Lavín Fariña Jaime Belisario

A high-ranking Chilean official, visiting the United States as a guest of the State Department, has been asked by U.S. officials to leave the country following allegations by human rights organizations that he supervised and participated in the torture of prisoners after the Chilean military coup in 1973.

According to State Department sources, Jaime Lavin Farina, the director general of the Chilean Foreign Ministry, will leave the United States today. The sources said Lavin had been "recalled by his government" following an agreement by the United States and Chile that his departure was "in the best interests of both countries."

Had the Chilean government chosen not to recall Lavin, a State Department official said, "I think he would have had to leave anyway." Nothing that visitor visas can be canceled by the U.S. government, the official said: "It didn't come to that, but it could have."

The Chilean embassy said yesterday that any questions regardig the Lavin situation could not be answered until Monday.

The State Department's action adds a new dimension to U.S. policy concerning human rights. Earlier this week, department spokesmen issued strong statements regarding treatment of dissidents in Czechoslovakia and the Soviet Union.

During his campaign and since his inauguration, President Jimmy Carter has said that human rights issues would play an important role in the determination of U.S. policy. During the campaign, Carter specifically referred to the situation in Chile.

Lavin, who is the third-ranking officer in the Chilean Foreign Ministry, arrived here for a four-week "leadership-grant program" tour of the United States on Jan. 4. Candidates for such tours are nominated by U.S. embassies abroad as potential leaders in their own countries.

Soon after his arrival, the State Department began receiving protests from Chilean exile groups and American organizations involved with Latin America.

According to testimony before an international commission of inquiry held in Mexico in 1975 on the Chilean coup, Lavin was mentioned by name as having supervised and participated in the torture of former Chilean air force officers in his capacity as warden of the Academy of War, an alleged detention and torture center.

Testimony by former prisoners presented in Amnesty International documents makes similar allegations.

One of Lavin's first appearances in the United States was at the Columbia University Insitute of Latin American studies on Jan. 17. According to a letter to Secretary of State Cyrus Vance, signed by eight professors and students present at that meeting, Lavin was questioned about human rights in Chile and answered that he was not aware of prisoners being illegally detained or of instances of torture.

"This man," the letter said, " . . . was directly responsible for the torture of military colleagues. Conditions in the prison in which this man was warden and interrogator are well known."

A spokesman for Rep. Tom Harkin (D-Iowa) said yesterday that Harkin and several other members of Congress who are active in human rights issues plan to send a letter to Vance protesting Lavin's trip.

While one State Department official cautioned that the charges against Lavin were only "allegations" and that "there are some people who might think this is some kind of kangaroo court if all it takes to keep Chileans out of the U.S. is to say 'This guy is a well-established torturer'," others said the most important question was why Lavin had been invited in the first place, add five.

"I doubt that anybody who knew of these accusations would have dreamed of inviting him," one source said. "What it suggests is that a lot of our people don't have the contacts" needed to be aware of such information.

Regardless of U.S. government opinion on Lavin's guilt or innocence, the source said, "Where there's smoke, the prudent bureaucrat sees fire, and therefore does not make a move."

"This whole thing," the source said, "is something of a disaster."

El Comandante (r) Ernesto Galaz, y los suboficiales (r) Mario González, Manuel Moya y Mario Cornejo, exonerados de la Fuerza Aérea por "traidores a la Patria" en 1973, sostuvieron que actualmente la institución está contaminada, puesto que quienes participaron en torturas hoy en día ocupan altos cargos.08 de Octubre de 2002 | 17:23 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet

Un grupo de ex funcionarios de la Fuerza Aérea, autodenominados "ex prisioneros de guerra", llamaron hoy a la Corte Suprema a que declare nulo el Consejo de Guerra que en 1973 los acusó de "traidores a la Patria" por oponerse al pronunciamiento militar, razón por la cual fueron dados de baja, torturados y encarcelados.

El Comandante (r) Ernesto Galaz, y los suboficiales (r) Mario González, Manuel Moya y Mario Cornejo, solicitaron a la Justicia a través de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), que se reabrieran los procesos judiciales para que se les retire la calificación por la cual fueron exonerados de la FACh, solicitud que en septiembre pasado fue rechazada por la Corte por considerar que no está entre sus facultades revisar procesos que se efectuaron en tiempos de guerra.

En septiembre de 1973 la Fuerza Aérea, en el proceso caratulado "Aviación contra Bachelet y Otros" encausó y condenó por los delitos de traición a la Patria, e incumplimiento de deberes militares a más de cien oficiales, suboficiales y personal civil de la institución.

"Nosotros queremos hechos concretos, que se manifieste públicamente que nosotros no fuimos traidores a la Patria, que nosotros no cometimos delito y que todo aquello fue obtenido a través de torturas", sostuvo el comandante (r) Galaz.

Los ex funcionarios afirmaron que la respuesta de la Segunda Sala Penal del Máximo Tribunal que reconoce que en el país existió guerra les parece "absurda", puesto que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación niega tal situación.

La abogada del Codepu, Alejandra Arriaza, afirmó que "es el minuto de que los tribunales de justicia se hagan cargo de lo que les corresponde, es decir que entren a ejercer jurisdicción, que investiguen aquellos hechos. La ley los faculta para poder revisar aquellas sentencias que fueron mal dictadas, por tribunales incompetentes o que no fueron sujetas a derecho", razón por la cual pidieron una reposición del caso.

Arriaza adelantó además que si no tienen respuesta de la Corte, recurrirán a tribunales internacionales para que anule el juicio al que también fue sometido el general Bachelet, padre de la actual ministra de Defensa.

El comandante (r) Galaz denunció además que hasta hoy tanto ellos como sus familiares sufren discriminación por parte de la Fuerza Aérea, ya que, por ejemplo, son impedidos de entrar a recintos de la institución.

Los ex funcionarios de la FACh entregaron también nuevos nombres de personas que integraron activamente el Comando Conjunto, entre quienes figuran el general Orlando Gutiérrez, el Comandante de Grupo Sergio Lizosain, los comandantes de escuadrilla Edgar Ceballos, Ramón Cáceres, Jaime Lavín Fariña, y el general de Aviación Fernando Matthei, entre otros.

Consultado por la responsabilidad del general (r) Matthei en las torturas y apremios ilegítimos que se efectuaron, Galaz sostuvo que éste dirigía la Academia de Guerra cuando se transformó "en un centro de detención donde se practicaba la tortura. Él sabía que bajo su mando en esa institución habían prisioneros de guerra que eran torturados".

El ex uniformado sostuvo además que Matthei permitió que oficiales que se vieron envueltos en torturas continuaran ascendiendo hasta llegar a generales, "por lo que tiene una gran responsabilidad".

Respecto de la situación que actualmente vive la Fuerza Aérea, Galaz sostuvo que la institución es "víctima de todo este proceso de contaminación que viene desde el Golpe militar", contaminación que a su juicio existe todavía hoy, puesto que quienes hace 27 años participaron en torturas son quienes hoy están dirigiendo a la FACh.
 

Un grupo de ex oficiales de la FACh, acusados en 1973 de traición a patria por oponerse al golpe militar, acusaron a la institución del aire de tener un doble estándar con los gobiernos de la Concertación y aseguraron que en la Academia de Guerra Aérea (AGA) la tortura era habitual y que el Comando Conjunto se origina allí.

El comandante Ernesto Galaz indicó que "el Comando Conjunto se origina en este grupo, son ellos los que comienzan con la tortura, haciendo uso de instalaciones militares como la Academia de Guerra Aérea (AGA) para tomar prisioneros y torturar a enemigos que consideraban enemigos de la patria.

Ese es el embrión del Comando Conjunto". Sobre el doble estándar de la FACh, explicaron que la institución se compromete a aportar antecedentes sobre detenidos desaparecidos, pero continúan protegiendo incluso económicamente a los hechores de los delitos.

En un comunicado inculparon directamente al general (r) Orlando Gutiérrez, al comandante de grupo Sergio Lizosain, a los comandantes de escuadrilla Edgar Ceballos, Ramón Caceres, Jaime Lavín Fariña, a los oficiales de rango medio León Duffey, Víctor Mettig y Florencio Dublé, de torturas.

Además dijeron que el ex comandante en jefe de la FACh, Fernando Matthei, que en la época lideraba la AGA, sabía de la existencia de violaciones a los derechos humanos y torturas en el lugar.

Ex capitán Jaime Donoso revela nombres de oficiales torturadores

Inútiles han resultado los esfuerzos de la Fach por desligarse de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Una consecuencia directa de los reportajes de denuncia del periodista Víctor Gutiérrez publicados en el diario “La Nación”, fue la dimisión del quinto hombre en la línea de mando institucional, general Patricio Campos Montecinos, ex jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y enlace de la institución durante la mesa de diálogo. Su esposa, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval (“la Pochi”), desempeñó un activo rol en el siniestro Comando Conjunto, según las declaraciones formuladas a “La Nación” por el ex agente “Colmillo Blanco”, a quien el diario “El Mercurio” identificó como el coronel en retiro de la Fach Otto Trujillo, actualmente procesado y recluido en la ex Penitenciaría.

El ex capitán de aviación Jaime Donoso Parra escribe sus memorias.

El Comando se habría reorganizado con el objetivo de tergiversar la información entregada por la Fach a la mesa de diálogo y entorpecer las investigaciones judiciales que comprometen a miembros de la Fuerza Aérea, con ayuda de abogados civiles financiados por la institución. El informante de “La Nación” mencionó también al coronel Roberto Serón Cárdenas, comandante Juan Luis López López y al civil Alejandro Figari Verdugo (ex militante de Patria y Libertad), como agentes de la represión que se mantienen activos. La mayoría fueron procesados por el ministro en visita Carlos Cerda en 1986 y luego sobreseídos por la Corte Suprema. Pese a la trascendencia de las denuncias, la Corte de Apelaciones rechazó la designación de un ministro extraordinario y la investigación judicial quedó en manos del juez del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien acumula la mayoría de los procesos de víctimas del Comando Conjunto. Pero también el presidente Ricardo Lagos solicitó al alto mando una investigación en el interior de la Fuerza Aérea y no faltaron quienes pidieron la salida del comandante en jefe, general Patricio Ríos.

Esta es la segunda gran crisis que estremece a la Fach bajo la comandancia del general Ríos. El año pasado debió pasar a retiro su mano derecha, el general Hernán Gabrielli, jefe del estado mayor y segunda antigüedad institucional. Este se perfilaba como futuro comandante en jefe hasta que cinco querellas por tortura frustraron sus planes.

Independientemente de que se haya reorganizado o no el Comando Conjunto, los ex uniformados de la Fuerza Aérea que están enfrentando en los tribunales a quienes los torturaron en los primeros tiempos de la dictadura militar no dudan que se ha urdido una trama para obstruir la justicia.

El capitán Donoso Parra encabeza un desfile en su base aérea.

Uno de ellos es Jaime Donoso Parra, ingeniero aeronáutico y capitán en retiro de la Fach, quien formó parte del grupo de oficiales constitucionalistas contrarios al golpe de Estado. “He declarado en muchos juicios y participado en varios careos, y lo único que ellos hacen es negar lo que hicieron -dice-. Luego, uno sale del careo y en los pasillos del juzgado ve cómo el tipo que acaba de declarar le cuenta a sus abogados todo lo que dijo al juez. Eso permite instruir al siguiente requerido por el tribunal sobre lo que tiene que decir para no entrar en contradicciones. Estoy convencido que esconden información sobre los detenidos desaparecidos. Esto no puede ignorarlo el comandante en jefe Patricio Ríos y es muy probable que exista una interacción entre las cuatro instituciones, lo que me parece un error porque a mi juicio los responsables de los crímenes son personas y no las instituciones en sí”.
El testimonio que entrega el ex capitán Jaime Donoso corresponde a la represión ejercida por la Fach contra alrededor de 60 hombres de sus filas en los primeros años del régimen militar, específicamente en la Academia de Guerra Aérea (Aga), verdadera escuela para quienes formaron en 1975 el Comando Conjunto. Uno de los más brutales torturadores de la Aga fue el jefe del naciente Comando Conjunto, Edgar Ceballos Jones (“Comandante Cabezas”).

