Jorquera Leyton Gonzálo

Gonzalo JORQUERA LEYTON

Un grupo de personas que fueron detenidas fuera del Palacio de La Moneda alrededor de las 08:45 de la mañana.  Todos ellos eran integrantes del GAP y llegaron a esa hora en una camioneta, siendo detenidos por efectivos de carabineros. 

Los antecedentes reunidos permiten afirmar que fueron detenidas en esas circunstancias, al menos, las siguientes personas. 

Domingo BLANCO TARRES, 32 años;

Carlos CRUZ ZAVALA, 30 años; y

Gonzalo JORQUERA LEYTON, 27 años; todos ellos militantes del Partido Socialista.

Igual situación ocurre con Enrique ROPERT CONTRERAS, 20 años, militante del Partido Socialista, estudiante de Economía en la Universidad de Chile, hijo de Miria Contreras, secretaria del Presidente Allende.  El joven llegó a la misma hora hasta ese lugar a dejar a su madre; cuando ella se baja del vehículo, Carabineros lo detiene.  Esta Comisión conoció de testimonios fotográficos del momento en que Ropert es subido a un vehículo policial.

Todos estos detenidos fueron conducidos a la Intendencia de Santiago y de allí sacados, aproximadamente a las 11:00 horas de ese mismo día, para ser conducidos a la Sexta Comisaría de Carabineros. 

Sus cuerpos sin vida fueron encontrados en las riberas del Mapocho, bajo el Puente Bulnes, a fines de septiembre de l973, con la excepción de Domingo Blanco Tarrés.  Este último, fue conducido por personal de Investigaciones al Centro de Detención Preventiva de Santiago, de donde egresó el 19 de septiembre de 1973, por orden de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago.  Desde entonces se encuentra en calidad de desaparecido.

Considerando que existen antecedentes suficientes para afirmar que todas estas personas fueron detenidas por agentes del Estado y que posteriormente, tres de ellas fueron encontradas muertas por heridas a bala, en el Puente Bulnes del río Mapocho y uno de ellos desaparecido, después de haber sido sacado del Centro de Detención Preventiva de Santiago, también por agentes del Estado, a esta Comisión le asiste convicción sobre su calidad de víctimas de violación a los derechos humanos, atribuible a esos agentes, en las personas de Domingo Blanco Tarrés, Carlos Cruz Zavala, Gonzalo Jorquera Leyton y Enrique Ropert Contreras. 

Máximo tribunal fijó indemnizaciones por 1.225 millones de pesos para los familiares de las once víctimas.

Se sobreseyó al general en retiro de la FACh Vicente Rodríguez Bustos y se confirmó la absolución de general en retiro de Carabineros Patricio de la Fuente.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los secuestros y homicidios calificados de los miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP), escolta del presidente Salvador Allende, que fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 y luego ejecutados. 

Las víctimas fueron Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón (secuestrados) y Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras (asesinados).

Todos ellos fueron detenidos en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, luego trasladados al edificio de la Intendencia de Santiago y posteriormente a unidades policiales, donde finalmente fueron ejecutados o se les perdió el rastro.

En el fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la sentencia apelada en la parte que condenó al general en retiro de la Fuerza Aérea Vicente Armando Rodríguez Bustos, quien murió antes de la resolución de segunda instancia, por lo que instruyó a decretar el sobreseimiento definitivo y parcial, sostiene un comunicado del Poder Judicial. 

Al mismo tiempo, se confirmó la absolución de general en retiro de Carabineros, Patricio de la Fuente Ibar, por falta de participación y fijó la indemnización de 1.225 millones de pesos que deberá pagar el fisco por daño moral a familiares de las víctimas.

Con el fin de "reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado", se determinó pagar montos dependiendo del vínculo o parentesco con la víctima.

Así, a quienes sean cónyuge o madre de la víctima, la suma de 80 millones de pesos; a los hijos de ellas, la cantidad de 50 millones de pesos; para los demandantes en calidad de hermanos, el monto de 20 millones de pesos y para quienes acreditaron ser sobrinos de una de las víctimas, la suma de cinco millones. 

LOS DETALLES DEL FALLO

En el fallo de primera instancia, el ministro Mario Carroza estableció las identidades de los miembros del GAP, siendo Domingo Blanco Tarrés uno de los jefes del dispositivo, y Enrique Ropert Contreras, que a la época era un universitario e hijo de Miria Contreras Bell, secretaria privada del Presidente Allende.

En la madrugada del día 11 de septiembre de 1973, el grupo se trasladó a la residencia presidencial de calle Tomás Moro en busca de Allende, que ya había partido con un grupo de escoltas y de carabineros a La Moneda.

