Julio Reyes Humberto Lautaro

 La "familia militar" se conmocionó cuando, hace un mes, el juez Alejandro Solís procesó al general Humberto Julio por su responsabilidad en las detenciones y desaparición de personas en la ciudad de Linares. Julio estuvo preso en un recinto militar de Peñalolén y actualmente sigue procesado pero en libertad condicional.

El general Julio tiene 59 años, tres hijos y tres nietos. Pasó a retiro del Ejército luego de ser Comandante de Apoyo Logístico, Director de Racionalización y Vice Comandante en Jefe de la II División. Antes, fue subsecretario de Relaciones Exteriores de Pinochet.

Julio considera que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que se le imputan por cuanto él no estaba a cargo de los operativos y señala a otros como responsables. "Suponer que personal subalterno pudiera actuar por su cuenta y riesgo sobrepasando a las autoridades de quienes dependían, es un insulto a la inteligencia", dice a El Mostrador.cl.

Añade que "sería indigno de mí juzgar a mis camaradas que, cumpliendo órdenes, tuvieron que librar la guerra sucia mientras otros, entre los que yo me cuento, pudimos seguir tranquilamente nuestras carreras. Otra cosa es con guitarra. En todo caso, quienes impartieron las órdenes debieran responder. Esa ha sido y sigue siendo la doctrina en el Ejército".

Hace treinta años, Humberto Julio era capitán. Asegura que no le cupo "participación alguna en las detenciones efectuadas en Linares ya que ello era ajeno a mi cargo de ayudante". Sin embargo, agrega que "estando a cargo de una unidad en Santiago, entre el 13 de octubre y el 20 de diciembre de 1973 colaboré, por órdenes superiores, en el registro de una propiedad donde se había efectuado un operativo por parte de una patrulla venida de Linares, a cargo de Nelson Mery, y donde se detuvo a dos personas. Una de ellas habría desaparecido posteriormente en Linares".

– ¿Es efectivo que en este proceso, que ya tiene unas nueve mil fojas y que se investiga desde hace años, su nombre no aparecía hasta que en junio pasado lo mencionó Nelson Mery?

– Es efectivo que Nelson Mery me menciona como presente durante la detención, pero sin mayor precisión en cuanto a mi actividad. Su más reciente declaración en La Segunda deja en claro que ya no está tan seguro de sus dichos.

– ¿Cuál fue la exacta participación de Nelson Mery en los hechos que investiga el ministro Solís, según su conocimiento?

– Respecto a las dos detenciones que se habrían llevado a cabo el 18 de diciembre de 1973 me he enterado que esa misión le habría sido impartida a Nelson Mery a través del Oficial de Inteligencia de la Escuela de Artillería. Nelson Mery era el oficial de Enlace de Investigaciones ante el Director de la Escuela quien era a la vez Intendente y Jefe de Plaza.

– ¿Si usted conocía de esta participación de Nelson Mery en las detenciones y desapariciones de Linares, en 1973, por qué no lo hizo saber antes de ser procesado, general?

– El 14 de julio último, luego de ser procesado, fue la primera ocasión en que se me interrogó respecto a la detención de María Isabel Beltrán y pude entregar mi versión.

– Si le entiendo bien la figura, Nelson Mery era quien comandaba las detenciones políticas y usted apoyó a una de esas operaciones con una patrulla militar para que Mery y su gente pudieran movilizarse durante el toque de queda ¿es así?

– A Mery se le envió desde Linares a detener a estas personas y, a la vez, la Escuela de Artillería solicitó apoyo y protección al Comando de Institutos Militares del cual yo dependía. En la práctica, dicho apoyo, hasta donde puedo recordar, se tradujo sólo en el registro de una gran cantidad de documentación. Mery volvió a Linares con las dos detenidas que entregó a Inteligencia y yo permanecí en Santiago hasta que mi unidad fue relevada. Insisto en que esta fue la única vez en que apoyamos este tipo de actividades y ni siquiera recuerdo que haya venido Mery. Es el quien lo dice.

– Entiendo que usted era ayudante del coronel Gabriel del Río en Linares. ¿Qué participación tuvo él en los hechos?

– El Coronel Del Río, como Comandante de Guarnición, es la única persona que puede haber ordenado o autorizado el envío de una patrulla a Santiago.

– El fiscal ad hoc en Linares era el capitán Carlos Romero ¿no es así?

– Así es.

– ¿Cuál es la exacta participación que tuvo Romero en los casos que se investigan, más precisamente en la detención y desaparición de María Isabel Beltrán?

– Imagino que el Fiscal habrá interrogado a aquellos detenidos que fueron puestos a su disposición, en particular la persona desaparecida.

– ¿Por qué cree usted que ninguno de ellos dos, ni el coronel del Río ni el entonces capitán Romero, han sido procesado en esta causa?

– Para mí resulta incomprensible. Pero desconozco sus declaraciones.

– Fuentes confiables me indican que tanto el capitán Romero, como el coronel del Río serían miembros de la masonería, al igual que Nelson Mery ¿sabe usted algo sobre esto?

– Desconocía que fueran masones pero entiendo que la hermandad de logia no puede llegar al extremo de hacer un montaje que los deje fuera mientras se involucra a quien nada tiene que ver en el asunto.

– ¿Alguna de estas dos personas, del Río y Romero, ha intentado hablar con usted en este último tiempo cuando usted fue detenido, por ejemplo?

– Sí.

– ¿Con qué objeto?

– El Coronel Del Río habló conmigo antes, ya que deseaba que le ayudara a recordar un episodio relativo a la muerte de cuatro detenidos procedentes de San Javier, situación por la cual hoy se le habría procesado. El Capitán Romero me visitó continuamente durante mi detención. Intercambiamos puntos de vista que no quisiera ventilar en público aún.

– ¿Cuál fue la participación del general Zincke en estos hechos?

– El Mayor Zincke se desempeñó inicialmente como Oficial de Inteligencia. No tenía relación de trabajo con él, pero puedo decir que se trata de una persona caballerosa y de buen carácter. Nada podría decir respecto a la forma en que manejaba los asuntos de su responsabilidad ya que lo desconozco.

– A su juicio, ¿cuál es la manera más eficiente de obtener información sobre el paradero de estos detenidos desaparecidos, general?

– Me quedo con la propuesta de Clara Szczaranski, en lo general. Respecto a este caso, habría que centrarse en el destino final de la persona desaparecida en Linares y no dejarse desviar por "cortinas de humo" respecto de quién la detuvo en Santiago.

– ¿Puede ser más preciso, en relación a este caso?

– En mi cargo de ayudante no me correspondía función alguna relacionada con detenidos. Eso está reglamentado y en una unidad uno hace lo que le corresponde y no lo que quisiera. No pude venir con Mery desde Linares ya que hacía más de dos meses que estaba en Santiago. Esto está respaldado por mi Hoja de Vida. Mery ha reconocido que a él se le ordenó la detención. Si yo hubiere estado a cargo, la orden me habría sido impartida a mí. Esa es la lógica militar, lo demás es un absurdo. Cuando por última vez se supo de la desaparecida el 25 de febrero de 1974, según un reportaje de El Periodista, entre enero y marzo según Mery, yo era alumno en la Academia de Guerra, cosa también debidamente acreditada. ¿Puede alguien cuerdo seguir sosteniendo que yo tuve algo que ver con su desaparición? Esto es lo central, que hasta aquí sigue oscurecido por la detención en Santiago.

– ¿Se acogerá usted a la Ley de Amnistía?

–                      En ningún caso. No me voy a acoger a la Ley de Amnistía. Sería un deshonor para mi familia. Ningún ilícito cometí, ni conocí, que deba ser amnistiado. Yo no estoy defendiendo mi pellejo sino mi honor.

El ex vicecomandante en jefe del Ejército Jorge Zincke Quiroz, otros dos generales y dos coroneles en retiro fueron procesados por el ministro Alejandro Solís, en calidad de autores del secuestro calificado en los casos de seis detenidos desaparecidos en Linares en septiembre de 1973. Entre los detenidos figuran dos mujeres, María Isabel Beltrán y Patricia Contreras.

Por este caso fue citado a declarar el actual director de Investigaciones, Nelson Mery, quien después de septiembre de 1973 fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, en calidad de oficial de enlace con el entonces director de la unidad, coronel Gabriel del Río. La resolución del magistrado afectaría, además, al ex director de la Escuela de Artillería de Linares y ex comandante de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Carlos Morales Retamal; al general (R) y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, Humberto Julio, y a los coroneles (R) Juan Morales y Félix Cabezas.

La abogada Pamela Pereira defendió hoy al cuestionado director de Investigaciones, Nelson Mery, al señalar que él "ha expiado sus culpas" por la manera cómo ha conducido la institución a la hora cumplir con diligencias en materia de derechos humanos.

"El señor Mery ha expiado sus culpas durante todo el período en que él ha estado a cargo de la institución, y digo expiado sus culpas porque efectivamente ha tenido una conducta de mucha convicción democrática y de respeto a cumplir su misión de investigar y lo ha hecho con mucha fuerza y lo ha hecho en el tema de los derechos humanos", afirmó a radio Cooperativa.

La profesional, además, reconoció haber recibido en el pasado testimonios de familiares de detenidos desaparecidos de la zona de Linares en los que se relacionaba al director de la policía civil con desapariciones y torturas contra opositores a la dictadura.

"No puedo dejar de reconocer que efectivamente en el ámbito de las familias de los detenidos desaparecidos, desde hace muchos años se conocía que efectivamente en Linares, él había estado presente y estaba relacionado y habían denuncias que lo afectaban en relación con casos de personas detenidas desaparecidas y actos de tortura", indicó.

Pamela Pereira avaló las palabras de la presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, doctora Paz Rojas, quien asegura que "a la gente no le es posible distinguir entre quién está aplicando la picana eléctrica y quién hacía las preguntas".

La abogada llamó a Nelson Mery a reconocer y asumir los grados de participación que tuvo en los hechos antes señalados, puesto que sus actos han sido suficientes para limpiar su culpas, pero debe señalar cuáles son e indicar públicamente "yo tuve esta conducta y las cosas fueron así, pero cuando tuve la oportunidad de rectificar mis conductas lo hice".

El ex director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, fue careado esta mañana con el general de brigada (r) Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores durante el régimen militar, por la desaparición de la mirista Isabel Beltrán que investiga el ministro Alejandro Solís.

La diligencia se desarrolló en horas de esta mañana en dependencias de la Escuela de Investigaciones.

Julio, procesado por el secuestro de seis detenidos desaparecidos, entre ellos Beltrán, acusa al ex jefe policial de haber sido el jefe de la comisión que detuvo a la joven estudiante de 21 años, y a la también mirista Patricia Contreras.

Mery ha negado haber participado en la detención de Beltrán, y sostuvo que sólo detuvo a Contreras, quien ha declarado en su favor.

El ex director de la policía civil implicó al retirado general y a otros ex uniformados en la desaparición de Beltrán, quien a la fecha de ser detenida -18 de septiembre de 1973-, era estudiante de Pedagogía en Música de la U. de Chile y presunta militante del MIR.

Por esa razón es que al defensa de Mery sostiene que el hecho de que Julio acuse al ex jefe policial de haber participado en la detención de la mujer, obedece a un afán de venganza.

La diputada Laura Soto (PPD) pidió a la Cámara de Diputados enviar un oficio al ministro de Defensa, Jaime Ravinet, para que se investigue el vínculo contractual que tendrían con la propia secretaría de Estado y el Ejército dos personas que han sido procesadas en causas de derechos humanos.

Uno de ellos es el general (R) Humberto Julio, que, tal como informó El Mostrador.cl en su edición de hoy, es profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos (Anepe) que depende del Ministerio de Defensa.

"Este militar retirado se encuentra actualmente procesado por el ministro Alejandro Solís por la desaparición de María Isabel Beltrán, en el caso conocido como Episodio de Linares”, comentó la parlamentaria PPD.

La segunda denuncia se refiere a la supuesta asesoría que presta el civil Guido Poli Etchegaray al Comando de Apoyo del Ejército, quien fue condenado en el crimen del general René Schneider y mencionado, asimismo, en el proceso que investiga el asesinato del general Carlos Prats.

"Encuentro sumamente grave que, de comprobarse estas dos denuncias, se esté efectivamente contratando personas que se encuentran procesadas y hasta condenadas en causas de Derechos Humanos. Esto es inaceptable. Creo que si alguien es procesado en este tipo de delitos no debe seguir siendo pagado por dineros que pertenecen a todos los chilenos”, dijo la legisladora.

Malestar causó en algunos parlamentarios el rol de docente que tiene un ex militar procesado por violaciones a los derechos humanos en la Académica Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), institución que depende del Ministerio de Defensa. Se trata del general (R) Humberto Julio Reyes, encausado por el ministro Alejandro Solís por el secuestro calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) María Isabel Beltrán, en 1974.

El ex uniformado, que en 2003 permaneció una semana en detención preventiva en el Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén, dicta desde hace cinco años las cátedras de Conducción Político Estratégica I y taller de la conducción político estratégica de la Defensa Nacional en el organismo gubernamental.

Aunque el nombre de Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, fue profusamente difundido por la prensa hace dos años con motivo de la denuncia que involucró con violaciones a los derechos humanos al ex director de la Policía de Investigaciones Nelson Mery, nadie reparó en su rol de académico en la Anepe.

Ni siquiera la diputada Laura Soto (PPD), quien lleva adelante el proceso de Odette Alegría y un grupo de ex presos políticos del Regimiento de Linares que acusan a Mery, caso vinculado a la desaparición de María Isabel Beltrán. “Esto es inaceptable”, dijo a El Mostrador.cl la legisladora, quien anunció que pedirá un oficio al Ministerio de Defensa para aclarar este hecho.

“Si hay alguien procesado por violaciones a los derechos humanos no debiera estar trabajando en organismos públicos”, señaló la legisladora, quien consideró “una vergüenza que con los dineros de todos los chilenos, sobre todo de los más pobres, se esté pagando a un torturador. Él está procesado por hechos bastante graves y no sólo de torturas, sino por la desaparición de personas”.

En tanto, el senador Jaime Gazmuri (PS), quien pese a reconocer que ha sido invitado en varias oportunidades a la Anepe, aseguró no conocer al ex militar. Sin embargo, coincidió con Soto en el sentido de que si hay un proceso en curso, se debe apartar a esa persona de sus labores. “Si hay procesos creo que es altamente inconveniente que siga haciendo clases”, afirmó.

"Ahora la gente que no tiene procesos no hay problemas, ya que no deben existir denuncias. No puedes decir que por el hecho de estar en las Fuerzas Armadas haya sido torturador, hubo gente que no trabajó en la parte represiva", puntualizó el miembro de la comisión de Defensa de la cámara alta.

Cautela

Un poco más compasivo se mostró el diputado Mario Bertolino (RN), quien comentó que “una persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. El hecho que este procesado no significa que sea responsable, sino que está en un proceso que se pretende dilucidar quiénes son los responsables. Ahora si está en libertad, él ya aportó los antecedentes y hay que esperar a que se cierre el proceso”.

En esa misma línea se pronunció presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Ulloa (UDI). Aunque calificó como “compleja” la situación, aclaró que “si la Anepe no ha tomado medidas (es) porque ha considerado razonable mantener a ese docente en ese establecimiento. La decisión de la entidad estará centrada una vez que termine el proceso judicial”.

Mucho más cautos se mostraron en el Gobierno al ser consultados por la situación del ex oficial que trabaja en el organismo dependiente del Ministerio de Defensa. El subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, quien conoce a Julio ya que también hace clases en la Anepe, señaló que “no tenemos opiniones sobre procesos judiciales, respetamos la labor de otro poder del Estado”.

La versión de Julio

Cuando fue llamado a declarar, el profesor Humberto Julio Reyes no entendía mucho los motivos. Ahí se enteró que el ex director de Investigaciones Nelson Mery, lo mencionó entre los oficiales que estuvieron presentes en la detención de Beltrán.

Cuando accede a contar su historia, lo primero que hace es sacar dos libros de su biblioteca que relatan la situación: “Difícil envoltorio", de Mónica Echeverría y “Tiempo de Días Claros”, de Patricia Verdugo. “Ahí cuentan el hecho”, dice.

Tiene 61 años, es casado, tiene tres hijos -uno de ellos capitán de Ejército de la Academia de Guerra-, y se alejó del Ejército hace 10 años tras una ácida discusión con el general Jorge Lucar. Julio había entregado al propio Augusto Pinochet informaciones sobre presuntas irregularidades, cercanas al millón de dólares, en facturas de empresas proveedoras del Hospital Militar. El hecho fue desmentido por la institución y el oficial debió irse del Ejército.

Julio no quiere hablar de ese incidente, pero si acepta hablar de lo que sucedió hace 32 años cuando él era capitán.

Beltrán, junto a Patricia Contreras, fue detenida en Santiago y para ello se envió especialmente una patrulla desde la Séptima Región. Julio participó en el allanamiento de la casa y ambas mujeres fueron llevadas a la Escuela de Artillería de Linares. Es ahí donde tiempo después se pierde su rastro.

-¿Cuál fue su participación puntual en este hecho?

-Yo estaba en Santiago, a cargo de una unidad en el Comando de Institutos Militares y se me encargó apoyar el procedimiento. Tuve que hacer el allanamiento de las vivienda donde estaban estas personas, es decir, el registro habitual buscando armas y otras cosas. En consecuencia, estuve presente en la diligencia, pero la detención y el traslado a Linares no era problema mío.

-¿Quién le ordenó a usted ir hasta esa casa?

-El canal normal de mando.

-¿Quién es esa persona?

