí fue llevado a la cárcel de Antofagasta.
• Washington Muñoz Donoso, 35 años, interventor estatal de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU). Detenido en su casa y recluido en la cárcel de la ciudad.
• Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, 26 años, casado, una hija, ingeniero, gerente de la estatal industria Inacesa, militante del MAPU. Se presentó voluntariamente en la Intendencia de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar, al ser requerido por bando militar. Por once días estuvo detenido en la Base Aérea de Cerro Moreno, donde fue torturado, y de ahí lo trasladaron a la cárcel de la ciudad.
• Mario Silva Iriarte, 38 años, casado, cinco hijos, abogado, gerente de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo—Norte), ex concejal de Chañaral, secretario regional del Partido Socialista. Viajó especialmente desde Santiago para presentarse ante las nuevas autoridades de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar. Su voluntaria presentación se efectuó en la Intendencia de la ciudad. Y luego, desde la Base Aérea de Cerro Moreno, fue llevado a la cárcel. Varios testimonios de ex prisioneros coinciden en señalar que, por ser muy jóvenes, buscaron su consejo. El estaba muy tranquilo, dicen, convencido de que se haría justicia y que —a lo más—serían relegados por pocos meses a un lugar alejado.
• Alexis Valenzuela Flores, 29 años, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), presidente del sindicato, dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT) de la zona, regidor de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Fue detenido una semana después del golpe militar, en su casa de Tocopilla. De la cárcel de esa ciudad fue llevado a la de Antofagasta el 15 de octubre, cuatro días antes de su asesinato. Durante toda su detención estuvo incomunicado.

En el caso de Antofagasta, el ministro Guzmán recibió el testimonio del ex prisionero Víctor Moreno Olmos, quien le contó que esa noche del 18 de octubre de 1973 fue sacado a la Sala de Guardia de la cárcel: “Vi un montón de personas paradas frente a la pared, encapuchados, amarrados con las manos atadas atrás y un gran número de  militares en traje de campaña”. Lo amarraron, lo vendaron y lo pusieron junto a los otros. Ordenaron a los presos gritar sus nombres para  chequear  con  una lista. —¡Moreno, Víctor! —dijo él cuando le indicaron con un golpe que era su turno.

En la entrega de los cadáveres, cada familia guarda un doloroso recuerdo en su memoria. La esposa de Mario Silva Iriarte, Graciela Álvarez, relató: “El general Lagos autorizó que lo enterráramos en Vallenar. El ataúd venía sellado, no pudimos ver su cuerpo. En una camioneta y un furgón, que nos prestaron en la Corfo, fuimos directamente al cementerio. No nos autorizaron a hacer un funeral ni a ponerle una lápida en su tumba. Y pensar que se entregó voluntariamente, porque él creía en el profesionalismo de los militares y jamás los imaginó capaces de masacrar“.

También en un sellado ataúd fue entregado el cuerpo del joven Eugenio Ruiz-Tagle, y su madre —Alicia Orrego—recordaba así ese día de octubre de 1973: “Sólo pude ver a mi hijo ya en el ataúd, a través del vidrio. De las torturas que sufrió en su cuerpo, no puedo dar testimonio directo. No lo vi, pero el abogado y el empleado de la funeraria lloraban al contármelo. De su cara, de su cuello, de su cabeza, sí puedo hablar. Lo tengo grabado a fuego para siempre. Le faltaba un ojo, el izquierdo. Tenía la nariz quebrada, con tajos, hinchada y separada abajo, hasta el fin de una aleta. Tenía la mandíbula inferior quebrada en varias partes. La boca era una masa tumefacta, herida, no se veían dientes. Tenía un tajo largo, ancho, no muy profundo en el cuello. La oreja derecha hinchada, partida y semi arrancada del lóbulo hacia arriba. Tenía  huellas de quemaduras o, tal vez, una bala superficial en la mejilla derecha, un surco profundo. Su frente, con pequeños tajos y moretones. Su cabeza estaba en un ángulo muy raro, creí por eso que tenía el cuello quebrado”. La familia del joven Miguel Manríquez, en cambio, pudo ver el cuerpo por  escasos segundos. Su padre estaba en una ceremonia  religiosa cuando se le acercó el capellán José Donoso y le informó que su hijo había sido fusilado. Se fue de  inmediato a la morgue  y lo vio: “Las manos estaban amarradas con alambre y en el cuello tenía un pañuelo negro. Pensé que le habían vendado los ojos”.

Y la familia del alcalde de Tocopilla, Marcos de la Vega, relató: “Nos entregaron su ropa en una bolsa plástica. Era un charco de sangre. Sólo pudimos ver su cara y una mano, en la que tenía una herida como si lo hubieran clavado. La verdad es que varios cadáveres tenían la misma marca en las manos. Era una herida profunda. Un oficial se enojó porque habíamos comprado una urna con vidrio. Quería urnas selladas completamente. No nos dejaron velarlo: de la morgue al cementerio directamente. Cuando llegamos al cementerio, estaba lleno. La gente corría de un entierro a otro. Y en Tocopilla, cuando se supo la  noticia, la gente salió a la calle llorando. Tuvieron que disparar  tiros al aire para que se entraran. Después del entierro, nuestra madre se acostó en su cama y ahí mismo murió de pena cinco meses después”. (Hermana de Marcos de la Vega, testimonio registrada en la Vicaría de la Solidaridad)

De acuerdo a la investigación, se logró determinar, que aproximadamente a las 10:00 horas del día 18 de octubre de 1973, se posó en el Regimiento de Infantería “Esmeralda”  -ubicado en A. Ejército s/n, Antofagasta- un helicóptero Puma del Ejército de Chile que transportaba una comitiva de militares procedente inicialmente de Santiago, presidida por un Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército.

EPISODIO CALAMA

El Episodio Calama se registró el 19 de octubre de 1973, cuando el helicóptero Puma del ejército, destinado a la Caravana de la Muerte, partió desde Antofagasta arribó hasta Calama.

Lugar donde el general de ejército Arellano Stark, llegó en calidad de oficial delegado del Comandante en Jefe de la Junta de Gobierno el Regimiento de Infantería N° 15 para “acelerar procesos judiciales”.

En esta ciudad fueron 34 las víctimas de la dictadura de Pinochet. Algunos de ellos fueron enterrados, exhumados y luego mutilados para hacerlos desaparecer.

Los restos de las personas asesinadas fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16 y medio del camino a San Pedro de Atacama.

