Rut  ; Sin Información

F.Nacimiento  : 

E. Civil  ; Casado

Actividad;  Abogado

C.Repres  ; Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR)

F.Detención  ;  26/9/1973

“Jorge Ignacio Soto Quiroga, de nacionalidad boliviana, casado, abogado, estudiante de Posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Santiago –Flacso–, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia, fue detenido el día 26 de septiembre de 1973 a la edad de 28 años, desde su domicilio ubicado en calle Sazié N° 2104, comuna de Santiago, por efectivos del Comando de Ingenieros del Ejército, con sede a esa fecha en la intersección de las calles República y Sazié, sin que hubiera orden de algún tribunal civil o militar que dispusiera su citación o aprehensión ni que conste siquiera la existencia de un proceso instruido en su contra.
En dicho domicilio se produjo la detención de su mujer, Ruth Miriam Canelas Luján, de Homero Bustos Quiroga y su primo Medardo Navia Quiroga, estudiante de sociología, quienes fueron trasladados a dependencias del Comando de Ingenieros del Ejército de Chile, edificio de la actual Dirección General de Movilización Nacional, y luego al Estadio Nacional, para finalmente ser liberados.
Encontrándose a disposición de sus captores, Jorge Soto Quiroga fue conducido a la azotea del edificio, de una altura aproximada a un inmueble de 4 pisos, donde no existían elementos de protección ni medida de seguridad alguna. Desde dicho lugar cae, falleciendo en el acto producto de un traumatismo craneoencefálico toraco-abdominal.
El Ejército informó a su familia que Soto Quiroga se había suicidado, lanzándose al vacío mientras se encontraba detenido, circunstancia que no se condice con las condiciones de vigilancia a que se encontraba sometido”. 

“Que de los antecedentes señalados en los fundamentos precedentes a los cuales cabe agregar la declaración de José Enrique Contreras Pacheco de fojas 576 y 880, se desprenden presunciones fundadas para estimar que ha tenido participación en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Jorge Ignacio Soto Quiroga, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso primero y tercero del Código Penal vigente a la fecha de los hechos”, añade la resolución.

“Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 274 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se declara que se somete a proceso JOSÉ ENRIQUE CONTRERAS PACHECO, en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Jorge Ignacio Soto Quiroga, hecho perpetrado el día 26 de septiembre de año 1973, en la comuna y ciudad de Santiago”, concluye.

En la sentencia (rol 4.182-2025), la Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Fernando Carreño, la ministra Graciela Gómez y el abogado (i) Luis Hernández- confirmó la sentencia que condenó a Francisco Bórquez Navarro a 5 años y un día de presidio y Raúl del Canto Galdames a la pena de 4 años de presidio por su responsabilidad como autores del delito.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a militares en retiro por su responsabilidad como autores del secuestro calificado del abogado boliviano Jorge Soto Quiroga, quien fue detenido el 26 de septiembre de 1973 y que murió al caer del cuarto piso del entonces cuartel de Comando de Ingenieros del Ejército -actual Dirección de Movilización Nacional- en un aparente suicidio.

En la sentencia (rol 4.182-2025), la Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Fernando Carreño, la ministra Graciela Gómez y el abogado (i) Luis Hernández- confirmó la sentencia que condenó a Francisco Bórquez Navarro a 5 años y un día de presidio y Raúl del Canto Galdames a la pena de 4 años de presidio por su responsabilidad como autores de secuestro calificado.

La sentencia descartó error en la decisión de la ministra en visita Paola Plaza González respecto de la tipificación del delito y la participación del condenado.

“Que, asentado el alcance de las disposiciones a analizar, esta Corte considera acertado estimar, entonces, al amparo de los hechos establecidos, que en el contexto de la aludida privación de libertad, ejecutada sin derecho, se ha producido un grave daño para la víctima y del cual responden sus captores, atendido que han sido éstos quienes lo han llevado a un recinto que carecía de elementos de resguardo, propiciando de esta manera el desenlace fatal, verificado en custodia, en los términos que prevé el artículo 141 del Código Penal, en su inciso 3°, resultando correcta también su comprensión a título de delito de lesa humanidad en los términos que se expresan en los considerandos 6° y 7° de la sentencia que se revisa”, dice el fallo.