– No hay registro quien estaba esa noche de turno hace 32 años. Sería irresponsable decir que parece que fue tal.

-¿Por qué detuvieron a esas mujeres?

– Algún antecedente tenía Linares para detenerlas. La prensa dice que eran del MIR.

-¿Y encontraron armas en esa casa?

– No, armas no encontramos. Mucha documentación que no era evidencia de nada.

-¿A quiénes entregaron las mujeres?

– Al oficial de inteligencia de Linares.

-¿Quién era?

– Eso está en el proceso.

”Sólo las vi esa noche”

“Es muy sorpresivo que a 30 años de sucedido los hechos digan, pero ahí estuvo el general Julio”, comenta el ex uniformado. “¿Cuál es la diferencia sustancial de la detención? Según mi recuerdo, la patrulla de Linares tenía una misión que era detener a esas personas y, en cambio, la que recibí en Santiago era apoyar el procedimiento y allanar la casa”.

– ¿Usted nunca vio a esas personas después?

-No, las vi esa noche.

-¿Por qué lo procesó el ministro?

– Él no me dijo nada, sino que asumió el hecho de haber sido el oficial de mayor graduación presente me convertí inmediatamente en responsable, pero independientemente de quien haya hecho la detención en Santiago: la patrulla de Linares o hubiese sido yo, que no es el caso, lo importante es que estas personas fueron entregadas al día siguiente sanas y salvas en Linares a otras autoridades.

– ¿Usted era ayudante del coronel Gabriel del Río al momento de hacer el operativo. ¿Él no ha sido detenido?

-Hasta donde yo sé, no por esta causa. No he hablado con él últimamente porque reside en Linares. En una ocasión vino a conversar conmigo acá, pero aún no se sabía de esta causa.

-¿Su abogado Marcelo Cibié ha tenido acceso al sumario?

-Sí y me dice que debería ser absuelto porque lo único que es discutible es la detención aquí en Santiago. Pero si partimos de la base que en ese momento esa actividad era legal, porque obedecía a la orden de una autoridad o facultad, la detención de esa persona en esa circunstancia no era un ilícito.

-¿Dónde está la divergencia?

– Nelson Mery dijo que le ordenaron detener a una persona y no a la otra, y ahí esta el punto de divergencia.

– ¿Y si usted es condenado en este caso?

-Hay que acatar la ley.

-¿Tendría que dejar de hacer clases?

-Es complicado pensar hacer clases estando detenido.

-¿Pero esta entidad es del Ministerio de Defensa?

– Puede que a algún empleador le complique o incluso tenga un impedimento legal. A lo mejor alguien se interesa por algún otro trabajo que yo hago y el tema no le importa.

– ¿Nunca perteneció a la DINA?

– No, no me especialicé por ese lado.

La Corte Suprema absolvió a un militar retirado y permitió a otros cinco cumplir en libertad vigilada penas de entre tres y cinco años de prisión como autores de la desaparición de nueve opositores durante la dictadura militar, informaron este jueves fuentes judiciales.
Con este fallo definitivo, el alto tribunal ha dictado desde 2005 un total de cien sentencias condenatorias y otras doce absolutorias en casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet.
En este caso, la Corte Suprema rebajó las penas decretadas por el juez Alejandro Solís en una sentencia de 2008, en las que fijó quince años y un día de prisión para cinco de los imputados, y diez años y un día de prisión para el sexto ex militar encausado.
Con este fallo definitivo, el general en retiro Juan Morales Salgado y el ex coronel Claudio Lecaros Carrasco fueron condenados a cinco años de prisión con el beneficio de la libertad vigilada por la desaparición de cinco de los jóvenes opositores.
A la misma pena fueron sentenciados el suboficial en retiro Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel en retiro Félix Cabezas Salazar, por tres desapariciones.
En tanto, por un secuestro calificado, el subsecretario de Relaciones Exteriores durante el régimen militar, el general en retiro Humberto Julio Reyes, recibió 3 años de presidio con el beneficio de la remisión condicional, similar a la libertad vigilada.
En cambio, el general en retiro Gabriel del Río Espinoza fue absuelto de su responsabilidad como autor de cinco desapariciones.
Las víctimas del llamado proceso “Linares” son Arturo Riveros Blanco, Jaime Torres Salazar, Jorge Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cansino Aravena, Héctor Contreras Cabrera y Alejandro Mella Flores.
La mayoría de las víctimas, de entre 19 y 26 años, vivía en las localidades de Linares y Constitución, y eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Los jóvenes fueron detenidos por la policía días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y posteriormente fueron trasladados hasta la Escuela de Artillería de Linares y el Polígono de Tiro General Bari, desde donde se perdió su ubicación.
Respecto a la rebaja de penas y la aplicación de beneficios, la presidenta de la Asociación de Familiares Desaparecidos, Lorena Pizarro, consideró hoy que estas medidas reflejan un Poder Judicial que “beneficia a los criminales y deja a las víctimas en el más absoluto desamparo”.
Pizarro explicó que un grupo mayoritario de jueces “creen en esta visión reconciliadora que finalmente es impunidad, con la que tratan de dejar contentos a las víctimas y a los victimarios”, mientras que otros prefieren incluso aplicar la prescripción en estos crímenes.
En cambio, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, defendió que “en Chile la Justicia es lenta, pero llega”.
“Los jueces en Chile tienen un mandato claro de cuándo pueden absolver y cuándo pueden condenar”, y también de cuándo pueden otorgar ciertos beneficios, indicó.
Según la responsable del Instituto, “las absoluciones tienen que ver muchas veces con la falta de información, que no permite acreditar la responsabilidad penal de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que participaron”.

Humberto Lautaro Julio Reyes (59) fue subsecretario de RREE del gobierno militar. Su nombre, sin embargo, saltó a la fama hace algunas semanas cuando surgió la polémica sobre la desaparición en Linares de la joven del MIR, María Isabel Beltrán, en cuya detención participó una patrulla comandada por el entonces capitán Julio, la que apoyaba al subinspector de la policía civil, Nelson Mery. El primero fue procesado por el juez Alejandro Solís y el segundo no, aunque el tema finalmente obligó a Mery tomar sus vacaciones y es poco probable que continúe a la cabeza de Investigaciones. Tras la polémica entre ambos, con entrevistas en el vespertino La Segunda incluida, Julio tomó la bandera que hacía tiempo molestaba a los llamados "subalternos" en 1973: la responsabilidad del mando. Y levantó la voz.

Tengo la percepción -dice- que los jueces, al no conocer la orgánica militar, su disciplina y lo que realmente es nuestro modo de vida, no hacen distingos básicos. En las FFAA el que manda es el responsable, y el que obedece es porque cumple órdenes. Lo que estamos viendo en estos procesos es que eso está confundido. Los jueces determinan autoría, complicidades y encubrimientos pero sin separar la línea de mando y las responsabilidades del mando y eso -confieso- va en detrimento del subalterno. Es decir, el juez tiene un nombre y no se preocupa de investigar el entorno, sino que se queda con eso& con la mínima evidencia que pudiera tener".

Hoy, a 30 años del 11 de septiembre de 1973, ¿tiene alguna duda de que se violaron los derechos humanos en el gobierno militar?

Yo lo entiendo así, pero nadie entonces estaba advertido…

¿A qué se refiere?

Cómo puede presumir un suboficial, al que se le ordena conducir un camión, que por el sólo hecho de hacerlo -con gente a bordo- va a cometer un delito. Si a otro funcionario se le dice que detenga a ciertas personas, en virtud de atribuciones que están en ese momento en el poder de las autoridades, cómo podría saber que, una a vez apresadas, ellas podían ser torturadas y otras desaparecer incluso. Nosotros vemos el tema de los DDHH con una perspectiva diferente, pero que no era percibida en ese momento, donde había una situación de guerra interna, tribunales de guerra en tiempos de paz o una serie de figuras jurídicas que entendíamos como válidas. Algo que ahora es discutible, pero que entonces era aceptado y -en consecuencia- yo diría que los primeros años no había lugar a objeciones de conciencia donde uno podía decir que una orden era legítima y otra no. Menos aún cuando uno conocía una parte y no el todo.

¿No había espacio dentro del Ejército por el contexto del 73 o nunca elEjército chileno permitió que una orden fuera discutida?

El reglamento y la ordenanza -que son anteriores al reglamento-, son bastante sabios. Siempre existió la instancia que usted menciona, en que uno puede representar sus reparos, pero eso tiene que ser evidente. Es decir, uno tiene que estar frente a una orden donde uno pueda argumentar a un superior: "mire si yo cumplo esa orden, vamos a cometer un ilícito o se va a desprender un mal que quisiéramos evitar". Está especificado cómo se representa si el superior insiste, si lo hace por escrito, pero en la segunda instancia uno debe acatarla. Pongamos un ejemplo exagerado. Si le dicen a alguien: "usted debe ejecutar a algunas personas", éste podrá cuestionar preguntando "en virtud de qué" y -naturalmente- se le tendrá que mostrar la resolución de un Consejo de Guerra, pero tras ello ¿cómo un subalterno podrá negarse? Ese ordenamiento es legal. Claro, 30 años después, alguien puede decir que fue un exceso y que las personas condenadas no tuvieron un debido proceso. Pero, desgraciadamente, el que tuvo que ejecutar el mandato no tenía ese antecedente. No quiero hablar de compartimentaje, pero en un sistema jerárquico sólo el que está arriba sabe el total. A medida que se baja de nivel se va sabiendo menos& cada vez es más compartimentado el conocimiento y eso es lo que dificulta y hace difícil -30 años después- decir: ¿cómo se hizo ésto? Claro, se hizo porque el subalterno no tenía forma de conocer las consecuencias finales de alguna acción.

General, las Fuerzas Armadas y la clase política que apoyo el gobierno militar siempre dijeron que se trató de "excesos" y éstos, obviamente, los cometen los subordinados en cumplimientos de otras órdenes…

La verdad es que cuando pienso en retrospectiva me pregunto: ¿en qué momento nosotros empezamos a percibir que a alguien se le había pasado la mano y esta guerra sucia se había ido más allá de lo que alguien podría considera aceptable? La verdad fue años después de lo que se investiga. Puedo decir que en el año 80 ocurrió tal incidente, en un ambiente ya distinto, donde había otra legalidad. Alguien podrá decir, incluso, que esos subalternos tuvieron la oportunidad de representar esa situación. Cuando hablamos del 73, sin embargo, diría que es mucho pedirle al cuerpo, porque debería tener una visión extraordinaria de cuáles serían las consecuencias futuras. En una organización militar hay mutuas lealtades, asumo que todos cumplimos el deber de que vamos a hacer nuestra parte, observando la misma ética. No tengo por qué suponer que si detengo a una persona otra le dará muerte. Y si lo hiciera, asumo que esa persona será sancionada, castigada y el superior asumirá esa responsabilidad y -si no lo hiciere- debe asumirla por no haberlo hecho.

En el proceso que se lleva en su contra se le acusa de haber detenido a María Isabel Beltrán, cuando comandaba una patrulla militar que acompañaba al subinspector Nelson Mery. Cuesta creer que el Ejército permita que vaya una patrulla militar a cargo de un subdirector de investigaciones ¿Cómo se entiende esta figura?

Se entiende porque es una función de apoyo y esto no implica subordinación. En este caso preciso viene una patrulla desde Linares, que tiene una misión específica y desde allá se solicita el concurso nuestro. Puede haber distintas razones que desconozco, si se preveía alguna resistencia, que hicieran necesario contar con mayor protección. El hecho es que se pensó que la gente que venía de Linares no era autosuficiente para cumplir esto. La responsabilidad específica de la operación la tienen quienes fueron encargados allá y uno apoya en lo que se le fue solicitado.

¿Por qué le tocó a usted que curiosamente había sido ayudante del comandante en Linares?

Esas son las malas coincidencias de la vida, como le he señalado al juez. Teníamos turnos diarios y todas las noches poníamos unidades a disposición del Comando del Instituto. La noche del 18 de diciembre estaba con una unidad de turno, hubiera sido el 19 ó 17, no habría estado.

¿Usted no acompañó luego a Mery con los detenidos a Linares?

No, no.

Su tarea termina en…

En Santiago.

¿Y cómo entiende, entonces, que se le haga responsable de la desaparición de Beltrán?

Pienso que el tema de la detención en Santiago ha ocultado el tema central que es la desaparición en Linares. ¿Por qué Nelson Mery no niega haber detenido a Patricia Contreras? El dice: "a mi me ordenaron detener a Patricia Contreras, la llevé, interrogué y dejé libre"; pero si uno resume todo lo que él ha dicho al respecto, porqué no sabe cómo María Isabel viajó con él. Nunca la interrogó, la veía y no supo más de ella. Yo podría elucubrar y decir, "seguramente, si María Isabel Beltrán no hubiera desaparecido habría reconocido las dos detenciones", que es, hasta donde conozco, la misión que se le dio. Pero él dice, en este caso, no ser el autor material. Pero aún así, -no quiero defender a Nelson Mery y no tengo que hacerlo- él podría alegar la obediencia debida, era oficial de enlace, se le ordenó una misión, detener a dos personas y luego llevarlas a Linares. Podría reconocerlo y aquí, sí que es una elucubración mía, pienso que no lo reconoce porque ella desapareció.

El mismo Mery señala, en enero y después febrero, que estaba viva cuando el coronel Morales asume la dirección de la Escuela. Hay detenidos que -me parece que en el reportaje de su revista (Ver El Periodista N°39)- dicen que el 25 de febrero fue la última vez que le pasaron cigarrillos, aún más importante que eso es una carta de junio de 1974, donde se le contesta a la madre sobre la desaparecida, en la que le comunican que fue puesta en libertad bajo promesa de presentarse, pero que al parecer se fugó hacia Argentina. Si yo fuera el juez, partiría de la carta y le preguntaría al que la firmó, qué antecedentes tenía para haberla escrito. De ahí me iría hacia atrás. Probablemente esa autoridad señale que la carta la redactó fulano. Lo que es más evidente es que yo -en esa fecha- hacía meses me encontraba en Santiago y en consecuencia nada tenía que ver con lo que le pudiera haber sucedido a esta dama, fuera efectivo lo que dice la carta o no.

¿Cómo se explica que el comandante de la Escuela de Artillería, el coronel Del Río, no aparece vinculado a esta causa?

Creo que la declaración de Mery es -en ese sentido- exculpatoria; no la judicial, sino la que ha hecho a la prensa, especialmente una entrevista a El Metropolitano. Mery asegura que Beltrán estaba viva hasta el momento que el coronel Del Río entregó el mando de la Escuela a su sucesor, el coronel Morales. En ese sentido está traspasando la responsabilidad a Morales, que asumió posteriormente. Sí aún así y considerara válido ese testimonio, estamos hablando del 23 de enero, fecha que yo no tenía nada que ver con la Escuela de Artillería. Volviendo al origen, para mí sigue siendo inexplicable -es una porfía- la insistencia de vincularme a un caso en que no tengo ni un pito que tocar. No era parte de mi función, no estaba ya cuando se supone que desapareció, cuando se contestó el oficio en junio, sino que es un asunto que se ha desviado a la forma.

¿Estás órdenes, que le indicaban que acompañara a esta patrulla, eran verbales?

No necesariamente. Había una ficha. Las unidades que estaban de turno, en especial para las misiones de noche, recibían del oficial que estaba en el Comando del Instituto Militar, un instructivo -"hay que cumplir esta misión o esta otra"- y habitualmente se nos entregaban hojas con antecedentes. Esas mismas hojas se entregaban al término de la misión.

¿Allí ustedes informaban cómo se había desarrollado la acción?

Habían casos de misiones de allanamiento, registro, existían denuncias de particulares que había que investigar, de gente que decía "en tal dirección hay personas que tienen armas", etc. En consecuencia, todo lo que uno obraba era puesto en conocimiento del Comando, y ahí uno se olvidaba del asunto. En ese mismo principio, habría sido en contra de la doctrina, si uno se preguntara al otro día "¿qué pasó con lo que traje anoche y qué fue de la persona que fue de la detenida?" No es parte de nuestra forma de actuar.

¿Pero esa documentación se quemó?

Claro, estoy seguro que así ha sido.

Si se buscara prueba de lo que usted hizo esa noche… no existe.

Uno descansa en la frágil memoria de 30 años atrás….

Sirve de poco… porque ahí se justifica la política de los excesos, es decir se podría pensar que usted acompañó por su propia voluntad, con su patrulla, al subinspector Mery…

Es válido pero contra-argumentando: ¿qué motivación podría tener alguien de `mottu propio' para hacer eso? Tiene lógica común, pero no tiene lógica militar. Se supone que uno hace lo que se le ordena.

¿Había lógica militar en esos días?

Si, existía. A pesar del estado de excepción que se vivía, la disciplina se mantenía, la orgánica se mantenía, los mandos mandaban y los subalternos obedecían, y uno a su nivel también. Le puedo asegurar que estaba a cargo en Santiago de 150 hombres, no quiero usar la frase "no se movía una hoja que yo no quisiera", pero sí respondo por lo que hicieran esos hombres. Ninguno hizo algo que yo no le ordenara, así fuera verbal y tengo la enorme tranquilidad de que ninguna de esas personas ha estado involucrada en un ilícito.

¿Es decir, nunca le tocó dar una orden que se pudiera considerar un ilícito?

Efectivamente.

¿Le tocó obedecer alguna de esas órdenes?

Tampoco, en ese sentido fui afortunado, ni recibí órdenes que implicara ilícito, ni tuve que ordenar alguna.

¿Cómo entiende que aquellos que dieron órdenes que sí significaron ilícitos hoy lo nieguen?

