El máximo tribunal condenó sin embargo a siete oficiales en retiro del Ejército por los crímenes que cometió la comitiva militar en octubre de 1973 en su paso por esa ciudad del norte del país.

La Corte Suprema dictó sentencia condenatoria en contra de siete oficiales en retiro del Ejército, por su responsabilidad –como autores, cómplices o encubridores– en 14 delitos de homicidio calificado, perpetrados el 18 de octubre de 1973 en Antofagasta, durante el paso por esa ciudad del norte del país de la comitiva militar conocida como la «Caravana de la Muerte», que encabezaba el general Sergio Arellano Stark.

En un fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Carlos Aránguiz– acogió el recurso de casación solo respecto a la absolución del acusado Pablo Martínez Latorre, dictando sentencia de reemplazo de 5 años de presidio efectivo, como cómplice de los delitos.

En lo demás, se confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago por los ilícitos perpetrados por la denominada «Caravana de la muerte», en su paso por Antofagasta. Comitiva militar responsable de los homicidios calificados de: Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Dinator Segundo Ávila Rocco, Mario del Carmen Arqueros Silva, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Segundo Norton Flores Antivilo, José Boeslindo García Berríos, Mario Armando Darío Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez Díaz, Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, Washington Redomil Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Héctor Mario Silva Iriarte, Alexis Alberto Valenzuela Flores y Marco Felipe de la Vega Rivera.

El máximo tribunal condenó a los ex oficiales Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Patricio Ferrer Ducaud y Pedro Espinoza Bravo a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los 14 homicidios. En tanto, Pablo Martínez Latorre fue condenado a 5 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en los delitos. Los ex uniformados, Luis Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González deberán purgar 3 años y un día de presidio como encubridores. Todas las penas son de cumplimento efectivo atendida la gravedad de los hechos.

Asimismo, el máximo tribunal ratificó la absolución de Gonzalo Santelices Cuevas por falta de participación y el sobreseimiento por demencia del general (r) Sergio Arellano Stark.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile y a los procesados a pagar solidariamente una indemnización total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos) a 18 familiares de las víctimas, en montos que varían entre $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) y $ 100.000.000 (cien millones de pesos) según detalla la sentencia.

En el voluminoso proceso rotulado como «Caravana de la muerte», la Corte Suprema ha dictado sentencia por los episodios conocidos como: San Javier y Arica; en tanto, la ministra en visita Patricia González ha dictó fallos de primera instancia en los episodios Copiapó y Curicó. Continuando en etapa de investigación los correpondientes a La Serena, Cauquenes, Calama y Valdivia.

Los hechos

Según detalla un comunicado del Poder Judicial, el fallo dictado el 12 de diciembre de 2013 por el ministro en visita Leopoldo Llanos –que culminó el proceso que anteriormente tramitaron los ministros Juan Guzmán, Víctor Montiglio y Patricia González– dio por establecido la siguiente secuencia de hechos:

a) Que aproximadamente a las 10:00 horas del día 18 de octubre de 1973, se posó en el Regimiento de Infantería «Esmeralda», ubicado en A. Ejército s/n, Antofagasta, un helicóptero Puma del Ejército de Chile que transportaba una comitiva de militares procedente inicialmente de Santiago, presidida por un Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército.

b) Que, aproximadamente a las 11:00 horas de la mañana del 18 de octubre de 1973, a petición del Oficial Delegado, éste efectuó una reunión con el personal de la Guarnición Militar de la Primera División de Ejército, encabezada por el comandante de dicha División en el cine de la Escuela de Blindados.

c) Que durante la tarde del día señalado, el Oficial Delegado se constituyó en el Cuartel General de la Primera División de Ejército, ubicada en Avenida del Mar s/n de esa ciudad, donde intervino en una reunión destinada a revisar la tramitación de los procesos que se sustanciaban por la Fiscalía Militar, al término de la cual dispuso que 14 prisioneros políticos debían ser retirados de la Cárcel Pública de la ciudad de Antofagasta y trasladados a la Quebrada El Way.

d) Que, el Director de la Escuela de Blindados de Antofagasta dio órdenes al personal de su dependencia para que retiraran de la Cárcel Pública de la ciudad 14 prisioneros políticos y fueran transportados a la Quebrada El Way.

e) Que, alrededor de las 23:30 horas de ese día, dos oficiales de la Escuela de Blindados, a cargo de una patrulla compuesta de alrededor de 10 militares, salieron en dos camiones del ejército desde el patio de la Escuela con destino a la Cárcel Pública, ubicada en calle Arturo Prat N° 1147, de esa ciudad, donde presentaron una orden escrita para el retiro de los prisioneros políticos señalados por el Oficial Delegado.

f) Que, una vez que ingresaron los dos camiones a la cárcel pública, los oficiales a cargo del operativo pusieron en conocimiento del personal de Gendarmería la orden que portaban de retirar desde el establecimiento a los siguientes presos políticos:

1) Luis Eduardo Alaniz Álvarez
2) Dinator Segundo Ávila Rocco
3) Mario del Carmen Arqueros Silva
4) Guillermo Nelson Cuello Álvarez
5) Segundo Norton Flores Antivilo
6) José Boeslindo García Berríos
7) Mario Armando Darío Godoy Mansilla
8) Miguel Hernán Manríquez Díaz
9) Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo
10) Washington Redomil Muñoz Donoso
11) Eugenio Ruiz-Tagle Orrego
12) Héctor Mario Silva Iriarte
13) Alexis Alberto Valenzuela Flores
14) Marco Felipe de la Vega Rivera

g) Que esta orden se cumplió siendo éstos puestos a disposición de los oficiales, amarrados y vendados, los que dispusieron que fueran subidos en grupos de siete en la carrocería de cada camión, para proceder luego a transportarlos hasta la Quebrada El Way, lugar donde debieron esperar nuevas instrucciones en los vehículos con sus luces apagadas.

h) Que, transcurrida una espera de alrededor de 15 a 20 minutos, llegaron a la Quebrada El Way, varios vehículos militares en los cuales se desplazaban miembros de la comitiva del Oficial Delegado y personal militar de la zona, los que se detuvieron metros más delante de donde estaban los camiones, descendiendo de uno de ellos el Director de la Escuela de Blindados, quien procedió a ordenar a los oficiales, que estaban a cargo de los camiones que bajaran a los prisioneros políticos de los vehículos y que los dejaran a disposición del personal que debía proceder a su ejecución en la zona de fusilamiento, disponiendo luego el repliegue de los oficiales y la patrulla.

i) Que, los prisioneros fueron separados en grupos de tres o cuatro y llevados frente a un paredón y, a la orden del oficial a cargo del operativo, fueron ejecutados por miembros de la comitiva del Oficial Delegado y personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego, provenientes de las armas que portaban.

j) Que, una vez terminado el fusilamiento, el jefe del operativo ordenó a los dos oficiales que estaban a cargo de la patrulla, recoger los cadáveres y depositarlos en las carrocerías de los dos camiones y transportarlos hasta la morgue de la ciudad, ubicada en Avenida Miramar N° 3250 de Antofagasta.

k) Que, esa misma noche los cadáveres fueron entregados en la morgue, lugar donde se procedió a su identificación y, posteriormente, el médico legista dejó constancia que la causa de sus muertes se debía a heridas a bala con salida de proyectil; se extendieron los correspondientes certificados de defunción y los cadáveres fueron entregados a los familiares que reclamaron sus restos».

Mónica Díaz y Sandra Gahona, integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta, junto a Rodrigo Suárez Madariaga, del equipo de investigación del Sito de Memoria La Providencia, y Carolina Toro, arquitecta integrante del comité de patrimonio del Colegio de Arquitectos de Antofagasta, redactaron el presente documento para respaldar la declaratoria de la Quebrada el Way como monumento histórico.