BACHELET Y LOS OTROS

El capitán Donoso, con dos años de antigüedad al momento del golpe de Estado, tuvo una temprana evidencia de lo que preparaban los altos mandos. Entre mayo y junio de 1973 le correspondió desempeñarse como oficial de ronda de la Guarnición de Santiago y en una oportunidad le ordenaron inspeccionar la Academia de Guerra Aérea a las dos de la mañana. “Al identificarme ante el suboficial de guardia, quien me conocía porque yo era alumno de la Academia, pretendió impedirme la entrada. Eso me pareció sumamente sospechoso, así que saqué mi pistola y lo detuve por impedir que el oficial de ronda, máxima autoridad de la guarnición, ingresara a la base. Entonces me explicó que el general Gustavo Leigh, quien estaba en el interior, le había pedido que no dejara entrar a nadie”, relata el ex uniformado. Decidió llevarlo encañonado hasta adonde estuviera el general Leigh, que en esa época era jefe del estado mayor y segunda jerarquía después del comandante en jefe, César Ruiz Danyau. Al ingresar a la base vio que estaban estacionados los autos de casi todos los generales. En la sala de conferencias había luz, pero la puerta estaba cerrada. “La abrí de una patada, con la pistola en la mano y el suboficial al lado. La sala quedó sumida en un silencio espectral. Normalmente, cuando un capitán patea una puerta lo menos que hace un general es arrestarlo. Pero todos se quedaron calladitos. Lo que me quedó inmediatamente graficado en la mente fue el plano de Santiago, donde habían colocado aviones diseñando circuitos para atacar La Moneda, la casa del presidente en Tomás Moro y las estaciones de radio. No me cupo la menor duda que se estaba planificando un golpe de Estado. El general Leigh me pidió que lo disculpara, me dio todas las explicaciones posibles, dijo que estaban haciendo un juego de guerra… ¡Claro, a las dos de la mañana! Me imagino las puteadas que debe haber recibido el general que me envió a efectuar la ronda”.
¿Qué hizo usted luego de tener esa evidencia?
“Fue una luz de alerta para los cinco o seis capitanes que éramos constitucionalistas. Habíamos estado en la universidad, la mayoría éramos ingenieros y teníamos una relación con la sociedad diferente a la del militar neto. No estábamos por el golpe de Estado y sentimos que nuestra misión era denunciar lo que se preparaba. Decidimos agruparnos en forma más estrecha y buscar vías políticas para entregar esa información al presidente de la República. Nos reunimos con los senadores Eric Schnake (PS) y Anselmo Sule (PR), y con Carlos Lazo, presidente del Banco del Estado. Ellos consiguieron una entrevista de algunos miembros del grupo con el presidente Salvador Allende, pero él no les creyó. Dijo que estaba convencido que los militares jamás darían un golpe de Estado, porque le habían jurado lealtad. Pienso que Allende era muy orgulloso. Estaba convencido que podía manejar políticamente la situación y que no sería avasallado”.
¿Ustedes simpatizaban con algún partido político?
“No, ni siquiera estábamos de acuerdo con el gobierno de Allende, que a esas alturas no era bueno, aunque yo había votado por él, porque me gustó su programa. Pero teníamos la convicción que debíamos respetar la Constitución y la ley, de acuerdo con lo que habíamos juramentado. Para nosotros, el jefe máximo era el presidente de la República y no el comandante en jefe. Por eso, hasta el último momento seguimos insistiendo en entregar la información que teníamos. Cuando ocurrió el golpe de Estado nos detuvieron a todos, junto con los generales Alberto Bachelet y Sergio Poblete, y el coronel Ernesto Galaz. Les atribuyeron vinculaciones marxistas, pero sólo cumplían con su deber”.
¿Los mantuvieron en la Aga?
“Sí, y la agresión contra nosotros fue brutal, porque nos consideraban traidores… a ellos. Cuando conversábamos, les decíamos que eran ellos los que estaban traicionando la Constitución y la patria. Nos golpeaban, nos hacían simulacros de fusilamiento, nos ponían electricidad en las partes más sensibles -incluso en heridas abiertas- y nos quemaban con cigarrillos. También empleaban drogas e hipnosis. A algunos los colgaban de unos ganchos, como en una carnicería, y los azotaban. La Academia de Guerra Aérea era un centro de torturas atroz. Los generales eran pateados en el suelo por los pelados. Buscaban la degradación máxima de nuestra personalidad. Había presos a los que les sacaron las uñas. A otros los destrozaban, los cortaban igual como un carnicero corta un chancho”.
¿Quién estaba al mando?
“Ahí estaba comprometido Leigh. Lo vi dando instrucciones precisas de lo que había que hacer. Yo había sido instructor de vuelo del general Orlando Gutiérrez, y después él fue mi torturador. Era el jefe, lo presenciaba todo. También estuvo presente Leigh cuando torturaron al general Poblete. Me lo contó en una carta que me escribió, y que está en el juicio. A él lo quemaron en el pecho y en las manos. En la Fuerza Aérea, en 1973, se estableció la tortura como un procedimiento normal para interrogar a prisioneros. No se preguntaba qué había que hacer con un preso, derechamente se le torturaba y se le decía ‘esto es lo que tienes que confesar’. Era un procedimiento estándar”.
¿Usted fue procesado?
“Después de las torturas nos hicieron el famoso sumario en tiempo de guerra llamado ‘Fach contra Bachelet y otros’, que ahora estamos impugnando ante la Corte de Apelaciones. Desgraciadamente ésta señaló que el caso debía pasar a la justicia militar, lo que es una aberración. Vamos a seguir insistiendo, porque queremos que se reconozca que no se cumplió con el debido proceso y que nos entreguen la documentación que nos corresponde. Tras el sumario, se nos hizo un juicio en el cual no teníamos defensa, no se permitió que nuestros abogados argumentaran tortura. A mí, que había denunciado el golpe, me acusaron de ‘incitación a la sedición’, ‘traición a la patria’, ‘creador del Plan Zeta’ y del ‘Plan Fuga’. Nada de eso existía. Nos condenaron en diciembre de 1973, cinco a la pena de muerte y otros a presidio. Mi condena era a 20 años. Posteriormente me la rebajaron a 15 años, y a los condenados a muerte, a 30 años de presidio. Estuve dos años preso en distintos centros militares y al final nos llevaron a la cárcel pública de General Mackenna. En 1975 aplicaron el DL 504 que nos permitió partir al exilio”.
¿En algún momento se encontró con el general Alberto Bachelet?
“Estuvimos juntos en la cárcel. El general Bachelet tenía un problema al corazón perfectamente tratable, pero si le ponían corriente, la cosa se complicaba. Fue lo que ocurrió. Un día lo sacaron para llevarlo a la Academia de Guerra. Volvió con quemaduras de cigarrillos, marcas de electrodos y con una violenta taquicardia. El doctor Alvaro Yáñez, que era uno de los presos, dijo que estaba muy mal, que necesitaba cuidados especiales. Poco después murió. En una ocasión, Leigh dijo que cómo se podía pensar que la Fuerza Aérea podía hacer esas cosas. El cinismo de los torturadores era increíble”.
¿Ha tenido oportunidad de enfrentar a sus torturadores?
“He sido careado con quienes fueron mis torturadores directos, en diferentes procesos a cargo de los jueces Juan Guzmán, Mario Carroza y Rubén Ballesteros. He declarado contra Hernán Gabrielli, el general Orlando Gutiérrez y toda una lista de torturadores. En los careos he comprobado la pequeñez de estos hombres que cuando torturaban y tenían todo el poder sobrepasaban la racionalidad humana. En la Academia mataron a un sargento de un balazo y el general Gutiérrez felicitó al soldado que le disparó. Y ahora veo a algunos seriamente dañados, como Edgar Ceballos Jones; los comandantes Ramón Cáceres y Sergio Ulises Swain; el general Orlando Gutiérrez. En esa época se paseaban por la Academia como verdaderos pavos reales, ahora los veo escondidos y cabizbajos en los juzgados. Uno les dice ‘cobarde, maldito cobarde, cómo no puedes reconocer lo que hiciste’. Bajan la cabeza y responden ‘no me acuerdo’”.
¿No muestran arrepentimiento?
“Creo que no, pero sí vergüenza, porque no se atreven a mirar de frente. Y nunca dan sus direcciones. Son unos malditos cobardes, no se puede decir otra cosa. Felizmente, han caído en contradicciones. La gran diferencia con ellos es que nosotros andamos con la cabeza en alto, nos mostramos en cualquier parte y vamos a los juzgados abiertamente, sin ningún temor, porque tenemos la conciencia limpia”.

EL CAPITULO GABRIELLI

Los ex presos de la Fach vivieron el exilio en distintos países, pero siempre mantuvieron entre ellos lazos de amistad. Jaime Donoso Parra se fue a Inglaterra, donde estudió aeronaútica superior e hizo un doctorado en aerodinámica y mecánica de fluidos en la Universidad de Londres. Se convirtió en un investigador científico de alta calificación y desarrolló una exitosa carrera profesional en la empresa privada. Inventó cuatro métodos de alta tecnología para solucionar problemas matemáticos complejos, que fueron debidamente patentados. Con uno ganó en 1997 un Premio Nacional de Ciencia y Tecnología otorgado por el Ministerio de Defensa. Sus últimos años de exilio los vivió en Suiza.
¿Cuándo iniciaron acciones ante la justicia?
“Los ex presos de la Fach sólo pudimos volver a Chile a comienzos de la década del 90, cuando era imposible hacer un juicio contra las Fuerzas Armadas porque los poderes fácticos tenían intacto su poder. Pero pensamos que algo teníamos que hacer y participamos activamente en el proceso de gestación de la ley de exonerados. Finalmente algunas personas decidieron enjuiciar por daños físicos y perjuicios. Hay ex presos dementes en Inglaterra, recluidos en hospitales siquiátricos. Otros tienen daños en los oídos, algún miembro de su cuerpo inmovilizado, enfermedades óseas por los golpes y la electricidad, o no les funcionan bien algunas partes del cerebro y se olvidan de cosas. Así nos encontramos con el Codepu, que nos ha asesorado en los juicios, y con el problema del general Hernán Gabrielli. En febrero del 2001, Carlos Bau Aedo, ex ejecutivo de la Industria Nacional de Cemento S.A. (Inacesa), denunció que Gabrielli lo había torturado a él y a otros prisioneros en 1973 en la base aérea de Cerro Moreno, de Antofagasta, entonces a cargo del comandante Marcial Vargas del Campo. A sus denuncias se sumaron los ex detenidos Juan Ruz, doctor en pedagogía y actual funcionario del Ministerio de Educación, y Héctor Vera, doctor en comunicaciones y vicerrector de la Universidad de Antofagasta. Los tres fueron víctima de tormentos físicos y psicológicos, y presenciaron cómo el entonces subteniente Gabrielli torturó salvajemente a Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, gerente de Inacesa, que junto al gerente de Corfo, Mario Silva Iriarte, fue ametrallado el 19 de octubre por la Caravana de la Muerte. Los afectados iniciaron un proceso por torturas en contra de Hernán Gabrielli, en el que los ex presos de la Fach han participado como testigos. Según declaraciones de uno de ellos, el entonces subteniente de aviación Ricardo Navarro Valdivia, Hernán Gabrielli no sólo lo torturó a él, sino también a un niño de 14 años a quien le causó secuelas que acabaron con su vida en el hospital de Antofagasta. Navarro declaró desde España en una entrevista a Televisión Nacional: “Toda la Fuerza Aérea sabía y sabe que Gabrielli es un torturador”. Otros testigos de la Fach que fueron víctimas o presenciaron torturas ejecutadas por quien llegó a ser jefe del estado mayor de esa institución son el capitán Juan Muñoz y el subteniente Oscar Navarro, oficiales de la rama de finanzas de la Fach en Antofagasta, y los cabos segundos Luis Gabriel Torres Valeria y Antonio Jara Castro.
¿Usted conoció al ex general Gabrielli?
“Nos conocimos en la Escuela de Aviación, fuimos amigos y le tuve mucha estimación. Cuando estábamos en la cárcel comenzaron a llegar presos de Antofagasta, como Carlos Bau y algunos suboficiales, que describían a Gabrielli como uno de sus torturadores. No cabía la menor duda. Yo le escribí dos cartas entre 1999 y 2000, antes de los juicios, para que viera la forma de que se compensara a quienes éramos de la Fuerza Aérea. Primero, en el aspecto moral, que es lo que más nos interesa, y luego material, porque a nosotros nos cortaron la vida a los 30 años. Nunca contestó esas cartas. La querella que Gabrielli presentó contra Carlos Bau, Juan Ruz y Héctor Vera por difamación, injurias y calumnias fue cerrada a los tres meses por el juez Ballesteros, quedando en evidencia que Gabrielli torturó, aunque esto sigue siendo la declaración de una persona contra otra. El continúa negando, pero van a seguir declarando todos los que lo vieron y sufrieron las torturas. De acuerdo con lo legalmente establecido, tendremos a estas personas en primera línea hasta que en algún momento tengan que reventar. ¡Ya aparecerá un piloto o suboficial que cuente cómo les cortaban la guata a los prisioneros y los tiraban al mar! Nosotros tenemos que ir buscando los mecanismos para acorralarlos”.
¿Qué clase de torturador era Gabrielli?
“Existían los torturadores ‘profesionales’, como los de la Academia de Guerra Aérea, y otros ocasionales, que eran los que estaban en las guardias. En este último grupo se ubicaba Gabrielli, que en esa época era un teniente de 24 ó 25 años. Los torturadores ‘oficiales’ de la base de Cerro Moreno, como el comandante Gonzalo Pérez Canto, les decían a los tenientes jóvenes que ‘ablandaran’ a los presos antes de entrar a la interrogación. Y aunque podían evitarlo, porque no era su obligación, los agarraban a golpes y patadas. Yo los llamo ‘torturadores torpes’. Esto ocurrió en todas las bases, incluida la de Quintero, donde estaba el general Patricio Ríos, actual comandante en jefe. Todos los tenientes y subtenientes de esa época, si estaban en servicio, deben haber tenido contacto con prisioneros. También los alférez y subalférez, que hoy son los generales que están bajo Ríos, deben haber participado cuando menos en las ‘operaciones rastrillo’, donde también se torturó. Que unos pegaban más y otros menos, lo tendrá que determinar la historia. Para eso estamos haciendo estos procesos. Vamos a escarbar hasta encontrar testigos que se atrevan a declarar, porque la verdad es que muchos de la Fuerza Aérea aún no dan ese paso. En los años 96-97 algunos me pidieron que por favor no los nombrara, porque ellos y sus familias habían sido amenazados. Pero ahora tenemos una ley de prensa que nos permite hablar. Por eso estoy escribiendo un libro con mis memorias donde voy a decir lo que yo vi de la historia, desde el lugar en que ésta me puso. Y me puso a este lado, porque yo tenía principios distintos a los de ellos, tan simple como eso”.
¿Alguna vez lo han amenazado a usted?
“En forma indirecta, me enviaron amenazas por teléfono cuando puse un recurso de amparo contra el general Fernando Rojas Vender, en la época en que era comandante en jefe. Pero nunca tuve miedo, estoy haciendo lo que corresponde”.
¿Por qué ese recurso de amparo?
“Se relaciona con otro problema que tenemos. Cuando jubilamos o nos dan de baja, nos tienen que entregar un documento que diga que uno es un oficial de la Fuerza Aérea dado de baja, jubilado, exonerado o lo que sea. A nosotros no nos han entregado ese documento, y por eso no nos permiten entrar a algunos lugares de la Fach. A mí incluso me han obstaculizado el paso en el Ministerio de Defensa. ¡A qué nivel llega el enclaustramiento en que están los uniformados que ni siquiera permiten a la ministra de Defensa que intervenga en esto! Debería bastar que la ministra Michelle Bachelet le dijera al comandante en jefe que nos entregue la documentación, porque es lo que corresponde legalmente. En este momento se está tratando de llegar a un acuerdo, pero si no lo hay me voy a querellar contra la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. Anteriormente presenté un recurso de amparo contra el general Rojas Vender y Jaime Lavados, rector de la Universidad de Chile. Sucedió que ambas instituciones convocaron a un diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, y postulé como un ciudadano cualquiera. Las clases se daban en la Academia de Guerra Aérea. El rector de la Universidad de Chile consultó a la Fach y le enviaron una carta firmada por Rojas Vender diciendo que yo no podía ingresar. Torpemente, él me remitió esa carta. Y con ella en mano, presenté el recurso. Fernando Rojas dilató todo lo que pudo la tramitación del recurso y al final mandó una carta a la Corte Suprema diciendo que yo no tenía ninguna prohibición para ingresar a la Academia. La presentó el 28 de agosto y el curso terminaba el 1 de septiembre. ¡Esa es la mentalidad sucia que tiene esta gente! Pero nada puede extrañar de alguien como Fernando Rojas Vender, que se llevaba muebles para su casa como pertrechos de guerra. El tiene una historia tenebrosa dentro de la Fach, porque siempre fue de mala calaña. Claro que todos los generales que viajaban al extranjero en esa época traían motos de agua y muebles como pertrechos de guerra, en circunstancias que la ley les permite, igual que a los diplomáticos, traer bienes de hasta 15 mil o 20 mil dólares sin impuestos. ¡Pero ellos traían mucho más!”.
¿Se ha enfrentado alguna vez con Hernán Gabrielli?
“Se ha negado a conversar conmigo. El día que teníamos un careo ante el magistrado Mario Carroza se fue a Estados Unidos y nos dejó al juez y a mí plantados. Tampoco se presentó a otro careo ante el juez Ballesteros. No me cabe la menor duda que torturó, tenemos testigos torturados por él y otros que presenciaron esas torturas. Eso es lo que he declarado en tres juzgados. El juez Carroza me va a volver a llamar, porque le pedí que quiero ver a Gabrielli y enfrentarlo. El general León Duffey, un hombre bruto que se sabía esconder muy bien, torturó con Gabrielli en Antofagasta y después pasó a la Academia de Guerra. Se dejaba ver muy poco en la Academia, igual que Florencio Dublé, quien llegó a ser jefe del estado mayor cuando Fernando Rojas Vender era comandante en jefe. Pero nosotros los identificábamos bien. Todos están siendo enjuiciados y tendrán que declarar. Hay que juzgarlos, pero no con el objetivo de que los castiguen. Lo único que me interesa es que reconozcan lo que nos hicieron y que queden claramente establecidas sus culpas”