Bueno, lo primero es que efectivamente voy asumir que -sin ser ingenuo- puede ser que alguien por la edad o el tiempo trascurrido, no recuerde ciertas cosas. Lo segundo es que si alguien, en estos días, reconoce haber dado una orden que implicó un ilícito, será enjuiciado. El instinto de supervivencia es muy fuerte, e indirectamente en este caso se está dando. Hay personas que con una ojeada al organigrama de Escuela de Artillería de ese entonces en Linares, llega a concluir: ¿dónde están las personas que tenían atribuciones para detener personas? Las que debían responder por las personas detenidas, no las veo encausadas. Un deber elemental de lealtad inhibe de mencionarlos&

¿Todavía opera la lealtad cuando ésta, justamente, ha sido rota por aquellos que dieron las órdenes y ahora se escudan en esta falta de memoria y, por último, cómo dice usted, de este sentido práctico de la supervivencia?

Aunque le parezca increíble aún persiste porque hay lazos que son más fuertes que esta complicada situación. Lo último que quisiera es dar nombres en algún momento. Sigo esperando que la lógica de quienes estén investigando, incluso el juez de la causa, lo lleve a direcciones sin que lo empuje. No quiero ser quien señale con el dedo y diga "esas son las personas que tenían las atribuciones, esa es la que mandaba o esa era la que tenía a cargo los detenidos". ¿Por qué me siguen preguntando a mí? Es como el último recurso y está en contra de nuestra formación.

¿No va más en contra de la formación que tienen ustedes que los superiores no reconozcan que ellos dieron las órdenes?

Naturalmente, es la esencia del mando. Incluso va más allá. La responsabilidad del mando implica mucho más que responder por las órdenes, también significa responder por lo que no ordené, porqué no tuvo el carácter, las condiciones de evitarlo o reprimirlo. Me puedo justificar diciendo "nunca ordené eso". ¿Pero dónde estaba cuando eso sucedía, estaba de vacaciones, estaba durmiendo? ¿Qué pasaba en su jurisdicción que usted no reprimía esas faltas? ¿Y cuándo se enteró? ¿Qué medidas tomó? Esas son las preguntas que un juez que tiene conocimiento formularía de inmediato, pero pareciera que los jueces no tienen esa formación. Esa es mi impresión y eso quizás los lleva a entramparse y a no resolver en forma más rápida y expedita. Si fuera juez o fiscal e investigara, no digo que tendría resuelto el caso, pero por lo menos tendría las responsabilidades muy claras hace rato. Sería problema de quienes dieron las órdenes decirme qué sucedió, quién los desobedeció y quién se extralimitó. ¡No al revés y empezando de abajo!

Hablemos de esa lógica del mando ¿Cómo funciona en el caso de la Caravana de la Muerte, donde un general, Arellano Stark dice que no da la orden y los generales de plaza -que estaban a cargo- tampoco? Es decir todos fueron pasados a llevar. Si la lógica de la disciplina militar estaba tan presente en 73 ¿Cómo se entiende que 30 años después nadie sabe quién daba las órdenes, quién las recibía o si hubo una conspiración contra Arellano? Para algunos, finalmente era tres o cuatro militares con menos rango los que tomaban las decisiones y andaban asesinando gente&

En el Ejército de Chile del 73, el que conocí, eso no era posible y podría suceder quizás alguna vez, en forma accidental, pero no de manera repetitiva; aún así, el hecho de que un subalterno se extralimite no libera al superior de responsabilidades. Hay un ejemplo práctico que en mi tiempo era muy válido, cuando se incendiaba un cuartel, por las razones que fueran, nosotros sabíamos que el comandante se iba para la calle ese mismo año, era axiomático. No quiero salir aquí por lo que ha dicho el general Arellano, los generales de plaza, pero es evidente y hay una serie de disposiciones que se pueden leer en la ordenanza antigua, en el reglamento, que obligan al jefe a responder si su gente desobedece o hace cosas a sus espaldas. Por último, puedo decir que me tocaron malos subalternos, pero si en el Derecho Civil es aceptable en la disciplina militar no es entendible, porque significa que no tengo condiciones de mando, ya que las personas a mi cargo hacen lo que quiere o deliberadamente me hago el desentendido de lo que está pasando y por omisión dejo de hacer. Cualquier situación es impresentable, no es consecuente con la formación que tenemos, porque lo que se inculca desde muy joven es que uno debe responder no sólo por lo que uno hace sino por la unidad. Si eso se pierde, se pierden muchas cosas…

¿Y a quién debemos creerle?

Cuando uno tiene dudas, en situaciones como éstas, debe recurrir al organigrama. Este señala quién estaba en el mando, cuál era la línea de mando, quién tenía facultades delegadas, cuáles eran éstas y a partir de entonces proceder.

En esa línea del mando ¿un coronel es menos que un general?

Claro.

Cuando a un coronel se le nombra a cargo de la Inteligencia Nacional, con amplias facultades, como al entonces coronel Contreras, ¿de quién es la responsabilidad de su actuación?

El ejemplo que menciona es válido para clarificarme cuando tengo dudas: "hágame el organigrama". Los comandantes de división, que en el fondo eran jueces militares, y los jefes de plaza, que tenían responsabilidades, dependían del comandante en jefe. DINA y CNI también dependían del comandante en jefe. Entre ellos y las jefaturas de plaza no había ningún nexo de mando& ni siquiera de coordinación.

¿Siente que los altos mandos de aquella época y el propio Pinochet se han desentendido de la suerte de sus subordinados?

Creo que el movimiento se muestra andando. Creo en los hechos y en el comportamiento de las personas y cuando voy Peñalolén y veo a jóvenes colegas detenidos, procesados, digo: "¿dónde están las personas que les ordenaron hacer lo que hicieron?". Independientemente de lo que hayan hecho, tengo que llegar a la conclusión que algún escalón intermedio ha fallado, ha rehuido su responsabilidad. Es más, me molesta cuando algunas personas hablan en tercera persona y lamentan los excesos, que esto no ocurra más, en lugar de decir "asumo lo que sucedió en mi provincia o en mi jurisdicción". Eso quisieran escuchar los subalternos, alguien que libere a los que sólo cumplieron órdenes, ni qué decir cuando hablamos de suboficiales. Puedo entender la lógica judicial, aunque a veces me cuesta, pero como militar me avergüenzo que algún suboficial esté procesado, porque ellos no mandan ni mandaron, cualquier cosa que hayan hecho fue porque se les ordenó. Si se excedieron y no los sancionaron, también la falta es de quién los sancionó, pero esa no es la lógica judicial…

¿En ese sentido la declaración de los tenientes generales?

En relación a la declaración de los tenientes generales me quedo con lo que dijo el general Canessa, quien no firmó la declaración o inicialmente lo hizo pero después se retiró y dio una entrevista a El Mercurio y explicó sus razones. Uno podría esperar un poquito más de quienes fueron colaboradores directos del Presidente, del comandante en jefe… Como subalterno esperaba un poquito más. Que hablaran más en primera persona y no tomaran distancia de las cosas…

¿Se puede esperar una rebelión de los subordinados o de los subalternos?

Eso sería especulativo. Es probable que el efecto no sea inmediato, a veces es a largo plazo.

¿Cuál podría ser?

En una coyuntura complicada, que no tiene porqué ser igual que la del 73, puede ser una emergencia externa; los subalternos ante cualquier orden y para cubrirse frente a responsabilidades ulteriores, pedirán detalles, más información, argumentos, explicaciones, etc. Dios no lo quiera, si más adelante hubiera otra crisis y me atrevo a pensar si fui reticente y duro al tema del 73, y sí obedecí fue por evitar la división, por evitar y no matarnos entre nosotros, porque era mejor obedecer e ir por el mismo lado y no empezar a dividirnos.

¿Usted tenía reparos al golpe?

Sí, porque iba contra todo lo que había escuchado en mi hogar, no intervenir en política, marginarnos. Las aventuras previas -especialmente en los años 30- habían sido malas para el Ejército y para la patria. En consecuencia, yo diría de mala gana -fatalmente- tuve que decir "conforme". Sostuve una conversación de hombre a hombre con mi coronel y dijimos: "no nos queda otra, tenemos que ir para ese lado, lo peor que nos puede ocurrir es que nosotros nos dividamos, nos matemos o nos liquidemos tipo contienda ´91". Con el recuerdo de lo que ha ocurrido en estos años, de las consecuencias, que llevamos tres décadas y la reconciliación está más lejos que nunca: ¿qué pasaría si más adelante se requiriese nuevamente que las FFAA actúen para salvar al país? Yo pienso que nadie va a estar dispuesto. Si yo -reencarnado- estuviera en servicio, diría "no me importa que el país se hunda. A mí no me sacan de mi cuartel, yo me quedo tranquilo, mátense, hagan lo que quieran". Lo que está ocurriendo es traumático, todo, la formación valórica está quedando sobrepasada. No es que uno espere que le hagan arcos triunfales o lo llamen héroe de la patria, porque del 11 de septiembre tenemos visiones distintas, eso es entendible, pero este es el peor escenario que alguien se hubiera imaginado.

¿Cuánto de responsabilidad hay de aquellos que les tiraban maní y los azuzaban, que los obligaban a salir a las calles, de los grupos civiles?

Yo diría que alguna responsabilidad existe, pero sin fijar escala y de un punto de vista muy personal la considero mínima. A mí personalmente nadie me azuzó.

Pero usted dice que tampoco hizo mucho…

Claro, quizás por eso, nadie me azuzó. Naturalmente percibía y sufría como cualquier chileno, necesidad, escasez, inseguridad, pero no recuerdo haber recibido una presión, quizás porque mi rango era muy bajo. Pero yo confieso, no culparía a gente que haya hecho ese tipo de gestos, puedo entender si alguien dice que el gobierno no es capaz de poner orden, la violencia está desatada, está situación es insostenible que en ese momento dicen ¿y qué hacen los militares? Yo lo considero una reacción natural, más que pasar la cuenta.

¿Usted cree que el general Pinochet debió enfrentar de una forma distinta los juicios en su contra?

Es tan difícil decir como otro debiera hacerlo.

Pero, ¿que esperaba usted del general Pinochet?

El hizo las cosas según le indicó su mejor juicio. Pero el mejor juicio de él no era infalible. ¿Cómo me pongo yo en sus botas o en su lugar? Otra cosa es con guitarra…

Jaime Guzmán, el año 1989, dijo que Pinochet estaba preocupado de dos cosas: de él y de su familia&

¿Qué tanto puede haber sido eso? Si así fuere, yo diría que no era perceptible desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, incluso él dijo "yo considero que es positivo permanecer como comandante en jefe para cuidar a mi gente…".

Pero movió a todo el Ejército por los "pinocheques".

Claro& (reflexiona) Puede tener el beneficio de la duda. Sería injusto, por quedar bien, decir que si yo fuera el general Pinochet habría asumido la responsabilidad por todos. Pero yo no fui, no estuve en sus zapatos y lo mismo digo de cualquier mando& otra cosa es con guitarra. ¿Qué habría hecho yo? Eso es especulativo. ¿Qué quisiera yo? Hoy, más que ayer, que cada mando asuma plenamente sus responsabilidades. Eso dejaría contenta a mucha gente, especialmente a los de grados más bajos&

Eso es lo que usted quiere ¿Pero ve alguna posibilidad que eso ocurra?

Sí, porque hay dos formas que uno asuma la responsabilidad: que lo haga en forma voluntaria o que le sea impuesto y los jueces pueden imponer eso. El que dio la orden ya salió del Ejército, y no es tiempo que el general Cheyre le ordene a gente que está en retiro; los jueces, sí.

Los jueces van a requerir ayuda de quienes recibieron las órdenes…

Cierto, pero tengo la impresión que quien colabore no tiene que ir en contra de la ética. Le hemos dado entender al juez por dónde tiene que mirar. Ahora, si no quiere hacerlo, eso es ya complicado. Yo pienso y me imagino que con otros jueces debe ocurrir lo mismo, que ellos ya tienen suficiente información para decir dónde tienen que apuntar. ¡Esas personas tendrán que asumir sus responsabilidades! Más elegante, entonces, sería que lo hicieran por su propia voluntad. Si no lo hacen así, alguien tendrá que recordarle y decirle "mire señor, usted no puede decirme que no tenía idea de lo que sucedía en su jurisdicción porque eso no tiene sentido en la formación militar: es tanto o más grave haber ordenado ilícito". Si en algún momento un subalterno está apareciendo como culpable o responsable de algo y un superior puede exonerarlo, ojalá lo haga y luego, ya que mientras más tiempo pase, hay personas que van a ir desapareciendo -por la ley de la vida- y llegará un momento en que no exista nadie que reconozca que ordenó algo. Es la hora que algunos asuman sus responsabilidades.

El oficial en retiro Humberto Julio Lagos, fue condenado por participar en el secuestro y desaparición de nueve campesinos entre 1973 y 1974.

La justicia condenó a diez años de cárcel al ex canciller de Augusto Pinochet, el oficial en retiro Humberto Julio Lagos, por participar en el secuestro y desaparición de campesinos entre 1973 y 1974.

Con este hecho, tras avances judiciales, la mayoría de los integrantes del régimen militar está detenida o encausada.

El fallo de primera instancia del juez Alejandro Solís sancionó además con 15 años de presidio a otros cinco uniformados, cuatro de ellos ex oficiales, según la abogada del caso, Loreto Mesa.

La resolución judicial se suma a otros 150 procesamientos y condenas dictadas contra ex represores después de la muerte en diciembre de 2006 de Pinochet, quien jamás fue sancionado por estos delitos.

Junto al otrora jefe de la diplomacia del régimen militar fueron condenados los oficiales Gabriel del Río, Juan Morales Salgado, Claudio Lecaros y Félix Cabezas. A ellos se sumó el suboficial Antonio Girard.

Todos los inculpados participaron, con distintos grados de responsabilidad, en la detención de nueve campesinos y dirigentes locales de izquierda en la provincia de Linares, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago.

El régimen militar rigió los destinos del país entre 1973 y 1990, período en que 3.000 chilenos fueron ejecutados o desaparecidos, entre ellos menores de 13 años, según informes oficiales emitidos en democracia. También unos 50.000 ciudadanos padecieron torturas, incluidos infantes de dos años.

CONDENAS POR CASO DE DDHH EN LINARES

En tanto, Solís, quien lleva el llamado "proceso Linares" desde 2002, condenó a un total de seis de los involucrados en el proceso, en la sentencia número 99 de los tribunales de justicia en casos de derechos humanos.

La resolución judicial consigna para Juan Morales Salgado: 15 años y un día por 5 secuestros calificados; a Claudio Lecaros Carrasco: 15 años por 5 secuestros calificados; para Gabriel del Río Espinoza: 15 años por 5 secuestros; Antonio Aguilar Barrientos: 15 años por 4 secuestros; Félix Cabezas Salazar: 15 años por 3 secuestros y para Humberto Julio Reyes: 10 años por 1 secuestro.

El Magistrado dictó condena por lo delitos de secuestro calificado de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Robinson Mella Flores, en contra de los ex oficiales del Ejército.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, Juanita Soto, dijo a La Tercera.com que "el fallo, aunque es de primera instancia, es una conformidad por lo que tuvieron que sufrir nuestros familiares. Ojalá que ahora, en los pasos que quedan en el proceso, no se les conceda ningún beneficio, ya que esto sería como una bofetada de la Justicia a los que hemos sufrido tanto en estos años".

 

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Alejandro Robinson Mella Flores, María Isabel Beltrán Sánchez y Héctor Hernán Contreras Cabrera, ocurridos a partir de septiembre y diciembre de 1973, en la ciudad de Linares, Región del Maule.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, determinaron las siguientes penas:

-Gabriel Del Río Espinoza: absuelto de su responsabilidad como autor de los secuestros de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores, por falta de participación.

-Juan Hernán Morales Salgado: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt y José Gabriel Campos Morales. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Claudio Abdón Lecaros Carrasco: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Robinson Mella. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Antonio Aguilar Barrientos: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Félix Renato Cabezas Salazar: 5 años de presidio por su responsabilidad en los secuestros calificados de Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales y Alejandro Robinson Mella Flores. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Humberto Lautaro Julio Reyes: 3 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez. Se le concedió el beneficio de la remisión condicional.

En el aspecto civil, se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios presentada contra el Fisco de Chile por incompetencia absoluta del tribunal.

En el aspecto penal, la sentencia se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la causal de prescripción de la acción penal. En tanto, en lo civil, la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemülller, quienes estuvieron por acoger las demandas.

Con esta condena se completan 100 sentencias condenatorias en casos de violación a los derechos humanos, dictadas por la Corte Suprema desde el 2005. En el mismo periodo, se han dictado 112 sentencias, correspondiendo las restantes a absoluciones.

Acosado por las huellas de sus robos, Pinochet vive momentos decisivos en tribunales. A la investigación por sus crímenes se han agregado la de las cuentas del Banco Riggs, el nuevo procesamiento de su hijo y la confesión de algunos autores de exhumaciones ilegales que lo acusan como quien dio directamente la orden para hacer desaparecer definitivamente los cuerpos de los prisioneros asesinados. Esta operación es la que, en mensaje encriptado, el dictador denominó "Retiro de Televisores".

A fines de 1978, siendo teniente en la Sección II de Inteligencia del Regimiento Buin, el capitán (R) Pedro Andrés Rodríguez Bustos recibió una orden codificada de la Comandancia en Jefe del Ejército, que a su vez era enviada a todas las guarniciones y divisiones del país. 21 años después, en 1999, declaraba ante el ministro Juan Guzmán Tapia que ese mensaje en clave estaba firmado por Augusto Pinochet Ugarte y daba órdenes perentorias "de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debía tratar de obtener de este personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clandestinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres".