• José Gregorio Saavedra González, 17 años, estudiante de educación media.  Dirigente estudiantil del MIR y FER.  Detenido bajo falsos cargos de terrorismo, fue torturado, mutilado y asesinado por agentes de la dictadura de Pinochet y la Caravana de la Muerte.  De su cuerpo, sólo se encontró un trozo de su mandíbula y su pie derecho en la fosa de la Quebrada del Buitre.  El resto se sus osamentas aún están desaparecidas.
• Carlos Berger Guralnik, abogado y periodista, era el encargado de prensa de Radio El Loa, en Chuquicamata.  Fue detenido por negarse al cese de transmisiones radiales durante el golpe militar.  Condenado a 60 días de reclusión, fue retirado de la cárcel de Calama junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973, y asesinado en el desierto.  Sólo se han encontrado un par de osamentas de su cuerpo.
• David Silberman Gurovich, ingeniero civil de 35 años de edad y gerente general de Cobrechuqui, fue detenido el 15 de septiembre de 1973.  Condenado a 10 años de presidio a causa de su vinculación con la Unidad Popular, hasta el día de hoy figura en los listados de detenidos desaparecidos.  Su cuerpo nunca ha sido encontrado.
• Mario Argüelles Toro contaba con 34 años de edad al momento de su detención.  Era comerciante y militaba en el Partido Socialista de Chile.  Fue torturado y mutilado antes de su muerte.  El 19 de octubre de 1973, junto a 25 presos políticos de Calama, fue asesinado por la “Caravana de la Muerte”.
• Carlos Escobedo Caris tenía 24 años al ser detenido.  Fue chofer de la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Sus familiares se enteraron de su muerte casi una semana después de ser asesinado por los militares.  El capellán de ejército Luis Jorquera les mintió, diciéndoles que le había otorgado la confesión y comunión católica antes de morir.
• Haroldo Cabrera Abarzúa, de 34 años al momento de su asesinato, era ingeniero civil. Se desempeñaba como subgerente de la Compañía de Cobre
  Chuquicamata. Fue torturado y luego fusilado,el 19 de octubre de 1973, junto a 25 compañeros detenidos en la cárcel de Calama. Fue enterrado en la Quebrada del Buitre y su identificación se logró gracias a un dedo encontrado a flor de tierra.
• Luis Bush Morales, ingeniero agrónomo de 29 años de edad.  Fue detenido el 4 de octubre de 1973 y fusilado al día siguiente por orden del coronel de ejército Eugenio Rivera.  Si bien su cuerpo fue recuperado en 1985, las pericias realizadas confirmaron que no murió fusilado sino por las torturas a las que fue sometido.
• Jorge Yueng Rojas, obrero de la fábrica de explosivos Dupont de Calama, contaba con 37 años al momento de su asesinato.  Fue retirado de la cárcel de Calama el 19 de octubre de 1973 y ejecutado junto a otros 25 presos políticos.
• Jerónimo Carpanchay Choque, obrero de la empresa Dupont de Calama y destacado atleta, tenía 28 años al morir.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973.  Torturado en recintos de la misma empresa donde trabajaba, fue ejecutado el 19 de octubre junto a otros 25 compañeros de prisión.
• Roberto Rojas Alcayaga, de 36 años de edad, era obrero en la fábrica de explosivos Dupont.  Fue incomunicado en la comisaría de Calama y luego trasladado a la cárcel como prisionero político.  El 19 de octubre de 1973, fue asesinado por la “Caravana de la Muerte” y su cuerpo hecho desaparecer en el desierto.
• Bernardino Cayo Cayo pertenecía a la empresa Dupont en Calama y formaba parte de su Consejo de Administración.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973.  Su familia fue informada que había sido trasladado a Antofagasta.  Sin embargo, agentes de la “Caravana de la Muerte” lo fusilaron.
• Luis Contreras León, dirigente de la Unión Socialista Popular, fue detenido el 22 de octubre de 1973.  El ejército siempre negó su paradero hasta que en diciembre de 1990, su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pique minero, completamente desnudo y con evidentes muestras de tortura.  Hasta esa fecha, engrosaba las listas de detenidos desaparecidos en Chile.
• Alejandro Rodríguez Rodríguez, de 47 años de edad, era trabajador de la Compañía de Cobre Chuquicamata y Regidor por Calama. También fue Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. El día 11 de septiembre de 1973, cumplia las funciones de Alcalde de Calama. Fue retirado de la cárcel por la
  “Caravana de la Muerte” y asesinado el 19 de octubre.
• Carlos Piñero Lucero, de 29 años de edad al momento de su muerte, era chofer de David Silberman (gerente general de la Cia. de cobre Chuquicamata, actualmente desaparecido).  Fue detenido el 17 de octubre de 1973 y asesinado junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 del mismo mes.
• Luis Gahona Ochoa, de 28 años de edad, era obrero de la fábrica Dupont en Calama.  Detenido el 12 de octubre de 1973, fue retirado de la cárcel junto a otros 25 prisioneros y asesinado en el desierto el 19 de octubre.  Su cuerpo nunca ha sido encontrado.
• Fernando Ramírez Sánchez, de 28 años, era trabajador de la Cia. Minera
  Exótica. Detenido junto a su chofer el 11 de septiembre de 1973, fue dejado en libertad previo pago de una fianza. Más tarde, fue apresado nuevamente, torturado y asesinado el 19 de octubre.
• Daniel Garrido Muñoz, ex militar, fue detenido y acusado de traición a la patria.  A los 22 años de edad, fue fusilado en el desierto, el día 19 de octubre de 1973.
• Víctor Ortega Cuevas, era obrero en la fábrica de explosivos Dupont.  De 34 años de edad, fue detenido junto a nueve de sus compañeros de trabajo el 12 de octubre de 1973.  Fue asesinado por la “Caravana de la Muerte” el 19 de octubre.
• Luis Hernández Neira, trabajador de la Compañía de Cobre Chuquicamata, fue detenido y enviado a la cárcel de Calama.  Luego, el 19 de octubre de 1973, fue llevado al desierto por la “Caravana de la Muerte” y asesinado junto a 25 de sus compañeros.
• Manuel Hidalgo Rivas, obrero de la fábrica de explosivos Dupont en Calama.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973 y asesinado el día 19 del mismo mes.  Su familia fue informada que había muerto al intentar escaparse.  Más tarde, se enteraron que en realidad lo había fusilado la “Caravana de la Muerte”.
• Luis Moreno Villarroel era chofer en la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Fue retirado de la cárcel de Calama por efectivos del ejército y fusilado en el desierto, el 19 de octubre de 1973.
• Hernán Moreno Villarroel, hermano de Luis, era secretario de la gobernación de Calama.  Fue integrante de la guardia personal del presidente Allende.  Bajo arresto domiciliario tras el golpe militar, más tarde fue encarcelado hasta que la “Caravana de la Muerte” lo asesinó en las afueras de la ciudad el 19 de octubre de 1973.
• Rolando Hoyos Salazar, mecánico de la fábrica de explosivos Dupont de Calama, tenía 38 años de edad.  Fue torturado en distintas ocasiones y, el 19 de octubre de 1973, fue asesinado por integrantes de la “Caravana de la Muerte”.  Su familia fue informada falsamente que saldría en libertad.
• René Linsambarth Rodríguez tenía 27 años al momento de su detención.  Trabajador en el pueblo de Lasana, fue detenido por sospecha sólo porque su apellido no era nativo.  Después de ser torturado en el centro de detención de Dupont, desapareció hasta que sus osamentas fueron encontradas en el sector Moctezuma, en las inmediaciones de Calama.  Hasta 1997, integraba la lista de detenidos desaparecidos.
• Domingo Mamani López era dirigente sindical y laboraba en la fábrica
  Dupont. Detenido el 30 de septiembre de 1973, fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal militar. Sin embargo, el 19 de octubre fue fusilado en las afueras de Calama. Unos molares de Domingo fueron encontrados en la fosa de la quebrada El Buitre, pero el resto de su cuerpo aún no ha sido encontrado.
• David Miranda Luna, militante y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, era subgerente de la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Se presentó a los cuarteles militares tras un llamado de un bando militar y quedó detenido en la cárcel de Calama.  Sin juicio previo, fue asesinado en el desierto junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973.
• Rosario Muñoz Castillo era trabajador de la fábrica de explosivos Dupont.  Detenido junto a nueve de sus compañeros, fue retirado de la cárcel de Calama el 19 de octubre de 1973 para ser asesinado en Topáter.  Su hijo nació 15 días después de su muerte.
• Milton Muñoz Muñoz, de 33 años de edad, era casado y tenía una hija.  Sin motivos aparentes, fue detenido y llevado a la cárcel de Calama.  Desde allí, fue retirado por personal militar y asesinado el 19 de octubre de 1973.
• Ricardo Pérez Cárdenas, de 22 años de edad, era trabajador de la Cia. Minera Exótica.  Detenido el 30 de septiembre de 1973, fue torturado alevosamente durante días hasta que, por orden del ejército, se le fusiló el 5 de octubre.  Cuando se recuperó su cuerpo, se encontraron en él 23 balas de gran calibre.  Sus restos están sepultados en el cementerio de Calama.
• Andrés Rojas Marambio se desempeñaba como chofer del hospital de
  Calama. Acusado de transporte de explosivos y terrorismo, fue detenido el 5 de octubre de 1973 y fusilado al día siguiente por órdenes del coronel Eugenio Rivera.

LOS ASESINOS

La comitiva estuvo formada por:

• Sergio Arellano Stark, delegado directo de Pinochet, cabecilla de la comitiva, En octubre de 1973, fue designado por Augusto Pinochet como “Delegado de la Junta Militar de Gobierno”, cuya principal función era la de «agilizar y uniformar criterios sobre la administración de justicia» para con los prisioneros políticos.
• Coronel Sergio Arredondo González, Alias “Rorro”. Brazo derecho de Arellano
• Mayor Pedro Espinoza Bravo
• Mayor Carlos López Tapia
• Capitán Marcelo Moren Brito
• Capitán Luis Felipe Polanco
• Capitán Emilio de la Mahotiere González
• Teniente Juan Chiminelli Fullerton
• Teniente Armando Fernández Larios
• Más dos clases de la Escuela de Infantería

Fuentes: 

Libro “Los Zarpazos del Puma”, Patricia Verdugo

Afedepp-Calama

Fueron identificados cientìficamente los restos del periodista Carlos Berger Guralnik y de otras 5 personas, de un total de 26 víctimas asesinadas en Calama por los militares de la llamada «Caravana de la Muerte», el 19 de octubre de 1973, informó (31-01-2014) a los familiares de las víctimas el magistrado Leopoldo Llanos, ministro en visita […]

Fueron identificados cientìficamente los restos del periodista Carlos Berger Guralnik y de otras 5 personas, de un total de 26 víctimas asesinadas en Calama por los militares de la llamada «Caravana de la Muerte», el 19 de octubre de 1973, informó (31-01-2014) a los familiares de las víctimas el magistrado Leopoldo Llanos, ministro en visita para causas de derechos humanos.

En la sede del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, el ministro en visita Llanos dio a conocer los resultados de los informes genéticos del Servicio Médico Legal (SML) sobre estas 6 víctimas reconocidas que se suman a otras 12 personas identificadas antes. El proceso criminal lo investiga la ministra Patricia González.

En total, el SML ha identificado a 18 víctimas de este asesinato colectivo perpetrado en Calama por el general Sergio Arellano Stark y un séquito de oficiales del ejército que recorrió el país a bordo de un helicóptero Puma, en la «Caravana de la Muerte» que exterminó a militantes políticos partidarios de Salvador Allende en diferentes localidades de Chile, a sólo un mes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Las víctimas identificadas fueron:

-Carlos Alfredo Escobedo Caris

-Hernán Elizardo Moreno Villarroel

-Carlos Berger Guralnik

-Mario Argüelles Toro

-Luis Alfonso Moreno Villarroel

-Jerónimo Carpanchai Choque

Los restos fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16,5 del camino que une Calama y San Pedro de Atacama. Las primeras pericias establecieron que correspondían a sujetos diferentes, con una data de muerte anterior a 1975 y, según sus estructuras óseas, eran odontológicamente mayores de 12 años.

El proceso también indica que los restos sufrieron una re-sepultación de más de 10 años y que hubo exhumación de casi la totalidad de los cadáveres, excepto un escaso remanente de piezas óseas que quedaron en el lugar. Con estas 6 nuevas diligencias exitosas, se llegó a un total de 18 víctimas identificadas, de un total de 26 restos de cuerpos encontrados

Las últimas víctimas identificadas

Carlos Alfredo Escobedo Caris, militante socialista, de 24 años de edad al momento de su detención. Chofer del mineral de cobre Chuquicamata, fue detenido en su domicilio el día 24 de septiembre de 1973 y ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Luis Alfonso Moreno Villarroel, militante socialista de 30 años de edad, obrero de Chuquicamata, fue detenido el 12 de octubre de 1973, cuando se presentó voluntariamente a declarar al enterarse que tenía una citación de la Fiscalía Militar. Fue ingresado a la Cárcel Pública de Calama, y ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Carlos Berger Guralnik, periodista y abogado, de 30 años, era director de la Radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas del mineral Chuquicamata. Militante comunista, fue detenido en la radio el 11 de septiembre de 1973 y ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Mario Argüelles Toro, dirigente socialista de 34 años, taxista. Fue detenido el 26 de septiembre de 1973 y condenado a prisión por Consejo de Guerra. Fue ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Hernán Elizardo Moreno Villarroel, secretario de la Gobernación del Loa, militante socialista de 29 años al momento de su detención. Estuvo bajo arresto domiciliario durante un mes, a partir del 12 de septiembre de 1973, y luego se le trasladó a la Cárcel de Calama. Fue ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Jerónimo Carpanchai Choque, militante socialista de 28 años, obrero de la Empresa Nacional de Explosivos (ENAEX), fue detenido en su trabajo el 12 de octubre de 1973. Trasladado a la comisaría de Calama, y cinco días después a la Cárcel Pública, fue ejecutado el 19 de octubre del mismo año.

Integrantes de la Caravana

El grupo partió desde el aeródromo Tobalaba, de Santiago, el 30 de septiembre de 1973, en un helicóptero Puma del ejército, cuyo recorrido inicial fue por ciudades del sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas asesinadas. El regreso a Santiago fue el 6 de octubre.

El viaje por el norte del país partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica. El balance de víctimas fue de 71 personas. El regreso a Santiago fue el 22 de octubre.

El general Arellano Stark ordenó preparar la logística de la gira que mataría a 97 personas al teniente Juan Viterbo Chiminelli. Un grupo de oficiales de ejército se prestó para actuar como carniceros, que ejecutaron cruelmente a sus víctimas de preferencia con puñales llamados «corvos»:

-General de brigada Sergio Arellano Stark, jefe del grupo, delegado de Pinochet.