El siguiente texto tiene como objetivo entregar antecedentes que respalden la solicitud de declaratoria como monumento histórico de la Quebrada el Way, realizada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos el 6 de mayo de 2024, con número de ingreso N°2892-2024, aportando un relato sobre los asesinatos ocurridos en ese lugar en la madrugada del 19 de octubre de 1973.

Si bien existe diversa literatura que aborda el paso de la Caravana de la Muerte, el juicio que le siguió, las personas que asesinó y los motivos; este breve escrito se centrará en el lugar mencionado y el recorrido que tuvo dentro de la ciudad de Antofagasta1, utilizando parte de la bibliografía aludida, documentación de prensa local del Centro de Documentación y Archivo del Sitio de Memoria Providencia – Antofagasta, del archivo de la AFEP y documentación judicial sobre el Caso Caravana ‘Episodio Antofagasta’.

La Caravana de la Muerte

Entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973, una comitiva del ejército, a cargo de Sergio Arellano Stark, recorrió el país de sur a norte, asesinando a 104 personas. Siete de ellas, detenidas en Temuco y Copiapó, se encuentran desaparecidas hasta hoy.

Esta comitiva fue denominada “Caravana de la Muerte”, y recorrió inicialmente ciudades del centro y sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de 1973. Hacia el norte del país, la misión partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique y Pisagua, regresando el 22 de octubre del mismo año a Santiago.

La orden que tuvo Arellano Stark fue “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de la justicia” (Escalante, 2000, 36), que derivó en falsos consejos de guerra, desestimando los juicios ya emitidos, sacando a prisioneros políticos de las cárceles y fusilándolos en diferentes lugares.

Los militares llegaron a la ciudad de Antofagasta el 18 de octubre, siendo recibidos por el Jefe de Zona en Estado de Emergencia, general Joaquín Lagos Osorio, quien se encontraba al mando de la región. Ese mismo día, en una reunión con los altos mandos, se dispuso que 14 prisioneros políticos, encarcelados semanas y días previos por sus militancias o actividades organizativas, fueran retirados de la cárcel pública de la ciudad y trasladados al sector de la Quebrada el Way, ubicada junto al camino a Roca Roja, en la zona sur de la capital minera. Una vez allí, los 14 dirigentes sociales fueron acribillados mientras se encontraban esposados, sin posibilidad de huir.

Luis Eduardo Alaniz Álvarez, 23 años, Partido Socialista
Dinator Segundo Ávila Rocco, 32 años, Partido Socialista
Mario del Carmen Arqueros Silva, 45 años, Partido Comunista
Guillermo Nelson Cuello Álvarez, 30 años, Partido Socialista
Segundo Norton Flores Antivilo, 25 años, Partido Socialista
José Boeslindo García Berríos, 66 años, Partido Comunista
Mario Armando Darío Godoy Mansilla, 18 años, Partido Socialista
Miguel Hernán Manríquez Díaz, 25 años, Partido Socialista
Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, 28 años, Partido Socialista
Redomil Muñoz Donoso, 32 años, Partido Socialista
Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, 26 años, MAPU
Héctor Mario Silva Iriarte, 45 años, Partido Socialista
Alexis Alberto Valenzuela Flores, 29 años, Partido Comunista
Marco Felipe de la Vega Rivera, 46 años, Partido Comunista

El helicóptero con la comitiva continuó su viaje hacia Calama a la mañana siguiente, donde asesinó a 26 personas, que durante años fueron detenidos desaparecidos en la zona. Según consta en el expediente judicial de la Causa Rol 2182-98, episodio “Caravana-Antofagasta”, los familiares reclamaron los cuerpos al general Lagos Osorio, yendo directamente a su casa. Ante la presión, el general ordenó la entrega de los cadáveres.

Según declaraciones del gendarme Octavio sepúlveda, el 19 de octubre:

Había sido llamado a concurrir hasta las dependencias de la morgue del Hospital Regional de Antofagasta, para que allí procediera a reconocer los cadáveres de los 14 presos políticos que habían sido sacados desde la Cárcel la noche anterior, ya que él había convivido con ellos y se encontraba en condiciones de identificarlos. Posteriormente, al volver de la morgue, contó que los cuerpos presentaban graves lesiones de bala, estando prácticamente irreconocibles, agregando que incluso uno de ellos estaba partido a lo largo de su cuerpo, al parecer por las lesiones provocadas por arma de fuego. (CS-CR 2182-98, p 17)

Los cuerpos fueron ‘recuperados’ por familiares, luego de que habían sido arrojados en las afueras de la morgue. La misma sentencia señala:

La entrega de cadáveres demoró aproximadamente tres días, comenzó el sábado 19 de octubre y fue muy difícil, ya que los cuerpos estaban irreconocibles. Posteriormente tuve que hacer los certificados de defunción y un militar de nombre Adrián Ortiz Gutmann, a quien le decían “El caballo loco», me ordenó que fuera variando la causa de muerte que debía consignar en el certificado (…) Solamente se les hizo reconocimiento de las lesiones. Ellos llamaban autopsia a la constatación de lesiones. Los certificados de defunción fueron firmados por el jefe, el doctor Mamerto Morena, a quien personalmente le llevé los documentos de los catorce fallecidos y él se encargó de firmarlos (CS-CR 2182-98, p 17).

Los asesinatos fueron publicados en la prensa local, aludiendo a “activismo político y conspiración terrorista” por parte de los afectados, además de establecer que se trataba de una “resolución de la honorable junta militar de gobierno”.

Los cuerpos fueron sepultados en el Cementerio General de Antofagasta. Con los años, se realizaron marcas en sus tumbas por parte de la Comisión Regional de Derechos Humanos y por sus familiares y compañeros de militancia, además de romerías y marchas conmemorativas.

Episodio Antofagasta – La Quebrada el Way

El punto en que se asesinó a las 14 personas fue identificado y periciado por Cristina Dorador y Jonathan García en 2024. En su informe entregado a la AFEP establecen que se encuentra a 13.93 km al sur de la Plaza de Armas de la Ciudad de Antofagasta (Plaza Colón). Para acceder al punto de interés se conduce desde la Plaza Colón hacia el Sur por la Ruta 1 por 13.2 km hasta el cruce con la Ruta B-510 (Roca Roja), en donde se toma dirección Este por 1.76 km hasta el cruce de la Ruta 1-Sur (Camino hacia Playa Escondida), entrando por 0.69 km hasta un camino a mano derecha, el cual se toma y se transita por 0.68 km en donde se dobla nuevamente a mano derecha y se bajan unos 180 metros, llegando al punto central de la zona de interés.

En esta misma zona, el 22 de noviembre del 2000 se realizó una reconstitución de escena con los integrantes de la comitiva que acompañó a Arellano Stark: Marcelo Luis Moren Brito y Sergio Arredondo González, y con Pedro Octavio Espinoza Bravo, quien en ese entonces era gendarme en la Cárcel de Antofagasta, lugar desde donde sacaron a los detenidos. La pericia partió en el Hotel Antofagasta, donde se alojó la comitiva que llegó desde Santiago en 1973. En dicho lugar se señala en la sentencia “comienzan a llegar diferentes vehículos, los cuales son identificados como de las Comandancias de la zona, presumiblemente con Comandantes de los Regimientos de Antofagasta y sus respectivos choferes, los que permanecen en esas dependencias por un espacio indeterminado de tiempo, para luego de esto trasladarse en forma directa hasta la Quebrada del Way” (CS-CR 2182-98, p.51).