“Esta persona fue apartada del grupo de personas apresadas con él, trasladada por el acusado del Canto y el grupo militar hasta las dependencias del Comando de Ingenieros en calle Sazié con República, conducido a la azotea del edificio -de una altura aproximada a un inmueble de 4 pisos-, lugar donde no existían elementos de protección ni medidas de seguridad alguna, desde donde cayó al vacío, falleciendo en forma instantánea, todo lo cual acontece cuando estaba bajo custodia de personal del Ejército y en un recinto militar, específicamente por el Cabo José Enrique Contreras Pacheco, conocido como “el peluquero”, el acusado Francisco Bórquez y otros Clases a cargo de turnos de custodia que no fueron identificados, pero que obedecían a Del Canto, quien reconoce que subió a ver al detenido, observándolo en el piso de la azotea, sin certeza acerca de mantenerse engrillado.

Descartó el tribunal la tesis de suicidio, al no existir antecedentes que la avalen, explicitando sus dudas acerca de las condiciones en que se le mantuvo, sin ataduras de pies ni manos, lo que facilitó y/o provocó que la caída desde un lugar en altura que todos declaran como no apto para mantener detenidos.

Todos estos elementos son suficientes, en concepto de la Corte, para adquirir la convicción que les ha correspondido a ambos acusados una participación en calidad de autores en el delito de secuestro calificado de Jorge Ignacio Soto Quiroga.

La investigación de la ministra en visita Paola Plaza estableció que:

“a) Que, el día 11 de septiembre de 1973 se í declaró Estado de Sitio en todo el territorio de la República de Chile, instaurándose un régimen militar que desde sus inicio implementó una política de persecución y represión generalizada contra todas las personas que se consideraban opositoras a las nuevas autoridades militares o simplemente perniciosas a sus objetivos, que contempló desde la práctica de privaciones arbitrarias de libertades y derechos hasta formas extremas de violencia, muerte y desapariciones, actos realizados por agentes del estado y civiles a su servicio.

De estas violaciones a los derechos humanos y civiles fueron víctimas tanto chilenos como extranjeros. Muchos de ellos pensaron que en su calidad de residentes debidamente legalizados estarían exentos de sufrir dichos vejámenes, y sin embargo, fueron igualmente perseguidos en atención a sus ideologías, siendo considerados opositores al régimen imperante, lo que ya ha sido declarado en varios expedientes judiciales.

b) En ese contexto, Jorge Ignacio Soto Quiroga, de nacionalidad boliviana, casado, abogado, estudiante de Posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ubicada en Santiago -FLACSO-, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia, fue detenido el día 26 de septiembre del año 1973, a la edad de 28 años, desde su domicilio ubicado en calle Sazié N° 2014, comuna de Santiago, el que compartía con su familia, por efectivos militares del Comando de Ingenieros del Ejército, con sede a esa fecha en la intersección de las calles República y Sazié, sin que hubiera orden de algún tribunal civil o militar que dispusiera su citación o aprehensión ni que conste siquiera la existencia de un proceso instruido en su contra.

c) En dicho domicilio se produjo la detención de su mujer, Ruth Miriam Canelas Lujan, de Homero Bustos Quiroga y su primo Medardo Navia Quiroga, estudiante de sociología, quienes fueron trasladados a dependencias del Comando de Ingenieros del Ejército de Chile, edificio de la actual Dirección General de Movilización Nacional, y luego llevados al Estadio Nacional, para finalmente ser liberados.

d) Jorge Ignacio Soto Quiroga, encontrándose a disposición de sus captores en el edificio del Comando de Ingenieros, fue conducido a la azotea -de una altura aproximada a un inmueble de 4 pisos-, donde no existían elementos de protección ni medidas de seguridad alguna para ser destinado, aún en forma transitoria, a la detención de personas.

e) Desde dicho lugar Jorge Ignacio Soto Quiroga cae a la calle, a la entrada del edificio, falleciendo en forma instantánea producto de un traumatismo craneoencefálico tóraco-abdominal.

f ) El Ejército informó a su familia que Soto Quiroga se había suicidado, lanzándose al vacío mientras se encontraba detenido, circunstancia que no se condice con las condiciones de vigilancia a que se encontraba sometido.

g) Jorge Ignacio Soto Quiroga no solo fue privado de libertad sin orden judicial o de otra autoridad de la época, sino que fue forzado por efectivos del Ejército a trasladarse hasta la azotea de un recinto militar que no contaba con instalaciones para albergar a personas privadas de libertad, sin medidas de seguridad como cercos o cierres, desde donde la víctima se precipita al vacío con presencia militar, falleciendo en forma instantánea, todo lo cual acontece cuando estaba bajo custodia de personal del Ejército y en un recinto militar al que él y parte de su familia fueron trasladados de manera obligada, sin que haya quedado registro escrito de las circunstancias precisas que motivaron su paso por ese recinto, las condiciones en las que estuvo, quién lo interrogó y cuál fue su destino”.