Torturadores de la Fach

Los siguientes oficiales, suboficiales y personal civil de la Fuerza Aérea, principalmente de la Academia de Guerra Aérea, participaron, practicaron o dirigieron las sesiones de tortura a que fueron sometidos los acusados en el proceso “Fach contra Bachelet y otros”, según una lista confeccionada por el capitán en retiro Jaime Donoso:
– General ingeniero Orlando Gutiérrez Bravo, jefe operativo y fiscal acusador en el proceso.
– Comandante de grupo piloto Sergio Lizosain Mitrano, presumiblemente segundo en la línea de mando de los torturadores.
– Comandantes de escuadrilla Edgar Ceballos Jones (ingeniero), Ramón Cáceres Jorquera y González Pérez Canto (pilotos). Este último operaba en la base Cerro Moreno y fue muy conocido por su sadismo.
– Comandante de escuadrilla piloto Jaime Lavín Fariña (después fue ascendido a general y se le prohibió ingresar a EE.UU. por su participación en actos de tortura).
– Capitanes de bandada pilotos Alvaro Gutiérrez (también reconocido por su agresividad y sadismo), Víctor Mettig, León Duffey (operó en Antofagasta y Aga, posteriormente ascendido a general) y Florencio Dublé (también ascendido a general).
– Tenientes Juan Carlos Sandoval (ingeniero), Hernán Gabrielli Rojas (piloto, operó en Antofagasta y fue ascendido a general), Franklin Bello y otro de apellido Dumont.
– Suboficial Juan Norambuena, sargento de aviación Hugo Lizana y cabo de aviación Gabriel Cortés.
– Asesores jurídicos Víctor Barahona, Jaime Cruzat y Cristián Rodríguez.
El general en retiro Sergio Poblete y otros ex presos de la Fach identificaron a los tenientes José García Huidobro, Alberto Waschtendorf y John Ramírez -la mayoría con títulos de inteligencia militar obtenidos en Panamá, Brasil y Estados Unidos- como también al coronel abogado Julio Tapia Falk, que fue auditor en el consejo de guerra que condenó a los procesados. Presidió ese consejo el general de brigada Juan Soler Manfredini y lo integraron los coroneles Eduardo Fornet Fernández (después ascendido a general), Humberto Berg Fontecilla (médico), Sergio Sanhueza López (ingeniero), Javier Lopetegui Torres y el comandante de grupo piloto Carlos Godoy Avendaño

 

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El negocio de los F-16

Graves acusaciones hace el capitán en retiro Jaime Donoso por la compra de cazabombarderos F-16 que, según sus informaciones, continúan gestionando en Estados Unidos los ex generales en retiro Hernán Gabrielli y Fernando Rojas Vender, en representación de la Fach. “La compraventa de armamentos y de aviones es el mercado más sucio que hay en el mundo. Se coimea abiertamente y la plata se deposita en diferentes bancos. Yo trabajé con los norteamericanos, como oficial de la Fuerza Aérea y después como científico en Europa, y sé que su política es que ‘todo’ se puede comprar. Son corruptos. Con esos antecedentes, lo menos que se debe hacer es investigar las propiedades de estos dos generales. Ningún general puede comprar con su sueldo una casa en La Dehesa de 400 millones de pesos. Muchos dicen que recibieron una herencia, pero en la mayoría de los casos son dineros mal habidos. Ni Rojas ni Gabrielli tienen de dónde sacar plata para comprar ese tipo de casas o autos deportivos”.
¿Por qué dice eso?
“Se trata de la compra de 10 aviones F-16 por 600 millones de dólares. ¡En qué cabeza cabe que por un avión se paguen 60 millones de dólares! La empresa Gripen, de Suecia, vendía 27 aviones y los franceses ofrecían alrededor de 20 Mirage por la misma cantidad. Esos aviones son igual de buenos que los F-16, o mejores. Los Gripen son de cuarta generación, más modernos que los F-16 y poseen enorme versatilidad. El F-16 es de transición entre la guerra antigua y la moderna. Además, el gobierno sueco ofreció invertir en empresas de uso civil industrial en Chile la misma cantidad de dinero -600 millones de dólares- que gastaríamos en comprar armamentos. Para mí, la única explicación para rechazar una oferta como ésa es que tiene que haber algo oscuro. Yo fui asignado a la compra de aviones en Estados Unidos y vi cómo los yanquis manejaban a los militares, les compraban un auto, los mandaban a las Bahamas… Ojalá el gobierno del presidente Ricardo Lagos sea lo suficientemente inteligente, porque si firma un contrato así no sé en qué mundo estamos viviendo”.
¿El gobierno tendría que saber eso?
“Una cosa es saber, y otra es no querer ver. El gobierno no puede dejar que sean los militares los que compren los aviones. ¡Debe hacerlo el poder político! Aquí es donde se ve que los poderes fácticos todavía están operando”

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos […]

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo».
(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes «les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas», o por último que «se lo merecían». Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere «saber los nombres de los torturadores». Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.
Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un «punto final» para terminar con las «mentiras» contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de «dar de baja» a La Esmeralda, «que sólo puede ser dada de baja en combate» y amenazó: «Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina». Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el «gobierno militar», repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.
El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: «las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura».
Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que «no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón».
Stange criticó el informe sobre tortura «porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech», señaló.
Cordero, por su parte, dijo que habría que «completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad».
El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.
La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como «el car’e jote». Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones
La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que «la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo».
El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.
Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: «Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar'».
Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el «asombro» de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban «enemigos», «humanoides» en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet
«Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó».
(Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias «Mamo» y «Mojón». Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias «Don Rodrigo»; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias «Don Elías» y «Luis Gutiérrez»; Miguel Krassnoff Martchenko, alias «caballo loco»; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán
Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias «coronta», «ronco» y «oso».

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias «Víctor». Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias «Antolín». C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias «Max Lenoux». Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de «Pedro Diet Lobos» e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de «servicio secreto y observación». Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias «teniente Pablo». Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como «los guatones». Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias «muñeca del diablo» y «cucharita», este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias «gato».

Emilio Iribarren Ledermann, alias «Joel». Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «Barba». Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias «gil culiao».
Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias «Quico» o «Daniel Cáceres». Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias «Raúl» y «Claudio». Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias «Don Jaime». C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias «teniente Manuel». C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias «el troglo». Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales «Daniel Rebolledo» y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias «mano negra». Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de «Servicios de Seguridad Alcázar», ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias «Harry el sucio».

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias «Pedro».

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como «La Cutufa».

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada «Villar y Reyes» y «Elissalde y Poblete». Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias «Luis Gutiérrez», C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la «Caravana de la Muerte». El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias «cachete grande». Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones «Kamaron Bay», donde usa el alias de «Ricardo Flores» en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias «cachete chico». Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto
El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.
El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Los inicios en la AGA
Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra «Arturo Prat». Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo «chuncho» Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los más siniestros
Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias «Inspector Cabezas». C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura «Remo Cero». Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias «Lalo». C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias «El Fanta». C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto.
Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias «El Fifo». C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «El Barba». C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias «El Huaso». C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ’90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias «Colmillo Blanco» en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al «Wally», quien lo llevaría al CC.
Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias «Willy». C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros..
Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias «Chirola». C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ’90.
Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias «Kiko» o «Elefantito» (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.
Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias «El Zambra». Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias «Peter» (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas «La Firma». Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de «Fifo» Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias «Loco Alex» (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias «Peque», «Rucio» o «Pol». C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias «Rodrigo»o «Wally Chico». C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias «Yerko». C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias «Jonathan». C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias «Chino». C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH.
Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.
Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.
Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.
Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.
Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2.
Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.
Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.
Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.
Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2.
Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.
Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.
José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.
Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.
Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.
Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.
Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

 

Por Julio Oliva García

El rostro de Ambrosio Rodríguez es un amargo recuerdo para muchos presos políticos de la época de la dictadura, pero sin duda su gesto amargo y desagradable recuerda día a día a la familia Stoulman-Pessa la desaparición de sus padres, en medio de la Operación Cóndor diseñada por la DINA, en la que el ex […]

El rostro de Ambrosio Rodríguez es un amargo recuerdo para muchos presos políticos de la época de la dictadura, pero sin duda su gesto amargo y desagradable recuerda día a día a la familia Stoulman-Pessa la desaparición de sus padres, en medio de la Operación Cóndor diseñada por la DINA, en la que el ex «Procurador General de la República» está absolutamente involucrado, al menos como encubridor.

El actual Presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional y defensor de Pinochet podría haberse ido a vivir tranquilo en alguna región apartada del país, como lo han hecho algunos que prefieren guardarse en un protector anonimato, pero desistió de eso y se quedó en el centro de los acontecimientos como desafiando a quienes tienen más de una cuenta pendiente con él.

El 10 de septiembre del año pasado, la Comisión FUNA llegó hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para denunciar a Ambrosio Rodríguez Quiros, profesor de dicha escuela y conocido hombre de Pinochet.

Entre las «hazañas» del ex funcionario público, los funeros denunciaron «la realización de los sumarios que terminaron con la expulsión, tras el golpe militar, de casi todos los académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Luego, siendo integrante del ministerio del Interior de Pinochet, firmó expulsiones del país, como la de su ex profesor Eugenio Velasco, y también impidió el ingreso al país de un niño de 4 años por ‘ser peligroso para la patria’.

A pesar de haber sido citado a declarar en reiteradas oportunidades en el caso del detenido desaparecido Alfonso del Carmen Araya Castillo, nunca se presentó a tribunales. Como Procurador General de la República, cargo inventado por Pinochet, supervisó la defensa de los violadores de derechos humanos, alargó el período de secuestro ‘legal’ determinado para la CNI y negó por meses el acceso de los querellantes al sumario por los crímenes de la Operación Albania. Ha sido parte de la defensa de criminales como Augusto Pinochet, Humberto Gordon, los culpables del Caso Degollados, el caso Valmoval -más conocido como los ‘Pinocheques’-, y en la misma Operación Albania, en conjunto con su socio Fernando Uribe-Etxeverría.

También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado ‘por notable abandono de deberes’ en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974″.