Cabe mencionar que dentro del informe de peritaje de la reconstitución de escena, se generaron una serie de fotografías y planimetrías, como se puede observar en la imagen 5, que ilustra el recorrido realizado el día 19 de octubre de 1973.

Respecto a los hechos ocurridos específicamente en el sector de la Quebrada El Way, según las declaraciones de un instructor de la Escuela de Blindados de Antofagasta, incluidas en el expediente judicial mencionado, a foja 1804 ubicado en la Avenida Brasil de Antofagasta, se menciona que se dirigió un Tanque Anfibio M 113 A1 al Hotel Antofagasta, mientras que dos camiones “Reo” del ejército se dirigieron durante la noche a la Cárcel de Antofagasta, ubicada en calle Prat, donde se subió a los 14 detenidos vendados y amarrados. Uno de los choferes declara: “solo emprendí viaje rumbo a la Quebrada del Way, la que está ubicada camino a Coloso, es decir, al sur de Antofagasta, por la Costanera.” (pp 53). Luego de esto los prisioneros son bajados, torturados y asesinados; “Una vez que los prisioneros son fusilados, uno de los militares con un arma de puño se acerca a cada uno de ellos, aplicando el llamado «tiro de gracia» para, luego de un intercambio de palabras, se da la orden de subir los cuerpos a los camiones, igual como venían, es decir, siete en cada uno, para trasladarlos a la morgue de la ciudad, ubicada en el Cementerio N° 2”. (PP 52). Sobre lo anterior, en el informe pericial se detalla a través de ilustraciones (imagen 6) cómo se ubicaron a los ejecutados y la posición de los fusileros en la Quebrada El Way.

A la luz de este relado toma especial relevancia no sólo el lugar específico del asesinato, sino tambien el recorrido que realizan los militares en la ciudad para el traslado de los detenidos a la Quebrada del Way. Adjuntamos un mapa (imagen 7) que traza la trayectoria que realizaron alrededor de 10 vehículos la noche en que fue realizado el asesinato. En este se ven tres recorridos, en rojo, de la comitiva y los altos cargos que van desde el Hotel Antofagasta hacia la Quebrada El Way, el segundo, de camiones que van desde el Regimiento Esmeralda en la Av. Brasil de Antofagasta, hacia la Cárcel Pública, y luego a la Quebrada El Way. Desde ahí los camiones llevaron a las personas al Hospital Regional, donde lanzaron los cuerpos fuera de la morgue, recorriendo 18 km. El mapa muestra el posible trayecto realizado por el centro de la ciudad por los militares según información del Informe Pericial Planimétrico Reservado N°141-I/200.

Según antecedentes recopilados por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para esta solicitud, el 30 de octubre de 1981, el Ministerio de Bienes Nacionales, por medio de su secretaria de la región de Antofagasta, cedió terrenos a la I división del ejército de Chile, una superficie de 106.117 hectáreas en que está ubicado el lugar del asesinato. Además cedió terrenos en Taltal, San Pedro de Atacama y Quillagua; y, en 2018 por medio del Decreto Exento 0135, otorgó derechos a Minera Escondida sobre el camino para llegar al lugar señalado, con el objetivo de “la construcción, uso, operación, administración y mantenimiento de sistemas de transmisión eléctrica, de transporte de concentrados de cobre en forma de pulpa a través de cañerías, de abastecimiento de agua y de caminos de acceso y de servicios y de todas instalaciones complementarias y accesorias para operar tales sistemas”. Es decir, el terreno hoy, está destinado a fines particulares y se encuentra obstaculizado su ingreso, reconocimiento y puesta en valor.

La memoria del lugar

Desde 1974 a la fecha, el 19 de octubre ha sido un día de conmemoración en la ciudad. Si bien partió con la realización de una misa en la capilla San Francisco a petición de la familia de Marcos de la Vega, quien fuera alcalde de Tocopilla. Al año siguiente se comenzó a realizar año a año esta misa en la catedral de la ciudad en conmemoración de los 14 asesinados (Gutiérrez, 2011).

Terminada la dictadura, las diversas agrupaciones de familiares, de amigos, simpatizantes, militantes y activistas han realizado diversos hitos conmemorativos en diferentes lugares de la ciudad en torno al paso de la Caravana de la Muerte en Antofagasta: en la plaza Sotomayor, Cementerio General, Sitio de Memoria Providencia y en el ingreso de la Quebrada El Way.

En 2001 se construyó la “Plaza de los derechos humanos” en la entrada al camino de la Quebrada El Way, en homenaje a las personas asesinadas en dicho lugar. Dicha plaza fue reinaugurada en 2007 y luego se colocó una nueva placa en el lugar en 2015. El origen de ella es un mineral de gran tamaño donado por el sindicato N°2 de Chuquicamata en 1991. Sandra Gahona, integrante de la Agrupación, relata que marcaba simbólicamente el punto de partida hacia los cerros donde habían asesinado a sus familiares y que al comienzo de este memorial, sólo existía la piedra en el suelo. Con los años y financiamiento, la AFEP y otras organizaciones han hermoseado la plaza y sostenido en el tiempo la marca pública del lugar en que militares entraron al desierto con el objetivo de asesinar a las 14 personas aludidas.

Consideraciones finales.

El reconocimiento de la Quebrada El Way como Monumento Histórico por un lado preserva la memoria de los 14 ejecutados políticos, y además, actúa como un símbolo de resistencia y reparación para sus familiares. La documentación y los relatos aquí presentados ponen en evidencia la importancia de este lugar en la historia local y nacional, destacando los eventos de la Caravana de la Muerte en la comuna de Antofagasta. La Quebrada del Way y su entorno son testigos de estos hechos, por lo cual este sitio debe ser protegido como un lugar de reflexión y memoria para las futuras generaciones, recordándonos la importancia de defender los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Por otro lado, el camino recorrido da cuenta de la impunidad con que actuaron los militares, por lo que se estipula como un ‘atributo’ a ser considerado en la declaratoria, que bienes nacionales debiese considerar otorgarlo a la AFEP para la instalación de señaléticas que permitan el ejercicio de memoria de las 14 personas asesinadas. Particular relevancia cobra el recorrido que realizan los militares desde la Quebrada el Way al Cementerio de Antofagasta, como se señala en en la sentencia, los camiones dejaron una estela de sangre en el camino con los cuerpos masacrados y luego cada cuerpo tenía tierra roja, característica del lugar en que fueron asesinados.

Tal como señala el primer decreto de declaratoria de un Sitio de Memoria en que se protegen los hornos de Lonquén, creemos que este hito, “asigna a dicho lugar la dignidad que debe corresponderle” (CMN, 1996). Por lo demás, pone de relieve la larga lucha de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos y las organizaciones que han sostenido la memoria de los crímenes de la dictadura y la resistencia a ellos.

1. Verdugo, P. 1988. Los zarpazos del Puma, Santiago: CESOC.; Escalante, J. 2000. La misión era matar. Santiago: Lom ediciones.; Guzman, J. 2005. En el borde del mundo : memorias del juez que proceso´ a Pinochet. Barcelona: Anagrama.

El siguiente es un listado en construcción de los/as dirigentes/as sindicales caídos durante los 17 años de la dictadura militar en Chile, el orden es alfabético por el apellido, se indica la edad al momento de su ejecución o desaparición, la ciudad de origen, el gremio al que pertenecían, la condición de detenido desaparecido (DD) o Ejecutado político (EP) y por último la militancia política en caso de tenerla.

El golpe militar en Chile, fue sin duda una respuesta del imperialismo y las clases dominantes en contra de la clase trabajadora, tras décadas de conquistas sociales y derechos, de la construcción de un proyecto político de soberanía y dignidad nacional, el cual fue terminado a sangre y fuego, con el genocidio iniciado el 11 de septiembre de 1973.

Y también fue un ataque a la memoria. Hasta el día de hoy no se tiene clara la cantidad de trabajadores y trabajadoras asesinadas por la sangrienta dictadura pinochetista. Acá un listado parcial:

1. Juan Antonio Acuña Concha, 33 años, Laja, Maquinista FFEE-Dirigente Federación Santiago Watts, 18-sep-1973, DD, PS.
2. Carlos Enrique Alcayaga Varela, 38 años, Vicuña, Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), 16-oct-73, EP, MAPU
3. Guillermo Alvarez Cañas, 49 años, San Antonio, Presidente del Sindicato de Estibadores de San Antonio, 22-sep-73, EP, DC
4. Wladimir Araneda Contreras, 33 Años, Lota, Profesor dirigente gremial, 22-oct-73, EP, PC
5. José Luis Baeza Cruces, 42 años, Santiago, dirigente nacional de los obreros de la Construcción y consejero de la CUT, 09-jul-74, EP, PC
6. Julio Enrique Brewe Torres, 26 años, Tocopilla, dirigente profesores, 23-oct-73, EP, PS
7. Bernabe Cabrera Neira, 39 años, Lota, dirigente Celulosa Arauco, 22-oct-73, EP, PC
8. Sergio Cádiz Cortes, 28 años, Chillán, obrero asentamiento Santa Rosa, secretario de la Federación de Sindicatos Campesinos Isabel Riquelme, 22-oct-73, DD, PS
9. José Gabriel Campos Morales, 26 años, Constitución, fundo San Gabriel en las proximidades de Linares. Era dirigente sindical,18-sep-73, DD, MIR
10. Valentín Cárdenas Arriagada, 29 años, Pilmaiquén, dirigente sindical del asentamiento Chiscaihue, 4-oct-73, DD, PC
11. René Carrasco Maldonado, 27 años, Santiago, Dirigente sindical del Hospital Roberto del Río, 29-dic-73, EP, PS
12. Gabriel Castillo Tapia, 35 años, Santiago, Secretario del Sindicato de Obreros de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, 05-ago-76, DD, PC
13. José Cofre Obadilla, 42 años, Coihueco, chofer tractorista y mecánico, dirigente en el asentamiento Montaña, 28-sep-73, DD, sin militancia
14. Ruiter Enrique Correa Arce, 61 años, Santiago, dirigente sindical de Correos y Telégrafos, 28-may-77, EP, PC
15. Hipólito Pedro Cortes Alvarez, 43 años, Ovalle, dirigente del Sindicato de la Construcción, 16-oct-73, EP, PC
16. Pedro Blas Cortes Jelvez, 37 años, Santiago, dirigente sindical de la mina La Disputada de Las Condes, 19-nov-75, EP, MIR
17. Gastón Cortes Valdivia, 39 años, Antofagasta, dirigente sindical de la Compañía Cervecerías Unidas, 29-dic-73, DD, sin militancia
18. José Enrique Corvalán Valencia, 46 años, Santiago, Dirigente Empresa Nacional de Frigoríficos (Enafri), 09-ago-76, DD, PC
19. Plutarco Enrique Coussy Benavides, 32 años, El Toro comuna de Antuco, dirigente sindical Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), 21-sep-73, DD, PC
20. Lizandro Tucapel Cruz Díaz, 52 años, Santiago, dirigente de telegrafistas, 18-dic-76, DD, PC
21. Pedro Curihual Paillan, 24 años, Pitrufquén, Secretario del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Pitrufquén; 15-sep-73, DD, sin militancia
22. José Devia Devia, 27 años, Santiago, soldador, dirigente sindical en la empresa Elecmetal, 17-sep-73, EP, sin militancia
23. José Abel Díaz Toro, 29 años, Lautaro, obrero agrícola y dirigente sindical sector El Cajón, 28-sep-73, EP, PC
24. Jaime Donato Avendaño, 41 años, Santiago, dirigente sindical de Chilectra, 05-may-76, DD, PC
25. Modesto Segundo Espinoza Pozo, 32 años, Santiago, dirigente sindical de la Corporación de la Vivienda (Corvi), 22-ago-74, DD, MIR
26. Pablo Gac Espinoza, 43 años, Quillota, dirigente sindical Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), 18-ene-74, EP, PS
27. María Galindo Ramírez, 26 años, Coronel, secretaria, dirigente pesquera Viento Sur de San Pedro, dirigente nacional de la JOC, 18-jul-76, DD, MIR
28. José Boeslindo García Berrios, 66 años, Antofagasta, Trabajador marítimo y dirigente sindical, 12-sep-73, EP, PC
29. Luis Alberto Gómez Cerda, 33 años, Tocopilla, Supervisor y dirigente sindical del Mineral de Chuquicamata, 13-sep-73, DD, PS
30. José Fernando Gutierrez Ascencio, 25 años, Mulchen, dirigente Sindicato de Trabajadores de CONAF, 06-oct-73, DD, sin militancia
31. José Abraham Hernández Hernández, 51 años, Quilleco, obrero, dirigente agrícola en el fundo Cañicura, 01-oct-73, DD, sin militancia
32. Luis Ricardo Herrera Gonzalez, 34 años, Santiago, Obrero y dirigente sindical de Chilean Autos S.A. , 27-sep-73, EP, PC
33. Manuel Hidalgo Rivas, 22 años, Calama, dirigente sindical en la Empresa de Explosivos (Enaex), 19-oct-73, EP, PC
34. Rolando Jorge Hoyos Salazar, 38 años, Calama, dirigente sindical en la Empresa de Explosivos (Enaex), 19-oct-73, EP, PS
35. Víctor Jerez Meza, 31 años, El Toro comuna de Antuco, Presidente del Sindicato de Obreros de la Central, 22-sep-73, DD, PS
36. Armando Jiménez Machuca, 38 años,San Antonio, Director del Sindicato de Estibadores, 22-sep-73, EP, PS
37. José Silverio Jofre Jofre, 44 años, La Cantera comuna de Quilleco, obrero agrícola y dirigente sindical Quillayloma, 04-oct-73, EP, PC
38. Mario Jesús Juica Vega, 34 años, Santiago, presidente de los Obreros Municipales de Renca, 09-ago-76, DD, PC
39. Nicolás López Suarez,40 años, Santiago, dirigente sindical y miembro del Ejecutivo de la Central Única de Trabajadores (CUT), 30-jul-76, DD, PC
40. Rodolfo Marchant Villaseca, 29 años, Santiago, dirigente sindical de la Empresa Nacional de Frigoríficos, 02-ene-75, DD, PS
41. Iván Octavio Miranda Sepulveda, 28 años, Santiago, tornero mecanico Dirigente sindical, 11-sep-73, DD, sin militancia
42. Adiel Monsalves Martinez, 41 años, San Bernardo, Maestranza San Bernardo de Ferrocarriles, dirigente sindical, 06-oct-73, EP, PC
43. Carlos Montecinos Urra, 43 años, Coihueco, dirigente sindical-campesino (11 hijos), 27-sep-73, DD, PC
44. José Morales Alvarez, 31 años, San Bernardo, Vice Presidente del Consejo Obrero Ferroviario, 06-oct-73, EP, PC
45. Víctor Hugo Morales Mazuela, 45 años, Santiago, obrero de la construcción. Fue dirigente sindical, 09-ago-73, DD,PC
46. Danilo Moreno Acevedo, 28 años, Antofagasta, Chofer de la Corfo, dirigente sindical, 15-oct-73, EP, PS
47. Miguel Ángel Moyano Santander, 24 años, Santiago, dirigente sindical del Sindicato General Electric, 04-feb-74, EP, Mapu
48. Raúl Antonio Muñoz Muñoz,50 años, Santiago, dirigente sindical en la Ferretería Montero, 29-sep-73, DD, sin militancia
49. Julio Orlando Muñoz Otarola, 33 años, Santiago, dirigente sindical Minera El Teniente. 09-sep-87, DD, FPMR
50. Vitalio Mutarello Soza, 28 años, Pedro de Valdivia, Dirigente sindical de la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, 12-sep-73, DD, PS
51. Juan Guillermo Navarrete Solar, 37 años, Santiago, dirigente sindical Fábrica de ropa “El As”, 21-ene-74, EP, DC
52. Máximo Neira Salas, 34 años, Talcahuano, Sigdo Koppers, dirigente sindical , 11-oct-73, EP, MIR
53. Samuel Nuñez González, 49 años, San Antonio, dirigente de los Estibadores de San Antonio, 22-sep-73, EP, PS
54. Mario Samuel Olivares Pérez, 27 años, El Toro comuna de Antuco, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Central El Toro, 17-sep-73, DD, PS
55. José Orellana Gatica, 23 años, Mulchen, obrero agrícola en el fundo Verdun de Mulchén y era dirigente sindical-campesino, 23-sep-73, DD, sin militancia
56. Francisco Ortiz valladares, 45 años, Santiago, dirigente sindical de obreros de la Petroquímica, 30-oct-75, DD, PC
57. Mario Parra Guzmán, 29 años, Santiago, Obrero y dirigente sindical de Chilean Autos S.A , 27-sep-73, EP, sin militancia
58. Calixto Peralta Gajardo, 30 años, Valdivia, trabajador de Inacap, dirigente sindical de la Central Única de Trabajadores (CUT) en Valdivia, 29-ene-74, EP, PC.
59. Adelino Pérez Navarrete, 36 años, Mulchen, dirigente sindical campesino, 15-sep-73, DD, PC
60. Gilberto Pino Baeza, 32 años, Chillán, dirigente campesino en el asentamiento Santa Rita de Cato, 22-oct-73, DD, sin militancia
61. Jorge Bernardino Pinto Esquivel, 53 años, Santiago, dirigente Fábrica Textil Paños El Salto, 23-sep-73, EP, PS
62. Exequiel Ponce Vicencio, 40 años, Santiago, obrero portuario y dirigente sindical de su organización, 25-jun-73, DD, PS
63. Wilfredo Quiroz Pereira, 32 años, El Abanico comuna de Antuco, dirigente de Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). 21-sep-73, DD, PC
64. Robinson Ramírez del Prado, 36 años, Chillán, dirigente sindical curtiembre El Cóndor y CUT provincial, 25-sep-73, DD, PS
65. Aníbal Riquelme Pino, 28 años, Santiago, trabajador de Empresa de Instalaciones Sanitarias, dirigente sindical de Obreros de la Construcción, 09-sep-76, DD, PC
66. Octavio Riquelme Venegas, 30 años, Chillán, dirigente Federación Campesina Isabel Riquelme, profesor del Fondo de Educación y Extensión Sindical, 30-oct-73, DD, PS
67. Juan Riveras Matus, 52 años, Santiago, dirigentes sindical de Chilectra. 06-nov-75, DD, PC
68. José Santos Rocha Alvarez, 43 años, Santiago, dirigente de AMPICH (Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria y Artesanado de Chile), 31-oct-73, DD, PC
69. Alejandro Rodriguez Rodriguez 47 años, Calama, Mineral de Chuquicamata, ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, 19-oct-73, EP, PS
70. Héctor Rojo Alfaro, 43 años, San Antonio, dirigente nacional Sindicato de Estibadores, Secretario COMACH y Federación Internacional del Transporte, 22-sep-73, EP, PC
71. José Liborio Rubilar Gutiérrez, 28 años, Mulchen, Dirigente del Sindicato del Fundo "El Carmen Maitenes", 06-oct-73, DD, sin militancia
72. José Alfonso Saavedra Betancourt, 37 años, Constitución, enfierrador, dirigente sindical CELCO, 14-sep-73, DD, MIR
73. Zenón Sáez Fuentes, 42 años, Coronel, Chofer ambulancia, mecánico, dirigente Fenats, 03-oct-73, DD, PS
74. René Norberto Salgado Salgado, 27 años, Osorno, dirigente del fundo Santa Margarita. Secretario de la Unión Campesina de Maile, 17-sep-73, DD, PS
75. José Santander Miranda, 29 años, Santiago, operador en máquinas IBM. dirigente sindical de la Tesorería General de la República, 6 agosto 73, DD, PC
76. Luis Sepulveda Nuñez, 27 años, El Toro comuna de Antuco, dirigente de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). 17-sep-73, DD, PC
77. Raúl Urra Parada, 23 años, Laja, obrero y dirigente en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja, 18-sep-73, EP, PC
78. Carlos Vargas Arancibia, 36 años, Limache, electricista dirigente sindical de Compañía Cervecerías Unidas de Limache, 29-may-75, DD, JRR
79. Jorge Manuel Vásquez Matamala, 52 años, La Serena, dirigente sindical, 16-sep-73, EP, MAPU
80. Julio Roberto Vega Vega, 61 años, Santiago, dirigente sindical, presidente del Sindicato de Obreros Municipales, 16-ago-76, DD, PC
81. Fernando Isidro Vera Ortega, 18 años, Santiago, vendedor en una verdulería y dirigente sindical, 23-sep-73, EP, sin militancia
82. Ofelia Rebeca Villarroel Latín, 29 años, Santiago, Secretaria de Industria Sumar, dirigente sindical, 23-sep-73, EP, PC
83. Juan Aurelio Villarroel Zarate, 55 años, Santiago, dirigente sindical de la Imprenta Horizonte, 13-ago-76, DD, PC
84. Carlos Vizcarra Cofre, 31 años, Santiago, obrero desabollador en la FIAT, dirigente juvenil de la Central Unica de Trabajadores (CUT), 11-ago-76, DD, PC
85. José Zapata Andrade, 24 años, La Cantera comuna de Quilleco, delegado sindical en la Sección Agrícola Quillay-Loma de la hacienda La Cantera, 04-oct-73, EP, PC
86. Carlos Hugo Zelaya Suazo, 41 años, Santiago, dirigente sindical Bodega de Viña Carafí, 07-feb-74, sin militancia
87. Tucapel Francisco Jiménez Alfaro, 60 años, dirigente nacional de la ANEF, 25-feb-82 , EP, PR