De esta forma, determinaron seguir el paso, siendo Blanco Tarrés junto a José Belisario Carreño Calderón, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González y William Ramírez Barría, detenidos al intentar ingresar por calle Morandé.

Lo mismo ocurrió con Enrique Ropert, luego de que su madre, Miriam Contreras Bell -secretaria de Allende- le solicitara averiguar respecto a las detenciones de los demás escoltas. 

"Todos los integrantes de la guardia personal del Presidente Allende, junto a Enrique Ropert Contreras, fueron trasladados hasta las dependencias de la prefectura policial del interior de la Intendencia, sin que las intervenciones desde el Palacio Presidencial y del director de Carabineros, en ese momento, tuvieran éxito en obtener su liberación", sostiene el fallo.

"El grupo fue conducido a la Intendencia, donde permanecieron por unas horas, siendo subidos posteriormente por orden del coronel Carlos Hinrichsen González a un bus de Carabineros y llevados a la Sexta Comisaría de Santiago". Fue allí donde más tarde llegó "un mayor de Inteligencia de la FACh, premunido de una orden escrita de un Consejo de Guerra, quien es el que finalmente procede a llevarse consigo a este grupo de detenidos, antes de ser puestos a disposición de la Justicia".

"Todo o parte de este grupo de prisioneros es trasladado el día 12 o 13 de septiembre de 1973 al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, donde fueron sometidos a interrogatorios, entre los que se sabe con certeza que estaba Domingo Blanco Tarrés, quien es ingresado a la Cárcel Pública el día 15 de septiembre de 1973, por órdenes de la 2º Fiscalía Militar, desde allí le sacan en varias oportunidades y le llevan a la Fiscalía, donde fue sometido a torturas, interrogatorios y careos con otros miembros del GAP".

Así, salió del recinto el 19 de septiembre, según los registros de Gendarmería, "por orden de la Segunda Fiscalía Militar, perdiéndose desde esa fecha todo rastro de él, desconociéndose actualmente su paradero", dice el escrito. 

En tanto, el paradero de José Belisario Carreño Calderón se desconoce, luego de que se descartara que se encontraron sus restos el 19 de septiembre de 1973 en el puente Bulnes.

El fallo agrega que los cuerpos de Enrique Ropert Contreras, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González y William Ramírez Barría fueron encontrados el día 19 de septiembre de 1973 en las riberas del río Mapocho, en el sector del puente Bulnes.

"En relación a Pedro Juan Garcés Portigliati, se encuentra debidamente acreditado que su cadáver ingresa al Instituto Médico Legal, sin constar respecto de él ningún informe de autopsia o acta de recepción de cadáveres, encontrándose esta víctima entre las identificadas por exámenes de ADN realizados posteriormente a restos encontrados en Patio 29" del Cementerio General.

En ese lugar, en una fosa común, y según la identificación por exámenes de ADN, se encontró los restos de Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Oscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Ramírez Barría y Enrique Ropert Contreras.

Finalmente, "conforme a la autopsia de la época y registros de entierro, se encuentra establecido que los restos de Gonzalo Mario Jorquera Leyton fueron reconocidos 

entregados a sus familias en los días posteriores a ocurridos los hechos".

Los integrantes de Grupo de Amigos Personal (GAP) fueron retenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 para luego ser ejecutados.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los secuestros calificados (desapariciones) y homicidios calificados de 11 escoltas del presidente Salvador Allende, más conocidos como el Grupo de Amigos Personal (GAP).

El principal acusado ya se encuentra fallecido, pero el máximo tribunal del país condenó al Fisco a pagar una indemnización de $1.225 millones a las familias.

Las víctimas de secuestros calificados son Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón, mientras que los homicidios calificados corresponden a Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras.

Los 11 miembros del Grupo de Amigos Personales fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, trasladados a la Intendencia de Santiago, luego a unidades policiales y, finalmente, ejecutados.

En el fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, Eliana Quezada y la abogada (i) Pía Tavolari– revocó la sentencia apelada, únicamente en la parte que condenó al general en retiro de la Fuerza Aérea (FACH) Vicente Armando Rodríguez Bustos, quien murió antes de la resolución de segunda instancia, por lo que dispuso que el ministro instructor proceda a decretar el correspondiente sobreseimiento definitivo y parcial a su respecto.

Asimismo, la Sala Penal confirmó la absolución de general en retiro de Carabineros, Patricio de la Fuente Ibar, por falta de participación y fijó, además, en la suma total de $1.225.000.000 las indemnizaciones que deberá pagar el fisco por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas.