El 17 de diciembre de 1981, fue abatido Iván Alfredo QUINTEROS MARTINEZ, de 31 años, militante del MIR y comerciante, según la prensa en un enfrentamiento con efectivos de seguridad, frente al N° 437 del callejón Lo Ovalle, a dos cuadras del paradero 17 de la Gran Avenida.

De las declaraciones de testigos aparece que la víctima circulaba en bicicleta por el callejón Lo Ovalle, cuando fue embestido por una furgoneta tipo Suzuki conducida por funcionarios de la CNI, quienes lo conminaron a levantarse, lo que Iván Quinteros no pudo hacer cayendo nuevamente a tierra, ocasión en que le dispararon quedando gravemente herido, falleciendo poco tiempo después.  El protocolo de autopsia consigna que la víctima recibió cinco impactos de bala.

La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, más la militancia de la víctima, la imprecisión del comunicado oficial, el seguimiento de que era objeto por su vinculación con María Cienfuegos y Sergio Flores, muertos días antes, ha llegado a la convicción de que Iván Quinteros fue ejecutado por efectivos de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

Irene Manzano González. Militante de izquierda durante los años de la dictadura. Su marido, Iván Alfredo Quinteros Martínez, militante del MIR, fue asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 17 de diciembre de 1981 en avenida Lo Ovalle, en un montaje presentado por la dictadura como un enfrentamiento. Recibió cinco impactos calibre 38 mientras transitaba en bicicleta. Tres décadas después, en 2017, la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a dos exagentes por el homicidio. Integrante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Reside en Bélgica.

Irene Manzano

«De ese difícil período de nuestra historia, recuerdo a la Vicaría como el eje central de la solidaridad con los perseguidos por el régimen militar».

De ese difícil período de nuestra historia, recuerdo a la Vicaría como el eje central de la solidaridad con los perseguidos por el régimen militar. La solidaridad se organizó desde el minuto uno, desde cuando la Vicaría era el Comité Pro Paz.

Apenas sobrevino el Golpe, el marido de mi cuñada —un joven obrero de montaje industrial— cayó preso en la ciudad de Constitución, donde trabajaba en la construcción de lo que hoy es la Celulosa Arauco. Allí también trabajaba mi marido. Éramos, los dos, militantes de izquierda que por azares del destino nos salvamos de caer presos para el Golpe.

Éramos muy jóvenes. Aquel septiembre del 73 parece lejano en el recuerdo, pero la emoción se siente viva. Recuerdo haber acompañado a mi cuñada al Comité Pro Paz, en la calle Santa Mónica, en busca de noticias del paradero de su marido y a recoger la ayuda de alimentos para ella y los niños, que eran muy pequeños. Fue una ayuda crucial. También con apoyo del Comité pudo viajar varias veces al sur a ver a su marido. En el 76 ellos partieron al exilio. Nosotros nos quedamos en Chile.

Todas las familias que fueron recibidas en el Comité Pro Paz, y más tarde en la Vicaría de la Solidaridad, pueden dar fe de lo que ese lugar físico representaba: un espacio único donde encontrábamos cálida acogida, personas que empatizaban con nuestra angustia y nuestro dolor, y que nos daban ayuda. Allí podíamos comunicarnos con otros que sufrían la misma persecución, lo que nos ayudaba a sobrellevar el agobio, la tristeza.

Un aciago día de diciembre de 1981, mi marido, Iván Quinteros Martínez, cayó asesinado por la CNI en un falso enfrentamiento. En esos duros momentos, volvimos a recibir la solidaridad de la Vicaría: el apoyo de su equipo jurídico para interponer la querella, la ayuda económica para los funerales.

Equipos que exponían su vida

Equipos jurídicos que exponían su vida al hacerlo. Una intensa, una increíble labor día a día, del personal de la Vicaría, que nos salvó la vida a tantos y tantos. Me salvó la vida a mí también, con los múltiples recursos de amparo que interponían mis compañeras de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos cada vez que caímos detenidas en manifestaciones callejeras.

Recuerdo bien cómo los aparatos represivos quisieron llevarse de su domicilio a un abogado de la Vicaría, quien fue defendido por sus vecinos. Sabían bien que, si lograban llevárselo, era muerte segura. Quienes resistíamos a la dictadura éramos perseguidos, y el personal de los organismos de solidaridad también.