-Teniente coronel Sergio Arredondo González (más tarde director de la Escuela de Infantería).

-Mayor Pedro Espinoza Bravo, un oficial de Inteligencia del Ejército (más tarde jefe de operaciones de la policía secreta DINA e involucrado en casos emblemáticos como el asesinato de Orlando Letelier y culpado como autor del asesinato del periodista norteamericano Charles Horman, testigo de la participación norteamericana en el golpe).

-Mayor Carlos López Tapia, segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y Cauquenes, acusado de participar en la muerte de cuatro personas.

-Capitán Marcelo Moren Brito (después comandante del campo de torturas Villa Grimaldi).

-Capitán Antonio Palomo Contreras, piloto del helicóptero Puma en su viaje al sur.

-Capitán Emilio Robert de la Mahotiere González, copiloto del helicóptero al sur, piloto en viaje al norte.

-Capitán Luis Felipe Polanco, copiloto de de la Mahotiere en el viaje al norte.

-Teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, coordinación y logística.

-Teniente Armando Fernández Larios (más tarde incorporado a la DINA e involucrado en el asesinato de Orlando Letelier en Washington).

Además de estos 10 oficiales, fueron dos clases (un clase se ubicaba entre sargento 2º y cabo) de la escuela de infantería del ejército.

Declaración del Centro Progresista Judío Meretz Chile

sobre asesinato del periodista de Caravana de la Muerte

El Centro Progresista Judío – Meretz Chile acompaña a la familia Berger Guralnik -en especial a nuestra compañera Carmen Hertz y a German Berger-Hertz- y a los familiares de Carlos Alfredo Escobedo Caris (24 años, militante socialista, chofer en Chuquicamata), Hernán Elizardo Moreno Villarroel (29 años, militante socialista, secretario de la Gobernación de la Provincia del Loa), Mario Argüelles Toro (34 años, militante y dirigente socialista, taxista), Luis Alfonso Moreno Villarroel (30 años, militante socialista, obrero de Chuquicamata) y Jerónimo Carpanchai Choque (28 años, militante socialista, obrero de Enaex), cuyos restos fueron identificados ayer, tras interminables años de búsqueda y espera.

Cada uno de ellos, junto con todos los asesinados por la `Caravana de la Muerte´, los desaparecidos por la DINA y la CNI, son más que un nombre o un número, e incluso más que los restos de restos identificados esta semana. Cada uno era una persona querida, comprometida con las causas sociales y con Chile. Cada uno era un mundo entero. Nos unimos al llamado de justicia realizado por la abogada y defensora de los Derechos Humanos Carmen Hertz, con el fin de procesar y juzgar a los culpables del asesinato masivo ocurrido en octubre de 1973 y a los encubridores que removieron los cuerpos en 1974, y compartimos su llamado por Justicia. Como dijo Carmen: «La falta de justicia no le hace mal sólo a los familiares, sino que le hace mal a todo el País. El olvido y la impunidad hace mal, no se puede reconstruir una sociedad si no hay justicia para crímenes de esta naturaleza». Junto a ella, esperamos también el día en que este país pueda entregar justicia frente a crímenes tan horrorosos. Nos unimos a este llamado, con la esperanza de que los cuerpos de todos los detenidos desaparecidos, también, puedan ser encontrados e identificados.

Así mismo, recordamos en especial a Julio Berger y Dora Guralnik, los padres de Carlos Berger Guralnik, quienes murieron con el dolor y por el dolor de la masacre que fue víctima su familia, sin nunca haber sabido dónde se encontraba el cuerpo de su hijo. Enfatizamos el compromiso de Carlos Berger Guralnik con Chile y la justicia social, y recogemos su legado. Acompañaremos a la familia en su dolor y memoria, y en las ceremonias de recordación que serán informadas en fecha oportuna. Esperamos que este hecho, la identificación de osamentas de ejecutados políticos, sea un paso en adelante para la Justicia, la Reconciliación y la Paz del País.

Hace 45 años 26 jóvenes fueron fusilados en Calama, entre ellos el marido de Carmen Hertz. Un general dijo que le dio verguenza como quedaron los cuerpos: "Ametrallaron primero las piernas después los órganos sexuales y luego al corazón"

Por Alfredo Peña R.

Días después del golpe militar, el dictador Pinochet señaló que "No habrá piedad con los extremistas".

Por ello, al recibir noticias sobre el trato moderado que algunos comandantes de guarnición de provincia y de regiones daban a ex dirigentes de la Unidad Popular, decidió aleccionar a estos mandos "blandos" enviando a un oficial delegado que lo representaría y actuaría en su nombre.

Para tal efecto fue designado el general Sergio Arellano Stark, quien portaba un documento-pasaporte donde figuraba como "Oficial Delegado del Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno" para "acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia" a los prisioneros.2

Integrantes de la comitiva de la denominada Caravana de la Muerte

Arellano -que murió el 2016- dio órdenes de preparar la logística de la operación al teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton.

El grupo de oficiales de Ejército que finalmente realizaron el viaje incluía a los siguientes miembros (en orden de jerarquía militar):

*General de brigada Sergio Arellano Stark, jefe del grupo, delegado de Augusto Pinochet Ugarte.
*Teniente coronel Sergio Arredondo González (más tarde director de la Escuela de Infantería).
*Mayor Pedro Espinoza Bravo, un oficial de Inteligencia del Ejército (más tarde jefe de operaciones de la policía secreta DINA e involucrado en casos emblemáticos como el asesinato de Orlando Letelier y culpado como autor del asesinato del periodista norteamericano Charles Horman, testigo de la participación norteamericana en el golpe).
*Mayor Carlos López Tapia, segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y Cauquenes, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro disidentes.?
*Capitán Marcelo Moren Brito? (después comandante del campo de torturas Villa Grimaldi).
*Capitán Antonio Palomo Contreras,? piloto del helicóptero Puma en su viaje al sur.
*Capitán Emilio Robert de la Mahotiere González,? copiloto del helicóptero yendo al sur, piloto en viaje al norte.
*Capitán Luis Felipe Polanco Gallardo, copiloto del anterior en el viaje al norte.
*Teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, coordinación y logística en la misión.
*Teniente Armando Fernández Larios, guardaespaldas de Arellano y perpetrador de varios asesinatos (más tarde un agente de la DINA e involucrado en el asesinato de Orlando Letelier).
*Además de estos diez miembros, fueron incluidos dos clases o suboficiales? de la escuela de infantería del ejército.

Recorrido de la Caravana de la Muerte

El grupo partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, a bordo de un helicóptero Puma del ejército, el recorrido inicial incluyó ciudades del centro y sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas muertas. El regreso de la caravana a Santiago fue el 6 de octubre.

En el norte de Chile la misión partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica. El saldo de muertos fue de 71 personas. El regreso definitivo a Santiago tuvo lugar el 22 de octubre de ese año.

Asesinatos

Los militares ejecutaron a prisioneros políticos con especial brutalidad. En varias ocasiones los hirieron con corvos antes de fusilarlos. Posteriormente las víctimas eran enterradas en tumbas sin inscripción.

Años más tarde, cuando se preguntó al ex general Joaquín Lagos Osorio -Comandante de la Primera División del Ejército y Jefe de Zona en Estado de Sitio en Antofagasta- por qué no se habían entregado los cuerpos de los ejecutados a sus familias, Lagos explicó que le avergonzaba se descubriera la barbarie con que oficiales asesinaron a los 14 prisioneros de Antofagasta.?

"Me daba vergüenza verlos. Si estaban hechos pedazos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en una forma humana. Sí, les sacaban los ojos con cuchillos, les quebraban las mandíbulas, les quebraban las piernas… Al final les daban el golpe de gracia. Se ensañaron". […] "Se los mataba de modo que murieran lentamente. O sea, a veces los fusilaban por partes. Primero, las piernas; después, los órganos sexuales; después, el corazón. En ese orden disparaban las ametralladoras".

Los 26 brutales asesinatos en Calama incluido Carlos Berger

En el caso de Calama, había víctimas sentenciadas a leves penas de prisión, como el periodista Carlos Berger, condenado por un Consejo de Guerra a cien días de cárcel por haber desobedecido el día del golpe militar la orden de acallar las transmisiones de la radio que dirigía.

Según la investigación judicial, los presos fueron sacados de la cárcel de Calama y llevados a un lugar en el desierto, donde los militares los acribillaron, destrozaron los cadáveres con cortes de corvo (cuchillo de combate del Ejército) y los lanzaron a una fosa en la que, antes de cubrir con arena y tierra, hicieron explotar granadas.

Foto: Los "valientes soldados" asesinaron hasta a un niño de 16 años en Calama. José Gregorio Saavedra González, iba a cumplir 17 años, y antes de ser fusilado, fue mutilado con un corvo. Y era un niño

A comienzos de 1978, por orden de Augusto Pinochet los restos fueron exhumados, cargados en sacos atados a rieles y lanzados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea.

La identificación de estas víctimas finalmente se logró a partir de fragmentos óseos y objetos personales hallados en el terreno en el desierto donde estuvieron enterrados los restos antes de ser exhumados y lanzados al mar.

La abogada de derechos humanos y viuda de Carlos Berger, hoy diputada Carmen Hertz, declaró “al cabo de 40 años, después de esta masacre brutal de la que fueron víctimas innumerables personas (…) todavía no alcanzamos la justicia”.

El dramático relato del crimen del joven marido de la diputada Carmen Hertz

Carlos Berger y su familia habían llegado a Calama sólo 25 días antes del golpe militar, para hacerse cargo de la dirección de la radio El Loa. En un momento crítico, decidió que debía colaborar – como comunicador – para que la zona de Calama, zona dura de mineros, pudiera recuperar un clima de tolerancia y respeto.

Su viuda, Carmen Hertz recuerda a El Dínamo con detalles el día del crimen hace exactos 45 años:

“Carlos fue arrestado en mi presencia, en el interior de la radio El Loa, por un numeroso contingente armado el mismo día 11 de septiembre a las 11.00 horas, debido a que se negó a clausurar las transmisiones de la radio. Tanto en Chuquicamata como en Calama no hubo resistencia armada alguna e incluso el mineral funcionó normalmente, lo que es ratificado por el coronel Rivera y el mayor Reveco en sus declaraciones. Carlos fue condenado a 61 días de prisión en la Cárcel Pública de Calama, por lo que fue calificado por la Justicia Militar como “una falta”. Y esta sentencia le fue notificada. Por el hecho de ser yo abogado y andar con mi hijo de corta edad en todas partes, ya que no tenía con quien dejarlo, no existían inconvenientes para visitar a Carlos todos los días, primero en el regimiento y después en la cárcel. Incluso el trato que me dispensaban los oficiales y gendarmes podría calificarlo de cordial y deferente”.

