Dictan primeros procesamientos en contra de ex agentes por asesinatos de ex conservador de Bienes Raices de Santiago

La ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó procesamiento en el caso que investiga el crimen del ex conservador de Bienes Raíces de Santiago Jorge Renato Francisco León Zenteno, ejecutado el 30 de noviembre de 1976, en su departamento ubicado en la comuna de Providencia, mediante la inhalación de gas sarín.

La magistrada encausó a los exagentes Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé, Manuel Pérez Santillán y René Quilhot Palma, todos integrantes de la Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta de Augusto Pinochet, como autores del homicidio calificado, por envenenamiento y premeditación conocida, de la víctima. La actuación criminal de los procesados fue ejecutada en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetropillán de la DINA.

El abogado querellante, Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados destacó el procesamiento dictado por la ministra instructora. Al respecto, señaló “Mediante una investigación rigurosa y acuciosa, y pese a las dificultades derivadas del tiempo transcurrido, la Ministra ha logrado reunir los antecedentes que permiten tener por justificada la existencia del delito en cuestión y, asimismo, aquellos que permiten presumir fundadamente la participación de este grupo de élite del dictador. Reconocemos la gran valía del trabajo desarrollado por la Judicatura en este caso, en pos de alcanzar la verdad y la justicia, el cual había permanecido en la impunidad por largo tiempo”.

De acuerdo a la investigación, Jorge León Zenteno tenía 69 años al momento de los hechos y, según expresa en el certificado de defunción, la causa de su muerte fue “Toxemia aguda inespecífica”.

La familia de la víctima sospechó que en su muerte habían intervenido terceras personas, y especialmente agentes del Estado, ya que León Zenteno se habría opuesto a traspasar ilegalmente inmuebles a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, éstos emplazados en Santiago y que habían sido despojados a opositores del régimen militar.

Pese a que hubo un proceso penal instruido en la época para esclarecer los hechos, nunca alguien fue responsabilizado ni sancionado por su participación en los hechos.

Los hechos:   

En esta oportunidad, la ministra Plaza pudo establecer los siguientes hechos:   

“a) Que, durante la dictadura cívico militar, con ocasión de la ejecución de los planes desarrollados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), existieron bajo su alero estructuras orgánicas secretas como también secretos fueron sus objetivos, cuyos integrantes dependían directamente del director de la época, coronel Manuel Contreras Sepúlveda, a quienes se encomendó el cumplimiento de misiones “especiales” dispuestas por el director y conocidas sólo por él. Su organización y funcionamiento, sin asignación de un cuartel determinado, al margen de cualquier orgánica, aun extraoficial, obedecía al ejercicio clandestino de acciones previamente planificadas por parte de otras estructuras, desarrollándose en la época diversos operativos dirigidos a silenciar y/o neutralizar a ciudadanos chilenos y extranjeros opositores al régimen imperante o que en cualquier medida pudieren entrabar los fines ilícitos que se había propuesto;  

b) Que, en este contexto, a inicios del año 1976, al entonces Capitán Jaime Enrique Lepe Orellana, oficial de reconocida confianza del General Pinochet y de Manuel Contreras -todos actualmente fallecidos- se le encomendó la labor de reclutar a un grupo de oficiales altamente capacitados en inteligencia provenientes del Curso de Comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile, quienes fueron destinados en Comisión Extra Institucional a la DINA.  

Así, los primeros meses de 1976 se formó la denominada “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta” del Presidente Augusto Pinochet, la cual estaba compuesta por tres capitanes y dos tenientes, a cargo del Capitán de Ejército Guillermo Humberto Salinas Torres, el de mayor antigüedad entre sus integrantes, además de Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé, y los Tenientes Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma. Colaboraban también con actividades particulares del grupo el oficial especialista en transporte Juan Alberto Delmás Ramírez, y los Suboficiales Jorge Aqueveque Pérez, José Remigio Ríos San Martín y Bernardino Ferrada Retamales, quienes desempeñaban principalmente funciones en los traslados.  

