En 1977, tres militantes del MIR perdieron la vida en el Olivar Alto mientras fabricaban una bomba. Tras la explosión, dos huérfanos crecieron con la certeza de que la versión oficial era falsa. Veintiocho años después, los sobrevivientes denuncian que sus padres fueron asesinados por agentes de seguridad, avalados por el testimonio de una testigo clave.

Por Lorena Muñoz Zapata – Fotografías: Nelson Varas y archivo diario El Día La Serena 4ª Región

El 30 de diciembre de 1977 fue un día caluroso y X –que prefiere mantener su nombre bajo reserva– decidió pasar la tarde en la playa. Faltaban pocas horas para iniciar las celebraciones de Año Nuevo y X, de 15 años, regresó temprano a casa, tal vez con la intención de prepararse para la fiesta del día siguiente.

Hasta hoy, lamenta haber regresado tan pronto, justo cuando una explosión desintegró la modesta vivienda ubicada en pasaje Caldera 88, en el sector del Olivar Alto, Coquimbo. Pasadas las 18:00 horas, Mario Romero Robledo (27), ingeniero, y su esposa, Sonia Valencia Huerta (34), asistente social, perecieron al interior de la casa. Una tercera persona, Germán Cuello Yuschkewitz (26), profesor, logró salir de la destruida construcción para morir desangrado en la calle.

X dice haber llevado lejos a Rodrigo, el hijo menor de los Romero Valencia, para mantenerlo a salvo. Casi tres décadas después, se niega a conversar formalmente con la prensa, para "evitar meterme en problemas. Yo vi cosas que tal vez no debí haber visto y me hice adulto con este peso". Esto a pesar de que en el entorno del joven se sostiene que esta versión es inexacta.

Rodrigo Romero Valencia tenía 3 años en diciembre de 1977 y al momento de la explosión se encontraba dentro de la casa donde vivía con sus padres y Luis Rubén, su hermano de 9 años, quien no estaba en el lugar al momento del siniestro. La sobrevivencia de Rodrigo fue un milagro y él mismo se maravilla de haber resultado ileso.

Por su corta edad, el joven manifiesta no tener recuerdos de esa época, "sólo sé lo que me contaron mis familiares y otras personas". Romero no recuerda la conmoción que causaron las muertes de sus padres y de Cuello, quien fue identificado inicialmente como Sergio Valdivia Vargas por la cédula de identidad falsa que portaba. Al momento de su deceso, Sonia Valencia estaba en el séptimo mes de embarazo de su tercer hijo.

Versión cuestionada

Según la versión oficial, difundida por el intendente del periodo, el comandante Luis Patricio Serre, los tres miristas provocaron la explosión cuando fabricaban bombas. De acuerdo a lo que informó el militar la misma noche del viernes 30, los artefactos serían instalados en lugares públicos para aterrar a la ciudadanía, que debía pronunciarse en una consulta pública –fijada para el 4 de enero de 1978– sobre la acusación de la ONU contra la junta militar por violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades avalaron esta tesis con otros medios de prueba encontrados en la mediagua de los Romero Valencia: 3 revólveres, una pistola, literatura marxista y panfletos del MIR, además de planos de La Serena y Coquimbo.

La prensa siguió con atención el caso y días después informó del hallazgo de una bomba en el templo chico de Andacollo, instalada durante la Fiesta Grande. Además del artefacto, se encontró un panfleto firmado por el MIR, por lo que las autoridades lo relacionaron con la explosión del pasaje Caldera.

Pese a las evidencias exhibidas en el momento, algunos periodistas reconocen haber dudado de la veracidad de la versión oficial. Sin embargo, nadie dio cuenta de las dudas ni de la versión de los familiares de los muertos, debido a la censura y la manipulación de la que eran objeto los medios en ese periodo. Quienes dudaron, se mantuvieron por décadas con la tesis de que todo se trató de un montaje armado por la DINA.

Las interrogantes fueron compartidas también por quienes mantenían una postura contraria al régimen de Pinochet. "Es imposible que almacenaran explosivos y armas en la casa, porque sabían que eran objeto de seguimientos. Nadie en esa situación se arriesgaba a hacerlo, aun más si tenían niños. Además el MIR estaba prácticamente desarticulado en esa fecha", sostiene Carlos Oros, ex presidente regional de la Comisión de Derechos Humanos y autor del libro El largo invierno del '73: Crónicas para no olvidar, en el que se incluye este caso.