Foto: Carlos Berger, periodista y abogado, tenía 30 años cuando fue asesinado por los militares.

Y agrega Carmen: “Como existía esa buena disposición y nosotros no éramos de la zona, lo único que queríamos era regresar pronto a Santiago, de manera que el 18 de octubre le pedí al fiscal militar de Calama que conmutara los días que le faltaban a Carlos para cumplir la pena por una multa, a lo que accedió verbalmente, pero señalándome que la petición se la hiciera formalmente. Al mediodía del día siguiente, 19 de octubre, le llevé el escrito respectivo. Sin embargo, el fiscal me señaló entonces que no podía acceder a mi solicitud, puntualizando que la situación no era la misma, sin darme otros antecedentes y sólo aduciendo que ese día había arribado a la ciudad un helicóptero con una comitiva de oficiales proveniente de Santiago, al mando del general Arellano Stark.

Era la primera vez que escuchaba el nombre de ese general”. “Como no entendía qué estaba pasando, en qué consistía esta situación nueva y qué consecuencias podía tener, me fui a la cárcel para comunicarle esto a Carlos. Eran aproximadamente las tres de la tarde. Lo encontré extraordinariamente nervioso y preocupado porque habían sacado del penal a la mitad de los detenidos, encapuchados y maniatados, llevándoselos a un lugar desconocido. Inclusive en la cárcel noté medidas de otro tipo. Por ejemplo, no me dejaron ingresar al patio donde siempre había entrado, sino sólo a una sala especial. Lo acompañé hasta aproximadamente las cinco de la tarde. Estaba quemado por el sol, con sus bluejeans, su camisa, su pipa. Nos despedimos con un beso. Su último beso…”

“Subí a Chuquicamata donde yo vivía y, como dos horas después, supe que el resto de los detenidos que quedaban en la cárcel también habían sido sacados y llevados a un lugar desconocido. Llamé por teléfono al Alcaide de la Cárcel, ya que no podía bajar porque había toque de queda. Él me dijo que no me preocupara porque todos los detenidos políticos habían sido llevados al regimiento para prestar declaraciones de rutina. Él no sabía más que eso. Seguí llamando cada media hora, hasta alrededor de las doce de la noche y la respuesta era siempre la misma: “Ya van a llegar, ya van a llegar. No se preocupe señora”. A primera hora de la mañana siguiente bajé a Calama. En la gobernación me encontré con un cuadro horroroso: había funcionarios llorando, histéricos y una colega – secretaria del gobernador – me abrazó muy descompuesta y me dijo:

“Carmen, ¡los fusilaron a todos!” Le pregunté de qué me hablaba. Y ella agregó, llorando: “Fusilaron a Carlos, lo fusilaron ayer”. Yo no entendía nada, sólo creí que estaban todos locos y que eso no podía ser cierto. ¡Si le faltaba un mes para salir libre! ¡Si había una posibilidad, incluso de libertad inmediata! Tenía que ser un error”.

Foto: Carmen Hertz y Carlos Berger, en el año 1973

“Me fui al regimiento de inmediato. Al llegar noté un ambiente realmente caótico y tenso; corrían de un lado para otro diversos funcionarios militares y me costó mucho que me atendieran. Un oficial de apellido Shejman me informó que los prisioneros, entre los cuales estaba mi marido, habían sido trasladados la noche anterior a Santiago a diversos centros de detención. Ante esa contradicción, empecé a hacer muchas gestiones, las que terminaron en la tarde con una entrevista que por fin pude obtener con el gobernador, coronel Eugenio Rivera. El me indicó que esperara en mi casa, que él averiguaría y me haría llegar el dato exacto acerca de dónde estaba mi marido”.

Como a las ocho de la noche, en hora de toque de queda, llegó el llamado telefónico. Pidieron hablar, sin identificarse, con Eduardo Berger, hermano de Carlos, médico del Hospital de Chuquicamata. El atendió. La voz indicó que saliera de la casa, que fuera a la esquina. Y cortó. Carmen insistió en acompañar a su cuñado. Salieron y ahí estaba, en la esquina, junto a la vereda, estacionado un jeep militar. Adentro, dos militares y un sacerdote: el teniente Álvaro Romero, el suboficial Jerónimo Rojo y el capellán Luis Jorquera, la comisión designada por el coronel Rivera para informar a las familias. Carmen dice que jamás olvidará la fantasmagórica escena: “Uno de los militares se puso de pie dentro del jeep y comenzó a leer un texto. Recuerdo la parte en que decía “cuando los detenidos eran trasladados a la ciudad de Antofagasta, intentaron fugarse, siendo por ello todos muertos”.

No podía ser. ¿Está muerto? ¿Y su cuerpo? No, señora, no se entregarán los cuerpos. Es un error. Tiene que ser un error. Salvoconducto para viajar a Santiago. La carretera toda la noche. No, no puede ser. Pero si ahí estaba en la cárcel, con sus jeans, su camisa, su pipa. No, no puede ser. Santiago de madrugada, cuidado con las patrullas militares, cuidado con las voces de alto. Y ahí estaba, en la casa materna, la doctora Dora Guralnik, la madre: “Tuve que contarle a Dora lo que había pasado. Y mientras hablaba, tiritaba y tiritaba. No podía dejar de tiritar. Era verdad, Carlos estaba muerto. En Santiago conseguí el certificado de defunción: destrucción tórax y región cardíaca – fusilamiento. Hora:18 horas. Una hora después que me despedí de él en la cárcel, Una hora después”…

Los restos encontrados se tratan de José Gregorio Saavedra González, dirigente secundarios de 18 años de edad, quien militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Junto a otros 26 reos fue sacado de la cárcel de Calama y ejecutado por la comitiva encabezada por Arellano Stark el 19 de octubre de 1973.

Leopoldo Llanos, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, informó de un reconocimiento hecho por el Servicio Médico Legal quien consignó en su informe pericial que se tratan de restos óseos y dentales “con una probabilidad de identificación de, al menos, 99,9996% y una probabilidad de reasociación del 99,95%, respectivamente, por lo que se establece su identificación positiva”.

El estudiante de enseñanza media fue detenido por Carabineros el 24 de Septiembre de 1973 por “considerarse un peligro por participar en reuniones prohibidas en periodo de guerra”, para ser trasladado a la cárcel local. Luego fue juzgado por un Tribunal de Guerra y considerado culpable, condenándolo a seis años de relegación al sur de paralelo 38.

El 19 de octubre de aquel año se vivió el Episodio Calama de la Caravana de la Muerte, donde 27 reos, entre los que se encontraba Saavedra, fueron sacados por el batallón desde la cárcel y transportados al camino que lleva a San Pedro de Atacama donde tras haber sido torturados, fueron fusilados por efectivos del ejército.

El próximo 11 de septiembre se conmemorarán 30 años del hecho más oscuro en la historia de la política chilena del siglo 20. Ese día, la consciencia de este país cambió, luego que profundas divisiones políticas terminaran con un golpe militar.

En Chile, miles de personas fueron encerradas injustamente. Entre los encarcelados, muchos que estuvieron a un paso de morir, que fueron condenados por tribunales militares a la pena máxima y, que por diferentes razones casi milagrosas, se salvaron de aumentar la lista de personas muertas y desaparecidas. Esta es su historia.

El drama del exilio

Carlos Reygadas Morales, actual encargado de la oficina de turismo en la ciudad, fue detenido el 28 de octubre de 1973. Estaba en su casa, lo fue a buscar una patrulla de Carabineros y a su señora le dijeron que estuviera tranquila, porque volvería pronto. Pero fueron 12 años de larga espera.

Ese día de octubre lo marcó para siempre, ese día estaba junto a su señora y sus 4 hijos. Aparte, fue sacado de su trabajo en Chuquicamata sin ninguna razón de peso.

"Me llevaron a un retén que había en la Dupont, ahí me encerraron junto a otros 4 en un baño, donde estaba la pura taza porque no cabía más, con decir que el estanque estaba al otro lado y uno tenía que tirar la cadena con un alambre. Allí nos dejaron 3 días, recuerdo que nos turnábamos para sentarnos, porque era tan chico que no se podía de otra manera".

Fue testigo de torturas, a uno de sus compañeros lo mojaron y luego le aplicaron corriente. En ese lugar, dice Reygadas, había un teniente de apellido Araya, secretario del mayor de Chuquicamata, Osvaldo Arriagada, quien tenía un rencor particular con "Pepe" Banda (jefe de personal en Cobrechuqui) con quien había tenido un altercado previo tras el "Tacnazo" (julio 73).

Debido al problema anterior, el teniente Araya le informó que si se quería salvar, tenía que "delatar" a Banda. "Yo le dije que si acaso estaba loco, cómo podía yo hacer una cosa así. Luego me dijo "piensa en tus 4 hijos". yo le respondí que precisamente de ellos me estaba acordando, porque después cómo los iba a mirar sabiendo que a esa persona incluso la podían matar".

Luego de eso, un consejo de guerra condenó a Carlos Reygadas de usurpación de función a Carabineros, de tener un arsenal en su casa (nunca lo comprobaron), además de haber participado en una escuela de guerrillas, en San Pedro de Atacama. A pesar de que no habían fundamentos, fue condenado por el tribunal militar a la pena de muerte. El 19 de noviembre del 73 lo llevaron hasta el regimiento.

La noche anterior al fusilamiento, familiares y amigos de Reygadas hablaron con el administrador católico de la época. Según se supo, él intercedió ante Eugenio Rivera, comandante del regimiento y Gobernador de El Loa, para que no hubiera más ejecuciones en la zona, luego del paso de la Caravana de la Muerte, que ya había cobrado la vida de 26 personas, sólo en Calama.

Antes que fuera ajusticiado en forma clandestina, lo llevaron nuevamente al consejo para ratificar su condena, le leyeron la sentencia que había pedido el fiscal de esos años. Al final, su castigo fue cambiado por algo casi igual de trágico: 20 años y un día, en la Penitenciaría de Santiago.

Ya en la capital vivió el miedo, por el trato que podían darle los reclusos. Afortunadamente, todos eran presos políticos. Una vez allá inmediatamente pidió traslado al norte, donde estaba la familia.

Finalmente, el gobierno de Canadá entregó la posibilidad a 100 presos políticos para partir hasta ese país a rehacer sus vidas. Pero para él, estar lejos de la patria era como estar encarcelado, aunque de todas maneras los nuevos aires sirvieron para comenzar una nueva historia.

