Jara Arancibia Sergio Francisco

Sergio Francisco Jara Arancibia se encontraba prófugo de la Justicia chilena desde el año pasado y fue encontrado por la Policía Federal Argentina en Mar del Plata.

Este domingo, en Mar del Plata, la Policía Federal Argentina detuvo a Sergio Francisco Jara Arancibia, quien fue coronel del Ejército de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Jara era prófugo de la justicia chilena desde hace un año y poseía orden de captura internacional.

El ex coronel es acusado de una serie de homicidios efectuados en 1973 y es considerado “uno de los prófugos más buscados en Chile”, según informa una nota de prensa del ministerio de Seguridad argentino.

Además, en la misma nota, se informa que “el detenido será extraditado a Chile y puesto a disposición de la Justicia para su debido proceso”, ya que el año 2017, la Corte Suprema confirmó una condena a prisión por el asesinato de un médico y un funcionario público, ambos opositores a la dictadura.

En cuanto a la detención, esta se realizó por medio del Juzgado Federal de Mar del Plata y la Dirección General de Coordinación Internacional del Departamento Interpol. Para aquello identificaron a uno de sus hijos, el cual sirvió para dar con el paradero del  prófugo de la Justicia.

Jara Arancibia fue encontrado en la intersección de las calles San Juan y 25 de Mayo, en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

En los últimos dos años han sido encontradas ocho personas que se encontraban prófugas de la justicia tras haber sido condenadas por delitos de derechos humanos durante el gobierno militar. Una nueva unidad de la PDI ha sido quien ha llevado la búsqueda. El último en caer fue Sergio Jara Arancibia, a quien siguieron por varios días hasta dar con su paradero, en Mar del Plata, Argentina.

La última vez que toda la familia Jara Arancibia estuvo reunida fue para la Semana Santa de este año. Son un clan numeroso, pero algunos miembros estaban fuera de Chile y por eso les costaba verse todos. Solamente se reunían por motivos especiales.
En este caso, los convocó la muerte de María Ester Arancibia. Con 90 años, era la hermana, madre y abuela de todo el clan. Al funeral, realizado en Santiago, fueron casi cien personas. Familiares y amigos que se acercaron a rendirle honores.
Todos los cercanos notaron la ausencia de una persona especialmente cercana. Quien faltaba era Sergio Jara Arancibia, uno de los hijos mayores de María Ester.
Solo unos pocos tenían noticias sobre su paradero, pero nadie podía decirlo públicamente.

El excoronel del Ejército Sergio Jara Arancibia estaba prófugo de la justicia desde agosto de 2017, tras ser sentenciado por la Corte Suprema a 18 años de cárcel por el homicidio del dirigente del Partido Socialista Rigoberto Achú Liendo y del militante comunista Absalón Wegner Milla en una cárcel de San Felipe, el 13 de diciembre de 1973. La misma pena le dieron al general (R) Héctor Orozco (quien alcanzó a fugarse por dos semanas) y al exoficial Pedro Lovera Bentacur.

Por esos días, Jara Arancibia estaba en clandestinidad, viendo a lo lejos lo que pasaba con su familia y planeando los pasos a seguir.

Ahora se sabe que estaba en Argentina y que faltaban pocos días para volver a Chile para enfrentar su condena.

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La principal dificultad que ha encontrado la PDI para rastrear y hallar a personas prófugas por delitos de derechos humanos durante el gobierno militar es la formación de los prófugos.

Todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Dina y de la CNI pasaron por instrucciones de inteligencia y contrainteligencia. Por eso saben perfectamente cuáles son las estrategias de búsqueda, cómo evadir el seguimiento policial y qué cosas deben hacer para pasar desapercibidos.

Quienes han trabajo en este tipo de casos cuentan que la búsqueda de estas personas es mucho más complicada que la de un delincuente común. Saben cómo detectar cuando sus teléfonos están siendo pinchados y evitan hacer cualquier tipo de trámite que implique entregar datos personales, un error común en otro tipo de prófugos.

La existencia de una red de protección entre antiguos miembros de estos grupos es un factor que está comprobado, afirman quienes han llevado las investigaciones. De otra manera, sería imposible que tantos exmilitares pudieran evadir a la justicia por tanto tiempo. Sobre todo pensando en que la mayoría son personas de la tercera edad.

El problema es que el origen de una única red es imposible de determinar. En algunos casos son exmilitares que prestan apoyo, pero también hay sospecha de abogados, activistas y de familiares, explican las mismas fuentes.

La protección implica entrega de recursos económicos y materiales. Por eso, los prófugos pueden cambiarse continuamente de domicilio y de auto.

Muchos de los exmilitares aún reciben pensiones de las Fuerzas Armadas, pero ninguno retira ese dinero, por temor a ser ubicados. La red de apoyo es importante para generar recursos económicos. Igual de vital es el traspaso de información sobre los flancos en la seguridad de pasos fronterizos no habilitados, por donde precisamente habría escapado Jara Arancibia.

