Campo de Concentración “Conchi”

A mediado de los años ‘80s una gran cantidad de dirigentes sindicales y estudiantiles fueron detenidos en forma simultanea en varias zonas de Chile (Santiago, Valparaíso, Concepción- el 5 de Febrero de 1985), por una orden emanada del Ministerio del Interior (rol N0 5168). Las detenciones e interrogatorios fueron en su mayoría efectuadas por agentes de Investigaciones. Entre los detenidos se encontraban seis dirigentes de la Coordinadora Regional Sindical de Concepción y fueron confinados en calidad de presos políticos al Campo de Concentración “CONCHI”. Conchi es una zona que esta ubicada a 130 Km de Calama camino a Quillague, a unos 3.100 metros de altura. Según los testimonios, el recinto Cochi (Lotes 1, 2 y 3)  estuvo activo desde el año 1973, pero fue en el año 1978 cuando concentró el mayor número de detenidos. Allí existía una base militar que normalmente estaba destinada a resguardar los límites entre Chile y Bolivia.  El Campo de Concentración estaba rodeado por alambres de púa, campos minados, focos y ametralladoras. A los presos políticos se les aplicó un sistema rígido de incomunicación y represión, negándoseles mínimo contactos con familiares y el mundo exterior. Las condiciones sanitarias en el Campo de Concentración eran precarias, se les racionaba el agua, la luz y la comida, las cuales era casi incomibles y de bajo valor nutritivo. Mas aun, las condiciones climáticas eran extremas, y los prisioneros sufrían constantemente de frio extremos, sin acceso a refugio o abrigo.

Los prisioneros eran mantenidos en barracas-caballerizas, permanentemente amenazados y golpeados, se les sacaba de madrugada a los interrogatorios con la vista vendada. La Comisión Valech recibió denuncias de que fueron torturados de diversas maneras. Recibieron golpizas, aplicación de electricidad, amenazas de fusilamiento y algunos testimonios dan cuenta del arrancamiento de piezas dentales con alicates.

En el año 1978, con ocasión de una movilización sindical en Cobre-Chuqui, llamada la huelga de las viandas, hubo un gran número de detenidos, que fueron enviados a este lugar. En el año 1985 se mantuvo en este recinto detenidas a personas de diferentes lugares del país, las que fueron relegadas desde este recinto a diferentes pueblos del norte.

Fuentes de Información Consultadas: AI; Publicación: “Unidad”; Informe Valech; Archivo Memoriaviva;   

El consejero de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jorge Barudi, informó a EL SUR que durante el día de ayer ingresaron a la Corte de Apelaciones de Concepción los recursos de amparo interpuestos por los abogados de las seis personas detenidas por Investigaciones el pasado martes.
Según Barudi, las razones para presentar estos recursos están dadas, porque no se respetaron ciertos procedimientos, tales como entregar copias de las órdenes de arresto a los abogados, no dar a conocer el decreto exento del Ministerio del Interior y no permitir a los detenidos entrevistarse con sus abogados.

Otro detenido
El abogado Adolfo Montiel señaló en el escrito que es probable que otra persona, identificada como Juan Inostroza, obrero, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Parquímetros, se encuentre detenida en estos momentos al igual que los otros seis sindicalistas.

Tal como lo confirmara ayer un comunicado de la Intendencia Regional y, según los datos consignados por el abogado Montiel, los otros detenidos son Antonio Deij, obrero, y Abraham Rivas, obrero, ambos dirigentes del Sindicato de la Construcción, que fueron requeridos por personal de Investigaciones en una casa habitación Lan C., en Talcahuano, a las 5.00 horas del martes; Hugo Tapia, dirigente de la Agrupación Nacional de Cesantes de Chile, detenido a las 5.00 horas del martes en la comuna de Lota; Arnoldo Bravo Cid, empleado de la Compañía Siderúrgica Huachipato, detenido por Investigaciones de Talcahuano, a las 15.00 horas, en su domicilio de Coquimbo 271, Las Higueras, Talcahuano; Lino Lara y Carlos López, ambos obreros y dirigentes de la Federación Sindical Campesina Liberación, detenidos a las 4.30 horas en la sede de Los Carrera 856. Miguel Soto, obrero, todavía no ha podido ser ubicado.