Desde que se crea formalmente la Agrupación, los oficiales Salinas, Belmar, Pérez y Quilhot se mantuvieron al menos hasta diciembre de 1976; y en el caso de Jaime Lepe, al poco tiempo fue destinado a la “Agrupación de Seguridad Directa”.  

c) Que, en la misma época, funcionaba en el inmueble ubicado en Vía Naranja N°4275, sector de Lo Curro, actualmente comuna de Vitacura, domicilio de Michael Townley, su esposa Mariana Callejas e hijos, un laboratorio a cargo del agente de la DINA Eugenio Berrios Sagredo, integrante de la “Brigada Quetropillán” de la DINA -intregrada por los tres antes mencionados, entre otros- en el “rubro” de las armas químicas, que tuvo a su cargo el desarrollo del Gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y usarlo en la eliminación de opositores, plan conocido como el “Proyecto Andrea”.  

Eugenio Berrios Sagredo ya era conocido de Manuel Pérez Santillán, con quien tuvo sus primeros contactos alrededor de 1970 en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, y le ayudó en el desarrollo de su tesis.  

d) Entre las últimas horas del 29 y la madrugada del 30 de noviembre de 1976, los oficiales Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma, integrantes de la “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta”, en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetropillán, concurrieron al edificio ubicado en calle Holanda N°14, departamento 31, de la comuna de Providencia, domicilio de Jorge Renato Francisco León Zenteno, abogado, 69 años, entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien al abrir la puerta del inmueble es conducido por la fuerza hasta su dormitorio, dejando su cuerpo extendido sobre la cama maniatado e inmovilizado, momento en que los agentes que se encontraban en el lugar dan aviso por radio a los demás integrantes de la Agrupación, los que acompañados por el químico Eugenio Berrios Sagredo, facilitan las maniobras para que la víctima inhale por medio de spray el Gas Sarín, contra su voluntad causando su muerte en breve tiempo, producto de toxemia aguda.  

e) Luego de limpiar todo indicio de su presencia en el lugar los oficiales se retiran del inmueble, dejando olvidado el contenedor del gas, motivo por el cual Berrios Sagredo acompañado de Ríos San Martín vuelve pasada la medianoche para tratar de entrar al domicilio, no logrando su objetivo porque la puerta tenía doble cerradura y el nochero del edificio se percató de su presencia, por lo que debieron retirarse.  

f) Que, en la época de ocurridos los hechos un grupo de oficiales del Ejército de Chile, liderados por Manuel Contreras Sepúlveda, participó de un proyecto de adquisición de viviendas ubicadas en el sector de Talinay, en la comuna de Peñalolén, las cuales en un principio no pudieron ser inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago debido a que quien ejercía el cargo en ese entonces se opuso, así como también negó la inscripción y traspaso ilegal a sociedades de la DINA de terrenos ubicados en la comuna de La Reina y otros inmuebles de los que fueron despojados opositores al régimen militar”. 

El abogado querellante, Francisco Ugás Tapia, destacó los procesamientos dictados por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, procesó a cuatro exagentes de la dictadura por el crimen del ex conservador de Bienes Raíces de Santiago Jorge Renato Francisco León Zenteno, ejecutado el 30 de noviembre de 1976, en su departamento ubicado en la comuna de Providencia, mediante la inhalación de gas sarín.

La magistrada encausó a los exagentes Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé, Manuel Pérez Santillán y René Quilhot Palma, todos integrantes de la Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta de Augusto Pinochet, como autores del homicidio calificado, por envenenamiento y premeditación conocida, de la víctima.

La actuación criminal de los procesados fue ejecutada en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetropillán de la DINA.

El abogado querellante, Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, destacó el procesamiento dictado por la ministra.

“Mediante una investigación rigurosa y acuciosa, y pese a las dificultades derivadas del tiempo transcurrido, la ministra ha logrado reunir los antecedentes que permiten tener por justificada la existencia del delito en cuestión y, asimismo, aquellos que permiten presumir fundadamente la participación de este grupo de elite del dictador. Reconocemos la gran valía del trabajo desarrollado por la Judicatura en este caso, en pos de alcanzar la verdad y la justicia, el cual había permanecido en la impunidad por largo tiempo”, destacó.

De acuerdo a la investigación, Jorge León Zenteno tenía 69 años al momento de los hechos y, según expresa en el certificado de defunción, la causa de su muerte fue “Toxemia aguda inespecífica”.

Los titulares de la época por el caso del conservador de Bienes Raíces. Foto: http://gritografiasenred.org/?p=713

La familia de la víctima sospechó que en su muerte habían intervenido terceras personas, y especialmente agentes del Estado, ya que León Zenteno se habría opuesto a traspasar ilegalmente inmuebles a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, éstos emplazados en Santiago y que habían sido despojados a opositores del régimen militar.