A pesar de que esta información traspasó las paredes de los tribunales, muchas voces interesadas se alzaron para desvirtuar la declaración de Rodríguez Bustos, incluso desde instancias oficiales que hablaban de una "operación de inteligencia", lo que atentó en contra de la credibilidad del ex uniformado.

El peso de los hechos

Sin embargo, el capitán Rodríguez insistiría y otros testimonios vendrían a avalar su exposición. A principios de julio de 2004 ratificaría sus dichos, comenzando por su historia personal: "Ingresé a la Escuela Militar en el año 1967, egresando como subteniente en el año 1972, sirviendo en diferentes unidades del país, entre las cuales puedo destacar el Regimiento de Artillería Motorizado N° 2 ‘Arica’, con guarnición en La Serena, Escuela Militar, Regimiento de Infantería N° 1 ‘Buin’, Cuartel general de la Segunda División, Regimiento de Infantería N° 4 ‘Rancagua’ con guarnición en la ciudad de Arica.

Hago presente que, luego de haber prestado servicios de refuerzo en el Regimiento Buin, entre los años 1974 y 1975, cumplí funciones como Oficial Instructor en la Escuela Militar, debiendo agregar que el año 1976 soy destinado al Regimiento Buin, donde pasé a cumplir funciones en la Sección II, Inteligencia, debiendo señalar que el año 1978 se recibe una orden de comando emitida por la Segunda División de Ejército, cuyo comandante a esa fecha era el general Enrique Morel Donoso. Dicha orden tenía como referencia la orden de la Comandancia en Jefe del Ejército y fue remitida a todas las guarniciones y divisiones del país". La orden impartida, que apuntaba a no repetir el "bochorno" de Lonquén, sería conocida como "Operación Retiro de Televisores".

En otra parte de su declaración, el oficial Rodríguez señala que "esta reunión –la que congregaba a los que habían participado en ejecuciones y entierros clandestinos- tuvo el carácter de general para estas personas, pero los comandantes de regimientos debían recibir la información en forma individual de los que la iban a proporcionar, así fue como sucedió en el Regimiento Buin y el comandante de la época, coronel Mario Navarrete Barriga, hoy general en retiro, recibió en su oficina privada al personal que debía entregar algún tipo de información, ya que a esa fecha existía un solo oficial que había estado en esos años. Esa información se mantuvo con el carácter de secreto, al igual que la calificación que tenía la orden emanada del escalón superior. Debo hacer presente que, en mi calidad de Oficial de Inteligencia de dotación en esos años de la Sección II del regimiento Buin, con el grado de teniente, recuerdo que entre los suboficiales que se presentaron ante el comandante para entregar la información que poseían, puedo mencionar a dos funcionarios que trabajaban bajo mi dependencia: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar, debiendo agregar que a la fecha desconozco qué otros suboficiales de dotación del Buin fueron los que se presentaron ante el comandante para entregar información.

Debo señalar que, en reuniones de coordinación entre oficiales de inteligencia con el comandante del destacamento especial de Inteligencia de la II División, se nos informó que la información remitida a la división y guarnición militar de Santiago tendría siempre el carácter de secreto, pero no obstante ya habiendo hecho un catastro de los lugares donde se encontraban cuerpos, estos iban a ser exhumados por personal del Regimiento de Ingenieros de Puente Alto con apoyo de personal del Comando de Aviación, para su desaparición. También trascendió en esas reuniones que algunos restos humanos iban a ser trasladados dentro del mismo campo militar de Peldehue, desde su fosa original a otros lugares.

Con respecto al cumplimiento de esta orden a nivel nacional, debo señalar que de lo ocurrido con cuerpos enterrados en unidades militares de provincia, debo suponer que el procedimiento fue el mismo al aplicado a Santiago, tanto para obtener información del personal, como para proceder a la ubicación y exhumación de los cuerpos".

En efecto, después de recopilada la información, usando como pretexto público el que se estaba negociando la venta de terrenos de Peldehue con la empresa Minera Andina, se dispuso que era primordial limpiar una franja de tierra que corría al sur del predio, que se le denominaba "Cajón de los Ratones". Por lo mismo, se hizo necesario el traslado de fosas hacia el norte de Peldehue, hacia el cerro Las Tórtolas. La remoción de cuerpos tuvo como fecha el 23 de diciembre de 1978, día en que un equipo de uniformados procedió a las exhumaciones usando una máquina retroexcavadora, para iniciar las siniestras labores, y luego se dieron a la tarea con picos y palas durante muchas horas. Quien guiaba la búsqueda y excavación era el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, uno de los que había participado en los ametrallamientos de 1973. La supervisión había quedado en manos del comandante Hernán Canales Varas.

Los cuerpos, mayoritariamente enteros gracias a la conservación proporcionada naturalmente por la tierra de la zona, fueron metidos de a uno en sacos de papas, trasladados al camión tipo Unimog y subidos a un helicóptero Puma del Ejército. El destino final de los ejecutados de La Moneda estaría mar adentro. Los traslados de fosas serían comprobados por la ministro Amanda Valdovinos, quien descubriera los restos de Juan Luis Rivera Matus, a quien la "Mesa de

Diálogo" había dado por lanzado al mar. Unos meses después vino una nueva sorpresa: en una gran fosa al interior del Fuerte Arteaga se encontraron más de 500 piezas óseas, entre fragmentos de cráneos, extremidades y dientes, que corresponderían a parte de los detenidos de La Moneda. Junto a los restos humanos había restos de granadas y balas. Todo indicaba que, tras ser fusilados a pocos días del golpe militar, los prisioneros habían sido arrojados a la fosa y hechos explotar.

Por todo Chile

Las últimas investigaciones realizadas en Cuesta Barriga por el ministro Héctor Carreño dieron como resultado el hallazgo de dientes y pequeñas vértebras, presumiblemente pertenecientes a parte de la dirección clandestina del PC secuestrada a fines de 1976. El hecho de que no pudiesen encontrarse huesos de mayor tamaño era prueba de que también aquí habían sido removidos los cadáveres.

Volvieron a tomar fuerza, después de años de silencio obligado, los testimonios de lugareños que aseguran haber visto camiones del Ejército trasladando cuerpos en 1987.

En Calama, la investigación del ministro Juan Guzmán permitió identificar restos de Carlos Berger y a Domingo Mamani. Los fragmentos encontrados evidencian remociones. En Pisagua existe la confirmación de que efectivamente hubo remociones de cuerpos y que fueron destruidos.

En Chihuío, las 18 personas que fueron ejecutadas y enterradas en octubre de 1973 serían removidas cinco años después, cuando una patrulla militar llegó al sector a desenterrar los cuerpos sin que hasta ahora se conozca su destino final. En 1990 el ministro en visita Nibaldo Segura se constituyó en el lugar y pudo establecer que efectivamente había restos óseos muy fragmentados que quedaron después de la remoción de restos, los que fueron enterrados simbólicamente en el cementerio de Valdivia.

En noviembre de 1979, el Vicario de la Solidaridad Ignacio Ortúzar le entregó al ministro Humberto Espejo, quien investigaba la detención de seis campesinos de Paine, antecedentes acerca de inhumaciones masivas e irregulares en el Patio 29 del Cementerio General, en 200 fosas con cadáveres identificados y N.N. Entre los cuerpos sepultados con identificación había varios detenidos de Paine que habían pasado por el Cerro Chena.

El tribunal constató la existencia de decenas de tumbas con más de un sepultado, así como la existencia de más de 100 con anotaciones de N.N. A fines de 1979, el ministro Espejo comunicó al director del Cementerio la prohibición de incinerar, exhumar o trasladar los restos de personas enterradas sin identificación. A principios de los 80, trabajadores del Cementerio informaron que se estaban llevando los cuerpos, finalmente sólo se pudo identificar a 78 personas de un total que podría haber llegado a más de 200.

Un ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), entrevistado por Qué Pasa bajo el alias de "don Eduardo", asegura que las exhumaciones ilegales continuaron hasta muy avanzado el régimen dictatorial. Así fue como en 1986, ante las presiones que ejercía la Iglesia Católica y el difícil panorama político que se enfrentaba, "como se tenía certeza de que había lugares con fosas con restos de detenidos desaparecidos en Peldehue", afirma, "se encomendó la tarea a unidades especializadas de inteligencia a objeto de que se produjeran exhumaciones con el apoyo reservado del Comando de Aviación del Ejército. Los trabajos se realizaron con rapidez y reserva, pero no estuvieron exentos de dificultades. El terreno era muy duro y pedregoso y, si bien los cuerpos estaban enterrados a poca profundidad -entre 50 centímetros y un metro bajo tierra-, fue necesario llevar maquinaria pesada desde el Comando de Ingenieros que quedaba en Santiago, para remover la tierra.

Este proceso duró cerca de un mes. A medida que avanzaban las remociones de cadáveres, se iban almacenando en bolsas de polietileno negro grueso y se ordenaban a un lado de la fosa, para luego cargarlas dentro de un helicóptero Puma, que despegaba hacia la costa ubicada entre Quintero y Valparaíso. La tripulación de la aeronave estaba compuesta por dos oficiales pilotos, dos suboficiales mecánicos y otro telecomunicador. Las bolsas con los cuerpos eran mezcladas con piedras para hacerlas más pesadas. Eran lanzadas al mar desde mediana altura, ya que se creía que al momento de caer se podía romper el polietileno y disgregar su contenido en el mar. Todo se hizo en el más absoluto secreto".

El suboficial Balboa Ortega

Ratificando los dichos de Pedro Rodríguez Bustos, aparece el testimonio de Juan Carlos Balboa Ortega, retirado como sargento primero del Ejército, quien señala que "en marzo de 1979 postulé y fui aceptado en un curso de auxiliar de inteligencia impartido por la Escuela de Inteligencia ubicada en Nos, egresando a fines de agosto de ese año. Al llegar a mi unidad, el Regimiento de Caballería Blindada N° 3, "Húsares de Angol", fui destinado a la Sección II de Inteligencia, siendo en esa época el comandante del regimiento el coronel Patricio Escudero

Troncoso. A fines de 1979 se recibió en la unidad un criptograma secreto con denominación A-1, que indica máxima urgencia, proveniente del Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, dirigido a todas las unidades militares del país. En resumen, este documento informaba que todos los comandantes de unidades serían responsables administrativamente de la aparición de cuerpos de ejecutados políticos en su jurisdicción, por lo cual ordenaba realizar todas las diligencias correspondientes para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar.

Este documento fue recibido, visado por el jefe de sección y entregado personalmente al coronel Patricio Escudero. Recuerdo claramente haber leído este criptograma y haberlo comentado con los otros integrantes de la sección, entre ellos los suboficiales Rebolledo, Cáceres y Castro. Los criptogramas clasificados A-1 pueden ser recibidos a cualquier hora del día y llegan a la sección

Telecomunicaciones del regimiento, que los entrega a la Sección II. El funcionario de esta Sección que los recibe tiene una hora de plazo para descifrarlos y entregarlos al comandante. Posteriormente, en el mes de marzo de cada año, se procede a su incineración junto con todos los documentos recibidos hasta el 31 de diciembre".

El suboficial Balboa señala que "en enero de 1980 me encontraba de vacaciones en un fundo cercano a Mulchén, donde tuve la oportunidad de saber que un grupo de personas de ese lugar había sido asesinado en un lugar que correspondía a la jurisdicción de mi regimiento. Al volver de mi feriado legal le comuniqué esta situación al comandante Escudero, quien me ordenó que fuera a buscar el criptograma que impartía instrucciones sobre este tema y que daba cuenta que

serían pasados a retiro los comandantes de regimientos en cuya jurisdicción se encontraran cuerpos de ejecutados políticos. Lo encontré y se lo pasé al comandante, quien llamó al comandante del regimiento de Los Angeles, haciéndole ver que había un problema de jurisdicción, ya que se conocían los antecedentes de ejecutados políticos por parte de personal de esa unidad militar. Por lo anterior, el comandante del regimiento de Los Angeles solicitó que me presentara de inmediato en su unidad.

En Los Angeles me reuní con el comandante del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada N° 17, que me contactó con el jefe de la Sección II de su unidad para organizar el viaje. Al día siguiente salimos en dos vehículos, una camioneta y un station wagon, sin identificaciones militares y de civil. Por el camino Curaco nos dirigimos hacia el sector El Amargo, donde el suboficial Paredes (ver recuadro), de dotación del Departamento II de la III División de Ejército de Concepción, conversó con un lugareño sobre los entierros en el sector.

El primer lugar que visitamos se encontraba en el sector El Amargo, a un costado del camino en la rivera norte del río Renaico. Como no correspondía a mi jurisdicción lo hice presente y unos ocho o nueve funcionarios cruzaron el río. Unas tres horas después regresaron cargando siete u ocho sacos paperos, cada uno con un cuerpo. Luego fuimos unos diez kilómetros al oriente, donde fueron desenterrados otros cuatro cuerpos y subidos a la camioneta, al igual que los

primeros. El grupo de Los Angeles estaba bajo las órdenes del teniente jefe de la Sección II, pese a lo cual el mando operativo lo tenía el suboficial Paredes de Concepción, quien dirigía los trabajos mientras el oficial daba su aprobación".

Sobre el mismo tema, el ex director de la CNI Odlanier Mena Salinas asumió públicamente, a fines del 2000, que "el hallazgo de cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía la razón para ir a la guerra y que apoyara a sus Fuerzas Armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos ‘lonquenes’ el frente interno se iba a dañar. Por esto los comandantes en jefe resolvieron que las unidades, no CNI, hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubiera en cada zona".

Mena intenta descartar la participación de la CNI, pero todos los indicios apuntan a que trabajaron en conjunto con las secciones de inteligencia del Ejército para evitar "nuevos lonquenes" y, de este modo, mantener "la cohesión del frente interno". De esta forma, la única solución era obedecer la orden de Pinochet y "retirar los televisores".

Prácticas nazis

En Auschwitz se llegó a un promedio de 24.000 asesinatos diarios usando el método de las cámaras colectivas de gas para luego aplicar la incineración, en crematorios científicamente planificados, como forma de asegurar la eliminación de los cadáveres. Existían 46 nichos de horno, cada uno con capacidad para entre tres y cinco personas. La incineración duraba media hora y, para la limpieza, se ocupaba una hora diaria. Cuando estos hornos no daban abasto, en agosto de 1944, se cavaron seis enormes fosas y se reabrieron algunas anteriores hechas en el

bosque contiguo. Las fosas tenían canalizaciones en un lado para recoger la grasa humana hirviendo, que serviría para mantener su funcionamiento junto con la aplicación de aceite y alcohol, pues se necesitaba un fuego fuerte y permanente.

Después de encender los hornos con coque al empezar el día hasta que alcanzaban la temperatura adecuada, apenas requerían un poco más de combustible para funcionar.

El suboficial Juan Carlos Balboa señala en parte de su testimonio respecto al destino final de los cuerpos exhumados que ignora lo sucedido "no obstante, recuerdo que el suboficial Paredes comentó que había realizado un curso de inteligencia en Alemania, donde había aprendido a incinerar cadáveres, incluso dijo que había que tener una parrilla grande, poner los cuerpos encima e iniciar el fuego con leña y petróleo, combustible que debía seguir poniéndose en el fuego cada cierto tiempo hasta conseguir que se convirtieran en cenizas completamente".

El Departamento II de Inteligencia del Regimiento Los Angeles contaba con un horno de ladrillos con chimenea. Allí fueron lanzados los cuerpos de una docena de ejecutados de la zona.

Los que saben del "destino final"

En la Escuela de Artillería de Linares, al momento de las exhumaciones ilegales se encontraba al mando el teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, quien desde 1985 a 1988 sería el último rector designado de la Universidad de Santiago (USACH).  Gualda dio al capitán Mario Gianotti Hidalgo la orden de formar un equipo de desenterradores, según él luego de recibir la información del "retiro de televisores" por parte de su segundo, el subdirector Ricardo Gaete Villaseñor. Uno de los integrantes del especial equipo era el teniente Hernán Véjar Sinning.

Los autores de la desaparición de seis prisioneros en Linares, procesados por el ministro Alejandro Solís, son el ex vicecomandante en jefe del Ejército Jorge Zincke Quiroz; el ex director de la Escuela de Artillería de Linares y ex comandante de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Carlos Morales Retamal; el general (R) y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, Humberto Julio; y los coroneles en retiro Juan Morales y Félix Cabezas.

Por este caso fue citado a declarar el ex director de Investigaciones, Nelson Mery, quien después de septiembre de 1973 fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, en calidad de oficial de enlace con el entonces director de la unidad, coronel Gabriel del Río.

En el caso de los desentierros de Peldehue, el ministro Juan Carlos Urrutia mantiene procesados a cinco uniformados, entre quienes destaca el comandante del Regimiento Tacna en 1978, coronel Hernán Ricardo Canales Varas. Los otros implicados son el jefe de inteligencia de la época Luis Antonio Fuenzalida Rojas, y los suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez y Darío Gutiérrez de la Torre. Anteriormente, el mismo juez había procesado, como autores del secuestro de 12 prisioneros de La Moneda, a otros nueve uniformados, entre los

que figuran el general Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Pedro Espinoza Bravo, quien habría supervisado el ametrallamiento y la sepultación clandestina de los ejecutados.