Para lograr mejores resultados, hace dos años se formó un grupo de 12 detectives de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI que tiene la misión de apoyar a la Brigada de Derechos Humanos, que hasta ese momento se dedicaba a la búsqueda de prófugos de la justicia en este tipo de casos. El cambio se originó por una sugerencia de los ministros en visita, quienes veían que las solicitudes para ubicar a los condenados se demoraban demasiado en resolverse.

La diferencia está en que estos nuevos detectives están concentrados totalmente en la búsqueda de prófugos, mientras que la Brigada de Derechos Humanos, además de esa labor, debía investigar el resto de las causas encargadas por la justicia.

“Se ha hecho un trabajo silencioso, muy profesional y muy arduo en el tiempo, para poder ir levantando información respecto de las personas que se encuentran prófugas de la justicia y que obviamente por solicitud expresa de los ministros en visita se han hecho estas diligencias en diferentes lugares de Chile”, comenta el comisario de la brigada, Óscar Garrido.

A este nuevo grupo se le pidió buscar a 10 prófugos en completa reserva. Con dos años de trabajo, la brigada ya ha logrado ubicar a ocho personas: Andrés Flores Sabelle (Temuco), Leonidas Bustos San Juan (Conchalí), Luis Sanhueza Ross (Melipilla), Pedro Guzmán Olivares (Puerto Montt), Luis Albornoz Costa (Povidencia), Otto Trujillo Miranda (Santiago), Juan Rubilar Ottone (Pucón) y Sergio Jara Arancibia (Mar del Plata, Argentina).

Casi todos fueron encontrados viviendo en parcelas o cabañas lejos de la ciudad. Las localidades del sur del país han sido ideales para ese propósito.

El excoronel de la CNI Rubilar Ottone fue detenido este año, cuando compraba en un supermercado de Pucón. Estaba vestido con un gran sombrero y barba de varios días para intentar despistar. Su residencia estaba a kilómetros del lugar, en una casa de complicado acceso para quienes no conocían la zona.

Luis Sanhueza Ross, “El Huiro”, fue capturado por la PDI el 28 de agosto de 2017, día de su cumpleaños número 61. A pesar de versiones que lo ubicaban en Argentina, los detectives terminaron por encontrarlo en una parcela en Melipilla, después de realizarle un seguimiento a varios de sus familiares, que en días previos habían sido vistos comprando regalos en tiendas del retail. Se había escapado de la justicia luego de ser condenado por el secuestro de cinco frentistas en los días posteriores a la Operación Albania.

Actualmente, la brigada está concentrada en la búsqueda de los últimos dos prófugos para cerrar la lista que se les encomendó en un inicio. A dos años del comienzo de su trabajo, los resultados han sido bien calificados por los ministros en visita y agrupaciones de derechos humanos.

Uno de los casos emblemáticos es el del exoficial de Carabineros y jefe de un grupo operativo de la Dina Ricardo Lawrence, quien está sin ser ubicado desde 2015 y ha sido condenado por su participación en varios casos de tortura y desaparición.

Algunos trascendidos indican que el “Cachete Grande” estaría muy mal de salud y que por eso casi no sale a la vía pública. Su búsqueda ha sido prioridad por años en la Corte Suprema y en la Brigada de Derechos Humanos, debido a que era uno de los agentes de mayor influencia entre los grupos de represión.

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Un hermano teniente en un regimiento de San Felipe y el otro que era militante del Partido Socialista en plena dictadura militar. Un padre comerciante que trabajando conoció a Salvador Allende, que era de derecha y que nunca perteneció a un partido político y que dejo a sus hijos tomar libremente caminos muy distintos.

Esa era la familia Jara Arancibia en los 80: un grupo de clase media, que vivía en una casa en la calle Marín, en pleno centro de Santiago. En total eran cinco hijos, cuatro hombres y una mujer.

El hermano mayor era Francisco Ramón, un profesor de inglés que en 1973 debió salir del país poco después del golpe militar, porque no estaba seguro con el gobierno de Augusto Pinochet.

Por la misma época, Sergio Jara Arancibia empezaba a hacer sus primeras armas en el Ejército. En 1973 era teniente del Regimiento Yungay, en San Felipe. Ahí ocurrió el asesinado de los dos dirigentes de izquierda.

La versión oficial indicaba que el homicidio había ocurrido cuando los trasladaban a la cárcel de San Felipe y el auto en el que iban quedó en pana. En ese momento, uno de los prisioneros aprovechó para “violentar” el arma de uno de los conscriptos y el otro había aprovechado para fugarse. Por eso, señalaba la versión del Ejército, se había producido el enfrentamiento.