por Joaquín Pérez

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los homicidios calificados de 14 personas, perpetrados el 19 de octubre de 1973, en el caso conocido como "episodio Antofagasta" de la causa "Caravana de la Muerte".

El magistrado dictó sentencia contra nueve ex miembros del Ejército por su responsabilidad, en distintos grados, en los homicidios de: Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Dinator Segundo Ávila Rocco, Mario del Carmen Arqueros Silva, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Segundo Norton Flores Antivilo, José Boeslindo García Berríos, Mario Armando Darío Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez Díaz, Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, Washington Redomil Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Héctor Mario Silva Iriarte, Alexis Alberto Valenzuela Flores y Marco Felipe de la Vega Rivera.

En la causa, el ministro en visita resolvió lo siguiente:

- Sergio Arredondo González: 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de homicidio calificado. Sin beneficios.
- Marcelo Moren Brito: 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de homicidio calificado. Sin beneficios.
- Juan Chiminelli Fullerton: 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de homicidio calificado. Sin beneficios.
- Patricio Ferrer Ducaud: 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de homicidio calificado. Sin beneficios.
- Pablo Martínez Latorre: 5 años de presidio por su responsabilidad como cómplice de homicidio calificado. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
- Pedro Espinoza Bravo: 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como encubridor de homicidio calificado. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
- Luis Felipe Polanco Gallardo: 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como encubridor de homicidio calificado. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
- Emilio de la Mahotiere González: 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como encubridor de homicidio calificado. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
- Gonzalo Santelices Cuevas: Absuelto por falta de participación.

De acuerdo a la investigación, se logró determinar:
a) Que aproximadamente a las 10.00 horas del día 18 de octubre de 1973, se posó en el Regimiento de Infantería "Esmeralda" un helicóptero Puma del Ejército de Chile que transportaba una comitiva de militares procedente inicialmente de Santiago, presidida por un Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército.

b) Que, aproximadamente a las 11.00 horas de la mañana del 18 de octubre de 1973, a petición del Oficial Delegado, éste efectuó una reunión con el personal de la Guarnición Militar de la Primera División de Ejército, encabezada por el comandante de dicha División en el cine de la Escuela de Blindados.

c) Que durante la tarde del día señalado, el Oficial Delegado se constituyó en el Cuartel General de la Primera División de Ejército, donde intervino en una reunión destinada a revisar la tramitación de los procesos que se sustanciaban por la Fiscalía Militar, al término de la cual dispuso que 14 prisioneros políticos debían ser retirados de la Cárcel Pública de la ciudad de Antofagasta y trasladados a la Quebrada El Way.

d) Que, el Director de la Escuela de Blindados de Antofagasta dio órdenes al personal de su dependencia para que retiraran de la Cárcel Pública de la ciudad 14 prisioneros políticos y fueran transportados a la Quebrada El Way.

e) Que, alrededor de las 23.30 horas de ese día, dos oficiales de la Escuela de Blindados, a cargo de una patrulla compuesta de alrededor de 10 militares, salieron en dos camiones del ejército desde el patio de la Escuela con destino a la Cárcel Pública, ubicada en calle Arturo Prat N° 1147, de esa ciudad, donde presentaron una orden escrita para el retiro de los prisioneros políticos señalados por el Oficial Delegado.

f) Que, una vez que ingresaron los dos camiones a la cárcel pública, los oficiales a cargo del operativo pusieron en conocimiento del personal de Gendarmería la orden que portaban de retirar desde el establecimiento a los siguientes presos políticos:

1) Luis Eduardo Alaniz Álvarez.
2) Dinator Segundo Ávila Rocco.
3) Mario del Carmen Arqueros Silva.
4) Guillermo Nelson Cuello Álvarez.
5) Segundo Norton Flores Antivilo.
6) José Boeslindo García Berríos.
7) Mario Armando Darío Godoy Mansilla.
8) Miguel Hernán Manríquez Díaz.
9) Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo.
10) Washington Redomil Muñoz Donoso.
11) Eugenio Ruiz-Tagle Orrego.
12) Héctor Mario Silva Iriarte.
13) Alexis Alberto Valenzuela Flores.
14) Marco Felipe de la Vega Rivera.

g) Que esta orden se cumplió siendo éstos puestos a disposición de los oficiales, amarrados y vendados, los que dispusieron que fueran subidos en grupos de siete en la carrocería de cada camión, para proceder luego a transportarlos hasta la Quebrada El Way, lugar donde debieron esperar nuevas instrucciones en los vehículos con sus luces apagadas.

h) Que, transcurrida una espera de alrededor de 15 a 20 minutos, llegaron a la Quebrada El Way, varios vehículos militares en los cuales se desplazaban miembros de la comitiva del Oficial Delegado y personal militar de la zona, los que se detuvieron metros más delante de donde estaban los camiones, descendiendo de uno de ellos el Director de la Escuela de Blindados, quien procedió a ordenar a los oficiales, que estaban a cargo de los camiones que bajaran a los prisioneros políticos de los vehículos y que los dejaran a disposición del personal que debía proceder a su ejecución en la zona de fusilamiento, disponiendo luego el repliegue de los oficiales y la patrulla.

i) Que, los prisioneros fueron separados en grupos de tres o cuatro y llevados frente a un paredón y, a la orden del oficial a cargo del operativo, fueron ejecutados por miembros de la comitiva del Oficial Delegado y personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego, provenientes de las armas que portaban.

k) Que, una vez terminado el fusilamiento, el jefe del operativo ordenó a los dos oficiales que estaban a cargo de la patrulla, recoger los cadáveres y depositarlos en las carrocerías de los dos camiones y transportarlos hasta la morgue de la ciudad.

l) Que, esa misma noche los cadáveres fueron entregados en la morgue, lugar donde se procedió a su identificación y, posteriormente, el médico legista dejó constancia que la causa de sus muertes se debía a heridas a bala con salida de proyectil; se extendieron los correspondientes certificados de defunción y los cadáveres fueron entregados a los familiares que reclamaron sus restos.

En el aspecto civil, el ministro Llanos determinó que el fisco y los condenados deberán paguen distintos montos indemnizatorios a los familiares de las víctimas, por concepto de daño moral.

La Corte Suprema dictó sentencia condenatoria en contra de siete oficiales en retiro del Ejército, por su responsabilidad –como autores, cómplices o encubridores– en 14 delitos de homicidio calificado, perpetrados el 18 de octubre de 1973, en Antofagasta.

Es así como la Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación solo respecto a la absolución del acusado Pablo Martínez Latorre, dictando sentencia de reemplazo de 5 años de presidio efectivo, como cómplice de los delitos, mientras en los demás se confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago por los ilícitos perpetrados por la denominada «Caravana de la muerte«, en su paso por Antofagasta.

En su paso por la capital regional, la llamanda «Caravana de la Muerte» asesinó a los siguientes presos políticos: Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Dinator Segundo Ávila Rocco, Mario del Carmen Arqueros Silva, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Segundo Norton Flores Antivilo, José Boeslindo García Berríos, Mario Armando Darío Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez Díaz, Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, Washington Redomil Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Héctor Mario Silva Iriarte, Alexis Alberto Valenzuela Flores y Marco Felipe de la Vega Rivera.

[blocktext align=»left»]Sala Penal del máximo tribunal dictó sentencia condenatoria en contra de siete oficiales en retiro del Ejército, por su responsabilidad –como autores, cómplices o encubridores– en 14 delitos de homicidio calificado, perpetrados el 18 de octubre de 1973, en Antofagasta.[/blocktext]

El máximo tribunal condenó a los ex oficiales Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Patricio Ferrer Ducaud y Pedro Espinoza Bravo a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los 14 homicidios. En tanto, Pablo Martínez Latorre fue condenado a 5 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en los delitos. Los ex uniformados, Luis Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González deberán purgar 3 años y un día de presidio como encubridores. Todas las penas son de cumplimento efectivo atendida la gravedad de los hechos.

Asimismo, el máximo tribunal ratificó la absolución de Gonzalo Santelices Cuevas por falta de participación y el sobreseimiento por demencia de Sergio Arellano Stark.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile y a los procesados a pagar solidariamente una indemnización total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos) a 18 familiares de las víctimas, en montos que varían entre $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) y $ 100.000.000 (cien millones de pesos) según detalla la sentencia.

La Corte de Apelaciones de Santiago sentenció a siete militares a pagar con cárcel las 14 ejecuciones ocurridas en la capital regional en octubre de 1973. Pablo Martínez Latorre fue absuelto, pese a que en primera instancia fue condenado a 5 años de presidio. 

A casi un año desde que la Corte de Apelaciones de Santiago condenara a ocho ex miembros del Ejército por las 14 ejecuciones perpetradas el 19 de octubre de 1973 en el episodio Antofagasta del caso Caravana de la Muerte, hoy el tribunal publicó la ratificación de la sentencia contra siete de los imputados y falló una nueva absolución.