Diario El Día intentó obtener la visión de funcionarios gubernamentales de la época, pero declinaron efectuar declaraciones. El argumento fue que carecen de antecedentes al respecto, ya que la información de los servicios de inteligencia era canalizada directamente por el intendente Serre. Sobre los cuestionamientos a la versión oficial, los consultados negaron haberlos conocido y, más aún, haber sabido que las muertes fueron encubiertas con un montaje.

La búsqueda de pistas

Los parientes de los fallecidos compartieron estas sospechas por años y los hermanos se hicieron hombres en medio de las dudas. Rodrigo se fue a vivir con los abuelos paternos y Luis Rubén –que debió someterse a un tratamiento psicológico para superar las pérdidas– se quedó con los padres de Sonia Valencia, afines a la derecha política.

Hace 6 años, Rodrigo decidió independizarse y regresó al lugar donde murieron sus padres. El modesto barrio –que en 1977 estaba formado por viviendas de autoconstrucción– se había transformado en la Población Coquimbo. Con los años, los vecinos mejoraron sus casas y el pasaje ya no se llama Caldera sino que Mónaco.

Romero retornó para reconstruir la vivienda y sus orígenes. Modificó la estructura de la casa y se reencontró con X y otras personas que también aseguran haberlo salvado. Sobre este punto, Rodrigo precisa que realmente fue su hermano Luis Rubén quien lo sacó de los escombros, desmintiendo las versiones de los vecinos que se atribuyen la acción.

En sus pesquisas, se encontró también con las evasivas de quienes evitan referirse al episodio, como lo comprobó diario El Día durante la realización de este reportaje. Los jóvenes aseguran no haber escuchado jamás de este hecho que conmocionó a la opinión pública local; en tanto, los mayores afirman no recordar y desconocer la ubicación exacta de la vivienda de los Romero Valencia. Otros declinaron hablar con este medio, aduciendo a lo traumático de la experiencia.

Por esta razón, nadie pudo confirmar la tesis de los parientes de los miristas, es decir, que las muertes de Mario Romero, Sonia Valencia y Germán Cuello se produjeron por la acción de los servicios de inteligencia y que el armamento encontrado fue parte de un montaje para ocultar la responsabilidad de los agentes en los homicidios.

Hasta que Rodrigo conoció a una mujer que desde hace mucho tiempo quería contactarse con el joven. Según lo que relató a Romero, ella fue testigo de la presencia de integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el barrio en la tarde del viernes 30.

"La testigo dice que los agentes tenían secuestrados a mis papás y a Germán Cuello. A mi mamá la dejaron salir, para llevar a mi hermano Luis a la casa de una tía que vivía cerca y yo me quedé en la casa. Luego, dice la testigo, los agentes salieron de la casa y ocurrió la explosión, con nosotros adentro", narra Rodrigo.

Los recuerdos de la mujer se complementan con los de Luis Rubén, quien le ha contado a su hermano que se devolvió a la casa tras la explosión y lo sacó del interior del inmueble. Según la versión de Luis Rubén, a los pocos minutos el lugar se llenó de agentes y armas que jamás había visto en la vivienda, una modesta mediagua de dos habitaciones.

El joven explica que la casa de los abuelos Valencia fue allanada momentos después y que los agentes tuvieron la "gentileza" de encender el televisor para que la familia se enterara de la muerte del matrimonio y su amigo, quien había viajado por ese día desde Santiago.

Ofensiva judicial

Romero logró que la mujer se comprometiera a testificar ante tribunales, lo que permitió a los hermanos y a los parientes de Germán Cuello solicitar una investigación judicial. De esta forma, ambas familias interpusieron el pasado miércoles 26 una querella en contra de los generales (R) Augusto Pinochet y Manuel Contreras, ex director de la DINA, el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán y el agente civil Osvaldo Pincetti. Los cargos: Homicidio calificado, secuestro, detención ilegal y asociación ilícita genocida.

La acción judicial fue interpuesta en la capital y cuenta con el patrocinio del abogado de la Corporación de Derechos del Pueblo (CODEPU) Carlos Cáceres. El organismo interpuso otra querella por la muerte de dos miristas en San Miguel, ocurridas en idénticas circunstancias en 1977. Los juristas tomaron la causa debido a la cercanía con personas que habían conocido a los miristas de San Juan.