 

Canales Varas, en tanto, es quien aparece comandando la operación de exhumación y retiro de los cuerpos que eran ensacados y subidos a un camión Unimog, para luego llevarlos hasta el helicóptero que los conduciría a su "destino final". Los "favoritos" de Pinochet para pilotear estos helicópteros eran los mismos que participaron en la Caravana de la Muerte: Antonio Palomo Contreras, Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco.

En el caso de Pisagua, los mismos que están procesados por los secuestros y ejecuciones deben tener información de lo ocurrido con algunos de los cuerpos que aún no son encontrados. Entre ellos aparece el suegro del actual Comandante en Jefe del Ejército, el ex vicecomandante Carlos Forestier, junto a Pedro Espinoza Bravo y el suboficial Miguel Aguirre

 

Por Julio Oliva García

La operación “Retiro de Televisores” fue la solución que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile tras el golpe de Estado.

Esta cruel decisión fue tomada por él y la Junta Militar tras el descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes de Isla de Maipo, en los hornos de Lonquén. Era el penúltimo día de noviembre de 1978, cuando el horror emergió de unos hornos de cal abandonados en la localidad de Lonquén, a pocos kilómetros de Santiago. La denuncia había llegado a la Vicaría de la Solidaridad de boca de un campesino que hurgaba la tierra buscando a un hijo detenido desaparecido. Primero fue un secreto sólo conocido por el Cardenal Silva Enríquez, el Vicario de la Solidaridad Cristián Precht y un grupo reducido de colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad, luego una cruda realidad sobre el destino que habían tenido 15 personas detenidas que se encontraban desaparecidas hasta ese momento.

La noticia de este hallazgo inquietó a Pinochet, no figuraba en su agenda. Él tenía claro que los desaparecidos no se habían escapado del país, que no andaban por el mundo desprestigiando a la dictadura militar. Sabía que tras cada detenido desaparecido estaba su mano, así que llamó a una reunión de emergencia a la Junta Militar para buscar una solución rápida y prevenir posibles descubrimientos casuales de inhumaciones a lo largo del país. Era un verano caliente para la dictadura. El descubrimiento de cuerpos inhumados en forma clandestina y su rápida difusión en la prensa internacional, se sumaba a las fuertes presiones del gobierno norteamericano para extraditar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza por el atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier, debilitando aún más su posición en el plano internacional en momentos que enfrentaba una grave crisis limítrofe con Argentina.

Ese año, las presiones de la Casa Blanca por el atentado en Washington habían obligado a Pinochet a tomar la decisión de terminar con la DINA, pero no podía quedarse sin un servicio de inteligencia que respondiera a sus intereses. Así, el 12 de agosto, promulgó dos decretos con Fuerza de Ley: el 1876 que terminaba con la DINA y el 1878 que creaba la Central Nacional de Informaciones. Para que todo estuviera en regla asciende a general de la República a Manuel Contreras, completando los requisitos que exigía el cargo de director de la naciente CNI.

Las presiones norteamericanas siguieron, al igual que las investigaciones, por lo cual Pinochet decide retirar a su leal servidor y buscar a un general que le diera garantías a él y a los norteamericanos. El elegido fue el general en retiro Odlanier Mena. Odlanier Mena era un hombre de la Inteligencia Militar, que se había ido a retiro tras intensas peleas con el director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda. Pinochet, para tranquilizarlo, le había dado el cargo de embajador en Uruguay, plaza no despreciable para un general en retiro, puesto que estaba cerca de casa y no había conflictos, ni sobresalto con la dictadura cívico–militar de José María Bordaberry, aliada de la dictadura militar chilena.

El 3 de noviembre de 1977, Contreras es llamado a retiro y reemplazado por el general Odlanier Mena. No fue fácil el cambio. Contreras había acumulado mucho poder y ascendiente sobre su gente, que gracias a la impunidad reinante se habían ganado la fama de inescrupulosos entre sus pares. Mena estuvo reticente cuando lo solicitaron para el cargo y se lo expresó a Pinochet.

El argumento más contundente fue que no podía asumirlo por ser un general en retiro y la ley creada decía expresamente que su director debía ser un general en servicio activo. Pinochet, demostrando su poder, le respondió que no había problemas, que dispondría inmediatamente un cambio donde se dijera que el director podría ser un general en servicio activo o en retiro. En eso estaba en diciembre de 1978, cuando concurrió a la oficina de Pinochet para que le firmara varios documentos. A la entrada se encontró frente a frente con el general Mendoza que salía muy perturbado de la oficina. No alcanzaron a saludarse, sólo escuchó “Odlanier, estamos discutiendo sobre el hallazgo de Lonquén y la enorme conmoción pública que este hecho produjo en el país. Me han ordenado que presente un informe detallado porque esta situación yo mismo la desconocía”.

Sorprendido, entreabrió la puerta y vio que estaban el almirante Merino, el general Leigh y Pinochet discutiendo. En ese momento, un edecán lo hizo pasar. Lo saludaron sin tomar demasiado en cuenta su presencia y siguieron realizando comentarios, analizando posibles escenarios y buscando la forma de encubrir los crímenes. Mena escuchaba atento en una esquina de la mesa. En algún momento surgió la idea de disponer de las instituciones para realizar “la búsqueda de cementerios clandestinos a lo largo del país” con el fin de borrar toda huella del actuar criminal. La idea encerraba una visión aterradora, era un doble crimen: tras la muerte, la desaparición.

La Operación

A pesar de la detallada descripción que Mena hace de esa reunión a la justicia, respondió no tener más antecedentes sobre el destino que tuvo la idea de la búsqueda de “cementerios clandestinos”. Fue el ministro Juan Guzmán quien logró esclarecer el curso que tuvo esa reunión y como se había ordenado la remoción de fosas a través de la “Operación Retiro de Televisores”.

El año 2004, el juez Guzmán y el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones recibieron el testimonio de un suboficial de Inteligencia que señalaba haber recibido un criptograma categoría A–1 –nomenclatura que determina el nivel de urgencia y secreto de la misión– mientras estaba en el Regimiento Húsares de Angol, el año 1979. El relato sin pausa detallaba datos y situaciones que hablaban del contexto de la época y comenzaba a dar cuerpo a una serie de vacíos que habían quedado tras la apertura de fosas en Liquiñe y otros puntos del país.

Según su declaración, por la categoría del criptograma había corrido a la máquina decodificadora para descifrarlo. Cuando lo pudo leer, al ver que provenía del propio general Pinochet, lo llevó en forma inmediata a la oficina del comandante del regimiento. Fue tanta su impresión que no olvidó su texto y como si recién lo leyera le dijo al Juez que, “ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”.

El texto del criptograma agregaba que, si se encontraba algún cuerpo tras esa operación de limpieza en la zona, pasarían a retiro los oficiales a cargo de la misión.

Masacre de Mulchén

La orden comenzó a ejecutarse en el Regimiento Húsares, pero su comandante recordó que la matanza de 18 campesinos cerca de las Ternas de Pemehue no estaba en su jurisdicción y llamó al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada Nº17 de Los Ángeles para comunicarles la orden que habían recibido. Al día siguiente llegaron hasta el Regimiento de Infantería de Montaña Nº1 tres suboficiales del Departamento II de la III División de Ejército, con asiento en Concepción. Todos habían pasado por cursos en la Escuela de las Américas y tenían especialidades en guerra contrainsurgente.

Organizaron un equipo de ocho personas conformada por oficiales y suboficiales que se dirigieron a la zona de las Termas de Pemehue. Iban en dos vehículos, premunidos de picotas, palas, chuzos y unas bolsas negras. Previamente habían establecido un contacto con el pariente de un militar para que los guiara al lugar donde debían estar los cuerpos. La tarea fue fácil, la tierra húmeda les permitió llegar a los cuerpos, que estaban a sólo 50 centímetros de profundidad.

Algunos conservaban los restos de sus humildes ropas, que se fueron destrozando a medida que eran sacados, dejando pequeñas huellas del crimen en los trozos de telas y botones que quedaron en la tierra. En total fueron exhumados 12 cuerpos. Las bolsas fueron subidas a los vehículos y se enfilaron rumbo a Concepción. El lugar escogido para poner fin a la tarea fue un horno de ladrillo del Departamento II. Uno a uno fueron lanzando los cuerpos para ser calcinados, al igual que lo habían hecho los nazis durante la II Guerra Mundial.

Entre los relatos está la referencia a un oficial que les comentó, mientras excavaban la tierra en busca de los cuerpos, que había aprendido a incinerar cadáveres en un curso que había realizado en Alemania. Les dio escabrosos detalles, como que se debía preparar una parrilla grande para depositar los cuerpos y prender bajo ella abundante leña, agregando en forma permanente petróleo. Aconsejándoles que había que quemarlos hasta que se convirtieran en cenizas.

La masacre de Mulchén ocurrió entre el 5, 6 y 7 octubre de 1973 en los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Al atardecer del 5 de octubre de 1973 llegó la patrulla hasta el fundo Los Morros. Traían una lista con nombres de campesinos. Los llamaron a viva voz y se fueron entregando sin emitir queja: Juan de Dios Laubra Brevis, 26 años; Domingo Antonio Sepúlveda Castillo, 29 años; José Edmundo Vidal Aedo, 20 años; Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, 26 años, y José Florencio Yáñez Durán, 34 años. Todos fueron amarrados con alambres, golpeados, torturados y llevados hasta la orilla del río Renaico para ser ejecutados. Al día siguiente subieron hasta el fundo Carmen y Maitenes buscando a 8 campesinos: Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 20 años; Daniel Alfonso Albornoz González, 28 años; Alejandro Albornoz González, 48 años; José Guillermo Albornoz González, 32 años; Luis Alberto Godoy Sandoval, 23 años; Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, 25 años; José Liborio Rubilar Gutiérrez, 28 años, y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, 33 años.

Todos fueron trasladados hasta la casa patronal. Ahí fueron sometidos a violentos golpes, hasta que entre burlas y risas el teniente Concha Maturana los hizo jugar al circo romano, donde se golpearían unos a otros y los perdedores caerían bajo las balas. Siete fueron ejecutados fríamente, haciéndoles cavar su propia tumba y obligándolos a recostarse boca abajo en su interior para dispararles por la espalda.

El único que no fue ejecutado ese día fue José Guillermo Albornoz González, a quien ataron a un coloso. La última parada fue en el fundo Pemehue. Ahí sacaron de sus casa a Felidor Exequiel Albornoz González, 33 años; Alberto Albornoz González, 41 años, José Fernando Gutiérrez Ascencio, 25 años; Jerónimo Humberto Sandoval Medina, 22 años, y Juan de Dios Roa Riquelme, 35 años. Aquí repitieron el mismo sadismo que habían desplegado en el fundo Carmen y Maitenes. A la mañana siguiente, el sargento del Ejército Luis Díaz Quintana se dio cuenta de que José Guillermo Albornoz González aún estaba amarrado al coloso. Se acercó y vio que estaba con vida, a pesar de las heridas sangrantes, la mandíbula fracturada, sin haber comido en dos días, tumefacto por el agua nieve caída y sin agua.

Junto al carabinero Jacobo del Carmen Ortiz Palma lo llevaron hasta las orillas del río Renaico y lo asesinaron. Como en todas las matanzas ocurridas en las zonas campesinas, el terror se apoderó de la comunidad, se impuso la ley del más fuerte y los familiares de las víctimas quedaron expuestos a la arbitrariedad. Algunos alcanzaron a dar sepultura a sus muertos, otros no se atrevieron a buscar los cuerpos por temor. Impedidos por el temor que inspiraban los dueños de los fundos, no se atrevieron a rescatar los cuerpos, ni pensaron que la maldad llegaría hasta la eliminación de cualquier vestigio de la vida de sus familiares.

Los responsables de estos atroces crímenes son el teniente de carabineros de Mulchén, Jorge Maturana Concha, los carabineros Osvaldo Díaz Díaz, alias “Alicate”, y Héctor Guzmán Saldaña. Junto a ellos participaron varios civiles, entre los que se encuentran Romualdo Guzmán Saavedra, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Aquiles Guzmán Fritz, Carlos Lehman y un sargento del Regimiento de Montaña Reforzada Nº 17.

Regimiento Buin

Al igual que en el Regimiento Húsares de Angol, en diciembre de 1978, el Departamento II del Regimiento Buin recibió un mensaje encriptado desde la Comandancia en Jefe.

Más de 20 años después, el teniente Pedro Andrés Rodríguez Bustos declaraba ante el juez Juan Guzmán que el mensaje venía firmado por Augusto Pinochet y tenía órdenes precisas “de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debería tratar de obtener de ese personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clandestinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres.

” Más tarde ratificaría sus dichos, señalando que la orden provenía de la Segunda División de Ejército, a cargo del general Enrique Morel Donoso, y que fue remitida a todas las guarniciones del país. Detalló la forma en que se realizó la entrega de información, por parte de quienes sabían de las inhumaciones de ejecutados políticos, e hizo énfasis en el carácter secreto que tuvo todo el proceso, mencionando a dos oficiales que se presentaron a entregar información ante el comandante Mario Navarrete Barriga: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar.

A pesar de lo concluyente de su declaración, fue desestimada en su momento por considerarla que podía ser una operación de inteligencia. Sólo el 2004 se concluiría que la “Operación Retiro de Televisores” fue una decisión pensada y decidida a los más altos niveles con el fin de ocultar las matanzas tras el golpe de Estado de 1973.

Fuerte Arteaga

El año 1999, mientras Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei convocó a diferentes sectores a participar de una Mesa de Diálogo que permitiera recabar información sobre el destino de las víctimas del régimen militar que se encontraban como detenidas desaparecidas. En ella participaron abogados de derechos humanos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, representantes de las diferentes religiones existentes en el país, académicos y representantes de gobierno.

Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos se negaron a participar por considerar que esta instancia era un salvavidas a Augusto Pinochet. El trabajo terminó el 13 de junio de 2000, con la entrega del documento de los acuerdos alcanzados al Presidente Ricardo Lagos. En él se reconocía las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar por todos quienes participaron en la Mesa, se establecía un rechazo absoluto al uso de la violencia como método de acción política y un compromiso como sociedad para generar las condiciones que condujeran a la reconciliación, facilitando, de ese modo, la entrega de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

En enero de 2001, las Fuerzas Armadas entregaron un informe que daba datos sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ríos o alta cordillera. De ellos, 180 figuraban con nombres, apellidos y la fecha de su muerte.

Al Presidente Lagos se le entregó un informe que contenía 45 casos de detenidos desaparecidos cuyos datos contenían coordenadas y mapas de su ubicación, lo que hacía presumir que esos restos serían encontrados rápidamente. Esta compleja situación causó conmoción pública, puesto que era reconocimiento de la existencia de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos al interior de las Fuerzas Armadas; a eso se sumaba la ansiedad de muchos familiares que esperaban tener respuesta sobre sus seres queridos. Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, decidió nombrar ministros en visita para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos.

 En este marco se designó a la jueza Amanda Valdovinos para que investigara la información sobre la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga y zonas aledañas al predio que rodea a este recinto militar. Los relatos surgidos hablaban de exhumaciones y traslados de restos a las laderas de la cadena de cerros El Talhuenal. Ahí la ministra centró su trabajo de investigación, junto a un equipo de antropólogos forenses. Las informaciones que mencionaban de manera recurrente el “rincón de los finados” para referirse a una determinada zona del recinto militar, donde se habían enterrado restos sacados de otros lugares, la llevó a determinar que no todos los restos exhumados se habían lanzado al mar y así lo informaba a la Corte Suprema.

En marzo de ese mismo año, las investigaciones en los terrenos del Fuerte Arteaga de Peldehue dieron resultado. En la Quebrada de los Ratones fueron encontrados los restos de Luis Rivera Matus, dirigente sindical comunista detenido a la salida del edificio de Chilectra el 6 de noviembre de 1975, por hombres de civil que pertenecían al Comando Conjunto Antisubversivo. Su nombre aparecía en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzado al mar frente a las costas de la zona central. Esto significó un nuevo descrédito de las Fuerzas Armadas, se las señalaba de entregar una lista cargada de inexactitudes, provocando nuevas heridas entre los familiares de detenidos desaparecidos.

Los hallazgos de la ministra dieron origen a más información que terminó con los procesamientos de los generales (r) de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, el mayor (r) de Ejército Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) del DINE –Dirección de Inteligencia del Ejército– Sergio López Díaz. El año 2004, el Ministro de la Corte de Apelaciones con dedicación especial para casos de derechos humanos Joaquín Billard condenó a 600 días de presidio al general (r) Freddy Ruiz Bunger y a Carlos Madrid Hayden, como encubridores de secuestro calificado en la persona de Luis Rivera Matus. Al mayor (r) de Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, y al oficial (r) de Inteligencia del Ejército, Sergio López Díaz, los condenó a 10 años de presidio como autores del secuestro calificado de Luis Rivera Matus. Tres años después, la Corte Suprema rebajó las penas dejando sólo con cumplimiento de condena efectiva a Álvaro Corbalán Castilla.

La Moneda

Cuatro meses después de iniciada la búsqueda en el Fuerte Arteaga, las investigaciones comenzaron a dejar en evidencia lo que había sucedido más de veinticinco años antes con los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Se excavó una gran fosa en el área norte de la zona de campaña y se recuperaron más de 500 piezas óseas, que correspondían a fragmentos de extremidades, dientes, trozos de cráneo y otras partes de cuerpos humanos, además de material de guerra y pedazos de vestimentas. En estos restos estaba el último trozo de historia de 12 de los 20 detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. La jueza Valdovinos emitió un concluyente informe a la Corte Suprema.