La sentencia de segunda instancia dada a conocer por la Corte de Apelaciones corrobora la condena contra quienes son considerados responsables de los homicidios calificados de Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Dinator Segundo Ávila Rocco, Mario del Carmen Arqueros Silva, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Segundo Norton Flores Antivilo, José Boeslindo García Berríos, Mario Armando Darío Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez Díaz, Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, Washington Redomil Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Héctor Mario Silva Iriarte, Alexis Alberto Valenzuela Flores y Marco Felipe de la Vega Rivera.

Fue así que en fallo unánime, la tercera sala del tribunal de alzada ratificó la sentencia que se dictó en diciembre de 2013 contra Sergio Arredondo González, Marcelo Moreno Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud, quienes fueron condenados a 15 años y un día como autores del delito de homicidio calificado.

Asimismo, modificó la resolución de primera instancia de Pedro Espinoza Bravo, pasando de 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como encubridor, a 15 años y un día de cárcel como autor de los homicidios.

La condena para Luis Felipe Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González de 3 años y un día de presidio como encubridores se mantiene, pero se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Además, se absolvió a Pablo Martínez Latorre y Gonzalo Santelices Cuevas por falta de participación. El primero de ellos había sido condenado a 5 años de prisión en diciembre de 2013, sin embargo, ello se modificó ya que “nadie puede ser condenado si el tribunal no adquiere la convicción por los medios de prueba legales, de haberse cometido el delito y que en él le cupo una participación culpable y penada por la ley”.

También ratificaron los sobreseimientos de Sergio Arellano Stark, por enajenación mental sobreviniente y de Adrián Ortiz Gutman por fallecimiento.

Los condenados deberán además, pagar distintos montos indemnizatorios a los familiares de las víctimas por el concepto de daño moral.

La Corte de Apelaciones dictó sentencia por los homicidios calificados de 14 personas, perpetrados el 19 de octubre de 1973, en el "episodio Antofagasta".

El ministro en visita de la en la investigación por los homicidios calificados de 14 personas, perpetrados el 19 de octubre de 1973, en el “episodio Antofagasta” de la “Caravana de la Muerte”.

Como autores de homicidio calificado, fueron condenados a 15 años y un día de presidio, sin beneficios, Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud.

Pablo Martínez Latorre recibió 5 años y libertad vigilada por ser cómplice de homicidio. Y por la responsabilidad como encubridores, Pedro Espinoza Bravo, Luis Felipe Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González recibieron 3 años. Gonzalo Santelices Cuevas fue absuelto por falta de participación.

La sentencia del magistrado fue dictada por las muertes de Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Dinator Segundo Ávila Rocco, Mario del Carmen Arqueros Silva, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Segundo Norton Flores Antivilo, José Boeslindo García Berríos, Mario Armando Darío Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez Díaz, Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, Washington Redomil Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Héctor Mario Silva Iriarte, Alexis Alberto Valenzuela Flores y Marco Felipe de la Vega Rivera.

La investigación determinó que los 14 prisioneros políticos fueron sacados de la cárcel y trasladados a la Quebrada El Way. "Fueron separados en grupos de tres o cuatro y llevados frente a un paredón y, a la orden del oficial a cargo del operativo, fueron ejecutados por miembros de la comitiva del Oficial Delegado y personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego", agrega.

En tanto, el ministro Llanos dispuso una indemnización de 100 millones de pesos para las madres y viudas de las víctimas, además de 50 millones para cada uno de los hijos.

Sin embargo, dentro de la lista no aparece Sergio Arellano Stark, uno de los principales responsables de los crímenes por estar con demencia. Ante ello, el abogado Cristián Cruz dijo que «es una actitud que proviene de todos los militares».

Otro de los emblemáticos casos de violación a los derechos humanos tiene más acusados. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los homicidios calificados de 14 personas, perpetrados el 19 de octubre de 1973, en el caso conocido como «episodio Antofagasta» de la causa Caravana de la Muerte.

El magistrado sentenció a nueve ex miembros del Ejército por su responsabilidad, en distintos grados, en los homicidios de: Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Dinator Segundo Ávila Rocco, Mario del Carmen Arqueros Silva, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Segundo Norton Flores Antivilo, José Boeslindo García Berríos, Mario Armando Darío Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez Díaz, Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, Washington Redomil Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Héctor Mario Silva Iriarte, Alexis Alberto Valenzuela Flores y Marco Felipe de la Vega Rivera. Las sentencias van entre los 3 y 15 años para cada uno.

Cabe señalar que la investigación se inició en 1998 en manos del entonces ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, quien en 2006 logró desaforar al ex dictador Augusto Pinochet y emitió la orden destinada al general Sergio Arellano Stark. Aunque, Arellano Stark no aparece en la lista de los sentenciados, ya que fue declarado inimputable por estar afectado de demencia.

Proceso lento pese al esfuerzo

Frente al tema, el abogado que representa a la mayoría de las familias de las víctimas de la Caravana de la Muerte, Cristián Cruz, reconoció la lentitud en el proceso, aunque agradeció el esfuerzo de los jueces.

 «Para nosotros ha sido un gran avance, porque aquí así se está respetando a los familiares, quienes esperaron mucho tiempo por este día».

Por otra parte, se refirió a la situación de Arellano Stark agrega que «no tengo cómo saber si es verdad o mentira lo que sucede con él, pero el que este gozando de impunidad es una actitud que proviene de todos los militares».

Además, dijo a Cambio21 que «esto es el principio del fin en temas judiciales de las causan que aún quedan pendientes. Los que están imputados no son más que una tropa de sicópatas que se metieron al ejército para acabar con la vida de otras personas».

Por su parte Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) declaró que «cualquier acción judicial que tengamos, siempre es tomada positivamente, a pesar que sea tan tarde como esta».

«Es una locura que una resolución judicial salga tantos años después, pero lo tomamos como un avance enorme, y ojalá este curso se tomen en otras causas», recalcó la representante de la organización»,

Por otra parte, habló de Arellano Stark, asegurando a Cambio21 que «esta será una excusa constante en los otros responsables, porque se comenzará a utilizar este argumento para no enfrentar la justicia. Aunque es lamentable que la corte acepte estos argumentos».

La Caravana

Días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet señaló: «No habrá piedad con los extremistas». Por eso, al recibir noticias del trato más comedido que algunos comandantes de guarniciones de provincia le daban a los ex dirigentes de la Unidad Popular, decidió aleccionar a estos mandos «blandos» enviando a un Oficial Delegado que lo representaría y actuaría en su nombre. El designado para esto fue el general Sergio Arellano Stark (uno de los más partidiarios del golpe contra Salvador Allende), quien portaba un documento-pasaporte en donde este era nombrado «Oficial Delegado del Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno» para «acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia» de los prisioneros

El grupo partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973. El viaje fue realizado en un helicóptero Puma del ejército, cuyo recorrido inicial fueron ciudades del sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas muertas. El regreso de la caravana a Santiago fue el 6 de octubre

El viaje por el norte de Chile partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica. El saldo de muertos fue de 71 personas. El regreso definitivo a Santiago fue el 22 de octubre.

Los militares ejecutaron a prisioneros políticos con especial brutalidad, en muchos ocasiones los atacaron con corvos antes de fusilarlos Las víctimas eran luego enterradas en tumbas sin marcar.

Años después, cuando se le preguntó al ex general Joaquín Lagos Osorio, Comandante de la Primera División del Ejército y Jefe de Zona en Estado de Sitio en Antofagasta, por qué no se habían entregado los cuerpos de los ejecutados a sus familias, Lagos explicó que le avergonzaba que se descubriera la forma bárbara en que los oficiales asesinaron a los 14 prisioneros de Antofagasta

por Teresa Frías.