También se hacía alusión a su citación a declarar «por el Juez Juan Guzmán en el caso de la desaparición en Argentina del matrimonio judío-chileno Stoulman-Pessa, en el que fue involucrado por el agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel», caso que fue recordado por el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras en la reciente vista de la petición de desafuero de Pinochet por el Caso Operación Cóndor.

La carta de Arancibia Clavel.

A pesar de que frente al ministro Juan Guzmán se escudó en el «secreto profesional» para no hablar sobre su participación en el caso de los desaparecidos Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, una carta enviada desde Argentina por el agente Enrique Arancibia Clavel, hoy condenado a perpetua por el asesinato del matrimonio Prats-Cuthbert, lo incrimina directamente.

El confeso asesino, que firmaba sus misivas como Luis Felipe Alemparte, asegura en una de ellas que el 17 de julio de 1977 Ambrosio Rodríguez se reunió con «el gerente» (Manuel Contreras Sepúlveda) y con él para construir un relato sobre la desaparición del matrimonio judío. De allí nació la pista falsa que involucraba a Jacobo Stoulman con el financiamiento de los Montoneros argentinos y los Tupamaros uruguayos. En esos días, Rodríguez se encontraba en Buenos Aires por petición de las hijas de los Stoulman-Pessa, quienes le habían pagado una fuerte suma de dinero para que, como influyente abogado del régimen militar, les ayudara en la búsqueda de sus padres, desaparecidos el 29 de mayo de 1977.

Sin embargo, el abogado también había recibido pagos de otros interesados en que la pareja judía no volviera a aparecer. Se trataba de algunos de sus familiares directos y de los socios de Jacobo Stoulman en la casa de cambio Andes, León Dobry y Enrique Chamorro, quienes de esta forma se quedarían con los bienes de la pareja, mientras que el «gran rabino» Angel Kreiman evitaba confrontaciones con la dictadura.

Los dineros y la censura.

Uno de los más interesados en que la pareja Stoulman no volviera desde Argentina era el rabino Angel Kreiman Brill, quien en esos días aparecía como un importante opositor a la dictadura. Pese a que en los primeros días de la desaparición apareció haciendo gestiones en el ministerio de Relaciones Exteriores para saber de su paradero, prontamente Kreiman se olvidó del tema y ni siquiera acudió a una cita, concertada por el coronel de la FACH y funcionario del ministerio Jaime Lavín Fariña, para tratar el caso en julio de 1977. Pero Kreiman estaba preocupado de no hacer «olitas», pues tenía muchas cosas que esconder y que eran conocidas por los servicios de inteligencia.

Junto con Cambios Andes y Turismo Top Tour, los negocios de Stoulman, sus «socios» procedieron a limpiar las cuentas que se mantenían en Suiza y que hoy equivaldrían a unos 35 millones de dólares. De esta forma, además de perder a sus padres, las tres hijas de los Stoulman-Pessa quedaron sin posibilidades de recuperar parte de sus inversiones.

El caso ha sido censurado en muchas ocasiones, especialmente tras el fin de la dictadura, porque junto con acusar a empingorotados personajes del régimen militar, como los involucrados en la Operación Cóndor que van desde el abogado Ambrosio Rodríguez hasta su defendido ex Comandante en Jefe, cruza la comunidad judía nacional y sus vínculos con los más variados sectores políticos.

El periodista Iván Cabezas, luego de publicar en la Revista Semanal de La Nación el reportaje «Pregunta del millón de dólares: Quién hizo desaparecer al empresario Stoulman con su mujer, su fortuna y la plata del PC», no volvió a aparecer en la publicación. El editor Luis Alberto Ganderats presentó su renuncia poco tiempo después. Desde algunos ministerios se hicieron discretos llamados a TVN y una crónica de 5 minutos realizada por el periodista Rodrigo Espinoza fue hecha desaparecer por el Jefe de Prensa, Abel Esquivel, hasta del registro computacional de los reportajes.

También en la página periodística de internet El Mostrador fue censurado un reportaje preparado por la periodista Pascale Bonnefoy. Un llamado de León Dobry a su amigo -y compañero de Directorio del Dresner Bank- y co-dueño del diario electrónico Juan Agustín Figueroa impidió la salida del tema.

Poco después, a Pascale Bonnefoy se le dio por terminada su relación contractual con El Mostrador.

Alejandra Stoulman Pessa no olvida el dinero entregado, pese a las dificultades económicas que vivían en ese momento, al abogado Ambrosio Rodríguez para que averiguara sobre el paradero de sus padres. No olvida que, de regreso de Argentina, el ex «Procurador General de la República» les relató sobre la relación de su padre con los Montoneros y los Tupamaros. El abogado de Pinochet se escuda en el «secreto profesional» frente al ministro Juan Guzmán, pero ya se había contradicho en otras declaraciones, cuando admite que viajó a Buenos Aires con el encargo profesional de buscar a la pareja desaparecida y luego sostiene que su ida era producto de «gestiones deportivas», como dirigente del fútbol.

Lo cierto es que fue a Argentina, que preguntó por los Stoulman Pessa y se reunió con «el gerente» Manuel Contreras, quien también ha conocido de su mano defensora en los tribunales chilenos.

La necesidad del desafuero.

Para el abogado Eduardo Contreras, la Operación Cóndor «es uno de los episodios criminales más emblemáticos de la dictadura militar, al menos por tres de sus rasgos singulares. Primero, por la dramaticidad del horror aplicado a las víctimas, luego por su alcance internacional y finalmente porque, quizás más que en otros casos, aquí está más clara que nunca la participación personal de Pinochet como autor directo».

El desafuero del ex dictador, hoy presentado como «ex presidente», se solicita por «la existencia de los delitos y fundadas sospechas de su participación en ellos, pues para procesarlo es necesario quitarle la protección que le da el fuero de los ex presidentes de la República, creado ex profeso a favor del inculpado por la ley 19.672, publicada en el Diario Oficial de 28 de abril del año 2000», según señala Contreras.

Para los abogados querellantes, «la existencia de la asociación ilícita y de los delitos de secuestros calificados de los que trata este proceso, está sobradamente acreditada. La participación en los ilícitos de Augusto Pinochet en calidad de autor -en los términos del artículo 15 del Código Penal- ha sido demostrada plenamente.

No es un detalle menor recordar que los procesos sobre el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, el caso de los 119 de Operación Colombo, el del asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía, y el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, aunque hayan sido tratados separadamente por razones procesales, forman parte precisamente de la estrategia del Plan Cóndor. Las declaraciones públicas del propio inculpado, las informaciones de prensa de la época y la explícita confesión del director de la DINA, Manuel Contreras, lo confirman.

Los delitos que analizamos no sólo violan disposiciones de nuestro ordenamiento penal. Son crímenes contra la humanidad que violan además, entre otros documentos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las convenciones de Ginebra vigentes en Chile a la época de los ilícitos y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados».

La «demencia incurable».

Los querellantes realzaron el hecho de que «ante la imposibilidad de demostrar la inocencia del inculpado, su defensa alegó su demencia sobreviniente. Más allá de las irregularidades de la pericia a que fue sometido en el caso Caravana de la Muerte, que fueron oportunamente denunciadas, el examen demostró que su memoria, atención y funciones de reconocimiento eran muy buenas y que distinguía perfectamente lo bueno de lo malo. Es decir, es perfectamente imputable, y hoy tenemos nuevas pruebas de eso. Adjuntamos el video de la entrevista para la televisión de Miami de diciembre pasado, junto a su transcripción, donde se le aprecia perfectamente lúcido.

Además, el propio inculpado nos muestra día con día que no está ni loco ni demente. Hace pocas noches, según informó ‘El Mercurio’, Pinochet concurrió a una animada cena al restaurante ‘Lily Marlene’, donde escuchó esas marchas nazis que tanto le agradan. Se le ve sonriente, rebosante de salud, por lo que practicarle nuevos exámenes mentales es absolutamente posible y necesario».

Es un avance sin duda, señalar y sancionar a los torturadores que operaban bajo el amparo de la dictadura militar, ojala también que esto sea el inicio de un proceso de identificación y de llevar a la justicia a todos quienes se apoderaron de la las instituciones militares, en este caso de la Fuerza Aérea, para cometer uno de los actos mas repudiables, la traición, el asesinato y la tortura en contra de personas inocentes a nombre  de la libertad y del deber militar.

Que no sea esto un intento mas frustrado, son muchas las expectativas de justicia, de que estos temas que se relacionan a los torturadores, a las violaciones a los derechos humanos, no sigan siendo negociables con fines políticos o para mantener la impunidad. A los chilenos nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo con la ley de amnistía de 1978 que protege a cientos de  militares y civiles autores o encubridores de lo que paso en Chile, se nos impuso.

Es tiempo que estos temas salgan de los cuarteles y de los salones del congreso, haciendo de ello un gran debate nacional al cual tenemos derecho. En Chile la democracia recortada que vivimos no permite participar en las decisiones, por eso ya es tiempo que se escuche la opinión ciudadana sobre el amplio espectro de los derechos humanos.

Desde siempre hemos sostenido que deben ser los altos mandos militares, los oficiales superiores y subalternos, el personal de cuadro permanente involucrados, dirigentes políticos y empresarios que se coludieron para conspirar en contra de un gobierno legitimo y democrático, quienes deben responder por sus actos ante la justicia.

Hoy se ha corroborado una verdad pendiente, que los ex Coroneles Edgard Ceballos y Ramón Cáceres torturaron al General Bachelet y que son culpables de su muerte, que hicieron lo mismo con un centenar de sus ex compañeros de armas, quienes nos opusimos al golpe de estado y que la FACH se transformara en una institución al servicio de políticos y empresarios ambiciosos tanto nacionales como extranjeros.

La justicia sabe que en la Academia de Guerra había otros torturadores, el ahora General Gabrielli, el entonces Comandante de Escuadrilla Piloto Jaime Lavín Fariña, los Capitanes de Bandada Pilotos Álvaro Gutiérrez, Víctor Mettig, León Duffey, Florencio Dublé, Juan Carlos Sandoval y el Teniente Dumont. Los suboficiales Sargento de Aviación Hugo Lizana, el Cabo de Aviación Gabriel Cortes entre otros. También sabe que en diciembre de 1973, el director de la Academia de Guerra Aérea era el General Fernando Mathei, del centro de detención y tortura mas conocido de le época. Y que este general estaba a la cabeza del recinto militar durante el periodo en que el General Alberto Bachelet y nosotros ex miembros  de la Fach fuimos torturados en ese lugar.

No sé si habrá cobardía más grande que la de ocultarse detrás del uniforme militar, del poder o de la  obediencia debida y de las leyes de amnistía, para justificar o cometer violaciones, torturas crueles, infringidas a personas maniatadas o los asesinatos clandestinos. Para hacer esto sus autores se han justificado en que sostuvieron una guerra en contra del comunismo y del marxismo, lo que se ha comprobado es falso, que los enfrentamientos no pasaron de ser algunos focos  de resistencia valiente y heroica al poder de fuego de las FFAA en contra de un pueblo indefenso.

En premio a “los combates” que todos estos valientes soldados libraron en las cámaras de torturas, con  enemigos maniatados, maltratados y desarmados se pusieron cientos de medallas al pecho y se condecoraron entre ellos, algunos bendecidos por la iglesia,  alimentando el ego falso del deber cumplido.

Es bueno recordar a estos señores que el cumplimiento del deber militar y el honor, los valores militares, el patriotismo son conceptos que se materializan y comprueban en la vida real, en la práctica del quehacer militar. Que los militares valen por lo que valen sus valores y la manera de como los viven, cuyo ejemplo está en la figura del General Alberto Bachelet, de los Suboficiales Enrique Reyes e Ivan Figueroa entre otros.

Por eso es que con orgullo reivindicamos lo que hicimos, fueron estos torturadores quienes nos acusaron de traición a la patria y de faltar a los deberes militares, porque propagamos la libertad de pensar como parte del profesionalismo militar, la libertad de conciencia para ejercer el mando y obedecer sobre la base de la disciplina consciente, identificándonos con el respeto a quienes soñando con su libertad, eligieron responsable y pacíficamente a Salvador Allende como Presidente.

Creemos que es tiempo que las Fuerzas Armadas miren su historia, lo bueno y lo malo de sus actuaciones, porque necesitan reivindicarse con la base de su potencial combativo, que es su relación con el pueblo chileno. Rescatar esa identidad necesaria pasa por reconocer el periodo en el cual las Fuerzas Armadas fueron instrumentos del terrorismo de estado ejercido por una dictadura militar.

Una acción noble que permitiría de una vez por todas que muchas familias conozcan el paradero de sus seres queridos desaparecidos, lo que facilitaría reconstruir la identidad entre los chilenos y su ejército.

Como lo hemos afirmado antes, la historia de Chile no se puede cortar en dos, entre la realidad actual y la de esa época, porque ambos periodos corresponden a un proceso y son la base de una explicación coherente del porque aun somos un país dividido.

Por eso reconocemos la importancia de lo que ha hecho la justicia al identificar y juzgar a los ex Coroneles Ceballos y Cáceres, porque no se sigue el camino del olvido, que como se ha demostrado no ayuda a nadie, por el contrario, es una equivocación histórica que le hace mucho daño al país. Sobre todo a los jóvenes chilenos, quienes sin haber vivido esta etapa difícil y muy dura, son víctimas directas o indirectas de ella, por la cual continúan condenados a vivir en un país dividido.

Es muy importante también porque al haber justicia, eso nos permite a los chilenos entrar al futuro, leyendo nuestro propio pasado. Y eso si que permitirá que la sociedad en su conjunto se haga un juicio de los hechos y decida el rumbo a seguir sobre este delicado tema.