En él se hablaba de la violencia e irracionalidad que había dominado en estas muertes. Indicaba, que al observar los restos encontrados en el área de la fosa se podía “concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos”, por las incrustaciones de restos óseos que habían quedado en las paredes del pozo. También se refería a las huellas de maquinaria pesada en la exhumación de cuerpos.

El junio de 2002, la Corte Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas por violaciones a los derechos humanos y nombró a cargo del caso Fuerte Arteaga al juez Juan Carlos Urrutia, del Quinto Juzgado del Crimen. A partir de los fragmentos óseos se inició la investigación por exhumación ilegal. Uno de los testigos fundamentales en esta investigación fue el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, quien participó en las ejecuciones de los detenidos de La Moneda y cinco años más tarde guió la búsqueda en las excavaciones para exhumar los restos, en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”.

 Ese 23 de diciembre de 1978, la supervisión de las faenas estuvo a cargo del comandante del Regimiento Tacna Hernán Canales Varas. De acuerdo a los relatos, eran cerca de las 10:00 horas cuando Eliseo Cornejo marcó el lugar exacto donde se habían enterrado los detenidos el 13 de septiembre de 1973.

Una pala mecánica comenzó a cavar el pozo seco hasta llegar a los seis metros de profundidad, ahí apareció una barra de fierro que Cornejo de inmediato identificó. La pala comenzó a trabajar lentamente hasta que apareció el primer cuerpo. Los cuerpos estaban casi intactos, gracias a la tierra arcillosa que impidió la penetración de oxígeno y el consiguiente proceso de descomposición orgánico. Los cuerpos fueron sacados en forma manual para que no se desarmaran, a pesar de ello, pequeños fragmentos fueron quedando en la tierra, como negándose a desaparecer del todo. Luego sacaron los restos y los subieron a un camión Unimog.

En total fueron 12 sacos y todos fueron transportados hasta unos estacionamientos frente a la carretera San Martín. Cerca de las 22:00 horas llegó el helicóptero del Comando de Aviación del Ejército, a cargo del entonces coronel Fernando Darrigrandi. Estaba piloteado por Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Antonio Palomo Contreras, el mismo trío que llevó al helicóptero Puma en la Caravana de la Muerte. El aparato se posó cerca de donde estaban los sacos, rápidamente fueron subidos y el helicóptero partió. Al igual que en los casos anteriores, la “Operación Retiro de Televisores” se había concretado silenciosa y oportunamente. Se cumplía la orden del Comandante en Jefe del Ejército.

Era la concreción de un crimen para ocultar otro, que se había iniciado el día 12 de septiembre de 1973, con la llegada de Pedro Espinoza al Regimiento Tacna. El oficial de Inteligencia llevaba un sobre que contenía órdenes precisas de la Comandancia en Jefe del Ejército al comandante del Regimiento Tacna, Luis Ramírez Pineda. En ellas se sentenciaba a muerte a las personas detenidas en La Moneda y se disponía que se los trasladara hasta Peldehue para dar cumplimiento a la orden. Ramírez Pineda había dado órdenes de aplicar el máximo de brutalidad contra los detenidos que llegaron esa tarde del 11 de septiembre. En esos hombres amarrados y exhaustos depositaba todo su odio contra los marxistas.

Eran 49 detenidos, al día siguiente se ordenó liberar a 17 funcionarios de Investigaciones y a otros los separaron, dejando reducido a 21 personas el grupo de La Moneda. El día 13, a primera hora, se estacionó un camión frente a las barracas donde estaban los prisioneros. Lista en mano los fueron sacando de las caballerizas, los amarraron con alambres y con violencia los lanzaron al camión. Entre los 21 estaban Jaime Barrios Meza, Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Enrique Paris Roa, Eduardo Paredes Barrientos, Julio Moreno Pulgar, Héctor Pincheira Núñez, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras, Luis Rodríguez Riquelme, José Freire Medina y Luis Avilés Jofré, quien había llegado al Palacio de La Moneda a apoyar al gobierno.

El camión se enfiló hacia el norte, custodiado por vehículos militares y seguidos por la atenta mirada del, entonces, coronel Pedro Espinoza Bravo, que viajaba en uno de los vehículos de la columna. Espinoza era un alto oficial de Inteligencia del ejército, cuyo rol en la represión post golpe fue determinante. Él se encargó de supervisar las principales operaciones de exterminio cometidas a lo largo del país, por orden del Estado Mayor de la Inteligencia. A la llegada se dirigieron inmediatamente hasta un pozo seco que estaba junto a una construcción. Ahí montaron una ametralladora que era manejada por el teniente Jorge Herrera López y comenzaron a bajar a los detenidos, llamándolos por sus nombres.

Sin queja y mirando de frente enfrentaron la muerte parados en el borde del pozo los 21 hombres. Enfrentaron solos los sonidos sordos de las balas que retumbaron en la soledad de los cerros. Cuando cayó el último detenido, se dio la orden de tirar granadas para que las paredes del pozo cayeran, cubriendo así el crimen.

El proceso

La Causa ha tenido un largo tránsito en la justicia. Desde que la jueza Amanda Valdovinos inició la investigación sobre inhumaciones ilegales, hasta el presente, la investigación ha estado en las manos del juez del Quinto Juzgado del Crimen, Juan Carlos Urrutia; el Ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid Crohare; el Ministro Especial para causas de derechos humanos Juan Fuentes Belmar y actualmente se encuentra en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones Miguel Vásquez Plaza.

De las 21 víctimas, sólo se ha logrado identificar a 11 detenidos desaparecidos a través del trabajo de identificación de restos y a los análisis genéticos realizados por el Laboratorio de la University of North Texas, Estados Unidos, los que incluyeron peritajes a las muestras óseas de las víctimas y pruebas comparativas a las muestras sanguíneas donadas por las familias.

Actualmente se encuentran procesados el general(r) Luis Ramírez Pineda como autor de homicidio calificado de 11 personas detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y trasladados al Regimiento Tacna, donde era comandante.

También se tramita en la justicia argentina la ampliación de la extradición, porque inicialmente fue solicitada por los cargos de secuestro calificado de 11 personas y en la actualidad se encuentra procesado por homicidio calificado y al cambiar la figura legal, se requiere solicitar al país que da la extradición un cambio de ella. La resolución afectaba a otros ocho miembros en retiro del Ejército confesos de haber participado en los secuestros de Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

Los ocho procesados como autores del delito de secuestro calificado eran el coronel(r) de Ejército Servando Maureira Roa, el mayor(r) de Ejército Jorge Iván Herrera López, el Brigadier (r) de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, los suboficiales(r) de Ejército Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Jorge Ismael Gamboa Álvarez, Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Bernardo Eusebio Soto Segura.

Escuela de Artillería de Linares

El mismo documento con carácter secreto que recorrió los cuarteles a comienzo de 1979 llegó a la Escuela de Artillería de Linares. Sin dudarlo, el director de la Escuela de Artillería de Linares, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó formar un equipo especial para desenterrar los cuerpos y dejó encargado de esta misión al capitán Mario Gianotti Hidalgo. Este eligió a dos oficiales, entre los que se encontraba el teniente Hernán Véjar Sinning, y dos suboficiales para cumplir la misión. A ellos se sumó un suboficial de Inteligencia de la III División de Ejército que había llegado junto a otros dos miembros de esa repartición a supervisar que se cumpliera la orden.

Premunidos de palas y picotas cavaron en distintos lugares al interior del Regimiento, finalmente, encontrando dos cuerpos que estaban sin ropas. Luego de meterlos en bolsas los dejaron a buen recaudo al interior del Regimiento, y partieron a la ciudad de Constitución a buscar un entierro clandestino que se encontraba en una cueva de la desembocadura del río Maule.

Las permanentes subidas del río y las mareas habían cambiado un poco la fisonomía del terreno, por lo que les costó dar con el lugar exacto. Finalmente encontraron tres cráneos, concluyendo que era el lugar que buscaban. Los desenterraron, los pusieron en bolsas y volvieron a la Escuela de Artillería. Con la primera etapa de la misión cumplida, fueron a buscar un tambor metálico, le pusieron petróleo, luego metieron los cinco cuerpos, volvieron a regarlos con petróleo y les prendieron fuego. Los restos de cinco detenidos desaparecidos quedaron convertidos en cenizas y se concretaría el doble crimen.

En abril de 2003 el ministro Alejandro Solís había iniciado las investigaciones en la zona del Polígono General Bari, que de acuerdo a los datos entregados por un ex conscripto había existido una fosa común con los cuerpos de los detenidos desaparecidos de la zona. Las diligencias no dieron resultado y sólo se encontraron algunas huellas de posibles entierros en el lugar. En 2008 el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, dictó sentencia y fijó condenas de 15 años y un día para cinco inculpados, y 10 años y un día para un sexto inculpado por las desapariciones de María Isabel Beltrán Sánchez, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Róbinson Mella Flores, Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, José Alfonso Saavedra Betancourt y Jorge Bernabé Yáñez Olave, detenidos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El 27 de abril de 2011 la Corte Suprema rebajó las penas dictadas por el ministro Solís, absolviendo al general(r) Gabriel del Río Espinoza, condenado por la desaparición de cinco personas, y condenando a cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada al coronel(r) del Ejército, Juan Hernán Morales Salgado, y al teniente coronel de Ejército, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, por la desaparición de María Isabel Beltrán, José Gabriel Campos, Anselmo Antonio Cancino y Alejandro Róbinson Mella. A cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada fueron sentenciados el suboficial(r) de Ejército, Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel(r) de Ejército, Antonio Cabezas Salazar, por tres secuestros calificados. El general(r) Humberto Lautaro Julio Reyes, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura militar, fue condenado a tres años de prisión con beneficio de la remisión condicional, quedando en libertad vigilada.

Esta era una de las pruebas más contundentes que se tenía para demostrar que Pinochet conocía las atrocidades ocurridas durante su mandato. Nadie crea un mecanismo tan perverso para ocultar crímenes si no está directamente implicado.

Chihuío

El 9 de octubre de 1973, los lugareños de Chihuío pensaban que lo peor del periodo había pasado. Habían corrido como reguero las detenciones de trabajadores en Neltume y la violencia que carabineros de Llifén había desatado entre los campesinos de Chabranco, Arquilme y Curriñe.

Ese día partió una patrulla en siete vehículos y conformada por 90 militares bien armados y pertrechados a la zona precordillerana, donde sólo vivían trabajadores pobres de la Empresa Maderera Panguipulli. Eran del Regimiento de Caballería Blindada Nº 2 Cazadores de Valdivia, comandado por el general (r) Santiago Sinclair, quien posteriormente fue miembro de la Junta Militar y senador designado al inicio de la transición a la democracia.

A cargo estaba el comandante de escuadrón Luis Osorio Gardasanich, los oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodríguez Olivares y Luis Rodríguez Rogorrichi. A cargo de la unidad especial estaba el teniente Cristián Labbé Galilea. La patrulla recorrió los poblados y caseríos de la zona, leyeron nóminas con nombres y procedieron a detenerlos. En este periplo de muerte participó activa y entusiasta el dueño del fundo Chihuío, Américo González Torres.

Sin ninguna vergüenza, pidieron a los lugareños alambres y yuntas de bueyes pasa arrastrar a los vehículos que se habían quedado pegados en el barro. En la oficina de administración de Curriñe, del Complejo Maderero Panguipulli, torturaron a algunos detenidos, mientras una patrulla subía a detener trabajadores al aserradero Folilco. Su última parada fue en Chabranco, allí detuvieron a los últimos trabajadores.

Con su carga partieron hasta la casa patronal del fundo Chihuío, donde se ensañaron con los trabajadores. Según un testimonio recibido por la Comisión Rettig, a simple vista no había impactos de balas, sino muestras de cortes, degüellos, cercenamiento de miembros, y otras huellas de tormentos imposibles de describir.

A la mañana siguiente, un lugareño vio que había unos cuerpos tapados con ramas y troncos, reconociendo a algunas de las víctimas como trabajadores de la zona. Los cadáveres permanecieron cerca de 15 días al aire libre y luego fueron enterrados. Eran 17 trabajadores de la zona: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada y el menor de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, que al ayudar a sacar un vehículo militar del barro vio que su padre iba entre los detenidos, preguntando a los militares a dónde lo llevaban. Ellos le respondieron que si quería ir con su padre subiera al vehículo y así lo hizo.

A fines de 1978, un operativo militar volvió a Chihuío y desenterró los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar. La fosa con los restos óseos del desentierro fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de familiares y amigos de detenidos desaparecidos.

Los primeros días de julio de 2011, el director del Instituto Médico Legal, Patricio Bustos, dio a conocer los nombres de las primeras cinco personas identificadas, Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, 46 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, 42 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Daniel Méndez Méndez, 42 años, obrero agrícola y dirigente campesino; Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, años, jefe de fábrica y militante del Partido Socialista; y Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, 28 años, obrero maderero. El 15 de julio la directora del Servicio Médico Legal de Valdivia, Patricia Benhe, entregó los pocos restos óseos a las familias para que les dieran sepultura.

Las identificaciones se realizaron con los fragmentos encontrados en la fosa clandestina, donde fueron arrojados los cuerpos y después removidos para arrojarlos al mar, en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”.

En enero de 2011 la Corte Suprema condenó a 10 años y un día al coronel (r) del Ejército Luis Osorio Gardasanich, como autor del delito de homicidio calificado de 17 personas, entre ellos un menor de edad. El oficial (r) de Carabineros Luis Eduardo Osses Chavarría fue condenado a 3 años y un día de prisión, por su calidad de cómplice de 4 secuestros. El civil Bruno Esteban Obando Cárdenas fue absuelto por no tener participación en los hechos.

El general Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, resultó absuelto. En tanto el coronel (r) Jerónimo Pantoja Henríquez, murió antes de la sentencia de la Corte Suprema. Los 17 trabajadores pertenecían al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli. En su mayoría eran creyentes evangélicos que se habían organizado para participar en la construcción de una vida más justa.

Cuesta Barriga

Enrique Erasmo Sandoval Arancibia era un teniente de ejército cuando fue llamado a la DINA en 1976. Si bien no cuenta mucho sobre su papel en el organismo represivo ese año, deja entrever su paso por la Escuela de Inteligencia en Rinconada de Maipú que sirvió para instruir a agentes argentinos, uruguayos y chilenos. También dice haber sido parte de la seguridad de la VI Asamblea de la OEA realizada en Santiago, a la que asistió Henry Kissinger.

Desordenadamente, cuenta que a fines de 1976 pasó a formar parte de la Brigada Caupolicán que estaba al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, asignado a la agrupación Cóndor. Asegura no recordar nombres, tampoco la actividad que desarrolló, sólo recuerda que hablaba mucho con el ex mirista que colaboraba con la DINA, de nombre “Joel”, Emilio Iribarren. Pero el “Pete el Negro”, como era conocido en la DINA, tenía toda una historia criminal tras su aparente inocencia ante los tribunales. Tras el golpe de Estado y la represión indiscriminada, este hombre asesinó al niño Carlos Fariña de un disparo por la espalda y quemó el cadáver.

En los años 80 participó en el asesinato de Lisandro Sandoval. El año 1978 ingresa a la Brigada Roja de la Central Nacional de Informaciones, a cargo de la represión al MIR. Durante su permanencia, se reportaba directamente con Álvaro Corbalán. Recuerda que a comienzos de 1979, Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI, recibió la información que un cazador de conejos había descubierto una mina abandonada con cuerpos en la Cuesta Barriga y la información la había entregado a la Vicaría de la Solidaridad. Ante la alarma, Pantoja lo envió a chequear el lugar, “que era un pique de una mina, y comprobé que era efectivo. Estaba lleno de roedores, murciélagos, restos putrefactos y había olor en consonancia con los restos. Este olor habría alertado y alterado a los perros del cazador, y así habría llegado al lugar”.

Con fotografía en mano llegó el teniente Sandoval ante Pantoja, quien le ordenó que no se dinamitara la mina, y le ordenó que usara ácido. Ante la dificultad que tenía por desconocer el uso de químicos, llamó al general Odlanier Mena a su casa de vacaciones en Mehuín para informarle la situación. La delicada información hizo que Mena suspendiera sus vacaciones, regresara a Santiago y se hiciera cargo del retiro de cuerpos.

Para eso encomendó a Sandoval que sacara los cuerpos con un equipo de confianza. “Mi equipo estaba formado por 9 personas y fuimos a la mina durante tres días.” Asegura no tener idea cuántos cuerpos había, pero calcula que eran cerca de 20, que fueron puestos en 50 sacos de papas. Parte de los cuerpos estaban esqueletizados, otros aún conservaban tejidos blandos. Cuando terminaron de sacar los cuerpos, tomaron a unos perros, los mataron y los lanzaron al interior para justificar la presencia de huesos.

Luego subieron los sacos a un camión y los llevaron hasta la parcela de Malloco que había pertenecido a la Comisión Política del MIR. Finalmente, los restos fueron trasladados hasta Peldehue y posiblemente lanzados al mar. La Operación Retiro de Televisores cubrió todo el territorio nacional y es la muestra más clara de la política de ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos que imperó durante la dictadura militar.

