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El Mercurio
Ver tambien pagina de Agustin Edwards La Nacion 20 de Frebrero 2005 Un misil contra El Mercurio En el tercer piso del imponente edificio que mandó a construir Agustín Edwards Eastman a comienzos de los ’80 en los altos de Santa María de Manquehue, justo al lado de la oficina del dueño del conglomerado periodístico, tiene la propia Enrique Montero Marx, procesado esta semana por el juez Juan Guzmán, en el marco del caso Operación Colombo, por complicidad y cooperación en el secuestro calificado de cuatro detenidos desaparecidos. Ni siquiera el director responsable de El Mercurio, Juan Pablo Illanes Leiva, tiene tamaño privilegio. Su oficina está en el segundo piso, junto al resto de la plana mayor del diario. Quien fuera subsecretario y ministro del Interior del régimen militar desde el 11 de septiembre de 1973 –cuyo primer encargo fue tomarle el juramento al mismísimo Pinochet y a los otros tres integrantes de la Junta Militar que derrocó a Salvador Allende- permaneció al servicio del régimen hasta agosto de 1983, cuando ingresaron los civiles, encabezados por Sergio Onofre Jarpa, para iniciar lo que se conoció como la apertura. A partir de noviembre del mismo año, Montero Marx se refugió en las instalaciones de El Mercurio y, desde entonces, se ha desempeñado como asesor legal del directorio. Idéntico cargo ha desempeñado desde su creación, en 1991, en la Fundación Paz Ciudadana, la obra con que el magnate de las comunicaciones trató de paliar el dolor y el espanto que le causó el secuestro de su hijo, Cristián Edwards del Río, a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. “La confianza entre ambos es absoluta y el trato bastante cercano”, comenta un testigo que recuerda, a modo de ejemplo, que Enrique Montero fue el nexo entre la familia y el gobierno de Patricio Aylwin durante los cinco meses en que se prolongó el plagio del vástago del patriarca. Sin embargo, la presencia del general en retiro de la FACH y ex fiscal y auditor general de la misma institución no era cotidiana ni en las oficinas del decano ni en la Fundación. Se le veía poco y menos ahora. Desde que el magistrado Guzmán dictó la orden de aprehensión en su contra, nadie le ha visto la nariz en Santa María de Manquehue. El mismo día y ocasión en que el juez Guzmán anunció el procesamiento y orden de aprehensión de Montero Marx y el general (R) César Raúl Benavides -también ex ministro de Pinochet y, en este caso, por complicidad en la desaparición de 15 de las víctimas de la Operación Colombo- el magistrado las emprendió también abiertamente contra el decano de la prensa nacional, acusándolo de desinformar a la gente. “A raíz de esta desinformación, que es regla general en cierta prensa, cada vez la gente la está comprando menos. Yo ya estoy dejando de comprar El Mercurio y voy a comprar solamente diarios que me den cierta confianza. Sé que somos muchos los que estamos en esta línea. Imagínense si todas las personas racionales optan por hacer lo mismo; se va a quedar sin ventas El Mercurio”, dijo. Y el medio aludido lo reprodujo, claro que en un discreto recuadro. La caída del halcón - Dígame, coronel, ¿y qué va a pasar con los votos en blanco? - Bueno, mi general, se van a contabilizar como Sí. Se presume que el voto en blanco constituye aprobación por parte del requerido. Este diálogo, reproducido en “La Historia Oculta del Régimen Militar” de Ascanio Cavallo, Óscar Sepúlveda y Manuel Salazar, corresponde a una conversación entre el general Gustavo Leigh y el entonces coronel Enrique Montero Marx, cuando Pinochet acababa de anunciar públicamente la convocatoria a un plebiscito para manifestar el repudio hacia la condena de la ONU, en 1976, por las violaciones de los derechos humanos. Ése era el tipo de servicios por los que era apreciado Montero en el gobierno militar. El entonces subsecretario del Interior siguió de cerca la implementación de lo que rápidamente se transformaría en una consulta y no plebiscito, para cumplir mínimamente con algunas formalidades. Se preocupó de la logística necesaria y, desde su puesto en la sala de cómputos, le dio la previsible noticia del triunfo al almirante Merino. Con soltura, años después, en 1982, Montero se autodefiniría como un “demócrata”. Enrique Montero Marx cumplirá 77 años el último día de febrero. Seguramente su situación legal hará que la celebración quede en un segundo plano, pero igual será un momento de reflexión y recuerdos. Montero ingresó a la Fuerza Aérea en 1958, como soldado procurador, siete años después de titularse de abogado en la Universidad de Chile. En la casa de Bello fue compañero del abogado Nurieldín Hermosilla, quien lo llamó para interceder a favor del coronel Carlos