Pero aun falta y hay que avanzar en este esfuerzo, fallos judiciales como este en ningún caso alteran el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, por el contrario abren un camino necesario para establecer el reconocimiento institucional de los hechos pasados y de las responsabilidades en cada uno de los casos investigados.

Las generaciones mas jóvenes de militares tienen el derecho a conocer la historia de su país, que Oficiales del ejercito no solo torturaron a sus compañeros de armas, sino que asesinaron al General y Comandante en Jefe del Ejército Rene Schneider para impedir que Allende asumiera el gobierno en 1970.

Tienen que saber que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas asesinaron al General Carlos Prats, a Ministros del Gobierno de la Unidad Popular, José Toha, Orlando Letelier. Que el Comandante de la Fuerza Aérea de Chile, Gustavo Leigh, ordenó el bombardeo a La Moneda y a la casa presidencial con el objetivo de asesinar a Salvador Allende y que son responsables de que más de cuatro mil chilenos fueran asesinados y que muchos de ellos continúen desaparecidos.

Desde hace bastante tiempo hemos manifestado que fuimos testigos del desenlace de una historia que intentamos denunciar y de una ofensiva militar a la cual intentamos oponernos. Por ello es que podemos dar fe que la Fuerza Aérea de Chile, conducida por Leigh y compañía, formaron parte de un plan de guerra y esta asumió la responsabilidad de bombardear La Moneda, para que luego en tierra el ejercito con las fuerzas de Infantería, terminaran la tarea de liquidar todo vestigio de resistencia “ del enemigo “.

Hemos denunciado que los aviones Hawker Hunter cumplieron una misión de bombardeo táctico cuando atacaron el Palacio de Gobierno, el mas importante símbolo de la democracia en Chile, asumiendo que allí estaban atrincheradas “las tropas enemigas” y el puesto de mando del gobierno de Allende, con la misión de aniquilarles. Hemos afirmado también que para ejecutar esta misión tuvieron que tener un plan previo y estudiado, además de practicarlo, lo que demuestra no solo la conspiración, sino que esa acción fue planificada con la misión explicita de asesinar a Salvador Allende y a todos los que estaban resistiendo en el palacio presidencial.

Si alguien tiene dudas de esto que revise los informes periodísticos de la época, los aviones descargaron los cohetes sobre el Palacio presidencial, uno entró por una ventana al salón presidencial y el otro hizo impacto en el techo de un pasillo en el segundo piso y en total, pasaron en vuelo rasante ocho veces descargando 18 cohetes en 20 minutos.

Hoy la justicia sabe que las practicas del bombardeo a la Moneda la realizaron en Cerro Moreno y que participaron el entonces Teniente Ernesto Amador González Yarra y al Teniente Fernando Rojas Vender, el Capitán Eitel Von Mühlenbrock y el teniente Gustavo Leigh Yates, hijo del comandante en jefe de la FACH y miembro de la junta militar. Sin embargo los que aun viven de este grupo  de Oficiales, han declarado a la justicia y se han negado  a reconocer su participación alegando secreto de honor.

Declaraciones que son una ofensa y un insulto a nuestra inteligencia, olvidan estos señores que nosotros somos testigos vivos de sus tropelías y que sabemos que actuaron de forma premeditada y consiente, haciendo uso de todo el poder de fuego contra enemigos creados por ellos para justificar sus acciones.

Los oficiales y suboficiales que participaron en todas las operaciones previas, durante y posteriores al golpe militar, fueron parte de la declaración de guerra demencial, que las FFAA hicieron en contra de los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, enemigos que como lo hemos dicho, no eran capturados en combate, sino que se trataba de ciudadanos y ciudadanas chilenos (as) comunes y corrientes sacados (as) de sus casas y llevados a distintos cuarteles militares, maniatados con capuchas en sus cabezas para luego ser cruelmente torturados (as) y maltratados (as).

Estos oficiales subalternos en esa época se sienten orgullosos de lo que hicieron sentimiento que comparte el General Mathei, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el que se siente honrado, como lo declaro hace un tiempo atrás “ de haber participado en el gobierno militar, como ministro y como miembro de la Junta de Gobierno”.

Es tiempo entonces de que la justicia ayude a Chile a desenmascarar tanta mentira e hipocresía, son muchos los testigos y los antecedentes que permiten avanzar en este aspecto tan importante y decisivo para la convivencia nacional.

Las Fuerzas Armadas de hoy deben asumir la obligación moral ante la nación y reconocer sin medias tintas, los hechos contra la dignidad del hombre cometidos por integrantes de nuestras instituciones durante la dictadura militar.

Durante ese periodo la Fuerza Aérea fue parte y se involucró en el terrorismo de Estado y montó centros de torturas en sus unidades militares y bajo su jurisdicción. El mas importante fue la Academia de Guerra Aérea, una situación compartida y aceptada por los altos mandos institucionales y a través de ellos, traspasado  a toda la cadena de mando de la institución.

Este es un tema que debiera despertar el interés académico y de los juristas al calor de este tipo  de juicios post dictadura, vinculados con los programas de exterminio llevados a cabo por personas como los dos enjuiciados recientemente.

La profusa cantidad de documentación y testimonios que se hicieron públicos en los dictámenes de las comisiones Retigg y Valech, además de todo lo recopilado en la propia ONU, en Animista internacional, muestran al mundo una compleja burocracia estatal puesta casi exclusivamente al servicio del crimen y la tortura, es decir del terrorismo  de estado.

Habiendo sido parte de la estructura de las FFAA afirmamos que esas evidencias demuestran también, el grado de responsabilidad de sus ejecutores. SI partimos de quienes ejecutaban de propia mano los asesinatos, en la Academia  de Guerra Aérea por ej. y ascendemos a través de la cadena de mandos de la estructura organizativa del ejercito y la dictadura, hasta llegar al propio Pinochet, a medida que nos alejamos de los ejecutores, aumenta no sólo la responsabilidad por los hechos, sino también el dominio acerca de la decisión de lo que dio en llamarse guerra en contra del marxismo.

Por el contrario a medida que se desciende por la cadena de mando, el dominio sobre la concreta configuración de los asesinatos va en aumento, hasta llegar a los que tenían a su cargo cuidar a las víctimas o conducirlas a los recintos militares de tortura y muerte.

Por ultimo las complejas cuestiones que están vinculadas con este tema, se manifiestan ante todo respecto de la criminalidad estatal, dado que la estructura propia del Estado, con sus enormes recursos económicos y humanos, y sus cadenas de funcionarios conformadores de una gigantesca burocracia resulta ser la organización que se adaptó y se puso al frente  de todo esto.

Es necesario acotar también que tratándose de una organización criminal de esta envergadura, la realización del delito en modo alguno depende de los ejecutores singulares solamente. Ellos ocupan una posición subordinada en el aparato de poder, son intercambiables, y no pueden impedir que el hombre de atrás, el “autor desde las sombras”, alcance el resultado, ya que es éste quien conserva en todo momento la decisión acerca de la consumación de los delitos planificados.

Por eso es que en nuestro país hay unas cuantas verdades no dichas y unos cuantos simpatizantes y funcionarios de la dictadura que tratan de lavar su imagen, ya sea afirmando que votaron por el NO en 1989 o tomando distancia de lo que ellos mismos propiciaron. Esta pendiente enjuiciar a los que tuvieron el poder en Chile desde 1973 y encabezaron un esquema de terrorismo de estado contra quienes ellos consideraban eran enemigos del régimen, para condenarlos como autores mediatos con relación a los homicidios, secuestros, torturas y robos que en cada caso fueron comprobados.

En el caso de Chile los integrantes de la Junta Militar primero y del gobierno militar en su conjunto, mantuvieron siempre el dominio sobre los ejecutores y deben responder como autores mediatos de los delitos cometidos.

También es cierto que construyeron un aparato de poder paralelo al formal, basado sobre la estructura militar y que ordenaron a través de la cadena de mandos tanto de las fuerzas militares como de seguridad del Estado, pasar a actuar en la ilegalidad sirviéndose de ese aparato clandestino; no sólo eso, garantizaron a los cuadros no interferir en su accionar, y lo más importante, les aseguraron la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance.

Desde el Centro de Estudios de Exonerados de la Fuerza aérea 1973, seguiremos aportando a que la verdad se encuentre con la justicia. Tenemos la estatura moral para hacerlo, fuimos leales a nuestro juramento y con  nuestro pueblo.

Dr. Enrique Villanueva M.
Vicepresidente Centro  de Estudios
Exonerados Fuerza Aérea 1973

EL general Sergio Poblete de la Fuerza Aérea de Chile que en 1973 se opuso al golpe que encabezó Augusto Pinochet y por ello fue condenado "por traición a la patria" en un consejo de guerra murió en Bélgica tras solicitar la aplicación de la eutanasia, según reveló hoy a Efe su hija Mónica.

Aunque su fallecimiento ocurrió en Bélgica el pasado 25 de noviembre, se ignoraban hasta hoy las circunstancias en que murió Sergio Poblete, uno de los militares constitucionalistas que rechazaron el golpe contra el Gobierno de Salvador Allende y por ello sufrieron la prisión, la tortura, el exilio y el despojo de su nacionalidad.

Poblete tenía 93 años cuando falleció, después que su solicitud de eutanasia fue aprobada por un equipo de cinco médicos y un sicólogo, explicó su hija.

Agregó, en conversación con Efe desde Bélgica, que su padre optó por esa vía tras comprobar que padecía un cáncer generalizado, que ya no le permitiría continuar una vida activa

"Él estaba grave, pero tenía todas sus facultades intelectuales intactas. Moralmente no quería verse disminuido ni que la familia lo viera en ese estado", explicó.

"Fue emocionante para mí, su hija, aceptar su pedido. Para mí y la familia era la primera vez que nos confrontábamos a la eutanasia", añadió.

Cuando los médicos aceptaron su pedido "fue también emocionante, pues desde ese momento supo que sus horas estaban contadas. Pudimos despedirnos de él. Toda la familia más algunos amigos estuvimos con él hasta el final. Partió tranquilo, fue muy doloroso para nosotros, pero nos dejo un mensaje de un hombre entero", remarcó.

En Chile a Sergio Poblete no le habría sido posible cumplir su decisión, puesto que la eutanasia está prohibida legalmente.

"Un mes antes de morir se quebró una pierna y entonces se supo que tenía un cáncer generalizado. Fue consecuente con sus ideas hasta el final de su vida", manifestó.

Tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, el general Poblete fue hecho prisionero y conducido a la Academia de Guerra Aérea, donde fue torturado, según testimonios, en presencia del jefe de la FACH y miembro de la Junta Militar, Gustavo Leigh.

Después fue recluido en la cárcel pública de Santiago, donde estuvo junto con el general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, en el momento en que éste murió a causa de la tortura.

En el consejo de guerra, contra los miembros de la FACH antigolpistas, el general Poblete fue condenado a 10 años de presidio, pero en 1975 se le conmutó la pena por el exilio y partió a Bélgica.

En 1977 la dictadura lo despojó de la nacionalidad chilena, que sólo recuperó en 2004, 14 años después de la recuperación de la democracia en Chile.

Sergio Poblete… Un General, un hombre libre
“Yo les pido a ustedes que comprendan que soy tan solo un hombre, con todas las flaquezas y debilidades que tiene un hombre; y si pude soportar –porque cumplía una tarea- la derrota de ayer, hoy sin soberbia y sin espíritu de venganza, acepto este triunfo que nada tiene de personal y que se lo debo a la unidad de los partidos populares, a las fuerzas sociales que han estado junto a nosotros”. Salvador Allende (1)

Salvador Allende habitaba la casa de los presidentes…
Sergio Poblete, general de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) se retira de su institución en el año 1973, para sumarse de manera efectiva a la histórica tarea de sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad, donde se de respuestas concretas a las demandas y pedidos de millones de chilenos y chilenas, y que durante tantos años recorren los nefastos caminos dejados por un sector de la sociedad, condenados eternos a la miseria y la marginalidad.

“Hemos triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer un seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo”. Salvador Allende (2)

Aquellos tiempos de nuestra historia reciente no fueron un viento ligero que pasó por el lado del general Sergio Poblete. Sus convicciones se hunden en la voluntad de cambio, en la construcción de sus ideas y pensamientos. El conocía muy bien la patria y sus necesidades, el dolor que le provocaba la existencia de los millones de analfabetos.

La historia deja escrito para las generaciones futuras, que en momentos delicados y sensibles de un país, de la patria, hubo un uniformado que fue capaz de establecer un diálogo entre el uniforme y la pala, que por aquello había que trabajar. Esas palabras y actos que se conjugan desde los Templos y el mundo profano, indispensables, necesarias.

Sergio Poblete, un general constitucionalista… de los pocos.

Los más doblaron la espalda ante sus amos… Gustavo Leigh, y su escalafón.

Sumarse a un proyecto con las características históricas y sociales tan especiales de la Unidad Popular, intento que permanece como un referente de todos los tiempos, fueron lo suficientemente fuertes para sumarse al trabajo sencillo e histórico, de quien fuera elegido democráticamente un día 4 de septiembre de 1970.

“Hoy nadie debe ignorarlo, resulta viable procurar a todos los seres los elementos que requieren para satisfacer sus necesidades biológicas, espirituales y culturales, en cualquiera de sus expresiones y matices. Es posible dar estructura a una comunidad en que haya sistemas planificados aptos para derrotar las alienaciones efectivas que subordinan al hombre.” Salvador Allende (3)

Siempre se encuentra en los tiempos las razones que motivan los pasos de los hombres, las profundas causas de sus determinaciones y entre ellas, sin duda alguna está la sensibilidad, habita el asombro y los gestos de solidaridad, que no son otra cosa que los acciones fraternales, ese imperioso recorrido eterno por ser hombres libres, pasos certeros hacia una sociedad más plena.