Pese a que hubo un proceso penal instruido en la época para esclarecer los hechos, nunca alguien fue responsabilizado ni sancionado por su participación.

El sarín es un gas mortal cuyos efectos pueden ser confundidos con los provocados por un ataque cardíaco y que la DINA fabricó durante la dictadura para el exterminio de opositores. Fue desarrollado por el químico chileno Eugenio Berríos, en una trama que incluye al agente estadounidense Michael Townley.

por: Samuel Romo 

La magistrada procesó a: Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Fernando Belmar Labbé, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma por su responsabilidad como autores del homicidio calificado de Renato León Zenteno, ocurrido en noviembre de 1976.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago Paola Plaza González sometió a proceso a 4 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad como autores  del homicidio del entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago Jorge Renato Francisco León Zenteno, hecho ocurrido entre el 29 y 30 de noviembre de 1976 en la comuna de Providencia.

La magistrada (causa rol 4.975-2021) encausó y ordenó la prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Peñalolén de Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Fernando Belmar Labbé, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma.

En esta etapa procesal la ministra Plaza González estableció:

a) Que, durante la dictadura cívico militar, con ocasión de la ejecución de los planes desarrollados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), existieron bajo su alero estructuras orgánicas secretas como también secretos fueron sus objetivos, cuyos integrantes dependían directamente del Director de la época, Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, a quienes se encomendó el cumplimiento de misiones "especiales" dispuestas por el Director y conocidas sólo por él. Su organización y funcionamiento, sin asignación de un cuartel determinado, al margen de cualquier orgánica, aun extraoficial, obedecía al ejercicio clandestino de acciones previamente planificadas por parte de otras estructuras, desarrollándose en la época diversos operativos dirigidos a silenciar y/o neutralizar a ciudadanos chilenos y extranjeros opositores al régimen imperante o que en cualquier medida pudieren entrabar los fines ilícitos que se había propuesto;

b) Que en este contexto, a inicios del año 1976, al entonces Capitán Jaime Enrique Lepe Orellana, oficial de reconocida confianza del General Pinochet y de Manuel Contreras -todos actualmente fallecidos- se le encomendó la labor de reclutar a un grupo de oficiales altamente capacitados en inteligencia provenientes del Curso de Comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile, quienes fueron destinados en Comisión Extra Institucional a la DINA.

Así, los primeros meses de 1976 se formó la denominada “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta” del Presidente Augusto Pinochet, la cual estaba compuesta por tres capitanes y dos tenientes, a cargo del Capitán de Ejército Guillermo Humberto Salinas Torres, el de mayor antigüedad entre sus integrantes, además de Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé, y los Tenientes Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma. Colaboraban también con actividades particulares del grupo el oficial especialista en transporte Juan Alberto Delmás Ramírez, y los Suboficiales Jorge Aqueveque Pérez, José Remigio Ríos San Martín y Bernardino Ferrada Retamales, quienes desempeñaban principalmente funciones en los traslados.

Desde que se crea formalmente la Agrupación, los oficiales Salinas, Belmar, Pérez y Quilhot se mantuvieron al menos hasta diciembre de 1976; y en el caso de Jaime Lepe, al poco tiempo fue destinado a la “Agrupación de Seguridad Directa”.

c) Que, en la misma época, funcionaba en el inmueble ubicado en Vía Naranja N°4275, sector de Lo Curro, actualmente comuna de Vitacura, domicilio de Michael Townley, su esposa Mariana Callejas e hijos, un laboratorio a cargo del agente de la DINA Eugenio Berrios Sagredo, integrante de la “Brigada Quetropillán” de la DINA -intregrada por los tres antes mencionados, entre otros- en el "rubro" de las armas químicas, que tuvo a su cargo el desarrollo del Gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y usarlo en la eliminación de opositores, plan conocido como el "Proyecto Andrea".

Eugenio Berrios Sagredo ya era conocido de Manuel Pérez Santillán, con quien tuvo sus primeros contactos alrededor de 1970 en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, y le ayudó en el desarrollo de su tesis.

d) Entre las últimas horas del 29 y la madrugada del 30 de noviembre de 1976, los oficiales Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma, integrantes de la “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta”, en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetropillán, concurrieron al edificio ubicado en calle Holanda N°14, departamento 31, de la comuna de Providencia, domicilio de Jorge Renato Francisco León Zenteno, abogado, 69 años, entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien al abrir la puerta del inmueble es conducido por la fuerza hasta su dormitorio, dejando su cuerpo extendido sobre la cama maniatado e inmovilizado, momento en que los agentes que se encontraban en el lugar dan aviso por radio a los demás integrantes de la Agrupación, los que acompañados por el químico Eugenio Berrios Sagredo, facilitan las maniobras para que la víctima inhale por medio de spray el Gas Sarín, contra su voluntad causando su muerte en breve tiempo, producto de toxemia aguda.

e) Luego de limpiar todo indicio de su presencia en el lugar los oficiales se retiran del inmueble, dejando olvidado el contenedor del gas, motivo por el cual Berrios Sagredo acompañado de Ríos San Martín vuelve pasada la medianoche para tratar de entrar al domicilio, no logrando su objetivo porque la puerta tenía doble cerradura y el nochero del edificio se percató de su presencia, por lo que debieron retirarse.

f) Que, en la época de ocurridos los hechos un grupo de oficiales del Ejército de Chile, liderados por Manuel Contreras Sepúlveda, participó de un proyecto de adquisición de viviendas ubicadas en el sector de Talinay, en la comuna de Peñalolén, las cuales en un principio no pudieron ser inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago debido a que quien ejercía el cargo en ese entonces se opuso, así como también negó la inscripción y traspaso ilegal a sociedades de la DINA de terrenos ubicados en la comuna de La Reina y otros inmuebles de los que fueron despojados opositores al régimen militar.

Renato León Zenteno, Conservador de Bienes Raíces de Santiago,  a 40 años de su muerte,  su sobrino-hijo entregará por vez primera su testimonio al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos  y  a un abogado para dar curso a una investigación judicial que incluya un antecedente hasta ahora nunca dicho públicamente. Un mes antes de que fuera asesinado le había contado su negativa a inscribir propiedades irregulares solicitadas por tres militares vestidos de civil, quienes le aseguraron: «Mi General tiene mucho interés en esto». En ese momento, ninguno de los dos podía deducir que dicha negativa era su propia sentencia condenatoria de muerte.

Cuando mi amigo, Gustavo León Pardo, se enteró de mi viaje a Barcelona (año 2015), comentó que no podía dejar de ver «La Sagrada Familia», una de las  maravillas del mundo católico y del arte arquitectónico. Al responder que sí estaba contemplada en mi programa turístico, me pidió llevar un poco de tierra de Las Cruces y esparcirla en los jardines del frontis de dicha iglesia a nombre de  Renato León Zenteno, su tío-segundo padre, quién la había visitado  un mes antes de que fuera encontrado muerto en su departamento en pleno corazón de Providencia.

“Es una de las tantas barbaridades de la dictadura militar”, dijo. Hasta ahora nunca había hablado de esta historia, ni a mi ni a sus amigos más cercanos.

Primer otro sí.  Los hechos

Renato León Zenteno, abogado, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, (CBRS), murió el 30 de noviembre de 1976. Tenía 69 años. Su cuerpo estaba intacto, no tenía rastros de heridas graves, presentaba una pequeña hematoma a la altura de la barbilla, un hilillo de sangre que corría de su boca y sus anteojos estaban botados detrás de la puerta de su departamento.

Gloria, su sobrina que trabajaba con él  y Estanislao León Aguirre, su primo, militar retirado, ambos a cargo de los funerales, creían había fallecido por un ataque cardíaco. Ella, así lo dió a conocer a la prensa, aunque después de este primer momento, los medios de comunicación abordaban las extrañas circunstancias que rodeaban el caso, barajando podría tratarse de un crimen entre homosexuales o por intento de robo. El mayordomo del edificio había declarado que la noche de los hechos observó a cuatro hombres, intentando descerrajar la puerta de su departamento.

El deceso quedó registrado como de «muerte natural», no obstante, la Brigada de Homicidios solicitó efectuar una autopsia. Los familiares no accedieron a este documento, tampoco lograron ver el certificado de Defunción. Desorientados y confundidos, sin sospechar sería un asesinato no realizan ninguna gestión ante los Tribunales de Justicia.

Se trataba de una familia conservadora, mayoritariamente conformada por adultos de tercera edad y dispersos unos de otros. Muchos de ellos estaban  vinculados al mundo militar. Arturo, hermano mayor, padecía de un principio de Alzheimer, su hermana estaba distanciada y Guillermo, hermano menor, que fuera vicepresidente adjunto de todas las filiales de la empresa minera Anaconda, trabajaba en Irán, donde su esposa estaba gravemente enferma. Gustavo, su sobrino-hijo, (a la muerte de su hermano), residía en España, país al que llegó en 1975, luego que un oficial militar que había sido gran amigo, durante su paso por la Escuela Militar, le advirtiera bajo cuerdas que su nombre figuraba en una lista negra. No era dirigente político,  ni funcionario público sino tan solo un adherente al gobierno popular del Presidente Salvador Allende. Tres meses después del golpe militar lo habían despedido de su trabajo en el Laboratorio Farmacéutico Squibb and Sons Interamerican Corp. por oponerse a los permisos que solicitaba de manera constante un ex cadete militar que trabajaba allí y que había sido reclutado  por el Ejército para cumplir funciones de inteligencia y de ayudantía al general  Washington Carrasco,  Intendente de Concepción.

A excepción de Gustavo, tanto él como su familia eran pinochetistas, aprobaban y veían con buenos ojos al régimen militar.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de captura pendiente, tras más de un año y dos meses en condición de prófugo.

Esta tarde, la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó en Arica la detención de Guillermo Salinas Torres.

Salinas es un exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y retirado coronel del Ejército, quien estaba prófugo desde hace un año y dos meses, por los asesinatos de Carmelo Soria y Renato Zenteno.

La orden fue dictada por la ministra en visita, Paola Plaza, quien dispuso su ingreso inmediato a un recinto penal.

Salinas Torres, oficial en retiro del Ejército, fue condenado a 15 años y un día de presidio por el homicidio de Carmelo Soria Espinoza, exfuncionario de la Cepal y a 541 días por asociación ilícita.

El exagente de la DINA, además, enfrenta un procesamiento pendiente como autor del homicidio de Renato León Zenteno, Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

La captura pone fin a su largo periodo de evasión, permitiendo el cumplimiento de las condenas dictadas por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.

La magistrada procesó a: Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Fernando Belmar Labbé, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma por su responsabilidad como autores del homicidio calificado de Renato León Zenteno, ocurrido en noviembre de 1976.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago Paola Plaza González sometió a proceso a 4 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad como autores  del homicidio del entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago Jorge Renato Francisco León Zenteno, hecho ocurrido entre el 29 y 30 de noviembre de 1976 en la comuna de Providencia.

La magistrada (causa rol 4.975-2021) encausó y ordenó la prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Peñalolén de Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Fernando Belmar Labbé, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma.

En esta etapa procesal la ministra Plaza González estableció:

a) Que, durante la dictadura cívico militar, con ocasión de la ejecución de los planes desarrollados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), existieron bajo su alero estructuras orgánicas secretas como también secretos fueron sus objetivos, cuyos integrantes dependían directamente del Director de la época, Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, a quienes se encomendó el cumplimiento de misiones "especiales" dispuestas por el Director y conocidas sólo por él. Su organización y funcionamiento, sin asignación de un cuartel determinado, al margen de cualquier orgánica, aun extraoficial, obedecía al ejercicio clandestino de acciones previamente planificadas por parte de otras estructuras, desarrollándose en la época diversos operativos dirigidos a silenciar y/o neutralizar a ciudadanos chilenos y extranjeros opositores al régimen imperante o que en cualquier medida pudieren entrabar los fines ilícitos que se había propuesto;

b) Que en este contexto, a inicios del año 1976, al entonces Capitán Jaime Enrique Lepe Orellana, oficial de reconocida confianza del General Pinochet y de Manuel Contreras -todos actualmente fallecidos- se le encomendó la labor de reclutar a un grupo de oficiales altamente capacitados en inteligencia provenientes del Curso de Comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile, quienes fueron destinados en Comisión Extra Institucional a la DINA.

Así, los primeros meses de 1976 se formó la denominada “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta” del Presidente Augusto Pinochet, la cual estaba compuesta por tres capitanes y dos tenientes, a cargo del Capitán de Ejército Guillermo Humberto Salinas Torres, el de mayor antigüedad entre sus integrantes, además de Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé, y los Tenientes Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma. Colaboraban también con actividades particulares del grupo el oficial especialista en transporte Juan Alberto Delmás Ramírez, y los Suboficiales Jorge Aqueveque Pérez, José Remigio Ríos San Martín y Bernardino Ferrada Retamales, quienes desempeñaban principalmente funciones en los traslados.

