El 29 de marzo de 1985, fueron secuestrados y degollados por agentes del Estado, el sociólogo José Manuel Parada, el profesor Manuel Guerrero y Santiago Natinno. Pasado el cuarto de siglo, el hijo del Guerrero, rememora el hecho, en su blog cuenta quién fue su padre y las motivaciones del crimen que estremeció a la sociedad chilena.
“Lo que ahora escribo lo hago con mucho dolor.

En este preciso momento, que en Santiago son pasadas las 08:00 de la mañana, llegaba el 29 de marzo de 1985 al colegio, como todos los días, y vi a mi a papá recibiendo a los niños, pues era profesor. Conversaba con José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de Solidaridad, antiguo camarada de la época de la Jota, y apoderado del colegio. Llegué y nos saludamos de beso. Me llevó un momento a un lado y me contó que el día anterior habían secuestrado a un grupo de profesores de su asociación gremial, la AGECH, de la cual era dirigente, y que los aprehensores habían preguntado por él.

Me quedé atónito mirándolo. Tenía catorce años pero eso ya era edad suficiente como para tener la lógica mínima de que si te buscan, y estábamos en pleno estado de sitio, escóndete, ándate del país, qué haces aquí a las puertas de este colegio, a plena luz del día, te van tomar!!!! Se lo planteé, y él, muy pausado y mirándome con una ternura infinita a los ojos, me tomó de las manos y me dijo que no, que éste era su trabajo, éste era su país, que él ya se había ido una vez y que no lo volvería a hacer, que su lugar era junto al pueblo y su lucha para terminar con la dictadura. Buscando argumentos nuevos, que pudieran hacerlo cambiar de opinión, le pregunté si el Partido le había autorizado para irse del país, que en tal caso les hiciera caso. Paciente, se sonrió, y me dijo que pasara lo que pasara jamás culpara al Partido. Que tranquilo, ya veremos cómo salimos de ésta.

Lo último que me preguntó es acerca de la Gigi, que es mi abuela materna, una mujer muy sencilla que perdió cuando muy pequeñita a sus padres en el terremoto de Chillán en la primera mitad del siglo XX, y que llegó como empleada a Santiago. Ella siempre había acogido a mi padre, a pesar que no tenía formación política alguna, y estuvo con nosotros en todas las búsquedas en 1976 por los campos de concentración cuando secuestraron por primera vez a mi padre. Incluso estuvo detenida con nosotros en el Fuerte Silva Palma, en la segunda desaparición de papá ese mismo año. Ahora, en aquel viernes 29 de marzo de 1985, mi papá me contó que la Gigi, días después del Golpe, cuando papá andaba absolutamente clandestino, sucio y hambriento, escondido tratando de reorganizar a la Jota, lo recibió en su casa, corriendo un riesgo altísimo. Le había preparado un baño y comida. Pocas veces se sintió tan acogido por casi una desconocida, por alguien que se entregaba a él por puro amor, por ser el padre de su nieto y esposo de su hija. Mi padre me contó que la tenía siempre presente, y que lamentaba no haber tenido la oportunidad de agradecérselo.

Le di un beso y me fui a clases.
Mi sala daba las espaldas a la calle. A las 8:50, a minutos de lo que ahora escribo, oímos un helicóptero descender casi al techo del colegio. Nos miramos todos extrañados. Luego un freno de un auto, griterío de voces masculinas que denotaban forcejeo, un balazo y silencio.

Tomé el brazo del compañero de banco y le dije: “mi papá”. Él me miró sorprendido, pero preocupado a la vez. Fui muy categórico. Inmediatamente entró Carmen Leiva a la sala, que era miembro del Centro de Alumnos, con los ojos en lágrima y tirándose los dedos de las manos. Le pidió permiso al profesor que impartía la clase para hablar con el estudiante Manuel Guerrero Antequera. Yo me paré en medio de sala de inmediato y le dije: “Se llevaron a mi papá”. Asintió con la cabeza y se puso llorar e intentó darme detalles de lo sucedido.

Salí de la sala y me fui directo al baño. Me miré rápido al espejo y me tomé unos remedios que tenía para la taquicardia de la que padecía hacía un año. Me hablé a mi mismo preguntándome qué haría papá en una situación como ésta. Salí corriendo a inspectoría, pedí el teléfono y llamé a Sergio Campos, amigo de mi padre, que era locutor de Radio Cooperativa, muy escuchado en Chile. Me puso al aire y denuncié que sujetos desconocidos, probablemente de la CNI, habían secuestrado a mi padre junto a José Manuel Parada, y que temía por sus vidas. Llamé a que la ciudadanía se movilizara de inmediato para exigir a las autoridades su búsqueda y liberación.

Salí de inspectoría y fui a la calle a ver qué es lo que había sucedido exactamente. Había una confusión enorme en el colegio. Cuando se los llevaron había un curso completo que en ese momento estaba en clases de educación física y se encontraba trotando alrededor de la manzana en la calle El Vergel con Av. Los Leones. Muchos de ellos vieron el plagio. Ahí me enteré que el tránsito había sido interrumpido, minutos antes del rapto, por Carabineros de tránsito, motorizados y a pie, y que se reanudó apenas se habían llevado a mi padre con José Manuel.

Que el helicóptero también era de Carabineros de Chile. Que al tío Leo lo habían baleado y que un profe se lo había llevado de urgencia a una clínica. Que Marcela, una compañera de segundo medio del colegio, intentó quitarles a los secuestradores a mi padre, que alcanzó a tomarle la mano, pero los otros era más fuertes. Que el Pelluco, uno de los dueños del colegio fue encañonado y amenazado, por lo que él pálido, probablemente para proteger a los niños o por temor a lo que ocurría, cerró la reja del colegio, dejando a mi padre y Jose Manuel peleando solos con los secuestradores en la calle, y que ahí llegó corriendo el Leo, que casi recupera a mi padre que no paraba de gritar, son de la CNI!, ayuda!, nos quieren secuestrar!
Me paré en la calle y me bajó la sensación que todo esto ya lo había vivido. Me preocupé absurdamente por mi seguridad, así es que compañeros me cambiaron parte de la ropa, me puse lentes oscuros, un jockey de gorra, y le pedí a Cristóbal, un compañero y amigo de la Jota del colegio, que me sacara de ahí, que yo tenía un papel que cumplir, que no me podía pasar nada.

Cuando nos fuimos a casa de Cristóbal había llegado la Policía de Investigaciones de Chile junto a Carabineros para preguntar qué había pasado… Me irritó el cinismo de nuestras instituciones de Orden y Seguridad y traté de pensar a qué lugar se llevaban a papá en ese momento.

En casa de Cristóbal conversamos qué podíamos hacer. Era todo confuso, me faltaban elementos, papá de seguro sabía lo que estaba ocurriendo, en qué debía fijarme y acordarme para entender con qué y quiénes estábamos tratando… Yo mismo no tenía clara cuál era la función de papá en el Partido, conocía su labor de dirigente público, pero debía haber algo más, pues sino porqué había tanto recurso del Estado comprometido para tomarlo en forma abierta, a la vista de niños y profesores en un colegio.

Desde que papá había llegado de regreso a Chile de su exilio, el 22 de noviembre de 1982, de forma inmediata lo retuvieron en el aeropuerto. Al entregar sus documentos en el mesón de Policía Internacional, el funcionario al leer la tarjeta de embarque, dijo en voz alta “es él”, y acto seguido se lo llevaron a una sala esperando una llamada del “jefe”. Mi padre muy preocupado consultó qué es lo que sucedía y en virtud de qué lo tenían retenido. No hubo respuesta. Después que le revisaron toda la documentación y lo que traía, lo dejaron ir. Un automóvil lo siguió hasta la casa familiar de Maipú, cosa que él de inmediato -en su primer día de regreso al país, después de años de distancia!- denunció llamando a las radios. Así de valiente era mi viejo, y así de presente lo tenían los organismos represivos de la dictadura.

En diciembre de 1982 retornamos nosotros, junto a mamá y mi hermana América a Santiago, desde Barcelona. Nos reencontramos con papá quien ya estaba participando en la organización de la primera marcha del hambre que se realizó, convocada por el movimiento sindical. El año 83 fue mágico, pues las protestas nacionales eran masivas, se respiraba mucha esperanza, con actos multitudinarios. Papá se abocó a organizar a los profesores cesantes y a la creación del Movimiento Democrático Popular, MDP, que agrupaba a las fuerzas políticas de izquierda que luchaban por el retorno de la democracia, pero con contenido social. Lo acompañé a muchas manifestaciones y concentraciones. Su energía de trabajo era infinita, y siempre tenía la “película muy clara”, me comentaba la gente con quien interactuaba. Su apuesta eran las políticas de alianzas, la unidad de la oposición, el derrotar a la dictadura, pero en el marco de una transformación simultánea de la economía, de modo que ésta favoreciera a las grandes mayorías, fundamentalmente al mundo trabajador y poblacional que en aquellos años sufrían una situación de cesantía y hambruna real.

Llegó el año 1984, y papá trabajaba junto al Pato Madera, muralista destacado de la época de las Brigadas Ramona Parra, en el Taller Amistad que tenían en la calle San Pablo. Todo muy sencillo, pero lleno de jóvenes y viejos que hacían lienzos, pintaban cuadros, experimentaban formatos distintos de cassettes y revistas, todo con mensajes llamando a la organización y lucha contra la dictadura.

Asumió Sergio Onofre Jarpa de Ministro del Interior y de inmediato la CNI fue a casa a buscar a papá para detenerlo. Como él no vivía con nosotros no lo pudieron ubicar, pero dejaron una copia de la orden detención y expulsión del país de papá, junto a Mario Insunza Becker, firmada por el Ministro del Interior, con la leyenda “por orden del Presidente de la República”, es decir, Augusto Pinochet. Aún conservo ese documento, que da testimonio del lugar desde donde venían las órdenes para vigilar, detener y matar.
Papá tuvo que volver a la clandestinidad. Allanaron la casa de la familia Guerrero en Maipú; secuestraron al hermano menor de papá, mi tío Francisco; detuvieron a una hermana de papá, mi tía Esperanza; detuvieron y torturaron al profesor Tolosa de la AGECH preguntando por papá, en fin, la represión era muy fuerte e intensa para dar con su paradero. Mi padre comenzó un exasperante peregrinar de casa en casa.

En aquellos días yo había cumplido los 14 años. Vivía el inicio de mi adolescencia. Rebelde me pelié con mamá y la amenacé con irme a vivir con papá. Ubiqué a mi padre y la comuniqué mi decisión. Él estaba radiante de felicidad, siempre había soñado con volver a compartir conmigo los momentos en que me dormía y despertaba. Quedamos de acuerdo, yo tomé mis textos escolares, un poco de ropa, mi guitarra, y me fui a Maipú a encontrarme con él a tomar once e iniciar nuestra vida juntos. Llegué puntual, pero dieron las siete, las ocho y las once de la noche y papá no llegaba. Ya cuando me estaba durmiendo apareció, con los ojos llorosos. Me dió un gran abrazo y me dijo, con el dolor de su alma, que lamentablemente no podía irme con él, que habían sacado una nueva orden de detención de parte del Ministerio del Interior y ahora tendría que salir de Santiago. No lo podía creer. Me había costado mucho tomar la decisión. Ahora tendría que volver con mi orgullo en el suelo a casa, a mi pieza de niño, cuando estaba a punto de cumplir uno de mis sueños. Pero sus ojos no mentían, estaba verdaderamente preocupado.

De ahí no lo volví a ver durante meses. Llegó el año nuevo con el que comenzaría 1985. Con mi hermana América fuimos a la casa de mis abuelos en Maipú y celebramos contentos, pero con la ausencia de mi padre que en algún lugar, en alguna casa estaría comiendo con una familia ajena. De pronto, noté que mi abuelo se puso muy nervioso y me hablaba como enojado. Había algo raro en el ambiente. Súbitamente entró al patio de la casa el auto de mi tío Francisco, pero en reversa. Estacionó frente a la puerta de la casa, lo que no era usual. Se bajó mi tío y abrió expectante la maletera. Corriendo fuimos con mi hermana y primos a ver qué sucedía. En su interior habían frazadas, que de a poco tomaron vida y comenzaron a moverse, y de pronto, de entre ellas, se asomó el rostro de papá con su risa gigante y luminosa, mirándonos victorioso. Había burlado el seguimiento y, arriesgando su vida, se sumó a la familia para compartir unos momentos junto a nosotros.

Pasé toda la tarde pegado a él, como un pequeño animalito incondicional. Comimos, lavamos los platos juntos, guitarreamos un rato -ambos somos desabridos pero gozamos cantando-, y luego llegó el momento de la despedida. Yo me abracé de mi hermana mientras observábamos como se volvía a introducir a la maletera y se perdía bajo las frazadas. ¿Lo volveríamos a ver?

A principios del año 85 el Ministerio del Interior informó a la familia que a papá le habían levantado la orden de detención y expulsión del país. Apenas lo supo, él aprovechó de inmediato la ocasión para volver a encontrarse con los profesores y juntos pasamos los efectos del terremoto de inicios de marzo de aquel año. Papá criticaba el que los propios profesores cesantes tuvieran que juntar limosnas para repartírsela a los colegas que habían quedado sin hogar producto del sismo. “Le estamos quitando a los que no tienen, y le estamos dando miseria a los que se merecen mucho más. Tenemos que exigirle a las autoridades estatales que asuman ayudar a todos los damnificados. Esto no es una cuestión de caridad, es un problema político desde el cual debemos organizarnos para protestar y buscar unidad de propósitos con amplios sectores”, decía.

En eso estaba cuando el secuestro del 29 de marzo de 1985. Sin embargo esto no podía constituir motivo suficiente para que una institución del Estado secuestrara a tanta gente consultando por papá y luego se lo llevaran de las puertas de un colegio. Ese era mi intución en aquel minuto a pocas horas de ocurrido el secuestro en mi colegio. En casa de Cristóbal, trataba y trataba de dar en mis recuerdos con alguna pista para saber por dónde había que buscarlo para hallarlo vivo y salvarlo de una muerte segura, pero no supe desenrredar la madeja. Me faltó edad, experiencia, y claro, papá realizaba una actividad con mucho sigilo que solo con el tiempo pude ir reconfigurando. Ahí estaba la verdadera clave de su secuestro y posterior degollamiento. Su caso fue utilizado para atormentar a toda la sociedad, de ello no cabe ninguna duda. Pero no era solo eso, había un odio particular hacia él, desde el mismo año 1976 cuando sobrevivió la detención y desaparición, torturas y prisión política…

A fines de 1984, la peridiodista Mónica González de la revista Cauce, de oposición al régimen, había sido contactada por Andrés Valenzuela, alias “El Papudo”, ex agente del Comando Conjunto -organismo que coordinaba distintas ramas de las Fuerzas Armadas con el propósito de reprimir-, quien se encontraba sometido a profundos remordimientos por sus acciones pasadas y valientemente dio el paso a contar su verdad, a riesgo de que se supiera y fuera ultimado por sus propios ex colegas. Mónica González se juntó con él y no podía dar crédito a todo lo que este hombre le relataba: detalles de las detenciones, torturas, ejecuciones y lugares donde habrían dejado los restos de muchos detenidos desaparecidos durante el año 1976, el mismo año en que el Comando Conjunto había tenido detenido desaparecido a mi padre. La periodista dándose cuenta de que se trataba de información extremadamente delicada, antes de su publicación decidió validar la misma, para lo cual contactó a José Manuel Parada, que a la sazón era el encargado de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad.

En Chile habían muy pocas personas que como él manejaban casi toda la información acerca de los aparatos represivos, pues le llegaban a diario los testimonios de los luchadores sociales y sus familiares que habían sido apresados.

José Manuel, al conocer el carácter de la información y antes de entrar en su detalle, le sugirió a la periodista que había una persona, la única persona en realidad, que contaba con toda su confianza y que podía triangular la información con su propia experiencia de detención en manos del Comando Conjunto y lo que indicaba Valenzuela: mi padre. Con la venia de Mónica González, los tres se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio y mi padre con José Manuel no podían creer a lo que estaban accediendo: la estructura completa del Comando Conjunto, sus acciones, las fechas de detención de los militantes comunistas detenidos desaparecidos, los sitios en que fueron ultimados, los nombres y alias de los agentes de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de civiles que participaban en el Comando. Mi padre, absolutamente impresionado, iba confirmando una a una las informaciones. Estaban frente a una información valiosísima que permitía aclarar muchos casos de violaciones a los derechos humanos y dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta que sus vidas, como la del ex agente, corrían un enorme peligro, pues los agentes seguían activos y harían todo para que tal información no se hiciese pública. Por ello decidieron que la información se publicaría cuando Andrés Valenzuela estuviera a salvo fuera del país y cuando ellos mismos hubieran alcanzado a tomar las medidas de seguridad que evitaran su inminente captura. La decisión era presentar toda la información en un medio de circulación masiva en el extranjero, tipo Washington Post, y una vez fuera conocida, entregarla con detalles a los Tribunales de Justicia chilenos para que investigara los hechos.

Leyendo y releyendo el testimonio del agente Papudo, mi padre se pudo enterar de los detalles de su propia detención en 1976 cuando tenía 27 años de edad, pues Andrés Valenzuela había participado en tal episodio. Ahora comparto con ustedes parte de la información que probablemente llevó mi padre a la muerte, por el terror y cobardía de los agentes a enfrentar la verdad y su responsabilidad en los hechos, que aún siguen impunes:

“El operativo fue en el sector de Departamental. Recuerdo que la ‘Pochi”, la agente de la FACH Viviana Ugarte Sandoval, estaba en el lugar con un equipo de radio para avisar su salida. Cuando salió, fue tomado por el “Chico” y “Alex”, agentes de la Marina, y a consecuencia de un pequeño forcejeo, a “Chico” se le disparó el arma, hiriendo a Guerrero en un costado. Fue conducido de inmediato a “La Firma” estando herido. Allá, el “Lolo”, el “Fifo” Palma, “Jano” y “Wally”, lo interrogaron y torturaron poniéndole electricidad directamente en la herida.
A consecuencias de los golpes y electricidad, Guerrero perdió el conocimiento por unos instantes por lo que se llamó al doctor Alejandro Forero “hijo”, hoy cardiólogo en el Hospital de la FACH. El doctor señaló que la herida era grave y que el detenido debía ser trasladado al hospital.

Alrededor de una hora después que se fue el doctor Forero de “La Firma”, se recibió el llamado telefónico de un general, no estoy seguro que fuera de la FACH, y ordenó el traslado de Guerrero al Hospital de Carabineros. Nos causó sorpresa que el general ya estuviera enterado que teníamos a Guerrero. En el hospital estuvo siempre esposado, lo que recuerdo bien ya que varias noches me tocó hacerle guardia.”

Con esta información, ahora quedaba claro porqué el Comando Conjunto había resuelto “entregar” a mi padre a la DINA durante su detención y desaparición en 1976: Mi madre en aquellos meses hizo todo lo humanamente posible para dar con el paradero de mi padre, concurriendo personalmente -embarazada de mi hermana América- a las oficinas del presidente de la Corte Suprema. Él para calmarla hizo un ejercicio retórico: “Señora, en Chile no hay detenidos desaparecidos. Voy a llamar delante de usted al General Contreras, para que se de cuenta que no hay nadie del nombre de su marido detenido en algún recinto de las Fuerzas Armadas y de Orden”. Y lo hizo. Y sin saberlo o quererlo, esta llamada al despacho del coronel Manuel Contreras, que dirigía la DINA, le salvó en ese momento la vida a mi padre, pues cuando Contreras se enteró que uno de los principales dirigentes de las Juventudes Comunistas, a quien sus hombres buscaban intensamente, se encontraba en poder del Comando Conjunto, o el “Grupo de los 20″ como se hacía llamar, enfureció, porque no estaba informado. Movió todos sus contactos y exigió que el director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, general Enrique Ruiz Bunguer, y el director de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, general Rubén Romero Gormaz, le entregaran a mi padre. La presión del coronel Manuel Contreras se hizo insoportable y la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR) debió asumir su detención. El 18 de junio de 1976, estando mi padre ilegalmente detenido y baleado -sin que nadie de nosotros supiera su paradero- en el Hospital de Carabineros, el ge neral Romero debió entregarlo a la DINA a pesar de que la bala seguía enterrada en su axila. Un oficio firmado por el general Rubén Romero Gormaz, y dirigido al director de la DINA, acompañó a mi padre en su ingreso al campo de concentración de Cuatro Alamos, que estaba bajo control de la DINA: “Remito antecedente del dirigente de las Juventudes Comunistas Manuel Guerrero Ceballos, quien fue detenido por personal de Inteligencia y que se encuentra a disposición de la DINA, en el Hospital de Carabineros.”

Siete días permaneció incomunicado mi padre en Cuatro Alamos. La bala la tenía aún clavada en el costado. En esos siete días se decidió su destino, pues el viernes 25 de junio de 1976, el día de su cumpleaños y a la misma hora en que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo en favor de él, mi padre fue obligado a levantarse de su camastro en la celda de incomunicación en que fue arrojado. No sabía adonde lo llevarían. Esa misma mañana fue trasladado al campamento del lado, el del tránsito a la libertad, Tres Alamos. Los organismos represivos, por esta lucha entre ellos, habían decidido que viviera, pero no contaban con que mi padre denunciaría por todo el mundo lo que le habían hecho y que había reconocido a uno de los agentes, el traidor Miguel Estay Reino, el “Fanta”.

La información que entregó Valenzuela en su testimonio a Mónica González era una bomba, y en rigor, sigue siendo una bomba. Pues en ella se establece, entre otros aspectos, que Viviana Ugarte Sandoval, alias “La Pochi”, había participado como agente del Comando Conjunto en la detención ilegal de mi padre. Presumiblemente ella es la mujer que relata en un escrito que dejó papá con el nombre “La sesión macabra continua”, donde describe las torturas que le aplicaron, y que en medio de ellas había una mujer que lo acariciaba mientras le aplicaban electricidad.

Sí. Viviana Lucinda Ugarte Sandoval es la esposa del general de la FACH Patricio Campos, quien es la persona nombrada por las Fuerzas Armadas que participó en la Mesa de Diálogo que tenía por objeto recabar información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos en Chile… Curiosamente, precisamente la información que correspondía a las víctimas del Comando Conjunto fue alterada, de acuerdo a las declaraciones de Otto Trujillo, “Colmillo Blanco”, otro agente del Comando Conjunto que contó su versión de la verdad al diario La Nación.
Por desgracia, y por razones que aún me cuesta comprender, la entrevista a Andrés Valenzuela fue publicada sin autorización de mi padre y José Manuel en el extranjero, antes que ellos pudieran ponerse a salvo. Los agentes del Comando Conjunto, ahora agrupados en un departamento de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), con domicilio en calle Dieciocho, en el mismo local de la “Firma” en que tuvieron torturado a mi padre en 1976, apenas se enteraron del testimonio de Valenzuela se pusieron en alerta y decidieron cortar literalmente el problema por la raíz: eliminar a José Manuel y mi padre, para impedir que la verdad circulara por el mundo. Por ello allanaron y secuestraron la imprenta de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) el 28 de marzo de 1985. Buscaron frenéticos ese lugar pensando que ahí se encontraban los stenciles de publicación del testimonio de Valenzuela sobre el Comando Conjunto. La imprenta estaba a nombre del artista gráfico Santiago Nattino. Esa misma noche lo secuestraron y lo llevaron a calle Dieciocho, al local de la DICOMCAR, ex La Firma del Comando Conjunto. Lo esposaron a un parrón y comenzaron su tortura. Una vez que secuestraron, al día siguiente, el 29 de marzo, como hoy, a mi padre y José Manuel, los torturaron a los tres, quemándoles cigarrillos en el cuerpo, sacándoles las uñas, aplicándoles electricidad y quebrándoles los huesos de la frente a culatazos.

Al día siguiente, el 30 de marzo de 1985, dirigidos por el Fanta, con un cuchillo atacameño que le había regalado Moren Brito, los degollaron bajo Estado de Sitio camino a Quilicura y dejaron que sus cuerpos se desangraran. Hoy tres sillas vacías recuerdan a don Santiago y a los Manueles en el lugar en que les dieron muerte.

No quisieron que se supiera la verdad, como ha sido la tónica del silencio de las Fuerzas Armadas y de Orden para no dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Fundamentalmente por cobardía a no enfrentar sus propios actos, sus propias decisiones. Siguen estando en deuda con nosotros, con los hijos, con la sociedad chilena. La mayoría de aquellos agentes y de quienes les dirigían no han sido juzgados, y los médicos que torturaron, los civiles que actuaron, los oficiales que participaron en tan horrendos crímenes, siguen en sus lugares de trabajo como si nada pasara.

Pero sí pasa y no deja de pasar. Tal como mi padre y José Manuel arriesgaron y dieron sus vidas por la verdad y la justicia, nuevas generaciones surgen y dan con creatividad las luchas del presente, vinculados con aquella memoria del crimen, pero también de los compromisos, las militancias por una vida digna.

Por eso hoy los recordaremos en nuestra velatón cultural. Cada uno/a tomará de la mano a don Santiago y a los Manueles, y con ellos a cada uno/a de los/as luchadores/as sociales de nuestro país, de su mundo trabajador, artístico, profesional, intelectual. Somos muchos/as. Honraremos sus vidas y no dejaremos de denunciar y exigir justicia a sus asesinos y al Terrorismo de Estado. Hacemos el esfuerzo diario de seguir enamorados de la vida, como una conquista que no nos pueden ni queremos que nos quiten. Por eso decimos, ¡Con Memoria y Alegría, Adelante por la Vida!

Hoy pondré mi vela por ese último beso que le di a papá, y a quien he dedicado mi modesta vida, junto a mi compañera e hijas. Ahí estaremos, en la calle, codo a codo. Y entre la gente, quiero verte bailar…

Todos los días, toda la vida”.

Manuel Guerrero Antequera

El corvo con que los degollaron pesaba 410 gramos y medía 19 centímetros de largo por 3,6 centímetros de ancho. Era de Miguel Estay Reyno, el “Fanta”. Se lo había regalado uno de los torturadores más temidos de la dictadura, Roberto Fuentes Morrison, el “Wally”, el año anterior. Ese 30 de marzo de 1985 en Quilicura, el primero en usar el arma fue el sargento segundo José Fuentes, quien tomó por atrás  la cabeza de Manuel Guerrero  y le hundió el cuchillo en el cuello. El corvo pasó luego a manos del cabo Alejandro Sáez Mardones, quien repitió el procedimiento con Santiago Nattino. Luego el cabo Claudio Salazar agarró el arma y le hizo un profundo corte en el vientre a José Manuel Parada, quien cayó adolorido al piso segundos antes de que otro agente tomara nuevamente el arma y lo degollara también.

Quien comandó el degollamiento de los tres profesionales comunistas, una de las operaciones más sangrientas y estremecedoras de la dictadura, fue el entonces coronel Guillermo González Betancourt, jefe operativo del Departamento de Asuntos Internos y Externos de la Dicomcar, la Dirección de Comunicación de Carabineros. Este lunes 21, los cinco ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y los abogados integrantes Jean Pierre Matus y Jaime Rodríguez- rechazaron de forma unánime el recurso de amparo con el cual González Betancourt buscaba acceder a la libertad condicional y revertir la decisión en contrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago (ver fallo).

González Betancourt cumple pena de presidio perpetuo como autor del secuestro y homicidio de Parada, Guerrero y Nattino, además del secuestro de Ramón Arriagada Escalante y de los dirigentes de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech) Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Suma a su condena otra pena de 5 años y un día como autor de asociación ilícita y una más de 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Traverso, uno de los secuestrados sobrevivientes. Además, se le dieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por su tiempo de vida, y la de sujeción de vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

En mayo de 2012, González Betancourt cumplió 20 años de condena en el penal de Punta Peuco y en septiembre comenzó a recibir una serie de cuestionados beneficios carcelarios. Ese mes, el Consejo Técnico de Gendarmería le concedió la salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir del penal el fin de semana completo y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Ahora González Betancourt buscaba la libertad condicional, pero los ministros del máximo tribunal que le negaron el beneficio se basaron en el último informe sicológico entregado por  Gendarmería, el que da cuenta de que el oficial (r) de Carabineros  “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado con el mismo y no ha demostrado una real disposición al cambio”.

El fallo considera que, de acuerdo a la ley chilena, la libertad condicional debe ser “un medio de prueba” de la rehabilitación del condenado, lo que en este caso no se cumpliría.

La resolución de la Segunda Sala incluye una prevención del ministro Lamberto Cisternas, quien estimó que González Betancourt no cumplía con los requisitos para optar a la libertad condicional debido a que su acumulación de penas exigiría que cumpliera 25 años en prisión y no 20. Además, Cisternas hizo ver que la defensa del condenado no rebatió la acusación de que su conducta penitenciaria no puede considerarse como intachable, según constaría en su hoja de vida de Gendarmería.

“VENGO A OFRECER MI CORAZÓN”

El abogado Luciano Fouillioux fue quien asumió el alegato en representación de una de las víctimas del comando que encabezó González Betancourt. Al iniciar sus palabras, lo calificó como un «criminal que también tiene derechos humanos», los que jamás se les negarán en un Estado de Derecho, pero desde un piso jurídico distinto al que planteó su defensa. Y fundamentó sus dichos diciendo que al rechazar su libertad condicional no hay vulneración de garantía de libertad personal y seguridad individual de aquellas que permite la invocación del recurso de amparo (Artículo 21 de la Constitución); y que su recurso estaba mal fundado por cuanto se invocan como vulnerados derechos constitucionales que no pueden ser remediados por la vía del recurso de amparo. El estado de confusión de su defensa es tal, afirmó, que se llevó “al recurrente a confundir recurso de protección con recurso de amparo”.

Luego, Fouillioux recordó la enorme conmoción que provocó en marzo de 1985 el asesinato de los tres profesionales, que incluso provocó la caída del entonces jefe de Carabineros y miembro de la Junta Militar, general César Mendoza Durán. También hizo mención a los obstáculos que debieron enfrentar los jueces que tuvieron a cargo la investigación del triple homicidio, desde Cánovas Robles hasta Milton Juica.

Frente a familiares de las víctimas y a numerosos ex compañeros de trabajo de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad, el abogado Fouillioux hizo un perfil del sociólogo, relatando sus características como padre, marido y joven sensible y comprometido que cuando vio en 1974 – citando la canción de Fito Páez  «Vengo a ofrecer mi corazón«- «cuanta sangre se llevó el río, corrió y se enroló en el Comité Pro -Paz y luego siguió su tarea en la Vicaría de la Solidaridad, lugar donde trabajó hasta que fue detenido y degollado, mientras por más de una década protegió, amparó y acompañó al perseguido”.

Respecto del tema penal de fondo, Fouillioux le planteó a los ministros de la Segunda Sala que lo que estaba en discusión era de “singular relevancia, ya que el asunto es si tiene o no derecho a beneficios carcelarios un condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, que no demuestra arrepentimiento, según se afirma en los propios informes de Gendarmería, y que aún así pide que se le aplique un beneficio como autor de delito común”.

Fouillioux planteó también que el recurso de amparo estaba mal formulado tanto en la forma como el fondo: era improcedente por la materia en que incidía, como por la indudable búsqueda indebida de un forzamiento o invención de un procedimiento, para llegar hasta la Segunda Sala de la Corte Suprema, que conoce los temas penales. Si el recurso es acogido –afirmó- se busca generar una ruta de próximas libertades a condenados por delitos de lesa humanidad, llevando casi a cero todo avance jurisdiccional en estas materias.

-Y eso nadie lo puede tolerar, ni las victimas ni las propias Fuerzas Armadas y menos aún el Poder Judicial, que viene ajustando su actuar desde la carencia del ayer. Por lo tanto, no se le puede pedir a la Corte Suprema borrar con el codo todo lo escrito con la mano, ya que nadie entendería que habiendo condenado reiteradamente por delitos de lesa humanidad, entendiendo la imprescriptibilidad penal y ahora civil –como con el fallo reciente sobre los prisioneros políticos de Isla Dawson- se pueda también otorgar beneficios carcelarios por delitos que son reclamados como » comunes » por el recurrente –agregó el abogado.

Al terminar, Luciano Fouillioux reclamó coherencia en los fallos de la Corte Suprema y dijo ante los ministros de la Corte que frente a este tipo de delitos ya estaba todo dicho y conocido:

“Así planificaron el crimen, así los secuestraron, así los asesinaron, así después del debido proceso los condenaron, así después de 23 años de la condena y 30 años de los hechos, no demuestra arrepentimiento… Estamos frente  a una situación inalterable, que une dos puntas de un mismo lazo, el hombre que ofrece su corazón, tal como cantó Fito Páez y que generó el alistamiento de quienes hemos querido proteger la indemnidad de las victimas y sus familias. Esto obligó a un grupo de ex compañeros de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad (y leyó una larga nómina que encabezaban María Luisa Sepúlveda y Roberto Garretón) a hacerse parte en este recurso para defender la posición del compañero degollado por estos sicarios del mal. Cerradas así las cosas y el tiempo transcurrido y actuado, nos hacen decir: señores ministros, nos habrán visto llorar muchas veces pero jamás de rodillas, por eso estamos aquí para invocar nuestra posición”.

LOS CRIMENES

Otros condenados del Caso Degollados han tenido mejor suerte que González Betancourt. El 12 de agosto de este año, la Corte Suprema ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones que un mes antes aprobó la libertad condicional de Alejandro Sáez Mardones. Esa vez no sirvieron los esfuerzos judiciales de las familias de las víctimas ni la decisión del gobierno de hacerse parte en la apelación a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sáez Mardones circula hoy libre por las calles (ver recuadro).

Guillermo Washington González Betancourt, también conocido como “Bototo”, nació en Curicó en 1943. A los 20 años ingresó como aspirante a oficial a la Escuela de Carabineros. Su ascenso fue rápido: al año siguiente ya era subteniente de la Séptima Comisaría Prefectura Santiago Norte y en 1966 ascendió a teniente en Graneros. En 1968 volvió a Santiago, a la Sexta Comisaría, y en 1970 se integró al Grupo Móvil, en la Primera Comisaría de Servicios Especiales. Después del Golpe Militar pasó al Departamento de Orden y Seguridad de la Dirección General de Carabineros y fue ascendido a capitán.

Entre 1974 y 1979 integró las Fuerzas Especiales en varias comisarías de Santiago, hasta que en marzo de 1980 fue ascendido a mayor. En agosto de ese año, en un oscuro episodio, sufrió un accidente con explosivos que le provocó la amputación traumática de su mano derecha. El episodio no lo inhibió de seguir realizando operaciones con explosivos para ocultar sus crímenes. En 1985, luego del secuestro del profesor de la Agech Alejandro Traverso, escondieron su Fiat 600 en el patio del cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, allí en el mismo lugar donde funcionó el diario Clarín hasta septiembre de 1973. En su declaración ante Juica, el suboficial Luis Huaiquimilla dijo que tiempo después de los asesinatos y secuestros, González Betancourt ordenó destruir el auto de Traverso. El propio González manejó su Chevette rojo con una carga de explosivos en el asiento del copiloto camino a Quinta Normal. Lo seguía el Fiat 600, manejado por otro agente. Cuando llegaron a un sector solitario, cargaron los explosivos en el auto de Traverso y lo hicieron explotar.

González usa una prótesis y fue enviado en varias ocasiones en comisión de servicio a Alemania para recibir tratamiento médico en el Hospital Militar de Hamburgo. Allí estuvo reemplazando su prótesis pocos días antes de ordenar el asesinato de los tres profesionales comunistas, lo que le permitió conducir personalmente el vehículo Chevy Chevette -junto al “Fanta” y otro agente de la Dicomcar- hasta el sitio en Quilicura donde fueron degollados.

Los hechos que desencadenaron el asesinato de Guerrero, Parada y Nattino comenzaron a gestarse en 1984. En agosto de ese año, angustiado por la culpa, desertó el ex integrante del Comando Conjunto Andrés Valenzuela, alias “Papudo”. El Comando Conjunto fue una de las organizaciones más siniestras y secretas de la dictadura, en la que participaban los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros (en un principio también participó el Ejército). El grupo competía en la cacería de los disidentes políticos con la DINA, liderada por Manuel Contreras, llegando a disputarse los prisioneros hasta en las calles. Al Comando Conjunto  se incorporaron también algunos civiles ex Patria y Libertad (como el grupo que asesinó en julio de 1973 al edecán naval de Salvador Allende, Arturo Araya Peters) y más tarde ex prisioneros que tras ser torturados brutalmente se convirtieron en agentes.

Entre estos últimos está Miguel Estay Reyno, el “Fanta”, un ex militante comunista que se convirtió en colaborador y años después en asesino de sus propios ex camaradas. Guillermo González Betancourt también participó en las actividades del Comando Conjunto, actuando bajo las órdenes del capitán Germán Esquivel, jefe de Contrainteligencia de Carabineros.

La existencia del Comando Conjunto se mantuvo en absoluto secreto hasta que en agosto de 1984 Andrés Valenzuela se acercó a las oficinas de la revista Cauce para relatarle los crímenes que había presenciado a la periodista Mónica González, hoy directora de CIPER (ver entrevista). Luego prestó testimonio ante funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad y fue sacado del país.

Según se narra en “Los Casos de la Vicaría”, los relatos de los crímenes de la dictadura recopilados por Andrea Insunza y Javier Ortega que inspiraron la serie “Los Archivos del Cardenal”, dos meses después de la deserción de Valenzuela, agentes de inteligencia de la dictadura asaltaron la sede del Movimiento Democrático Popular (MDP).  Entre otros documentos se llevaron una libreta con apuntes y teléfonos que pertenecía al arquitecto Ramón Arriagada Escalante, un militante comunista al que apodaban “Vincenzo”. Esa libreta contenía información de reuniones de varios militantes y dirigentes, entre ellos los tres profesionales asesinados.

En febrero de 1985, Arriagada fue secuestrado bajo las órdenes de González Betancourt, y en las semanas siguientes fueron también secuestrados varios profesores de la Agech. Bajo tortura, a Arriagada lo interrogaron sobre las actividades de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, quienes en los últimos meses habían estado trabajando para confirmar los datos entregados por Valenzuela sobre el Comando Conjunto. Toda la historia se encuentra detallada en el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, de Mónica González y Héctor Contreras, publicado en 1991 por Ediciones del Ornitorrinco.

CONDENADOS

No tardó mucho el juez José Cánovas Robles, nombrado ministro en visita para investigar los asesinatos de Guerrero, Parada y Nattino, en llegar a la conclusión de que el crimen había sido ordenado desde el Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, a cargo de Guillermo González Betancourt, a quien declaró reo. Pero la decisión del juez fue rápidamente anulada por la Corte de Apelaciones, por entones supeditada a las ordenes que emanaban desde el Ministerio del Interior del régimen. El juez Cánovas descubrió que González Betancourt había salido sin permiso de su lugar de reclusión y que además había alojado al “Fanta” en su casa de la costa para ayudarlo a eludir la justicia.

A pesar de la conmoción pública que provocó el triple asesinato y de la acuciosa investigación que realizó el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda (hoy ministro de la Suprema), a quien le ordenaron cerrar el proceso sobre el Comando Conjunto y fue castigado por ordenar la detención de algunos de sus integrantes, el juicio llegó hasta allí. No habría justicia. Hasta que en 1992, un nuevo ministro en visita, Milton Juica, declaró reo a González Betancourt y a otros 15 carabineros como autores de asociación ilícita.

Seis meses antes de ser procesado, González Betancourt vivió un drama familiar. El 3 de octubre de 1991, su hija Estrella González Jepsen fue asesinada a tiros por su pareja, el teniente de Carabineros Félix Sazo. Eran padres de un niño que en ese entonces tenía 9 meses. Según relatan los informes policiales de la época, ese día la joven de 24 años se encontraba en su trabajo en el Hotel Crowne Plaza, en el centro de Santiago. Alrededor de las 10 de la mañana, Sazo llegó a la oficina vestido con su uniforme y Estrella salió con él a conversar afuera, frente al Monumento a los Mártires de Carabineros, donde discutieron violentamente. Estrella volvió muy nerviosa a su oficina. Minutos después ingresó nuevamente el oficial, quien se acercó al mostrador, gritó el nombre de su novia y le disparó cuatro balazos: dos en el pecho, uno en la cabeza y otro en la espalda. Segundos después, el uniformado se disparó dos tiros en su propia sien (ver crónica de La Cuarta).

DISTANCIAMIENTO DEL FANTA

Según narra el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, Miguel Estay Reyno había ingresado a las juventudes Comunistas en 1969, siendo estudiante del Liceo Gabriela Mistral. Se hizo conocido entre los jóvenes de la “Jota” como integrante de las Brigadas Ramona Parra y fue apodado Fanta, por “Fantomas”, un personaje de la revista cómica “La Chiva”, que circulaba en esa época. Cuando cayó detenido por los miembros del Comando Conjunto, lo amenazaron con asesinar a su hermano Jaime  y a la novia de éste (la que después se convirtió en su esposa) y el “Fanta” se abrió a colaborar. Así le explicó su decisión al ministro Carlos Cerda, juez que investigó al Comando Conjunto:

-Ofrecí a cambio de la libertad de ambos confeccionar un currículum completo de mi actividad en la juventud y en el aparato de inteligencia del PC, en el que proporcionaría todos los antecedentes sobre los militantes comunistas que he conocido. Ese documento lo confeccioné en mi celda.

Miguel Estay Reyno, “El Fanta”

El “Fanta” no sólo entregó a sus compañeros sino que se convirtió en un activo colaborador en los crímenes de la dictadura. “Yo opté y la verdad es que he pagado con creces mi decisión”, dijo Estay en entrevista con CIPER en 2007. Y agregó:

-En el camino me fui encontrando con otra gente, con otras ideas y las empecé a asumir. La verdad es que como una parte importante de los chilenos, yo creí en el sello que logró imponer el gobierno militar, fundamentalmente en términos económicos. Y como además tenía cierto grado de especialización en el área de inteligencia, se dio una vinculación relativamente natural con gente de los servicios, por el interés que podían tener en esos conocimientos. Debo reconocer que ya en 1984 ó 1985, cuando me meto en esta sección (Dicomcar), yo tenía un grado de afinidad importante con la visión del gobierno militar.

El “Fanta” era un hombre de confianza de González Betancourt. Compartían una oficina en el cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, la misma que adornaban con el corvo con que degollarían a Guerrero, Parada y Nattino. Pero la relación entre ellos no volvió a ser la misma luego de que Estay acusara a su jefe de ser responsable de los secuestros y asesinatos. González se vengó de Estay Reyno declarando que la decisión de matar había sido suya, diciendo que se había adjudicado más poder del que realmente tenía dentro de la organización. Decepcionado del que había sido su agente de confianza, González Betancourt dijo: «Si fue capaz de traicionar a sus camaradas comunistas, por qué no podía volver a hacérmelo ahora a mí», según se narra en el libro “La Noche de los Corvos”, de Nelson Caucoto y Héctor Salazar.

González Betancourt, imperturbable, no reconoció  ninguno de sus crímenes, acusando a sus subalternos de operar sin su conocimiento. Ante Juica declaró: “El hecho es que al día siguiente los más sorprendidos fuimos (Patricio) Zamora y yo cuando nos impusimos de la muerte de estos detenidos”. Para entonces, el ministro Juica ya tenía acreditado su rol en el triple homicidio y la condena era inevitable.

Los delitos, condenas y beneficios de los involucrados en el Caso Degollados

Guillermo Washington González Betancourt, coronel (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos; y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Alejandro Traverso. En mayo de 2012 González Betancourt cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año, obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013 consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Miguel Arturo Estay Reyno (El Fanta), ex militante del PC, convertido luego en delator y torturador (LEER ENTREVISTA EN CIPER), fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado además en la misma causa a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Actualmente está recluido en Punta Peuco.

José Florentino Fuentes Castro, sargento primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Se le condenó además a 541 días como autor de asociación ilícita. En mayo de 2012, Fuentes Castro cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Alejandro Segundo Sáez Mardones, cabo primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y del secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Además fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita, y a 3 años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje en 1976. Cumplió condena en Punta Peuco hasta que el 12 de agosto de este año se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo (r) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo por el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y por el secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado en la misma causa a 541 días como autor del delito de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Patricio Augusto Zamora Rodríguez, capitán (r) de Carabineros, fue condenado a 15 años y un día por el secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara, Eduardo Osorio Venegas, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, y como cómplice del asesinato de los tres últimos. También tiene otras tres condenas de 5 años y un día por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. En 2012 se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

Luis Alfredo Canto Arriagada, sargento segundo (r) de Carabineros fue condenado a 541 días de prisión como cómplice del secuestro de cinco miembros de la AGECh y por los homicidios de Parada, Guerrero y Nattino. Está libre.

Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el suboficial (r) de Carabineros fue condenado a la pena de 5 años y un día como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; como autor del delito de asociación ilícita terrorista, por el delito de daños en bienes de Alejandro Traverso y como cómplice del secuestro de Santiago Nattino Allende. Cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Enzo Hurtado Lazcano, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Ramón Arriagada Escalante. Cumplió su pena, hoy está libre. Trabajó intermitentemente entre 2011 y 2013 como administrativo en el Cementerio General.

Luis Ernesto Jofré Herrera, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal, Eduardo Osorio Venegas, Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, y como autor de asociación ilícita. Además, fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de lesiones cometido en perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra. Ya cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Luis Omar Michea Muñoz, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y asociación ilícita terrorista. Cumplió su condena y hoy está libre.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, el mayor (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del delito de asociación ilícita terrorista. En 2014 fue condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de Alfredo Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco y Juan Gianelli Company, además de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, en mayo de 1992 fue el primero en confesar ante Milton Juica. El cabo en retiro fue luego condenado a la pena de 61 días de presidio como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Hoy está libre.

Sergio Enrique Saravia Henríquez, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a dos penas de 41 días de prisión cada una como cómplice en el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. En 2002, se supo que luego de cumplir su condena siguió activo y en ese momento se desempeñaba como subprefecto del área oriente de Santiago. Pasó a retiro luego de que se hiciera pública su condición en servicio activo.

Óscar Ramón Valdebenito Valdebenito, el sargento segundo (r) fue condenado a 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. Cumplió su condena y hoy está libre.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, condenado a 541 días de prisión como cómplice del robo con intimidación y secuestro de Alejandro Traverso Carvajal. Cumplió su condena y está libre.

Fuente: “La noche de los corvos: El caso degollados o un verde mando de impunidad”, de Nelson Caucoto y Héctor Salazar, actualizado con información de prensa.

por Bárbara Partarrieu y Catalina Albert

INTERFERENCIA accedió a horas de conversación telefónica proporcionadas por la Comisión Funa en las que José Fuentes -hoy en libertad condicional- afirma que contó todo para librarse de una investigación interna en dictadura que lo acusaba de 'comunista'. Gustavo González Jure guardó silencio.

Al comienzo, la historia que cuenta José Florentino Fuentes Castro pareciera no tener sentido. Fuentes, carabinero en retiro y uno de los asesinos condenados por el Caso Degollados en dictadura (1985), asegura que fue acusado por otro policía de ser comunista. Incluso afirma haber sido sujeto de una investigación interna por eso.

Habría ocurrido previo al plebiscito de 1988, con Fuentes Castro ya fuera del servicio de inteligencia de la institución (Servicio de Inteligencia de Carabineros - Sicar) y prestando servicios en la Comisaría de La Pintana; “fondeado” en ese lugar, según él, para que no lo reconocieran familiares de detenidos desaparecidos. Entonces, un compañero de armas, después de que José Fuentes le dijera que creía que ganaría el No, lo acusó de esparcir propaganda de izquierda. 

Treinta años después, en algún momento de 2018, Fuentes relató al teléfono a un interlocutor no identificado la vez que confesó sus crímenes un jóven Gustavo González Jure, quién tiempo después se transformaría en director general de Carabineros. “Yo soy el autor intelectual y ejecutivo del Caso Degollados. Yo maté a los tres hueones. Entonces como yo le estoy dando cuenta, usted tiene que dar cuenta a los tribunales”, afirma haberle dicho a Gustavo González para así desmentir la acusación de ser 'comunista' que recaía en su contra previo al plebiscito del Sí y el No. 

“Yo soy el autor intelectual y ejecutivo del Caso Degollados. Yo maté a los tres hueones. Entonces como yo le estoy dando cuenta, usted tiene que dar cuenta a los tribunales”, afirma Fuentes haberle dicho al oficial Gustavo González Jure, para desmentir las acusaciones de 'comunista' en su contra.

El criminal de lesa humanidad contó todo esto en tono de anécdota, entre risas, pero el relato hoy puede involucrar en calidad de encubridor a González Jure, quien dirigió a la entidad policial a nivel nacional entre 2011 y 2015, siendo actualmente formalizado por malversación de fondos. Nunca González Jure se ha referido al caso.

Esta grabación -parte de un registro de cuatro horas con Fuentes al teléfono- llegó de manos de la Comisión Funa, una agrupación creada por familiares de detenidos desaparecidos y defensores de los DD. HH. hace ya 23 años para impedir que criminales de lesa humanidad vivan libres en impunidad. "Hemos investigado y denunciado a más de 100 condenados por violaciones de derechos humanos", indican desde la vocería de la Comisión. 

Los audios fueron proporcionados a INTERFERENCIA, donde se puede apreciar una conversación sostenida en 2018 entre el autor de los asesinatos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, y un interlocutor no identificado, también carabinero.

Dos años antes de ese diálogo telefónico, José Florentino Fuentes había sido liberado de Punta Peuco. La Tercera Sala de la Corte Suprema otorgó la libertad condicional después de cumplir con el mínimo de 20 años privado de libertad. Fue condenado, en la década de los 90, a cadena perpetua por su participación en el secuestro y asesinato de los militantes del Partido Comunista, Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada. En particular. Fuentes Castro es apuntado como el asesinato de Nattino. (Revise acá la sentencia). 

La existencia del registro no es desconocida para la opinión pública. En 2020, Chilevisión publicó parte de la conversación telefónica entre Fuentes Castro y el funcionario sin identificar en el reportaje Las Confesiones de un Asesino liberado de Punta Peuco. Los audios fueron periciados y entregados a la justicia, formando parte de dos causas relacionadas a crímenes en dictadura. 

Uno de ellos es el Caso Neltume, donde se investiga la ejecución y desaparición de miembros del destacamento Toqui Lautaro del Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR) por parte del Ejército. "Matamos cuanto hueón pillamos", asegura Fuentes en el extracto publicado por CHV. En los audios, el ex policía entrega detalles de la participación de Carabineros en el caso, indicando que remataron a heridos para luego desaparecerlos. 

La otra causa donde Fuentes, sin quererlo y a través de los audios, aportó detalles, es el llamado Caso Ecuatorianos. En 1973, José Fuentes participó del piquete de Carabineros que detuvo y torturó a los estudiantes ecuatorianos sin militancia política y miembros de la congregación bautista, Felipe Campos Carrillo (19 años y alumno de ingeniería) y Jimmy Torres Villalba (23 años y estudiante de kinesiología). "Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí [...]. Estaba el pelao, que era un mayor, ese hueón ordenó matarlos", asegura en el reportaje televisivo. 

La entrega y divulgación de la conversación telefónica de Fuentes Castro llevó a que se comprobara la orden de desaparecer a los estudiantes, además de implicar a otros involucrados en calidad de partícipes para una causa que sólo registraba un condenado.

Esta grabación -con cuatro horas de Fuentes al teléfono- llegó de manos de la Comisión Funa, una  agrupación creada para impedir que violadores de derechos humanos vivan libres en impunidad, la cual fue proporcionada a INTERFERENCIA.

A dos años del reportaje de CHV, cuatro de la conversación telefónica y 37 del asesinato de Guerrero, Parada y Nattino, esta redacción desmenuza nuevamente los secretos del asesino José Florentino Fuentes Castro, con antecedentes desconocidos para la opinión pública, como lo fue la participación de González Jure en la trama del Caso Degollados. 

El día en que uno de los asesinos del Caso Degollados fue tomado por comunista

La historia, según José Florentino Fuentes, es la siguiente: antes del plebiscito de 1988, durante una conversación en el casino de la comisaría en la que se encontraba trabajando posterior a prestar servicios para Sicar, el funcionario expuso una extraña teoría política que lo habría puesto en problemas.

“Resulta que a [Augusto] Pinochet nadie le aconsejó que los sueldos de los profesores tenían que ser uno de los más altos de los empleados públicos, porque ahí concientizan a los estudiantes”, explicó Fuentes a otro carabinero. Entonces, en mente del ex policía, como los profesores ganaban poco, estos educan a sus alumnos para ser comunistas, lo que eventualmente habría sido la razón por la que el No prevalecería en el plebiscito de 1988. “Porque no puede ser que un carabinero recién ingresado de la institución gane más que un profesor”, dijo para complementar su vaticinio electoral.

De acuerdo con Fuentes, en el minuto en que expresó su teoría, un funcionario de mayor grado decidió reprenderlo, sancionándolo por escrito. Con esto Fuentes se ganó un problema que lo llevó a contarle lo sucedido a un amigo, un tal Godoy, a quién define como un "oficial escribiente" de la institución, quien conocía sobre su participación en el Caso Degollados, y que -por lo tanto- podía dar fe de que su caso no era el de un 'comunista'.

En mente de Fuentes, como los profesores ganaban poco, estos educarían a sus alumnos para ser comunistas, lo que eventualmente haría que el No prevaleciera en el plebiscito. “Porque no puede ser que un carabinero recién ingresado de la institución gane más que un profesor”.

Siempre siguiendo los audios de Fuentes, el' escribiente' le hizo una recomendación: “dile a tu comisario que te proponga para la baja, y me lo mandai pa acá”. El asesino de los profesionales comunistas siguió el consejo de su amigo. “Dicho y hecho, yo mismo hice el documento: por exceder las atribuciones [ininteligible], que yo era comunista y toda la cuestión, que dispongan la baja o disponan un sumario administrativo”.

La situación escaló, con Godoy ayudando a su amigo, y terminó ordenándose una investigación interna para determinar si José Florentino Fuentes Castro, secuestrador y asesino de militantes comunistas, era izquierdista a su vez. Según relata Fuentes, arriesgaba la baja. 

González Jure y la verdad: Fuentes Castro no es comunista, sólo un asesino

En los momentos posteriores a la denuncia interna es que aparece Gustavo González Jure en esta historia, quien -según José Fuentes- se encontraba en la posición de determinar si las acusaciones eran o no reales.

Fuentes recrea al teléfono con su interlocutor el diálogo que habría tenido en la investigación con González Jure y su superior, el denunciante. (Revise acá un extracto del audio con este pasaje de la historia). 

La conversación dice así, según el ex carabinero:

González Jure: - ¿Por qué hizo esos comentarios? 

Fuentes: - ¿Qué comentarios? 

González Jure: - El comentario de que el No va a ganar.

Fuentes: - Nosotros estamos insertados en un gobierno militar que es político, por lo tanto yo tengo todo el derecho de hablar de política. 

Fuentes: - Nosotros estamos insertados en un gobierno militar que es político, por lo tanto yo tengo todo el derecho de hablar de política.

Con un tono seguro, Fuentes le cuenta a su interlocutor que González Jure estuvo de acuerdo con sus planteamientos. 

El parafraseo del diálogo continúa asi:

González Jure: - Tiene razón. Y usted capitán, ¿por qué dice que él es comunista? [Dirigiéndose al superior que acusa a Fuentes].

Ante la presión de González Jure, en la versión de Fuentes, el oficial denunciante no habría sabido expresarse satisfactoriamente, con lo que causó su impaciencia. Entonces, González Jure le habría pedido al superior de Fuentes que deje la oficina, para llamar a Godoy, quien esperaba afuera.

González Jure: - A ver, usted Godoy dijo que tenía antecedentes de que este suboficial no es comunista.

Godoy: - Yo sé la historia de él, pero yo quiero que él se la cuente si quiere contársela. Porque yo no lo puedo obligar. Yo no puedo estar hablando de él, porque lo que él [hizo] es, es grave.

Fuentes: - Yo le cuento la cuestión, pero si usted no da cuenta de los tribunales, va a pasar a ser cómplice, porque yo le voy a confesar un delito. Usted verá si da cuenta a los tribunales, pero de todas maneras si usted me da de baja, yo quiero hablar con mi general Tapia. 

En ese punto, Fuentes Castro habría intervenido lanzando una advertencia:

Fuentes: - Yo le cuento la cuestión, pero si usted no da cuenta de los tribunales, va a pasar a ser cómplice, porque yo le voy a confesar un delito. Usted verá si da cuenta a los tribunales, pero de todas maneras si usted me da de baja, yo quiero hablar con mi general Tapia.

Entonces, González Jure pasa de la impaciencia al enojo, y exige se le cuente todo de una sola vez.

Fuentes: - Yo soy el autor intelectual y ejecutivo del Caso Degollados. Yo maté a los tres hueones. Entonces como yo le estoy dando cuenta usted tiene que dar cuenta a los tribunales.

González Jure: - ¿Y cómo se atrevió el capitán a decir que usted era comunista?

González Jure: - Hágalo tira no más, tírelo al basurero. Estos documentos nunca han llegado aquí y nunca los mandaron, así que no se preocupe

Fuentes: - Porque es hueón.

Según narra Fuentes Castro, el diálogo le resultó conveniente a sus intereses, al quedar evidentemente como ganador ante su superior en la comisaría y ante el propio González Jure.

Luego de insultar al denunciante, José Florentino Fuentes afirma que González Jure obligó al capitán pedirle disculpas.

González Jure al capitán denunciante: - Oiga capitán, usted está totalmente equivocado con este señor, así que delante mío pídale disculpas y, por esta vez, por lo que me contó, porque él me lo pidió, no lo voy a sancionar. Pero a usted le debería haber tirado mínimo 15 días de arresto. Así que retírese y pídale disculpas.

Entonces, González Jure se dirige nuevamente a José Fuentes, conforme éste parafrasea a su interlocutor.

González Jure: - Ya, retírese no más.

Fuentes: - ¿Y qué hacemos con esto? [refiriéndose a la investigación].

González Jure: - Hágalo tira no más, tírelo al basurero. Estos documentos nunca han llegado aquí y nunca los mandaron, así que no se preocupe.

Además de solicitar una entrevista con el ex director, se envió una copia del audio con la conversación telefónica. “No da entrevistas”, indicaron, tampoco existiendo la posibilidad de que se refiriera al audio.

Con el objetivo de contrastar la versión de Fuentes, INTERFERENCIA tomó contacto con Gustavo González Jure mediante uno de sus abogados en la causa de malversación de fondos en su contra. Además de solicitar una entrevista con el ex director, se envió una copia del audio con la conversación telefónica.

“No da entrevistas”, indicaron, tampoco existiendo la posibilidad de que se refiriera al audio.

¿Encubrimiento?

La “anécdota” relatada por Fuentes Castro devela un compromiso por parte de la institución policial con el silencio, y, en definitiva, con evitar el descubrimiento de la verdad detrás de crímenes en dictadura y su consecuente justicia. La supuesta confesión hecha a González Jure, carabinero y funcionario público en su momento, podría ser constitutiva de delito.

“Los funcionarios policiales, y en general los funcionarios públicos, tienen el deber de denunciar delitos”, explica el abogado Francisco Bustos, quien participó desde la otra vereda en el recurso de protección presentado por Fuentes Castro, buscando que este fuese rechazado. “Siendo él [González Jure] un superior, que tiene deberes de prevenir o de sancionar estos delitos, aquí y según el tenor de la declaración –que obviamente es unilateral de Fuentes Castro– creo que esto valdría la pena ser investigado como una forma de encubrimiento”, indica el abogado.

"No habría problema, al menos jurídico, para que se indaguen las responsabilidades de González Jure y eventualmente de otras personas por el encubrimiento de este caso”.

Según Bustos, existen antecedentes de casos similares. “Por lo menos en el caso de la destrucción de los archivos de la CNI que fue el año 2000, esto se está investigando como formas de encubrimiento y no habría problema, al menos jurídico, para que se indaguen las responsabilidades de González Jure y eventualmente de otras personas por el encubrimiento de este caso”, explica.

José Fuentes Castro, condenado a cadena perpetua por el Caso Degollados, está libre desde 2016, a pesar de que Gendarmería estableció ese mismo año que no tiene “conciencia del delito cometido y del mal causado”. INTERFERENCIA tuvo acceso a audios donde Fuentes relata la 'receta' para obtener beneficios y la libertad condicional.

“Aquí hay que jugar con las reglas que están”, asegura el ex carabinero José Florentino Fuentes Castro.

Aquella lección le quedó grabada de su tiempo en la cárcel de Punta Peuco, recinto penitenciario especial para violadores de derechos humanos. En su comentario, el “juego” es intentar salir de la cárcel, y las “reglas que están” son los beneficios a los que se puede acceder estando preso y los requisitos para lograr la libertad condicional.

José Fuentes es uno de los asesinos del Caso Degollados, responsable del secuestro y degollamiento de los militantes del Partido Comunista José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero. Fue condenado en 1992 a cadena perpetua y 541 días por secuestro reiterado seguido de tres homicidios y asociación ilícita.

Fuentes Castro “jugó”, y las “reglas que estaban” le acomodaron: desde el 2016 está libre, después de cumplir sólo 24 años de la condena 'perpetua'.

Fuentes Castro “jugó”, y las “reglas que estaban” le acomodaron: desde el 2016 está libre, después de cumplir sólo 24 años de la condena 'perpetua'. De la mano de su abogado, el ex candidato a diputado Maximiliano Murath (Partido Republicano), Fuentes Castro habría mentido y engañado para “ganar” su liberación.

Las palabras de Fuentes conrresponden a audios de cuatro horas a los cuales INTERFERENCIA accedió, los cuales registran una conversación telefónica de 2018 donde el ex carabinero relata -entre muchas otras cosas- a un interlocutor no identificado cómo lo hizo para conseguir, primero, los beneficios carcelarios que gozó durante sus últimos años en prisión y, finalmente, su libertad condicional.

Es el mismo audio que sirvió para elaborar el artículo Asesino del Caso Degollados asegura que se confesó con el ex director de Carabineros González Jure en 1988 y que éste lo encubrió.

Volviendo al "juego" de Fuentes, un año antes de dejar Punta Peuco, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones había resuelto negarle la libertad, fundamentando la decisión en el informe psicológico del criminal de lesa humanidad. En éste se concluye que Fuentes “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y del mal causado con el mismo” y que requiere de mayor tiempo de evaluación para “comprobar que se encuentra corregido y rehabilitado”. (Revise acá la resolución).

Fuentes y su abogado apelaron la decisión de la Comisión, apoyándose en el Tribunal de Conducta de Punta Peuco, el que calificó a Fuentes Castro cómo apto para la libertad al cumplir con los “requisitos legales". De tal modo, presentaron un recurso de protección que la Corte Suprema terminó por acoger, quedando uno de los asesinos del Caso Degollados definitivamente fuera de Punta Peuco y en libertad.