(Correo del Alba). El martes 11 de septiembre de 1973 el pueblo chileno amaneció de golpe. Efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, a las que se sumó Carabineros, arremetieron contra el presidente Salvador Allende, quien luego de resistir con las armas en la mano durante horas murió en el Palacio de La Moneda pasado el mediodía.

En los mil días del gobierno de la Unidad Popular (UP) decenas de miles de refugiados políticos de América Latina y el Caribe se arrimaron hasta el país austral para vivir de primera mano “la vía chilena al socialismo”, un experimento inédito. No fueron la excepción las y los centenares de bolivianos que se vieron forzados a abandonar su país tras el golpe de Hugo Banzer en agosto de 1971.

El presente artículo es fruto de una alianza editorial entre el periódico chileno Resumen, de la ciudad de Concepción, Chile, y la revista Correo del Alba, y está dedicado a abordar las historias de vida de los seis jóvenes bolivianos ejecutados por la dictadura de Pinochet.

Nacido el 20 de marzo de 1955 en la ciudad de Arica, Ramiro desde su niñez adoptó la nacionalidad boliviana, por línea paterna.

A sus 18 años estudiaba la carrera de Medicina en la Universidad de Chile, siendo detenido el sábado 15 de septiembre en Santiago, junto a su primo Enrique Antonio Saavedra Gonzales, estudiante de Economía de la Pontificia Universidad Católica, nacido el 13 de junio de 1955.   

Solteros y sin militancia política, según el Informe Corporación, ambos “desaparecieron el día 15 de septiembre. Ese día, los jóvenes salieron del Hotel São Paulo, lugar en el cual residían, con el objeto de comprar alimentos, luego de cuatro días en que rigió el toque de queda. Desde esa fecha se ignora su paradero y las circunstancias que rodearon su desaparecimiento”.

En la investigación de reconstrucción de los hechos, Dorbeo Hanssen Torrico, administrador del Hotel, atestiguó: “Efectivamente el año 1973, por el lapso de un mes aproximadamente estuvieron hospedados los jóvenes Ramiro Gonzáles y Antonio Saavedra, quienes me fueron recomendados por sus madres. Debo agregar que la última vez que vi a estos muchachos fue el día 15 de septiembre de 1973, fecha en que aproximadamente a las 16:00 hrs. salieron a dar una vuelta a las cercanías del Hotel, no regresando más a este. Ignoro qué pueda haberles ocurrido, ya que nunca más supe de ellos, informando de esta situación a sus madres”.

Luego de su desaparición, las madres de estos jóvenes viajaron a Chile y gestionaron su búsqueda ante la Cancillería y Cruz Roja Internacional; por años se especuló de su paso por el centro de detención y tortura del Estadio Nacional. Entre las décadas del 70 y 80 hicieron lo propio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio de Defensa y otras tantas instituciones públicas, sin éxito alguno.

A fines del año 1994 sus osamentas fueron identificadas, tras ser inhumadas de una fosa común del Patio 29 del Cementerio General de Santiago, siendo repatriados por sus familiares en 1996.

Donato Quispe Choque

De 28 años de edad, sin actividad política conocida, se desempeñaba como obrero textil delegado de la sección Hilandería de la Fábrica Sumar, entonces parte del Cordón Industrial Vicuña Mackenna.

Según el Informe Rettig, “esta industria había sido allanada previamente el día 12 de septiembre por efectivos del Ejército, quienes tomaron el control de la empresa [Sumar].  El día 23 de septiembre se presentaron la mayoría de los operarios a su lugar de trabajo, obedeciendo a un llamado de las nuevas autoridades. En la medida que los trabajadores iban llegando a la empresa, eran formados y separados aquellos que se consideraban como los más peligrosos de acuerdo a listas que los militares consultaban”.

Donato fue detenido en su lugar de trabajo, junto a una veintena de colegas, el domingo 23 de septiembre, siendo asesinado ese mismo día.

Su cadáver fue encontrado en la vía pública, en la carretera General San Martín, desde donde fue llevado hasta el Instituto Médico Legal. La autopsia de Donato y sus compañeros –vendados y con múltiples balas– arrojó que habían sido ejecutados por agentes del Estado. 

El año 2008 su cuerpo fue identificado en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago y repatriado a Bolivia. 

Luis Busch Morales

Ingeniero agrónomo, militante del Partido Socialista, de 36 años de edad.

Fue detenido por el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) el viernes 5 de octubre de 1973. Inmediatamente se le trasladó al retén Río Loa, dependiente de la Primera Comisaría de Carabineros, y luego a la Cárcel Pública de Calama. 

Junto a otros dos militantes socialistas –Francisco Valdivia y Andrés Rojas– fue sometido a un Consejo de Guerra que, como indica el sitio web http://memoriaviva.com, se habría llevado a cabo el sábado 6 de octubre en el Regimiento N° 15 de Calama.

Acusado de protagonizar un amago de sabotaje en la planta de explosivos Dupont de la empresa Enaex, fue ejecutado en el sector Cerro Topater, en las afueras de la norteña ciudad.

Según el Informe Corporación: “las ejecuciones se practicaron el mismo día en que se habría desarrollado el Consejo y los restos de los ejecutados no fueron entregados a sus familiares sino hasta dos años después, cuando se les indicó el lugar en que se hallaban sepultados y se les permitió exhumarlos”.

En marzo de 2023 el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, condenó al exoficial de Ejército Adolfo Born Pineda a la pena de 10 años y un día de prisión efectiva por los asesinatos de Busch, Valdivia y Rojas. En su informe final sentenció: “el asesinato de los señores Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, se ejecutó actuando los hechores con alevosía, esto es, sobre seguro, tratándose de tres personas que fueron detenidas por funcionarios de Carabineros del Sicar, quienes habiendo sido llevados previamente a otros recintos de detención e interrogados con aplicación de tortura, fueron trasladados el día 6 de octubre de 1973 al Regimiento N° 15 de Calama y, ese mismo día, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18:30, las tres personas fueron fusiladas en el cerro Topater de Calama, en un contexto posterior al golpe militar en que las fuerzas militares tenían el control total y absoluto del país. […] Que, respecto de esos homicidios calificados, además, debe considerarse que de los antecedentes allegados al proceso fluyen algunos elementos para determinar cuáles fueron las verdaderas razones para detener a Valdivia, Rojas y Busch por los funcionarios de Carabineros, y si bien se les trató de vincular a un irrisorio plan terrorista, lo cierto es que queda claro que fueron razones políticas las que motivaron a los hechores a ultimar a las víctimas, lo cual constituye delitos de lesa humanidad».

Jorge Ignacio Soto Quiroga

De 28 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Bolivia, este joven abogado y estudiante de postgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) se exilió en Chile, siendo detenido junto a su esposa, Ruth Miriam Canelas Luján, su amigo Homero Bustos Quiroga y su primo Medardo Navia Quiroga –ambos estudiantes de Sociología–, por efectivos del Comando de Ingenieros del Ejército, quienes irrumpieron ilegalmente en su domicilio ubicado en calle Sazié N° 2104, donde les interrogaron y sometieron a tormentos físicos.

Tras su detención, las últimas tres personas fueron llevadas al Comando de Ingenieros del Ejército, en la intersección de las calles República y Sazié, y luego al Estadio Nacional, recinto del cual, al correr de los días, fueron liberados.

Jorge Soto Quiroga, por su parte, fue igualmente recluido en el Comando de Ingenieros del Ejército, lugar del que se le arrojó al vacío desde una azotea el miércoles 26 de septiembre.

Si bien el Ejército informó a la familia de un supuesto suicidio, en 2011 la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura concluyó que se trató de un asesinato por parte de agentes del Estado.

En abril de 2022 la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, procedió a imputar por el delito de secuestro calificado al militar retirado José Enrique Contreras Pacheco. El documento del procesamiento indicó: “encontrándose a disposición de sus captores, Jorge Soto Quiroga fue conducido a la azotea del edificio, de una altura aproximada a un inmueble de cuatro pisos, donde no existían elementos de protección ni medida de seguridad alguna. Desde dicho lugar cae, falleciendo en el acto producto de un traumatismo craneoencefálico toraco-abdominal”.   