El diputado del Partido por la Democracia (PPD) Antonio Leal acusó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) de montar una maniobra de encubrimiento para proteger a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar en la zona de Linares. Según el parlamentario, el gremialismo utiliza la denuncia de Odette Alegría en contra del director de Investigaciones, Nelson Mery, como una cortina de humo para tapar las acciones cometidas por efectivos militares en Linares, entre ellas las del ex vicecomandante en jefe del Ejército general Jorge Zincke y del general en retiro Humberto Julio. El diputado, en compañía de Anselmo Cancino, familiar de una de las víctimas de la zona, emplazó al senador UDI por la Séptima Región, Hernán Larraín, a pronunciarse sobre la responsabilidad de ex miembros del Ejército en los crímenes cometidos durante el régimen militar. "Quiero pedirle en primer lugar al senador Hernán Larraín, que en estos días ha acusado al Gobierno de doble estándar respecto del caso de Mery, que haga alguna declaración en relación a los hechos de fondo, que son las desapariciones de las personas y las responsabilidad de los generales Zincke y Julio, a quien la derecha está tratando de proteger a través de la cortina de humo que están tendiendo en torno al caso de Mery", dijo Leal. "Si Mery es culpable y la justicia lo condena, tiene que pagar por cualquier delito que haya cometido y naturalmente dejar de ser director de Investigaciones", agregó. El 11 de julio pasado el juez Alejandro Solís sometió a proceso a ocho altos oficiales retirados, entre ellos el ex vicecomandante de la institución general (r) Jorge Zincke Quiroz y a otros dos generales (r), como autores del secuestro y desaparición de ocho personas de Linares y los alrededores. Las víctimas fueron todas detenidas por personal de la Escuela de Artillería de Linares entre septiembre y diciembre de 1973 y, desde entonces, están desaparecidas. Además de Zincke, están encausados el general (r) Carlos Morales Retamal, director de ese regimiento e intendente desde enero de 1974, y Humberto Julio Reyes, este último ex subsecretario de Relaciones Exteriores. El resto de los procesados son los coroneles (r) Félix Cabezas Salazar, subdirector de esa escuela hasta noviembre de 1973; Juan Morales Salgado, gobernador de Constitución desde el 12 de septiembre de 1973; y Claudio Lecaros Carrasco, comandante del Grupo de Artillería y oficial de inteligencia militar de este regimiento de Linares. Cierran la lista el suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y el ex oficial de la policía civil Héctor Torres Guajardo, que al tiempo de los hechos cumplía funciones en Linares. En este proceso fue interrogado el director de Investigaciones, Nelson Mery, quien igualmente cumplía funciones policiales en Linares en 1973.

Parlamentarios oficialistas consideran que el general (R) Humberto Julio debe ser apartado de sus funciones, pues enfrenta cargos por el secuestro calificado de una militante del MIR en Linares. El ex oficial reconoce haber participado en el arresto, pero niega ser el responsable de su desaparición.

Malestar causó en algunos parlamentarios el rol de docente que tiene un ex militar procesado por violaciones a los derechos humanos en la Académica Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), institución que depende del Ministerio de Defensa. Se trata del general (R) Humberto Julio Reyes, encausado por el ministro Alejandro Solís por el secuestro calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) María Isabel Beltrán, en 1974.

El ex uniformado, que en 2003 permaneció una semana en detención preventiva en el Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén, dicta desde hace cinco años las cátedras de Conducción Político Estratégica I y taller de la conducción político estratégica de la Defensa Nacional en el organismo gubernamental.

Aunque el nombre de Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, fue profusamente difundido por la prensa hace dos años con motivo de la denuncia que involucró con violaciones a los derechos humanos al ex director de la Policía de Investigaciones Nelson Mery, nadie reparó en su rol de académico en la Anepe.

Ni siquiera la diputada Laura Soto (PPD), quien lleva adelante el proceso de Odette Alegría y un grupo de ex presos políticos del Regimiento de Linares que acusan a Mery, caso vinculado a la desaparición de María Isabel Beltrán. "Esto es inaceptable", dijo a El Mostrador.cl la legisladora, quien anunció que pedirá un oficio al Ministerio de Defensa para aclarar este hecho.

"Si hay alguien procesado por violaciones a los derechos humanos no debiera estar trabajando en organismos públicos", señaló la legisladora, quien consideró "una vergüenza que con los dineros de todos los chilenos, sobre todo de los más pobres, se esté pagando a un torturador. Él está procesado por hechos bastante graves y no sólo de torturas, sino por la desaparición de personas".

En tanto, el senador Jaime Gazmuri (PS), quien pese a reconocer que ha sido invitado en varias oportunidades a la Anepe, aseguró no conocer al ex militar. Sin embargo, coincidió con Soto en el sentido de que si hay un proceso en curso, se debe apartar a esa persona de sus labores. "Si hay procesos creo que es altamente inconveniente que siga haciendo clases", afirmó.

"Ahora la gente que no tiene procesos no hay problemas, ya que no deben existir denuncias. No puedes decir que por el hecho de estar en las Fuerzas Armadas haya sido torturador, hubo gente que no trabajó en la parte represiva", puntualizó el miembro de la comisión de Defensa de la cámara alta.

Cautela
Un poco más compasivo se mostró el diputado Mario Bertolino (RN), quien comentó que "una persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. El hecho que este procesado no significa que sea responsable, sino que está en un proceso que se pretende dilucidar quiénes son los responsables. Ahora si está en libertad, él ya aportó los antecedentes y hay que esperar a que se cierre el proceso".

En esa misma línea se pronunció presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Ulloa (UDI). Aunque calificó como "compleja" la situación, aclaró que "si la Anepe no ha tomado medidas (es) porque ha considerado razonable mantener a ese docente en ese establecimiento. La decisión de la entidad estará centrada una vez que termine el proceso judicial".

Mucho más cautos se mostraron en el Gobierno al ser consultados por la situación del ex oficial que trabaja en el organismo dependiente del Ministerio de Defensa. El subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, quien conoce a Julio ya que también hace clases en la Anepe, señaló que "no tenemos opiniones sobre procesos judiciales, respetamos la labor de otro poder del Estado".

La versión de Julio
Cuando fue llamado a declarar, el profesor Humberto Julio Reyes no entendía mucho los motivos. Ahí se enteró que el ex director de Investigaciones Nelson Mery, lo mencionó entre los oficiales que estuvieron presentes en la detención de Beltrán.

Cuando accede a contar su historia, lo primero que hace es sacar dos libros de su biblioteca que relatan la situación: "Difícil envoltorio", de Mónica Echeverría y "Tiempo de Días Claros", de Patricia Verdugo. "Ahí cuentan el hecho", dice.

Tiene 61 años, es casado, tiene tres hijos -uno de ellos capitán de Ejército de la Academia de Guerra-, y se alejó del Ejército hace 10 años tras una ácida discusión con el general Jorge Lucar. Julio había entregado al propio Augusto Pinochet informaciones sobre presuntas irregularidades, cercanas al millón de dólares, en facturas de empresas proveedoras del Hospital Militar. El hecho fue desmentido por la institución y el oficial debió irse del Ejército.

Julio no quiere hablar de ese incidente, pero si acepta hablar de lo que sucedió hace 32 años cuando él era capitán.

Beltrán, junto a Patricia Contreras, fue detenida en Santiago y para ello se envió especialmente una patrulla desde la Séptima Región. Julio participó en el allanamiento de la casa y ambas mujeres fueron llevadas a la Escuela de Artillería de Linares. Es ahí donde tiempo después se pierde su rastro.

-¿Cuál fue su participación puntual en este hecho?
-Yo estaba en Santiago, a cargo de una unidad en el Comando de Institutos Militares y se me encargó apoyar el procedimiento. Tuve que hacer el allanamiento de las vivienda donde estaban estas personas, es decir, el registro habitual buscando armas y otras cosas. En consecuencia, estuve presente en la diligencia, pero la detención y el traslado a Linares no era problema mío.

-¿Quién le ordenó a usted ir hasta esa casa?
-El canal normal de mando.

-¿Quién es esa persona?
– No hay registro quien estaba esa noche de turno hace 32 años. Sería irresponsable decir que parece que fue tal.

-¿Por qué detuvieron a esas mujeres?
– Algún antecedente tenía Linares para detenerlas. La prensa dice que eran del MIR.

-¿Y encontraron armas en esa casa?
– No, armas no encontramos. Mucha documentación que no era evidencia de nada.

-¿A quiénes entregaron las mujeres?
– Al oficial de inteligencia de Linares.

-¿Quién era?
– Eso está en el proceso.

"Sólo las vi esa noche"

"Es muy sorpresivo que a 30 años de sucedido los hechos digan, pero ahí estuvo el general Julio", comenta el ex uniformado. "¿Cuál es la diferencia sustancial de la detención? Según mi recuerdo, la patrulla de Linares tenía una misión que era detener a esas personas y, en cambio, la que recibí en Santiago era apoyar el procedimiento y allanar la casa".

– ¿Usted nunca vio a esas personas después?
-No, las vi esa noche.

-¿Por qué lo procesó el ministro?
– Él no me dijo nada, sino que asumió el hecho de haber sido el oficial de mayor graduación presente me convertí inmediatamente en responsable, pero independientemente de quien haya hecho la detención en Santiago: la patrulla de Linares o hubiese sido yo, que no es el caso, lo importante es que estas personas fueron entregadas al día siguiente sanas y salvas en Linares a otras autoridades.

– ¿Usted era ayudante del coronel Gabriel del Río al momento de hacer el operativo. ¿Él no ha sido detenido?
-Hasta donde yo sé, no por esta causa. No he hablado con él últimamente porque reside en Linares. En una ocasión vino a conversar conmigo acá, pero aún no se sabía de esta causa.

-¿Su abogado Marcelo Cibié ha tenido acceso al sumario?
-Sí y me dice que debería ser absuelto porque lo único que es discutible es la detención aquí en Santiago. Pero si partimos de la base que en ese momento esa actividad era legal, porque obedecía a la orden de una autoridad o facultad, la detención de esa persona en esa circunstancia no era un ilícito.

-¿Dónde está la divergencia?
– Nelson Mery dijo que le ordenaron detener a una persona y no a la otra, y ahí esta el punto de divergencia.

– ¿Y si usted es condenado en este caso?
-Hay que acatar la ley.

-¿Tendría que dejar de hacer clases?
-Es complicado pensar hacer clases estando detenido.

-¿Pero esta entidad es del Ministerio de Defensa?
– Puede que a algún empleador le complique o incluso tenga un impedimento legal. A lo mejor alguien se interesa por algún otro trabajo que yo hago y el tema no le importa.

– ¿Nunca perteneció a la DINA?
– No, no me especialicé por ese lado.

Con motivo de la celebración del 89º aniversario de su creación el día martes 12 de abril, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional invitó al Cuerpo de Generales de Carabineros a un almuerzo en el Club Militar Lo Curro, actividad en que estuvo presente el General Director de Carabineros don Bruno Villalobos Krumm e integrantes del Alto Mando institucional. Por parte del Cuerpo de Generales, concurrió su Presidente con 35 consocios. El Discurso de fundamentación estuvo a cargo del Contralmirante Carlos De La Maza Urrutia, quien señaló en parte de su discurso: “Vayan nuestros honores del recuerdo, para todos los mártires de Carabineros de Chile, que han rendido su vida por la patria, en diferentes acciones del servicio, siguiendo el ejemplo de la sublime entrega en defensa de la soberanía nacional, del Teniente Hernán Merino Correa, el 6 de Noviembre de 1965; y muchos otros valientes que han caído en el cumplimiento del deber, y que han escrito con sacrificio y valor, el libro de oro, de vuestra prestigiosa institución”. “En la actualidad, es especialmente importante tener presente el escenario dinámico y cambiante que enfrenta Carabineros de Chile, ante nuevas amenazas y riesgos, que demandan amplios conocimientos, inteligencia, gran cantidad de medios, recursos y tecnología en los diferentes procesos y procedimientos”. “Aspectos que a su vez requieren mayores exigencias estratégicas, operativas y de mayor prevención policial, menor tiempo de respuesta, elevados estándares técnicos y sociales, criterios que vuestra institución ha adoptado, con gran esfuerzo y eficiencia, a lo largo de todo nuestro territorio nacional”. El General Director don Bruno Villalobos Krumm agradeció el homenaje e hizo entrega de un presente al Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional, Brigadier General don Humberto Julio Reyes.

Sentado en su escritorio como director de la Escuela de Criminalística de la Universidad La República encontramos al ex Director General de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery Figueroa. De vestir impecable y pocas palabras. Su oficina es sencilla, sin adornos y siempre acompañado de su inseparable maletín rojizo, que recuerdan esas películas estadounidenses donde un agente del Servicio Secreto utilizaba uno similar pero esposado a su muñeca, acompañando siempre al Presidente. Los secretos del Mandatario van seguros.

Mery es un personaje controversial. Su imagen en sí misma genera contrapuntos. Para muchos, un hombre temido porque sabe demasiado. Para otros, un incomprendido por la labor que le tocó desarrollar en los últimos 36 años, donde el silencio público fue su mejor aliado, mientras no paraba de hablar en Tribunales cuando se trataba de contar lo que vio y conoció en la Escuela de Artillería de Linares, donde fue nombrado enlace en 1973.

El diálogo con Nelson Mery fue extenso. Intentamos hacer una crónica narrativa testimonial y reveladora. Documentos y antecedentes inéditos que hablan de lo realizado por el Departamento V de la Policía de Investigaciones. Los resultados del caso Odette Alegría donde se demostró judicialmente su inocencia, aunque tuvo que pagar el costo de abandonar su institución. Quizás lo más revelador es descubrir que los organismos represivos que con total impunidad actuaron en dictadura siguen operando en democracia.

En esta primera parte trataremos el tema de la Escuela de Artillería, su rol como enlace policial. Lo que hizo y no hizo. Mery afirma que su silencio sirvió para salvar vidas en los momentos más duros de la represión.

LINARES: CAMINO AL GOLPE

A comienzos de los 70, Linares no se diferenciaba mucho de lo que sucedía en el resto del país. Algunos hechos políticos marcaron la polarización de la Provincia y la colocaron en el centro noticioso durante los mil días que duró el gobierno del Presidente Salvador Allende y el proyecto político de la Unidad Popular.

Las crecientes y masivas tomas de fundos en la Provincia provocaron el inicio de la resistencia de los latifundistas, con un hecho emblemático: el asesinato del Jefe Zonal de la CORA, Hernán Mery Fuenzalida. El 30 de abril de 1970, concurrió al fundo La Piedad para efectuar la expropiación de 300 hectáreas del predio, acompañado por el notario público Jaime Morandé y una fuerza de 200 Carabineros al mando del general Rolando Santos Wittke. En respuesta, los hacendados y algunos trabajadores a su servicio se opusieron a la medida originando un grave enfrentamiento. El resultado: Mery fue abatido de un garrotazo en la cabeza. El propietario del predio, Gabriel Benavente, y otras 57 sujetos más fueron detenidos por estos hechos.

En los años posteriores las tomas de tierras se masificaron al grado que se radicalizaron aún más las posiciones entre quienes estaban a favor y en contra del proceso de reforma agraria iniciada por Eduardo Frei Montalva y profundizada por Salvador Allende. Por ejemplo, el 20 de octubre de 1971 fueron tomados, simultáneamente, 45 fundos por los campesinos en Linares y se declaró un paro provincial. La acción exigía al Gobierno la reincorporación del Director Zonal de CORA, Gabriel Coll Prado, quien había sido destituido del cargo al ser sorprendido por Carabineros con armas en su vehículo.

Otro hecho que colocó a Linares y a toda la Provincia en el centro político fue la decisión de un diputado del Partido Nacional de renunciar a su cargo y abandonar el país por el solo hecho del triunfo de Allende. Ello provocó que se realizaran elecciones complementarias donde competirían María Elena Mery, cristiana de izquierda, y Sergio Diez, por la derecha. El mismo que, años después, representando a la dictadura de Augusto Pinochet en Naciones Unidas, negaría la existencia de detenidos desaparecidos en Chile.

La elección complementaria produjo que las organizaciones políticas se concentraran en la zona para hacer campaña. La lucha electoral estuvo marcada por los enfrentamientos armados entre los grupos paramilitares Patria y Libertad y Comando Rolando Matus y partidarios de la izquierda pertenecientes a las Brigadas Elmo Catalán (PS) y Ramona Parra (PC).

El 4 de enero de 1972, escuadras de Patria y Libertad que comandaba el presidente del PN, Fernando Romero, atacaron a militantes de izquierda que hacían propaganda por la candidata de la izquierda, hiriendo gravemente al vicepresidente de la UP de San Javier, Celso Valenzuela Mellado. Dos días más tarde, la funcionaria de la CORA Teresa Célice fue agredida por partidarios de Sergio Diez en el Fundo La Obra, quienes al negárseles el acceso al local sindical descargaron su ira en contra de la mujer. La acción del grupo de derecha no pasó a mayores gracias a la defensa de los mismos campesinos que repelieron el ataque. Dos semanas después comandos armados de Patria y Libertad secuestraron y golpearon a un grupo de estudiantes secundarios que realizaban trabajos voluntarios en el Fundo Las Peñas.

Las manifestaciones políticas y sociales se multiplicaron en toda la región y las elecciones parlamentarias de 1973 estuvieron marcadas por la violencia. Los medios de comunicación difundían ampliamente los problemas aumentando la conflictividad social.

El 11 de septiembre de 1973 sorprendió a Linares enfrentada. Con el golpe militar, sus habitantes comenzaron a escribir otra etapa de su historia. Una marcada por la tortura, por las detenciones ilegales y por la desaparición forzada de personas, donde carceleros y genocidas comenzaron a tener rostro, nombre y apellido. Un cúmulo de hechos que hoy está por aclararse en los Tribunales de Justicia.

La historia tiene siempre testigos. Personajes que deben cumplir roles y se transforman en piezas fundamentales de los hechos. Uno de ellos es el ex Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Nelson Mery Figueroa, a quien antes y después del Golpe Militar le tocó presenciar, las atrocidades de las autoridades militares que, con mano de hierro, condujeron los destinos de cientos de chilenos detenidos en la Escuela de Artillería del Ejército en la ciudad de Linares.