Fuentes confiesa haber firmado un contrato falso con la empresa de una sobrina para poder salir a “trabajar” en días de semana estando en Punta Peuco, además de haberse casado “a la mala” con una amiga para conseguir la libertad condicional.

En el audio, proporcionado por la Comisión Funa –organización de familiares de detenidos desaparecidos y de defensores de derechos humanos que trabaja en impedir que criminales de lesa humanidad vivan libres y en impunidad–, Fuentes confiesa haber firmado un contrato falso con la empresa de una sobrina para poder salir a “trabajar” en días de semana estando en Punta Peuco, además de haberse casado “a la mala” con una amiga para conseguir la libertad condicional.

La libertad condicional y trabajo en la mente de un criminal de lesa humanidad

Sobre la libertad condicional, José Fuentes tiene una certeza: “esa ley está hecha para los delincuentes, y nosotros no somos delincuentes, a pesar de que delinquimos. Pero no somos delincuentes. Los delincuentes no saben leer ni escribir”, afirma a la persona al otro lado de la línea. (Revise acá el audio con la conversación telefónica de Fuentes).

Sin embargo, pareciera no estar de acuerdo con los requisitos que le solicitan. Curiosamente, el criminal tiene críticas al sistema que terminó por liberarlo: “entonces dice ‘requisito: saber leer y escribir’. Yo lo cumplo. ‘Haber aprendido bien un oficio’. ¿Y para qué necesito aprender yo un oficio? Aprendo a ser carpintero, ¿y para qué voy a trabajar si tengo mi pensión? Todos tienen pensión allá po. Entonces esas hueás son obsoletas, no pueden ser consideradas. ‘Tener medio de subsistencia en el exterior’. Yo tengo mi pensión”, argumenta.

“Todos tienen familia bien constituida”, continúa, explicando algo que parece ser requerido para conseguir beneficios en Punta Peuco. “Por eso es que yo tuve que casarme así a la mala. Me casé, pero por contrato. Tengo una amiga yo y me casé con ella. Pero me separé al tiro"

“Todos tienen familia bien constituida”, continúa, explicando algo que parece ser requerido para conseguir beneficios en Punta Peuco. “Por eso es que yo tuve que casarme así a la mala. Me casé, pero por contrato. Tengo una amiga yo y me casé con ella. Pero me separé al tiro, salí y me separé”, confiesa, todo “para poder salir”.

Pero no todos en el recinto penitenciario para violadores de derechos humanos están dispuestos a hacer lo que hizo Fuentes. “Los otros no quieren, los otros se rebelan. Entonces les decía yo, aquí hay que jugar con las reglas que están”, explica, y pasa a ejemplificar:

“Uno, para salir con beneficio todos los días, tiene que decir 'yo tengo que ir a trabajar'. Ya, pero ¿dónde están los contratos de trabajo? Los venden en las librerías. Usted lo firma, y queda para usted y para nadie más. No tiene que mandarlo ni a la Inspección del Trabajo, a ninguna parte. Vale ese contrato, porque es entre privados”, revela Fuentes.

“A mí una sobrina me hizo un contrato, en la hueá de médico [se refiere a una empresa de visitadores médicos, con José Fuentes trabajando de conductor, según informes de Gendarmería], y yo obligadamente tuve que ir a trabajar porque lo salen a fiscalizar a uno”, cuenta.

Las fiscalizaciones eran un problema. Según explica Fuentes, psicólogos y asistentes sociales se encargaban de cerciorarse de que el condenado por violaciones a los derechos humanos estuviese efectivamente trabajando durante sus salidas de Punta Peuco, siendo uno de los primeros pasos llamar a su empleadora, su sobrina.

“Yo era reamigo de la asistente social, porque era hija de un carabinero. ‘¿Dónde está?’”, cuenta que le preguntaba la asistente a la sobrina, quien le daba una dirección donde supuestamente estaría trabajando Fuentes. "’Ah, no es mentiroso usted’", asegura que le respondía la funcionaria luego de comprobar que estaba en la dirección entregada, trabajando como conductor de los visitadores médicos de la empresa.

Pero los profesionales con los que Fuentes Castro se relacionaba no sabían de su prontuario. El asesino del Caso Degollados quería evitar que eso se supiera a toda costa: “Le dije yo ‘ya, yo estoy aquí pero en caso de que yo terminara y saliera al médico, le aviso dónde voy a estar, porque yo no quiero que el médico sepa que yo soy un [no termina la frase]… porque esa cuestión es privada mía’".

La asistente, su amiga según él, accedía, y se juntaban en una plaza cerca del lugar donde estuviese conduciendo para desarrollar la entrevista.

Cierra la anécdota refiriéndose al resto de los privados de libertad en Punta Peuco, con el siguiente comentario: “los demás hueones no quieren hacer eso”.

Además de no contar con una adecuada conciencia del delito que cometió, los documentos señalan que demuestra dificultades en su capacidad de empatía e, incluso, evidencia “en su proceso elaborativo del delito cometido un estancamiento e incluso una regresión respecto a informes anteriores [al de fines del 2015]”.

Fuentes Castro logró acceder a todos los beneficios y finalmente a su libertad condicional a pesar de preocupantes hallazgos en sus informes psicológicos. Además de no contar con una adecuada conciencia del delito que cometió, los documentos señalan que demuestra dificultades en su capacidad de empatía e, incluso, evidencia “en su proceso elaborativo del delito cometido un estancamiento e incluso una regresión respecto a informes anteriores [al de fines del 2015]”.

Respecto a las víctimas de sus acciones, el criminal de lesa humanidad las integra “parcialmente” en su relato, “pero lo hace con carencia de correlato ideoafectivo, focalizándose en las pérdidas para sí mismo producto de la reclusión”.

Detrás de los beneficios carcelarios y la libertad del asesino del Caso Degollados hay más que la voluntad de “jugar el juego con las reglas que están”. Hay también otro nombre: Maximiliano Murath, su abogado.

Murath, republicano y defensor de presos de Punta Peuco por vocación

Su biografía en Twitter es ilustrativa: “abogado penal litigante, republicano, pro familia y del 44%”. Su foto de perfil, también: Maximiliano Murath figura sonriente junto a José Antonio Kast, con quien comparte militancia en el Partido Republicano y a quien apoyó férreamente en su cuenta durante la última elección presidencial. 

Sus tuits siguen esa misma línea. “Estimado Johannes, todo el éxito del mundo para un gran diputado patriota. Tu férrea defensa contra el comunismo y la izquierda radical será clave en los próximos años”, redactó el 11 de marzo a propósito del juramento como diputado de Johannes Kaiser.

José Florentino Fuentes Castro tiene sólo buenas palabras para referirse a Murath, el abogado que consiguió sacarlo de Punta Peuco. “Yo lo conocí unos ocho años atrás, y dice, si usted ve los videos [en los que aparece el abogado], ‘a nuestros camaradas de armas’, y él nunca ha sido militar, no ha sido paco, no ha sido nada. Es porque los quiere. Los defiende por convicción, no por la plata”, asegura en los audios.

“Bueno, los últimos siete detenidos que han salido [de Punta Peuco] los ha sacado él”. Acto seguido, Fuentes lo corrige: “todos los ha sacado él. Él sacó, su equipo, a doce, entre los cuáles estoy incluido, pero en total sacó 18 en esa época”.

El interlocutor de Fuentes Castro, al parecer, conoce el trabajo de Murath, y aporta un dato a la conversación: “bueno, los últimos siete detenidos que han salido [de Punta Peuco] los ha sacado él”. Acto seguido, Fuentes lo corrige: “todos los ha sacado él. Él sacó, su equipo, a doce, entre los cuáles estoy incluido, pero en total sacó 18 en esa época”.

INTERFERENCIA intentó tomar contacto el pasado viernes con Murath mediante el teléfono que el abogado proporcionó en sus últimos litigios, disponible en documentación pública del Poder Judicial. No fue posible consultarle sobre los dichos de su defendido.

Quienes sí pudieron hablar con esta redacción fueron el abogado Francisco Bustos, contraparte de Murath en el recurso de protección donde la Suprema terminó liberando a Fuentes, y con Camilo Parada, hijo de una de las víctimas del Caso Degollados, el sociólogo José Manuel Parada.

Víctimas, abogados y defensores de DD. HH. rechazan la libertad de Fuentes

Consultado por la posibilidad de que Fuentes Castro regrese a la cárcel, Bustos reconoce que existe la posibilidad de revocar el beneficio de libertad condicional, pero no es algo común. “Habría que ver si algún requisito se deja de cumplir, pero yo no he visto que en ninguno de estos casos se deje de aplicar”, explica.

Para el penalista de Caucoto Abogados, no sólo la investigación por crímenes de lesa humanidad es de alta relevancia, sino también las sanciones y que éstas sean cumplidas con penas proporcionales. “En ese sentido, el otorgamiento de un beneficio inmerecido, o en realidad por el cual no se cumplía una condición, como que por sus informes psicológicos no debieran acceder a beneficios, profundiza la sensación de impunidad”, indica, por lo que “las autoridades deberían investigar esto y nosotros también vamos a estudiar los antecedentes para ver si cabe ejercer algún tipo de acción”.

Desde el lado de las víctimas del asesino José Fuentes, Camilo Parada, hijo de José Manuel Parada, aseguró que, en lo personal,. “Nosotros, el 2016 y en todas las ocasiones que los criminales de lesa humanidad involucrados en el caso de secuestro, tortura y asesinato por degollamiento tanto de mi padre como de sus compañeros Manuel Guerrero y Santiago Nattino, intentaron acogerse a beneficios carcelarios, como familia nos opusimos e intentamos desplegar todas las posibilidades judiciales que nos amparan en la ley chilena y en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos”, recuerda.

“En primer lugar, nos oponemos porque se les otorgan estos beneficios carcelarios como si fueran criminales comunes y no de lesa humanidad, es decir, no como agentes del Estado. Uno de los poderes del Estado chileno, el Poder Judicial, desconoce los acuerdos y tratados en materias de derechos humanos que dicen que justamente los criminales de lesa humanidad no están a la par de delincuentes comunes”,

“En primer lugar, nos oponemos porque se les otorgan estos beneficios carcelarios como si fueran criminales comunes y no de lesa humanidad, es decir, no como agentes del Estado. Uno de los poderes del Estado chileno, el Poder Judicial, desconoce los acuerdos y tratados en materias de derechos humanos que dicen que justamente los criminales de lesa humanidad no están a la par de delincuentes comunes”, explica, por lo que en su opinión el beneficio de libertad condicional nunca debió ser dado.

La libertad, en adición a lo revelado por el propio Fuentes en los audios ahora publicados por INTERFERENCIA, es para Parada “un escándalo, un agravio donde además se nos revictimiza como familiares porque tuvimos que pasar nuevamente por estos juicios y revivir las heridas”.

Camilo Parada, además, agrega que “en tono personal, no como vocero de la familia, creo que, en el Caso Degollados, que fue un crimen con una visibilidad muy grande, tenemos de alguna manera una obligación ética. Porque hay miles de casos que no han tenido la misma visibilidad”, por lo que de existir antecedentes interpondrán recursos en contra de Fuentes y su libertad.

La Comisión Funa, en tanto, además de conseguir los audios del criminal del Caso Degollados, acudió el año 2018 a la casa de Fuentes Castro para realizar un acto en su contra.

“Si no hay justicia, hay funa”, explica Juan Saravia, miembro de la Comisión y defensor de los derechos humanos.

“Si no hay justicia, hay funa”, explica Juan Saravia, miembro de la Comisión y defensor de los derechos humanos. “Somos una organización de más de 23 años, creada con la misión de luchar contra la impunidad para los criminales de ayer y de hoy”. Según relata, ya son cientos los casos de violadores de DD. HH. condenados que han expuesto como Comisión, siendo la “funa” a Fuentes Castro una dentro de esa larga lista

“Diré que eras comunista de sangre palpitante y roja, y que no creías en una paz de cadenas o privilegios, no descansarías si en una casa rugía el hambre o se colaba el frío o un boca clamaba por agua…“Dirás que era chileno, militante y soñador; apasionado en sus lecturas de madrugada, en las caminatas cordilleranas, en sus poesías populares y de tierra seca, en el amor secreto por la pintura y la música, en su extenso respeto por el teatro, heredado de sus padres.

Camilo Parada Ortiz. Santiago. “Decir que eras chileno, padre de cuatro hijos: Antonio; Juan José; Javiera y yo. Decir que la María Estela  era tu compañera y no tu esposa, porque nunca creyeron en la institucionalidad del matrimonio ni en la posesión objetivante para caminar de la mano por la vida, que tus padres eran María Maluenda y Roberto Parada y tu hermana es Soledad Parada Maluenda.

“Diré que eras comunista de sangre palpitante y roja, y que no creías en una paz de cadenas o privilegios, no descansarías si en una casa rugía el hambre o se colaba el frío o un boca clamaba por agua.

“Diré que era solidario, y que jugó con otros niños, hijos de combatientes desaparecidos por la reacción tirana; diré que no hubo semana en que no inventó algo para que su prole supiera que vendría siempre un mañana y nada impediría las sonrisas en medio de la extensa noche.

“Dirás que era chileno, militante y soñador; apasionado en sus lecturas de madrugada, en las caminatas cordilleranas, en sus poesías populares y de tierra seca, en el amor secreto por la pintura y la música, en su extenso respeto por el teatro, heredado de sus padres.

“Decir que eras comunista de puño cerrado en su espesa resistencia, de barba rojiza y frente amplia, tus ojos miel se arrugaban buscando una puesta de sol diferente a las otras y tu sonrisa relativizaba cualquier tormento.

“Diré que eras solidario con los pescadores desconocidos del muelle de Chonchi, en aquel verano del 85 cuando quizás algo sospechabas de tu fin cercano, y compartías las carnadas, sin dejarnos ver ni el mínimo pliegue de sombra, porque lo importante era el presente, siempre el presente; con los arrieros que subían al final del invierno sus potros a pastar en las praderas, que suculentas mostraban hierbas abriéndose entre las últimas nieves allá en los valles del Arrayán; con cualquier persona que pedía una mano, sólo una mano, una mano que podían ser muchas.

“Di que era chileno, pero de abuela escocesa y colorina, colorina y campesina. Di que era internacionalista y que hacía de cada lucha su propia lucha. Cuantas veces nos hablaba de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Palestina, Argelia, Vietnam, su querido Vietnam.

“Dirás que era comunista, de esos comunistas que creen en el bien común como antesala a cualquier bien individual, de aquellos que soñaban una sociedad sin clases y en la colectivización de los medios de producción, de aquellos de conversaciones largas y esperanzas férreas”.

Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron secuestrados y asesinados por agentes de Carabineros en 1985.

"Su ejemplo, coraje, sus sueños y lucha por un mundo mejor siguen vivos en nosotros", afirmó el Presidente Gabriel Boric.

El 30 de marzo de 1985, los cuerpos de Nattino, Parada y Guerrero fueron encontrados sin vida con claros signos de tortura y ensañamiento en la comuna de Quilicura.

A 40 años del "caso Degollados", el Gobierno, diversas organizaciones, familiares y amigos recuerdan al pintor Santiago Nattino, el sociólogo José Manuel Parada y el profesor Manuel Guerrero, las víctimas del triple homicidio que conmocionó a Chile el 30 de marzo de 1985.

El artista y diseñador gráfico Santiago Esteban Nattino Allende fue secuestrado el 28 de marzo de 1985 en las cercanías de su casa, mientras el sociólogo José Manuel Parada Maluenda y el profesor Manuel Leonidas Guerrero Ceballos fueron raptados al día siguiente en las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración, ubicado en Providencia.

Los tres aparecieron muertos del 30 de marzo en Quilicura, cerca del Aeropuerto Pudahuel, degollados y con signos de tortura.

El caso causó conmoción e indignación en Chile y, cuando se conoció la implicación de carabineros, gracias a la investigación del ministro en visita (juez especial) José Cánovas, renunció en agosto de 1985 el jefe de la institución policial y miembro de la Junta Militar desde el golpe del 11 de septiembre de 1973, general César Mendoza.

La diligencias del juez Cánovas dieron como resultado la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y otros dos oficiales de Carabineros.

En este mismo 29 de marzo se cumplieron 40 años del asesinato de Mauricio Maigret, Paulina Aguirre y también de los hermanos Vergara Toledo, hecho ocurrido en 1985 en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central.

Presidente Boric: "40 años después, siguen vivos en nosotros"

En este nuevo aniversario de uno de los crímenes más emblemáticos cometidos durante la dictadura, el Presidente Gabriel Boric reflexionó: "Yo aún no había nacido pero no me permito el olvido. Y es que 40 años después su ejemplo, coraje, sus sueños y lucha por un mundo mejor, siguen vivos en nosotros".

"Un abrazo gigante a todos sus familiares, amigos y compañeros en estos días de recuerdo y reflexión", agregó el Mandatario en su publicación.

El 29 de marzo de 1985 agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) secuestraron a Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, a la luz del día y con múltiples testigos, para luego degollarlos y dejarlos al borde de una carretera en las afueras de Santiago. Cuando se cumplen 39 años y con condenas perpetuas a los autores directos, no hay nadie en prisión por ese horrendo crimen.

Ana María Olivares. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 29/3/2024. Este 29 de marzo de 2024 es viernes, como en 1985. Pero entonces no era feriado de Semana Santa y todo el país estaba bajo un Estado de Sitio que se había decretado el 6 de noviembre de 1984, después de sendas jornadas de protestas que ocurrían desde 1983 contra el régimen dictatorial de Augusto Pinochet y sus secuaces.

Meses antes de ese fatal marzo de 1985, la Vicaría de la Solidaridad recibió una información sobre un organismo represivo desconocido hasta entonces. José Manuel Parada Maluenda, sociólogo, era el encargado en esa institución de reunir información sobre estos organismos y tenía un trabajo avanzado en esa materia. Fue a fines de agosto del 84 cuando la periodista Mónica González le pidió chequear una información que le había entregado un supuesto agente de la represión de sólo 28 años: señalaba que aparte de la DINA y la CNI, existía el Comando Conjunto, compuesto por distintos elementos de las Fuerzas Armadas e incluso civiles.

Efectivamente, Andrés Valenzuela alias “Papudo”, era un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, agente del servicio de inteligencia de esa institución y miembro del Comando Conjunto. El 24 de agosto de 1984 se presentó en las oficinas de la Revista Cauce y pidió hablar con la periodista Mónica González. Su objetivo era denunciar todo lo que conocía respecto a los agentes represivos y el paradero de detenidos desaparecidos.

Mónica González habló con la Vicaría para solicitar ayuda para este desertor y Valenzuela prestó declaración ante el abogado de derechos humanos Héctor Contreras Alday. Incluso recorrieron lugares que fueron centros de detención y tortura y otros, como la Cuesta Barriga, donde fueron enterrados prisioneros políticos. José Manuel se percató que la información era verídica y al parecer tenía vínculos con quienes habían detenido y torturado en 1976 a Manuel Guerrero Ceballos, profesor de historia, compañero de partido y amigo. Ambos militantes comunistas, junto a más profesionales de la Vicaría, se dieron a la tarea de completar el puzzle del Comando Conjunto.

En tanto, Manuel Guerrero siguió su trabajo como presidente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) entidad gremial de los profesores que fungía de alternativa al cooptado Colegio de Profesores partidario del régimen dictatorial; sin embargo, las constantes protestas y el Estado de Sitio feroz había dejado una lista de más de 20 profesores dirigentes relegados en distintos puntos del país y a Manuel Guerrero en la clandestinidad por varios meses ya que pesaba sobre él una orden de arresto y expulsión del país.

Es a raíz del terremoto del 3 de marzo de 1985 que bajaron la orden de captura contra Manuel Guerrero y pudo volver a retomar su trabajo en el Colegio Latinoamericano en Santiago. No muy lejos, a no más de 200 kilómetros, en la costa, otro compañero también lograba su libertad a raíz del terremoto, pero en diferentes condiciones.

Ramón Arriagada Escalante era un militante comunista al que apodaban “Vincenzo”. Era un hombre sociable y conocido por muchos militantes públicos, especialmente en el Movimiento Democrático Popular (MDP), ya que trabajaba como dibujante en la oficina de arquitectura del entonces dirigente comunista Patricio Hales. Lamentablemente, tenía una costumbre muy peligrosa en esa época: en su agenda llevaba un recuento de reuniones con diferentes militantes consignando sus nombres y teléfonos.

El 30 de octubre de 1984, dos meses después de la deserción de Valenzuela, una oficina ubicada en San Antonio casi esquina con Merced en Santiago centro fue asaltada por los servicios de seguridad, era la sede del MDP. Como era usual, revolvieron y se llevaron documentos mientras amenazaban con armas de fuego a quienes se encontraban presentes.Uno de los documentos requisados fue la agenda de Arriagada y allí comenzó la tragedia.

“Vicenzo” colaboraba con Parada y también con Guerrero y, en su agenda, también consignaba a Santiago Nattino, militante comunista de 60 años y diseñador gráfico de profesión, que había colaborado con el Gobierno de Salvador Allende, pero que no tenía una responsabilidad política mayor en la estructura de su partido. Sin embargo, Nattino había tenido su taller de diseño en la calle Londres 75, que era ocupado en ese momento por el taller de arte de la AGECH y su teléfono estaba asociado en las guías telefónicas a esa dirección.

El 25 de febrero de 1985, cerca de la Plaza Italia, “Vincenzo” fue a presenciar una actividad en honor al natalicio de Manuel Rodríguez y fue apresado por dos civiles, quienes lo vendaron y lo llevaron a un recinto secreto en calle Dieciocho. Lo interrogaron sobre el MDP, el Frente Patriótico, sobre lo que sabía de las declaraciones del ex agente Valenzuela y también por las actividades y responsabilidades políticas de Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Sobre este último, “Vincenzo” respondió a sus captores que: “José Manuel no estaba en nada especial, que trabajaba en la Vicaría, encerrado en una cuestión de computación, armando un organigrama del Comando Conjunto”.

Para elterremoto del 3 de marzo, “Vincenzo” aún estaba detenido y lo habían llevado a la costa, al parecer era una casa abandonada que pertenecía a Miguel Estay Reyno “el Fanta”, exmilitante comunista que, al ser detenido, terminó siendo un asesino de sus excompañeros integrando el Comando Conjunto. A los pocos días lo regresaron a Santiago y el 7 de marzo lo enviaron en bus a Cobquecura, donde vivía su familia. Debía quedarse ahí quince días, sin tomar contacto con nadie, pero igual envió un mensaje de advertencia a Santiago. Pocos días después lo fueron a buscar sus compañeros y lo llevaron de regreso a la capital, donde contó lo sucedido a Parada, quien encendió la alerta a Guerrero.

Sin embargo, nada fue suficiente para desbaratar el plan que urdió la dictadura para ocultar lo que se comenzaba a destapar tras las declaraciones del exagente Valenzuela, mientras en la Vicaría los militantes comunistas avanzaban en reconstruir su estructura desconocida hasta entonces.

El 28 de marzo de 1985, cerca del mediodía, Santiago Nattino salió de su hogar para hacer un trámite médico; al poco andar, en Badajoz con Apoquindo, un hombre forcejea con él y lo encañona para obligarlo a subir a un auto, otro le pone esposas y partieron con rumbo desconocido. Nadie acudió para ayudarlo a pesar de los numerosos testigos.

Lo llevaron a la calle Dieciocho donde antes funcionaba (y seguía funcionando) el Comando Conjunto, en lo que habían sido las oficinas del expropiado diario El Clarín. Allí lo colgaron de un parrón y lo torturaron hasta el día siguiente.

Eran cerca de las 21 horas de ese 28 de marzo, cuando agentes del mismo comando llegaron hasta Londres 75 y esperaron la llegada de los dirigentes de la AGECH. Allí fueron detenidos mientras revisaban y sacaban documentos, mientras también destruían el lugar. Tres profesores y una secretaria fueron llevados también a calle Dieciocho para ser torturados e interrogados. En horas de la madrugada fueron dejados en libertad en diferentes partes de la periferia de Santiago mientras regía el toque de queda.

Horas más tarde, un operativo encargado desde el alto mando de Carabineros se preparaba para salir a Los Leones 1401 en Providencia; era el Colegio Latinoamericano.

Ese viernes 29 de marzo de 1985, el sociólogo José Manuel Parada fue a dejar a su hija Javiera al colegio, mientras lo esperaban su esposa y su cuñada cerca de allí; se encontró con Manuel Guerrero dentro del colegio y caminaron conversando hasta la salida. De pronto se sintió el vuelo rasante de un helicóptero y alguien se lanzó sobre José Manuel y se lo llevó forcejeando; Manuel Guerrero retrocedió instintivamente hacia el colegio, pero lo alcanzó otro sujeto y se lo llevaron entre dos, todos armados.

Los profesores que vieron lo sucedido corrieron para ayudar y uno de ellos intentó forcejear con los secuestradores. Se escuchó un grito: “¡dispara!”. Y el profesor Leopoldo Muñoz cayó gravemente herido en el abdomen.

El auto stationwagon Opala que llevaba a Guerrero y Parada salió muy rápido gracias a que muy cerca, había un carabinero desviando el tránsito. Manuel Guerrero Antequera, de entonces 14 años y quien también estudiaba en el Latinoamericano, con un instinto tremendo llamó desde el colegio a la Radio Cooperativa y el periodista Sergio Campos lo sacó al aire para dar conocer la terrible noticia.

Parada y Guerrero fueron conducidos también a la calle Dieciocho donde fueron salvajemente torturados junto a Santiago Nattino, mientras los trabajadores de la Vicaría recorrían tribunales solicitando amparos y denunciando los secuestros; en el Colegio Latinoamericano preparaban acciones y velatones para exigir su liberación; los familiares buscaban apoyos y los amigos y compañeros denunciaban lo ocurrido culpando a la dictadura.

Esa madrugada del 30 de marzo los llevaron hasta Quilicura, a un sector camino al aeropuerto. Eran dos autos, un Chevrolet Opala con los detenidos: dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt con Miguel Estay, el Fanta, de copiloto.

Avanzaron por la berma y bajaron a Santiago Nattino -60 años, casado, jubilado, padre de cuatro hijos- y ocurrió lo mismo, pero a manos del cabo primero Alejandro Sáez.

Finalmente, avanzaron un poco más y bajaron a José Manuel -34 años, casado, padre de cuatro hijos- a quien tendieron de espaldas, esposado y vendado. El cabo Claudio Salazar le hizo un profundo corte con el corvo en su abdomen y Parada gritó de dolor, por lo que Salazar se asustó. Miguel Estay, «El Fanta»  degolló y remató finalmente a José Manuel.

De todos los culpables, con seis de ellos condenados a cadena perpetua, no hay ninguno en la cárcel. A todos, menos al “Fanta”, se les accedió a dar libertad condicional. Miguel Estay Reino“El Fanta” murió en el Hospital San José durante el 2021 debido al Covid.

Este 7 de abril se realizará la tradicional caravana que parte a las 10 de la mañana desde la sede del Partido Comunista de Chile en Vicuña Mackenna 31 y llega hasta el Memorial de las Tres Sillas a las 12 horas para un sentido homenaje.

EL 28 y 29 de marzo de 1985 fueron detenidos José Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, miembros de la AGECH, y posteriormente asesinados por agentes de la DICOMCAR.Los cuerpos de los tres profesores fueron encontrados frente a un predio de Quilicura. Se trata de uno de los peores crímenes perpetrados por la dictadura contra trabajadores que se organizaban para luchar.

Hace 39 años se efectuó uno de los crímenes más notorios de la dictadura. En plena época de protestas contra la dictadura, José Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, militantes del Partido Comunista, intentaban reorganizar a los sectores más activos del movimiento docente en la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) que se levantaba como una alternativa al Colegio de Profesores controlado por la dictadura militar.

El sindicato de los profesores había sido una de las primeras organizaciones de trabajadores desmanteladas por la dictadura y el movimiento docente uno de los más golpeados contándose entre los detenidos desaparecidos del movimiento obrero un gran número de trabajadores de la educación.

Sin duda la dictadura veía en la reorganización de los docentes una oposición potencial que fortalecería el cuestionamiento al régimen y la ola de protestas en curso, por lo que llevó adelante uno de los crímenes más brutales materializado por Carabineros.

El día 28 de marzo Santiago Nattino fue abordado en la esquina de Apoquindo con Badajoz por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados al día siguiente, 29 de marzo, desde las puertas del Colegio Latinoamericano. Todos ellos fueron torturados en el centro ilegal de detención conocido como “La Firma”, ubicado en la calle 18, y el 30 de marzo sus restos fueron encontrados frente al fundo “El Retiro”, camino a Quilicura, degollados.

Este asesinato causó mucho revuelo por su brutalidad, profundizando el cuestionamiento de la dictadura, sus métodos y las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. Sus viudas encabezaron marchas hacia el Ministerio del Trabajo exigiendo justicia y 4 meses después eran dados de baja y sentenciados a cadena perpetua 6 agentes del servicio secreto de Carabineros. Junto con ello, César Mendoza, Director de Carabineros, deja de integrar la junta militar, órgano máximo de la dictadura, la DICOMCAR es disuelta y la ola de protestas contra el régimen se recrudece.

Sin embargo, al igual que la mayor parte de los violadores de Derechos Humanos de la dictadura, estos se encuentran cumpliendo sentencia en la cuestionada Punta Peuco, reconocida por sus condiciones de confort y comodidad muy superiores a las de las cárceles comunes. Y como si esto no fuera poco, algunos de ellos son favorecidos desde el 2012 con beneficios carcelarios como la salida dominical, mientras que los máximos responsables como el dictador Augusto Pinochet nunca cumplieron sentencia. A 31 años de este crimen de estado, se pone en el tapete nuevamente la insuficiencia de lo realizado por la actual justicia chilena en materia de Derechos Humanos.

Guerrero, Parada y Nattino fueron asesinados por luchar contra la represiva dictadura militar e intentar levantar una organización que respondiera a las necesidades y demandas de los docentes en un período donde los dirigentes eran impuestos a dedo por el régimen.

Desde la agrupación docente Nuestra Clase nos parece importante no olvidar el pasado de lucha del profesorado y desde allí enfrentar los desafíos que hoy tenemos por delante, hoy también recurre a represión y represalias contra los docentes que nos levantamos a luchar y cuando se hace más necesario que nunca recuperar el Colegio de Profesores para ponerlo al servicio de las demandas de los colegas de base y enfrentar de mejor manera a un régimen que legisla contra nosotros porque nos teme, porque teme a la organización de los docentes y a la de todos los trabajadores.

Escribimos este relato desde nuestra experiencia en la Vicaría de la Solidaridad, con el anhelo de que sea difundido entre las nuevas generaciones, que tienen el derecho a conocer la historia del país para asegurar un futuro de paz.

Conocí a José Manuel Parada en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, antecesor de la Vicaría de la Solidaridad, en 1974. Lo recuerdo como conductor de un automóvil del Comité, saliendo de las oficinas de la administración, pero especialmente en los almuerzos y las onces en que departíamos los trabajadores de calle Santa Mónica, coloquios que permitían descubrir al joven académico inteligente, dotado de un sentido del humor no exento de ironía. 

En 1976, a poco andar de la creación de la Vicaría de la Solidaridad por el cardenal Silva Henríquez, la jefatura, percatada de su capacidad, encargó al profesional proveniente de las juventudes comunistas la coordinación con las entidades que en provincias cumplían funciones afines a las del Comité. José Manuel asumió como jefe de la Unidad de Coordinación Nacional, destinada a “relacionar la Vicaría de la Solidaridad con las oficinas sociales o de solidaridad –según la denominación que le hubiera dado el respectivo Obispo- de las distintas diócesis del país”[i]. Era, desde luego, una función con cierta dimensión política, en el sentido del arte de lo posible, puesto que se debía trabajar con obispos de todo el espectro doctrinario. Responsable de la designación fue el primer Vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, quien dio “fe y testimonio de su lealtad, de su empeño, de su dedicación y de su fidelidad inquebrantable a esta Vicaría”[ii].  