Ominami Daza (padre del senador) que estaba siendo brutalmente torturado por sus compañeros de armas en dependencias de la Fach. A instancias de la esposa del coronel detenido, Hermosilla le preguntó directamente si podía garantizar la vida de Carlos Ominami hijo si éste se entregaba para que liberaran a su padre. Montero dijo que no, que estaba fuera de su competencia. En otra ocasión el jurista uniformado recibió una llamada de la Iglesia, alertando sobre el cerco que mantenía la DINA sobre las oficinas del Comité Pro Paz; de la misma forma que la vez anterior, se desentendió del asunto, afirmando que su posición le impedía intervenir. A pesar de las tormentas políticas, Montero se mantuvo por 10 años ininterrumpidamente en el gobierno militar. En 1978, cuando Leigh fue destituido y renunciaron todos los generales, él ya estaba cerca de Matthei. Ese año, la junta calificadora de la Fach planeaba llamarlo a retiro, pero no lo hizo. Montero Marx, oficialmente, fue subsecretario del Interior desde el 12 de septiembre de 1973 hasta el 22 de abril de 1982, cuando tomó formalmente la titularidad de la misma cartera. Sin embargo, según un decreto presidencial, tiempo después desentrañado, el ex fiscal de la FACH poseía rango ministerial desde el 23 de abril de 1980. Según la ficha que contiene sus antecedentes, fue un destacado alumno del curso de Informaciones, que imparte la Academia de Guerra Aérea. Este curso prepara a los oficiales para asumir tareas de orden táctico en el Estado Mayor de la defensa. Y, ciertamente, su trabajo se parecía mucho al de un analista de inteligencia. Montero se ubicó en una posición estratégica. Integró el comité de Asesoría Política (ASEP), “el corazón, el cerebro y la piel” del gobierno, en palabras de Cavallo, Sepúlveda y Salazar. La ASEP era un organismo de carácter consultivo, cuya función, como lo indica su nombre, era asesorar directamente a Pinochet. Pero, en la práctica, tenía amplias atribuciones respecto de las decisiones que finalmente tomaba el capitán general. Montero fue miembro de la ASEP desde sus comienzos, cuando estaba mayoritariamente integrada por políticos vinculados a la antigua derecha pregolpe y dependía de la Secretaría General de Gobierno. Tiempo después, la ASEP cambió de dependencia al Ministerio del Interior y, a instancias del gremialismo comandado por Jaime Guzmán, que buscaba “acabar con los políticos del pasado”, su conformación cambió casi completamente. Pero Montero no sólo siguió en el puesto, sino que tuvo injerencia en el nombramiento de los nuevos integrantes. Y no sólo eso. El actual senador UDI Sergio Fernández fue recomendado por el mismo Montero Marx para asumir como ministro del Trabajo para solucionar el conflicto derivado del naciente sistema previsional. Pronto Fernández se unió a la ASEP pese a presidir una cartera que, en rigor, no es política. A fines de los ’70, Montero Marx asistió a las largas sesiones en que un nutrido comité de juristas se encargó de armar la Constitución de 1980. Montero era conocido como “un duro”, fiel ejecutor del articulo 24º Transitorio de esa misma Carta Fundamental, que permitía relegar y exiliar a personas de oposición. Cuando asumió la titularidad de Interior, se preocupó especialmente de desarticular la actividad sindical, considerada peligrosa por la dictadura. Expulsó a dos sacerdotes irlandeses acusados de activismo político, a principios de 1982. El estallido social que configuraron las protestas masivas que se iniciaron en mayo de 1983, hicieron imposible la mantención de Montero en el gobierno. El articulador del nuevo escenario sería Sergio Onofre Jarpa. Pero su salida del gobierno fue, en la práctica, una mera formalidad. De hecho, en el verano de 1987, la junta militar llegó a un acuerdo secreto para enfrentar el plebiscito en octubre del año siguiente y fue el mismo Enrique Montero quien redactó el documento que sirvió de base para nominar a Pinochet como candidato único. Categoría internacional Montero está acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, sobre todo en materia internacional. En 1976 recomendó a Ambrosio Rodríguez para alegar en contra del recurso de amparo que buscaba impedir la expulsión de los juristas Eugenio Velasco Letelier y Jaime Castillo Velasco, acusados de conspirar contra el gobierno. En 1978 fue enviado a Washington para negociar un acuerdo con la justicia norteamericana para la entrega de Michael Townley en los primeros días de investigación del caso Letelier. Según cuenta la leyenda, fue él mismo quien le filtró el nombre del agente de la DINA a El Mercurio, que golpeó a sus competidores con la exclusiva. Montero no era un turista y mucho menos un recién llegado a Estados Unidos. El mismo reconoció tiempo después tener “muchos amigos” en ese país y haber trabajado, comisionado por la Fuerza Aérea, en la recién formada DEA, específicamente, en un programa anti drogas para América Latina, antes del golpe militar. La historia de este célebre aparato es conocida. Se originó en octubre de 1972, cuando el director de la CIA, Richard Helms, introdujo en el Bureau of Narcotics and Dangeropus Drugs (BNDD) una serie de funcionarios de la CIA de su confianza. Los nuevos agentes crearon al interior de la BNDD una unidad de control interno, estrictamente compartimentada, llamada DEACON. Cuando en 1973, pocos meses antes del golpe militar en Chile, la Drug Enforcement Administration (DEA) sustituyó a la BNDD, el equipo completo de DEACON fue traspasado a la nueva agencia antinarcóticos. Así, desde su fundación, la DEA quedó supeditada al control político de la CIA. De ese tiempo, justamente, dicen que viene la estrecha amistad de Montero Marx con Agustín Edwards, quien también ha sido relacionado, más de una vez, con los servicios de inteligencia norteamericanos de la época. Los registros de la historia La Operación Colombo no fue otra cosa que una burda maniobra comunicacional con la cual los ocupantes de La Moneda de entonces intentaron enmascarar las masivas violaciones de los derechos humanos y, especialmente, las desapariciones de personas. La prensa de la época jugó impecablemente su rol. En la retina de miles de chilenos quedó grabada la portada que llevó la tarde del 26 de julio de 1975 el vespertino de los Edwards: “Exterminados como ratones”, consignaba La Segunda, refiriéndose a 119 chilenos que supuestamente habían muertos en enfrentamientos por diferencias internas, a manos de sus propios compañeros. La operación tuvo una arista internacional que demandó mucho dinero y preocupación. José Lopez Rega, líder del grupo de ultraderecha Triple A, dueño de Codex, se encargó de editar la única edición que tuvo la revista argentina Lea, aparecida el miércoles 15 de julio de 1975, con un reportaje muy detallado sobre la muerte de 60 personas. En tanto, en Brasil, el cónsul honorario de Chile en Río de Janeiro, Gerardo Roa, entregaba al diario ODía una lista con otros 59 nombres que, según su versión, habían muerto en circunstancias parecidas. El detallado reportaje fue reproducido casi íntegramente por otro de los medios de los Edwards, Las Ultimas Noticias, en su edición del 25 de julio de 1975. Por cada una de estas víctimas, en Chile se habían presentado recursos de amparo por su detención ilegal. Los tribunales preguntaron a las autoridades correspondientes y, cada uno a su tiempo, tanto el general César Raúl Benavides como Enrique Montero Marx afirmaron a los tribunales que los nombres por los cuales se les consultaba no habían sido detenidos por organismo público alguno. La resolución que somete a proceso a los dos ex ministros y ordena su detención argumenta que, en su calidad de autoridades y en relación a los cargos que desempeñaban, no podían ignorar “el régimen de privaciones de libertad ilegales que se estaba perpetrando”. Por eso los acusa de complicidad en el secuestro calificado de 15 personas, a Benavides, y cuatro a Montero. El mismo fallo se refiere además a una eventual orden de embargo contra los dos imputados, con el fin de cubrir las costas y los pagos que le causen al Estado en el desarrollo del proceso, para lo cual ordena inventariar sus bienes. Montero Marx sería cómplice del secuestro y desaparición de: -Juan Rosendo Chacón Olivares fue privado de su libertad el 14 de julio de 1974, junto a su padre, su esposa y un amigo. Los tres últimos fueron liberados días más tarde, pero Chacón permaneció arrestado. Consta en el proceso que fue llevado a los recintos de detención clandestinos de la DINA denominados “Londres 38” y “Cuatro Álamos”, lugares donde fue visto por última vez sin que, hasta la fecha, se conozca su paradero. -Carlos Gajardo Wolf fue detenido el 20 de septiembre de 1974 y, pese a las infructuosa búsqueda nunca fue encontrado. En el proceso consta que fue visto por última vez con vida en “Cuatro Alamos”. -Jorge Hernán Müller Silva fue detenido el 29 de noviembre de 1974 por agentes de la DINA en la vía pública y llevado a Villa Grimaldi. Al igual que los anteriores se le vio por última vez con vida en Cuatro Alamos, el 17 de diciembre de ese mismo año. -Juan Carlos Perelman Ide fue detenido el 20 de febrero de 1975, en el departamento que habitaba en la comuna de Providencia por agentes de la Brigada Halcón 1 de la DINA. Fue llevado a Villa Grimaldi, donde fue interrogado y torturado. Se le vio por última vez con vida el 28 de febrero de ese mismo año cuando fue sacado de este lugar por otros agentes de la DINA.
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