Vaya también mi reconocimiento a los otros organismos de derechos humanos, como FASIC o PIDEE, donde mis hijos podían recibir atención médica. Nunca podré olvidar que FASIC me ayudó a salvar la vida de mi hijo, un adolescente, cuya vida estaba en peligro. Eran los años finales del pinochetismo, pero es necesario remarcar que las desapariciones, la tortura y los asesinatos fueron hechos permanentes, del comienzo al fin de la dictadura.

Todo mi reconocimiento agradecido a la Vicaría de la Solidaridad y a todos los organismos de derechos humanos. Me parece que nunca estaré suficientemente agradecida de su noble tarea.

Bruselas, 26 de agosto de 2025

ESTE ESPECIAL

En el marco de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, la periodista Odette Magnet y el abogado Álvaro Varela Walker —Vicepresidente del Directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol)— convocaron durante 2025 a un grupo de voces que vivieron, acompañaron o testimoniaron el trabajo de esta institución entre 1976 y 1992. Son relatos en primera persona que iremos publicando a lo largo de 2026 en nuestro especial de Voces que Recuerdan, generado por la Fundación Funvisol.

Este testimonio integra el especial Voces que Recuerdan, de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol).  

Con la resolución, la ministra Cifuentes dio el cúmplase al fallo que condenó al ex empleado civil de la Armada Mario Galarce Gil y al funcionario del Ejército en retiro Francisco Orellana Seguel, a penas de 15 años de presidio, tras rechazar la Corte suprema el lunes 6 de agosto pasado, los recursos de casación presentados en contra de la sentencia condenatoria dictada por la ministra Cifuentes en la causa.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, ordenó este viernes el ingreso al penal Colina I de dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenados como autores del delito consumado de homicidio calificado de Iván Alfredo Quinteros Ruiz, perpetrado el 17 de diciembre de 1981, en la vía pública.

Con la resolución, la ministra Cifuentes dio el cúmplase al fallo que condenó al ex empleado civil de la Armada Mario Galarce Gil y al funcionario del Ejército en retiro Francisco Orellana Seguel, a penas de 15 años de presidio, tras rechazar la Corte suprema el lunes 6 de agosto pasado, los recursos de casación presentados en contra de la sentencia condenatoria dictada por la ministra Cifuentes en la causa.

En la etapa de investigación, la ministra en visita estableció que: "En la época de los hechos, Iván Alfredo Quinteros Martínez era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. En ese período, Mario Francisco Galarce Gil, empleado civil de la Armada de Chile, y Francisco Orellana Seguel, Funcionario del Ejército de Chile, se encontraban en comisión de servicios en la Central Nacional de Informaciones, CNI, integrando una agrupación dedicada a la represión de los miembros del MIR".

"El 17 de diciembre de 1981, a las 10:15 horas, en circunstancias que Iván Alfredo Quinteros Martínez transitaba en una bicicleta por avenida Lo Ovalle en dirección al oriente, seguido por Mario Francisco Galarce Gil y Francisco Javier Orellana Seguel, cada uno premunido de un revolver calibre 38, éstos dispararon en su contra".

a Corte Suprema, en un fallo dictado este lunes (causa rol 41.554-2017) por la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm- condenó a los ex agentes de la CNI Mario Francisco Galarce Gil, ex funcionario civil de la Armada, y al ex suboficial de ejército Francisco Javier Orellana Seguel, a penas de 15 años de presidio, como autores del homicidio calificado de Iván Alfredo Quinteros Martínez, de 31 años de edad, cometido el 17 de diciembre de 1981, en la comuna de San Miguel, en Santiago.

Con esta resolución la Corte confirmó el fallo de primera instancia dictado por la ministra Marianela Cifuentes en enero de 2017.

En la etapa de investigación de la causa, la ministra en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marianela Cifuentes Alarcón estableció que:

«En la época de los hechos, Iván Alfredo Quinteros Martínez era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. En ese período, Mario Francisco Galarce Gil, empleado civil de la Armada de Chile, y Francisco Orellana Seguel, funcionario del Ejército de Chile, se encontraban en comisión de servicios en la Central Nacional de Informaciones, CNI, integrando una agrupación dedicada a la represión de los miembros del MIR.