En el ejercicio de su función, José Manuel evidenció una ductilidad que le ganó el aprecio de los pastores, aunque algunos observaban con cierto recelo su condición de comunista y no creyente. Por esto, no fue del todo sorprendente que, en 1983, recién iniciado el gobierno arquidiocesano de don Francisco Fresno, se definiese la coordinación con las diócesis como una tarea pastoral que debía ser ejercida por una persona perteneciente a la Iglesia[iii]. Recuerdo que en una reunión simultánea a este cambio de jefatura, en que se encontraba presente el Vicario de entonces Juan de Castro, José Manuel, con la sutileza que lo caracterizaba, se refirió a las acusaciones de infiltración comunista en la Vicaría, formuladas por la dictadura, asegurando que, “en mi caso, soy yo quien ha sido infiltrado por la Iglesia”. Personalmente, pude corroborar su apacible ductilidad, que amenizaba la conversación y generaba afecto, en aquellas reuniones que sostuvimos para ponerme al día de lo que ocurría en provincias, recorriendo obispo por obispo y describiendo las características de cada cual, en términos que me permitían comprender lo esencial. De dos pastores del norte, señalaba a uno como “piadoso” y al otro “bueno, pero amante del besamanos”; de un par de obispos al sur de Santiago, decía que el primero era “político y místico a la vez” y el segundo “intelectual un tanto seco”. Sin duda, el pastor con quien más empatía había logrado era don Carlos González, obispo de Talca que presidía el grupo de quince obispos que formaban parte un convenio de cooperación con la Vicaría de Santiago, el cual operaba con la ayuda de la Unidad de Coordinación Nacional. 

Con todo, la nueva responsabilidad que se asignó a José Manuel a mediados de 1983 resultó ser mucho más compleja y riesgosa que la anterior. A partir de la información proveída por las víctimas de la represión y con toda la documentación acumulada en la acción judicial y administrativa del Departamento Jurídico de la Vicaría, se creó una unidad de procesamiento de esos datos, dotada de un mayor grado de reserva, que incluía antecedentes sobre recintos clandestinos de reclusión, procedimientos, estructuras operativas e incluso agentes del aparato represivo. Esta faena fue constituyendo a la Vicaría en un virtual organismo de contrainteligencia y permitió reproducir muy fielmente los planes de exterminio de la DINA y el historial de torturas de la CNI[iv]. La designación de José Manuel Parada a cargo de esa unidad, que asumió con dedicación ejemplar, está en el origen de su martirio. 

Es efectivo que los trabajadores de la Vicaría, por ser ésta una institución de la Iglesia Católica, un tanto ingenuamente, la considerábamos un “paraguas” que, en cierta medida, nos protegía de la represión. En esos años ochenta, eran contados los casos de funcionarios que habían sufrido prisión. Nada hacía presagiar, pues, lo que ocurriría esa mañana del viernes 28 de marzo de 1985.

Cuando José Manuel Parada llegaba al Colegio Latinoamericano de Integración, junto a su hija Javiera, tres individuos procedieron a secuestrarlo junto al profesor Manuel Guerrero, militante del partido Comunista y dirigente de la Asociación Gremial de Educadores (AGECH), disparando e hiriendo al profesor Leopoldo Muñoz, que se había interpuesto entre los secuestradores y las víctimas, las cuales fueron introducidas en un automóvil. Mientras todo ello ocurría, un helicóptero sobrevolaba sobre el sector y, según afirmaron testigos, carabineros motorizados desviaban el tránsito. El impacto que sufrió la comunidad de trabajo de la Vicaría fue terrible, especialmente debido al modus operandi del secuestro, que connotaba una operación criminal de la mayor peligrosidad. Pero, pese a la consternación, se inició de inmediato la búsqueda de los detenidos, mediante recurso de amparo y querella criminal, la visita de familiares y abogados a recintos de detención, así como una vasta campaña de denuncia de los hechos, realizada por las trabajadoras y trabajadores de la Vicaría distribuidos en todas las sedes parroquiales y organizaciones sociales de la capital.

Aunque cuesta describirlo, no podemos olvidar el momento en que, al día siguiente, sábado, 29 de marzo, escuchamos la funesta, la sangrienta palabra – ¡degollados! – que connotaba la atroz y alevosa magnitud del crimen. Así fueron encontrados los cuerpos de José Manuel Parada Maluenda, Manuel Guerrero Ceballos y el diseñador gráfico comunista y también miembro de la AGECH, Santiago Nattino, quien había sido detenido con anterioridad, luego del allanamiento de la imprenta de la AGECH, inscrita a su nombre[v]. 

No hubo en la trayectoria de defensa de los derechos humanos de los trabajadores de la Vicaría mayor conmoción que el alevoso asesinato de José Manuel. Al arrebatar la vida a uno de los nuestros, la dictadura horadaba nuestro corazón. Hasta hoy, pervive en nuestra memoria aquella reunión nocturna, de toda la Vicaría, encabezada por el vicario Santiago Tapia, y esa tarde del domingo en que por las gradas del edificio de Plaza de Armas el ataúd que contenía los restos de José Manuel subió en hombros de sus colegas, hasta ser conducido al patio central, donde cantamos con profunda aflicción el Himno a la Alegría, acompañando a sus padres, a Estela Ortiz que cargaba desde hacía ocho años el dolor de la desaparición forzada de su padre, y sus cuatro niños. También conservamos indeleble el recuerdo de la impresionante liturgia en que el nombre de José Manuel unió en extremado ecumenismo al cardenal Fresno y los obispos concelebrantes con los militantes comunistas que entonaron La Internacional. Y luego, el cortejo hacia el Cementerio General, que se unió al de Manuel Guerrero.  En los días posteriores, siguió el ayuno prolongado de trabajadores de la Vicaría, que se unieron al que iniciara Estela en la parroquia Santa Filomena, para testimoniar que jamás olvidaríamos el crimen.

En sí mismo, el despliegue con que se practicó el secuestro de José Manuel Parada y Manuel Guerrero hizo patente que se trataba de una operación criminal planificada. Así, la investigación permitió establecer que el helicóptero que sobrevoló el sitio, los automóviles en que se movilizaban los secuestradores y el tipo de armas utilizadas pertenecían a Carabineros. Se comprobó que los aprehensores de otros dirigentes de la AGECH detenidos en días anteriores también pertenecían a esa institución policial y que estas víctimas permanecieron recluidas en el local de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), un aparato de inteligencia ad hoc que encubría con aquella denominación su verdadera función, que no era otra que indagar en la estructura clandestina del partido Comunista, sus integrantes y su actividad. Todas las evidencias apuntaban a este organismo, de lo cual no cupo dudas avanzada la investigación, cuando se verificó que Parada y Guerrero fueron torturados en el cuartel de esa asociación criminal, antes de ser conducidos al lugar donde fueron sacrificados junto a Nattino, en Quilicura. Fueron los abogados de la Vicaría de la Solidaridad que proporcionaron al ministro Cánovas los datos sobre la DICOMCAR, cuya existencia, organización, procedimientos y altos mandos habían sido registrados y procesados -providencial o fatalmente- por la unidad a cargo de José Manuel Parada[vi]. 

A los tres meses del crimen, ya se había ordenado el arraigo de doce miembros de la DICOMCAR[vii]. Un mes más tarde, fueron encargados reos los pilotos del helicóptero y puestos bajo arraigo el Jefe de la DICOMCAR, coronel Luis Fontaine Manríquez, y otros once miembros de la misma. Entre estos destacan Guillermo González Betancourt, jefe de operaciones del aparato criminal, quien “dirigió” el degollamiento de los tres militantes comunistas, y Miguel Estay Reyno, alias El Fanta, ex militante comunista reclutado como sabueso por la DICOMCAR, quien participó directamente en la decapitación de su amigo José Manuel, luego de que el cabo Claudio Salazar le rajase el vientre, y que según antecedentes habría sido quien proporcionó el corvo utilizado para perpetrar los homicidios[viii].

Estas últimas resoluciones del juez Cánovas causaron conmoción pública y determinaron la renuncia del general director de Carabineros y miembro de la Junta de Gobierno, César Mendoza Durán, así como la disolución de la DICOMCAR, por orden del nuevo jefe de la institución policial, Rodolfo Stange. Pronto, al arraigo territorial el juez Cánovas sumó la encargatoria de reo a los miembros de la ex DICOMCAR, incluidos Fontaine y González Betancourt, el interrogatorio a César Mendoza y la detención de El Fanta.

A despecho de todo, en enero de 1986, la Corte Suprema revocó las resoluciones procesales del ministro Cánovas y, más tarde, se dictó el sobreseimiento temporal de la causa, por cuanto, se argumentó, si bien estaba acreditada la intervención de la DICOMCAR en el crimen, no se hallaban plenamente identificados los autores individuales. En tal oportunidad, junto con valorar el acucioso trabajo realizado por el juez, el jefe del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, Alejandro González, atribuyó “la imposibilidad de individualizar a los responsables” a “la falta de colaboración de los organismos públicos llamados por la ley a prestarla”[ix]. 

Pero ocho años más tarde, reabierto el proceso en plena democracia, el ministro Milton Juica, a cargo del mismo desde 1989, condenó a la pena de presidio perpetuo a tres miembros de la asociación criminal, incluido El Fanta, por el secuestro y asesinato de las víctimas. Otros trece funcionarios fueron condenados a penas de hasta 18 años de presidio y en seis de estos casos la Corte de Apelaciones aumentó las penas a presidio perpetuo. Finalmente, la Corte Suprema confirmó las condenas a cadena perpetua contra cinco de los autores del crimen y las otras penas para el resto. En 1990, poco después del asesinato del senador Jaime Guzmán, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinaron al coronel Luis Fontaine Manríquez. Pese a su participación principal en el degollamiento de las víctimas, en 2013, Guillermo González Betancourt, condenado a presidio perpetuo, fue beneficiado con el régimen de “salida controlada libre” hasta por quince horas diarias… Por su parte, El Fanta falleció en 2021, mientras cumplía su pena de presidio perpetuo.

De los antecedentes acumulados en la investigación del crimen, a cargo del aplicado ministro José Cánovas Robles, se pudo inferir cuáles fueron las “razones” para la elección de las víctimas y los móviles del crimen. El origen se puede fijar en agosto de 1984, cuando Andrés Valenzuela, suboficial de la FACH, desertó del denominado Comando Conjunto, un equipo clandestino de represión homicida anticomunista en que participaban los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, la Armada y Carabineros[x]. El desertor concurrió a la Vicaría de la Solidaridad, a cuyos abogados proporcionó cuantiosa y vital información sobre el destino mortal de decenas de detenidos desaparecidos y ejecutados, las circunstancias de los hechos y varios de sus ejecutores. Luego de prestarle protección, la Vicaría organizó su salida del país, encargándose al autor de esta columna su traslado clandestino, hacia Argentina, por el paso cordillerano de Puyehue.

Según el abogado de la Vicaría, Héctor Contreras Alday, “dos episodios hicieron creer a los aparatos represivos que el Partido Comunista estaba detrás de la deserción de Valenzuela”. El primero fue la reproducción parcial del testimonio que el exagente había entregado a un medio periodístico chileno, en un periódico de Caracas, ciudad donde “los servicios de seguridad de la dictadura de Pinochet habían detectado una base del PC que facilitaba a sus militantes el ingreso y salida de Chile como clandestinos”. El segundo episodio sería la “confesión” bajo tortura, ante la DICOMCAR, en febrero de 1985, del arquitecto comunista Ramón Arriagada Escalante, cuya libreta de contactos le fue requisada, quien “afirmó que José Manuel Parada y Manuel Guerrero estaban analizando el testimonio de un exagente represivo”[xi]. De otro lado, al interior de la DICOMCAR, que funcionaba en el edificio que había sido sede del diario El Clarín, mismo que sirvió de cuartel al Comando Conjunto…, El Fanta, con seguridad, reveló que la Vicaría de la Solidaridad había detectado la existencia de aquel aparato clandestino de Carabineros y que José Manuel era el principal responsable de este logro. Aunque, en realidad, él no hacía sino procesar los datos proporcionados por el Departamento Jurídico[xii].

La decisión del horrendo crimen, que unió a altos mandos de Carabineros y a ex agentes del Comando Conjunto[xiii], tenía como objetivo hacer ver al PC, en perverso modo homicida, que si persistía en su tarea de contrainteligencia militantes suyos correrían la misma suerte de los tres elegidos como víctimas del fatídico 29 de marzo de 1985. Pese a que aquella tarea consistía en un trabajo compartimentado de la Vicaría de la Solidaridad, la dictadura estaba convencida de que era realizada por y para el partido Comunista. Acto seguido, se eligió deliberadamente a las víctimas. Sin duda, la primera fue José Manuel Parada, por su trabajo para la institución arquidiocesana, que entendían formaba parte de una confabulación del comunismo; la segunda fue Santiago Nattino, a quien se identificaba como proveedor de documentación falsa a militantes de su partido, para entrar y salir del país[xiv]. La tercera víctima, Manuel Guerrero, sería elegida por ser representante de un gremio dirigido por militantes comunistas, aunque también su detención pudo deberse, simplemente, a que en el acto del secuestro se encontraba junto a Parada.

El denominado “crimen de los degollados” depara una lección histórica sobre los extremos que puede traspasar una dictadura como la civil militar que padeció nuestro país, luego de clausurar el poder político representativo, disolver los partidos políticos y degradar por la fuerza la independencia de los tribunales. Estas condiciones permitieron la supresión del estado de Derecho y el desprecio a la ley, posibilitando a los grupos armados de la dictadura practicar crímenes de lesa humanidad que -ellos pensaban- quedarían todos en la impunidad.

Es más, este caso arquetípico de barbarie que hemos relatado también nos alecciona sobre la degradación moral a que conduce el terror aplicado sobre los ciudadanos, hasta el punto de arrastrar a personas originariamente buenas a la comisión de conductas tan deleznables como la traición a sus propios amigos o camaradas.

También, sobre la base del terror del silencio y la censura de los medios de comunicación, se impone la mentira sobre la población, como ocurriera en torno a este mismo triple homicidio, que el almirante Merino atribuyó a una “infiltración comunista” en Carabineros de Chile[xv]. 

Estas lecciones no son asunto del pasado sino uno plenamente actual. Cuando, nuevamente, soplan oscuros vientos de desprecio hacia los derechos humanos y se agita la idea de que las policías pueden actuar sin límites; cuando renace un anticomunismo maniqueo y maldiciente, es imperioso, aunque doloroso, rescatar sucesos como el que hemos recordado, especialmente para que la memoria sea difundida entre las nuevas generaciones. 

*Jaime Esponda – Fue procurador del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y abogado interno de la Vicaría de la Solidaridad.

[i] Arzobispado de Santiago, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. https://www.vicariadelasolidaridad.cl/vicaria_de_la_solidaridad. Visto el 14.03.2025. 

 [ii] Revista Solidaridad Nº 199, p. 6

 [iii] Fue en tales circunstancias que el autor de esta columna asumió la jefatura de la Unidad de Coordinación Nacional.

[iv]En este logro, correspondió un destacado rol, lejos del protagonismo, a la abogada Rosemarie Bornand y al abogado Héctor Contreras Alday.

[v] Testimonio de Manuel Guerrero Antequera. https://memoriaviva.com/nuevaweb/ejecutados-politicos/ejecutados-politicos-g/guerrero-ceballos Leído el 17.03.2025.

 [vi] Contreras, Héctor, El rol de José Cánovas, https://casosvicaria.udp.cl/el-rol-de-jose-canovas. Leído el 17.03.2025

[vii] Hau, Boris,  La defensa de los Derechos Humanos del Departamento Jurídico del Comité Pro-Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, Universidad Alberto Hurtado, 2006, p.130 y 131.

[viii] https://www.ciperchile.cl/2015/09/21/corte-nego-libertad-a-coronel-que-encabezo-asesinato-de-los-tres-profesionales-degollados-en-1985. Leído el 17.03.2025.

[ix] Arzobispado de Santiago, Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, enero de 1987 p. 40.

[x] González, Mónica y Contreras, Héctor, Los Secretos del Comando Conjunto”, Santiago, 1991, Ediciones del Ornitorrinco, 299 pp.

[xi]HECTOR CONTRERAS:  El rol de José Cánovas https://casosvicaria.udp.cl/el-rol-de-jose-canovas

[xii] En un sitio web confiable que recopila antecedentes de violaciones de derechos humanos, Manuel Guerrero Antequera, hijo de Manuel Guerrero Ceballos, narra que, junto a la periodista Mónica González, José Manuel Parada y su padre “ se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio” del agente Valenzuela. Aunque esta actividad no consta en los antecedentes de la Vicaría ni se realizó con autorización de sus autoridades, estimo que el testimonio es serio y veraz. https://memoriaviva.com/nuevaweb/ejecutados-politicos/ejecutados-politicos-g/guerrero-ceballos Leído el 17.03.2025.

[xiii] HECTOR CONTRERAS:  El rol de José Cánovas https://casosvicaria.udp.cl/el-rol-de-jose-canovas Leído el 13.03.2025

[xiv] Antes de concurrir a la Vicaría de la Solidaridad, Andrés Valenzuela relató su experiencia a la periodista Mónica González, de la revista Cauce.

[xv] Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, agosto del año 1985, p. 28 . 

por Jaime Esponda 

Este 30 de marzo se cumplen cuatro décadas de uno de los crímenes más brutales y horrorosos cometidos por la dictadura militar. Amigos, familiares y organizaciones recuerdan a Santiago Nattino, José Miguel Parada y Manuel Guerrero.

Durante la tarde del 28 de marzo de 1985, el diseñador gráfico, miembro de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y del Partido Comunista, Santiago Nattino, fue secuestrado a metros de su casa por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo de inteligencia perteneciente a la institución policial.

Esa misma noche, y con el país bajo el estado de sitio, miembros de la Dicomcar asaltaron la AGECH. Con pasamontañas y pistola en mano, secuestraron a 5 profesores mientras preguntaban insistentemente por Manuel Guerrero, dirigente de la agrupación y militante comunista.

La mañana del 29 de marzo, la campana había sonado en la vieja casona del Colegio Latinoamericano de Integración en Providencia dando aviso a los niños del comienzo de clases. En la puerta, el profesor Manuel Guerrero conversaba con el sociólogo, jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad y militante comunista, José Manuel Parada. Ambos estaban preocupados por el allanamiento a la AGECH y, sobre todo, por el paradero de los secuestrados.

Mientras Parada y Guerrero conversaban, un station wagon Opala sin patente frenó bruscamente frente a ellos. Tres sujetos se abalanzaron contra los profesionales. 

Leopoldo Muñoz, conocido como “tío Leo”, había acordado reunirse con Manuel Guerrero en la puerta del establecimiento para ir a presentar un recurso en la Vicaría de la Solidaridad en favor de otros cinco docentes que habían sido secuestrados la noche anterior. Unos metros antes de llegar, Muñoz se da cuenta de que dos hombres, vestidos de civil, corren en dirección al colegio.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Leopoldo Muñoz recordó lo sucedido esa mañana: “Estaba a media cuadra de donde estaban. Fue en la puerta de la escuela donde se provocó el secuestro”.

“A José Manuel lo estaban golpeando en la puerta de la escuela, en el suelo. Traté de ayudarlo, de oponerme a la detención de José Manuel y ahí bajó una persona de un auto y me disparó”, señaló Muñoz.

Tras ser detenidos, Guerrero y Parada fueron trasladados hasta el cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros ubicado en calle Dieciocho, en el centro de Santiago. En el lugar estaba secuestrado Santiago Nattino. A los tres detenidos los esposaron, les vendaron los ojos y los torturaron durante toda la jornada del 29 de marzo.

Manuel Guerrero y José Miguel Parada se encontraban realizando una labor de análisis de la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto a base de la información obtenida de las confesiones de uno de sus ex miembros, logradas poco tiempo atrás.

Santiago Nattino

Santiago Nattino nació el 12 de septiembre de 1921 en Santiago. Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile e inició su carrera trabajando en la Casa de Moneda.

Nattino a lo largo de su vida fue distinguido en varios concursos de afiches, entre ellos el de la Municipalidad de Santiago (1943) y el de Naciones Unidas (1947). En 1970 produjo los afiches para la campaña presidencial de Salvador Allende y, tras la histórica victoria de la Unidad Popular, participó en el gobierno, donde se desempeñó como jefe del Departamento de Divulgación del Servicio Agrícola y Ganadero.

Tras el golpe de Estado, fue detenido y trasladado al Estadio Nacional, el que se convirtió en el centro de detención y tortura más grande de la dictadura militar.

Tras ser liberado, se incorporó al trabajo de El Siglo, el periódico del Partido Comunista, que circulaba en la clandestinidad. Nattino creó decenas de originales fáciles de reproducir, adaptables a distintas situaciones. Además, realizó afiches para la Vicaría de la Solidaridad.

En el marco de la presentación del sitio web del Archivo Nattino, el investigador y diseñador Kim López destacó “su calidad humana, su gran sonrisa, el ser incapaz de hacerle daño a alguien. Así lo describen sus familiares, amigos y aquellos que lo conocieron”. 

Además, relevó su gran vocación artística y destacó su desarrollo en el área de la propaganda política, con afiches, apoyando sus ideales y visiones. Finalmente, enfatizó que este Archivo se construye “por el gran aporte de Elena Reyes, su compañera, quien luchó incansablemente por obtener justicia para que su asesinato no quedara en la impunidad. Por ella, por Santiago, por su descendencia, por lo que han tenido que pasar, es que se construye este archivo, el Archivo Nattino”.

Tenía 63 años el día que fue secuestrado por la Dicomcar.

Manuel Guerrero

Manuel Guerrero nació el 25 de junio de 1948 en Santiago. Estudió en la Escuela Normal José Abelardo Núñez, de la cual egresó en 1967.

Guerrero se incorporó a temprana edad a las Juventudes Comunistas de Chile, convirtiéndose rápidamente en un destacado militante. Durante el gobierno de Salvador Allende, fue el encargado de la Organización Nacional de los Trabajos Voluntarios.

Tras el Golpe de Estado, comenzó a trabajar clandestinamente hasta que cayó detenido el 14 de junio de 1976 por miembros del Comando Conjunto, organismo represivo compuesto por agentes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Chile. En la detención fue herido de bala en el pecho y conducido a un centro clandestino de detención. Fue liberado el 19 de noviembre del mismo año, partiendo días después al exilio en Suecia.

En 1982, retornó a Chile y se sumó a la AGECH, donde fue elegido presidente del Consejo Metropolitano.

En conversación con nuestro medio, Noemí Baeza, amiga y compañera de militancia de Guerrero, recordó cómo conoció al ex dirigente de la AGECH: “En 1967 conocí a Manuel, entre otros compañeros, porque hicieron una representación teatral sobre Vietnam. Y eso me marcó para siempre”.

“Tenemos que ser, decía Manuel, los primeros en todo. No vengan con que no van a estudiar esto, que les carga filosofía. Tienen que estudiar todo y tenemos que ser los primeros en todo. Preocuparnos de la gente enferma, preocuparnos cuando hay alguien con problemas. Aunque no tenga nada que ver con los comunistas”, recordó Baeza.

“Eso, lo que él hacía y decía, era un ejemplo de vida. Un sentido de humanidad, de grandeza, de velar por los otros, por las otras personas”, puntualizó.

Manuel Guerrero tenía 36 años la mañana del 29 de marzo de 1985.

José Manuel Parada

José Manuel Parada nació el 5 de mayo de 1950 en Santiago. Estudió sociología en nuestra casa de estudios. En 1972 comenzó a dar clases en la Universidad Técnica del Estado hasta el golpe militar.

En marzo de 1974 Parada comenzó a trabajar en el Comité Pro Paz, como chofer en la unidad de administración. Luego, pasó a programador en el Área Provincias, llegando a ser jefe del Departamento de Coordinación Nacional.

En 1976, ingresó como secretario de Archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, convirtiéndose en jefe de Unidad de Archivos y Procesamiento del Departamento Jurídico. Se dedicó a asesorar en materia judicial y recopilar los testimonios de las víctimas de violaciones de sus derechos por los organismos de seguridad del régimen.

En conversación con Radionálisis, Camilo Parada, sostuvo que las ideas en las que creyó su padre, y todos quienes lucharon durante la dictadura militar, aún “están vivas, que las ideas de tener una sociedad con mayor justicia social, con mayor equidad aún persisten”.

En esa línea, detalló que la lucha por “una democracia a todos los niveles, que no solamente sea ir a decidir cada tantos años por quienes nos representan, y después no involucrarse más en la vida política, sino que decidamos sobre la economía, sobre qué se produce, cómo se produce, y yo creo que hay ideas que por supuesto persisten, y que persisten como un horizonte real”.

José Miguel Parada tenía 34 años la mañana en que llegó hasta el Colegio Latinoamericano de Integración para dejar a su hija Javiera.

Uno de los crímenes más horrendos

Tras ser torturados toda la jornada del 29 de marzo, durante la madrugada del sábado 30, Nattino, Guerrero y Parada fueron subidos a un Chevrolet Opala y los trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Ahí fueron bajados, esposados y vendados, y fueron degollados.

A 40 años de este vil y horroroso asesinato, los ex trabajadores de la vicaría de la solidaridad, realizaron un homenaje a José Miguel Parada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

En la actividad, la directora ejecutiva de entidad, María Fernanda García señaló a nuestro medio que no importa cuántos años pasen, “la memoria debe prevalecer para que estos horrendos crímenes no vuelvan a ocurrir”.

por Alexis Polo González

Sobre los 40 años desde el Caso Degollados y el asesinato de su padre José Manuel Parada, Javiera Parada, coordinadora de Arte y Cultura del Centro de Estudios Públicos e hija de José Manuel Parada, conversó este lunes 31 de marzo en Mesa Central con Iván Valenzuela.

Sobre los 40 años desde el Caso Degollados y el asesinato de su padre José Manuel Parada, Javiera Parada, coordinadora de Arte y Cultura del Centro de Estudios Públicos e hija de José Manuel Parada, conversó este lunes 31 de marzo en Mesa Central con Iván Valenzuela.

Para iniciar la conversación, Parada se refirió a las críticas y las expectativas que hay para quienes han sido víctimas indicando que “cada persona de las que hemos sido familiares de los asesinados, torturados, desaparecidos en la dictadura cada uno vive este proceso de dolor y reencuentro con la vida, de una manera distinta. Yo jamás me atrevería a decirle a alguien que pasó por una situación similar como yo, lo que debería hacer”.

En cuanto a cómo ve lo ocurrido tras 40 años, la hija de José Manuel Parada afirmó que  “no he perdonado ni a los asesinos de mi padre ni a los que lo torturaron. No creo que merezcan el perdón, pero he logrado evitar que el odio y la rabia alimenten mi vida. No tengo cómo perdonar a las personas que secuestraron a mi padre de la puerta de mi colegio, que lo llevaron a un cuartel, que lo torturaron y luego lo degollaron".

Respecto a cómo se aborda el caso hoy y los movimientos del mundo político respecto a situaciones similares la coordinadora de Arte y Cultura del Centro de Estudios Públicos señaló que “el Presidente de la República hizo una declaración a través de redes sociales comprometiéndose a lo que él puede hacer para que nunca más pase algo así, me interesa saber también que el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, en consejo municipal también recordó este hecho. Con esto entender, por lo tanto, que habemos quienes hemos aprendido de lo que ocurrió en este país y que queremos sentar las bases de una democracia donde no pueda volver a ocurrir”.

Cuatro décadas después de los asesinatos de Manuel Guerrero, Santiago Nattino, José Manuel Parada, y de los jóvenes combatientes caídos bajo la dictadura, la impunidad sigue marcando la historia de Chile. Mientras el negacionismo y la represión continúan vigentes alentando a la ultraderecha, la memoria no puede reducirse a una letanía de la derrota, sino que debe ser una bandera de resistencia activa, reivindicando la lucha de quienes enfrentaron el terror estatal y combatieron por el socialismo.

La importancia de una memoria combatiente frente a la impunidad y el negacionismo

A 40 años del degollamiento de los militantes comunistas Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, así como de los asesinatos de los jóvenes combatientes del MIR, Paulina Aguirre Tobar y los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo; y a 41 años del asesinato del también militante del MIR Mauricio Maigret Becerra, todos ellos ultimados por uniformados y agentes de la dictadura civil-militar en actos patentes de terrorismo de Estado, que desataron una de las crisis políticas de la Junta Militar, movilizaron a las masas y evidenciaron la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, es tiempo de disputar una memoria que no sea una letanía a la derrota. Es decir, una memoria que rescate la dimensionalidad humana y militante de las y los compañeros caídos en estas fechas, día de las y los jóvenes combatientes.

Si tomamos el Caso Degollados (un caso que me es dramáticamente cercano, al ser hijo de José Manuel Parada), no es descabellado afirmar que fue un símbolo del uso sistemático del terror y la barbarie como mecanismo de control político y social. La brutalidad de los crímenes generó una repercusión comunicacional inmediata: por un lado, la Junta Militar buscó enviar un mensaje de terror, y por otro, manipuló a la opinión pública desde un primer momento, alegando que se trataba de un ajuste de cuentas entre comunistas. En paralelo, intentaron construir un montaje con los asesinatos de Paulina Aguirre Tobar en una parcela en El Arrayán y de los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia, tratando de imponer una vez más la versión desgastada del «enfrentamiento». Este tipo de manipulación ha encontrado eco en esta democracia heredada del pinochetismo, con otros montajes de Carabineros en asesinatos recientes de luchadores mapuche y la complicidad de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, en el Caso Degollados, la narrativa oficial fue rápidamente puesta en jaque por la realidad.

El impacto de estos crímenes trascendió a los medios independientes y a la prensa internacional, sorteando la censura impuesta por la dictadura y generando una respuesta masiva en los funerales posteriores. La cobertura periodística, el testimonio de los familiares y la reacción de los organismos de derechos humanos convirtieron el crimen en un punto de quiebre para parte de la opinión pública, precipitando la salida del general César Mendoza de la Junta Militar y aumentando la presión internacional sobre la dictadura de Pinochet.

Si bien hubo condenas contra algunos responsables del Caso Degollados, la justicia solo sancionó a los autores materiales, sin avanzar hacia los responsables intelectuales. Además, los asesinos accedieron a beneficios penitenciarios, consolidando la impunidad en materia de derechos humanos en Chile y contradiciendo los acuerdos y tratados internacionales firmados por el propio Estado. Los pactos de silencio entre los perpetradores han obstaculizado el esclarecimiento de cientos de crímenes de lesa humanidad, impidiendo la identificación de autores materiales e intelectuales. A esto se suma la justicia tardía y las penas irrisorias, formas de perpetuar la impunidad a través de los años.

A 40 años de estos crímenes, la impunidad sigue siendo una constante que atraviesa a todos los administradores del modelo. Se expresa en la falta patente de voluntad política, en el silenciamiento institucional y en la insuficiencia de políticas estatales contundentes para garantizar el acceso a la verdad y la justicia, a pesar de los grandes anuncios que se hacen cada cierto tiempo. El Caso Degollados no es una excepción, sino parte de una estructura de protección a los violadores de derechos humanos, que ha permeado incluso la transición a la democracia. Esta misma impunidad avala las formas actuales de injusticia y represión en Chile, donde se siguen violando los derechos humanos y negando la justicia. Incluso la continuidad investigativa de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019, durante la Rebelión de Octubre, ha sido obstaculizada.