La lucha de los exonerados

Cobrechuqui, actual División Chuquicamata, fue uno de los lugares clave para la represión. En ese lugar trabajaba Juan Villablanca, "recuerdo que el 11, a eso de las 8 de la mañana se nos informó que nos teníamos que retirar de la maestranza, pero luego llegó una contraorden de amenaza que decía que el personal que abandonara los puestos iban a ser declarados en rebeldía".

Igual se fueron, y el día 12 la mayoría de los trabajadores volvió a sus faenas normales. "Faltaban varios compañeros ese día. A mí me hicieron presentarme en la gerencia porque era subteniente de reserva. Para poder reintegrarme a las filas me pusieron una lista de gente que tenía que reconocer como socialistas o comunistas".

Se negó a prestar colaboración, situación que según cuenta, le pasó la cuenta días después. En mayo del 74 fue acusado de activista político.

Esta condena, se basó en que durante el gobierno de la UP, había prestado servicios voluntarios para reparar maquinarias. El día 14 llegó una patrulla con Carabineros y militares que llevaron detenidos a 78 mineros, entre ellos, 5 supervisores.

Los llevaron a un cuartel donde los interrogaron toda la noche con períodos de torturas físicas intercaladas. El tenor de los interrogatorios se centraban en dar a conocer la ubicación de supuestas armas que se encontraban enterradas.

Luego los trasladaron a Calama, donde siguieron las flagelaciones. En ese lugar fueron acostados en un patio donde se les aplicó corriente, les hicieron comer desechos de caballos y tomar agua sucia.

En la cárcel, un paramédico se transformó en el ángel de la guarda de varios. "Siempre me voy a acordar de un asistente que trabajaba ahí, ojalá que se encuentre vivo porque me gustaría estrecharle la mano. Gracias a él me salvaron los genitales, luego que me aplicaron corriente, me curó las heridas… En el fondo, me salvó la vida".

En la cárcel de Calama había cerca de 85 prisioneros, divididos en presos políticos y de guerra. "Quiero dejar en claro que dentro de la cárcel a nosotros nadie nos tocaba, Gendarmería no tuvo nada que ver con esto, sólo fueron los Carabineros y Militares".

El consejo -recuerda Villablanca- estaba presidido por un capitán de apellido Vera. No se comprobó nada en su contra, aunque de todas maneras se le mantuvo 4 meses preso, tras lo cual se le pidió abandonara la ciudad por ser declarado persona no grata.

El 2 de noviembre del año 74 salió en libertad, nunca recibió un finiquito de Cobrechuqui, tampoco una explicación por su exoneración. Sus antecedentes estaban manchados por una supuesta conducta terrorista que nunca se comprobó, por lo que no podía encontrar trabajo en ningún lado. Luego de esos meses encerrado injustamente, perdió su trabajo, su casa, su prestigio, sus amigos, todo. Luego de un par de años pudo hacer clases en Inacap, con un nombre falso.

Dolor físico, dolor del alma

Jorge Alvarado es director de un colegio en la actualidad, pero su caso es increíblemente duro producto de las golpizas y torturas que vivió en la cárcel de Tocopilla y en Antofagasta.

Estuvo detenido en 3 oportunidades desde el 11. Ese día la Fuerza Aérea llegó a tomar a los trabajadores de la empresa Corfo Norte, que estaba a cargo del complejo avícola en Antofagasta, donde se desempeñaba como director.

Así partió el período de detenciones, aunque el cumplido en Cerro Moreno, no tuvo agresiones físicas ni tampoco psicológicas, sólo la privación de la libertad y falta de comida y agua.

El 14, se presentó a trabajar luego de 3 días de presidio, pero ya le tenían el finiquito por fallar y tratar (supuestamente) de apoderarse de unos pollos que existían en el complejo. Visitó a su hermano Víctor en la cárcel, no sabiendo que figuraba como un "dirigente peligroso". Pasó desapercibido.

En Tocopilla estaba por nacer su hijo. Volvió al puerto y encontró trabajo en una cooperativa de pescadores, a cargo de un capitán de Carabineros. Su mismo jefe quien lo delató, fue detenido un 27 de diciembre. Para dar con su paradero, incluso su padre fue golpeado por los perseguidores.

En la cárcel, Alvarado fue brutalmente golpeado, no pudiendo comprobar cuánto tiempo estuvo en efecto, ya que estaba en un cuarto pequeño, lleno de excremento y sin agua. Las torturas comenzaron, corriente en la lengua, en los testículos.

Se le acusó de llamar por radio a las personas para que se movilizaran en contra de los militares, situación que a la luz de los acontecimientos era imposible.

Los golpes fueron tan duros, que incluso pensó que ya no aguantaría más, orinaba sangre, producto de las patadas en los riñones. Después de varios meses dentro, salió en libertad, situación que le permitió volver con su familia y su pequeño hijo. El mismo día que estaba libre, nuevamente en la noche lo fueron a buscar a su casa, esta vez para ir hasta Antofagasta a sufrir los mismos apremios que en Tocopilla.

"Relatar estos episodios siempre es triste, pero uno tiene que sacar con amplitud de criterios los mejores propósitos de esta historia negra. Los que fuimos partidarios de la UP fuimos en gran parte responsables de lo que pasó, pero eso no justifica las torturas y los crímenes, aunque no tengo ni odio ni rencor. Quiero que la justicia aclare esto, para que nunca más en Chile ocurra".

También se consigna la historia de Edith Castro, una de las tantas mujeres que también fueron presas y torturadas en la ciudad. Fue detenida y acusada de colaborar con organismos extremistas. Su caso es en algo distinto, ya que su especial personalidad le permitió no ser torturada en forma física, aunque los apremios psicológicos y, más encima saber que su novio fue fusilado por la Caravana de la Muerte, son recuerdos que costarán mucho poder borrar.

Isla Dawson

El poeta Aristóteles España pasó largos meses, recluido junto a importantes personalidades del país, para luego ser exiliado durante 8 años en Buenos Aires. Primeramente estuvo privado de libertad en Bahía Catalina, luego de aquello lo suben a un muelle de la Armada, donde en una barcaza son trasladados al océano, donde se hicieron simulacros de fusilamiento y de arrojos al mar, situación que finalmente ocurrió, especialmente con los máximos dirigentes del Partido Comunista, a los que cuenta, bajaban con redes y golpeaban. Finalmente llegaron la Isla Dawson.

Al costado del lugar donde se encontraba recluido España, llegaron presos casi todos los ministros de Allende: José Toha, Orlando Letelier, Clodomiro Almeyda, Sergio Bitar, Anselmo Sule.

Luego de los interrogatorios previos fueron sometidos a trabajos forzados, lo que les debilitó bastante, producto de la escasa alimentación que recibían y de las más de 14 horas diarias que trabajaban.

En ese lugar, la Cruz Roja llegó para comprobar el estado de salud de los detenidos. Se trató de ocultar a los que estaban en más malas condiciones. Recuerda España como anécdota, el canciller Orlando Letelier, quien luego fue asesinado en Estados Unidos, denunció los malos tratos que ocurrían en el lugar. El alto mando quedó paralizado con la arremetida de Letelier, aunque gracias a esa denuncia temeraria, se supo que en la isla se torturaba brutalmente a los prisioneros.

"No estoy arrepentido de nada, pienso que jamás debió ocurrir lo que pasó, pero debe existir un juicio y castigo a los responsables, porque si uno quiere perdonar, debe saber a quién lo hace, ya que uno no puede perdonar a los fantasmas".

Marca de juventud

Víctor Alvarado fue preso en Tocopilla por pertenecer a la Juventud Socialista y ser dirigente estudiantil, y por caminar por las calles del puerto en toque de queda. Cumplía los 18 en diciembre del 73.

Primero estuvo 3 días recluido en el cuartel de Carabineros, en un celda oscura donde perdió la noción del tiempo. Por lapsos era sacado e interrogado, para hablar sobre un supuesto plan. Luego fue llevado a fichar al Registro Civil, donde fue brutalmente golpeado por el teniente Alex Cantín, mientras los carabineros se burlaban.

Antes de llegar a la oficina del registro, el vehículo que los llevaba se desvió del camino, ingresando a un sector denominado Colonia, que comunica hacia una mina. La intención -según cuenta Alvarado- era darle de baja. El rostro de uno de los funcionarios policiales que iba en la camioneta lo delataba. Luego que la camioneta estuvo cerca de 10 minutos detenida, y tras una discusión entre dos funcionarios (uno de ellos era el teniente Cantín) volvieron al camino sin cumplir con la misión.

Al salir, le explicaron que se había salvado de ser fusilado sólo por ser menor de edad, aunque si era sorprendido en cualquier acto contrario a las autoridades, sería muerto en el mismo lugar donde fuera sorprendido.

La suerte que corrió Alvarado, no fue la misma que tuvieron otros jóvenes compañeros de su partido, incluso de su misma edad. "No tengo odio, pero sí pena por lo que pasó y por la muerte de mis compañeros, por la familia de ellos. Creo que, talvez, si alguno de mis hermanos hubiera resultado muerto quizá sería diferente, pero no siento rencor, más aún, mi cargo de concejal me ha hecho acercarme a carabineros y militares, donde hay muy buenas personas, al final, los que me golpearon fueron uno o dos, no todos".

El 6 de octubre de 1973 fueron ejecutados en el sector de la Mina «La Veleidosa», cerca de Tocopilla, los siguientes cinco detenidos:

-Freddy Alex ARAYA FIGUEROA, 21 años de edad, estudiante universitario, militante socialista; quien había sido detenido el 30 de septiembre de 1973 en el domicilio de un familiar, conducido al Cuartel de Investigaciones, desde donde fue llevado a la Comisaría de Tocopilla dos días después;

-Reinaldo Armando AGUIRRE PRUNEDA, de 28 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante socialista; detenido el 4 de octubre de l973, por personal de la Policía de Investigaciones de Tocopilla y conducido a la Comisaría de Carabineros del lugar.

-Claudio Rómulo TOGNOLA RIOS, de 42 años de edad, Médico, militante socialista; quien fuera detenido el 16 de Septiembre de l973 en su domicilio, por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, trasladado a la Comisaría y luego recluido en la Cárcel.

-Luis Orozimbo SEGOVIA VILLALOBOS, de 28 años de edad, ingeniero de ejecución, empleado de Cobrechuqui, militante socialista; detenido el 11 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo. A pesar de ser buscado por sus familiares en diversos lugares de reclusión no obtienen noticias de su paradero hasta la publicación del comunicado oficial del Jefe de Plaza de Tocopilla que da cuenta del intento de huida.