Tres militares en retiro quedarán tras las rejas, mientras que los encubridores de las ejecuciones ilegales contra ciudadanos de izquierda de la ciudad, solamente quedarán en libertad vigilada. Asimismo se pagará una indemnización a los familiares de las víctimas.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por los homicidios calificados de: Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Dinator Segundo Ávila Rocco, Mario del Carmen Arqueros Silva, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Segundo Norton Flores Antivilo, José Boeslindo García Berríos, Mario Armando Darío Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez Díaz, Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, Washington Redomil Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Héctor Mario Silva Iriarte, Alexis Alberto Valenzuela Flores y Marco Felipe de la Vega Rivera, perpetrados el 19 de octubre de 1973, por la denominada “Caravana de la Muerte”, en Antofagasta.

En fallo unánime (causa rol 535-2014), la Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministras Teresa Figueroa, Gloria Solís y el abogado (i) Joel Castillo- ratificó la sentencia que dictó, en diciembre de 2013, el ministro en visita Leopoldo Llanos Sagristá, quien condenó a los militares en retiro: Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud, a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito de homicidio calificado; y a Luis Felipe Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González, a 3 años y un día de presidio, como encubridores. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Asimismo, se modificó la resolución de primera instancia respeto de Pedro Espinoza Bravo, pasando de 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como encubridor, a 15 años y un día de presidio como autor de los homicidios.

Además, se absolvió a Pablo Martínez Latorre y Gonzalo Santelices Cuevas por falta de participación.

Finalmente, se ratificaron los sobreseimientos de Sergio Arellano Stark, por enajenación mental sobreviniente, y de Adrián Ortiz Gutman, por fallecimiento.

Los hechos

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, se lograron determinar los siguientes hechos:

a) Que aproximadamente a las 10:00 horas del día 18 de octubre de 1973, se posó en el Regimiento de Infantería “Esmeralda”, ubicado en A. Ejército s/n, Antofagasta, un helicóptero Puma del Ejército de Chile que transportaba una comitiva de militares procedente inicialmente de Santiago, presidida por un Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército.

b) Que, aproximadamente a las 11:00 horas de la mañana del 18 de octubre de 1973, a petición del Oficial Delegado, éste efectuó una reunión con el personal de la Guarnición Militar de la Primera División de Ejército, encabezada por el comandante de dicha División en el cine de la Escuela de Blindados.

c) Que durante la tarde del día señalado, el Oficial Delegado se constituyó en el Cuartel General de la Primera División de Ejército, ubicada en Avenida del Mar s/n de esa ciudad, donde intervino en una reunión destinada a revisar la tramitación de los procesos que se sustanciaban por la Fiscalía Militar, al término de la cual dispuso que 14 prisioneros políticos debían ser retirados de la Cárcel Pública de la ciudad de Antofagasta y trasladados a la Quebrada El Way.

d) Que, el Director de la Escuela de Blindados de Antofagasta dio órdenes al personal de su dependencia para que retiraran de la Cárcel Pública de la ciudad 14 prisioneros políticos y fueran transportados a la Quebrada El Way.

e) Que, alrededor de las 23:30 horas de ese día, dos oficiales de la Escuela de Blindados, a cargo de una patrulla compuesta de alrededor de 10 militares, salieron en dos camiones del ejército desde el patio de la Escuela con destino a la Cárcel Pública, ubicada en calle Arturo Prat N° 1147, de esa ciudad, donde presentaron una orden escrita para el retiro de los prisioneros políticos señalados por el Oficial Delegado.

f) Que, una vez que ingresaron los dos camiones a la cárcel pública, los oficiales a cargo del operativo pusieron en conocimiento del personal de Gendarmería la orden que portaban de retirar desde el establecimiento a los siguientes presos políticos:

1) Luis Eduardo Alaniz Álvarez.
2) Dinator Segundo Ávila Rocco.
3) Mario del Carmen Arqueros Silva.
4) Guillermo Nelson Cuello Álvarez.
5) Segundo Norton Flores Antivilo.
6) José Boeslindo García Berríos.
7) Mario Armando Darío Godoy Mansilla.
8) Miguel Hernán Manríquez Díaz.
9) Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo.
10) Washington Redomil Muñoz Donoso.
11) Eugenio Ruiz-Tagle Orrego.
12) Héctor Mario Silva Iriarte.
13) Alexis Alberto Valenzuela Flores.
14) Marco Felipe de la Vega Rivera.

g) Que esta orden se cumplió siendo éstos puestos a disposición de los oficiales, amarrados y vendados, los que dispusieron que fueran subidos en grupos de siete en la carrocería de cada camión, para proceder luego a transportarlos hasta la Quebrada El Way, lugar donde debieron esperar nuevas instrucciones en los vehículos con sus luces apagadas.

h) Que, transcurrida una espera de alrededor de 15 a 20 minutos, llegaron a la Quebrada El Way, varios vehículos militares en los cuales se desplazaban miembros de la comitiva del Oficial Delegado y personal militar de la zona, los que se detuvieron metros más delante de donde estaban los camiones, descendiendo de uno de ellos el Director de la Escuela de Blindados, quien procedió a ordenar a los oficiales, que estaban a cargo de los camiones que bajaran a los prisioneros políticos de los vehículos y que los dejaran a disposición del personal que debía proceder a su ejecución en la zona de fusilamiento, disponiendo luego el repliegue de los oficiales y la patrulla.

i) Que, los prisioneros fueron separados en grupos de tres o cuatro y llevados frente a un paredón y, a la orden del oficial a cargo del operativo, fueron ejecutados por miembros de la comitiva del Oficial Delegado y personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego, provenientes de las armas que portaban.

k) Que, una vez terminado el fusilamiento, el jefe del operativo ordenó a los dos oficiales que estaban a cargo de la patrulla, recoger los cadáveres y depositarlos en las carrocerías de los dos camiones y transportarlos hasta la morgue de la ciudad, ubicada en Avenida Miramar N° 3250 de Antofagasta;

l) Que, esa misma noche los cadáveres fueron entregados en la morgue, lugar donde se procedió a su identificación y, posteriormente, el médico legista dejó constancia que la causa de sus muertes se debía a heridas a bala con salida de proyectil; se extendieron los correspondientes certificados de defunción y los cadáveres fueron entregados a los familiares que reclamaron sus restos.

En el aspecto civil, el ministro Llanos determinó que el fisco y los condenados deberán paguen distintos montos indemnizatorios a los familiares de las víctimas, por concepto de daño moral.

• Por Carmen Hertz, Apolonia Ramírez, Manuel Salazar

• Año : 2016
• Páginas : 400
• Colección : Nuevo periodismo
• Editorial : LOM Ediciones

Con profundo pesar, recibimos la noticia del sensible fallecimiento de la compañera Elba García en su ciudad natal Tocopilla , una mujer cuya vida fue un testimonio inquebrantable de dignidad y coraje.

Desde su juventud, Elba transformó el dolor por la trágica pérdida de su padre, José García —víctima de la Caravana de la Muerte—, en una lucha incansable por la verdad y la justicia, alzando su voz allí donde el silencio pretendía imponerse.

Los registros de su valiente presencia en las calles durante los años más oscuros de la dictadura quedan como una lección moral imperecedera frente a la barbarie, recordándonos que la memoria es un acto de resistencia permanente.

Extendemos nuestro más fraterno abrazo y toda la fuerza necesaria a Mónica y a sus familiares en este difícil momento, honrando el legado de una luchadora que jamás claudicó en su búsqueda de justicia.