La identidad de la mujer que contactó a Rodrigo se mantiene en reserva, ya que está considerada como testigo clave y se intenta evitar que reciba presiones indebidas. La informante asegura haber presenciado cuando Mario Romero fue llevado por dos agentes hasta la casa del pasaje Caldera, para esperar el arribo de Valencia. Luego de su llegada, la mujer debió salir nuevamente del hogar para sacar a su hijo mayor. Tras su retorno, salieron los agentes y ocurrió la explosión.

El abogado patrocinante, Carlos Cáceres expresa que en este caso existieron varias irregularidades. "No hubo un proceso judicial respecto a las muertes, sino que simplemente se los trató de extremistas. Además teníamos otros antecedentes, como que Rodrigo resultó ileso de la explosión, el recuerdo de su hermano mayor, que vio casi inmediatamente a los agentes y policías en el lugar. Lo otro sospechoso son las heridas que presentaron los cuerpos, presentes sólo en la parte delantera; el paramédico que estuvo en el lugar piensa que esto indicaría que se juntó a los tres para dinamitarlos", sostiene Cáceres.

Otro de los antecedentes manejados por los querellantes es que, en el marco de otra investigación, el Codepu logró dar con un archivo desclasificado de la CIA, en el que se consigna el exterminio de elementos subversivos a través de explosiones, para acelerar los procesos de expurgación. A raíz de estos antecedentes, la corporación envió una carta al Presidente Ricardo Lagos, para solicitar una reparación moral y la inclusión en los listados oficiales de víctimas de represión política a quienes resultaron muertos en explosiones, como las de Coquimbo o San Miguel.

Cáceres está convencido de que la acción judicial ha suscitado preocupación en el entorno de los ex agentes de seguridad. Esta situación se avalaría por la intervención del correo electrónico de Rodrigo, abierto exclusivamente para informarlo del proceso judicial. Esta sospecha está avalada en una serie de correos infectados que recibió Rodrigo de distintos remitentes, en circunstancias que la cuenta sólo era conocida por el joven y sus abogados. Por otra parte, algunos de los mails provenían de la Unidad de Auditoría, el Departamento V y la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército.

En las próximas semanas, los querellantes solicitarán otras diligencias, como la declaración de testigos y algunos careos. Además, los juristas que llevan la causa solicitarán la asignación de un ministro en visita para esta causa y una investigación por la supuesta intervención del correo de Rodrigo Romero.

Estas acciones coincidieron con un relevante hito relacionado con procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos. El viernes pasado, 30 años después de que el mirista Miguel Ángel Sandoval fuera detenido por agentes de seguridad y llevado a Villa Grimaldi desde donde desapareció, los tribunales encarcelaron al ex general Manuel Contreras, por el delito de secuestro permanente. Por esta causa fueron condenados también otros integrantes de la plana mayor de la DINA, como Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito y Fernando Laureani.

Tres vidas truncadas

La versión oficial del año ’77 fue escueta: Sólo informó acerca de las identidades de los miristas, pero no aportó mayores antecedentes oficiales. Tras conversar con algunos amigos y familiares, diario El Día logró obtener mayores datos al respecto.

Germán Cuello Yuschkewitz: Nació en Vicuña y cursó sus estudios secundarios en el Liceo Gregorio Cordovez de La Serena. Estudió Pedagogía Básica en la Universidad Católica del Norte y se radicó en Santiago por motivos laborales. Fue militante del MIR y tras el golpe de Estado cayó detenido. Luego de recuperar su libertad, realizó trabajo de propaganda en poblaciones de la capital. El 30 de diciembre de 1977 había viajado por el día a visitar a los Romero Valencia.

Sonia Valencia Huerta: Nació en Coquimbo y estudió en el Liceo Coeducacional en el puerto. Se recibió de asistente social en la Universidad de Chile y se desempeñó en el hospital San Pablo y en el Servicio Nacional de Salud (SNS) como jefa de unidad hasta 1973. Militante del MIR, tras el golpe quedó cesante, hasta que consiguió un empleo en el POJH. Tuvo dos hijos y al momento de su muerte presentaba un embarazo de 7 meses.

Mario Romero Robledo: Oriundo de Coquimbo, se recibió de ingeniero en Minas en la Universidad Técnica (UTE), sede Copiapó. Sus amigos lo recuerdan como un hombre tranquilo e introvertido, cuya personalidad contrastaba con la de su esposa, Sonia Valencia, con quien se casó en 1974. Era militante del MIR y junto a su mujer desarrollaban su trabajo político en la población donde encontraron la muerte.