-Carlos Miguel GARAY BENAVIDES, de 25 años de edad, supervisor en Cobrechuqui, militante comunista; quien fue detenido el 12 de septiembre por funcionarios de Carabineros en su lugar de trabajo. Fue llevado a la Comisaría de Tocopilla y posteriormente a la Cárcel.

Según un comunicado oficial emitido por el Jefe de Plaza de Tocopilla, publicado en el diario La Estrella de Antofagasta, el 8 de octubre los detenidos en la Cárcel de Tocopilla, Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Claudio Tognola Ríos, Freddy Araya Figueroa y Reinaldo Aguirre Pruneda, fueron trasladados a una mina ubicada a 15 kms. al norte de Tocopilla para cumplir una diligencia de la Fiscalía Militar. Aprovechando que el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros «desenterraba una gran cantidad de dinamita y amongelatina, los prisioneros se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de las advertencias, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos. Como consecuencia de lo anterior, fueron dados de baja Freddy Araya Figueroa y Reinaldo Aguirre Pruneda. El resto de los prisioneros lograron huir hacia el interior de la mina, pero por antecedentes recogidos en el lugar del hecho se estima huyen lesionados».

Los restos mortales de Reinaldo Armando Aguirre y Freddy Alex Araya Figueroa fueron entregados a la morgue local, desde donde fueron recogidos por sus familiares luego de conocido el comunicado oficial.

La versión oficial que en sí era de gran debilidad quedó desmentida durante 1990, cuando por orden judicial se excavó la mina La Veleidosa y fueron encontrados e identificados legalmente los restos de los presuntos fugados, y hasta entonces desaparecidos, en condiciones tales que evidenciaban haber sido ejecutados.

La Comisión se formó la convicción que las muertes de las cinco personas ya individualizadas correspondieron a ejecuciones de prisioneros capturados, de responsabilidad de agentes del Estado, incurriéndose en grave violación de los derechos humanos, en mérito de las siguientes circunstancias:

-Resulta inverosímil que un grupo de detenidos fuertemente custodiados, más aún si se considera que se pretendía buscar armas y explosivos, pudiesen haber intentado la fuga;
-Además de lo anterior, por diversos testimonios confiables, consta que al menos algunos de ellos se encontraban en precarias condiciones físicas, producto de las torturas que habían recibido durante su reclusión;
-Finalmente, la aparición de los cuerpos sin vida de los presuntos fugados en el mismo lugar en que ocurrieron los hechos, escondidos en una mina y con indicios de haber sido ejecutados desmiente la versión oficial sobre su huida.

Willito, yo escuché algo que va a haber un golpe–dice Georgina Godoy a su hijo Guillermo, la noche del 10 de septiembre de 1973. Georgina está nerviosa, desde hace un tiempo ya es pan de cada día el rumor de un golpe de Estado para derribar al presidente Salvador Allende, pero no se sabe de qué lado vendrá. En cualquier caso, Guillermo tendrá que actuar en las calles de Antofagasta para mantener el orden, como carabinero de la Cuarta comisaría de la ciudad.

Guillermo está callado, arreglando una pistola que un vecino le había pasado días atrás. La situación está difícil y es probable que un golpe ocurra, pero no quiere darle más preocupaciones a su madre. Tampoco le ha contado un secreto que guarda desde hace un tiempo: es parte de la única célula del MIR que se ha infiltrado en Carabineros de Antofagasta. Prefiere tranquilizarla:

-No mamá, estás loca.

GOLPE INMINENTE

El 11 de Septiembre, Georgina Godoy prende la radio en la mañana, escucha una marcha militar y llora. “Hasta aquí llegamos”, piensa y no imagina que podría llegar a hacer su hijo ese día. Guillermo sale temprano de su casa y se dirige a la comisaría con la pistola que le había arreglado a su vecino, con balas, además de su arma de servicio.

-Él ya sabía lo que le iba a pasar, pescó la pistola y se la puso detrás, la tenía debajo de la camisa- cuenta González Mena.

Apresurada, Georgina prepara un bolsón para irse a la casa de su hijo, en el centro de la ciudad. Cuando Schmidt entra a la comisaría, inmediatamente efectivos policiales le quitan su arma de servicio. Lo llevan a la oficina del capitán José Héctor Dávila, quien había sido informado por el cuñado de Schmidt de sus reuniones secretas con el MIR, y debía liquidarlo. El plan era matarlo, para hacerlo pasar como que iba a atentar contra ellos.

En esa oficina había varios funcionarios, entre ellos el mayor Osvaldo Muñoz Carrasco. Los gritos de “¡comunista, comunista!” se escuchan en toda la comisaría.

-Hemos hecho cagar a toda la gente de Tocopilla- le dice un carabinero a Guillermo.

Son las 12.25. En el calabozo hay tres obreros que habían resistido al asalto militar en el edificio de las Cervecerías Unidas, todos heridos.

-Ya hueón, si los matai, te damos la oportunidad de vivir hueón, vai a estar preso pero vai a vivir y si no, te matamos a voh- le dice el capitán Dávila, según los testimonios. Schmidt se niega tajante:

-No hueón, yo no mato trabajadores.

El capitán saca una pistola, se la muestra a Guillermo, intentando negociar con él.

-Te pasamos la pistola y tu disparai, pero te vamos a apuntar.

Schmidt no la recibe. Los carabineros están al lado, apuntándolo, listos para disparar.

-Yo juré defender mi patria y respeto a la Constitución de Chile, soy un Carabinero y estoy por defender a la patria y para recibir órdenes del Presidente de la República, y no de un hueón que rompe el juramento, no te voy a hacer caso a voh conchetumadre- replica Schmidt, al mismo tiempo que saca el arma de su vecino, que había permanecido escondida.

En segundos, Schmidt dispara directo al corazón de José Dávila. Una de sus balas perfora el diafragma de Osvaldo Muñoz, otra le revienta el bazo y la tercera le da en el abdomen. Caen muertos de inmediato y comienza la balacera. Guillermo cae herido, le dan un golpe que le rompe la cabeza dejándolo sangrando. Su cuñado, sin piedad, le dispara en los pies, dejándolo inmóvil. Arrastrándose, el carabinero intenta avanzar al cuarto de armas, pero cae desmayado.

EL FIN

Chile ya no es el mismo la mañana del 12 de septiembre de 1973. El Presidente ha muerto, la Junta de Gobierno se abraza triunfante en la Escuela Militar. Comienzan las muertes, las desapariciones y las largas sesiones de tortura. Guillermo es uno de los que sufrieron las golpizas por parte de sus propios compañeros toda la noche. Los interrogadores no tuvieron piedad: tanto era el afán por saber quién más estaba involucrado con el MIR, que le iban arrancando las uñas.

Guillermo, estoico por el dolor, no delataría a nadie. Su suerte ya estaba echada, y lo sabía.
Guillermo Schmidt no tuvo Consejo de Guerra. Esas instancias fueron meros formalismos como preludio al patíbulo que muchas veces los militares no se daban el tiempo de hacerlas. En el caso de Schmidt, era un hecho que ese día moriría, y por eso deciden trasladarlo a la cárcel.

Tuvieron que ponerle pantuflas para suavizar un poco el dolor por sus pies, ahora sin uñas. Cuando lo bajaban al primer piso para subirlo a la furgoneta que lo trasladaría, observa los dos ataúdes de los carabineros que murieron bajo su mano. En un arrebato, escupe desde el segundo piso los féretros. Para él, son unos traidores.

LAS ÚLTIMAS HORAS

En otro lado de Antofagasta, el cuñado de Guillermo guarda un silencio culpable. Su hermana, Roxana, tiene el alma en un hilo por saber la suerte de su marido, y aún no sabe que su propia sangre lo traicionó. Fue él quien delató, apresó y disparó a Schmidt, pero no quiere decir nada. Al poco tiempo, será Georgina, su madre, quien le cuente toda la verdad a Roxana.

Guillermo está encerrado en una celda de la cárcel de Antofagasta. Ya no están sus compañeros cerca, lo entregaron a los gendarmes, quienes aprovechan de torturarlo y golpearlo. Cerca de él aún permanece el capellán de Carabineros, Gregorio Centeno. “Willy” le pide al capellán lápiz y papel para despedirse de su madre a través de una nota, que guarda celosamente Centeno para entregarla a Georgina.

Al caer la noche, Guillermo ya está frente al pelotón. Se niega a que lo amarren o lo venden siquiera.

-¡Disparen!- les grita- !Que les quede el consuelo de que matan a un hijo del pueblo!

Son las 22.10.

Publicado el 8 de noviembre de 2019 en “Historias Secretas y Olvidadas de Chile”. Texto: Ignacio Araya y Bryan Saavedra.

Estimados compañeros y compañeras, a continuación les compartimos la recopilación de lo que fue el paso de la Caravana de la Muerte por la región de Antofagasta. Antes, recordemos que así se le denomina a la operación militar ordenada por el dictador y autodenominado e inconstitucional presidente, Augusto Pinochet.

Esta iniciativa, nace desde la necesidad de los opresores por hacer desaparecer a los militantes de izquierda y simpatizantes del Gobierno de la Unidad Popular, del presidente Salvador Allendes.

La Caravana de la Muerte tuvo un recorrido que abarcó desde el sur hasta el norte del país.

La comitiva asesina estuvo formada por:

• Sergio Arellano Stark, delegado directo de Pinochet, cabecilla de la comitiva, En octubre de 1973, fue designado por Augusto Pinochet como “Delegado de la Junta Militar de Gobierno”, cuya principal función era la de «agilizar y uniformar criterios sobre la administración de justicia» para con los prisioneros políticos.
• Coronel Sergio Arredondo González, Alias “Rorro”. Brazo derecho de Arellano
• Mayor Pedro Espinoza Bravo
• Mayor Carlos López Tapia
• Capitán Marcelo Moren Brito
• Capitán Luis Felipe Polanco
• Capitán Emilio de la Mahotiere González
• Teniente Juan Chiminelli Fullerton
• Teniente Armando Fernández Larios
• Más dos clases de la Escuela de Infantería

Inició  desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, a bordo de un helicóptero Puma del ejército, cuyo recorrido inicial fueron ciudades del sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas muertas. El regreso de la caravana a Santiago fue el 6 de octubre.

En el norte de Chile la misión  partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagüa y Arica. El saldo de muertos fue de 71 personas. El regreso definitivo a Santiago tuvo lugar el 22 de octubre de ese año.

En julio de 1998, el dictador Augusto Pinochet reconoció a la prensa que le encargó al general Arellano la misión de “agilizar” los juicios en el norte. Asimismo, admitió que “hubo ejecuciones luego de juicios de guerra”, en el marco de la “guerra  interna” que vivió el país, aunque negó haber dado “instrucciones de matar a nadie”, desligando su posible responsabilidad de los hechos.