A pesar del retorno negociado a la democracia en 1990, con cadáveres sobre la mesa, Chile continúa vulnerando los derechos humanos y enviando señales de impunidad. Lo vimos nuevamente en otra salida negociada con muertos en el placard con el pacto durante la rebelión: el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. La represión en contextos de protesta social (actualmente con los pescadores artesanales a punta de amenazas y disparos), la militarización permanente de La Araucanía y las graves violaciones documentadas durante la Rebelión de 2019 muestran que la violencia estatal no es un vestigio del pasado, sino una constante. Casos de mutilaciones oculares, torturas y abusos sexuales a detenidos evidenciaron la persistencia de prácticas represivas heredadas de la dictadura, reactivando el debate sobre las fuerzas de seguridad. Recordemos que la refundación de Carabineros fue una de las promesas incumplidas del gobierno de Boric. Todo esto ocurre en un contexto de polarización asimétrica, con un resurgir de la ultraderecha a nivel mundial, que pone en la agenda la seguridad y la migración sin abordar las causas estructurales, ligadas a un sistema capitalista decadente.

Hoy, el negacionismo y la posverdad representan una amenaza real y en aumento a nivel internacional, y Chile no es ajeno a ello. Grupos protofascistas y sectores de la ultraderecha impulsan narrativas que relativizan o justifican los crímenes de la dictadura, promoviendo un revisionismo histórico ante el cual debemos estar alerta. Más aún, debemos construir la más contundente unidad de acción contra la ultraderecha, con independencia política, sin sectarismos ni iluminismos.

La negación de las violaciones a los derechos humanos no es solo un ejercicio retórico; también es un instrumento político que facilita el avance de proyectos autoritarios. A 40 años del Caso Degollados, de los Hermanos Vergara Toledo, de Paulina Aguirre Tobar y de Mauricio Maigret, quienes marcan la historia del Día del Joven Combatiente, la memoria sigue siendo una bandera de resistencia contra la impunidad y el negacionismo. Sin embargo, debe ser una memoria en disputa, que no se cristalice en la muerte, sino que rescate la dimensión militante, luchadora y revolucionaria de quienes enfrentaron la dictadura y luchaban por un mundo diametralmente opuesto al modelo capitalista-neoliberal impuesto con el terror.

Para que esta lucha sea efectiva, es fundamental romper con el sistema que perpetúa esta realidad, una perspectiva anticapitalista. Es necesario construir una alternativa política independiente, crítica de la institucionalización de la memoria, sin caer en manipulaciones electorales. No hay atajos: debemos superar el sectarismo y trabajar por una izquierda anticapitalista que no abandone la lucha de clases, que dispute el poder y enfrente al reformismo y al posibilismo que han cedido, una y otra vez, a la agenda de la ultraderecha y de los capitalistas.

por Camilo Parada

La mañana del domingo,miembros del Partido Comunista realizaron un homenaje conmemorativo por la muerte de tres de sus militantes, Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada, ocurrido a manos de carabineros durante la dictadura militar,en 1985. Se trata de las víctimas del denominado caso Degollados.

El homenaje fue realizado en el memorial que recuerda a las tres víctimas, ubicado en el kilómetro 18 de Américo Vespucio, frente al aeropuerto de Santiago, esto en la comuna de Quilicura.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, estuvo presente en el acto y aclaró que este tipo de acontecimientos deben recordarse para que nunca más vuelvan a ocurrir.

En el lugar, también estuvo Victoria Guerrero, hermana de una de las víctimas, quien sostuvo que la Corte suprema ha actuado de forma negligente en el resguardo de los derechos humanos. Además, recordó los momentos en que su hermano fue encontrado muerto hace ya, 32 años.

Tanto los miembros del Partido Comunista, como amigos y familiares de las víctimas, recordaron a los presentes a fortificar los esfuerzos para buscar justicia a las familias de quienes fueron asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar.

El macabro crimen

La noche del 29 de marzo de 1985 se produjo el secuestro de Santiago Nattino desde Av. Apoquindo. Al día siguiente en la mañana, en la puerta del Colegio Latinoamericano de Providencia, fueron plagiados Manuel Guerrero y José Manuel Parada.

Un Station Wagon Opala sin patente frenó bruscamente y tres sujetos apresaron a los profesionales. El profesor Leopoldo Muñoz salió a defenderlos, pero uno de los tipos lo derribó y le disparó a quemarropa en el abdomen y el vehículo arrancó. Mientras, a un par de cuadras el tránsito había sido desviado y un helicóptero hacía vuelo rasante sobre el establecimiento educacional.

Tras su secuestro, los tres profesionales fueron trasladados a un cuartel secreto de Calle 18, en el centro de Santiago, el mismo que el Comando Conjunto utilizaba a mediados de los ‘70 y que era conocido como «La Firma». Los tres fueron esposados, les vendaron los ojos y los torturaron.

Según el estremecedor relato que hicieron Andrea Insunza y Javier Ortega, de la Universidad Diego Portales, a propósito de los casos que dieron cuerpo a la serie de TV Los Archivos del Cardenal, el expediente judicial del caso estableció que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt. De copiloto iba «El Fanta», mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora.

Todos eran miembros de Carabineros y agentes de la Dicomcar.

Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. «El Fanta», Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado en una especia de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo se trasladó hasta su cuartel, en la calle 18.

Pasado el mediodía del sábado 30 de marzo, dos hermanos campesinos encontraron los tres cadáveres. Siete horas más tarde, fueron trasladados al Instituto Médico Legal, donde familiares y amigos de Parada, Guerrero y Nattino, esperaban conocer la identidad de los cuerpos.

A juicio de Manuel Guerrero hijo frente al beneficio de la salida diaria de la cárcel de quienes asesinaron a su padre, «resulta sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para presos comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los presos comunes».

El «Papudo»

En la Vicaría de la Solidaridad, Parada recababa información sobre el actuar del Comando Conjunto. Ello, después del testimonio que el desertor de la Fuerza Aérea Andrés Valenzuela, alias Papudo, dio en una entrevista a la periodista opositora Mónica González y que, con ayuda de la entidad defensora de los derechos humanos, logró salir ilegalmente del país, no sin antes dejar su declaración notarial al organismo. Fue la primera vez en que se obtuvo un testimonio directo y con nombre y apellido sobre las torturas, muerte y desaparición de militantes de izquierda a manos de la dictadura. Por primera vez, también, salió a la luz el nombre del Comando Conjunto.

En esa misión Parada contaba con el apoyo de Guerrero y Nattino.

Condenados

El brutal triple homicidio provocó indignación extendida y obligó a la Corte Suprema a designar al juez José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.

Sólo cuatro meses más tarde, luego de que las viudas de los asesinados encabezaran semanalmente marchas hacia el Ministerio de Justicia, exigiendo que se hiciera justicia, la investigación realizada por el Juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales no encargados de la policía nacional (carabineros). Como consecuencia este caso provocó, el 2 de agosto de 1985, la dimisión del general César Mendoza, Director General de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la Dicomcar, agencia de Carabineros que había realizado, según se afirma, los secuestros y asesinatos.

Finalmente seis miembros del servicio secreto de la policía fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por el asesinato.

Han pasado 38 años desde que funcionarios de Carabineros perpetraran el secuestro, tortura y degollamiento de tres militantes del Partido Comunista de Chile, brutal crimen conocido como “Caso Degollados”. La conmoción que causó este triple homicidio, ejecutado cuando el país se encontraba en Estado de Sitio durante la dictadura civil-militar de Pinochet, y la posterior investigación que lo vínculo a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros y el Comando Conjunto de la FACH,  provocaron cuatro meses después la caída de César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Úrsula Fuentes Rivera. Periodista “El Siglo”. 29/3/2023. Durante la mañana del jueves 28 de marzo de 1985, el publicista, pintor, diseñador gráfico y miembro de Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Santiago Nattino Allende, fue secuestrado cerca de su domicilio, en la intersección de las calles Apoquindo con Badajoz, tras ser abordado por un sujeto que lo encañonó e hizo subir a un vehículo que esperaba en la esquina.

Al día siguiente, pasadas las 8:30 horas y mientras recibía a los estudiantes del Colegio Latinoamericano de Integración (ubicado en avenida Los Leones 1401, Providencia), fue secuestrado el profesor, inspector escolar y dirigente de la AGECH, Manuel Guerrero Ceballos, junto al sociólogo y jefe de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada Maluenda, quien era también apoderado de ese establecimiento educacional y a esa hora llevaba a sus hijos a clases.

En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago Nattino señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro hay testigos que indican que un helicóptero sobrevolaba el sector y que había desvíos de tránsito perpetrados por carabineros motorizados y a pie. Durante el secuestro de Parada y Guerrero además se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el plagio.

De acuerdo a investigaciones posteriores, desde un station wagon Chevrolet Opala se bajaron tres sujetos y con violencia agarraron al sociólogo y al profesor, conduciéndolos al cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), ubicado en la calle Dieciocho, donde antes del golpe militar estaban las oficinas del diario El Clarín y donde luego, bajo el nombre de “La Firma”, había operado el “Comando Conjunto”, una organización clandestina de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que durante los años 70 compitió con la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en el exterminio de las cúpulas de los partidos que habían pertenecido a la Unidad Popular.

En ese lugar, Nattino, Guerrero y Parada fueron torturados, “quemándoles cigarrillos en el cuerpo, sacándoles las uñas, aplicándoles electricidad y quebrándoles los huesos de la frente a culatazos”, según detalló el hijo de Manuel Guerrero, el sociólogo Manuel Guerrero Antequera, tras rememorar en su cuenta de blog la tragedia que vivió su padre, testimonio dado a conocer en 2011 por el medio informativo El Periodista.

Posteriormente, en la madrugada del sábado 30 de marzo, fueron llevados en vehículo hasta Quilicura, siendo degollados con un corvo atacameño que había pertenecido al militar y agente de la DINA, Marcelo Moren Brito, muriendo los tres desangrados. Sus cuerpos fueron abandonados entre unos matorrales, frente al fundo “El Retiro”, cercano al aeropuerto Pudahuel. Ese mismo sábado, pasado el mediodía, sus restos fueron encontrados por dos campesinos con evidentes rasgos de tortura y ensañamiento.

A las horas siguientes de conocido este brutal crimen, se produjo un gran revuelo a nivel nacional e internacional. Las autoridades del Gobierno dijeron en un comienzo, intencionadamente, que fue consecuencia de una purga entre comunistas. El almirante José Toribio Merino habló de un “crimen del PC”, el general César Mendoza dijo que se trataba de “un ajuste de cuentas” y el ministro de Defensa, Patricio Carvajal, culpó al “comunismo dirigido desde Moscú”.

Sin embargo, la Comisión Rettig de 1991 estableció de acuerdo con los antecedentes narrados y reunidos en la investigación judicial, que Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron ejecutados por agentes estatales, debido a su militancia y a las actividades que realizaban.

Comando Conjunto

Según consigna el tomo II, pág, 222 del Informe Rettig, la causa del crimen de los tres militantes comunistas fue la investigación que estaban realizando sobre la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto, cuya existencia había sido revelada tras las declaraciones del exagente y exsuboficial de la FACH, Andrés Valenzuela Morales, alias “El Papudo”, a la periodista de la revista Cauce, Mónica González, quien tomó contacto con José Manuel Parada (encargado de la sección de investigación y documentación de la Vicaría de la Solidaridad), para que corroborase la información de Valenzuela.

“En Chile había muy pocas personas como José Manuel que manejaban casi toda la información acerca de los aparatos represivos, pues le llegaban a diario los testimonios de los luchadores sociales y sus familiares que habían sido apresados. Él, al conocer el carácter de la información y antes de entrar en su detalle, le sugirió a la periodista que había una persona que contaba con toda su confianza y que podía triangular la información indicada por Andrés Valenzuela con su propia experiencia de detención en manos del Comando Conjunto: mi padre”, indicó Manuel Guerrero hijo.

Parada recordó el plagio de su amigo y compañero Manuel Guerrero en 1976, quien era el único sobreviviente de los secuestros y torturas ejecutadas por el Comando Conjunto, por lo tanto, pieza clave en la investigación sobre los métodos operativos y de tortura del grupo de la FACH. “Con la venia de Mónica González, los tres se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio y mi padre con José Manuel no podían creer a lo que estaban accediendo: la estructura completa del Comando Conjunto, sus acciones, las fechas de detención de los militantes comunistas detenidos desaparecidos, los sitios en que fueron ultimados, los nombres y alias de los agentes de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de civiles que participaban en el Comando”, señaló el hijo del profesor degollado.

El 30 de octubre de 1984, meses antes de la publicación de la entrevista que el exagente Valenzuela le concedió a la periodista Mónica González (la cual fue publicada finalmente en el diario Caracas de Venezuela, pues el Estado de Sitio en Chile y la clausura de revistas opositoras lo impedían), una banda asaltó la sede del Movimiento Democrático Popular (MPD), coalición que reunía a partidos de izquierda como el Partido Comunista, el Partido Socialista-Almeyda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en la lucha por el retorno de la democracia apuntando a la transformación de la economía para favorecer fundamentalmente al mundo trabajador y poblacional que en aquellos años sufría una situación de cesantía y hambruna real.

Entre las pertenencias robadas en la sede del MPD estaba la libreta de apuntes del arquitecto y militante comunista, Ramón Arriagada Escalante, en la que él mantenía anotadas sus reuniones con diversos militantes del PC, entre ellos José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

Cuatro meses después, el 25 de febrero de 1985, Ramón Arriagada fue detenido por agentes de la entonces secreta DICOMCAR.? Durante el tiempo que fue retenido, Arriagada fue torturado e interrogado sobre el actuar de Parada y Guerrero.? En ese tiempo Parada, según informaría Arriagada bajo tortura, investigaba al Comando Conjunto, trabajo que había iniciado después de que los periodistas Mónica González y Edwin Harrington, director de la revista Cauce, acudieran a la Vicaría de la Solidaridad para sacar al exagente Valenzuela de Chile. ?

De acuerdo con los antecedentes judiciales del “Caso Degollados”, los agentes de la DICOMCAR también creían que Parada y Guerrero poseían estrecha cercanía con la dirigencia en la clandestinidad del Partido Comunista, mientras que de Nattino sospechaban que se encargaba de reingresar militantes a Chile de manera clandestina. ?

En las semanas siguientes Arriagada pudo informar a Parada de que había sido secuestrado e interrogado sobre sus actividades, sin embargo, el sociólogo de la Vicaría optó por no salir del país, pese a que estaba consciente del riesgo que corría.

“Por desgracia, y por razones que aún me cuesta comprender, la entrevista al exagente Andrés Valenzuela fue publicada en el extranjero sin autorización de mi padre y José Manuel, antes que ellos pudieran ponerse a salvo. Los agentes del Comando Conjunto, ahora agrupados en el departamento de la DICOMCAR, apenas se enteraron del testimonio de Valenzuela se pusieron en alerta y decidieron cortar literalmente el problema por la raíz: eliminar a José Manuel y mi padre, para impedir que la verdad circulara por el mundo. Por ello allanaron y secuestraron la imprenta de la AGECH en marzo de 1985. Buscaron frenéticos ese lugar pensando que ahí se encontraban los stenciles de publicación del testimonio de Valenzuela sobre el Comando Conjunto. La imprenta estaba a nombre del artista gráfico Santiago Nattino. por lo que ese mismo día lo secuestraron y lo llevaron a calle Dieciocho, al local de la DICOMCAR, lo esposaron a un parrón y comenzaron su tortura”, precisó Manuel Guerrero Antequera.

Asimismo, el hijo del profesor degollado resaltó que “la información que entregó el exagente Valenzuela era una bomba”. En ella se establecía, entre otros aspectos, que Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, alias “La Pochi”, había participado como agente del Comando Conjunto en la detención ilegal de Manuel Guerrero Ceballos en 1976. “Sí, Viviana Ugarte Sandoval, la esposa del general de la FACHA Patricio Campos, quien fue la persona nombrada por las Fuerzas Armadas para participar en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, convocada en agosto de 1999 con el objetivo de recabar información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos en Chile. Curiosa y precisamente, la información que correspondía a las víctimas del Comando Conjunto fue alterada, de acuerdo con las declaraciones de Otto Trujillo, “Colmillo Blanco”, otro agente del Comando Conjunto que contó su versión de la verdad al diario La Nación, advirtió Guerrero Antequera.

Investigación judicial

El 1 de abril de 1985, el mismo día de los funerales de Guerrero y Parada, la Corte Suprema designó a José Cánovas Robles, un anciano juez a punto de irse a retiro, como ministro en Visita para investigar el crimen de los tres degollados. Las evidencias apuntaron a la participación de carabineros pertenecientes a la DICOMCAR, tanto en los asesinatos de los tres profesionales comunistas, como en los secuestros del arquitecto Ramón Arriagada el 25 de febrero de 1985 y de cuatro profesores dirigentes la AGECH, quienes fueron detenidos la noche del 28 de marzo de 1985 en la sede e imprenta de la asociación, ubicada en Londres 75-B, local que estaba a nombre de Santiago Nattino, donde él además recibía correspondencia y mantenía una línea telefónica. Cabe mencionar que los cuatro profesores detenidos en la sede fueron liberados al día siguiente de su aprehensión, después de una jornada entera de interrogatorios.

La investigación determinaría que los asesinatos fueron ordenados por el jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la DICOMCAR, Guillermo González Betancourt (conocido como “bototo” entre la oficialidad de Carabineros), y ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes y por el sargento José Florentino Fuentes Castro.

En el vehículo que trasladó a Parada, Guerrero y Nattino hasta Quilicura, además de González Betancourt, también iban el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como “El Fanta”, exmilitante comunista convertido en delator y colaborador de la dictadura. ?

El 1 de agosto el juez Cánovas encargó reos a los dos presuntos pilotos del helicóptero policial que habría sobrevolado la escena del secuestro en los minutos previos al plagio del profesor Guerrero y José Manuel Parada, y dejó bajo arraigo a otros doce funcionarios, entre ellos el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la DICOMCAR, el coronel Julio Luis Michea Muñoz y el teniente coronel Iván González Jorquera.

El 2 de agosto de 1985, un día después de la resolución de Cánovas, el general director de Carabineros, César Mendoza, tuvo que renunciar al mando y a la Junta del Gobierno, la cual integraba desde el golpe militar 1973. Ese mismo día, consultado por la prensa por qué se iba, Mendoza respondió: “Porque se me antojó, no más” y luego agregó: “Se está desgranando el choclo…”. En su reemplazo asumió el general Rodolfo Stange, quien en las semanas siguientes ordenó la disolución de la DICOMCAR. ?

Tras retomar el caso, Cánovas encargó reos a diez funcionarios, pero en enero de 1986 la Corte Suprema revocó los autos de procesamiento y un año después el juez dictó el sobreseimiento temporal de la causa.? En 1989 Cánovas se acogió a retiro y asumió como ministro en visita Milton Juica.

En 1994, tras varios años de investigación, el juez Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato y a otros trece funcionarios a penas entre 41 días y 18 años de presidio. Posteriormente, la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo. ?Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se bajó a 15 años y un día de presidio.

Desde fines del 2017 solo cumplió condena Miguel Estay, mientras los otros condenados fueron liberados sin cumplir la condena de presidio perpetuo. Esta situación ha sido denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Funa, que ha investigado y denunciado la impunidad este tipo de delitos.

El “Fanta”

Miguel Estay Reino, alias “El Fanta”, fue un militante de las Juventudes Comunistas y tras el golpe cívico militar de 1973, un colaborador de la dictadura de Pinochet. Fue amigo de la familia del profesor Manuel Guerrero y compañero de éste en militancia.

Dada su participación en el crimen de los tres comunistas degollados, Estay Reino cumplía una condena de cadena perpetua en el penal de Punta Peuco. El 10 de agosto de 2021 falleció en el hospital San José, a los 68 años, por causas asociadas al Covid-19, según informó Gendarmería.

En su libro “El Fanta: Historia de una Traición”, la periodista Nancy Guzmán relata que “Miguel Estay Reyno se cambió de bando aparentemente sin sufrir tortura, llegando a ser de los más activos agentes de la dictadura”. Con un enorme agravante: delató a sus dos hermanos menores, ambos militantes del Partido Comunista. Esto les significó prisión y tortura.

Santiago Nattino y “El Siglo” en Clandestinidad

El publicista y artista plástico Santiago Nattino fue distinguido en varios concursos nacionales e internacionales de afiches. Realizó trabajos gráficos y visuales para las campañas electorales de la izquierda chilena y durante la Unidad Popular fue jefe del Departamento de Divulgación del Servicio Agrícola y Ganadero.

Con el golpe de Estado en 1973 cayó preso en el Estadio Nacional. Tras ser liberado, apoyó a El Siglo clandestino creando decenas de originales fáciles de reproducir, adaptables a distintas situaciones.

Durante la dictadura realizó afiches para la Vicaría de la Solidaridad y diseñó el logotipo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

“Tres sillas vacías recuerdan a don Santiago y a los Manueles”

En 2006 la ex Presidenta Michelle Bachelet inauguró el Memorial a las víctimas del Caso Degollados, en el lugar donde los cuerpos de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron encontrados por campesinos: en la comuna de Quilicura, al lado de la autopista Vespucio Norte, frente al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Todos los años se realiza ahí una conmemoración donde participan familiares de las víctimas, miembros del Partido Comunista, del Colegio de Profesores de Chile y en ciertas ocasiones, autoridades políticas o de Gobierno.

El memorial está conformado por tres sillas de acero, de 10 metros de altura, que se pueden visualizar desde el cielo dada su cercanía al aeropuerto y que hacen alusión a sillas escolares, no sólo para representar el espíritu de los tres asesinados y rememorar el aporte que hicieron a la educación, sino también para recordar su secuestro en sí, que fue en un establecimiento educacional, en el caso de Manuel Guerrero y José Manuel Parada.

A 38 años de este salvaje crimen y en “Conmemoración a estos Mártires de la Democracia”, el Colegio de Profesores y Profesoras, el Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) convocaron para este domingo 2 de abril, a una caravana que saldrá a las 10 horas desde avenida Vicuña Mackenna 31, sede del PC, hacia el Memorial de las Tres Sillas, donde a las 12 horas se realizará un acto en memoria de estas tres víctimas de los corvos del régimen de Pinochet.

Cuando se nombra a nuestro compañero Manuel Guerrero Ceballos se le asocia  de inmediato, y con toda razón,  con el feroz crimen cometido por los agentes de Pinochet en marzo de  1985, cuando él, junto con otros dos profesionales comunistas, fue degollado.

Pero la vida de este querido luchador tiene otros capítulos dignos de conocerse.

Nació el 25 de junio de 1948.  Muy joven se incorporó a las Juventudes Comunistas. Estudió en la Escuela Normal José Abelardo Núñez., de donde egresó en 1967. Trabajó como maestro en las comunas de San Miguel y Conchalí.

CONTRIBUYENDO A LA VICTORIA POPULAR

Participó en la campaña electoral del 70. Así lo recuerda Manuel Guerrero Ceballos:

“La lucha presidencial entraba en tierra derecha. Los partidos populares, conformados en Unidad Popular, ya tenían candidato único: Salvador Allende. La unidad alcanzada, el programa y el candidato común ya eran una importante conquista. A todas partes llegó la palabra de la Unidad Popular y la juventud fue un vehículo magnífico, que con mística y arrojo, incorporó a importantes sectores jóvenes al combate. Del aporte juvenil nacieron himnos y la nueva canción chilena, las brigadas murales, cuya representante más alta fue la Brigada Ramona Parra, los jueves proletarios para el trabajo en las industrias, los domingos insurgentes para la labor propagandística y de educación política casa por casa en los barrios. Los caminos de Chile fueron cubiertos por los rayados de las Brigadas Venceremos. Los jóvenes luchaban por sus reivindicaciones en todas partes. Las salidas al campo para el trabajo con los campesinos e incluso a las playas con veraneantes, contaban con la presencia entusiasta de lolos y lolas de cortos años.

¡Cuántos jóvenes hicieron su escuela política en estas acciones!

Las Juventudes Comunistas crecían en número y madurez. Eran una organización  conocida y admirada y querida por los jóvenes trabajadores, estudiantes, artistas y pobladores. Los colores amarantos de su camisa florecían y cada jota-jota, tronaba en las calles con sabor a futuro. A su presencia contribuyeron el aporte de tantos jóvenes, militantes y dirigentes, que llenaron todo un período político muy importante de la historia de Chile. Entre estos sobresale la figura, creatividad política y firmeza revolucionaria de Gladys Marín bajo cuya égida la Jota alcanzó dimensión de fuerza juvenil nacional.  Tampoco en esa ocasión era fácil ser comunista.

El odio de clase de los reaccionarios se sentía a toda hora y se jugaban por frustrar los anhelos del pueblo. En la campaña varios compañeros fueron asesinados, golpeados y detenidos. Las bandas de los pijes agredían a mansalva a nuestros compañeros y la enérgica repuesta dada en cada oportunidad impidió que prosperara su intento  de intimidarnos”.(Manuel Guerrero Ceballos: “Desde el Túnel”, p. 22)

DURANTE EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE

Relata Manuel Guerrero: “El triunfo de Salvador Allende en 1970 fue la coronación del sueño y la lucha de largos años de la clase obrera y del pueblo chileno.

Al conocerse el resultado la juventud se volcó a las calles manifestando su  voluntad de combate y disposición ante las nuevas tareas que surgían. Las Brigadas Ramona Parra así como escribieron el nombre de Allende en el mismo instante en que fue proclamado candidato único de la Unidad Popular, ahora rayaron la alegría del triunfo y los desafíos venideros”.

Durante el Gobierno Popular, Manuel Guerrero Ceballos  tuvo a su cargo la Organización Nacional de Trabajos Voluntarios.

Recuerda  sobre estos. “Grandes tareas eran respaldadas por millares de muchachas y jóvenes. El trabajo voluntario fue una de las características de su participación. Estuvimos en la pampa del tamarugal rompiendo con chuzo la pétrea costra desértica para hacer vivir una diminuta planta que diera alimentación a ovejas y lograra que esa gigantesca porción de tierra, compuesta de  arena y sal, sirviera al país. En la inmensidad de la pampa, bajo 40 grados de calor, con una insignificante hierba  verde en las manos, buscábamos la primavera para Chile.

Las columnas de jóvenes, con sus mochilas al hombro, que cruzaban la extendida geografía chilena, participaban de la pujanza de un pueblo que era dueño de su destino.

La juventud construyó  represas, canales, casas, escuelas y caminos. Plantó árboles y extrajo cobre desde las profundidades de la mina. Sacó muelas y curó enfermedades. Canto. Hizo teatro, pintó y escribió poemas. Formó brigadas de vanguardia de la producción. Creó

Miles de comités de Apoyo al Rendimiento Estudiantil. Manejó tractores, camiones y cargó en sus hombros miles de toneladas. Aseguró el abastecimiento. Peleó contra los reaccionarios que saboteaban. Se educó y entregó su palabra de adhesión.”  (Manuel Guerrero  Ceballos: Obra citada, p. 24)

EN LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA

Después del golpe fascista, participó   en el trabajo clandestino.

Escribe  Manuel Guerrero Ceballos: “La vida en la lucha clandestina es dura, áspera, sacrificada. Como nunca se debe actuar con resolución  y autonomía. Teniendo la orientación principal clara caminamos por caminos desconocidos. Cada aprendizaje cuesta, incluso vidas humanas… Las noticias de las detenciones y asesinatos nos golpeaban y herían, recordábamos a los compañeros con cariño y emoción. Muchas lágrimas derramadas en silencio, pero la exigencia de continuar combatiendo hacía más patético cada golpe.”

Relata: “Caminaba por Bellavista en dirección a Pío Nono. Serían las cuatro o cinco de la tarde. Bajo el brazo al medio de un diario doblado, llevaba una reciente declaración del Partido. Doblé por Pío Nono hacia Alameda y me encontré frente a una patrulla militar  que pedía identificación, revisaba papeles y bolsillos de los transeúntes.  La garganta se me apretó, el corazón dio un brinco y las manos transpiraron. Si retrocedo o cruzo igual me pararán y llamo más su atención, pensé. Con resolución avancé.

– Alto!

El grito me hizo estremecer.

Me detuve.

– Su identificación

Cambié el diario de mano, apretándolo con fuerza. Saqué el carnet y se lo extendí. Lo miró atentamente.

– Dónde trabaja.

–  En una escuela.

Me observó, dio vuelta el carnet y vio la dirección. Me la preguntó. Dudé varios segundos, me costaba recordarla, finalmente lo hice y se la dije.

– Separe los brazos.

Con el diario en la mano derecha levanté los brazos. Torpemente sus manos iban chequeando el cuerpo.

Me angustiaba sólo pensar que me quitara el diario y lo abriera, cuando expresó:

– Está bien, siga no más…”     (Manuel Guerrero Ceballos: “Desde el Túnel” pp. 29 y 30)

LA DETENCIÓN

Manuel Guerrero Ceballos relata como cayó en manos del siniestro Comando Conjunto en 1976:

“Eran cerca de las 10 de la mañana  del 14 de junio. Iba al trabajo  y mi compañera iría a buscar al hijo, que había estado sábado y domingo con los abuelos. Caminábamos  con despreocupación hacia el paradero del microbús….

“Llevaba en la mano izquierda el bolsón escolar de mi hijo que orgulloso daba los primeros pasos en la lectura. Verónica, mi compañera, decía algo referente a la guagua que vendría o a la débil salud de nuestro hijo…

“Escuchamos a nuestras espaldas un vehículo que avanzaba a gran velocidad. Sin saber me estremecí y presentí el peligro. El vehículo se detuvo al costado nuestro. Bajaron dos individuos jóvenes a la carrera. Grité a mi compañera: ¡cuidado!

“Ya recibía golpes de pies y manos, era agredido. Por reflejo opuse resistencia. Mi compañera irrumpió en gritos y fugazmente vi que blandía su cartera en el aire…

Todo era un torbellino. De pronto escuché un estrépito y sentí un fuerte impacto en el pecho. Parecía que un caballo me hubiese dado una coz de lleno. Caí doblado y sentí que en vilo era arrojado dentro del auto. Mi cabeza se estrelló  en la puerta lateral derecha violentamente. Un dolor desconocido horadaba mi estómago y tronco. Quemaba, consumía. Los oídos zumbaban y la cabeza  se  aprestaba a estallar.

Las manos me las esposaron a la espalda… La primera certeza de la situación la tuve al sonar, atrasadamente en mis oídos, el aullido angustiado de Verónica- ‘son de la DINA’- ‘se llevan a mi marido, son de la DINA’,- ‘son los asesinos de la DINA’.

-¡ Cagué! – pensé.”    (Manuel Guerrero Ceballos: obra citada, p. 13)

Respondiendo  a una pregunta del periodista y escritor José Miguel Varas, dijo:

“Yo, en ese momento, cuando iba en el vehículo, empecé a sentir sangre que me cubría  mi piel, y comencé a tener dificultades para respirar, por lo que presumí que la herida –y posteriormente se confirmó- había sido en el pecho. La bala me ingresó por el costado inferior de la tetilla derecha, para quedar alojada, sin salida, bajo la axila izquierda, es decir, me atravesó todo el pecho…”  (Entrevista realizado por José Miguel Varas, en Europa en marzo de 1977)

“Las últimas ideas fueron de muda despedida de la vida y de cómo encarar el    interrogatorio. No debía perjudicar a nadie con mis respuestas. El precio de la  vida no lo iba a pagar con la confesión o la traición. Pensé en mi hijo. Si vivía quería mirarlo de frente.