Después de eso, Jara Arancibia hizo clases en la Academia de Guerra y llegó a ser coronel del Ejército.

La justicia, sin embargo, dictaminó años después -gracias a la declaración de testigos- que los dirigentes de izquierda habían sido acribillados por la espalda a pocos metros de la cárcel. Uno de ellos estaba en muy mal estado físico, porque lo habían torturado previamente. Jara Arancibia fue uno de los fusileros.

En esa época, Jara Arancibia aprovechaba sus conexiones en el mundo militar para poder comunicarse con su hermano exiliado y enviarle algunos regalos. Conversaban de política, pero nunca se pelearon por esos motivos. Los dos entendían que les había tocado estar en bandos distintos.

Lo que el militar había hecho en el Regimiento Yungay nunca fue un secreto. Sus cercanos sabían que había matado a dos personas de izquierda en procedimiento.

Sus defensores dicen que Jara Arancibia no tenía opciones de negarse a las órdenes de sus superiores. En 1973 tenía 22 años y apenas era un teniente que recién hacía sus primeros pasos en el Ejército. Pese a la evidencia que lo sindica claramente en un homicidio, dicen que es injusto que le hayan dado los mismos 18 años que les dieron a los generales que estaban a cargo del procedimiento.

Después de esos sucesos, Jara Arancibia siguió su carrera militar: haciendo clases en la Academia de Guerra y llegando a ser coronel del Ejercito.

La PDI encontró a Jara Arancibia tras seguir los movimientos inusuales de uno de sus hijos, quien es actor de teatro, quien viajó a Argentina en julio. Fue desde Buenos Aires a Salta y luego a Jujuy. Desde ahí volvió a la Capital Federal y volvió a salir, esta vez con rumbo a Mar del Plata.

Cuando los investigadores se dieron cuenta de esto alertaron a la Interpol y a la Policía Federal Argentina. Un grupo de detectives viajó al país transandino para participar del operativo.

Jara Arancibia y su hijo tenían planeado juntarse el 17 de julio en una plaza. El coronel llegó con una parka roja, bufanda y una boina para intentar despistar. No le funcionó.

La Policía Federal Argentina los sorprendió cuando apenas había empezado el reencuentro familiar. Jara Arancibia solo los miro resignado y no puso resistencia al ser detenido. Juntarse con su hijo era un riesgo que había asumido.

A nadie le sorprendió todo el tiempo que el coronel logró evadir a la justicia. Por su rígida formación militar, la posibilidad de entregarse a la justicia era sinónimo de una derrota.

Y esa derrota jamás estuvo en sus planes.

El Ministerio de Seguridad de Argentina declaró que el ex alto mando será «extraditado a Chile» y que será «puesto a disposición de la Justicia para su debido proceso». El ex militar se mantenía prófugo hace un año.

Este domingo fue detenido en Mar del Plata por la Policía Federal Argentina Sergio Jara Arancibia, ex coronel de Ejercito durante la dictadura de Augusto Pinochet. El ex alto mando estaba prófugo de la justicia hace un año y tenía en curso una orden de captura internacional. 

El ex militar era considerado como uno de «los prófugos más buscados en Chile» y en la actualidad es acusado por un gran número de homicidios ocurridos durante la dictadura. Hasta el momento, la Corte Suprema sólo ha confirmado la condena por dos de sus asesinatos: a un médico y a un funcionario de gobierno, ambos opositores al régimen.

El Ministerio de Seguridad de Argentina informó que el detenido será «extraditado a Chile y puesto a disposición de la Justicia para su debido proceso».

Los medios argentinos relatan que el hallazgo del prófugo fue posible luego de investigar a su hijo. “La información recolectada permitió identificar a su hijo y hacer un seguimiento controlado sobre sus movimientos”, explicó el ministerio. Jara fue encontrado en la intersección de las calles 25 de Mayo y San Juan, en Mar del Plata, Buenos Aires.

Tanto el Juzgado Federal de Mar del Plata y la Dirección General de Coordinación Internacional del Departamento Interpol participaron de la investigación para la búsqueda del ex coronel.

Según informaron fuentes jurídicas, Santiago Inchausti, juez federal de la localidad costera de Mar del Plata, declaró este miércoles procedente la extradición del exmilitar, de 67 años, tras un pedido recibido de la Justicia chilena, con el que se busca que cumpla la condena, dictada en enero de 2016.

La Justicia argentina dispuso la extradición del excoronel chileno Sergio Francisco Jara Arancibia, que había sido detenido el año pasado por estar condenado en su país a 10 años de cárcel por dos homicidios cometidos en 1973, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Según informaron fuentes jurídicas, Santiago Inchausti, juez federal de la localidad costera de Mar del Plata, declaró este miércoles procedente la extradición del exmilitar, de 67 años, tras un pedido recibido de la Justicia chilena, con el que se busca que cumpla la condena, dictada en enero de 2016.