Antofagasta

La comitiva asesina aterrizaba su helicóptero en el Regimiento  Esmeralda de Antofagasta el 18 de octubre de 1973 provenientes desde Copiapó, donde ya habían dejado a su paso una estela de muertes de personas inocentes. Allí, fueron recibidos por General  Joaquín Lagos Osorio, jefe de la división Antofagasta del Ejército, quien -como un acto de gentileza por haber sido tantos años vecinos- le ofreció su hogar como hospedaje, a él y a su ex segundo comandante en el Regimiento “coraceros”, el coronel Sergio Arredondo.

Arellano no dijo ni mostró a su anfitrión la carta donde el propio Pinochet lo nombraba “Delegado de la Junta de Gobierno” y sólo se limitó a contarle que venía encomendado con el objetivo de “unificar criterios sobre la Administración de justicia y agilizar los juicios pendientes” y, solicitaba a Lagos reunirse con los miembros de la guarnición militar para tratar el tema de “la debida conducta en un momento tan crítico para el país”.

Profundizó en el punto relativo a la calidad del enemigo que tenían al frente y el clima político que provocó la revolución”. Luego de ello, Lagos llevó a sus invitados Arredondo y Arellano a su domicilio a almorzar, mientras el resto de la Comisión lo hacía en el Hotel Antofagasta, no sin antes dejar expresas instrucciones de que todo estuviera dispuesto para que Arellano pudiera trabajar en su oficina de la Comandancia. Encomienda al Auditor de la división, teniente coronel Marcos Herrera Aracena que se preparara para mostrarle a Arellano los sumarios fallados y los “en proceso”, para que vieran en conjunto los nuevos procedimientos  y preparara un memorándum  para su posterior análisis

Después del Almuerzo, Lagos se fue a su oficina en la Intendencia  y Arellano partió a la comandancia. Allí trabajó con la asesoría del comandante Herrera, a quien sí le mostró el documento oficial que lo investía como “Oficial Delegado” y le informaba que a contar de ese momento. Arellano pasaba a tener el mando de toda la situación referente  a  procesos y  Consejos de Guerra en su calidad de Delegado de la Junta de Gobierno y del Comandante Jefe del Ejército.

Herrera guardó “prudencial y ético” silencio. No contaría esta situación hasta mucho tiempo después. Para el auditor las órdenes de Arellano pasaban a cumplirse sin discutir los términos, pues el documento le otorgaba una autoridad superior al Comandante Lagos.

Mientras tanto en la Intendencia, se aprestaban  a recibir la inesperada visita de Pinochet, quien le avisaba que haría una escala en Antofagasta por unas horas, de su viaje a Iquique,  junto a su mujer.

Así, cerca de las 18:30 horas ya en el hangar, Arellano y su comitiva estaban distantes del grupo de uniformados que recibía a Pinochet, lo cual causó extrañeza en algunos de los presentes

Una vez que Pinochet  e Hiriart  pisaban suelo antofagastino, el comandante  informaba que en la ciudad la situación era de completa calma  y, luego de los saludos y vituperio de rigor, Pinochet avisaba  personalmente al teniente coronel Sergio Arredondo la buena nueva  de que había decidido nombrarlo director de la Escuela de Caballería, el premio mayor para un comandante equitador.

El dictador emprende su ruta  hacia Iquique. Lagos y Arellano se retiran a su residencia en el vehículo del primero y Arredondo solicita permiso para quedarse con el vehículo de Arellano. Lagos supone que Arredondo visitaría y festejaría con su familia, por lo que accede al préstamo del Automóvil.

Horas más tarde, Arredondo se disculpaba telefónicamente con Lagos, por no asistir a la comida en casa de su anfitrión y Arellano se preguntaba a viva voz por el resto de la comitiva hospedad en el Hotel Antofagasta.

Esa noche el auditor militar Herrera Aracena,  fue a la cárcel de Antofagasta, a las 23:30 horas, a entregar a los prisioneros que debían morir. Horas más tarde, a las 01:30 horas de la mañana, los 14 prisioneros eran acribillados con ráfagas de ametralladoras.

 “Hubo un retiro masivo de prisioneros por una orden transmitida por el mayor Patricio Ferrer Ducaud, jefe del Servicio de Inteligencia de Antofagasta, quien me dijo que era imprescindible cumplir con todos los consejos de guerra pendientes. Se me pidió autorización y no sé a quién le comuniqué que autorizaba la salida de los prisioneros. Recuerdo que, junto al mayor Ferrer, había otro oficial. Yo no me fijé si salieron o no los presos, ya que me desentendí del asunto. Tendría que suponer que fueron llevados en un camión. En esa situación yo no podía meterme, ya que no tenía capacidad de mando (…) Supuse que iban a interrogar a los prisioneros y hacerse los consejos de guerra. Luego supe que la gente fue fusilada y sé que quedó la escoba”.

El 19 de octubre, muy temprano por la mañana, mientras los dos comandantes se  alistaban para volver al Regimiento Esmeralda donde los esperaba el helicóptero con ruta hacia  Calama, Herrera se presentaba ante ambos para “sacarle la firma” a Arellano, “por el trabajo efectuado el día anterior” explicaba el último.

Cuando el Helicóptero de la comitiva se elevó hacia el cielo con rumbo a Calama, Lagos volvía a su oficina de la Intendencia donde era recibido por un alarmado mayor Manuel Matta, encargado de Relaciones públicas  quién, con el rostro desencajado y luego de entender que Lagos no tenía conocimiento de lo sucedido en la noche anterior, comienza a relatar los hechos.

Lagos, escuchaba estupefacto y confundido a la vez, el relato de cómo se habían ocupado vehículos que estaban bajo su mando para el traslado de los presos hacia la Quebrada Way, cómo los habían asesinado, cómo habían trasladado los cuerpos hasta la morgue del Hospital Regional de Antofagasta,  donde  debido al poco espacio del recinto,  estaban a vista de todo el mundo. Junto con ello, comenzó a recibir llamadas de su esposa  quien le pedía explicaciones de por qué fuera de su hogar habían una veintena de mujeres llorando desconsoladas por la muerte de sus esposos, hijos y hermanos.

Aún sin saber de la potestad con que Arellano estaba investido, trató de denunciarlo a Pinochet, pero éste no se encontraba ubicable en su visita entre Iquique y Arica. Entonces ordenó que el capellán hablara con las familias de las víctimas, que los médicos de la MORGUE “armaran” los cuerpos como pudieran (como si se tratasen de algo que pudieran  reparar), entregarlos en urnas cerradas a sus familiares  y,  que se presentaran de inmediato todos los comandantes de unidades de su jurisdicción.

¿Qué sucedió en esa reunión? El relato del general Lagos es el siguiente:

“Mi primera pregunta hacia ellos fue si tenían conocimiento de lo que había sucedido la noche recién pasada. Todos guardaron silencio. A continuación pregunté quién había  facilitado vehículos para transportar a los detenidos a la Quebrada del Way  y, después, trasladar los cadáveres a la morgue. El coronel Adrián Ortiz, director de la Escuela de Unidades Mecanizadas, me contestó que él. Le pregunté por orden de quién. Ya no me contestó.

Dije que era yo quien respondía por lo que se hacía en mi zona, que sólo con mi autorización podían  moverse vehículos, sobre todo para ser empleados en tareas como esa. Estaba furioso el general Joaquín Lagos: “Les enrostré su total carencia de lealtad y agregué que no tomaba medidas porque, al día siguiente, dejaría mi cargo a disposición del Comandante en Jefe, quien regresaba de Iquique a Santiago. Todos, en forma unánime, me pidieron que no lo hiciera, dada la situación que vivía el país. Pero les dije que no podía aceptar el atropello del que había sido objeto, que no podía aceptar estos crímenes que enlodaban al Ejército y al país, sin respeto alguno por las normas legales vigentes”.

Las víctimas de Antofagasta no pasaron a ser detenidos-desaparecidos. Sus cuerpos fueron entregados a las familias. Esta situación de excepción se explica por la reacción del general Joaquín Lagos, quien no sabía de la especial investidura de Oficial Delegado que detentaba el general Arellano, no recibió instrucciones para  el entierro clandestino de los cadáveres y, por tanto, ordenó entregarlos a las familias. Ya sabemos que el general Lagos decidió, ese mismo 19 de octubre de 1973, renunciar al Ejército.

Pero ese día seguía siendo tanto el comandante en jefe de la Primera División como el Intendente de Antofagasta y actuó como tal. Decidió, por ejemplo, que había que mentir para encubrir lo ocurrido delante de la ciudadanía. Tuvo que mentir, dijo, para conservar su “ascendiente sobre la ciudadanía”. Ordenó que se publicaran dos noticias, dando cuenta de sólo siete “ejecutados”. En la primera, publicada por El Mercurio de Antofagasta, se informó de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz-Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, ejecuciones “ordenadas por la Junta Militar de Gobierno a fin de acelerar el proceso de depuración marxista y de centrar los esfuerzos en la recuperación nacional“. Titular de esa noticia: “Planeaban asesinatos en masa en Antofagasta”.

La segunda publicación, tres días después, también en El Mercurio de Antofagasta, se tituló “Ejecutados tres extremistas”. Y el texto daba cuenta del fusilamiento de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Guillermo Cuello “por resolución de la Honorable Junta de Gobierno”. Razón de las ejecuciones: estar “comprometidos en activismo político y conspiración terrorista”. Nada se dijo públicamente acerca de las otras siete víctimas. Veamos quiénes eran:

• Luis Eduardo Alaniz Álvarez, 23 años, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante del Partido Socialista. Se entregó voluntariamente a las autoridades militares en la ciudad de Arica al saber que era requerido por un bando militar en Antofagasta. Fue trasladado, a comienzos de octubre de 1973, a la cárcel de Antofagasta.
• Mario Arqueros Silva, 45 años, gobernador de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Arrestado en su casa cuatro días después del golpe militar. Primero estuvo en la cárcel de Tocopilla y de ahí fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato
•  Dinator Ávila Rocco, 32 años, empleado de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante del Partido Socialista. Detenido a fines de septiembre en la localidad de María Elena, trasladado luego a la comisaría de Tocopilla y luego a la cárcel de Antofagasta.
• Guillermo Cuello Álvarez, 30 años, funcionario de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, dos días después del golpe militar, en la comisaría de Antofagasta y de allí fue llevado a la cárcel. Dos prisioneros declararon ante el juez que vieron a Cuello ser bajado en andas al salir de la cárcel, ya que le habían fracturado la columna durante las torturas. El oficial que dirigió los tormentos era el mayor Patricio Ferrer (SIM).