El viaje llegó a su fin. Mentiría si no dijese que un miedo glacial me acompañaba. No cantaba ante la muerte, templaba; pero estaba dispuesto a resistir.”  (Manuel Guerrero Ceballos:  “Desde el Túnel”, p.  14)

LOS  CHACALES  ACTÚAN.

Manuel Guerrero Ceballos escribe sobre las torturas a que fue  sometido

“Aguardé el golpe que podía venir de cualquier  lugar.

– Sáquenle la ropa.

Abrieron las esposas, me sobé las muñecas. Me empezaron a sacar la ropa. Seguí con la vista vendada.

Fui empujado hasta el borde de una tarima, camastro liso o mesa.

-‘Súbete’.

Con trabajo lo hice. Quedé tendido de espalda. Desnudo, con los ojos vendados, acostado sobre una cubierta fría y dura –como de latón o baldosas- terriblemente dolido. Mi angustia se desbordó. A pesar de mi oposición, las lágrimas rodaban por las mejillas. El cuerpo brincaba, me estremecía…

“Un golpe de puño, seco, recibí en la herida.

-‘Cuenta ahora, concha de tu madre’

Grité de dolor. Mordiendo las palabras contesté preguntado.

-‘¿Qué quieren les cuente?’

-‘Todo pu’s huevón’

-‘No tengo nada que contar’

Esperé otro golpe. Llegó y fue más violento. Del pelo a los pies me sobrecogió el dolor. La herida manaba más sangre.

La desnudez me hacía sentirme  desamparado, más estando con los ojos vendados y amarrado al mesón. A indefensión absoluta se unía la duda lacerante de ignorar que venía a continuación, de dónde venía y a donde iría el castigo siguiente.” (Obra citada, p. 18)

FUE UN DETENIDO DESAPARECIDO DURANTE UN MES

Lo continúan torturando. La gravedad de su estado obliga a los esbirros de la dictadura a conducirlo a un establecimiento, que según  él calcula  fue el Hospital de Carabineros de Santiago. Lo ingresaron con nombre falso. Lo atendieron para evitar que la hemorragia interna terminara con su vida antes de lograr que entregara las informaciones que requerían. Lo siguieron torturando en ese hospital.

Fue conducido a Cuatro Álamos. Allí seguía con los ojos vendados, continuaban con los ‘interrogatorios’, acompañados de golpes y uso de corriente eléctrica.

Después se le trasladó a  Tres Álamos, donde ya no tuvo incomunicado. Allí supo lo ocurrido con su compañera Verónica. No estaba detenida. Ello, como producto de  la conmoción pública que tanto la detención como el baleo generó en el sector y la cantidad de testigos que presenciaron esos hechos.

Eso impidió la detención de Verónica y le salvó la vida  a él. A pesar que el Ministerio del Interior negó su detención, ante un recurso de amparo presentado por su compañera, la dictadura no pudo seguir negando que estaba preso. Ya no era un desparecido.

VOLVIENDO A LA VIDA

Relata el paso de Cuatro Álamos a Tres Álamos, el  paso de ser desaparecido a la vida.

Lo sacaron de la celda de incomunicación dos agentes de la DINA. Uno de ellos le dijo:

• ‘Te vai de aquí, tení cueva, te salvaste del balazo primero y de ésta ahora’ …

No me dijo nada más. Me entregaron mi carnet de identidad, me revisaron completamente y me obligaron a  seguirlos.

Salimos caminando por el pasillo, cruzamos la siniestra puerta de fierro y caminamos por oscuros senderos de tierra. Me hicieron ingresar a una oficina y cuanta no sería mi sorpresa de ver en ella a carabineros con su característico uniforme. Hasta me alegré de verlos…

El funcionario de la DINA dijo:

-‘Nosotros ya hicimos el pase, es huevá de ustedes como se las arreglan, y sin más se dio media vuelta y se fue. Quedé entre los carabineros.”

Estos lo condujeron  y lo hicieron golpear en una casucha que estaba en patio. Entró. Había una cantidad de personas. Les dijo:

-“Soy un preso, vengo recién llegando de Cuatro Álamos”. Fue recibido con alegría y enorme solidaridad.

Cuenta: “Ese día los compañeros me cuidaron y atendieron como a un niño…”

Pasó el tiempo. “Llegó el esperado día de visita. Los amigos me prestaron un poncho blanco y un gorro pasa montaña. Esperé como colegial que me llamaran por la lista. Los presos iban saliendo de uno a uno, donde estaban sus familiares sentados en unas bancas…

Por fin me llamaron. Salí caminando lentamente, mirando todo con verdadera emoción e interés, buscando entre todos esos rostros anhelantes mis seres queridos. No los vi. Me empecé a desesperar. Miraba y miraba. Y entre la muchedumbre asomó el rostro lloroso de mi compañera con su guata, cual banderola en el aire, acompañada de mi padre, mi madre y mi suegro.

No me reconocieron hasta estar muy cerca. Nos fundimos en un todo de abrazos, lágrimas, suspiros y sobre todo, vida”.   (Obra citada, pp. 87 y 88)

Así termina su narración Manuel Guerrero Ceballos, cuando va saliendo “desde el túnel”.

Fue liberado el 19 de  noviembre de 1976.  Fue el único detenido por el Comando Conjunto que salvó  vivo de sus garras.

EN EL EXILIO

A fines de noviembre de 1976 viajó a Suecia. Permaneció seis años en  ese país. En el destierro  participó activamente en las labores de solidaridad con la lucha del pueblo chileno. Además, escribió su desgarrador testimonio  “Desde el Túnel”.

En sus “Palabras iniciales”  explica: ”La idea de hacer esta narración nació de la angustia. Me explico. Encontrándome como preso político desaparecido, secuestrado por la DINA (posteriormente se vino a conocer la existencia del siniestro Comando Conjunto) y tenido en un lugar ignorado, bajo nombre falso, en las interminables horas de vigilia, desesperanza, dolor, impotencia, confusión, ira,  y cuanta sensación se pueda sentir en tal estado, me surgió la idea que si sobrevivía tenía que contar todo lo que me había pasado… Lo he escrito en el exterior de Chile…

Me decidí a hacerlo por dos razones centrales. El tiempo pasa y la memoria es frágil. Es necesario que las nuevas generaciones conozcan  lo que ha hecho y, lamentablemente, aún hace el fascismo en nuestra Patria. Y una segunda razón es que hay muchos hechos ignorados, más allá de lo que todos creemos, por nuestra propia población chilena. Es más de lo imaginado lo que no se conoce de la represión y la barbarie de los fascistas, como del heroísmo de muchas gentes simples y modestas de nuestro pueblo, en especial de la lucha juvenil y el papel  relevante que han jugado en ella, las Juventudes Comunistas, conformadas por rostros y vidas concretas, muchas de las cuales no están físicamente con nosotros…  Que ninguno de ellos se nos olvide, recordemos sus vidas y  aportes. Ellos estarán presentes en los caminos por los que transitamos hoy, estarán presentes en la hora de la victoria.”  (Manuel Guerrero Ceballos: “Desde el Túnel”, p. 5)

RETORNO A LA PATRIA

Regresó a Chile en noviembre de 1982. De inmediato se incorporó a la lucha clandestina  y a las labores de su gremio, el Magisterio.

Un año  antes, el 27 de noviembre de 1981, un grupo de 31 educadores de las Regiones Metropolitana, Quinta, Séptima y Octava, habían constituido la Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH. Entre sus fundadores estaban  Julio González, Alfonso Bravo, Eduardo Hurtado, Alejandro Traverso, Samuel Lillo, Carlos Mena, Estanislao Montoya, Eduardo Osorio, Raúl Manríquez y Jorge Pavez. (Ver: Iván Ljubetic Vargas:  “Historia del Magisterio chileno”, p. 236)

Al llegar al país, Manuel Guerrero Ceballos  encontró al profesorado en lucha contra la dictadura, que no sólo reprimía a los maestros, sino que imponía la municipalización de la educación.

Pronto se distinguió por su claridad política, por su valentía y responsabilidad. Fue elegido Presidente del Consejo Metropolitano de la AGECH.  Estuvo a la cabeza de muchas luchas.

Una profesora que lo conoció personalmente en ese tiempo, lo recuerda como una persona muy jovial,  querida y respetada por sus colegas; elocuente y convincente en sus intervenciones; preocupado siempre por el lado humano de la gente, de gran consecuencia  entre su pensar,  lo que decía y lo que hacía.

Un dirigente del Magisterio, que trabajó junto a él, señala que, entre sus enormes cualidades,  estaba su profundo  respeto por los compañeros de otros partidos. En la AGECH –explica- participábamos colegas de diferentes fuerzas políticas e independientes  y Manuel actuó siempre con ejemplar modestia, jamás subestimó a los aliados, siempre los consultaba y tomaba en cuenta sus opiniones. Comprendía  muy bien que el cargo de Presidente del Consejo Metropolitano lo había obtenido con el apoyo de colegas de las más diferentes posiciones políticas e ideológicas. Esa actitud le granjeó el cariño y respeto de  profesores de todos los sectores.

DETENCIÓN Y MUERTE DE TRES COMBATIENTES    

EJEMPLARES

El 28 de marzo de 1985, Santiago Nattino, publicista de militancia comunista, fue secuestrado  en plena vía pública en el sector alto de la capital.

En la noche, agentes de la dictadura llevaron a cabo un operativo en la sede de la AGECH, ubicada en la calle Londres 75. Detuvieron a varios profesores, que fueron liberados  24 horas después. .

El 29 de marzo, a tempranas horas de la mañana, fue secuestrado, en momentos en que llevaba su hija al Colegio Latinoamericano de Integración, José Manuel Parada Maluenda, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad. En esa misma oportunidad fue secuestrado Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor e inspector del mismo colegio y dirigente de la AGECH.

Familiares y compañeros de los detenidos se movilizaron. Interpusieron un recurso de amparo, donde incluso  indicaban el lugar en que podrían estar detenidos: el cuartel de  la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, DICOMCAR, ubicada en calle Dieciocho (donde se comprobó posteriormente  habían estado). La justicia nada hizo.

El 30 de marzo de 1985 fueron encontrados los cuerpos  degollados de los tres militantes comunistas en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.

Pinochet y sus secuaces intentaron negar su participación en  ese monstruoso crimen.

El Informe Rettig señaló: “De los antecedentes narrados y  los reunidos en la investigación judicial, la Comisión ha llegado a la convicción de que Manuel Guerrero, José Parada y Santiago Nattino fueron ejecutados por agentes estatales en razón de su militancia y las actividades que realizaban, en violación de sus derechos humanos”.

Manuel Guerrero Ceballos  es uno de esos heroicos combatientes del pueblo que, como él mismo escribió, “están presentes en los caminos por los que  transitamos hoy y estarán presentes en la hora de la victoria”.

Honor y gloria a los héroes y las heroínas que han luchado y han sido leales  hasta el último segundo de su existencia

por Iván Ljubetic Vargas

El 30 de marzo, pero de 1985, el pueblo chileno se horrorizaba tras el hallazgo de los cuerpos degollados de tres militantes del Partido Comunista, Santiago Nattino, Manuel Guerrero Ceballos y José Manuel Parada, quienes fueron detenidos y brutalmente asesinados por Carabineros de Chile, que arrojaron los cadáveres en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.

El primero en ser secuestrado por personal de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), fue Santiago Nattino, el 28 de marzo de 1985, siendo trasladado hasta el cuartel que la institución mantenía en calle 18 de Santiago. Un día después, llegarían al mismo centro de detención y tortura, el profesor Manuel Guerrero y el sociólogo José Manuel Parada, quienes fueron raptados desde la puerta del Colegio Latinoamericano de Integración.

Cabe destacar que, durante el secuestro de Guerrero y Parada, desde el frontis de dicho establecimiento, resultó un docente herido a bala por personal de Carabineros, luego de querer intervenir y evitar el secuestro.

Como fue la tónica durante la dictadura y los procesos de resistencia llevados desde el pueblo en su contra, se intentó instalar en la opinión pública que el horroroso caso había sido producto de un ajuste de cuentas, evitando a sumir así la responsabilidad de sus agentes represivos, en este caso, de Carabineros.

En momentos en que la posibilidad de otorgarle más facultades a Carabineros está en la palestra, es preciso considerar los horrores cometidos por la institución al momento de ostentar mayores garantías, que, como en gran parte de las violaciones a los DDHH durante la dictadura, quedaron en impunidad.

Lo anterior, debido a que, pese a que por el Caso Degollados resultaron detenidos dos capitanes, un comandante, dos coroneles y otros dos oficiales, en 2016 la Corte Suprema otorgó la libertad a Guillermo González Betancourt, uno de los miembros de la Dicomcar implicado en el hecho.

Si bien el contexto histórico es distinto al de la dictadura cívico militar, parte de estas garantías o permisividades podrían volver a manos de Carabineros, con la promulgación de la Ley Gatillo Fácil o Ley Naín-Retamal, que fue aprobada este miércoles por la Cámara y que entre sus medidas incluye, la figura de la legítima defensa privilegiada.

Esta última figura podría hacer retroceder a Chile en materia de DDHH, explica la abogada Mariela Santana, parte de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), acotando que, "garantiza prácticamente la impunidad para Carabineros en su actuar. Significa, validar y naturalizar la violencia del Estado".

por Juan Contreras Jara

Ya han pasado 33 años de uno de los crímenes más horrendos que dejó la historia negra de la dictadura en Chile, el secuestro y asesinato de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero por parte de funcionarios de la Dicomcar en 1985.

En su conmemoración, familiares, personeros políticos, dirigentes rindieron homenaje a los tres profesores asesinados con una carabana y una ceremonia en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos degollados.

En el lugar, Javiera Parada, hija de José Manuel, enfatizó en que “aún hay gente que tiene mucha información y todavía no la ha entregado y aún se siguen dando laxos y beneficios penitenciarios sin tener en cuenta las normas internacionales que exigen que los estándares para los violadores de los derechos humanos sean mayores”. 

En esa línea, también se llamó a cerrar el penal de Punta Peuco donde se encuentra Miguel Estay Reyno “el Fanta”. 

“Yo espero que tal como cerró Cordillera, ahora cierre Punta Peuco y no para que los violadores de los derechos humanos se vayan a sus casas, sino que vayan a Colina y ahí terminen sus condenas”, expresó Mireya García, ex dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad fue secuestrado en 1985 desde las afueras del Colegio Latinoamericano de Integración, en Providencia, junto al inspector del establecimiento, Manuel Guerrero, un día después del plagio del publicista Santiago Nattino. Al día siguiente sus cadáveres fueron encontrados en un sitio eriazo cercano al aeropuerto de Pudahuel. Un reportaje de la Universidad Diego Portales y Ciper Chile entrega los detalles del caso que fue recreado por loa exitosa serie de televisión 26 años después.

La exitosa serie de TVN “Los Archivos del Cardenal” llegó a su fin la semana pasada con un capítulo que estuvo centrado en el denominado “Caso Degollados”, uno de los crímenes emblemáticos de la dictadura en la década de 1980 y que significó la salida del general César Mendoza Durán de la Junta Militar, por la participación de efectivos de Carabineros en el secuestro y posterior asesinato de los militantes comunistas Santiago Nattino, Manuel Guerrero y Manuel Parada.

Este último, de profesión sociólogo, fue el que inspiró el personaje de Carlos Pedregal, el abogado de la Vicaría de la Solidaridad que interpretó el actor Alejandro Trejo.

Parada y Guerrero fueron secuestrados desde la puerta del colegio Latinoamericano de Integración la mañana del 29 de marzo de 1985 en un sangriento operativo en el que un profesor del establecimiento resultó herido a bala y donde los autores del hecho contaron con el apoyo de efectivos de la policía uniformada que cortaron el tránsito para facilitar la huída del automóvil en el que se desplazaban.

Un reportaje de los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega titulado “La muerte llega a la Vicaría”, publicado por la Universidad Diego Portales y Ciper Chile, aborda todas las aristas de este caso que se gatilló luego del testimonio del desertor de la Fuerza Aérea Andrés Valenzuela, alias “Papudo”, quien dio una extensa entrevista a la periodista Mónica González y que desenmascaró las acciones del Comando Conjunto para el secuestro, tortura y desaparición de militantes de izquierda.

La muerte de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurrida el 30 de marzo de 1985, provocó tal impacto que debió renunciar a la Junta Militar el general director de Carabineros, César Mendoza. Agentes de esa institución policial degollaron y asesinaron en Quilicura a tres personas para causar temor entre los chilenos.

«Tengo imágenes de reconstitución de escena de José Fuentes (Alías El Pegaso) degollando a mi padre. No las publico por respeto a mis hijas, que no tienen por qué ver lo que le hicieron a su abuelo. Me rebelo ante la indolencia de un Estado que beneficia asesinos».

Esta fue la primera reacción de Manuel Guerrero Ortiz, en su blog «De recuerdos, olvidos y deseos», en septiembre de 2012, cuando se supo sobre los primeros beneficios carcelarios (salida dominical) que Gendarmería otorgó al coronel en retiro Guillermo González Betancourt (Alías El Cojo) y al sargento retirado José Fuentes, exmiembros de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), condenados a cadena perpetua por el ministro Milton Juica, en 1992, por el secuestro y asesinato de tres profesionales comunistas: Manuel Guerrero (profesor, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH), José Manuel Parada (sociólogo, jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad) y Santiago Nattino (publicista), además de los secuestros de otras seis personas, en el llamado «caso Degollados».

Ahora se conoció que a mediados de 2013, el 24 de junio, apenas cuatro días después de que la Corte suprema confirmara la salida dominical de los reos, la institución penitenciaria les otorgó el mayor de los beneficios: poder salir de Punta Peuco todos los días hasta por quince horas diarias. Los familiares de las víctimas no habían sido informados de esta medida, acaba de revelar El Mostrador.

El macabro crimen

La noche del 29 de marzo de 1985 se produjo el secuestro de Santiago Nattino desde Av. Apoquindo. Al día siguiente en la mañana, en la puerta del Colegio Latinoamericano de Providencia, fueron plagiados Manuel Guerrero y José Manuel Parada.

Un Station Wagon Opala sin patente frenó bruscamente y tres sujetos apresaron a los profesionales. El profesor Leopoldo Muñoz salió a defenderlos, pero uno de los tipos lo derribó y le disparó a quemarropa en el abdomen y el vehículo arrancó. Mientras, a un par de cuadras el tránsito había sido desviado y un helicóptero hacía vuelo rasante sobre el establecimiento educacional.

Tras su secuestro, los tres profesionales fueron trasladados a un cuartel secreto de Calle 18, en el centro de Santiago, el mismo que el Comando Conjunto utilizaba a mediados de los ‘70 y que era conocido como «La Firma». Los tres fueron esposados, les vendaron los ojos y los torturaron.

Según el estremecedor relato que hicieron Andrea Insunza y Javier Ortega, de la Universidad Diego Portales, a propósito de los casos que dieron cuerpo a la serie de TV Los Archivos del Cardenal, el expediente judicial del caso estableció que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt. De copiloto iba «El Fanta», mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora.

Todos eran miembros de Carabineros y agentes de la Dicomcar.

Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. «El Fanta», Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado en una especia de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo se trasladó hasta su cuartel, en la calle 18.
Pasado el mediodía del sábado 30 de marzo, dos hermanos campesinos encontraron los tres cadáveres. Siete horas más tarde, fueron trasladados al Instituto Médico Legal, donde familiares y amigos de Parada, Guerrero y Nattino, esperaban conocer la identidad de los cuerpos.

A juicio de Manuel Guerrero hijo frente al beneficio de la salida diaria de la cárcel de quienes asesinaron a su padre, «resulta sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para presos comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los presos comunes».

El «Papudo»

En la Vicaría de la Solidaridad, Parada recababa información sobre el actuar del Comando Conjunto. Ello, después del testimonio que el desertor de la Fuerza Aérea Andrés Valenzuela, alias Papudo, dio en una entrevista a la periodista opositora Mónica González y que, con ayuda de la entidad defensora de los derechos humanos, logró salir ilegalmente del país, no sin antes dejar su declaración notarial al organismo. Fue la primera vez en que se obtuvo un testimonio directo y con nombre y apellido sobre las torturas, muerte y desaparición de militantes de izquierda a manos de la dictadura. Por primera vez, también, salió a la luz el nombre del Comando Conjunto.

En esa misión Parada contaba con el apoyo de Guerrero y Nattino.

Condenados

El brutal triple homicidio provocó indignación extendida y obligó a la Corte Suprema a designar al juez José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.

Sólo cuatro meses más tarde, luego de que las viudas de los asesinados encabezaran semanalmente marchas hacia el Ministerio de Justicia, exigiendo que se hiciera justicia, la investigación realizada por el Juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales no encargados de la policía nacional (carabineros). Como consecuencia este caso provocó, el 2 de agosto de 1985, la dimisión del general César Mendoza, Director General de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la Dicomcar, agencia de Carabineros que había realizado, según se afirma, los secuestros y asesinatos.

Finalmente seis miembros del servicio secreto de la policía fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por el asesinato.

El Partido Comunista y diversas organizaciones se reúnen en el memorial "Tres Sillas" para recordar a Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

"Manifestar que este es uno de los delitos más cruentos que ha tenido la historia de Chile. Para las y los profesores este es un tema que significa remover la memoria", expresó Paulina Cartagena, dirigente nacional del Colegio de Profesores.

El Partido Comunista (PC) y diversas organizaciones sociales y políticas se reunieron este domingo para rendir homenaje a las víctimas del denominado "caso degollados", a 41 años del cruento crimen que conmocionó a Chile en dictadura.

Los participantes se encontraron en la sede de la colectividad, en Providencia, para iniciar una caravana con destino al memorial "Tres Sillas", ubicado en la comuna de Renca.

En el lugar, el presidente del PC, Lautaro Carmona, realizó un discurso para recordar a Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, militantes comunistas secuestrados y asesinados por agentes de Carabineros en marzo de 1985.

En la instancia, el líder comunista recordó que es "contemporáneo con Manuel -muy de cerca- y también con José Manuel, un poquito más lejos con Santiago. Lo que a ellos les ocurrió por portar una idea, le pudo haber pasado a muchos otros compañeros".

"Ellos fueron de alguna manera en sí mismo, con su vida, la denuncia hasta dónde el fascismo era la barbarie misma", señaló Carmona, que afirmó que "asesinar mediante el degollamiento, después de haberlos detenido y secuestrado, era un mensaje a la población, año 85', de a qué estaba dispuesta la dictadura".

Por su parte, Paulina Cartagena, dirigente nacional del Colegio de Profesores, explicó a Cooperativa que "llevamos muchos años organizando este acto conmemorativo en el lugar precisamente donde fueron encontrados tres de los nuestros: José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino".

"Manifestar que este es uno de los delitos más cruentos que ha tenido la historia de Chile. Para las y los profesores este es un tema que significa remover la memoria", señaló.

"Manuel Guerrero Ceballos fue un dirigente importante para el magisterio de Chile en momentos muy complejos que vivía el país. Por lo tanto, significa insistir en que estos hechos no vuelvan a ocurrir", enfatizó Cartagena. 

Los profesionales Santiago Esteban Nattino Allende, pintor e integrante de la Asociación Gremial de Educadores de Chile,  (AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la AGECH, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia católica, fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Y el 30 de marzo, los tres fueron asesinados por un grupo de carabineros, uno de los crímenes más crueles y espeluznantes cometidos por agentes de la dictadura.

Nattino fue abordado el 28 de marzo, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, en Las Condes, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados el 29 desde las puertas del Colegio Latinoamericano,? en la avenida Los Leones con El Vergel en Providencia, mientras iban a dejar a sus hijos. La operación del criminal secuestro contó incluso con el apoyo de un helicóptero de Carabineros.

Los deguellan en Quilicura: El estremecedor crimen
Tras su secuestro, los tres profesionales fueron trasladados a un cuartel secreto de calle Dieciocho, al lado donde estuvo el diario El Clarín, en el centro de Santiago, el mismo que el Comando Conjunto utilizaba a mediados de los ‘70 y que era conocido como "La Firma". Los tres fueron esposados, les vendaron los ojos y los torturaron durante todo el día 29 de marzo.

Se estableció que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt, foto abajo, conocido como Bototo entre la oficialidad de los carabineros y quién encabezó el grupo de criminales que usaron las herramientas y armas que le entregamos los chilenos para asesinar a otros chilenos. De copiloto iba Miguel Estay, "El Fanta", un civil que había sido de izquierda y que se pasó al bando de los criminales, mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora.

Todos eran miembros de Carabineros
Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. "El Fanta", Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado en una especia de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes (El Pegaso) le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo de carabineros se trasladó hasta su cuartel, en la calle Dieciocho. Ahí bebieron wisky, comieron y se rieron.

Juez ejemplar descubre a los criminales
El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como «Caso Degollados», evocó la indignación extendida en todo el país y obligó a la Corte Suprema a designar a un anciano juez y a punto de irse a retiro, José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.? Este juez comenzó a develar las criminales acciones de los agentes de seguridad  que quedó como ejemplo para otros jueces, muchos de ellos que habían actuado con absoluta benevolencia, pudieran encarcelar a otros criminales.

Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del general César Mendoza, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR.

La dictadura, especialmente su entonces vocero y ministro Francisco Javier Cuadra (en democracia se hizo militante de RN) negó que el crimen fuera hecho por agentes del Gobierno, pero las pugnas entre Carabineros y militares del Ejército de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policia política de Pinochet, determinó el descubrimiento de los asesinos que pertenecían a la policia uniformada. Los CNI le dieron los datos de los asesinos a la justicia y a los medios de comunicación, en venganza con esos carabineros que los habían culpado de otros crímenes. Una venganza entre un grupo de delincuentes y criminales.

Finalmente, seis miembros de la policía unformada fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por los asesinatos. Tres de ellos aún permanecen en la cárcel de Punta Peuco.

Uno de los criminales, Claudio Salazar Fuentes, alías el pegaso, salió en libertad y vive en la comuna de La Florida

Los delitos, condenas y beneficios de los involucrados en el Caso Degollados

Guillermo Washington González Betancourt, coronel (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos; y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Alejandro Traverso. En mayo de 2012 González Betancourt cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año, obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013 consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Miguel Arturo Estay Reyno (El Fanta), ex militante del PC, convertido luego en delator y torturador, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado además en la misma causa a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Actualmente está recluido en Punta Peuco.

José Florentino Fuentes Castro, sargento primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Se le condenó además a 541 días como autor de asociación ilícita. En mayo de 2012, Fuentes Castro cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Alejandro Segundo Sáez Mardones, cabo primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y del secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Además fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita, y a 3 años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje en 1976. Cumplió condena en Punta Peuco y se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo (r) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo por el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y por el secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado en la misma causa a 541 días como autor del delito de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Patricio Augusto Zamora Rodríguez, capitán (r) de Carabineros, fue condenado a 15 años y un día por el secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara, Eduardo Osorio Venegas, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, y como cómplice del asesinato de los tres últimos. También tiene otras tres condenas de 5 años y un día por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. En 2012 se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

Luis Alfredo Canto Arriagada, sargento segundo (r) de Carabineros fue condenado a 541 días de prisión como cómplice del secuestro de cinco miembros de la AGECh y por los homicidios de Parada, Guerrero y Nattino. Está libre.

Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el suboficial (r) de Carabineros fue condenado a la pena de 5 años y un día como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; como autor del delito de asociación ilícita terrorista, por el delito de daños en bienes de Alejandro Traverso y como cómplice del secuestro de Santiago Nattino Allende. Cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Enzo Hurtado Lazcano, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Ramón Arriagada Escalante. Cumplió su pena, hoy está libre. Trabajó intermitentemente entre 2011 y 2013 como administrativo en el Cementerio General.

Luis Ernesto Jofré Herrera, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal, Eduardo Osorio Venegas, Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, y como autor de asociación ilícita. Además, fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de lesiones cometido en perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra. Ya cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Luis Omar Michea Muñoz, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y asociación ilícita terrorista. Cumplió su condena y hoy está libre.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, el mayor (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del delito de asociación ilícita terrorista. En 2014 fue condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de Alfredo Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco y Juan Gianelli Company, además de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, en mayo de 1992 fue el primero en confesar ante Milton Juica. El cabo en retiro fue luego condenado a la pena de 61 días de presidio como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Hoy está libre.

Sergio Enrique Saravia Henríquez, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a dos penas de 41 días de prisión cada una como cómplice en el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. En 2002, se conoció que luego de cumplir su condena siguió activo y en ese momento se desempeñaba como subprefecto del área oriente de Santiago. Pasó a retiro luego de que se hiciera pública su condición en servicio activo.

Óscar Ramón Valdebenito Valdebenito, el sargento segundo (r) fue condenado a 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. Cumplió su condena y hoy está libre.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, condenado a 541 días de prisión como cómplice del robo con intimidación y secuestro de Alejandro Traverso Carvajal. Cumplió su condena y está libre.

La Tercera Sala de la Corte Suprema otorgó el beneficio de libertad condicional a José Fuentes Castro y Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo, implicados en el caso degollados.

La Corte Suprema concedió el beneficio de libertad condicional a dos militares condenados por crímenes de lesa humanidad; se trata de uno de los responsables del asesinato y muerte de los tres profesores degollados en Dictadura: José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino; y de otro militar que participó en el asesinato de tres trabajadores de SUMAR, del Cordón Industrial Vicuña Mackenna.

Se trata de José Fuentes Castro, agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) y el coronel Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo, quien estuvo relacionado con el crimen de tres trabajadores de la textil Sumar.

Este último caso se produjo el 12 de septiembre de 1973, un día después del Golpe de Estado, cuando los militares fueron avanzando sobre los Cordones Industriales, deteniendo, torturando y asesinando trabajadores. En ese operativo murieron Ofelia Villarroel Latín, Donato Quispe Choque (boliviano), y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías.

El otro caso es el de José Florentino Fuentes Castro, sargento segundo de carabineros que estaba condenado a presidio perpetuo por el caso del asesinato de los tres profesionales comunistas, asesinados el 30 de mayo de 1985. No es el único caso con el que está relacionado, ya que también se habla de su participación en el secuestro de otras cinco personas.

Son fallos escandalosos, que demuestran una vez más que no existe justicia, cárcel ni castigo verdadero para los violadores de derechos humanos. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado y repudiado el hecho, que se trata de otorgar la impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

No es la primera vez que hay fallos de este tipo, ya que en otros casos también se ha estado a horas de liberar a violadores de derechos humanos.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, denunció el hecho y señaló lo grave que esto significa como precedente; algo similar señalaron los familiares de Manuel Guerrero.

Hoy más que nunca es necesario seguir luchando por cárcel y castigo en recientes comunes a todos los violadores de derechos humanos.

Están sentenciados por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, operación Albania y caso Degollados. Entre ellos se cuentan Álvaro Corbalán Castilla y Carlos Herrera Jiménez. No cumplirían requisitos para beneficio por razones humanitarias.

Nueve ex militares condenados a cadena perpetua cumplen sentencia en el penal de Punta Peuco, según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP). Estos reos no pueden recibir beneficios antes de 20 años de sentencia y tampoco podrían optar a un eventual indulto por razones humanitarias.

Se trata de Álvaro Julio Corbalán Castilla, Carlos Herrera Jiménez, Armando Cabrera Aguilar, Hugo Iván Salas Wenzel, Miguel Arturo Estay Reino, José Florentino Fuentes Castro, Guillermo Washington González Betancourt, Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes.

El mayor de Ejército (R) Álvaro Julio Corbalán Castilla no requiere de mayores presentaciones. En el año 2000, el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de Santiago fue condenado a perpetua por la Corte Suprema por el homicidio calificado del carpintero Juan Alberto Alegría Mundaca.