En el momento en que debía ejecutarse la sentencia, el condenado se fugó, por lo que se dictó una orden de captura internacional y finalmente fue detenido en julio del año pasado en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

El pasado 27 de febrero, en una audiencia, la defensa de Jara Arancibia pidió la nulidad de la detención, lo que fue rechazado por a vigencia de la circular roja activa de Interpol, y sostuvo que su defendido era un "perseguido político".

Ante otro alegato de la defensa, que se aferraba a la "prescripción" del delito, el juez remarcó que se trata de crímenes de lesa humanidad, que resultan imprescriptibles.

Tras su detención, Jara Arancibia había solicitado ante la Comisión Nacional para los Refugiados el reconocimiento de su condición de refugiado.

Aunque esto fue denegado, se encuentra pendiente el trámite de un recurso de apelación administrativo.

Jara Arancibia era considerado uno de los prófugos más buscados en Chile.

El excoronel fue identificado en 2018 después de que las autoridades argentinas dieran con él al investigar a su hijo.

 

"La información recolectada permitió identificar a su hijo y hacer un seguimiento controlado sobre sus movimientos desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Salta y Jujuy (norte de Argentina) y nuevamente hacia la Capital Federal para luego trasladarse hacia Mar del Plata, donde culminó la investigación con la captura de Jara Arancibia", aclararon entonces fuentes judiciales.

La Corte Suprema de Chile confirmó en 2017 su condena a prisión por el asesinato de un médico y un funcionario público opositores a la dictadura.

Durante el mandato de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

El ex general Héctor Orozco murió a los 93 años en el penal de Punta Peuco donde cumplía una condena de diez años por su responsabilidad en el asesinato durante la dictadura cívico-militar de Rigoberto del Carmen Achú Liendo y Absalón del Carmen Wegner Millar, el 13 de diciembre de 1973, en la comuna de San Felipe, hecho que desde el régimen lamentaron señalando que insistirán en proyectos para indultar a estos criminales.

El criminal se desempeñó como director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) durante la dictadura cívico militar y fue condenado por su responsabilidad en el asesinato el 13 de diciembre de 1973 de Rigoberto del Carmen Achú Liendo y Absolón del Carmen Wegner Millar.

Los hechos establecidos en la causa por la que fue condenado señalan que el violador de derechos humanos de la dictadura, tenía a su cargo una patrulla del entonces Regimiento de Infantería N° 3 Yungay de San Felipe, sacando el día del crimen desde la cárcel a las que se convertirían en sus víctimas, un dirigente del partido socialista y otro del partido comunista a los cuales acribillaron en la vía pública por orden de Orozco.

En principio el ex general fue condenado a cumplir una condena de 18 años de cárcel por el crimen por el ministro Arancibia, pena que fue rebajada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a solo 10 años, misma condena que comparten los ex militares Sergio Francisco Jara Arancibia y Pedro Luis Lovera Betancourt, en calidad de autores. Por su parte los ex uniformados Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana y Milton René Núñez Hidalgo fueron condenados a 5 años.

Orozco hizo noticia en 2018 cuando intentó que Piñera lo indultara alegando “razones humanitarias”, la que fue denegada.

Al conocerse la muerte del violador de derechos humanos, el régimen, representado por el UDI Víctor Pérez, lamentó la muerte en la cárcel del militar, señalando que están empujando proyectos de ley para lograr que se indulte a más responsables de crímenes contra la humanidad de la dictadura cívico-militar “Nosotros lamentamos profundamente que una persona fallezca en una cárcel cualquiera sea, producto de una enfermedad y producto también de su avanzado estado, y por eso el gobierno presentó una ley humanitaria que no ha podido avanzar en el Congreso”, y recordó como es que Piñera indultó hace unas semanas a dos violadores de derechos humanos.

En esa línea de impunidad, Pérez recalcó que buscan incluir en proyectos de ley de indultos para mayores de 70 años a violadores de derechos humanos de la dictadura cívico-militar, señalando que el régimen “presentó iniciativas que fueron rechazadas lamentablemente en el Congreso, para que personas mayores de 70 años en riesgo de Covid, cuando se podía liberar o generar que las personas fueran a cumplir el resto de sus penas a la cárcel, no se permitió por parte de la mayoría del Congreso, que eso también pudiera ser aplicado a quienes habían sido en el pasado carabineros o militares”.

Fi9nalmente remató lamentando no contar con los mecanismo para ello “lamentamos mucho no haber tenido esos instrumentos legales que el Gobierno presentó en su oportunidad para proteger a quienes están en condición de riesgo, pero esa es la institucionalidad y nosotros lamentamos y vamos a seguir, como así lo ha hecho el Presidente viendo la política de indultos particulares que es el instrumento que tiene a su mano“.