Los certificados de defunción que se entregaron fueron iguales para los catorce asesinados: Fecha: 19 de octubre de 1973 Hora: 01.30 horas Causa de muerte: Anemia aguda, lesiones debidas a proyectil.

• Marco Felipe de la Vega Rivera, 46 años, casado, tres hijos, ingeniero, alcalde de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Detenido en su casa cuatro días después del golpe militar. Desde la cárcel de Tocopilla fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato
• Norton Flores Antivilo, 25 años, asistente social de la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) en la localidad de María Elena, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa el 1º de octubre de 1973, trasladado a Tocopilla y de ahí a la cárcel de Antofagasta.
• Darío Godoy Mansilla, 18 años, estudiante de enseñanza media, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa, en Tocopilla, y luego trasladado a la cárcel de Antofagasta
• José García Berríos, 66 años, trabajador marítimo y dirigente sindical. Militante del Partido Comunista. Detenido en Tocopilla al día siguiente del golpe militar. De la comisaría de esa ciudad fue trasladado a la cárcel de Antofagasta.
• Miguel Manríquez Díaz, 24 años, casado, un hijo, profesor, empleado de la estatal empresa de cementos Inacesa, militante del Partido Socialista. Detenido en su casa dos semanas después del golpe militar, llevado primero al cuartel de Investigaciones y de ahí a la cárcel de la ciudad.
• Danilo Moreno Acevedo, 28 años, chofer de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), dirigente sindical, militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, el 8 de octubre de 1973, al ser llamado por un bando militar. Estuvo una semana incomunicado en el cuartel de Investigaciones y de ahí fue llevado a la cárcel de Antofagasta.
• Washington Muñoz Donoso, 35 años, interventor estatal de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU). Detenido en su casa y recluido en la cárcel de la ciudad.
• Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, 26 años, casado, una hija, ingeniero, gerente de la estatal industria Inacesa, militante del MAPU. Se presentó voluntariamente en la Intendencia de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar, al ser requerido por bando militar. Por once días estuvo detenido en la Base Aérea de Cerro Moreno, donde fue torturado, y de ahí lo trasladaron a la cárcel de la ciudad.
• Mario Silva Iriarte, 38 años, casado, cinco hijos, abogado, gerente de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo—Norte), ex concejal de Chañaral, secretario regional del Partido Socialista. Viajó especialmente desde Santiago para presentarse ante las nuevas autoridades de Antofagasta, al día siguiente del golpe militar. Su voluntaria presentación se efectuó en la Intendencia de la ciudad. Y luego, desde la Base Aérea de Cerro Moreno, fue llevado a la cárcel. Varios testimonios de ex prisioneros coinciden en señalar que, por ser muy jóvenes, buscaron su consejo. El estaba muy tranquilo, dicen, convencido de que se haría justicia y que —a lo más—serían relegados por pocos meses a un lugar alejado.
• Alexis Valenzuela Flores, 29 años, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), presidente del sindicato, dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT) de la zona, regidor de Tocopilla, militante del Partido Comunista. Fue detenido una semana después del golpe militar, en su casa de Tocopilla. De la cárcel de esa ciudad fue llevado a la de Antofagasta el 15 de octubre, cuatro días antes de su asesinato. Durante toda su detención estuvo incomunicado.

En el caso de Antofagasta, el ministro Guzmán recibió el testimonio del ex prisionero Víctor Moreno Olmos, quien le contó que esa noche del 18 de octubre de 1973 fue sacado a la Sala de Guardia de la cárcel: “Vi un montón de personas paradas frente a la pared, encapuchados, amarrados con las manos atadas atrás y un gran número de  militares en traje de campaña”. Lo amarraron, lo vendaron y lo pusieron junto a los otros. Ordenaron a los presos gritar sus nombres para  chequear  con  una lista. —¡Moreno, Víctor! —dijo él cuando le indicaron con un golpe que era su turno.

—¡Segundo apellido! —gritó un militar. —Olmos… —¡Este huevón no es! A ver, ¿dónde trabaja? —Impuestos Internos… —Este no es el huevón que andamos buscando —gritó enojado un oficial. Le pegaron, lo lanzaron al suelo, mientras los gritos se cruzaban por la Sala de Guardia del penal. —A ver, ¡vayan a buscar a Danilo Moreno! —gritó una voz. —¡Igual te vamos a matar! —gritó un militar que puso la bota sobre la cabeza de Víctor Moreno y le hundió el cañón de la metralleta en las costillas. Llegó el gendarme con Danilo Moreno Acevedo y se fueron. Y ahí se quedó Víctor Moreno Olmos, esposado, en el suelo. Los gendarmes tuvieron que cortar las esposas con una sierra. Y así fue como se libró de morir…

En la entrega de los cadáveres, cada familia guarda un doloroso recuerdo en su memoria. La esposa de Mario Silva Iriarte, Graciela Álvarez, relató:

“El general Lagos autorizó que lo enterráramos en Vallenar. El ataúd venía sellado, no pudimos ver su cuerpo. En una camioneta y un furgón, que nos prestaron en la Corfo, fuimos directamente al cementerio. No nos autorizaron a hacer un funeral ni a ponerle una lápida en su tumba. Y pensar que se entregó voluntariamente, porque él creía en el profesionalismo de los militares y jamás los imaginó capaces de masacrar. También en un sellado ataúd fue entregado el cuerpo del joven Eugenio Ruiz-Tagle, y su madre —Alicia Orrego—recordaba así ese día de octubre de 1973: “Sólo pude ver a mi hijo ya en el ataúd, a través del vidrio. De las torturas que sufrió en su cuerpo, no puedo dar testimonio directo. No lo vi, pero el abogado y el empleado de la funeraria lloraban al contármelo. De su cara, de su cuello, de su cabeza, sí puedo hablar. Lo tengo grabado a fuego para siempre. Le faltaba un ojo, el izquierdo. Tenía la nariz quebrada, con tajos, hinchada y separada abajo, hasta el fin de una aleta. Tenía la mandíbula inferior quebrada en varias partes. La boca era una masa tumefacta, herida, no se veían dientes. Tenía un tajo largo, ancho, no muy profundo en el cuello. La oreja derecha hinchada, partida y semi arrancada del lóbulo hacia arriba. Tenía  huellas de quemaduras o, tal vez, una bala superficial en la mejilla derecha, un surco profundo. Su frente, con pequeños tajos y moretones. Su cabeza estaba en un ángulo muy raro, creí por eso que tenía el cuello quebrado”. La familia del joven Miguel Manríquez, en cambio, pudo ver el cuerpo por  escasos segundos. Su padre estaba en una ceremonia  religiosa cuando se le acercó el capellán José Donoso y le informó que su hijo había sido fusilado. Se fue de  inmediato a la morgue  y lo vio: “Las manos estaban amarradas con alambre y en el cuello tenía un pañuelo negro. Pensé que le habían vendado los ojos”.

Y la familia del alcalde de Tocopilla, Marcos de la Vega, relató que “nos entregaron su ropa en una bolsa plástica. Era un charco de sangre. Sólo pudimos ver su cara y una mano, en la que tenía una herida como si lo hubieran clavado. La verdad es que varios cadáveres tenían la misma marca en las manos. Era una herida profunda. Un oficial se enojó porque habíamos comprado una urna con vidrio. Quería urnas selladas completamente. No nos dejaron velarlo: de la morgue al cementerio directamente. Cuando llegamos al cementerio, estaba lleno. La gente corría de un entierro a otro. Y en Tocopilla, cuando se supo la  noticia, la gente salió a la calle llorando. Tuvieron que disparar  tiros al aire para que se entraran. Después del entierro, nuestra madre se acostó en su cama y ahí mismo murió de pena cinco meses después”. (Hermana de Marcos de la Vega, testimonio registrada en la Vicaría de la Solidaridad)

De acuerdo a la investigación, se logró determinar, que aproximadamente a las 10:00 horas del día 18 de octubre de 1973, se posó en el Regimiento de Infantería “Esmeralda”  -ubicado en A. Ejército s/n, Antofagasta- un helicóptero Puma del Ejército de Chile que transportaba una comitiva de militares procedente inicialmente de Santiago, presidida por un Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército.

LA CONDENA

 El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó en diciembre de 2013 sentencia de primera instancia en la investigación por estos homicidios para  Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton, Patricio Ferrer Ducaud, Pablo Martínez Latorre, Pedro Espinoza Bravo, Luis Felipe Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González.

La indagatoria establece que durante la tarde del día señalado, el Oficial Delegado se constituyó en el Cuartel General de la Primera División de Ejército, donde intervino en una reunión destinada a revisar la tramitación de los procesos que se sustanciaban por la Fiscalía Militar, al término de la cual dispuso que 14 prisioneros políticos debían ser retirados de la Cárcel Pública de la ciudad de Antofagasta y trasladados a la Quebrada El Way.

Lo anterior, detalla el fallo, obligó a que el Director de la Escuela de Blindados de Antofagasta ordenara al personal de su dependencia a concretar dicha petición, la que se concretó alrededor de las 23:30 horas de ese día.

Así, dos oficiales de la Escuela de Blindados, a cargo de una patrulla compuesta de alrededor de 10 militares, salieron en dos camiones del ejército desde el patio de la Escuela con destino a la Cárcel Pública, donde  presentaron una orden escrita para el retiro de dichos prisioneros políticos, quienes fueron amarrados, vendados y subidos en grupos de siete en la carrocería de cada camión, para proceder luego a transportarlos hasta la Quebrada El Way.

Allí fueron ejecutados en grupos de tres o cuatro y una vez terminado el fusilamiento, el jefe del operativo ordenó a los dos oficiales que estaban a cargo de la patrulla, recoger los cadáveres y depositarlos en las carrocerías de los dos camiones y transportarlos hasta la morgue de Antofagasta.

Según determinó el magistrado, los ocho ex miembros del Ejército fueron responsables, en distintos grados, de los homicidios de prisioneros políticos recluidos en la Cárcel Pública la ciudad.

Todos ellos en relación a la muerte de las víctimas identificadas como Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Dinator Segundo Ávila Rocco, Mario del Carmen Arqueros Silva, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Segundo Norton Flores Antivilo, José Boeslindo García Berríos, Mario Armando Darío Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez Díaz, Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, Washington Redomil  Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Héctor Mario Silva Iriarte, Alexis Alberto Valenzuela Flores y Marco Felipe de la Vega Rivera.

La fuerza laboral no los olvida, porque las luchas de hoy, se sustentan en la historia que heredamos.