ENAMI

The Clinic

19 de Marzo 2004

Las empresas de la tortura 

Walkiria fue detenida pocos días después del Golpe de Estado en el regimiento Maipo en Valparaíso. Tras varios días de interrogatorios, fue trasladada junto a otras 16 mujeres al centro de torturas de Villa Grimaldi, en Santiago. El trayecto entre un infierno y otro no lo hizo en camiones del Ejército. La Walki -como la llaman sus amigas- recuerda que ese viaje, que pudo ser el último de su vida, lo realizó a bordo de un camión cerrado que pertenecía a la Pesquera Arauco.

Según ella y otros ex presos consultados por The Clinic, esta empresa de la V Región puso disposición de los militares todos sus vehículos, los que sirvieron tanto para el traslado de prisioneros como del personal de la Armada. Pesquera Arauco no es el único caso de una compañía privada que prestó una infraestructura que terminó siendo usada para torturar y asesinar chilenos. Por el contrario, en los diferentes proceso por las violaciones a los derechos humanos emergen reiteradamente empresas grandes y pequeñas que colaboran libremente con material e información: un aporte que tuvo un rol determinante en la extensión del horror.

Entre estas empresas destaca la Sudamericana de Vapores. Desde el mismo 11 de septiembre la compañía puso a disposición de la Armada dos de sus barcos.

Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus pasajeros perdieron la vida. El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

María Eliana Comene fue una de ellas. Cuenta que entre el 19 y el 20 de septiembre la sacaron de el Buque Escuela "Esmeralda" y la trasladaron al barco de la Sudamericana.

 “Recuerdo que el muelle estaba lleno, pero lleno de gente. Las personas estaban botadas como bultos en el suelo. En el Lebu, a los hombres los metieron en la bodega y a las mujeres nos llevaron a unos camarotes. Éramos tantas que para dormir teníamos que sentarnos con las rodillas tomadas. Nos podíamos bañar con agua helada, pero antes de las seis de la mañana, porque después se cortaba el agua.”

Muchas de las personas que pasaron por el Lebu aún se encuentran desaparecidas. Los que sobrevivieron, no pueden olvidar las interminables torturas que sufrieron en el barco facilitado por la naviera.

Algunas instituciones educacionales privadas, también colaboraron con la violación de los derechos humanos. Es el caso de la Universidad Federico Santa María, cuyas instalaciones fueron usadas para interrogar y detener a personas que venían, fundamentalmente del barrio Los Placeres, de Valparaíso. La universidad también desalojó a los alumnos del internado, para que durmiera allí la guardia militar. Muchos detenidos fueron trasladados desde ahí a la academia Guerra Naval, donde se realizaba el interrogatorio duro y por donde pasaron cerca de mil 500 personas.

En provincia, empresas medianas y pequeñas ofrecieron una colaboración entusiasta. En Osorno, la Fabrica Elaboradora de Cecinas, FELCO, facilitó sus bodegas, para la detención de presos políticos. Allí estuvo detenido Hernán, quien prefiere reservar su apellido, pues aún le pesan los años de dictadura. Recuerda que llegó encapuchado a un lugar que no conocía: un galpón metálico de 10 por 10 metros. Pero varios de los 150 detenidos identificaron rápidamente el sitio y se lo comunicaron al resto: estaban en las bodegas de FELCO. En el lugar sólo había un baño y las condiciones de hacinamiento eran terribles. Tras un par de días Hernán fue trasladado al Estadio Español de la ciudad, otro recinto facilitado por privados.

El abogado de derechos humanos Hiram Villagra afirma que la represión militar dependió en gran medida de la responsabilidad de civiles, pues "sin la complicidad de ellos la dictadura no hubiese tenido ni la crueldad, ni la intensidad y mucho menos la duración que tuvo". Agrega que "muchos privados terminaron prestando sus servicios a la dictadura y aplaudiendo el golpe, sabiendo que el final era una represión".