Desde que se crea formalmente la Agrupación, los oficiales Salinas, Belmar, Pérez y Quilhot se mantuvieron al menos hasta diciembre de 1976; y en el caso de Jaime Lepe, al poco tiempo fue destinado a la “Agrupación de Seguridad Directa”.

c) Que, en la misma época, funcionaba en el inmueble ubicado en Vía Naranja N°4275, sector de Lo Curro, actualmente comuna de Vitacura, domicilio de Michael Townley, su esposa Mariana Callejas e hijos, un laboratorio a cargo del agente de la DINA Eugenio Berrios Sagredo, integrante de la “Brigada Quetropillán” de la DINA -intregrada por los tres antes mencionados, entre otros- en el "rubro" de las armas químicas, que tuvo a su cargo el desarrollo del Gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y usarlo en la eliminación de opositores, plan conocido como el "Proyecto Andrea".

Eugenio Berrios Sagredo ya era conocido de Manuel Pérez Santillán, con quien tuvo sus primeros contactos alrededor de 1970 en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, y le ayudó en el desarrollo de su tesis.

d) Entre las últimas horas del 29 y la madrugada del 30 de noviembre de 1976, los oficiales Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma, integrantes de la “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta”, en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetropillán, concurrieron al edificio ubicado en calle Holanda N°14, departamento 31, de la comuna de Providencia, domicilio de Jorge Renato Francisco León Zenteno, abogado, 69 años, entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien al abrir la puerta del inmueble es conducido por la fuerza hasta su dormitorio, dejando su cuerpo extendido sobre la cama maniatado e inmovilizado, momento en que los agentes que se encontraban en el lugar dan aviso por radio a los demás integrantes de la Agrupación, los que acompañados por el químico Eugenio Berrios Sagredo, facilitan las maniobras para que la víctima inhale por medio de spray el Gas Sarín, contra su voluntad causando su muerte en breve tiempo, producto de toxemia aguda.

e) Luego de limpiar todo indicio de su presencia en el lugar los oficiales se retiran del inmueble, dejando olvidado el contenedor del gas, motivo por el cual Berrios Sagredo acompañado de Ríos San Martín vuelve pasada la medianoche para tratar de entrar al domicilio, no logrando su objetivo porque la puerta tenía doble cerradura y el nochero del edificio se percató de su presencia, por lo que debieron retirarse.

f) Que, en la época de ocurridos los hechos un grupo de oficiales del Ejército de Chile, liderados por Manuel Contreras Sepúlveda, participó de un proyecto de adquisición de viviendas ubicadas en el sector de Talinay, en la comuna de Peñalolén, las cuales en un principio no pudieron ser inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago debido a que quien ejercía el cargo en ese entonces se opuso, así como también negó la inscripción y traspaso ilegal a sociedades de la DINA de terrenos ubicados en la comuna de La Reina y otros inmuebles de los que fueron despojados opositores al régimen militar.

Disponible en youtube.com

Hace algunos días cuatro ex agentes de la Dina fueron procesados por el asesinato de Renato León Zenteno. ¿Los motivos? Negarse a inscribir algunas propiedades a manos del Ejército e ignorar las instrucciones de Manuel Contreras.

La memoria de Gustavo León a sus 93 años es envidiable. Y si bien, hay cosas que a veces olvida, lo que nunca se ha borrado de su mente es lo que sucedió con el conservador de Bienes Raíces Renato León Zenteno, su tío. Aunque perfectamente podríamos estar hablando de un padre, debido a que él lo adoptó una vez que su progenitor falleció cuando él tenía 15 años. En 1976, y luego de partir a España por temor a estar en una lista negra del Ejército en plena dictadura, el conservador le reveló una información vital, pero que en este momento fue tomada como anécdota por sus familiares. "Me contó que un oficial del ejército le había dicho que su general, no especificó cuál, le dijo: 'Mi general tiene mucho interés en estas escrituras'. Era (Manuel) Contreras", contó Gustavo en exclusiva a CHV Noticias.León Zenteno, conocido en su área por ser un hombre muy correcto, estudió minuciosamente las escrituras de las propiedades y nunca se convenció del todo. Su sobrino relató que "ese oficial volvió al día siguiente y (Renato) le dijo 'no puedo inscribir esto. Son totalmente anómalas. Ilegales'. Esa fue su sentencia de muerte". Lamentablemente, esa predicción se hizo realidad y el conservador de Bienes Raíces perdió la vida tras enfrentarse a la máximas autoridades de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo asesinado con gas sarín. Sin embargo, en la prensa de la época se tomó como caso policial y hasta se especuló con que todo se habría tratado de un robo, un suicidio o hasta un crimen pasional. Eso hasta principios de la década del 90.