El miércoles 29 de marzo del presente año el canciller chileno, Alberto van Klaveren, participó de un homenaje a Jorge Soto y Jorge Ríos realizado por Flacso en Santiago. Allí la autoridad expresó: «es un honor [representar a Chile en el acto], pero en una ocasión como esta es un deber hacerlo. Y un deber extremadamente triste porque significa reconocer la responsabilidad de un Estado, que nosotros representamos, frente a esta horrorosa situación que se produjo a partir del 11 de septiembre y cuyas víctimas de la hermana República de Bolivia hoy estamos conmemorando”.  

Jorge Ríos Dalenz

Nacido el 25 de julio de 1941 en Cochabamba, tenía 32 años de edad para el golpe de Pinochet. Era odontólogo, exdirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y uno de los fundadores emblemáticos del MIR de Bolivia, había evadido la dictadura de Banzer tras el golpe de 1971 para refugiarse en Santiago de Chile. Al momento de su muerte cursaba estudios de postgrado en Ciencias Políticas en la Flacso.

Detenido por una Patrulla Militar, el jueves 13 de septiembre, frente a su cónyuge y dos hijos, en su departamento de la calle Seminario, en la comuna de Providencia. Relató uno de los hijos a Wilson García Mérida (“Un cochabambino en manos de Pinochet. Lucha, pasión y muerte de Jorge Ríos Dalenz”): “mi hermano Jorge Eduardo y yo jugábamos fulbito en el pasillo de nuestro departamento cuando vimos llegar a los soldados. Subieron al piso y gritaban el nombre de mi padre buscándolo. Un militar me preguntó si yo sabía dónde estaban las armas que supuestamente mi papá escondía en la casa. Ese día nos visitaba Susy Requena, quien nos ocultó en nuestro dormitorio y nos leía un cuento mientras detenían a mi padre. Lo bajaron y lo pusieron en un jeep sin capot, yo lo miraba sentado desde una ventana y me hizo un gesto diciéndome chau con las manos. Fue la última vez que lo vi».

Asesinado a las 21:00 hrs. del día siguiente, según el Informe Corporación, su cuerpo se hallaba en la vía pública con “múltiples heridas de bala, cráneo encefálica, cervical, torácicas, abdominal y de extremidades con salida de proyectiles”, como consignó el informe del Instituto Médico Legal.

Rosario Galindo, su viuda, años más tarde narró los pormenores de la búsqueda del cuerpo de su marido, con claras huellas de tortura, en el mencionado Instituto, el día 16 de septiembre: “era domingo, unos cuatro días después de la desaparición de mi esposo. Mis hijos y yo fuimos invitados a almorzar por un familiar y convenimos vernos con él en un parque próximo a nuestro departamento. Cuando nos disponíamos a salir vino Carmen Pereira trayéndonos la noticia. Tonchi Marincovic le había comunicado que un médico chileno, amigo suyo, vio el cadáver de Jorge en el Instituto Médico Legal. Me apresuré en dejar a mis hijos con una amiga y fui presurosa a la morgue. Estaba a punto de desvanecerme.  En el Instituto Médico Legal había miles de cadáveres amontonados en varias habitaciones. Miles. Había jóvenes, ancianos, mujeres. Hallé a mi esposo entre ese montón de muertos, con la cara amoratada, aunque era reconocible. Tenía la misma ropa del día en que se lo llevaron, una camisa blanca toda teñida de sangre. Tenía una clavícula fracturada y las rodilleras del pantalón desgarradas, con las rodillas descubiertas”.

Su cuerpo fue recuperado, cremado y repatriado por su familia.

Meses después de aquel 11 de septiembre, un sobreviviente a la tragedia, René Zavaleta Mercado reflexionó:

“Sacaron su cadáver [de Allende] envuelto en un poncho boliviano. Perseguidos también nosotros, como
una raza maldecida, por el Chile de Pinochet, quisimos ver en ello un símbolo intacto de la fraternidad
de los revolucionarios de Bolivia y Chile”.