“Quiero señalar ante la historia el hecho trascendental que ustedes han realizado, derrotando la soberbia del dinero, la presión, la amenaza, la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la maldad”. Salvador Allende (4)

Sergio Poblete sabía que el tomar partido por un proyecto para una mejor distribución de la riqueza iniciado por su hermano Salvador Allende, lo representaba, allí él encontró su idea de país. Notable e histórico gesto el dejar su brillante carrera militar para alistarse junto a los millones que tocaban con la punta de los dedos el pan y la miel. Era la continuación de los muchos que los antecedieron, algo de lo dicho en voz alta por Marmaduque Grove Vallejo cuando corre el mes de junio de 1932…algo de eso.

Mientras en los tiempos de la Unidad Popular algunos generales de la Fach conspiraban sacando alegres cuentas, hubo otros que se pusieron a disposición del mayor gesto de generosidad que se recuerda en la historia de Chile, aquel que ganaron los pobres, todas las conciencias que iniciaron el recorrido en 1952.

Chile, un país inconcluso, con sus sueños, sus pesadillas…una tarea a terminar
“El programa de la Unidad Popular, Queridos Hermanos, es lo suficientemente duro como para herir intereses, que son suficientemente poderosos; intereses internacionales y nacionales, que tendremos que herir implacablemente, porque si no no tendremos los medios y los recursos para cumplir lo que hemos dicho. Y qué hermano no quiere que los que son hermanos, no porque están dentro del Templo, sino porque nacieron en la misma patria, tengan derecho al trabajo”. Salvador Allende (5)

Santiago, celda 12 de la cárcel pública…
Sergio Poblete, general de la Fuerza Aérea de Chile habita digno y consecuente pasillos, reja y candados junto al general Alberto Bachellet, los coroneles Carlos Ominami, Rolando Miranda, Ernesto Galáz, los capitanes Jorge Silva, Patricio Carvacho, y Raúl Vergara, un funcionario civil de apellido Cortéz, los sub-oficiales Franklin Silva, Millarán y San Martín y el teniente de Ejército Carlos Pérez Tobar…

Entre el 18 y el 21 de febrero de 1975 en la ciudad de México en la Tercera Sesión de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar en Chile, el general Poblete dijo:

El fiscal general Gutiérrez encabezaba además un selecto grupo de torturadores de la más cobarde y ruín calaña, cuyos nombres quiero dar para que los chilenos no los olviden, a saber:

Coronel de Aviación (aire) Horacio Otaiza
Comandante (aire) Sergio Lizasoain Mitrano
Comandante (ingeniero) Edgardo Ceballos Jones
Comandante (aire) Jaime Lavín Fariña
Comandante (aire) Ramón Cáceres
Comandante (aire) León Duffei
Comandante (técnico) Erick Barrientos
Comandante (aire) Gonzalo Pérez Canto
Comandante (aire) Dinosera
Capitán (aire) Víctor Mattig
Capitán (aire) Víctor García-Huidobro
Capitán (aire) Florencio Dubblé
Capitán (aire) Álvaro Gutiérrez
Capitán (aire) Alberto Waschtendorf
—

Chile y sus prisioneros políticos se lo agradecen. (6)

Sergio Poblete decora el Oriente Eterno…

“Piensen esto y piensen en la lucha que dieron los padres de la Patria para hacer posible que nuestra tierra fuera una tierra dueña de su destino; piensen ustedes cómo O’Higgins fue combatido por el tremendo delito de no ser oligarca, y cómo la oligarquía le lanzó el escupitajo al rostro de su condición de hijo natural”. Salvador Allende

REFERENCIAS
(1) (2) (4) Discurso 4 de septiembre de 1970. La noche de la victoria de la Unidad Popular.
(3) Salvador Allende. Carta de retiro. 21 de junio de 1965. Al Querido Hermano Luis Olguín Blando. Venerable Maestro de la Respetable Logia “Hiram N°65″.
(5) (7) Salvador Allende. Discurso 16 de octubre de 1970.
(6) DENUNCIA Y TESTIMONIO. Tercera Sesión de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar. Ciudad de México, 18-21 de febrero de 1975.

Por Pablo Varas

El Ricardo Lagos se incorporó a la JS en Chillán, durante 1965, en donde llegó a ser presidente del Centro de Alumnos del Instituto Comercial de esa ciudad, donde estudió Contabilidad, y más tarde mientras cursaba Economía, fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Desde pequeño, demostró una tendencia natural al liderazgo: algunos amigos de su familia aún recuerdan que, con 11 años y acompañando a su madre, se subió a un estrado durante una asamblea en una toma de terrenos, para hablarle a la gente sobre su derecho a una vivienda digna.

Por su capacidad y responsabilidad militantes fue electo al Comité Regional Ñuble del PS y delegado al XXIII Congreso Nacional, resultando miembro del Comité Central y la Comisión Política del Partido. 

Ricardo con apenas 20 años de edad. El PS le asignó la responsabilidad de dirigir su Secretaría Nacional de Educación Política (EDUPOL) cargo que desempeña hasta el 11 de septiembre de 1973.

Un año antes se había casado con Patricia Paredes. Se conocieron mientras ambos estudiaban en el Instituto Comercial. Se casaron muy jóvenes: ella con 17 y él con 19 años. La pareja pronto se trasladó a la capital, en donde nació su hijo. En ese período alternaba su trabajo partidario con sus estudios en la Universidad de Chile, en la que había retomado la carrera de Economía.

A partir de sus funciones dirigentes en el PS, Lagos Salinas asumió la dirección general del Instituto de Estudios Sociales de América Latina (INESAL), una suerte de centro de extensión y formación política en el que colaboraban intelectuales como Marta Harnecker, Gabriela Uribe, Theotonio Dos Santos y Carmen Sabaj. El local, ubicado en Bustamante N° 12, era también el centro de operaciones de la llamada “Comisión de Defensa” de la colectividad.

Sergio Martínez, responsable de una de las áreas del INESAL, recuerda con especial cariño a Ricardo Lagos Salinas: “Era una persona muy particular, en el sentido de proyectar distintas imágenes. Por su apariencia física, se veía más joven de lo que en verdad era, uno podría engañarse, pero bastaba oírlo hablar para darse cuenta que se trataba de alguien con ideas muy claras, muy serio en la dedicación a su trabajo y en exigir de los demás idéntica dedicación. Pero eso no significaba necesariamente que fuera grave, al contrario, era muy afable y de sonrisa contagiosa, al punto que muchas compañeras lo encontraban encantador y se sabe que tenía varias admiradoras en el PS. Era cercano al grupo de los elenos y en tal calidad formaba parte de la comisión política del Partido”.

Como centro de estudios y de extensión, una de las principales actividades que el INESAL realizó, bajo la coordinación de Ricardo, fue un seminario en julio de 1973, en el Salón de Conferencias del Edificio Gabriela Mistral (UNCTAD) y en el que participaron Jorge Arrate, Armando Cassigoli, Theotonio Dos Santos y Pedro Holtz.

Al mismo tiempo, el INESAL operaba como una entidad funcional al PS. Por ejemplo, el Departamento de Extensión Política -coordinado por Sergio Martínez y Eduardo Charme- era en los hechos la Escuela de Educación Política del Partido, la que a su vez se bifurcaba en dos ramas: una de formación política propiamente tal (con cursos de marxismo, historia del movimiento obrero, fundamentos de teoría económica, análisis de coyuntura y talleres de oratoria) y otra "técnica", vinculada a los equipos que coordinaba Arnoldo Camú y que dirigía Eduardo Charme. Todo bajo la supervisión periódica de Ricardo Lagos Salinas.

El asesinato de su familia

Los tres años del Gobierno Popular pasaron rápidamente para la joven pareja. Una semana antes del 11, Ricardo le expresó a su compañera su visión respecto a la inminencia del golpe. La persuadió que quizás sería necesario que ella y su hijo se fueran del país, máxime considerando que se encontraba embarazada de su segundo hijo.

El 11 de septiembre, la joven pareja abandonó muy temprano su hogar. Después de dejar a su pequeño hijo al cuidado de una tía de Ricardo, el joven se dirigió a FESA, una empresa de envases del área social, parte del Cordón Cerrillos, donde debería encontrarse la Comisión Política. Llegaron Rolando Calderón, Exequiel Ponce, Arnoldo Camú, Luis Lorca, Hernán Coloma, entre otros. Desde el primer momento, se integró al trabajo de la Dirección Clandestina del PS.

Uno de los principales golpes afectivos que sufrió fue la noticia de la ejecución de su padre Ricardo Lagos Reyes, alcalde de Chillán, su madrastra Sonia Ojeda –que estaba embarazada– y su hermano Carlos, fusilados el 16 de septiembre de 1973, en su propio hogar. En esas circunstancias, instruyó a su esposa para que saliera del país. Poco después, el 20 de enero de 1974, escribió la siguiente carta:

Queridas Patty e hijo:

Estas líneas no contienen recomendaciones ni literatura. Tampoco las elucubraciones existenciales de un padre que se siente solo. Van sólo mis sugerencias para ponerle nombres a la guagua.

Los tres queremos una hermanita, ¿no es cierto? Pero si llega otro futuro barrabás (léase varoncito) no importa, lo querremos igual ¿de acuerdo?

Ahora, mis opiniones: No quiero saber de nombres rebuscados. Que suenen bien, y punto. Tampoco de los nombres usuales de mi madre y de mi hermano. ¿Está claro? Sugiero (con mucho énfasis), que si es niña se llame como su mamita, Patricia. Para completar, me gusta Patricia María, o Carmen Patricia, ustedes dirán.

Si es varón, quiero que sea Eduardo Agustín. Tengo razones por las que ambos nombres me significan mucho.

“Eduardo” y, sobre todo, “Agustín”, eran dos de los nombres políticos que había utilizado Arnoldo Camú.

En la clandestinidad

Exequiel Ponce, jefe del PS en Chile, resolvió que Ricardo abandonara Chile, para proteger su seguridad y también para intentar distanciarlo afectivamente de la dolorosa situación vivida por su familia.

El mensaje fue transmitido por Anita Corrales, que había oficiado de secretaria de Arnoldo Camú hasta su asesinato y que luego asumió como enlace entre los miembros de la Comisión Política. Se encontraron en la Estación Central y luego caminaron hacia el centro, doblando en la calle Cumming. “Íbamos en silencio. Me atreví a romperlo para comunicarle el mandato de la dirección. Él rechazó la orden. Su deber estaba en Chile. Ambos nos abrazamos llorando”, rememora.

“Renato”, nombre que usó en la clandestinidad, no solamente no aceptó salir del país, sino que además se puso a disposición de su partido para las tareas que la organización estimara necesarias.

En una carta dirigida a su esposa –asilada en la RDA-, fechada el 16 de junio de 1974, Ricardo Lagos sintetizaba las duras condiciones humanas y políticas en que se desarrollaban los intentos por la reorganización del Partido:

El dolor por cada camarada asesinado, la angustia por cada camarada preso y torturado, la responsabilidad ante familiares que debemos tener moral y materialmente, el vacío desesperante a cubrir en cada frente desarticulado o tocado por la represión, conforman una experiencia dramática que nos endurece más cada día. No en lo humano: tenemos la obligación de ser fríos y serenos, de seguir avanzando sin inmutarnos, pero nuestra sensibilidad necesariamente se desarrolla, buscando cauces de expresión. Sentimos más hondo y vibramos más intensamente que antes con todos, absolutamente con todos los dolores y las miserias, las alegrías y las esperanzas, los gestos heroicos de unos y los quiebres de otros, con las expresiones vitales de cada uno de los nuestros del Partido, del sufrido y noble pueblo que nos cobija. Nos endurecemos, una forma particular de madurar en lo político, en estilos de trabajo, al tratamiento revolucionario y proletario de cada uno de los problemas cotidianos que afectan la marcha del movimiento.

Tratamos de que esta evolución se refleje particularmente en las normas de trabajo, en las normas de seguridad y también en lo político, la defensa intransigente de la unidad y el combate violento al derrotismo y el aventurerismo, estén donde estén. Nos inquieta el no saber siempre hasta qué punto se comprenden y asimilan afuera estas lecciones que la práctica diaria nos impregna a la fuerza, con trágica insistencia. Particularmente dos cosas: la aplicación de todas las normas de seguridad elevadas hasta la exageración y la necesidad de una línea política única para todo el Partido, definida correctamente a partir de posiciones de principios.

La captura

El 17 de junio de 1975, en la Población Las Rejas, agentes de la DINA detuvieron a Ricardo Lagos Salinas, en compañía de la joven Michelle Peña Herreros.

Días después, el 24 de junio, Héctor Eduardo Riffo, también socialista, acudió a un domicilio de Villa Ríos, en Santiago, en donde había acordado reunirse con Ricardo. Llegó alrededor de las 15:30 horas y vio que cerca de la casa estaba estacionado un auto Chevrolet blanco y celeste, con patente de Quinta Normal. En su interior se encontraba el joven dirigente. Riffo pensó que venía recién llegando, así que subió al departamento. De inmediato fue detenido por dos civiles armados. El lugar estaba siendo allanando. Fue conducido a un auto MG amarillo al que habían trasladado a Ricardo. Ambos fueron trasladados a la Villa Grimaldi y torturados en ese lugar.

A Riffo le preguntaban intensamente por las actividades de Ricardo, de Exequiel Ponce y Carlos Lorca. El 26 de junio, vio a Ricardo Lagos en el sector de los baños y en el momento en el que era introducido en una pieza ubicada en un rincón del patio.