Antecedentes

Según una declaración entregada el pasado miércoles por el autodenominado Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, estas detenciones serían una represalia contra las personas antes nombradas, quienes presentaron una demanda ante la Fiscalía Militar contra personal de Investigaciones que allanó la sede sindical de Los Carrera 856 a fines del año pasado.

En el recurso de amparo se deja constancia de esta denuncia contra "delitos de allanamiento ilegal, registro de papeles y documentación arbitraria, daños a la propiedad privada y robo con fuerza cometido por personal de Seguridad, con fecha 26 de noviembre del presente año (1984)".

Señala el abogado que los funcionarios policiales destrozaron en esa oportunidad… "dos máquinas de escribir, una grabadora de mano y abundante documentación gremial; de educación popular y capacitación sindical". Agrega Montiel que los detenidos "son dirigentes públicos preocupados sólo de la defensa y bienestar de sus compañeros de trabajo".
 

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el pasado viernes un recurso de amparo interpuesto por el abogado Adolfo Montiel Gómez en favor de cinco dirigentes gremiales de la zona que se encuentran relegados en la localidad de Conchi, en la Segunda Región del país. El fallo del alto tribunal penquista establece que dicho lugar no tiene las caracteristicas de una localidad urbana y por lo mismo no se ajusta a la letra D del artículo 24 de la Carta Fundamental de Chile, en la que se precisa que las relegaciones políticas deben cumplirse en sectores urbanos del territorio nacional.

Conchi es un pequeño punto geográfico, de no más de cuatro o cinco casas", según el abogado Montiel, que se en cuentra ubicado al interior de Calama.

El fallo de la Corte de Apelaciones ordena, según antece dentes entregados por el profesional, el "inmediato envio de los cinco relegados a una localidad rural". Agregó que hoy lunes solicitará a la Corte que oficie telegraficamente al Ministerio del Interior para que la medida se haga realidad.
Los favorecidos con esta disposición del tribunal penquista son los dirigentes Arnoldo Bravo Cid, siderúrgico; Lino Lara Valenzuela, campesino; Carlos López Lopez, campesino; Hugo Tapia Valdivieso, de la Coordinadora Sindical y Arturo Deij Escribano, de la construcción.

La resolución de la corte señala que la relegación a Conchi "no reúne las condiciones exigidas por la Constitución Políti. ca del Estado", ya que el Decreto N" 173, firmado por el pre sidente Augusto Pinochet Ugarte, y el entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, se dictó con infracción a la letra D del artículo 24 de la Carta Fundamental".

Montiel agregó que la medida además "significa la liber tad para los cinco relegados, ya que estos en la actualidad se encuentran en calidad de detenidos, porque en Conchi se ha establecido una especie de campo de concentración, con alambradas que impiden a los visitantes tomar contacto con sus familiares"
 

El Gobierno apeló de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que había acogido un recurso de amparo en favor de cinco dirigentes gremiales relegados a la localidad de Conchi, en el norte del país.

La información fue entregada ayer a EL SUR en esta capital por el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, quien al ser consultado sobre la deci

sión de la Corte de Apelaciones de Concepción que estimó que Conchi no es una localidad urbana, dijo:

"Esa es, a nuestro juicio, una resolución errada y estamos recurriendo de queja al tribunal superior", agregando que la presentación correspondiente "ya se hizo", precisando que "la queja va a la Corte Suprema", en Santiago.

Sobre la posibilidad de conocimiento del recurso en el máximo tribunal judicial, el subsecretario del Interior dijo 

desconocer el dia, ya que "según las tablas de procedimiento que tiene la propia Corte" se determina la fecha.

Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco J. Cuadra, también al ser consultado por EL SUR sobre la materia, dijo desconocerla aunque señaló:

"Ahí hay que aclarar. Una cosa es la relegación en virtud de la disposición vigesimo cuarta transitoria, y otra es la detención en virtud del estado de sitio. El requisito de la localidad urbana se exige solamente para efectos de la aplicación de la disposición vigésimo cuarta transitoria, no para las detenciones en virtud del estado de sitio. Son dos cosas distintas".

Finalizó indicando que tales son las normas legales vigente y reiteró que "no hay que confundir los efectos de una y de otra".

Cuando se pensaba que los campos de concentración quedarían sólo en un mal recuerdo en la historia del país, en febrero de 1985 la dictadura militar intenta revivirlos en Conchi. A 100 kilómetros de Calama y a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, seis dirigentes sindicales de Concepción permanecieron recluidos durante cinco meses, cuando en Chile nuevamente imperaba el Estado de Sitio.

Antonio Deij Escribano, 40 años, dirigente de la construcción y de la Coordinadora Regional Sindical fue detenido el 4 de febrero de 1985. No fue el único. Arnoldo Bravo Cid, presidente del cuerpo de delegados de Huachipato; Lino Lara Valenzuela, presidente de la Federación Campesina Liberación; Carlos López López, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas “Manuel Rodríguez”; Abraham Rivas Salazar, dirigente del Sindicato de la Construcción; Hugo Tapia Valdivieso, presidente de la Agrupación Nacional de Cesantes de Chile; y Manuel Soto Roa, trabajador del Pohj, completaron el grupo que fue detenido en virtud del Decreto Exento N° 5168 del 4 de febrero. Soto Roa fue puesto en libertad el 8 de febrero, pues el requerimiento era contra su hermano Miguel, dirigente de los trabajadores Metalúrgicos.

“Después que nos detuvieron, los detectives de Investigaciones nos llevaron a Santiago y allí nos dejaron a cargo de Investigaciones de Santiago donde nos tuvieron dos días interrogándonos de distintas cosas, pero ya tenían toda la ficha de nosotros. De mí sabían que era socialista, de los cargos que tenía dentro del partido, lo sabían todo. Le dije a uno de los detectives que si lo tenía todo investigado para que me preguntaba más detalles y me dio un culatazo… Al tercer día nos fuimos. Eramos once, seis de Concepción y el resto de Valparaíso. Nos llevaron al campo de concentración a 3800 metros de altura en el norte en Conchi. No sabría precisar cuánto se demoraron en transportarnos. Lo que si me acuerdo es que por cada uno de nosotros nos «escoltó» un militar con una metralleta corta”.

De la clandestinidad a la actividad pública

Antonio Deij aún recuerda con gran detalle este negro episodio vivido hace treinta años. Una historia dolorosa que marcó su vida, así como el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que lo encontró como dirigente de la entonces Central Única de Trabajadores, CUT.

“Llegué cerca de las 8 a la CUT y supe del golpe de Estado como a las 9 de la mañana. La primera reacción fue pensar que iba ser bastante corto y que todo iba a volver a la normalidad con un nuevo gobierno. O la mejor iba a seguir el Presidente Allende. Pero con el correr de las horas, nos dimos cuenta que no sería así…”, recuerda.

Horas más tarde, un grupo de dirigentes se reunió y acordó presentarse ante el intendente, Washington Carrasco. Pero Deij no estuvo de acuerdo porque pensaba que eso era entregarse. Pasó entonces a la clandestinidad y así estuvo por un tiempo. Hasta que quienes dirigían su partido, el Socialista, le pidieron que volviera a ser un hombre público y que se acercara a la Vicaría para tener respaldo y amparo.

“Nos acercamos a la Iglesia porque era la única forma de saber cuántos quedamos y quiénes iban a dirigir la rearticulación del movimiento sindical a pesar del miedo que todos teníamos. Al comienzo estuvimos los más consecuentes. Fuimos unos cuatro lo que partimos. Luego se sumaron otros…”, cuenta Deij.

En su andar sindical, llegó a ser parte de la Coordinadora Regional Sindical, organización a la cual pertenecía cuando en febrero de 1985 lo detienen junto a otros dirigentes.