LO "SUICIDARON"

En 1983 el cadáver de Alegría apareció en Valparaíso con las muñecas cortadas, junto a una "carta-suicida" en que se incriminaba por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Sin embargo, los homicidas cometieron el error de cercenarle tan profundamente una mano, que no habría podido manejar un arma blanca para cortarse la otra.

Por el crimen de Alegría Mundaca también fueron condenados a perpetua el mayor de Ejército (R) Carlos Herrera Jiménez y el suboficial de Carabineros (R) Armando Cabrera Aguilar, los dos adscritos a la CNI. Los homicidas pensaron que, en su condición de alcohólico y por tener antecedentes penales, el carpintero sería el chivo expiatorio perfecto para el crimen del sindicalista.

Herrera Jiménez es otro que tampoco requiere presentación. Estuvo prófugo en Argentina, de donde fue extraditado. Paradojalmente, en 2004 Herrera Jiménez fue condenado por la Corte Suprema a sólo 10 años de cárcel como autor material del homicidio de Tucapel Jiménez, ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), crimen cometido en 1982.

OPERACIÓN ALBANIA

En 2007, el máximo tribunal del país dejó a firme la condena a cadena perpetua en contra del general de Ejército (R) Hugo Iván Salas Wenzel, ex director de la CNI, como coautor de cinco homicidios simples y como coautor de siete homicidios calificados en el caso Albania.

La Operación Albania o "Matanza de Corpus Christi" se produjo entre los días 15 y 16 de junio de 1987, en Santiago. En ella doce miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron ejecutados por agentes de la CNI en diversos puntos de la capital en supuestos enfrentamientos.

En esta misma causa, Álvaro Corbalán fue condenado por la Suprema a 20 años de cárcel como coautor de cuatro homicidios simples y como coautor de ocho homicidios calificados.

CASO DEGOLLADOS

Los otros cinco condenados a perpetua son ex carabineros que participaron en uno de los peores crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet: el degollamiento de los profesionales comunistas José Manuel Parada Maluenda, Manuel Leonidas Guerrero Ceballos y Santiago Esteban Nattino Allende.

El 28 y 29 de marzo de 1985, los tres fueron secuestrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar. Al día siguiente, sus cuerpos aparecieron degollados y con signos de tortura en un camino de Quilicura. En agosto de ese año, el caso provocó la salida del general director de Carabineros, César Mendoza, de la Junta Militar de Gobierno.

En 1995, el coronel de Carabineros (R) Guillermo Washington González Betancourt, ex jefe de la Dicomcar, fue condenado por la Corte Suprema a presidio perpetuo como autor de los secuestros seguidos de homicidios de Parada, Guerrero y Nattino, y también como autor de los secuestros de otras seis personas.

Nattino y Guerrero pertenecían a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), entidad paralela al entonces oficialista Colegio de Profesores. Los seis secuestrados que sobrevivieron pertenecían a la Agech. El sociólogo José Manuel Parada era hijo de los actores Roberto Parada y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad.

Los otros ex carabineros condenados a perpetua por este crimen son el ex empleado civil Miguel Arturo Estay Reino ("El Fanta"), el sargento (R) José Florentino Fuentes Castro, y los cabos (R) Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes.

Punta Peuco es, como toda cárcel, un botadero en que la sociedad esconde sus problemas y sus desechos. Pero aún en esos lugares olvidados el clasismo chileno se las arregla para establecer sus distinciones y un militar que ha matado se siente muy superior a un carabinero criminal. Y ambos se consideran algo muy distinto al gendarme que debe custodiarlos. Mañana se abrirá el testamento de Augusto Pinochet y tal vez haya claridad sobre el tamaño de su fortuna. En Punta Peuco está el otro legado del dictador

Con su metro ochenta a cuestas, José Florentino Fuentes Castro se pasea por la cocina del módulo que habita en Punta Peuco con un paño en el hombro. Viste buzo y zapatillas. Cuando era joven, por su contextura gruesa le decían “El Buey”. Aunque usa audífonos, apenas escucha. Su esposa nos pide que le hablemos fuerte y “bien modulado para que él pueda leer los labios”.

Es el domingo 18 de diciembre. En la puerta de su celda Fuentes Castro colgó una imagen del Viejo Pascuero. Luego de estar más de 15 años encerrado, su celda es su verdadera casa. Está condenado a cadena perpetua y probablemente, como Osvaldo Guatón Romo, también muera en la cárcel. En 1985, cuando él tenía 35 años y era un suboficial de Carabineros, degolló a Santiago Nattino, militante comunista, publicista y pintor. Nattino tenía entonces 61 años, uno menos de los que Fuentes Castro tiene hoy.

“Recuerdo que Nattino no dijo nada, iba muy débil; se lo puso en el suelo de espalda. Sáez (el carabinero Alejandro Sáez) lo tomó de la cabeza y el Pegazo (el carabinero Claudio Salazar) le tomó los pies, estaba también el Fanta (el civil y ex dirigente comunista Miguel Estay). Yo le hago un corte”, confesó Fuentes finalmente ante un juez después de transcurridos nueve años del crimen.

En esa misma terrible jornada del 29 de marzo de 1985 fueron asesinados también los militantes comunistas José Manuel Parada, entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad; y Manuel Guerrero, dirigente gremial de los profesores. El triple crimen se conoció como el Caso de los Degollados. Su brutalidad heló la sangre de los opositores a Pinochet, precisamente lo que sus autores intelectuales buscaban.

La crisis económica a partir de 1983 había provocado masivas protestas en Santiago y otras ciudades del país. Al comenzar el segundo semestre de 1984, la gente estaba ganando la calle y perdiendo el miedo. Era necesario hacérselos encontrar de nuevo. Paralizarlos de terror. A Fuentes sus superiores le dijeron que Nattino, Parada y Guerrero “eran responsables ideológicos de las muertes de varios carabineros y que, debido a que los tribunales eran inoperantes, había que buscar justicia propia”, contó Fuentes a Ciper.

La esposa de Fuentes agregó que a su marido lo picanearon con otro motivo más: “Le dijeron que tenía que mojarse el potito y demostrar que no era como su papá”. El padre de Fuentes era un comerciante aparentemente ligado al Partido Comunista.

Tras azuzar a los demonios, otros más arriba en la escala del poder pudieron usufructuar del pavor generado, sin mancharse las manos. Fuentes dice que sólo conoció a los oficiales que tenía inmediatamente sobre él. Son también carabineros y están presos en Punta Peuco. Al igual que un grupo de militares a los que tanto detesta.

-Ninguno de estos huevones son héroes. No merecen privilegios. Son todos asesinos. Se creen que son O’Higgins, pero son todos delincuentes –dice José Fuentes Castro respecto de los militares.

Las palabras de Fuentes no hacen más que evidenciar uno de los hechos de los que jamás se habla cuando se menciona a Punta Peuco: el profundo quiebre entre militares y carabineros y entre oficiales y suboficiales. Un muro invisible los separa y el transcurso del tiempo y la continuidad de ciertos privilegios no ha hecho más que reforzarlo.

APUNTEN AL MODULO 1

José Fuentes vive en el Modulo 4 de la cárcel especial. A los oficiales de Ejército de más alto grado los ubican en el Modulo 1. Están separados sólo por unos centenares de metros. Y aunque Punta Peuco es, como toda cárcel, un botadero en que la sociedad deja sus problemas y sus desechos, en su interior son otras las normas que rigen. Otros códigos que hacen que un militar que ha matado se sienta superior a un carabinero también criminal. Y ambos se sienten algo muy distinto al gendarme que debe custodiarlos.

El Módulo 4 tiene una reja como puerta de entrada y una caseta de vidrio desde la cual un gendarme armado los vigila. Pegada en el vidrio está la lista de libros del penal: “Quijote de la Mancha”, “Dulces Chilenos”, “Barrabas”, “Tarde he llegado a amarte”, “Adagio Confidencial”, “Historia de las Elecciones: Tomo I”, “La Quinta Montaña” de Paulo Coelho, “Mala Onda” y “Sobredosis” de Alberto Fuguet. También hay una hoja firmada por el alcaide que pide “que se eviten los garabatos y los gritos” durante los horarios de visita. Pero este domingo al menos casi no hay ruido, salvo por una radio que suena desde una de las celdas.

La celda de José Fuentes es una pieza individual. Pero debe compartir la ducha, la cocina y un hall, que los internos acondicionaron como living-comedor. Allí hay un gran ventanal que da a un patio donde se distinguen un par de árboles, una hilera de rosales rojos y amarillos, cultivos de ají y acelga y una gruta donde instalaron una figura de la Virgen del Carmen.

Estar allí en ese ambiente apacible, con José Fuentes Castro, uno de los criminales más conocidos de la dictadura, es como estar acompañando a un jubilado que pasa sus últimos días en una casa de reposo. Pero la percepción es un error, por supuesto, porque por esas habitaciones se pasean libremente César Palma, civil, ex miembro del Comando Conjunto; Rubén Barría, carabinero, condenado por el homicidio de un grupo de menores en Puente Alto; Maximiliano Ferrer Lima, ex alto mando de la DINA y ex jefe del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército, BIE, entre otros.

De pronto, se abre la reja exterior del módulo y un gendarme ingresa a la carrera trayendo una encomienda. Tras él se asoma Basclay Zapata, El Troglo. Es flaco y de ojos pequeños y su tez morena hacen más notorias sus canas. Viste polera de fútbol y se inclina para decirle al gendarme: “mi cabo, ¿lo ayudo?”.

Por su físico a Zapata le resultaría difícil amedrentar a un curso de niños de octavo básico. Pero en el libro “119 de nosotros” Viviana Tamblay cuenta cómo en los ’70, Zapata sí provocaba terror cuando era uno de los más activos agentes operativos de la DINA. Viviana dice que su hermana Bárbara y el marido de ésta, Edwin van Yurik, fueron detenidos por la DINA y llevados a Londres 38. Viviana no supo más de sus parientes (ambos militantes del MIR) hasta que logró hablar con Cristián -hermano de Edwin- quien sobrevivió luego de ser detenido y torturado:

-Me dijo que jamás olvidará el dolor e impotencia que sintió en esos momentos de ingreso al infierno. Lo llevaron a una pieza a mirar primero la tortura de su hermano Edwin. En el recinto estaban Osvaldo Romo y Basclay Zapata. Luego trajeron a Bárbara y Zapata la violó. Edwin se levantó ensangrentado por los golpes recibidos y lo escupió con su propia sangre.

Hay decenas de otros testimonios que cuentan en detalle los horrores a los que sometía a los prisioneros Basclay Zapata. Nada de aquello se delata en el caminar del hombre empequeñecido que ahora acompaña al gendarme a la cocina. Fuentes lo mira pasar y dice en voz baja: “Este es el asesino más grande de la historia”. Viniendo de uno de los degolladores, la frase suena terrorífica.

Desde 2007 Basclay Zapata y José Fuentes Castro son compañeros de módulo en Punta Peuco. El problema es que Fuentes no lo soporta. Cuenta que apenas Zapata llegó, se apropió del taller de carpintería que está en el patio. Puso unos banderines que dicen “COMANDO” y dos fotos donde Basclay Zapata aparece posando junto a Augusto Pinochet. Así marcó la diferencia.

-Acá en Punta Peuco hay dos cárceles y los milicos mandan en las dos -dice Fuentes.

Fuentes relata que para el terremoto de febrero de 2010, los gendarmes fueron a su módulo a ver cómo estaban los reclusos. “Pero luego se fueron y cerraron con llave, no obstante que ocurrían réplicas constantes a esa hora y existía un peligro evidente”. Un detalle a Fuentes no se le olvida: “Las puertas del Módulo 1, el de los oficiales de Ejército, quedaron abiertas”.

CIPER consultó a Gendarmería sobre este incidente. El Departamento de Comunicaciones informó: “No existe registro alguno que indique que no se le abrieron las puertas a los internos del Módulo 4 y sí a los del Módulo 1. Ese tipo de detalles tan subjetivos no se anotan, tan sólo que no hubo heridos en Punta Peuco y nadie se escapó”.

En el Módulo 1 estuvo preso entre 1995 y 2001 el general (r) Manuel Contreras, ex director de la DINA, a cuyo encarcelamiento se debe la creación de Punta Peuco. En esos años los presos militares ni siquiera tenían contacto visual con Gendarmería. La cárcel se había diseñado para que los militares fueran custodiados por militares y los gendarmes quedaban afuera del módulo. Al punto que con sus cámaras ni siquiera podían enfocar hacia el interior del recinto. Más que círculos de vigilancia parecían dos anillos de protección a los presos. A Contreras se le permitía celebrar su cumpleaños como si estuviera en su casa, con brindis hasta tarde y visitas fuera de horario.

A partir de 2003, Gendarmería quedó a cargo de la custodia total. Pero los militares que llegaron al Módulo 1 jamás dejaron de sentirse merecedores de un trato “vip”. Ahora sus ocupantes de más alto rango son el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, el general (r) Raúl Iturriaga Neumann (quien se declaró en rebeldía el año 2007 negándose a cumplir presidio en Punta Peuco tras ser condenado a 5 años y un día como autor del secuestro del militante del MIR Luis San Martín Vergara, desaparecido desde 1974); y el ex jefe operativo de la CNI, el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla (quien fue también comandante del Cuartel Borgoño de la CNI y de la División Antisubversiva y tuvo relación directa con Augusto Pinochet). Ambos se consideran “presos políticos”.

En septiembre de 2010, para el Bicentenario de la Independencia, los presos de Punta Peuco organizaron una huelga de hambre. Buscaban que el Presidente Sebastián Piñera los incluyera en la propuesta del “Indulto Bicentenario” presentado por la Iglesia Católica, luego de que en julio el Presidente dijera en una conferencia de prensa en La Moneda que quedarían excluidos de estos beneficios los condenados por delitos especialmente graves, “como lo son los delitos de lesa humanidad”.

Participaron Iturriaga, el coronel Juan Morales Salgado; los brigadieres Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike; el teniente coronel Emilio Neira, el mayor Carlos Herrera Jiménez y los tenientes Jorge Vargas Bories y Sergio Rivera (este último ex oficial de la Marina).

Se autodenominaron “Agrupación de Militares Presos” y enviaron un comunicado al diario La Nación explicando que con la huelga buscaban la libertad de todos los suboficiales y civiles presos (que fueron agentes en los grupos de inteligencia de la dictadura); y la pena única y máxima de 10 años para los casos donde la condena fuera igual o mayor a esa cantidad, incluido el presidio perpetuo. “Del mismo modo como se hizo en los gobiernos de los ex presidentes Aylwin y Lagos para liberar a 282 presos políticos por actividades subversivas” agrega el comunicado.

La huelga duró menos de una hora.

-Y ese día, este tonto del Basclay Zapata gritaba: ¡la huelga, la huelga! -recuerda José Florentino Fuentes Castro.

Al día siguiente, Jorge Balacada, el abogado de Raúl Iturriaga, informó al diario La Nación que los nueve militares habían declinado la huelga luego que el comandante de la Guarnición de Ejército de la Zona Metropolitana, general Marcos López, les pidiera “a los ex uniformados no empañar las actividades programadas por las Fuerzas Armadas para conmemorar el Bicentenario”.

Una versión muy distinta entrega José Fuentes Castro. El afirma que los militares sencillamente no se atrevieron a seguir adelante.

No es extraño que Fuentes sea acusado por sus compañeros de ser un interno “conflictivo”.

El 6 de diciembre de 2009 -según aparece en un documento de Gendarmería- José Fuentes fue castigado a cuatro días de internación en celda solitaria por amenazar a otro carabinero, el coronel (r) Iván Quiroz, ex alto mando de la CNI y brazo derecho de Álvaro Corbalán. Fuentes le dijo a Quiroz “que lo mataría por cuanto no tenía nada que perder señalando como motivación de su amenaza que la esposa de Quiroz Ruiz habría lanzado el auto particular de esta sobre su esposa”, se relata en el documento.

La disputa con Quiroz Ruiz fue temeraria. Este coronel de Carabineros tiene fama de duro, cruel y despiadado. Está preso por los 12 asesinatos de la Operación Albania y lo espera una nueva condena por el secuestro, tortura y muerte de los últimos cinco desaparecidos en Chile, en septiembre de 1987. Por eso mismo Quiroz se resistió hasta el final en llegar a Punta Peuco. En 2008 permaneció más de cuatro meses prófugo hasta que fue aprehendido en San Pedro de la Paz, cerca de Concepción. Allí se había atrincherado en un círculo de protección que hasta hoy le sigue siendo fiel.

Nada de aquello le importó a José Fuentes. Igual arremetió. Y lo mismo hizo el 12 de mayo de 2010,cuando lo volvieron a sancionar por haber escupido en la cena del carabinero Blas Barraza, condenado por el homicidio del sacerdote Gerardo Poblete (el 21 de octubre de 1973), “quien golpeó con el puño a Fuentes en la zona dorsal produciendo la reacción de Fuentes quien lo amenazó con un cuchillo”.

Fuentes dice que fue un plan urdido en su contra entre Gendarmería y otros internos para que terminara sus reclamos en contra del alcaide de entonces, Eduardo Muñoz, quien aparece en los documentos incautados a Álvaro Corbalán como uno de los gendarmes de plena confianza.

-Yo no tengo enemigos, pero no desconozco que algunos de ellos me tengan a mí como su enemigo. Algunos de ellos me prejuzgan, llegando incluso a hablar de mí sin haber intercambiado nunca palabra alguna conmigo. Muchas veces me sorprendo yo mismo de que se me trate como un individuo propenso a la violencia y no como un defensor de mis derechos frente a la opresión exagerada de ellos mismos –dijo José Fuentes a CIPER.

Este ex suboficial de Carabineros afirma que todos estos años de encierro le han permitido retomar con más fuerza los “ideales que tenía en mi juventud”. Ideales que según él, heredó de su padre, Florentino Fuentes, un comerciante de la localidad de El Sauce afín al Partido Comunista, quien ya había fallecido en los días de 1985 cuando Fuentes mató a Santiago Nattino.

LA EXPLICACION DEL JUEZ

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, quien investigó el asesinato del sacerdote salesiano Gerardo Poblete, entre otros muchos crímenes cometidos durante los 17 años de dictadura, tiene una explicación polémica sobre esas brutalidades y sobre el tipo de hombres que está encerrado en Punta Peuco:

-Después del Golpe de Estado, se dejó a la ciudadanía en manos de gente baja. Cuando llegaba a una casa una patrulla, no era una patrulla de generales: era de conscriptos. ¿Y qué es un conscripto? Un gallo de la población La Bandera al que le pasan un fusil y lo sueltan. ¿Es distinguido, es pariente del Duke de York? No. Es un roto de mierda. Se dejó a la ciudadanía en manos de esa gente. Y esta no es una conclusión que sacó sólo yo. La sacan todos los que han investigado estos casos. Le digo más, si volviera a haber un Golpe de Estado, ¿a quién cree que mandarían? A esos mismos. ¿Y qué harían? Lo mismo. Por eso, hay que cuidar la democracia –sostiene el juez Billard.

Lo que dice el juez es una de las interpretaciones más usadas para explicar la amplia gama de formas de matar y torturar a las que acudió la dictadura. En los círculos sociales altos chilenos, que admiraban a Pinochet por haber extirpado “el cáncer comunista”, se sigue nombrando a la violencia de esos años como “excesos” de unos pocos que desobedecían las órdenes del mando.

Esa discriminatoria explicación, distorsiona la realidad. Por una parte, presume el buen comportamiento de los oficiales (evidentemente no hay pruebas de que la violencia o las conductas sicopáticas estén asociadas a determinado nivel de ingreso o de formación). Pero además, al atribuir las brutalidades a los jóvenes pobres que hacían el servicio militar -que por entonces era obligatorio- o que se desempeñaban al igual que Fuentes Castro como suboficiales, se deja libre de toda responsabilidad a la estructura militar a la que estaban sometidos. Ignora las órdenes que emanaban de “generales” y del poder que tenían éstos de mandar a matar “al roto” desobediente si no se portaba como el “roto de mierda” que necesitaban para sus fines.

Un oficial de Ejército que llegó a ser uno de los más feroces agentes operativos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), pone las cosas en una perspectiva distinta. Se trata de Carlos Herrera Jiménez, autor del homicidio del sindicalista Tucapel Jiménez, entre otros delitos graves que lo tienen recluido en Punta Peuco, condenado a cadena perpetua. Herrera Jiménez es uno de los pocos oficiales que se ha arrepentido públicamente de sus delitos y ha desarrollado una reflexión al respecto en la que crítica justamente el hecho de que los oficiales no han asumido que detrás de cada uno de los horrores hubo una orden y un superior

Las cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, lo avalan. A septiembre del 2011, había sólo 40 generales procesados o condenados de todas las ramas castrenses, versus 82 coroneles, 42 mayores y 338 suboficiales.

-Hay más suboficiales que oficiales presos. Pareciera que nadie comandó el combate a la subversión que, por cierto, lo hubo en Chile. La gran mayoría de los oficiales, al momento de deponer judicialmente, o eran analistas o se desempeñaron como funcionarios administrativos o bien repartían el rancho -dijo Herrera Jiménez a la revista Cambio 21.

El oficial DINE hizo esas declaraciones para criticar el homenaje que organizó el alcalde de Providencia Cristián Labbé al brigadier (r) Miguel Krassnoff, quien fue alto mando de la DINA y está condenado a más de 100 años de cárcel por crímenes que él jamás ha reconocido. En el homenaje organizado por Labbé en el Club Providencia -y que fue cuestionado por Contraloría-, se lanzó la cuarta edición del libro “Miguel Krassnoff: Prisionero por servir a Chile”, de Gisela Silva Encina.

-No resulta creíble que el Poder Judicial se haya equivocado en más de 20 oportunidades al dictar sentencia condenatoria en contra del brigadier -afirmó Herrera.

Y aunque criticó a Labbé por el homenaje, puntualizó¬: “Más equivocado ha estado Krassnoff al insistir majaderamente en su inocencia”.

Para Herrera Jiménez, junto con la deuda no asumida por la oficialidad chilena hay también otra responsabilidad ausente: “Ciertamente fuimos el brazo armado de la derecha económica. Qué duda cabe… Quizás por ello ahora nos desprecian. Atávicamente este sector político se ha servido de los militares. La historia es pródiga en señalar los hechos que así lo señalan”, dijo.

En una línea más íntima, Herrera ya había hablado de esa utilización en una entrevista concedida a Mónica González en 2001.

-¿Ha hablado de todo esto con su esposa? ¿Necesita su perdón? 
No, lo hago porque así sé que todo aquello que viví es verdad. Si bien es cierto estuve en todas las cosas de las que hemos hablado, ¡también vivo con mi familia!, con hijos que son críticos. Mire… ¡no me es… fácil! Aún no he superado el hecho de que apenas llegué a Chile desde Argentina, me dieron esa terrible patente de asesino. Frente a mis hijos es una situación bastante difícil. Porque igual uno tiene que inculcarles a los hijos valores, la necesidad de cumplir con las normas mínimas de convivencia social…Y perfectamente podrían haberme dicho: “¡Y con qué moral me lo estás diciendo!”. Esa tranca a lo mejor la tengo todavía… Julia me reprocha muchas veces el que no sea todo lo severo que debiera con ellos. A lo mejor, yo mismo me retaco, porque pienso que mis hijos van a decir: “¡Con qué moral me habla este viejo!”. Sí…, es cierto, debo tener muchas trancas… Y cuando pienso que todo eso lo hice a la edad que tiene mi hijo mayor ahora… Lo miro, ¡y es un niño! Debo tener trancas, muchas trancas. Mire, no estoy legitimando lo que viví, tampoco lo que hice. Lo legitimé en esa época, pero nunca lo gocé. “¡SI, ME SIENTO USADO!”

En Punta Peuco, enemistado con los otros militares, Herrera Jiménez dedicó tiempo a hacer grabaciones de lecturas para un instituto de ciegos, como relató una nota en The Clinic. Entre los libros que grabó, está La Divina Comedia. Resulta impactante oírlo declamar los versos de Dante, en particular la inscripción que están en la puerta del Infierno y que recibe a las almas pecadoras:

“Vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza”.

Para las familias de muchos de los hombres que hoy cumplen condena en Punta Peuco, no hay frase más exacta. 

La mayoría se encuentra en libertad vigilada y otros obtuvieron la salida dominical, como los dos condenados por los secuestros y degollamientos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Observatorio de DDHH de la Universidad Diego Portales cuestiona estos beneficios

El 3 de agosto se informó que el Consejo Técnico de Gendarmería concedió el beneficio de la salida dominical al coronel (R) de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento (R) José Fuentes Castro, quienes se encuentran recluidos en Punta Peuco, cumpliendo cadena perpetua simple por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, así como del secuestro de otras 6 personas en marzo de 1985, situación que fue conocida como el “Caso Degollados”. La condena de primera instancia fue dictada por el ministro Milton Juica en marzo de 1994 y quedó a firme en octubre de 1995.

 La noticia impactó en el mundo de los derechos humanos y particularmente entre los familiares de las víctimas, quienes para tratar de revertir la medida presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando que les causaba un profundo daño moral y perturbaciones sicológicas. El recurso fue aceptado a tramitación y el tribunal solicitó a Gendarmería que informe los antecedentes que se tuvieron a la vista para adoptar la resolución.

 Fue en estas circunstancias que se supo que otros condenados también habían recibido beneficios carcelarios. En total, se trata de 14 reclusos que cumplen sentencia en Punta Peuco y el Penal Cordillera de Peñalolén. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales informó que los siguientes condenados por violaciones a los DDHH gozan de distintos beneficios penitenciarios (todas las sentencias son afirme, es decir, ratificadas por la Corte Suprema):

 - Hugo Enrique Alarcón Vergara, ex empleado civil de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado en 2006 a 5 años y 1 días como cómplice del homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (caso Tucapel Jiménez). Recibió una conmutación de 8 meses y actualmente se encuentra en libertad condicional.

 - Primitivo Castro Campos, suboficial (R) de Carabineros, condenado en 2007 a 5 años y 1 días por el homicidio de Carlos Fuentealba Herrera. Se le conmutaron 17 meses y está en libertad condicional.

 - Luis Fernando Romo Morales, mayor (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 días por los secuestros calificados de José Lorenzo Cofré Obadilla y Carlos Montecinos Urra. Se le benefició con una reducción de pena de 8 meses, la conmutación de otros 3 y se encuentra en libertad condicional.

 - Juan de Dios Caniulaf Hualme, civil, condenado en 2007 a 3 años como encubridor del homicidio simple de José Matías Ñanco. Recibió los beneficios de salida controlada y se le redujo la pena en 5 meses. Se encuentra libre.

 - Alejandro Molina Cisternas, suboficial (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 - Gerardo Ernesto Urrich González, mayor (R) de Ejército, condenado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Además, está acusado en otras 3 causas y procesado en otras 21. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 - Patricio Zamora Rodríguez, capitán (R) de Carabineros, condenado en 1995 a 15 años y 1 día por los secuestros de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como cómplice de los homicidios de los tres y por los secuestros de otras cinco personas en el mismo caso. También tiene otras tres condenas a 5n años y 1 días por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. Se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

 - Emilio Enrique Neira Donoso, ex agente de la CNI y teniente coronel (R) de Ejército, condenado a la pena única de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de los homicidios calificados de José Valenzuela Levi y de Recaredo Valenzuela Pohorecky, ocurridos en junio de 1987 en el marco de la “Operación Albania”, cuya sentencia quedó a firme en agosto de 2007. Se le concedió el beneficio de la salida dominical.

 - Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, coronel (R) de Ejército, condenado en 7 oportunidades, entre 2007 y 2011, por varios secuestros calificados (desapariciones). Recibió una reducción de pena de 7 meses. En algunos casos ya se encontraba con libertad vigilada. Actualmente está en libertad.

 - José Florentino Fuentes Castro, sargento (R) de Carabineros, condenado en 1995 a presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años) y 541 días por los homicidios de Parada, Nattino y Guerrero y por los secuestros de 6 dirigentes de la Agech. Acaba de recibir el beneficio de salida dominical.

 - Guillermo Washington González Betancourt, coronel (R) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo simple en el mismo caso del anterior. Junto con Fuentes, acaba de obtener la salida dominical.

 - Otto Silvio Trujillo Miranda, alias “Colmillo Blanco”, ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, condenado en 2010 a 3 años y 1 día como cómplice del secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido por el Comando Conjunto en noviembre de 1975. Trujillo, además, se encuentra procesado o acusado en otras 5 causas, como autor o cómplice de las desapariciones de 11 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la salida dominical.

 - César Luis Palma Ramírez, alias “Fifo”, también ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, quien igualmente fue condenado en 2010 a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez. También fue condenado en 2007 a 3 años y 1 día, con el beneficio de la libertad vigilada,  como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje, detenido en noviembre de 1976. Además, se encuentra procesado o acusado en otras 6 causas, como autor de las desapariciones de 13 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la reclusión nocturna.

 - Odlanier Rafael Mena Salinas, general (R) de Ejército, ex director de la CNI, condenado en 2008 a 6 baños por tres secuestros calificados (Caso Caravana de la muerte, episodio Arica).

 El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, al ser consultado acerca del tema, manifestó que respaldaba plenamente las decisiones del Consejo Técnico de Gendarmería, ya que si bien los beneficiados podían haber cometido “delitos rechazables, también tienen derechos humanos”. Sin embargo, en opinión del Observatorio de DDHH “hay razones muy fundamentadas para cuestionar la aplicabilidad de normas del derecho interno diseñados para crímenes comunes a crímenes que, por su carácter de lesa humanidad, revisten la mayor gravedad, según normas activamente reconocidas y ratificadas por el mismo Estado de Chile”.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por los familiares de los tres profesionales comunistas asesinados el 29 de marzo de 1985 en el denominado caso "Degollados" en contra de Gendarmería por otorgarle el beneficio de la salida domincal a dos de los condenados por este brutal crimen. 

Los ministros. Miguel Vázquez y Omar Astudillo Contreras junto a la abogada integrante Carmen Domínguez no dieron a lugar a la acción constitucional que presentados las viudas e hijos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, todos muertos por degollamiento en un sitio eriazo de la comuna de Quilicura por agentes de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, DIPOLCAR. 

El Comité Técnico del penal de Punta Peuco y el alcaide del recinto, Luis Meneses Vásquez le otorgaron el beneficio de la salida dominical a los ex carabineros Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, ambos condenados por el ministro Milton Juica a cadena perpetua simple, en abril y mayo de 1992, por los tres asesinatos, además de los secuestros de otras 6 personas en marzo de 1985. 

Según los jueces en esta presentación "no se ha demostrado por lo recurrentes de qué modo el que los beneficiados por la salida dominical lo hayan recibido a diferencia de otros afecta, perturba o amenaza el principio de igualdad de aquellos a favor de quienes ha sido interpuesto el recurso. En tal sentido, no se divisa afectación alguna del principio de igualdad de aquellos en cuyo favor ha sido interpuesto el recurso pues ellos no se encuentran en la misma situación de aquellos a quienes se ha concedido el beneficio contra el cuál se reclama. No existiendo esa realidad de base similar de ningún modo se ha podido afectar la garantía de igualdad invocada pues esa es la condición esencial que debe darse para entrar a juzgar una eventual afectación del principio de igualdad. Que, por tanto, los antecedentes aportados por las partes, debidamente apreciados, llevan a esta Corte a concluir que no se encuentra acreditado de forma alguna la privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales que han sido alegadas por los recurrentes ni de ninguna otra garantía" dice el fallo.