Luis Gormaz, otro recluido en Villa Grimaldi, señaló que Lagos ocultaba bajo su cama un paño ensangrentado y que sus condiciones físicas eran muy malas.

Luz Arce relató en su declaración de 1990 ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación haber sabido que su ex compañero de partido estaba detenido. Pidió hablar con él, se le autorizó siempre y cuando le pidiera que colaborara con la DINA.

“Ricardo Lagos me pidió dulces, yo le conseguí en la cocina de Villa Grimaldi. La conversación fue en el patio. Lo recuerdo perfectamente porque lo conocía de antes. En esa oportunidad estaba vestido con un terno azul, sin corbata, camisa abierta y sucio. Tengo la impresión que Lagos sabía que lo iban a matar. No lo volví a ver nunca más”, relató. Y agregó: “Me indicó que también estaban detenidos Exequiel Ponce y Carlos Lorca”.

Cuando Luz Arce le comentó al general Manuel Contreras, director de la DINA, que había visto a Ricardo, éste le respondió: “Te equivocaste”, para luego decirle que averiguaría. Luz Arce precisó ante la Comisión de Verdad y Reconciliación que necesariamente la Dirección de la DINA tenía que estar enterada de estos hechos, puesto que diariamente cada unidad o cuartel le enviaba un informe.

La detención de Ricardo se inscribió en una operación de la DINA en contra de los miembros de la Comisión Política del PS, de sus enlaces y colaboradores, realizada entre junio y julio de 1975, que culminó con decenas de militantes socialistas detenidos y desaparecidos.

El 3 de septiembre de 1975 se presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo por el afectado, fue rolado con el Nº 1072–75. Después de la respuesta negativa del ministro del Interior, general Raúl Benavides Escobar, que indicó que no estaba detenido por orden de esta Secretaría de Estado, se rechazó el recurso y los antecedentes fueron remitidos al Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, que el 28 de octubre abrió la causa Nº 77.497–75.

El proceso estaba apenas comenzando, cuando en el vespertino “La Segunda", apareció una información el 4 de noviembre de 1975, en la que se señalaba que el representante chileno ante la Tercera Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había señalado que Lagos Salinas “no sólo no está preso sino que la semana pasada estaba alojado en el Hotel Tudor de esta ciudad (Nueva York), y yo personalmente lo vi en el salón de delegados tomándose un aperitivo acompañado de algunos delegados de esta Comisión”. Sólo el 6 de julio del año siguiente, el comandante de grupo (a), Jaime Lavín Fariña, en nombre de la Cancillería, informó al Tribunal que se referían a Ricardo Lagos Escobar y no a Ricardo Lagos Salinas.

El ministro Raúl Benavides negó persistentemente la aprehensión de la víctima, siempre en los mismos términos: “No se encuentra detenido por orden de esta Secretaría”. Sólo que en octubre de 1977 agregó que “consultado el Gobernador Provincial de Ñuble, manifestó que indagaciones realizadas en la zona permitían concluir que el citado ciudadano habría salido subrepticiamente del territorio nacional, en fecha inmediata al 11 de septiembre de 1973”.

El 28 de junio de 1979 la tramitación del proceso continuó a cargo del ministro en visita Servando Jordán López. Sin que se produjeran mayores avances, el 11 de diciembre de ese año, el magistrado se declaró incompetente y remitió los autos a la Justicia Militar, radicándose el proceso en la Primera Fiscalía Militar de Santiago, rolándolo con el Nº 16–80. El 17 de junio de 1982 –sin mayores trámites– se cerró el sumario, y el 16 de julio del mismo año se sobreseyó total y temporalmente la causa. La Corte Marcial confirmó la resolución.

En octubre de 1989, el teniente coronel del Ejército y Fiscal General Militar Interino, Enrique Ibarra Chamorro, solicitó la aplicación de la Ley de Amnistía. El 2º Juzgado Militar de Santiago acogió la solicitud y sobreseyó el proceso total y definitivamente, lo que fue confirmado en diciembre por la Corte Marcial.

Anteriormente, el 10 de julio de 1978, en la Corte de Apelaciones de Santiago se había presentado un recurso de amparo preventivo por Patricia Paredes, los dos hijos menores del matrimonio, y Alicia Parra, suegra de Ricardo. El recurso fue rolado con el Nº 408–78.

En la presentación se señalaba que la esposa y los hijos de Lagos regresaron a Chile recién el 4 de julio de ese año. Al día siguiente habían recibido la visita de dos civiles que afirmaron ser policías de Investigaciones. El 6 de julio, también civiles habían concurrido a un departamento de propiedad de Ricardo, ubicado en Quirihue Nº 90 y conversaron con la arrendataria, manifestándole que era mejor que se marchara puesto que era “un lugar peligroso”. En el proceso se presentó una persona que en 1977 era la arrendataria del lugar, denunciando que un individuo que afirmó llamarse igual que el afectado se había comunicado con ella y le dio plazo de una semana para abandonar el lugar. El desconocido era alto, delgado, con barba, melenudo y apenas se le veía el rostro. Cuando se le mostró una foto de Ricardo Lagos la testigo no lo reconoció. La Corte rechazó el amparo el 12 de julio de 1978.

Al momento de su detención, Ricardo Lagos Salinas tenía 24 años.

 

 

QUERIDOS HIJOS Y PATTY

Aprovecho este correo no oficial para escribirles estas líneas que habrán esperado desde hace tiempo. A pesar de los altibajos y dificultades seguimos bregando, y sin deseo alguno de dar en el gusto a los enemigos de adentro y a ciertos “amigos de afuera”.

Las condiciones de trabajo no son mucho mejores que el año pasado. Hemos perdido a algunos valiosos hermanos y camaradas, pero sentimos que a pesar de todo se avanza y el ejemplo heroico de nuestros amigos torturados nos fortalece y compromete a no vacilar. Me gustaría transmitirles en estas líneas todo lo que significan estos últimos meses, y toda esta etapa de lucha clandestina, en la superación de conflictos personales, en la reafirmación de un compromiso militante, en aprendizajes concretos, de la gente, de los problemas, de lo que está en la base de nuestra lucha revolucionaria en nuestra patria. Se han recibido innumerables golpes, dramáticos, dolorosos. Bajo su impacto alguno se han quebrado y muchos más han salido mejores, más fuertes, más honestos, más claros en su quehacer, más maduros y equilibrados.

Querría hacerles sentir con fuerza toda esta realidad nueva que se va sintiendo crecer bajo la piel, y que se traduce en contenidos nuevos en el trabajo, en tareas que dejan de sentirse rutinarias, en capacidad creativa y místicas nuevas que acrecientan en gran medida la calidad del aporte que uno se siente capaz de entregar. Las horas amargas que ha vivido nuestra patria, han significado tareas nuevas, han exigido la  reconstrucción de nuestro Partido definiendo categóricamente su construcción en sentido revolucionario proletario, que exige, como una condición fundamental, cuadros renovados y hombres revolucionados para ser capaces de hacer una revolución. Falta mucho que hacer pero avanzamos. Las grandes tareas, las tareas políticas que tienen relación con el destino mismo de nuestro pueblo, tienen favorables condiciones para cumplirse: la dictadura vive días extremadamente difíciles, su aislamiento es mayor, en las grandes masas oprimidas por el fascismo crece la actitud de resistencia y lucha contra la dictadura, hay cada vez mayor conciencia de la importancia de la unidad y de la lucha activa, se hace claridad sobre el camino a seguir  y se aprende a luchar de acuerdo a las circunstancias.

La definición leninista (revolucionaria y proletaria) del Partido, derrotando en su seno el predominio de las concepciones pequeño burguesas, no se ve tan clara… El conflicto de fondo (concepciones pequeño burguesas, contra concepciones proletarias) se manifiesta en las diferencias entre la Dirección Interior y los grupos que actúan afuera. La vigencia del principio de Dirección Interior es decisiva. Aunque caigamos todos los dirigentes elegidos en el último Congreso, sean quienes sean los dirigentes (no es un problema de nombres), la Dirección real del Partido debe estar en Chile, y la organización exterior debe ser solo de apoyo. Todas las tesis de Dirección Única Compartida, etc., no son sino contrabandos para desplazar la Dirección real al extranjero. En eso no transigiremos, aunque sea aún mayor el boicot económico y se desprestigie y se pretenda aislar a la  Dirección Interior. Nuestra opinión es la opinión del Partido en Chile.

También tenemos que superar y corregir muchas cosas acá. Estilos de trabajo, métodos de acción incorrectos que no ayudan. Sin embargo, estamos convencidos que la vitalidad revolucionaria del Partido definirá las cosas en el sentido proletario. Sabemos que afuera hay quienes, honestamente equivocados, nos acusan de negar la vigencia del Partido. Hemos demostrado que no es así. Nuestra conducta práctica, defendiendo la vigencia del Partido con nuestro propio pellejo, vale mucho más que la verborrea grotesca de las pandillas de inmorales que se las arreglan para boicotear y dividir al Partido.

Los cuadros, los hombres concretos que se necesitan para cumplir con nuestros objetivos, no son seres excepcionales, son seres humanos comunes y corrientes, están viviendo un proceso de transformación personal que empieza con la ideología, y que debe llegar a abarcarlo todo, los hábitos, el trabajo, las relaciones personales, todo. Es la experiencia que estamos viviendo, la formación de los cuadros marxista–leninistas que necesita el partido, al calor de la lucha diaria, sin un respaldo material adecuado, sin mucho apoyo para su formación teórica, pero con una convicción revolucionaria, con un entusiasmo de hacer las cosas a toda prueba.

En esa forma se dan las cosas aquí, de acuerdo a nuestras posibilidades, y se necesita contar con ustedes. Es la tarea que compromete a todos los militantes honestos del Partido que están afuera. Tarea general que, para ustedes, significa personalmente un compromiso mayor que, confío plenamente, serán capaces de cumplir. No pueden olvidar que están allá por decisión del Partido, que existe una militancia que impone tareas concretas, esfuerzos, sacrificios, y que del cumplimiento de esas tareas depende también el desenlace de la lucha revolucionaria en Chile.

En esto están muchas vidas comprometidas, y ya muchas se han perdido porque el enemigo es poderoso y brutal, pero también porque en algún momento no hemos sabido cumplir con nuestras obligaciones. Las posibilidades de desarrollo personal que les da su permanencia allá son muy grandes.

Es fundamental entender que la solidaridad internacional no es una obligación para nadie. Hay que saber agradecerla y aportar en todo cuanto se pueda. No olviden que están en un país socialista, el de mayor desarrollo en el campo socialista, que tiene  tras de sí y sus logros materiales el esfuerzo agobiador de su pueblo en la producción, y la defensa ante la agresión permanente del imperialismo, que este pueblo vivió los rigores de la guerra, y que todo lo ha conquistado trabajando y estudiando. Y no se puede esperar que su esfuerzo lo compartan, si no existe una actitud consecuente nuestra. Ustedes son representantes de la clase obrera y el pueblo de Chile y deben convertirse en avanzada de lo que será nuestra patria socialista.

Me preocupa saber si han logrado una cierta integración al modo de vida propiamente alemán (Patty en la producción, Carlos y Ricardo en algún Jardín Infantil o algo así). Sería poco productivo si permanecen aislados como “colonia chilena”, y no sólo por el idioma. Es importantísimo que cuando lleguen al Chile liberado que estamos buscando traigan el bagaje cultural que puedan obtener, principalmente el idioma, la formación ideológica marxista–leninista, adquirida directamente de sus fuentes (Marx y Engels, en alemán). Nosotros seremos felices ignorantes dispuestos a aprender de ustedes.

Señora :
Evelyn Mattei
Ministra del Trabajo y Previsión Social.
PRESENTE.

Señora Ministra, me dirijo a usted para expresarle mi sentir, de acuerdo con las declaraciones efectuadas por su ilustre persona, sobre las responsabilidades que tendría su padre, Fernando Matthei, en la muerte del General Bachelet. Sobre eso, indico lo siguiente:

Su padre, a vista de todos los chilenos y chilenas, dio una entrevista en CNN Chile a la periodista Mirna Schindler, donde dijo sentirse “avergonzado sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en 17 años del régimen de Pinochet”, y reafirmó, que él, una vez conocido el Informe Rettig, había pedido perdón por todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la FACH mientras él estaba a cargo en aquella Institución. Que él sabía, pero que nada podía hacer al respecto.

Déjeme decirle que su padre miente, porque no hay registros sobre supuestas disculpas por parte de ninguna de las instituciones del régimen de Pinochet, interpuestas durante los 17 años de dictadura. Si hubiese sido así, señora Matthei, tenga usted la seguridad que su padre hubiese corrido el mismo fatal destino que el General Bachelet y peor aún, porque eso sí hubiese sido una “traición a la patria”, como los golpistas consideraban.

Por lo demás ministra, dudo mucho que su padre se sienta “avergonzado”, más bien yo diría que en su intentona en quedar bien con la ciudadanía, al dar esas declaraciones, solo quiere limpiar sus culpas ya en el ocaso de su vida. Yo también soy hijo y defendería a mi padre, pero usted sabe que su padre tiene responsabilidades directas con los crímenes que se cometieron, ya que él fue uno los principales artífices en la operación de derrocar a un gobierno legalmente constituido, instaurando un régimen de terrorismo de Estado con el falaz argumento que Chile estaba en guerra.

Debo recordarle también, señora Evelyn que su padre fue el jefe del principal del centro de torturas de la FACH, lo que confirma que su participación en la dictadura fue real, y como miembro de la junta militar, fue uno de los protagonistas que planificaron, ampararon y participaron, según él mismo ha dicho, en lo sucedido en la Academia de Guerra.