El 17 de diciembre de 1981, a las 10:15 horas, en circunstancias que Iván Alfredo Quinteros Martínez transitaba en una bicicleta por avenida Lo Ovalle en dirección al oriente, seguido por Mario Francisco Galarce Gil y Francisco Javier Orellana Seguel, cada uno premunido de un revolver calibre 38, éstos dispararon en su contra.
Iván Quinteros Martínez recibió el impacto de 5 proyectiles balísticos calibre 38 que ingresaron por la región cervical derecha, mejilla derecha, tercio inferior del tórax posterior izquierdo, cara externa de la rodilla derecha y cara externa del muslo derecho, quedando tendido en la calzada, frente al inmueble signado con el N° 437 de la avenida Lo Ovalle».

Tanto Mario Galarce Gil, alias "Loco Mario" y "Marino Loco", como Francisco Orellana Seguel, alias "El Manzana", eran avezados agentes represivos, que formaron parte de la DINA y luego de la CNI.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia que condenó al ex empleado civil de la Armada Mario Galarce Gil y al funcionario de Ejército en retiro Francisco Orellana Seguel, a penas de 15 años de presidio, en calidad de autores del delito.

En fallo unánime, la Corte de San Miguel condenó a dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio de Iván Quinteros Martínez, ilícito perpetrado en diciembre de 1981, en la Región Metropolitana.

En la etapa de investigación, la Ministra en visita Marianela Cifuentes logró establecer los siguientes hechos:

1.- Que, en la época de los hechos, Iván Alfredo Quinteros Martínez era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, M.I.R.

2.- Que, en ese período, Mario Francisco Galarce Gil, empleado civil de la Armada de Chile y Francisco Javier Orellana Seguel, funcionario del Ejército de Chile se encontraban en comisión de servicios en la Central Nacional de Informaciones, C.N.I., integrando una agrupación dedicada a la represión de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

3.- Que el día 17 de diciembre de 1981, a las 10:15 horas, en circunstancias que Iván Alfredo Quinteros Martínez transitaba en una bicicleta por avenida Lo Ovalle en dirección al oriente, seguido por Mario Francisco Galarce Gil y Francisco Javier Orellana Seguel, agentes de la Central Nacional de Informaciones, cada uno premunido de un revólver calibre .38, éstos dispararon en su contra.

4.- Que, en definitiva, Quinteros Martínez recibió el impacto de cinco proyectiles balísticos calibre .38, que ingresaron por la región cervical derecha, mejilla derecha, tercio inferior del tórax posterior izquierdo, cara externa de la rodilla derecha y cara externa del muslo derecho, quedando tendido en la calzada, frente al inmueble signado con el N° 437 de la avenida Lo Ovalle.

5.- Que las lesiones cráneo encefálica, facial cérvico torácica y torácica causaron la muerte de la víctima.
En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $360.000.000 a familiares de la víctima.

Se trata del caso por el homicidio de Iván Quinteros Martínez, en San Miguel.

Los procesados son el oficial en retiro del Ejército Francisco Orellana Seguel y el empleado civil de la Armada Mario Galarce Gil.

La ministra Cifuentes dictó proceso en este caso por la muerte de un militante del MIR.

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó acusación en la investigación por el homicidio calificado del militante del MIR Iván Quinteros Martínez, perpetrado el 17 de diciembre de 1981, en la comuna de San Miguel.

En la causa, la magistrada procesó al oficial en retiro del Ejército Francisco Orellana Seguel y al empleado civil de la Armada Mario Galarce Gil, como responsables del homicidio cometido en un sector del Callejón Lo Ovalle.

De acuerdo con los antecedentes del proceso, "se encuentra suficientemente establecido en autos que un grupo operativo perteneciente a la Central Nacional de Informaciones -CNI-, buscaba a una persona con determinadas características en el sector de Gran Avenida y Callejón Lo Ovalle".

"En ese contexto, el 17 de diciembre de 1981, alrededor de las 10:15 horas, en circunstancias que Iván Alfredo Quinteros Martínez, transitaba en bicicleta por Callejón Lo Ovalle en dirección al oriente, fue interceptado por dos agentes pertenecientes al grupo antes señalado, quienes se movilizaban en una motocicleta y lo persiguieron por dicha arteria", añade el texto.

Posteriormente, continúa, "(...) al descender Quinteros Martínez de la bicicleta en que se movilizaba, sus perseguidores le dispararon, impactándolo en cinco oportunidades en diferentes partes del cuerpo, provocándole la muerte. Que el hecho es constitutivo del delito de homicidio, en grado consumado, en la persona de Iván Alfredo Quinteros Martínez ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 Nº 2 del Código Penal".