“Buscaban matar el movimiento sindical”

Tras sacarlos del Cuartel de Investigaciones en Santiago, con rumbo desconocido hasta ese momento, lo subieron a un camión militar descubierto, sin que les dijeran nada.

“Lo más terrorífico fue cuando a las 4 de la mañana nos hicieron bajar en pleno desierto y nos dijeron que fuéramos a orinar. Miré a quien estaba al lado mío que era Carlos López un dirigente forestal y al oído me dijo: “Toñito, hasta aquí no más llegamos“. Yo no le dije nada porque también tenía el pensamiento de que íbamos a recibir las ráfagas de las metralletas y que al bajar del camión nos iban a disparar de acuerdo a la ley de fuga y que luego iban a decir que nos quisimos escapar…”.

Después de un largo viaje, con muchos sobresaltos, llegaron al Regimiento de Calama. Allí, el jefe que era un oficial recién llegado de Estados Unidos, les dijo: “Si de mí dependiera, yo no haría perder el tiempo a mis hombres que lo custodian y daría la orden de que los fusilaran inmediatamente”. Eso nunca se le olvidó a Antonio Deij.conchi2

“Después de esas palabras, nos alinearon a todos y tomó el mando de nosotros el segundo comandante que era un teniente coronel de apellido Campusano a cargo del campo de concentración que estaba en Conchi. Nos tuvieron como dos días en el Regimiento de Calama y nos hicieron infinidades de exámenes. Hubo por lo menos dos que no pudieron subir los 3800 metros de altura y a ellos los dejaron abajo, en Calama y a nosotros nos tiraron en camiones para arriba”, relata.

Ya en Conchi, los prisioneros se encontraron con un panorama que sólo habían visto en películas: alambradas, torretas para los guardias, campos minados, barracas para los presos y todo eso en el desierto, con temperaturas de 15 grados bajo cero en la noche y un calor insoportable en el día.

“¿Por qué nos llevaron a esa tremenda altura, qué error habíamos cometido nosotros para nos castigaran en ese desierto, además cambiaban la guardias cada 15 días”.

La mayoría de los prisioneros eran dirigentes, sindicales, estudiantiles, políticos… En el caso de los penquistas, Deij dice que los persiguieron porque eran dirigentes de la Coordinadora Regional Sindical y representaban un peligro. “Al apresarnos buscaban matar al movimiento sindical que se estaba rearticulando”.

Régimen de terror

Los recuerdos de Antonio Deij siguen con singular nitidez. Se le viene a la mente que el régimen en el campo era muy estricto y autoritario. Que se levantaban a las 8 de la mañana y debían acostarse a las 6 de la tarde.

“Teníamos que estar caminando dentro de las barracas y siempre con un par de inteligentes militares de civil ahí entre nosotros, merodeaban, de repente se acercaban a conversar con nosotros haciéndose los buenos… Era toda una tortura sicológica, más que física. En cuanto al rancho diario nos daban lo mismo que le daban a los milicos. Nosotros estábamos incomunicados y los primeros dos meses nuestros familiares no sabían nada de nosotros”, rememora.

Apenas se supo que la dictadura estaba reeditando los campos de concentración, de inmediato se iniciaron acciones y campañas para lograr revertir esta injusticia.

En el plano legal, se presentaron dos recursos de protección. Uno ante la Corte de Apelaciones de Santiago y el otro, ante la de Concepción, a favor de los sindicalistas locales. En este último caso, el tribunal de alzada lo acogió indicando que Conchi no tiene las características de una localidad urbana y por lo mismo no se ajustaba a la letra d) de la Constitución Política de 1980 que precisaba que las relegaciones “deben cumplirse en los sectores urbanos del territorio nacional”. Pero el régimen recurrió a la Corte Suprema, que el 23 de abril de 1985 acogió la petición de no innovar, lo cual significaba que los cinco dirigentes de la zona que estaban en Conchi debían permanecer en dicho recinto, mientras no se viera el fondo del recurso.