Le pregunto de manera sincera por qué su padre miente así. Dice que no participó en nada, pero sí sabía de las violaciones de los derechos humanos y además dice que se avergüenza de lo sucedido, pero no se arrepiente. En la política es posible hablar de prudencia o de discreción, pero no mentir en un sentido mezquino, intentando ocultar un pasado que los chilenos de aquella época conocieron y vivieron.

En la Academia de Guerra él mismo dirigió e impartió ordenes, donde también recibía la información de lo que sucedía en detalle, junto a ex militares de la institución, los torturadores, el entonces comandante de escuadrilla piloto Jaime Lavín Fariña, los capitanes de bandada pilotos Álvaro Gutiérrez, Víctor Mettig, León Duffey, Florencio Dublé, Juan Carlos Sandoval y el teniente Dumont entre otros, quienes en esos momentos eran sus subordinados y actuaban bajo su mando.

Está suficientemente acreditado y documentado que los jefes militares y las autoridades políticas de la dictadura, establecieron una cantidad de centros de detención y torturas para confinar a quienes ellos definían como extremistas u opositores políticos e ideológicos al régimen. En este sistema se detuvo, maltrató y encarceló a miles de chilenos y chilenas, en lugares que se transformaron en campos de la muerte.

Como familiar directo de víctimas de la régimen de Pinochet y militante activo de las organizaciones de Derechos Humanos en Chile, le pido, por favor, que si quiere defender a su padre hágalo con humildad, partiendo por reconocer que su progenitor fue un encubridor de las torturas y asesinatos cometidos en la Academia de Guerra, y tiene participación directa en el asesinato del General Bachelet y también en la detención y torturas de millones de chilenos víctimas de las atrocidades que cometieron.

¿Así y todo tiene usted la poca prudencia de apelar ante su defensa, y darse el lujo de hablar de venganzas y odios? Señora Ministra, no sea provocadora e insolente, usted sólo busca generar el empate ante situaciones que jamás podrá comparar, sin apuntar a reconocer lo que de verdad pasó durante diecisiete años de dictadura en Chile. Si la ley dice que nadie está por encima del otro, claro que su padre tiene responsabilidades, por lo que es deber de la justicia investigarlo.

Hermann Hesse en Demian, lo dejó escrito: “preferiría mil veces al malhechor que no se arrepiente y paga sus culpas en el infierno, a aquel que intente redimirse para ganar el cielo llorando a un costado del Cristo agónico”.

Atentamente,

Felipe Henríquez Ordenes ~ @PipeHenriquezO
Agrupaciones de DDHH – Chile.

Obituario

Jaime Lavín Fariña

Con profundo pesar la Fuerza Aérea de Chile expresa sus condolencias y se adhiere al dolor de la familia por el lamentable y sensible fallecimiento del que fuera nuestro camarada, general de Aviación en retiro, señor Jaime Lavín Fariña

 

El presidente brasileño, el ultra derechista Jair Bolsonaro, lanzó una durísima crítica a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a quien acusó de defender a "vagabundos" y atacó incluso por el lado personal.

"Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre (Alberto Bachelet), hoy Chile sería una Cuba", dijo Bolsonaro en respuesta a declaraciones de la ex Presidenta chilena, quien criticó la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil.

Alberto Bachelet no fue derrotado: Sufrió la brutal tortura mientras estaba detenido en la cárcel

Luego que el presidente brasileño, Jair Mesías Bolsonaro, un ex militar, un extremista, misógino, fascista y adorador de las dictaduras de derechas y de las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, quedó flotando en el aire cómo murió el padre de la presidenta Michelle Bachelet.

Hay varios testigos que vieron los últimos minutos de vida de Alberto Arturo Miguel Bachelet Martínez. Estaba preso en la Cárcel Publica que estaba ubicada en la calle General Mackenna  con las esquinas de Amunategui y Teatinos, que comprendía toda una cuadra en el centro de Santiago. 

Ahí lo habían llevado para unirse a los presos comunes y a sus compañeros de la Fuerza Aérea, algunos que estaban derechamente contra el Golpe de Estado y otros que por delación de sus propios compañeros, habían sido detenidos y llevados a ese centro de reclusión. 

Alberto Bachelet era un general de la FACH y había sido designado en 1972 por el presidente Salvador Allende como secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización (DINAC), cargo en que tuvo que dirigir las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP).

Para el golpe de 1973, el General Bachelet se desempeñaba en la Dirección de Contabilidad de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Como se opuso al Golpe de Estado del 11 de septiembre, fue detenido por primera vez el mismo 11 de septiembre de 1973 en su oficina del Ministerio de Defensa. Liberado esa misma noche, su casa fue allanada el 14 de septiembre y él fue arrestado nuevamente.

Estuvo recluido en la Academia de Guerra Aérea de la FACh (AGA), siendo su director el entonces coronel Fernando Matthei, padre de la actual alcaldesa de Providencia. En dicho lugar fue objeto de interrogatorios y torturas por parte de sus propios compañeros de armas. En diciembre es detenido nuevamente y enviado a la Academia de Guerra de la Fach donde es salvajemente torturado con golpes, corriente eléctrica, sacos mojados sobre su cuerpo para no dejar huellas, quemaduras de cigarros en su pecho y espalda y otras torturas.   

En una carta a su hijo Alberto, (que falleció) que vivía en Australia, relataba:

"Me quebraron por dentro, en un momento, me anduvieron reventando moralmente —nunca supe odiar a nadie— siempre he pensado que el ser humano es lo más maravilloso de esta creación y debe ser respetado como tal, pero me encontré con camaradas de la FACH a los que he conocido por 20 años, alumnos míos, que me trataron como un delincuente o como a un perro".

Muere en su celda de un ataque cardíaco el 12 de marzo 

El día 11 de marzo de 1974 Alberto Bachelet de 50 años es llevado desde la cárcel pública a lo que sería su último brutal interrogatorio. Singularmente 32 y 40 años después su hija, la doctora Michelle Bachelet, ese mismo día llegaba al máximo cargo del país: El 11 de marzo de 2006 y el 11 de marzo de 2014 asumía la presidencia de la República.

El general Bachelet estaba delgadisímo y sufría arritmias. Y la prensa de derecha decía que jugaba basketball. El día que muere, nunca nadie jugó basketball en la cárcel.

Un relato del capitán de la Fach, Jorge Silva, que dormía junto al general Bachelet en su celda para 12 personas señala que el 11 de marzo de 1974, llegó en la noche muy demacrado. Muy angustiado. Y durmió mal. Venía a maltraer luego de la torturas y apremios de sus propios amigos y compañeros de armas.

En Ciper Chile relata lo siguiente del día de la muerte de Bachelet: 

"Esa mañana, el general Bachelet y yo estábamos de turno para el lavado de las cosas del desayuno. Y la gente se ha olvidado que precisamente esa mañana fueron a la cárcel el capellán Gilmoure y el capellán de la cárcel a hacer una misa. La hicieron en el patio donde nosotros estábamos. El general Bachelet no fue a la misa, era masón, y nos quedamos los dos en la celda mientras el resto se fue a la misa, porque yo estaba haciendo el desayuno y él estaba lavando la vajilla. Y en un momento él me dijo: “Flaco, me siento mal”. “Mi general, recuéstese en la cama de mi general Sergio Poblete”, le dije.

"Porque ésa era la primera litera de la celda. Se recostó y me dijo: “Pásame la trinitina”. Yo le pasé las tabletas. Se las echó a la boca y me di cuenta que estaba transpirando mucho. Le tomé el pulso y me di cuenta que estaba fuera de control. Recuerdo que grité y le pedí a no sé quien que trajera al doctor Yáñez (Álvaro Yáñez del Villar), otro de los prisioneros políticos. Apenas entró el doctor Yáñez a la celda lo examinó y de inmediato dijo: “¡Está teniendo un infarto!, ¡ayúdame!”.

"Entre los dos lo bajamos de la cama y pusimos al general en el suelo. Y el doctor Yáñez se montó encima de él empezando a hacerle masajes cardíacos. Me acuerdo que incluso trató de sacarle la prótesis dental que tenía y no pudo. Entonces Yáñez me dijo: “¡sóplalo!, ¡sóplalo!, ¡hay que hacerle respiración boca a boca!”. Fue muy impresionante porque todo el resto estaba en la misa y la música de fondo eran los cántos de los presos en la misa: “El señor es mi pastor….”. Una cosa muy siniestra. Estábamos en eso cuando de repente entra el alcaide de la cárcel con el practicante:

-¡Qué está pasando aquí! -dice el alcaide haciendo a un lado al doctor Yáñez.

Cuando el practicante se aproxima, Yáñez lo interpela: “¡¿Qué le va a hacer!?”.

-Le voy a poner adrenalina en la boca –responde el practicante.
-¡No sea ignorante! ¡Cómo le va a poner adrenalina a un hombre que está inconsciente! –dice con urgencia Yáñez.
-¡Qué sabe usted! –lo increpó el practicante.
-Yo sí sé lo que le pasa, porque soy médico –dijo Yáñez y volvió a acercarse al general

El alcaide sacó al practicante de la celda y se lo lleva, cerrando la celda. Nos quedamos con Yáñez adentro y a los pocos minutos vuelve el practicante con una camilla, colocan al general Bachelet sobre la camilla y salen.

El doctor Yáñez relata: “Me fueron a decir que estaba mal, ‘parece que se va a desmayar’. Hablé con el alcaide: ‘está grave el general Bachelet, hay que llevarlo a una unidad de cuidados intensivos’. Tenía un ataque de arritmia, se estaba colapsando. ‘Por favor, hay que llevarlo.
El Hospital J.J. Aguirre estaba a cinco minutos’. Me dijo que no podía hacerlo: ‘La FACh prohíbe sacar a nadie sin autorización’. ‘Pida la autorización telefónica’. ‘No puedo, tengo que mandar un oficio’. ‘Por favor, se va a morir. Yo lo acompaño. Encadéneme a la camilla’. Había que combatir el colapso.
“No se pudo. ‘Se está desmayando’. No tenía pulso y no respiraba. Comenzamos a hacerle boca a boca y masaje cardíaco. Lo llevamos corriendo a la enfermería. Seguimos en lo mismo. A los 20 minutos vi que no logramos crear pulso y dije está muerto dejémoslo tranquilo. ‘Descansa de toda esta porquería’”).

-Usted y el doctor Yáñez lo vieron morir…
Yo tengo la impresión de que el general Bachelet salió muerto de la celda. Y le voy a decir por qué. Porque cuando lo subieron a la camilla, se le soltaron los esfínteres. Yo lo vi. Para no olvidar esos momentos… Y cuando lo hablé con mi mujer, que es enfermera, me dijo que eso pasa cuando una persona se muere. A mi general se lo llevaron a la enfermería y eso es lo que sé, porque nunca más lo vi. Han salido muchas versiones. Muchos han querido ser el último que tuvo a Bachelet en sus brazos, pero la verdad es que sólo estábamos el doctor Yáñez y yo. Nadie más. Excepto el momento en que entra el alcaide con el practicante. La otra mentira que se ha dicho es que el general Bachelet había estado jugando básquetbol en la mañana. ¡Mentira! Porque ese día, por la misa, no se jugó básquetbol. Y a ella concurrieron los uniformados que estábamos presos y también fueron civiles presos".

Según el informe de su muerte, Alberto Bachelet, de 50 años, falleció a causa de "un paro cardiorrespiratorio producto de la mala condición física y psicológica en que había quedado".

En noviembre de 2014 fueron condenados como autores de las torturas los coroneles Edgar Cevallos y Ramón Cáceres, ambos a cuatro años de presidio, inhabilitación absoluta para derechos políticos y también inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el periodo que dure la condena. Ceballos murió en febrero de este año 2019. Cáceres aún vive.

Los nombres de los torturadores de la Academia de Guerra de la FACH (AGA) quedaron grabados en la memoria de los detenidos y contra ellos se interpusieron nuevas querellas. Varios de ellos ya han fallecido.

Los torturadores del AGA: 
Orlando Gutiérrez Bravo, General (r)
Sergio Lizosoain Mitrano, Coronel (r)
Julio Tapia Falk, Abogado 
Cristián Rodríguez, Asesor legal
Jaime Cruzat, Asesor legal
Víctor Barahona, Asesor legal
Jaime Lavín Fariña, Comandante de grupo (r) 
León Duffey, Comandante de Escuadrilla (r) 
Edgard Ceballos Jones, Comandante de Grupo (r)
Ramón Cáceres Jorquera, Comandante de Escuadrilla
Florencio Dublé, Capitán (r) 
José García Huidobro, Teniente (r)
Juan Soler Manfredini, General (r)
Eduardo Fornet, Coronel (r) que se desempeñaba como secretario de la FACH;
Carlos Cáceres, Comandante de Escuadrilla (r) piloto, 
Gonzalo Pérez Canto, Comandante de Escuadrilla (r) piloto, 
Alvaro Gutiérrez, Capitán de Bandada (r) piloto, 
Víctor Mettig, Capitán de Bandada (r) piloto, 
Juan Carlos Sandoval, Teniente (r)
Franklin Bello, Teniente (r)
Juan Norambuena, Suboficial (r)
Hugo Lizana, Sargento de Aviación (r)
Humberto Berg Fontecilla, Coronel médico de la FACH (r)
Sergio Sanhueza López, Coronel Ingeniero
Javier Lopetegui Torres, Coronel (r) piloto
Carlos Godoy Avendaño, Comandante de Grupo (r) piloto