? ¿Qué edad y grado tenía usted para el golpe?
? Para el golpe era detective primero. Tenía 31 años y hasta el 11 de septiembre me desempeñaba en la Oficina de Informaciones de la Policía de Investigaciones, más conocida como ?policía política?.

? ¿Cuál era su función en la llamada Policía Política?
? La labor de un oficial de información era recabar lo que sucedía en fuentes abiertas. Informar a los superiores de las actividades públicas de los partidos políticos, tanto de la izquierda como de la derecha. Por ejemplo, cuando me tocaba participar en manifestaciones, los organizadores me conocían e inclusive me dieron el apelativo de ?Pepito?. Uno estaba tan involucrado en esto que los partidos políticos sabían la función que nos tocaba cumplir y nosotros ya conocíamos los énfasis de cada discurso, las ideas fuerzas que plantearían, etc. Entonces, informábamos todo lo que estaba sucediendo en términos de reuniones públicas, concentraciones, el estado de los paros, de las huelgas, de las tomas de terreno.

? ¿Es tan efectivo que los partidos políticos de Linares lo conocían como miembro de la Policía Política?
? Yo nunca en Linares oculté que trabajaba en Informaciones porque consideraba que mi función estaba dentro del Estado de Derecho. Yo llegué a esa unidad durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, aunque muy de vez en cuando trabajaba en el área operativa. Lo que se hacía era informar a los superiores y eran ellos lo que determinaban el uso de esa información. No había nada que uno pudiera cuestionar.

? ¿Qué tanto conocía a los dirigentes de los partidos de la UP y de la derecha?
? Aparte de conocerlos en sus cargos y dirigencias, también ocurría, como pueblo chico, que existían lazos de amistad y conversaciones más humanas y más sociales.

? ¿Su familia era simpatizante del gobierno de Allende?
? Mi familia paterna era allendista. Mi madre también. Nosotros éramos cinco hermanos y, con la excepción de una, todos éramos simpatizantes de la Unidad Popular, aunque no militantes. Al menos entre los que estábamos en la ciudad no había duda. El único que tenía militancia era mi cuñado, Hernán Gómez Torres, quien era militante del MAPU y jefe del Departamento de Planta de la Compañía de Teléfonos de Linares.

? ¿Qué le pasó a su cuñado?
? El 24 octubre de 1974 fue detenido por la DINA en Linares. Lo trasladaron a Santiago a un recinto secreto de detención y lo liberaron el 8 de noviembre del mismo año en las cercanías de la Penitenciaría, desde un vehículo en marcha. Como familia nos tocó concurrir a los recintos de detención, mi hermana interpuso un recurso de amparo en Tribunales y la denuncia se tramitó ante el Comité Pro Paz. Luego de ser liberado, mi cuñado volvió a Linares y me contó que lo habían detenido porque sospechaban que era una de las personas que facilitaba las comunicaciones al programa ?Escucha Chile? que transmitía Radio Moscú. Años después, y producto de todo esto, mi cuñado se suicidó. Él nunca superó lo que vivió, estuvo enterrado en una zanja, vendado. Pero siempre tuvo una especie de recelo a contar lo que realmente vivió.

EL NUEVO ESCENARIO

Producido el golpe militar se informó a la ciudadanía de la Provincia de Linares que se habían definido nuevas autoridades. El periódico El Heraldo (adjunto1), el miércoles 12 de septiembre de 1973 señaló que asumía como Intendente y Jefe de la Zona de Plaza de la Provincia de Linares el coronel Gabriel del Río Espinoza y como segundo al mando (ayudante) el capitán Humberto Julio Reyes. En el bando, el coronel Del Río recalcaba que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 223, ?asumo el mando de todas las Fuerzas Militares, de Carabineros, Investigaciones y de las Autoridades Administrativas de la Provincia?. En el mismo documento se establecía, además, los nombramientos de los Gobernadores de los Departamentos de Parral y Loncomilla a otros oficiales, entre ellos, el capitán Claudio Lecaros Carrasco, quien meses después asumiría como jefe del Departamento II de Inteligencia Militar en la Escuela de Artillería de Linares.

? ¿Por qué lo nombraron enlace entre Investigaciones y la Escuela de Artillería?
? Mi jefe, el comisario Ricardo Hernández, simplemente me designó en esa función. Inmediatamente le pregunté la razón, ya que era el menos indicado. Todo Linares sabía que había votado por Allende, pues estábamos participando dentro de un juego democrático donde no se ocultaba la simpatía política. Por eso le manifesté a mi superior este conflicto, ya que inteligencia militar podría estar al tanto de esta información. El reglamento de Investigaciones me permitía representar esta situación. Él me reiteró la orden. Tuve la obligación de cumplirla.
Con los años, pienso que mi jefatura tomó esa decisión por el rol que cumplía en la Oficina de Informaciones.

? Es decir, fue una decisión del mando de la institución.
? Fue una decisión suya, yo no pedí que me comisionaran en esa función. A los 15 días de estar en el cargo comencé a tratar de volver a mi unidad y no me lo permitían, porque el primer bando militar establecía que las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones pasaban a depender directamente del Jefe de Plaza. Entonces las órdenes ya no las daba el comisario sino que la autoridad militar, el coronel Gabriel del Río, quien sólo el 28 de diciembre de 1973 me liberó de la función de enlace, regresando a mi unidad. Otra de las cosas que avaló la decisión del Jefe de Plaza eran las instrucciones del general Ernesto Baeza, donde instruía que los policías civiles debían volver a sus unidades.

? ¿Cuál era el rol de los organismos de inteligencia y cuáles eran los métodos que usaban para detener personas?
? Lo primero son los Bandos y llamamientos públicos para presentarse a la Escuela de Artillería. Estaban dirigidos a los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, políticos, gremiales, sindicales y campesinos, además de la gente del MIR. Los Bandos eran publicados por los diarios locales. Cuando comenzaron a llegar los detenidos a la Escuela de Artillería la pregunta era: ¿qué preguntar, sobre qué? Es ahí cuando Inteligencia Militar sacó un cuestionario base sobre tres o cuatro puntos que no podían dejar de preguntarse: el rol del detenido en el famoso Plan Zeta; las armas, que eran una cosa importante; preguntarle sobre su historia política.

? En ese contexto, ¿cuál fue su papel específico?
? En mi caso particular, lo primero que hice fue presentarme ante el coronel Gabriel del Río y me derivó al Departamento II de Inteligencia Militar, por lo que tuve que presentarme con el mayor Jorge Zincke Quiroz. Como comenzaron a llegar tantos detenidos, Inteligencia me dio la orden de revisar los antecedentes que tenía cada uno de ellos en la Oficina de Informaciones de Investigaciones de Linares como de Santiago. Dado que el número de detenidos aumentaba, me asignaron la función de tomar declaraciones. Yo trabajé solo porque estaba a cargo de revisar los antecedentes políticos que tenían los detenidos en Investigaciones, pues para poder tomar una entrevista a una persona debía saber qué preguntar y quién era. Yo siempre he dicho que entrevistaba, y siempre con las puertas abiertas, que custodiaban los militares.

? Usted ha dicho que nunca vio torturas en la Escuela de Artillería, pero eso no significa que no conociera que en ese recinto se aplicaban tormentos a los detenidos…
? Las personas que me tocó entrevistar hacían referencia de haber sido torturadas y así lo he declarado judicialmente. De igual forma lo declaré en el Congreso a raíz de la investigación de la cual fui objeto. En esos años daba cuenta de esta situación de apremios al jefe de Inteligencia Militar, al mayor Jorge Zincke Quiroz, y en los procesos le he reiterado en su cara la existencia de estas denuncias. A estas alturas, ellos desconocen todo, pero yo di cuenta en su oportunidad de lo que estaba ocurriendo. Ellos me decían: ?usted no se meta ahí?.

? ¿Zincke siempre estuvo al mando de Inteligencia Militar?
? Entre octubre y mediados de noviembre se produjo un relevo. Zincke dejó el cargo y lo reemplazó el capitán Claudio Lecaros Carrasco, quien al cesar como gobernador de San Javier volvió a la Escuela para hacerse cargo del Departamento II. A los pocos días aparecieron dos funcionarios de Investigaciones de San Javier agregados a Inteligencia Militar, Carlos Neves y Nelson Volta Rozas. Él los trae.

CIENFUEGOS 132

Uno de los episodios más conocidos de violación a los derechos humanos en la Escuela de Artillería de Linares guarda relación con la detención y posterior desaparición de la estudiante de música de la Universidad de Chile, María Isabel Beltrán Sánchez, el 18 de diciembre de 1973. Nelson Mery Figueroa siempre ha reconocido su participación en la detención de la joven, junto a Patricia Contreras Farías. Con los años, también se ha podido determinar la participación en estos hechos de otros militantes del MIR, Norma Montesinos Parra y Osvaldo Salazar. En declaraciones judiciales, el ex preso político Belarmino Sepúlveda ha afirmado que en la detención de ambas mujeres participó Norma Montesinos Parra. La mujer fue detenida el 11 de diciembre de 1973 el Linares y trasladada a Santiago.

Montesinos ha reconocido que en el trayecto hacia la Escuela Militar habría pasado por varias direcciones de la capital, entre ellas Cienfuegos 132. Si su versión de los hechos es correcta, había estado en el lugar antes del operativo militar donde finalmente detuvieron a Patricia Contreras y María Isabel Beltrán (adjunto 2). Al respecto existe coincidencia en los dichos de Montesinos. En el año 2002, Patricia Contreras señaló en una declaración jurada (adjunto 3) que cuando se encontraba detenida en la Escuela de Artillería y estaba siendo interrogada por Nelson Mery ingresó al lugar Norma Montesinos: ?Momento después trajeron a Norma Montesinos que quedó a mi espalda, por lo que no la pude ver, pero reconocí su voz. A ella Mery le pregunta si yo era la persona que había visto ingresar a la casa de María Isabel, lo que ella respondió afirmativamente?.

Por los hechos acontecidos en la Escuela de Artillería fueron procesados en su oportunidad, el ex vicecomandante en Jefe del Ejército, Teniente General Jorge Zincke Quiroz, quien era el Jefe de Inteligencia Militar en Linares (1973 el ex general Carlos Morales Retamal, en su calidad de Director de la Escuela de Artillería en 1974; el ex general Humberto Julio Reyes, ayudante Escuela de Artillería; el ex coronel Félix Cabezas Salazar, subdirector de la Escuela de Artillería; el ex coronel Claudio Lecaros Carrasco, jefe de Inteligencia Militar de la Escuela de Artillería; el ex coronel Juan Morales Salgado, gobernador de Constitución; el ex suboficial mayor Antonio Aguilar Barrientos, entonces del SIM, y el ex comisario de Investigaciones, Héctor Torres Guajardo.

? ¿Por qué lo nombraron a para viajar a Santiago para detener a Patricia Contreras Farías?
? La razón específica hasta hoy la ignoro. Resulta que me llamaron de Inteligencia Militar y, derechamente, me preguntaron si conocía a Patricia Contreras. Yo les digo que sí pero me llamó la atención la forma como Inteligencia me preguntaba sobre ella. Es ahí donde me enteré que debía viajar a Santiago a detenerla ya que estaba involucrada en un supuesto entierro de cuatro armas en la zona de Panimávida.

? ¿Ella era militante de algún partido político, tenía algún cargo?
? Yo la conocía. Era militante socialista y entiendo que no tenía ningún cargo en la organización. Lo que deduzco es que alguien le dijo a Inteligencia Militar que yo la conocía y, aún más, que era mi amiga o tenía una relación más intima con ella.

? ¿Qué relación tenía Patricia Contreras con María Isabel Beltrán?
? Eran amigas y estaban en la misma casa.

? ¿Como se explica que en el operativo de Cienfuegos haya sido tan desproporcionado, un enorme contingente de militares con focos para detener a una simple militante de base socialista?
? Si hacemos la siguiente relación: Patricia Contreras, militante socialista involucrada en el entierro de cuatro armas, es conocida por Nelson Mery, se podría justificar que yo viniera a Santiago. Pero ahora, ¿cómo se explica que al momento de viajar en un jeep militar desde Linares el primer destino sea la Escuela Militar, que en dicho recinto se acople un convoy enorme de 20 ó 30 militares para hacer una simple detención en calle Cienfuegos, domicilio que tampoco conocía? Desconozco las razones militares que determinaron esta acción? con soldados por todas partes, en la noche, con focos enormes apuntando un tercer piso. Con el tiempo he pensado que había algo mayor dispuesto por Inteligencia del Ejército. ¿Cuándo lo comienzo a entender? Cuando aparece detenida, y con destino a Linares, María Isabel Beltrán.

? ¿Cuál cree que fue la causa de la detención de María Isabel?
? Con los años me entero de una carta (adjunto 4) que envía el coronel Carlos Morales Retamal a la madre de María Isabel, Oriana Sánchez, donde le explica las razones de su detención. Aparte de ser tildada en el documento como extremista se señala que la joven estaba a cargo de la infiltración de las Fuerzas Armadas. Entonces, pienso que si acusaban a una persona del MIR de encargada de infiltración en las Fuerzas Armadas era claro que este operativo representaba un objetivo importante para la inteligencia militar.

? ¿Quién estaba a cargo del operativo de calle Cienfuegos 132?
? Por más que lo niegue, el responsable del operativo militar de calle Cienfuegos 132 fue el capitán Humberto Julio Reyes. Son los militares quienes manejaban la información respecto de María Isabel, porque era un objetivo militar. Mi misión era detener a Patricia Contreras Farías y no a esta joven estudiante de música.

? En la investigación judicial aparece el nombre de Norma Montesinos. ¿Cuál era su rol en todo esto?
? Bueno, lo que yo he podido leer en la prensa e informes policiales, y conocer por conversaciones que he tenido con gente del MIR de la época, es que ella en esa fecha se encontraba en Santiago y había sido trasladada en un convoy disgregado de Linares. ¿A que vino antes? ¿Qué fue lo que hizo? Ella debe responder estas interrogantes.

? En el proceso consta que usted decidió identificarse con la familia de María Isabel.
? Esa noche del 18 de diciembre de 1973, la familia pedía a los captores que se identificaran. Los militares se negaron reiteradamente a dar su nombre. La madre de María Isabel me solicitó mi nombre y yo accedí. Fui el único que lo hizo y la razón obedecía a que era la forma correcta de actuar de un detective. No tenía que ocultar mi identidad, sobre todo porque era de conocimiento público que en la búsqueda de los detenidos eran negados en los cuarteles y sus familiares se encontraban en la incertidumbre. No sabían que pasaba con su gente. Quise dejar un indicio para que la familia pudiera saber por dónde comenzar a buscar.

? Usted siempre fue identificado por los familiares de María Isabel como uno de los responsables de su detención…
? Así lo he sabido. Por eso siempre quise hablar con la familia y cuando fui Director General de Investigaciones envié mensajes a los familiares. Ellos al principio fueron renuentes. Yo quería contarles mi parte de la historia y que la propia familia pudiera comprobar mi versión.

? ¿Cuando se da cuenta que María Isabel Beltrán iba con ustedes con destino a Linares?
? Luego de producida la detención de ambas mujeres, nos trasladamos a la Escuela Militar donde nos separaron de las detenidas. A mí me tocó dormir en unos galpones sobre una frazada, lo que me produjo una amigdalitis severa. Luego, en la mañana y en dirección a la Escuela de Artillería, uno de los vehículos quedó en panne por lo que me bajé para verificar si venía o no mi detenida (Patricia Contreras), ya que no tenía la certeza que viajara en el convoy. Es en ese momento que me di cuenta que junto con Patricia Contreras venía María Isabel Beltrán. Ambas estaban acompañadas por el sargento Antonio Aguilar.

? ¿Qué pasó en Linares?
? Llegamos a la Escuela de Artillería, donde ambas quedaron detenidas y yo, ese día, me fui a mi casa a reposar por el viaje y la amigdalitis que se me había provocado por la helada. Producto de esta infección me dieron una licencia médica que duró hasta prácticamente la Navidad.

? ¿Cuándo fue la última vez que vio a María Isabel Beltrán?
? El 28 de diciembre, el mismo día que soy relevado de mi función de enlace y vuelvo a la Unidad policial. Fue la última vez que la vi. María Isabel Beltrán se encontraba sentada en una banca de madera en un pasillo en el que se ubicaban las dependencias del Departamento II de Inteligencia Militar de la Escuela de Artillería de Linares. Con el tiempo pude saber que Patricia Contreras había sido conducida al Centro de Reclusión del Buen Pastor.

? ¿Volvió a ver a Patricia Contreras?
? Entre enero y marzo, no recuerdo bien la fecha, me llamaron de la Escuela porque se había extraviado la declaración de Patricia Contreras y tenían la decisión de hacerle un Consejo de Guerra. Como yo la había detenido, Inteligencia Militar me preguntó por el documento y como no lo encontraron me ordenaron tomarle una nueva declaración. Voy a la Escuela en la tarde, y le tomo la declaración. Esa vez se dio la ocasión de conversar, ella me narró lo que pasó una vez que regresamos de Santiago, cómo la interrogaron a ella y Maria Isabel, lo que les hicieron? Ella me dice que cuando llegó a la Escuela de Artillería la interrogaron y, posteriormente la enviaron a Buen Pastor. En cambio, a María Isabel Inteligencia Militar la mantuvo en la Escuela. Hoy tengo claro que para los militares del Departamento II, María Isabel Beltrán era su objetivo fundamental.

Por: Roberto Portilla A. El autor es periodista y Editor General de Crónica Digital