Una de las muestras más feroces de los servicios voluntarios se encuentra en Paine, donde 70 campesinos de la zona fueron ejecutados en las semanas siguientes al Golpe de Estado. Durante años, las organizaciones de derechos humanos acusaron a varios pequeños empresarios agrícolas de haber facilitado vehículos y de haber participado directamente en las muertes. A comienzos de marzo, la jueza María Estela Elgarrista les dio la razón y procesó a un carabinero y dos civiles por el delito de secuestro y homicidio calificado. Los civiles, Claudio Oregón Tudela, Juan Balcázar Soto, son pequeños empresarios de la zona.

Las listas

Un porcentaje considerable de ex presos políticos y desaparecidos fue detenido en su mismos lugares de trabajo. Esto ocurrió porque otro gran servicio prestado por las empresas a la naciente dictadura, fue la elaboración de listas negras, que a la larga terminaron siendo para muchos, listas de la muerte.

Juan Báez trabajaba en la empresa Portuaria de Valparaíso como pañolero y fue detenido el 30 de septiembre por una patrulla naval al presentarse a sus labores. Varios operarios de la empresa corrieron la misma suerte y hoy Báez está convencido de que la lista fue elaborada dentro de la compañía.

Algo similar a lo ocurrido en la ENAMI, donde 276 de sus trabajadores fueron anotados como "traidores" o "personas peligrosas para las faenas de la empresa". Gran parte de ellos fue ejecutado. Lo mismo ocurrió en la Industria Textil Viña y la Unión Lechera de Aconcagua.

Muchos trabajadores detenidos a raíz de estas listas negras ni siquiera tenía preferencias políticas claras y fueron expuestos a la violencia por venganzas personales. A raíz de las torturas muchos quedaron con secuelas que les impidieron volver a trabajar, afectando radicalmente la calidad de vida de sus familias. Juan Báez, por ejemplo, quedó con severos problemas en la columna y una ceguera parcial tras pasar 17 días infernales en un centro de detención de Papudo. Hasta la actualidad, no puede realizar ningún tipo de actividad física pesada, como la que realizaba cuando era empleado de la Portuaria de Valparaíso.

Con todo, a Báez no le fue tan mal como a un grupo de trabajadores de la empresa Elecmetal, propiedad de Ricardo Claro. Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció como sus dos hermanos y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de carabineros. No se les volvió a ver con vida.

 “Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias,” relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado.

El abogado Juan Agustín Figueroa, que formaba parte del directorio de la compañía cuando ocurrieron los asesinatos, desmiente las declaraciones de Fernández.

 “Nadie se le pasó por la mente que los detenidos iban a parar a una patrulla militar y que iban a aparecer baleados,” dice el penalista. Pese a ello, Fernández sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. "El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en qué condiciones estaban matando a los trabajadores", reclama.

Certificados

La Universidad Católica de Valparaíso no escapó a esta ola de soplonaje. Tras el golpe, la UCV quedó en manos de un marino quien contó con mucha colaboración voluntaria y espontánea de profesores y alumnos para elaborar listas de alumnos indeseables. Cuando se reanudaron las clases, los alumnos debieron presentarse en un galpón de la escuela de Ingeniería donde les informaban si estaban "sin problemas", "condicional" o "expulsados". Estos últimos recibieron un certificado en el que se los acusaba de "ser un peligro para la actividad académica de la universidad, por su condición de extremista violentista". Ese fue el caso de Enrique Núñez, quien por entonces estudiaba agronomía. No solo fue expulsado sino borrado de los registros de la universidad.

Peor suerte corrieron al menos tres estudiantes de la UCV incluidos en esa fatídica lista. María Isabel Gutiérrez y Alfredo García fueron llevados al regimiento Maipo dónde se les perdió el rastro; en tanto, Silvio Pardo, estudiante de derecho, desapareció en el cuartel Silva Palma.

Núñez cree que la UCV está en deuda con esas personas y que una forma de reparar su colaboracionismo "sería que la universidad, en un gesto digno, les diera un titulo póstumo a todos los que fueron víctimas de la represión. Eso no les cuesta un peso. Pero falta la voluntad política para enfrentar las culpas propias".

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