En el intertanto, la presión continuaba y se intensificaba la campaña exigiendo el término de este campo de prisioneros. De parte de la Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción viajaron lo abogados Patricio Otárola y Bernardo Espinosa, para constatar el estado en que se encontraban los prisioneros y cómo era el campo de prisioneros. No fue una visita oficial.

“Ellos fueron a investigar allá y fueron capaces de llegar al campo de concentración e hicieron un mapa, pero no hablaron con nosotros, igual les mandamos otro mapa que era más eficaz para encontrarnos”, recuerda Deij.

En Conchi, los prisioneros estaban prácticamente incomunicados. Irónicamente se les había fijado un horario de visitas generales, martes y jueves y para los familiares, todos los días de 14 a 18 horas. Pero era imposible que pudieran hacer uso de ese derecho, especialmente para quienes vivían en Concepción, por la distancia y el alto costo de pasaje.

Por eso, el primer viaje de los familiares hasta el campo de concentración fue todo un acontecimiento, tanto para quienes lo hicieron como para quienes los esperaban con ansias. Claro que antes fue necesario vencer otro gran obstáculo: conseguir la autorización, trámite que demoró varias semanas. Incluso el Arzobispo de Concepción, José Manuel Santos se entrevistó en dos ocasiones con el ministro del Interior, de la época, Ricardo García, para que interviniera, pero éste le contestó que nada podía hacer porque las órdenes venían de arriba.

Así las cosas, recién el 1 de marzo un grupo de 17 personas emprendió el largo viaje hasta Calama, donde dirigentes del cobre las acogieron. Se trasladaron en una micro por un camino en mal estado. Pero cuando llegaron al campamento, la mayoría de los prisioneros no estaba porque lo militares se los habían llevado a otro sector a ver un partido de fútbol. Solo Arnaldo Bravo y Sergio Vuskovic se habían quedado.

“Cuando llegaron los familiares, los militares disfrazaron el campo de concentración y lo dejaron más lindo para que pareciéramos que no éramos prisioneros“, recuerda Antonio Deij.

Se quedaron cinco días en la zona y los visitaron diariamente. Cuando retornaron a Santiago, iniciaron una campaña para dar a conocer lo que vieron y en las condiciones en que estaban sus seres queridos y así lograr su pronta liberación.

Antonio Deij relata que el trato que les dieron era indigno. A tanto llegó que en un momento él mismo tuvo que explicarle a un conscripto que eran un grupo de sindicalistas, no de terroristas ni criminales como les habían dicho sus superiores.

“Donde estuvimos nosotros fue el lugar más duro porque había tres climas en uno: el tremendo frío en la noche porque teníamos que echarnos encima cualquier cantidad de frazadas; el tremendo calor en la mañana y el tremendo viento que no dejaba ver nada”.

Situaciones extremas también les tocó vivir y que Deij aún recuerda con nitidez.

“Un día sacaron a todos los conscriptos a realizar instrucciones bastante lejos del campo de concentración y quedaron sólo pocos milicos de tropa y de grado. Eran como las tres de la tarde cuando llegaron dos vehículos con mucho griterío. Había cinco oficiales, el teniente Campusano, un mayor, un capitán y dos tenientes, todos borrachos y venían a matarnos. Nos encerraron en el comedor, comenzaron la insultarnos, y disparaban al aire, hasta que se cansaron. Esto fue en los dos primero meses de los seis meses que estuvimos ahí”.

El tiempo avanzó, y el 17 de junio de 1985, el régimen puso término al Estado de Sitio, después de una vigencia de casi un año. Pero esto no significó el regreso a casa de los prisioneros de Conchi, pues fueron relegados a otros lugares. Así, Arnaldo Bravo fue enviado a Pisagua; Carlos López, a Tal Tal; Hugo Tapia a San Pedro de Atacama; y Antonio Deij a Sierra Gorda. Sólo el 17 de septiembre de ese año, terminó la pesadilla para esto sindicalistas, que finalmente pudieron regresar a sus hogares.

Por M.Eliana Vega