Ex agentes procesados

Hace poco menos de dos semanas, y 47 años después del crimen, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, procesó a cuatro ex agentes de la DINA por el asesinato en 1976 del abogado. Se trata de Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé, Manuel Pérez Santillán y René Quilhot Palma, todos ellos están en libertad tras haber pasado unos días en prisión preventiva. Según el procesamiento que realizó la ministra, la muerte de León Zenteno se habría dado por negarse a inscribir y traspasar ilegalmente unas viviendas ubicadas en el sector de Talinay en Peñalolén, así como también unos terrenos ubicados en La Reina.

Actualmente, en la calle Talinay está Club de Campo Militar y hay varios condominios con viviendas de ex autoridades castrenses. En una de ellas vivía incluso el propio Manuel Contreras. ¿Cómo llegaron estas propiedades a manos del Ejército? La información disponible en el Conservador de Bienes Raíces indica solamente el registro de expropiación de 1967. Después de eso, no hay más antecedentes y no se sabe cómo llegaron las tierras a manos de los militares. "Yo lo considero un mártir de la justicia", señaló su sobrino-hijo Gustavo León, quien sigue clamando por justicia.

Cuatro exagentes de la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, están hoy en prisión preventiva por el asesinato con gas sarín del ex conservador de Bienes Raíces Jorge León Zenteno, en 1976.

El hecho ocurrió luego de que el también abogado se negó a traspasar ilegalmente una propiedad al entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras.

Por ese crimen, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó la prisión en el regimiento de policía militar número uno de Peñalolén para Guillermo Salinas, Pablo Belmar, Manuel Pérez Santillán y René Quilhot.

Los imputados, que formaban parte de la llamada Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta dirigida por el ejército, entraron a la vivienda del conservador, en la comuna de Providencia, y lo maniataron.

Luego avisaron al químico y también miembro de la DINA Eugenio Berríos e hicieron que la víctima inhalara el gas sarín, lo que en breve tiempo le ocasionó la muerte por una toxemia aguda.

El abogado querellante Francisco Ugás destacó la investigación rigurosa y acuciosa de la ministra que, pese a las dificultades derivadas del tiempo transcurrido, logró alcanzar la verdad y la justicia en un caso que permaneció en la impunidad por mucho tiempo.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) la DINA fabricó armas químicas para el exterminio de opositores.

Según un informe de la Comisión Valech, publicado en 2011, en 17 años de régimen pinochetista se registraron en el país más de 40 mil casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellos tres mil 200 asesinatos y desapariciones.

Santiago de Chile, 13 de enero 2023
Crónica Digital/PL

La nómina incluye a un civil, un policía de investigaciones, suboficiales de Carabineros, oficiales de la Armada y del Ejército, e integrantes de la DINA, algunos fugitivos desde 2022.

Cuando se cumplen 53 años del Golpe de Estado en Chile, el Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, dio a conocer un nuevo listado con 13 condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentra prófugos de la justicia, entre los cuales figuran un civil, un policía de investigaciones;  suboficiales de Carabineros, oficiales de la Armada y del Ejército, integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA. Algunos se encuentran fugitivos desde 2022.

Se trata de condenados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos, en causas como la Operación Cóndor, crimen de Reinalda Pereira, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria; así como el caso Quemados, entre otros procesos.

El abogado Francisco Bustos, encargado de elaborar el listado, señaló que “seguimos alertando sobre los criminales de la dictadura prófugos, por la importancia del cumplimiento de las sentencias, pues los crímenes contra la humanidad exigen superar la impunidad”.

“Esto resulta todavía más importante en un contexto adverso, donde la autoridad política ha instruido al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia dejar de intervenir y oponerse a las solicitudes de reducción de condena pedidas por agentes de la dictadura sin cumplir los requisitos legales. Esto es contrario a la normativa interna, a los tratados de derechos humanos, y también a la práctica consistente de los tres últimos gobiernos que cumplieron la ley”, añadió.