Jorge Ignacio Soto Quiroga

De 28 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Bolivia, este joven abogado y estudiante de postgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) se exilió en Chile, siendo detenido junto a su esposa, Ruth Miriam Canelas Luján, su amigo Homero Bustos Quiroga y su primo Medardo Navia Quiroga –ambos estudiantes de Sociología–, por efectivos del Comando de Ingenieros del Ejército, quienes irrumpieron ilegalmente en su domicilio ubicado en calle Sazié N° 2104, donde les interrogaron y sometieron a tormentos físicos.

Tras su detención, las últimas tres personas fueron llevadas al Comando de Ingenieros del Ejército, en la intersección de las calles República y Sazié, y luego al Estadio Nacional, recinto del cual, al correr de los días, fueron liberados.

Jorge Soto Quiroga, por su parte, fue igualmente recluido en el Comando de Ingenieros del Ejército, lugar del que se le arrojó al vacío desde una azotea el miércoles 26 de septiembre.

Si bien el Ejército informó a la familia de un supuesto suicidio, en 2011 la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura concluyó que se trató de un asesinato por parte de agentes del Estado.

En abril de 2022 la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, procedió a imputar por el delito de secuestro calificado al militar retirado José Enrique Contreras Pacheco. El documento del procesamiento indicó: “encontrándose a disposición de sus captores, Jorge Soto Quiroga fue conducido a la azotea del edificio, de una altura aproximada a un inmueble de cuatro pisos, donde no existían elementos de protección ni medida de seguridad alguna. Desde dicho lugar cae, falleciendo en el acto producto de un traumatismo craneoencefálico toraco-abdominal”.   

El miércoles 29 de marzo del presente año el canciller chileno, Alberto van Klaveren, participó de un homenaje a Jorge Soto y Jorge Ríos realizado por Flacso en Santiago. Allí la autoridad expresó: «es un honor [representar a Chile en el acto], pero en una ocasión como esta es un deber hacerlo. Y un deber extremadamente triste porque significa reconocer la responsabilidad de un Estado, que nosotros representamos, frente a esta horrorosa situación que se produjo a partir del 11 de septiembre y cuyas víctimas de la hermana República de Bolivia hoy estamos conmemorando”.  

Un nuevo procesamiento por violación a los Derechos Humanos tiene a un ex funcionario del Ejercito como protagonista. Se trata de José Enrique Contreras Pacheco, a quien se le imputó el secuestro calificado del abogado boliviano Jorge Ignacio Soto Quiroga, el 26 de septiembre de 1973, a solo días de iniciado el golpe de Estado comandado por Pinochet.

Este martes, la ministra en visita para causas de violaciones a los DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, procesó a José Enrique Contreras Pacheco por el secuestro calificado del abogado y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario de Bolivia, Jorge Soto Quiroga, a quien retuvieron en la sede que mantenía el Comando de Ingenieros del Ejército, en la intersección de las calles República y Sazié de la comuna metropolitana.

En el mismo inmueble, dispuesto por los agentes de Estado de la dictadura cívico militar, también fue detenida la esposa de Soto Quiroga, su primo y un amigo, ambos estudiantes de sociología. Luego de su detención, estas tres personas fueron llevadas hasta el Estadio Nacional, donde finalmente fueron liberados.

        Jorge Soto Quiroga no corrió la misma suerte que su esposa y amigos, debido a que nunca pudo salir de la sede del Comando de Ingenieros del Ejército. Según informa el documento de procesamiento, «encontrándose a disposición de sus captores, Jorge Soto Quiroga fue conducido a la azotea del edificio, de una altura aproximada a un inmueble de 4 pisos, donde no existían elementos de protección ni medida de seguridad alguna. Desde dicho lugar cae, falleciendo en el acto producto de un traumatismo craneoencefálico toraco-abdominal».

Según informó el Ejército a la familia de Jorge Soto Quiroga, se habría tratado de un suicidio y que el detenido se habría lanzado desde la azotea del inmueble, situación refutada por la ministra a cargo del caso, que en el fallo argumentó que la situación antes descrita «no se condice con las condiciones de vigilancia a que se encontraba sometido". 

Considerando estos y otros antecedentes, como declaraciones de testigos y del mismo ex funcionario del Ejército es que se dio luz verde al procesamiento de José Enrique Contreras Pacheco como autor del delito de secuestro calificado, hecho perpetrado el día 26 de septiembre de año 1973, en Santiago.