Sin embargo, en el fallo, los jueces eso sí advierten que "resultaría que los requisitos para el otorgamiento del beneficio concedido a los condenados referidos no se encontrarían plenamente cumplidos. En tal sentido, respecto del Señor Guillermo González Betancourt, existirían antecedentes que revelarían que su conducta anterior al otorgamiento del beneficio de salida dominical no ha sido irreprochable en cuanto habría sido sancionado por iniciar una huelga de hambre con el objetivo de obtener beneficios carcelarios. En cuanto al Señor José Florentino Fuentes Castro éste habría sido sancionado por la autoridad carcelaria por trenzarse en peleas dentro del penal Punta Peuco. Debe resaltarse que, si bien estos antecedentes no constan en autos ni han sido informados por la autoridad carcelaria ni por ninguna de las autoridades administrativas que han informado en esta causa, habiendo sido ellos categóricamente afirmados por el abogado de los recurrentes en su alegato y sin que ellos hayan sido desmentidos por su contraparte en la pertinente audiencia, permiten a esta Corte adquirir fundada duda de la legalidad y arbitrariedad de la resolución adoptada por la autoridad carcelaria que aunque tiene la facultad discrecional de otorgar los beneficios carcelarios, en especial el concedido de salida dominical, debe hacerlo siempre con apego estricto a los requisitos que la normativa vigente impone a esos efectos" dice la sentencia. 

Por lo mismo, el abogado de los familiares de los tres profesionales comunistas, Fernando Leal anunció que apelarán a la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

A mediados de 2013 y poco antes de cumplirse 40 años del Golpe Militar y de que Sebastián Piñera cerrara el penal Cordillera, familiares y políticos protestaban fuera de la Corte Suprema luego de que ésta confirmara la salida dominical de dos de los asesinos de los militantes comunistas Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Solo cuatro días después, Gendarmería les daba el mayor de los beneficios intrapenitenciarios, autorizándolos a salir de Punta Peuco todos los días. Beneficio del que hasta ahora los familiares de las víctimas no habían sido informados.

El jueves 20 de junio del año pasado, Javiera Parada Ortiz y Manuel Guerrero Antequera protestaban frente al Palacio de Tribunales junto a familiares, abogados y políticos luego de que la Corte Suprema confirmara el otorgamiento del beneficio intrapenitenciario de salida dominical de dos condenados por el secuestro y asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

Conocido como el Caso Degollados, sus hijos veían con impotencia cómo el coronel de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento José Fuentes Castro, ambos en retiro, mantendrían el beneficio penitenciario autorizado por el alcaide de Punta Peuco, Luis Meneses.

González y Fuentes son ex carabineros y agentes de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), y fueron dos de los seis implicados en el homicidio perpetrado el 29 de marzo de 1985 contra los militantes comunistas José Manuel Parada –entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad–, el pintor y publicista Santiago Nattino, y el dirigente gremial de los profesores Manuel Guerrero.

Sus asesinatos fueron un claro mensaje de la dictadura para infundir terror en la población, que –tras la fuerte crisis económica– se había tomado las calles para manifestarse contra el régimen.

Los tres cuerpos degollados de Parada, Nattino y Guerrero remecieron al país. Así como el llamado de la viuda de José Manuel Parada afuera del Servicio Médico Legal, tras ser notificada de que su marido había sido identificado.

“Hace ocho años detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron a mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, y Antonio que tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan bien que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes, no les quepa duda… hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuando siguen dialogando con los asesinos! (…) ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por todas!”.

La justicia llegó. En 1995 cinco de los seis implicados fueron condenados a cadena perpetua por los delitos de secuestro con homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita.

Pero hoy, y desde hace siete meses, González y Fuentes ya no pasan sus días en Punta Peuco. Y es que la salida dominical obtenida por ambos en septiembre de 2012, se había ampliado en enero de 2013 al fin de semana, lo que los familiares de los militantes comunistas asesinados ignoraban cuando protestaron.

No sólo eso: cuatro días después de la manifestación frente a tribunales, el sargento (r) José Fuentes Castro y el coronel (r) Guillermo González Betancourt accedían al más importante beneficio intrapenitenciario: la salida diaria.

Es así como, desde el 24 de junio del año pasado, los asesinos de los militantes comunistas fueron beneficiados con “la salida controlada al medio libre”, que –según señala el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios–, les da la libertad de salir del recinto penitenciario hasta 15 horas diarias, con el objeto de “concurrir a establecimientos laborales, de capacitación, justicia laboral o educacional, a instituciones de rehabilitación social o de orientación personal, con el fin de buscar o desempeñar trabajos”.

Todo, el mismo año en que se cumplían 40 años del Golpe Militar y en que el Presidente Sebastián Piñera cerraba el Penal Cordillera.

Consultados sobre la medida, desde Gendarmería señalan que “de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplidos 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a Libertad Condicional”.

En el caso de los dos ex carabineros, ese tiempo se cumplió en mayo de 2012.

“Al tenor de lo anterior, en conformidad a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, un año antes de cumplirse el tiempo para postular a la Libertad Condicional, los internos pueden postular a los beneficios intrapenitenciarios”, señalan desde la institución liderada por el coronel Marco Fuentes. De esta forma, González podía postular a beneficios a partir de febrero de 2011 y Fuentes desde mayo de ese mismo año.

Hasta la publicación de esta nota, los familiares no tenían noticias del nuevo beneficio obtenido por los verdugos de los militantes comunistas.

INDIGNACIÓN
Para Manuel Guerrero hijo “resulta sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para presos comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los presos comunes”.

Y agrega que “con Javiera le demostramos a la ministra de Justicia, junto al abogado del área de DDHH del Gobierno, con quienes nos entrevistamos, que los beneficios fueron entregados de forma irregular porque su hoja de vida no está limpia y uno de los requisitos que se necesitan es que no se tenga ningún tipo de falta al reglamento interno (…) es vergonzante y muy doloroso. Estamos indignados de saber que andan prácticamente libres y constituyen un peligro para la sociedad”.

El abogado Fernando Leal, que interpuso el recurso de protección que intentó impedir la salida dominical de los ex carabineros, considera la decisión de darles salida diaria como “impresentable y repudiable. Una muestra más de que en Chile hay algunos que gozan de privilegios que no todos tienen (…) Esto habla muy mal del gobierno de Piñera y del sector justicia”.

Leal explica que, luego del fallo de la Corte Suprema, se reunieron con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. Además, detalla, “Javiera Parada y Manuel Guerrero se reunieron con la ministra de Justicia (Patricia Pérez) que ofreció impulsar un proyecto para que no se entreguen más beneficios a gente que ha cometido delitos contra los Derechos Humanos, lo que no se ha concretado”.

En palabras del abogado, “me parece lamentable que la ministra se haya reunido con hijos de las víctimas mientras el servicio dependiente de su cartera seguía dando más beneficios a estos mismos asesinos”.

ACCIONES LEGALES
Uno de los requisitos para que los internos obtengan este tipo de beneficios carcelarios es que tienen que haber tenido una conducta sin sanciones.

“Durante los alegatos presenté artículos de prensa que daban cuenta de que habían tenido una pésima conducta penitenciaria. Incluso, que Gendarmería presentó una denuncia contra Fuentes Castro al Ministerio Público por amenazar de muerte a otro interno”, asegura Leal. Dicha situación, le costó una sanción de cuatro días de internación en celda solitaria. “González Betancourt también estaba sancionado por participar en una huelga de hambre para obtener beneficios”.

Pero “cuando terminé mi alegato en la Corte, empieza a alegar el abogado de Gendarmería y dijo que habían cumplido con todo. Al final, y porque el juez lo exigió, reconoció que tenían sanciones. Así que pensé que el fallo lo iban a acoger. Pero si bien en el fallo dejaron constancia que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados, se podía dar por establecido que Gendarmería había entregado beneficios sin apegarse al reglamento, no fue tomado en cuenta porque nosotros no habíamos acreditado cómo eso había dañado la integridad física de los afectados. O sea, querían que les llevara un psiquiatra que dijera que a los hijos les afecta que anden libres los asesinos de sus padres”.

En su opinión, “lo delicado era que la Corte Suprema estaba validando beneficios sobre la base de una mentira: Gendarmería y el Ministerio de Justicia dijeron que cumplían requisitos cuando no los cumplían. Así que hice una presentación a Contraloría, pidiendo iniciara sumario administrativo en contra de Gendarmería y el Ministerio”.

Pero el órgano contralor se abstuvo de pronunciarse sobre el tema.

Luego de esto, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, el que dio a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI orden de investigar .

Hace 10 días, Leal presentó una querella criminal por falsificación ideológica –que se aplica cuando un funcionario público falta a la verdad en hechos sustanciales– en representación de una hija de Guerrero que vive en Suecia, América Guerrero. Fue declarada admisible.

Según detalla el abogado, “estamos pidiendo que sea citado el ex director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, el jefe de gabinete del director, coronel Cristian Alveal, y también el funcionario del Ministerio de Justicia que informó a la Corte”.

En medio de la orgía de crímenes y violencia que se desencadenó luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, los jóvenes ecuatorianos Felipe Campos Carrillo y Jimmy Torres Villalba encontraron la muerte en tierra chilena. Eran evangélicos bautistas. Sin militancia política. El primero estudiaba Ingeniería y el segundo Kinesiología. Ambos en la Universidad de Concepción. Tenían 19 y 23 años, respectivamente.

Chilevisión y CNN Chile entregaron nuevas informaciones sobre sus asesinatos, luego que revelaran confesiones de José Florentino Fuentes Castro, sargento de Carabineros en retiro, condenado por el Caso Degollados, en una conversación con otro ex oficial.

Fuentes Castro participó en la detención de los dos estudiantes. Señaló: “Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Y sabe dónde los llevamos, los llevamos? A la desembocadura”. En el diálogo se precisa que hablan de Alejandro Cárcamo: “En la Escuela le decíamos al Cárcamo el camión carnicero”.

Los jóvenes fueron llevados en una caravana a la desembocadura, donde se les dio muerte. “Si nosotros estábamos en el Sicar (Servicio de Inteligencia de Carabineros), si nosotros los llevamos para allá. Con el Manuel Alfaro Contreras”. En la investigación judicial hasta ahora el único condenado fue el jefe del Sicar, coronel Sergio Arévalos Cid, pero con esta prueba se identifican a otros involucrados y se confirma la orden de ejecutar a los detenidos.

En el audio se escuchan risas en medio del relato sobre cómo se encontraron los cuerpos de los estudiantes acribillados. Fuentes comentó: “Los pillaron unos pescadores al otro día y estaban amarrados así, en vez de esposados, estaban amarrados con unas mangas de camisa de Carabineros y los hueones en las carteras tenían un recibo de comprobante de dinero”. Y agregó: “Yo sé los que andaban. Fueron casi todos los suches. Los que le digo yo. El Arriagada, Prieto. Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca”.

En 1997, conocí el caso de los dos estudiantes mientras colaboraba con una iniciativa de los organismos de derechos humanos en Chile y Ecuador para interponer en la Corte Suprema de ese país una demanda penal en contra de Augusto Pinochet, que viajaba a este país para participar en una reunión de jefes de los Ejércitos de América. El ex dictador aún ejercía como Comandante en Jefe.

La acción fue presentada por un grupo de 21 personalidades de Ecuador, tales como el ex Vicepresidente de la República, León Roldós Aguilera, y el pintor Oswaldo Guayasamín. La demanda, basada en cuatro casos, incluía las ejecuciones de Torres y Campos. El propósito era lograr el arresto de Pinochet. En esa oportunidad logró escapar.

En Quito, el general dijo a la prensa que los jóvenes “posiblemente estaban en algo, no sé (…) Lamentablemente, en estos casos caen justos por pecadores”…

Concluyó: “¿Qué explicación quiere que le dé? ¿Qué le pida perdón, como dicen algunos?”.

EL ENCUBRIMIENTO DEL DOBLE CRIMEN

El contexto fue la persecución desencadenada contra los extranjeros que se encontraban en Chile, bajo la imputación de que habría existido un “ejército guerrillero marxista” que era integrado por miles de personas procedentes de diferentes partes de América Latina.

Por ejemplo, un editorial de “El Mercurio” sostenía el 28 de septiembre de 1973: “A lo largo de los últimos tres años, los elementos extremistas y terroristas del continente encontraron en este país refugio, protección y ayuda para sus actividades”, las cuales abarcaban “la militancia en partidos marxistas nacionales y la consiguiente intromisión en la política interna” y “la organización y apoyo de organizaciones clandestinas en sus países de origen”. Sostenía: “Cerca de 13 mil extremistas latinoamericanos permanecían en Chile durante los últimos meses”.

Durante la madrugada del viernes 21 de septiembre, según la edición de “La Tercera” del día siguiente, se encontraron “dos extremistas acribillados a bala” en la zona penquista. Eran extranjeros.

La nota señalaba que “el misterioso hallazgo de dos cadáveres acribillados a bala tiene en ascuas a la policía local (sic). El descubrimiento fue hecho por efectivos de Carabineros (…) cuando efectuaban una ronda en las inmediaciones de la desembocadura del río Bío Bío (sic). Los sujetos, hasta ahora desconocidos, son jóvenes”. Sus cuerpos presentaban “varios impactos de bala en diferentes partes” de sus cuerpos. Pero, aclaró, “según la policía, de ninguna manera se trataría de orificios producidos por proyectiles militares”. Más aún, “un portavoz oficial de Carabineros no descartó que se trate de una vendetta de los extremistas de izquierda, por la forma en que se habría producido el asesinato”. Concluía: “La policía uniformada se encuentra trabajando arduamente” en el esclarecimiento de “este singular caso”.

Un detalle: la fecha y circunstancias entregadas por el diario sobre el hallazgo de los cuerpos eran inexactas: el pescador Gabriel Gaete encontró los cuerpos el 20 de septiembre.

Un poco después, el matutino se veía obligado a rectificar. “El caso (…) cambió radicalmente su cariz”, señaló el 28 de septiembre. Los jóvenes acribillados ya no eran “extremistas”, sino estudiantes de origen ecuatoriano que carecían de vinculación con política interna chilena: Felipe Porfirio Campos Carrillo y Jimmy Freddy Torres Villalva. El diario aclaró que “ninguno de estos estudiantes era militante del MIR o de algún otro grupo extremista (…) Está claro que no eran extremistas”.

Sin embargo, el diario insistió en la existencia de una conexión con extremistas, señalando que los jóvenes vivían con algunos de esos “elementos” en la Universidad y, por lo tanto, pudieron ejecutarlos “al saber que no eran adictos a sus ideas, y temiendo que hubieran oído más de lo conveniente”. Así, la nota fue titulada: “Policía busca a homicidas de dos estudiantes ecuatorianos. Habrían sido ejecutados por los extremistas”.

La razón de la “rectificación” quedaba en evidencia en la misma nota: “Los apoderados de ambos eran elementos perseguidos por los partidos de la UP”. Eran Mario Olavarría y Joel Salamanca, los cuales “refrendaron lo que ya antes había dicho el médico del Instituto Médico Legal, doctor Behm, quien los conocía”. Se referían al médico legista Francisco Behn Kun, académico de la Universidad de Concepción.

Olavarría y Salamanca contaron a “La Tercera” que ambos jóvenes “fueron el mismo 11 de septiembre a presentarse al consulado de su país, donde el representante les recomendó concurrir a Carabineros, consejo que fue oído por los estudiantes, lo que mereció la felicitación de la policía (…) Después, sólo los vieron tendidos en la fría losa de la Morgue”.

En efecto, un hecho clave para desmentir que se trataba de extremistas de izquierda fue la filiación política antisocialista de los apoderados de los jóvenes. El ingeniero Mario Olavarría Aranguren, por ejemplo, era entonces el director de la Escuela de Ingeniería y del Área de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, e integraba las filas del Partido Nacional. Luego del golpe de Estado, fue designado Vicerrector Académico por el rector delegado (designado por la dictadura), capitán de navío (r) Guillermo González Bastidas. Su hijo Mario Olavarría Rodríguez es hoy Alcalde de Colina en representación de la UDI, cargo que ejerce en forma ininterrumpida desde el año 2000, luego de una próspera carrera política que se inició en la Fundación Jaime Guzmán.

El velorio de los jóvenes en Concepción se realizó el 27 de octubre de 1973, en medio de la obvia conmoción de sus compañeros de aulas. El diario penquista “Crónica” describió: “Dos urnas, una negra y otra café, con tres niñas y otros tantos jóvenes montando guardia de honor, contienen los restos de Felipe y Jimmy. Estudiantes que llegaron desde Ecuador en busca de un destino, que fue trágicamente tronchado por autores que permanecen en el anonimato”.

Luego de agregar que los autores de doble homicidio aún se mantenían en la impunidad, el tabloide se preguntó: “¿Se podrá esclarecer el caso? ¿Cuándo? Son preguntas que, por lo menos por ahora, se mantienen sin respuesta”.

Fueron velados en el Templo de la Primera Iglesia Bautista de Concepción, en la que Campos se congregaba, acompañado ocasionalmente por su amigo y compatriota Torres. El Pastor Luis Mussiett Canales, ya fallecido, recibió amenazas para que no efectuara los oficios en el templo, pero no desistió. Campos también participaba en el Grupo Bíblico Universitario, que emitió una declaración repudiando el crimen, según recordó Josué Fonseca, hoy Pastor de la Primera Iglesia Bautista de Concepción, que fue el último que vio con vida al joven y luego trabajó intensamente en la causa de la justicia y la reparación en el caso.

El 6 de octubre, el general director de Carabineros, César Mendoza Durán, visitó la zona, mostrándose “muy conforme con la situación de calma que vive”. Señaló: “Por lo que me ha informado la institución y por lo que yo pude apreciar, realmente estoy muy contento con la situación de tranquilidad que vive esta provincia”. No obstante, advirtió que “hay un peligro de revancha latente, ya que había en Chile más de 13.000 extranjeros extremistas y gran cantidad de armamentos” (“La Tercera”, 7 de octubre de 1973).

Casi inmediatamente después, el 9 de octubre, “La Tercera” informó que el caso había sido esclarecido, luego de la captura del “secretario regional del MIR, abogado Pedro Henríquez Barra”, quien se habría ocultado en una casona del sector denominado Manquimávida, en los márgenes del río Bío Bío, “para eludir la acción policial tendiente a ubicarlo, ya que su captura estaba encargada a todas las unidades del país”. La detención se logró a raíz de la delación de un vecino. Agregaba que el arresto permitió que fueran capturados otros cinco miristas, “que estaban implicados en los tenebrosos planes que se iban a desarrollar en todo el país el 17 de septiembre”. Se refería al “Plan Zeta”, burdo invento de la emergente dictadura para intentar justificar el derrocamiento del gobierno constitucional, que sostenía que la izquierda preparaba un autogolpe a través del asesinato de todos sus opositores.

“La Tercera” señalaba que ese grupo “extremista” tenía la misión de “dirigir las acciones tendientes a ultimar en el sector de la Villa San Pedro a numerosas personas”.

La nota “revelaba” que “los seis individuos confesaron su participación en el asesinato de los estudiantes ecuatorianos Freddy Torres y Felipe Campos (…) Incluso uno de ellos, José Pérez, reconoció haber percutado una ametralladora Súper Batán calibre 22, que quitó la vida de los jóvenes”. El crimen, precisaba, “se llevó a cabo en venganza por los muertos de izquierda”.

Por cierto, todo era mentira. La Comisión de Verdad y Reconciliación acreditó en 1990 que los estudiantes estuvieron recluidos en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción y que “fueron ejecutados por agentes del Estado”.

La investigación judicial logró acreditar que entre el 16 y el 19 de septiembre de 1973, Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy Jimmy Torres Villalba fueron detenidos, “sin orden judicial ni administrativa competente”, por funcionarios de Carabineros que los condujeron hasta dependencias de la Cuarta Comisaría de Concepción. Desde allí fueron sacados la noche del 19 de septiembre por una gran caravana policial que partió desde la guardia por calle Salas, y trasladados hasta el sector de la desembocadura sur del río Bío Bío, para ser ejecutados con múltiples impactos de bala. Los cuerpos fueron encontrados en Boca Sur, partidos por la mitad y sin sangre, lo que mostraba que el homicidio había sido perpetrado en otro lugar.

¿Por qué los asesinaron? Se trataba de estudiantes universitarios, eran extranjeros e incluso parecían cubanos. Por eso fueron detenidos, torturados en la comisaría y luego en la desembocadura, donde los mantuvieron colgados toda la noche. Luego los acribillaron. Los asesinos estaban satisfechos: habían ganado una nueva batalla contra el “comunismo ateo”. Pensaban, asimismo, que las aguas ocultarían su crimen, pero sus cuerpos fueron encontrados.

El hermano de Jimmy, Kenny Torres, contó en el portal “Memoria Viva” que el joven llegó a Chile a fines de marzo de 1973, luego de obtener la “Beca Profesor Salvador Gálvez Rojas”, otorgada por la Universidad de Concepción al mejor estudiante de América Latina. Había logrado reconocimiento al mejor bachiller del Colegio Adolfo María Astudillo de Babahoyo. Al momento de partir hacia Chile, cursaba el primer año en la Facultad de Ingeniería en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. “Para Mario Olavarría, el apoderado de Jimmy, su pupilo, de modesto origen, era un muchacho introspectivo y muy estudioso (…) Sólo se dedicaba a estudiar, pues deseaba fervientemente terminar su carrera”, comentó.

Sobre su compatriota, Felipe Campos, también sin militancia, recordó que “fue bachiller del Colegio Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil. Sus padres Felipe Campos Robles y Ruth Carrillo provenían de hogares modestos”. Añadió que “fue admitido por ‘mérito especial’ de su hermano José Campos, brillante estudiante de cuarto año de Medicina. Le dio esta oportunidad el doctor Behm”. Su apoderado fue el Superintendente de la empresa Armco S.A., Joel Salamanca. También tuvo destacada labor como estudiante.

Los jóvenes vivían en una residencia universitaria, pero –subrayó– “nunca intervinieron en actividad alguna que no fuera estrictamente estudiantil (…) ajenos por completo a los asuntos políticos que conmovían la República de Chile”.

Precisando detalles ya conocidos en 1973, señaló que Salamanca le dijo que los jóvenes fueron al Consulado de Ecuador para preguntar por su situación de extranjeros. “No estaba el cónsul y su esposa les recomendó presentarse a Carabineros. Así lo hicieron”. Luego, el ejecutivo leyó una noticia sobre el hallazgo de dos cuerpos flotando en el río Bío Bío, en la cual se describían sus ropas: “Salamanca se estremeció: igual vestimenta llevaba su pupilo y Jimmy”. En la morgue, el doctor Behm constató que los cadáveres “presentaban idénticas heridas: perforaciones de bala, traumatismo múltiple en diferentes partes del cuerpo, señales de torturas con colillas de cigarrillos. Además, presentaban huellas de tormentos con descargas eléctricas”.

Pero la crueldad no reconocía límites. El 6 de octubre, los restos de los jóvenes llegaron a Ecuador. Los familiares se enteraron entonces que sólo podrían recuperar sus cenizas. “Los ejecutores de mi hermano no sólo se saciaron con detenerlo, torturarlo y matarlo, sino que lo incineraron”, denunció. La tiranía, en efecto, no permitió repatriar sus cuerpos, por lo que debieron ser incinerados para su restitución.

“Cayeron bajo las alevosas balas de fusiles (…) ebrios de sangre de inocentes víctimas”, sentenció.

por Víctor Osorio

El ex sargento de Carabineros, José Florentino Fuentes Castro, relató sin remordimiento su pasado como agente de la Sicar y los crímenes que cometió en la localidad de Netulme en los años 80 y en el "Caso Ecuatorianos" en Concepción en 1973.

Un revelador audio se dio a conocer durante la última jornada respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. El registro corresponde al ex sargento de Carabineros, José Florentino Fuentes Castro, condenado por el denominado Caso Degollados.

En el audio, que fue revelado por Chilevisión Noticias, se escucha a Fuentes conversando con otro oficial de Carabineros en retiro, contándole macabros detalles de su pasado como agente del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar), y dando a conocer información inédita de crímenes que cometió en la localidad de Netulme en los 80′ y en el Caso Ecuatorianos en Concepción en 1973.

Respecto al primero de estos, Fuentes relata que en ese entonces “agarramos a estos hueones. Matamos a cuanto hueón pillamos. Cuando se mataban los huevones empiezan los remordimientos. Entonces tomábamos un trago, pero yo muy poco, para curarse, para evadirse, volarse, qué se yo, cualquier huevada”.

A continuación, sobre estas matanzas realizadas, reflexiona con frialdad que “no me da remordimiento, creo que lo que hice fue justo”, agregando que “estando heridos los hueones, no tienen por qué hablar. Entonces, es fea la hueá cuando uno le dice… puta, un hueón herido y rematarlo. Esa hueá es como cobardía, pero la hueá había que hacerlo”.

Asimismo, el ex carabinero dio detalles de la operación que terminó con la vida de Felipe Campos Carrillo (19) y Jimmy Torres Villalba (23), dos estudiantes de la Universidad de Concepción de origen ecuatoriano que fueron asesinados el 17 de septiembre de 1973.

“Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Y sabe dónde los llevamos, los llevamos? A la desembocadura (del Río Biobío)”, relata Fuentes sobre este caso.

El ex oficial menciona además a otros efectivos de la Sicar, como Manuel Alfaro Contreras, estarían involucrados en este crimen por el que sólo esta condenado el ex coronel, Sergio Arévalos Cid, según informa el citado medio.

Finalmente, José Florentino Fuentes cuenta que los dos estudiantes ya muertos fueron encontrados por “unos pescadores al otro día y estaban amarrados así, en vez de esposados, estaban amarrados con unas mangas de camisa de Carabineros y los hueones, en las carteras tenían un recibo de comprobante de dinero”. “Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca”, concluye.

Los profesionales Santiago Esteban Nattino Allende, pintor e integrante de la Asociación Gremial de Educadores de Chile,  (AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la AGECH, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia católica, fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Y el 30 de marzo, los tres fueron asesinados por un grupo de carabineros, uno de los crímenes más crueles y espeluznantes cometidos por agentes de la dictadura.

Nattino fue abordado el 28 de marzo, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, en Las Condes, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados el 29 desde las puertas del Colegio Latinoamericano,? en la avenida Los Leones con El Vergel en Providencia, mientras iban a dejar a sus hijos. La operación del criminal secuestro contó incluso con el apoyo de un helicóptero de Carabineros.

Los deguellan en Quilicura: El estremecedor crimen
Tras su secuestro, los tres profesionales fueron trasladados a un cuartel secreto de calle Dieciocho, al lado donde estuvo el diario El Clarín, en el centro de Santiago, el mismo que el Comando Conjunto utilizaba a mediados de los ‘70 y que era conocido como "La Firma". Los tres fueron esposados, les vendaron los ojos y los torturaron durante todo el día 29 de marzo.

Se estableció que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt, foto abajo, conocido como Bototo entre la oficialidad de los carabineros y quién encabezó el grupo de criminales que usaron las herramientas y armas que le entregamos los chilenos para asesinar a otros chilenos. De copiloto iba Miguel Estay, "El Fanta", un civil que había sido de izquierda y que se pasó al bando de los criminales, mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora.

Todos eran miembros de Carabineros
Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. "El Fanta", Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado en una especia de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes (El Pegaso) le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo de carabineros se trasladó hasta su cuartel, en la calle Dieciocho. Ahí bebieron wisky, comieron y se rieron.

Juez ejemplar descubre a los criminales
El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como «Caso Degollados», evocó la indignación extendida en todo el país y obligó a la Corte Suprema a designar a un anciano juez y a punto de irse a retiro, José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.? Este juez comenzó a develar las criminales acciones de los agentes de seguridad  que quedó como ejemplo para otros jueces, muchos de ellos que habían actuado con absoluta benevolencia, pudieran encarcelar a otros criminales.

Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del general César Mendoza, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR.

La dictadura, especialmente su entonces vocero y ministro Francisco Javier Cuadra (en democracia se hizo militante de RN) negó que el crimen fuera hecho por agentes del Gobierno, pero las pugnas entre Carabineros y militares del Ejército de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policia política de Pinochet, determinó el descubrimiento de los asesinos que pertenecían a la policia uniformada. Los CNI le dieron los datos de los asesinos a la justicia y a los medios de comunicación, en venganza con esos carabineros que los habían culpado de otros crímenes. Una venganza entre un grupo de delincuentes y criminales.

Finalmente, seis miembros de la policía unformada fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por los asesinatos. Tres de ellos aún permanecen en la cárcel de Punta Peuco.

Uno de los criminales, Claudio Salazar Fuentes, alías el pegaso, salió en libertad y vive en la comuna de La Florida

Los delitos, condenas y beneficios de los involucrados en el Caso Degollados

Guillermo Washington González Betancourt, coronel (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos; y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Alejandro Traverso. En mayo de 2012 González Betancourt cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año, obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013 consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Miguel Arturo Estay Reyno (El Fanta), ex militante del PC, convertido luego en delator y torturador, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado además en la misma causa a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Actualmente está recluido en Punta Peuco.

José Florentino Fuentes Castro, sargento primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Se le condenó además a 541 días como autor de asociación ilícita. En mayo de 2012, Fuentes Castro cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Alejandro Segundo Sáez Mardones, cabo primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y del secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Además fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita, y a 3 años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje en 1976. Cumplió condena en Punta Peuco y se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo (r) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo por el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y por el secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado en la misma causa a 541 días como autor del delito de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Patricio Augusto Zamora Rodríguez, capitán (r) de Carabineros, fue condenado a 15 años y un día por el secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara, Eduardo Osorio Venegas, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, y como cómplice del asesinato de los tres últimos. También tiene otras tres condenas de 5 años y un día por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. En 2012 se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

Luis Alfredo Canto Arriagada, sargento segundo (r) de Carabineros fue condenado a 541 días de prisión como cómplice del secuestro de cinco miembros de la AGECh y por los homicidios de Parada, Guerrero y Nattino. Está libre.

Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el suboficial (r) de Carabineros fue condenado a la pena de 5 años y un día como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; como autor del delito de asociación ilícita terrorista, por el delito de daños en bienes de Alejandro Traverso y como cómplice del secuestro de Santiago Nattino Allende. Cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Enzo Hurtado Lazcano, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Ramón Arriagada Escalante. Cumplió su pena, hoy está libre. Trabajó intermitentemente entre 2011 y 2013 como administrativo en el Cementerio General.

Luis Ernesto Jofré Herrera, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal, Eduardo Osorio Venegas, Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, y como autor de asociación ilícita. Además, fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de lesiones cometido en perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra. Ya cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Luis Omar Michea Muñoz, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y asociación ilícita terrorista. Cumplió su condena y hoy está libre.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, el mayor (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del delito de asociación ilícita terrorista. En 2014 fue condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de Alfredo Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco y Juan Gianelli Company, además de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, en mayo de 1992 fue el primero en confesar ante Milton Juica. El cabo en retiro fue luego condenado a la pena de 61 días de presidio como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Hoy está libre.

Sergio Enrique Saravia Henríquez, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a dos penas de 41 días de prisión cada una como cómplice en el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. En 2002, se conoció que luego de cumplir su condena siguió activo y en ese momento se desempeñaba como subprefecto del área oriente de Santiago. Pasó a retiro luego de que se hiciera pública su condición en servicio activo.

Óscar Ramón Valdebenito Valdebenito, el sargento segundo (r) fue condenado a 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. Cumplió su condena y hoy está libre.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, condenado a 541 días de prisión como cómplice del robo con intimidación y secuestro de Alejandro Traverso Carvajal. Cumplió su condena y está libre.