En ese sentido, Bustos recuerda los casos y ejemplos de estas “nuevas prácticas”, de César Manríquez de la DINA o de Héctor Osses Yáñez, quien estuvo prófugo y logró evadir a la justicia desde el año 2021 a 2023, pese a su avanzada edad.

“Este último represor, en 2025, comenzó a pedir sustitución de pena por motivos de salud mental, y este año el Programa de DD.HH. desistió de todas las apelaciones que buscaban que se realizarán exámenes adicionales para acreditar cuál es su verdadera situación de salud. Al pedirles la justificación de esto, nos han denegado toda información”, concluyó.

13 prófugos de la justicia

1) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara. Prófugo desde 2022

2) Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA), condenado en el Episodio Conferencia II, a 12 años de presidio mayor en su grado medio por los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, y a 3 años de presidio menor en su grado medio, por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Prófugo desde 2022.

Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor y por la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza. En Operación Cóndor está sentenciado a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. Por su parte, fue condenado también a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor de la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza. Prófugo desde 2023

3) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®), sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos (torturas) en contra de Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años de presidio mayor en su grado medio y de 541 días de presidio menor en su grado medio respectivamente. Prófugo desde 2023

4) Pablo Belmar Labbé (oficial de Ejército ®, DINA), condenado a la pena de 10 años y un día como coautor del homicidio calificado de Carmelo Soria, y también resultó condenado a 541 días de presidio por asociación ilícita.

Además, se decretó en su contra la prisión preventiva en el caso por el crimen del Conservador de Bienes Raíces, Jorge Renato Francisco León Zenteno. Prófugo desde 2023

5) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®, DINA), condenado como coautor del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autor del delito de asociación ilícita. Por el primer cargo se le impuso una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Por el delito de asociación ilícita se le impuso la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio. En su caso, se decretó también la prisión preventiva por el homicidio calificado de Jorge Renato León Zenteno, Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Prófugo desde 2023

6) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros ®), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes, por siete víctimas: Florencio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Liborio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Lorenzo Rubilar Gutie´rrez, Alejandro Albornoz Gonza´lez, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acun~a, Daniel Alfonso Albornoz Gonza´lez; (ii) del Fundo Pemehue, por cinco víctimas: Alberto Albornoz Gonza´lez, Felidor Exequiel Albornoz Gonza´lez, Jero´nimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Jose´ Fernando Gutie´rrez Ascencio, ocurridos en los di´as 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes seis personas del (iii) Fundo El Morro: Juan de Dios Laubra Brevis, Jose´ Florencio Ya´n~ez Dura´n, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo Jose´ Vidal Aedo, Domingo Sepu´lveda Castillo y Guillermo Jose´ Albornoz Gonza´lez, perpetrados a partir de los di´as 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulche´n, a la pena de 10 an~os y un di´a de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales. Prófugo desde 2023.

7) Miguel René Riveros Valderrama (oficial de Ejército ®, DINA), sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado (desapariciones forzadas) de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. Prófugo desde 2023.

8) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército ?), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, sentenciado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

9) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto), fue condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo. Prófugo desde 2024.

10) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército ?), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia. Prófugo desde 2024.

11) Ángel Nicanor Bustos Farías (investigaciones ®), condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, por el delito de secuestro con grave daño (desaparición forzada) de José Renato Lazcano Campos. Prófugo desde 2025.

12) Sergio Patricio Chifelle Kirby (oficial de la Armada ® y ex procurador del número Corte de Santiago), condenado a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, por el homicidio calificado de Marcelo Barrios Andrade. Prófugo desde 2025.

13) Gastón Manterola Miranda (oficial de Carabineros ?), condenado en calidad de autor de los homicidios calificados de José Andrés García Lazo y Jorge Rodrigo Muñoz Mella a la pena de 15 años y un día de presidio mayor. Prófugo desde 2026.

Prófugos capturados incluidos en listados anteriores:

• Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®), condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por los secuestros, y de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo por los homicidios.

Estuvo prófugo desde la sentencia de término en agosto de 2023, siendo detenido en julio de 2026.

• Alberto Juan Fernández Michell (oficial de Carabineros ®), condenado en el Episodio Laja – San Rosendo como autor de 19 homicidios calificados, a la pena de presidio perpetuo, más accesorias legales.

Estuvo prófugo más de un año, desde marzo de 2024, siendo detenido en julio de 2025.

• Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros ®), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala. Fue condenado en diciembre de 2022 y capturado en septiembre de 2024.