El parapsicólogo de la DINA

La querella interpuesta por los familiares de los miristas de Coquimbo también está dirigida en contra de Osvaldo Pincetti Gac, agente civil de la DINA y la CNI que ha enfrentado otras causas judiciales por violaciones a los derechos humanos.

En la zona, el agente fue el hombre tras el "Profesor Destino", el conductor de un popular programa homónimo transmitido por radio Occidente de La Serena hasta 1973. El espacio estaba dedicado a los sucesos paranormales: Pincetti sanaba dolencias incurables, alejaba ánimas, localizaba entierros e hipnotizaba a los auditores.

"La principal característica del Profesor Destino era su voz, profunda y pausada. De hecho, por su voz en la sala de interrogaciones lo reconocí y confirmé las sospechas de que trabajaba para los servicios de inteligencia", recuerda Eliseo Barboza, ex jefe de prensa de radio Occidente y detenido político entre septiembre de 1973 y junio de 1974.

El agente –conocido como "Doc", "Doctor Tormenta" o "Doctor Destino"–, se trasladó a Santiago. Se desempeñó como "psicólogo" en Villa Grimaldi, donde hipnotizaba a los detenidos para ablandarlos. Se dice además que usaba sus capacidades de médium para ubicar a los hombres más buscados por los servicios de inteligencia, para sorna de muchos de sus "colegas".

Pincetti fue procesado por el homicidio del carpintero Juan Alegría, asesinado por la CNI para encubrir la muerte de Tucapel Jiménez en 1984. La investigación judicial concluyó que el Profesor Destino hipnotizó a Alegría para que escribiera una carta donde declaraba la autoría del asesinato del líder sindical.

Chile, enero 2005 – Lorena Muñoz Zapata

Fuente: CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez

Se trata del matrimonio conformado por Mario Romero y Sonia Valencia -embarazada en la época-, y Germán Cuello, quien visitaba a la pareja en el momento que ocurrieron los hechos. En ese entonces, sus muertes se atribuyeron a la supuesta manipulación de material explosivo, sin embargo, se está investigando si pudo haber participación de terceras personas, dado el modus operandi (explosión) que fue utilizado varias veces por los organismos encargados de la represión en dictadura.

El ministro Sergio Troncoso, encargado de causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, ordenó la exhumación de restos de 3 posibles víctimas de los organismos represivos de la dictadura encabezada por Pinochet, militantes del MIR, quienes fallecieron en una explosión en su vivienda en diciembre de 1977, en el sector San Juan de la comuna de Coquimbo.

Se trata del matrimonio conformado por Mario Romero y Sonia Valencia -embarazada en la época-, y Germán Cuello -tío del actual diputado del PC, Luis Cuello-, quien visitaba a la pareja en el momento que ocurrieron los hechos. En ese entonces, sus muertes se atribuyeron a la supuesta manipulación de material explosivo.

«Sin perjuicio de ello, se está investigando si pudo haber participación de terceras personas en estas muertes, atendido su modus operandi o una dinámica que fue utilizada en algunos casos por los organismos encargados de la represión en dictadura», declaró el ministro Troncoso.

Antes de decretar la diligencia, el ministro Troncoso se reunió con familiares de las víctimas para informarles de la necesidad de la exhumación para el esclarecimiento de los hechos.

«Se les citó a esta reunión a fin de explicar esta situación y consultarles su parecer respecto a la diligencia, que puede tener un impacto emocional relevante en la familia. Se tuvo una conversación bastante franca, se atendieron todas las dudas que ellos manifestaron al respecto, y se concluyó con la conformidad de los familiares para la realización de la exhumación», agregó el ministro de la Corte serenense.

Respecto a la necesidad de realizar la exhumación, el ministro Troncoso explicó que el objetivo es «evaluar la eventual presencia de rastros o señales que pudieran dar cuenta de la corroboración de la forma en que se señaló que habían fallecido, o bien la presencia de elementos que pudieran indicar intervención de terceros en la muerte, o en los momentos previos a esta».

Por último, se informó que la fecha de la exhumación será fijada en conjunto con el Servicio Médico Legal, mientras que los resultados podrían conocerse durante el segundo semestre de este año 2026.

Memoriaviva ha tenido el acceso al certificado de defunción de don Mario Ruperto Romero Robledo,estando fechado el día 30 de diciembre de 1977.

Registro Civil e Identificación.

FOLIO:  600022414543